La fresa es política: el choque entre los dos modelos de país pasa por los regadíos de Huelva

La radiografía de España, ya se sabe, está en sus bares. En Huelva se bautizan como en el resto de España: bar Pepe, Casa Chari, pub La Esquina... Pero con frecuencia en este territorio el local y el visitante se topa con luminosos que remiten a los cuatro mayores orgullos de la provincia: la Virgen del Rocío, el pasado colombino, Doñana y la fresa. Mesón El Tamborilero, Tapas La Pinta, chiringuito El Coto o bar el Fresón tienen reseña en Tripadvisor como parte de la oferta gastronómica de una provincia que está en el centro del debate político nacional a cuenta del presente y futuro de dos de estos emblemas: la conservación del Parque Nacional y los regadíos de los cultivos de la fresa en su entorno.

El cruce de mensajes entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta a cuenta del boicot a la fresa onubense en el mercado alemán, a donde cada año se exporta por valor de 400 millones de euros, es la prueba del alcance de un asunto que, con permiso del resto de temas de la agenda de los partidos, acapara protagonismo en el choque entre los dos bloques ideológicos desde hace meses.

Pedro Sánchez y Teresa Ribera compartieron en sus redes la noticia sobre el boicot en Alemania y Juan Manuel Moreno tradujo que el Gobierno de España alentaba la campaña. El PSOE y la izquierda en su conjunto le replicaron a Moreno que ya estaba avisado de que si seguía adelante con la ley para regularizar los cultivos ilegales del entorno de Doñana el principal perjudicado sería el sector de la fresa. El Gobierno andaluz respondió que para cuándo las obras hidráulicas, presas y canalizaciones prometidas, para que llegue agua a los cultivos. Y así todo.

El alcance de este boicot ha sido limitado, entre otras cosas porque la campaña de exportaciones de fresas onubenses ya ha terminado y la plantación de la cosecha se retoma en septiembre. Ahora mismo, lo que se encuentra en los lineales de los supermercados de Alemania son fresas locales, más caras y de peor calidad. “Es una campaña de marketing con la fresa de Huelva como chivo expiatorio”, es la tesis que defienden los freseros onubenses.

Pero la cancelación el pasado lunes de la visita de una delegación del Bundestag para interesarse por los sistemas de riego de estos cultivos da la medida de lo embarrado que está el asunto en nuestro país y de cómo se percibe fuera. En plena reunión del grupo de diputados alemanes de todos los grupos políticos con Hugo Morán, secretario de Estados de Medio Ambiente, la embajada alemana en España comunicó mediante un tuit que “por respeto” y en vista de la “gran importancia política que los temas del viaje han adquirido en los últimos días en las próximas elecciones nacionales españolas” se cancelaba el resto de la visita. El fin de semana anterior, justo una semana después del resultado del 28M, el ruido alcanzó un nivel de decibelios ensordecedor.

Doñana no se cae de la boca de los consejeros de Moreno, del argumentarlo de Pedro Sánchez y, ahora también, de la agenda verde que impulsa Yolanda Díaz desde Sumar, última dirigente política en visitar, el pasado miércoles, el Parque Nacional para posicionarse sobre este asunto.

No en vano, con esta del 23J, la fresa de Doñana cumple ya tres campañas como arma política tras el 19J andaluz, donde el PP arrasó con mayoría absoluta, y el 28M de las municipales, tras la que los populares, por primera vez en la historia democrática, han arrebatado el control de la Diputación de Huelva a los socialistas.

Muchas son las razones que caben en el análisis post28M pero en el entorno rural, donde el Vox más trumpista lleva la avanzadilla del populismo medioambiental (cuyo último capítulo ha sido la crisis por la tuberculosis bovina gestionada por el vicepresidente de Vox en Castilla y León), no cabe duda de que ha calado el mensaje que perseguía el PP en un sector donde ha perdido fuelle el PSOE, que lleva años concatenando crisis: la del revelo generacional, la de la pérdida de valor en la cadena de distribución, la del coste de los insumos, la de la crisis energética… La sequía es la puntilla y Doñana, una víctima de ese populismo.

A grandes rasgos, el Partido Popular ha planteado el asunto como la elección entre dos modelos de país: o se está con los agricultores o se está contra ellos; o se apoya el motor económico de la zona o se está castigando a Andalucía por votar derecha; o se aboga por el cultivo de la fresa en Doñana o por el postureo ecologista diseñado por pijosprogres en la capital.

Réquiem por los matices

Tampoco los matices han sobrevivido cuando esta polémica se ha trasladado al contexto internacional. Justo después de abrirse las urnas, una plataforma ciudadana en Alemania ha alentado un boicot contra “las fresas baratas que secan Doñana”. Así sin más distingos: para Campact, el nombre de la organización que impulsa esta campaña, fresas baratas que esquilman el agua de esta joya natural son todas las que se cultivan en la provincia. La sombra recae también sobre la fresa de Palos de la Frontera, municipio pionero desde los años 80 en este cultivo, sobre las fresas de Cartaya, las de Gibraleón o las de Lepe, poblaciones todas ellas que viven de los frutos rojos y están fuera del radio de la polémica. Los supermercados españoles han tomado nota y, siguiendo la estela europea, van a exigir a los freseros un certificado de la legalidad del agua para su riego.

Acotemos: según Interfresa, la interprofesional del sector, en la última campaña se han cultivado 11.630 hectáreas de frutos rojos repartidos por toda la provincia, de los que unos 6.100 corresponden a la fresa (un 2% menos que en 2022) y el resto serían cultivos de un póker que ha hecho fortuna en las nuevas modas de alimentación y en el mercado internacional: junto con la fresa, el cultivo de moras, arándanos y frambuesas.

La polémica por la proposición de ley impulsada por el PP, con mayoría absoluta, acompañado de Vox, se refiere a aquellas hectáreas en el entorno de Doñana que en la última regularización de cultivos, realizada en 2014, se quedaron fuera del perímetro reconocido pero en el texto no precisan la extensión. De hecho, la UPA (Unión de Pequeños Agricultores) ya ha pedido a la Junta que clarifique de cuántas hectáreas estamos hablando para, defienden, “despejar dudas y fantasmas”.

Lo que busca el PP, apoyado por las principales patronales del sector, es legalizar entre 600 u 800 hectáreas hoy cultivadas en cinco municipios del condado de Huelva que para las administraciones están fuera de la ley aunque todo estos años los agricultores afectados se hayan buscado la manera de seguir regando sus cultivos, la mayoría de las veces pinchando el suelo y extrayendo agua —por la que no pagan— del acuífero 27, el mismo que, a falta de lluvias, nutre desde sus aguas subterráneas las precarias marismas del Parque Nacional.

Depende de donde se posicione, las voces consultadas apuntan que desde hace una década las administraciones han hecho poco o han hecho todo lo que han podido para lo complejo del asunto. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el órgano gestor de esa cuenca fluvial y la administración que concede los hectómetros de agua en correspondencia con las hectáreas cultivadas, ha perseguido a lo largo del tiempo estos pozos ilegales con la ayuda del Seprona. Pero extraer agua del subsuelo o robarla de la canalización de la finca vecina es relativamente sencillo. Las multas, cuando se procesan, tardan en llegar. La impunidad campa a sus anchas y el mirar para otro lado, también.

El asunto es tabú en muchas de estas poblaciones. Por ahora no hay enfrentamiento público entre los agricultores con agua legal con los que no la tienen, entre otras razones, porque hay muchos que cultivan una parte de terrenos con agua legal y otra parte con riego procedente de pozos ilegales, o porque algunos de los que tienen agua legal venden su agua a las fincas que no tienen regularizado el terreno o porque… la casuística es variada. Pero es evidente que de continuar el ruido incesante en torno a la fresa el precio a pagar será alto porque el mercado europeo es sensible a este tipo de polémicas y si no compras fresas de Huelva, comprará otras, las de Portugal mismo.

Interfresa y Freshuelva, portavoces de la patronal y la interprofesional del sector, se afanan estos días en explicar la inversión que los agricultores han realizado durante todas estas décadas en tecnología aplicada para un mayor aprovechamiento del agua en cumplimiento de las directivas europeas. Como tiempo atrás, cuando han trascendido casos de explotación laboral y también sexual, se esfuerzan en explicar las óptimas condiciones de contratación de los contingentes de mujeres marroquíes venidas ex profeso para la recolección de la fresa en cumplimiento de los protocolos nacionales e internacionales y todo lo que se ha avanzado en derechos.

Y siendo ciertos sus argumentos, no es menos cierto que casos de abusos y de falta de observancia de estas normas se siguen dando y que el abusador, el que se salta la norma y el que prevarica, es un ser gregario.

Es cuestión de matices, insistimos.

Se pueden buscar muchos responsables cuando no culpables de esta situación sostenida en el tiempo, pero en el año 2023, con el actual ciclo de sequía y con una mayor conciencia social sobre la necesidad de políticas sostenibles, no hay una sola voz científica que defienda la pertinencia de incorporar más hectáreas de riego en el entorno del parque.

Estas mismas voces han criticado desde antiguo el desarrollo urbanístico de la zona. La moviola se puede echar bastante atrás en el tiempo. Por ejemplo, hasta la época en que las administraciones del tardofranquismo permitieron, sin criterio medioambiental alguno, la construcción alegre durante el boom del turismo en el núcleo urbano de Matalascañas a las mismas puertas de esta reserva natural que salvó de ser arrasada una cuestación popular promovida por la élite de la ornitología europea, como contamos aquí. Aquella invitación a la construcción en los 70 no ha tenido freno . También Matalascañas tira, cuando lo necesita, de las aguas del acuífero 27.

Sin soluciones fáciles (ni baratas)

La Comisión Europea, la Unesco y cuantas opiniones con solvencia se han vertido sobre el proyecto de ampliación de regadíos están en esta misma línea. Es más, la tesis que se defiende es abogar por un decrecimiento del cultivo intensivo para que el acuífero se recupere. La fórmula de la permuta de terrenos agrícolas en otra zona de la provincia sería una vía pero esa alternativa cuesta dinero. Mucho.

Dar solución a este asunto implica un escenario de entendimiento entre administraciones inimaginable con el actual clima de crispación. El rosario de declaraciones en contra de esta proposición de ley en la que anda enrocado el Gobierno andaluz –con la complicidad del PP a nivel nacional- es un goteo incesante, hay decenas de comunicados, campañas, posicionamientos...

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha remitido a la comisión de Fomento del Parlamento andaluz, en la que se tramita la ley, su informe técnico sobre esta propuesta. De manera rotunda expone que “declarar unas zonas como regables cuando no van a tener acceso al agua” es “como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño”.

La CHG ha declinado participar en la ronda de expertos –copadas por voces interesadas en ampliar los regadíos y con ausencia de críticos como Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana– que intervendrán este próximo martes 13 en la citada comisión a la que, a regañadientes, el PP ha incluido a última hora el nombre de Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana y uno de los mayores expertos sobre la salud del emblemático espacio natural.

La voz de quien fuera 12 años director de la Estación Biológica de Doñana se escuchará de nuevo en el Parlamento sobre este asunto. Ya el año pasado, cuando se empezó a tramitar esta norma que decayó con el adelanto electoral, Delibes de Castro tachó el proyecto de “frívolo”, “desleal” e “inconsistente”. “Es hacer trampas al solitario, alimenta la tensión, el descontento, y ni ha tenido diálogo ni tiene consenso”, subrayó entonces.

¿Por qué las voces críticas hablan de engaño?

Esta ley nace de un engaño o de una verdad contada a medias. La Junta no tiene competencias sobre el agua, sus competencias se limitan a la ordenación del territorio, es decir, a la calificación del terreno. Y por tanto, lo que busca es clasificar como regables unos terrenos que en los mapas hídricos son de secano. Su valor, ojo, es menor que el de un terreno de regadío (y quizás este matiz explique la insistencia, contra el sentido común, de recalificar estas tierras en las que se ha practicado durante años la política de hechos consumados). Pero no corresponde a la Junta dotar de agua a esos cultivos, eso es competencia del Gobierno de España, en concreto de la CHG, organismo que ya ha avisado de manera insistente que no hay agua para más regadíos y que de realizarse el trasvase que está pendiente de unas obras de canalización prometidas por el Ejecutivo de Sánchez, y no ejecutadas, se hará para paliar la falta de agua del parque y, en todo caso, para los cultivos regularizados. No para esos que proyecta ampliar el Gobierno del PP. No habrá agua para esos cultivos ni hoy ni mañana.

¿A qué juega el PP? A dar brochazos y a enfrentar el mundo agro con todos aquellos que se oponen a esta regularización, en primer lugar el Gobierno de España. Pero la turba de ganaderos en la sede de la Junta de Castilla y León en Salamanca ilustra a la perfección que a veces se da el efecto boomerang en política.

Entre los propios municipios de la corona norte de Doñana afectados por el trámite de esta ley, la realidad de estas elecciones municipales es que el PP ha ganado posiciones pero no ha variado mucho el mapa político: Bonares y Moguer siguen siendo del PSOE; Almonte, el municipio más afectado, sigue en manos de Ilusiona, un partido independiente nacido de un exsocialista; el PP se hace ahora con Lucena del Puerto, donde antes gobernaba el PSOE y ahora lo hace con mayoría absoluta el PP; mientras que Rociana del Condado pasa de estar gobernada por un partido independiente, que estos comicios decidió no concurrir, a estarlo por el PP.  

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El eco de esta polémica, junto con el efecto Moreno y la ola antisanchista, sí ha calado en el resto de la provincia, ahí está el vuelco de la Diputación, para la que la fresa es un motor esencial. Cada año, la producción de estos frutos rojos mueve un negocio que representa el 11,35% del PIB de la provincia y genera unos 160.000 empleos.

El eco de la polémica ha llegado al mundo rural, de manera evidente tras los resultados de las municipales, donde se arrastran controversias resueltas en precario por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos como la ley de bienestar animal y la caza o aquello de las macrogranjas.

A estas alturas del partido puede decirse que falta pedagogía o puede decirse que falta dar con la fórmula idónea que impida que el populismo arrolle todos esos matices que explican qué se juega y a qué jugamos el próximo 23J.