La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat ha concedido el tercer grado inicial al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de cárcel por el caso ITV y en prisión desde el 17 de enero, informa Europa Press.

Según han informado fuentes de la Conselleria de Justicia, que dirige Ester Capella, la Secretaría ha ratificado la propuesta de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), y el tercer grado será efectivo a partir de la próxima reunión de la Junta, que celebra un encuentro ordinario todos los jueves. Pujol, condenado por delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil, será trasladado en las próximas semanas a un centro de régimen abierto, donde deberá ir a dormir entre semana, y durante la jornada saldrá para ir a trabajar, y podrá pasar los fines de semana en su casa.

El exdiputado convergente lleva desde el 17 de enero en la cárcel de Brians 2, en concreto en el módulo 7, y previsiblemente será trasladado, al ser de Barcelona, al módulo de régimen abierto de Brians 1 o a los centros abiertos de Barcelona: Trinitat y sección abierta de Wad Ras. Ahora la Fiscalía, que abogó desde el principio por que Pujol entrara en prisión para cumplir los dos años y medio y no se le sustituyera la pena por trabajos en beneficio de la comunidad, puede presentar recurso a la decisión, que dependerá de un juez de vigilancia penitenciaria.

En caso de que se revocara el tercer grado, la decisión de dicho juez puede tener efectos suspensivos de manera inmediata pese a que el preso recurriera ante la Audiencia de Barcelona, o no tenerlos hasta que se resuelva dicho recurso. La clasificación en tercer grado supone que el interno puede salir de día a trabajar, formarse o seguir algún tratamiento para su reinserción, y debe regresar entre semana a dormir al centro abierto, pasando como mínimo 8 horas, mientras que los fines de semana puede estar en su casa.

Para obtener el tercer grado se tiene en cuenta la longitud de la pena, el riesgo de reincidencia y quebrantamiento de condena, las características personales y sociales del penado, si es su primer ingreso, el apoyo familiar, si tiene trabajo, la conducta dentro del centro y su participación y compromiso en el programa individual de tratamiento. Según cifras de la Conselleria de Justicia, el año pasado, una de cada tres clasificaciones iniciales fueron de tercer grado: 799 sobre 2.635 y, en Catalunya, de las 8.484 personas que cumplen pena de prisión, el 26% son en tercer grado (1.640).

La magistrada encargada de resolver la ejecución de la condena impuesta a Pujol por haber amañado adjudicaciones de estaciones de ITV acordó en un auto del 8 de enero denegar la petición de suspensión de la pena de prisión que solicitó la defensa y ordenar su ingreso en prisión. Pujol defendió, en una vista convocada el 10 de diciembre en la Audiencia, sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos –"Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo"–.

La Audiencia rechazó la petición argumentando que cometió hechos "muy graves" alegando que, en vez de prestar el servicio social inherente a sus cargos políticos –fue presidente del grupo parlamentario de CiU, secretario general adjunto y secretario general de CDC–, se aprovechó en beneficio propio. "No actuó en interés del pueblo al que representaba (era diputado) sino en el suyo propio", y no fue de forma aislada sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública hasta el 2010 a 2012, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, afirma la Audiencia.

El tribunal aseveró que su actuación "ha supuesto un ataque muy importante" al Estado de derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha aprobado por unanimidad una propuesta de clasificación en tercer grado para el exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, lo que le permitiría salir de día para trabajar o hacer actividades de reinserción y dormir en la cárcel entre semana. Esta decisión se produce cuando el recluso ni siquiera ha cumplido dos meses de prisión, ya que ingresó en la misma el pasado 17 de enero.

Tras recibir la propuesta, el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, que depende de Amand Calderó, deberá estudiar la propuesta y decidir si la valida, lo que puede producirse en los próximos días, ha informado la Conselleria de Justicia este viernes. Pujol ingresó en este centro el 17 de enero de este año para cumplir la condena de dos años y medio impuesta por la Audiencia de Barcelona por el caso de amaños de concesiones de ITV.

La magistrada de la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona ha ordenado que el exdiputado de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, ingrese en prisión para cumplir la pena de dos años y medio de prisión a la que fue condenado por el caso ITV.

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la magistrada encargada de resolver la ejecución de la condena impuesta a Pujol por los delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y de falsedad en documento mercantil ha acordado denegar la petición de suspensión de la pena de prisión solicitada. El TSJC ha precisado que sobre esta resolución cabe recurso, que suspendería el ingreso efectivo hasta la firmeza de la resolución.

Oriol Pujol defendió, en una vista convocada el 10 de diciembre en la Audiencia, sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos: "Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo", llegó a decir. El abogado de Pujol, Xavier Melero, argumentó que la suspensión de la pena de cárcel técnicamente es posible —porque Pujol no es reo habitual y las penas de los tres delitos por los que fue condenado por separado no superan los dos años—, y defendió ante los medios que los trabajos en beneficio a la comunidad tienen "eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño".

La defensa también argumentó en la vista que Pujol había reparado en buena parte el daño simbólico por el reconocimiento público de los hechos, y destacó que había renunciado a su actividad política y pública, comportando una'pena natural que implicó la "destrucción" de su carrera política y profesional, lo que elimina el riesgo de reincidencia, según recoge el auto. Pujol alegó que su ingreso en prisión perjudicaría gravemente su entorno familiar —tiene a tres hijos a su cargo— y su arraigo laboral y social, en plena recomposición ya que había conseguido "esforzadamente" rehacer su vida laboral, y que estaba trabajando como voluntario en entidades sociales. En la vista, según detalla la Audiencia, Pujol reconoció su error, recordó que había colaborado con la justicia, y explicó que ha notado "el desprecio y la decepción de mucha gente", además de resaltar su vocación política y cómo se había truncado su proyecto vital y está estigmatizado socialmente.

Hechos muy graves

La Audiencia ha rechazado la petición argumentando que Pujol cometió hechos "muy graves" porque en lugar de prestar el servicio a la sociedad inherente a sus cargos políticos —fue presidente del grupo parlamentario de CiU, secretario general adjunto y secretario general de CDC— se aprovechó en beneficio propio. "No actuó en interés del pueblo al que representaba (era diputado) sino en el suyo propio", y no fue de forma aislada sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública hasta el 2010 a 2012, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, afirma la Audiencia.

El tribunal asevera que su actuación "ha supuesto un ataque muy importante" al Estado de derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes. Insiste en que no hay ningún elemento que aconseje suspender la pena y atender a la petición de Oriol Pujol ya que, con su ingreso en prisión para cumplir su condena, "se restablece la confianza del ciudadano en la norma jurídica, lo que no se lograría en caso contrario, por cuanto ante la suspensión de las penas de prisión impuestas por la comisión de tan graves hechos se vería desprotegido por el ordenamiento jurídico". Así, se alinea con la tesis de la Fiscalía, que se había opuesto a la suspensión al tratarse de una condena por delitos relacionados con la corrupción política, "por la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho".

La Fiscalía ha pedido para el exdiputado de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, el ingreso "inmediato" en prisión para cumplir su condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV, y lo basa en que es una condena por delitos vinculados con la corrupción. Informa Europa Press.

En su escrito, la Fiscalía especial contra la corrupción se opone a que se suspenda el ingreso en prisión del hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol acogiéndose al beneficio de la suspensión de la pena, que se permite cuando la persona no es un delincuente habitual y las penas a las que es condenado, por separado, no son superiores a dos años.

La Fiscalía tiene en cuenta que Oriol Pujol fue condenado por delitos relacionados con la corrupción política y económica, y que luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas porque es "una lacra para la sociedad y un ataque a la estructura democrática de cualquier estado", por lo que ve más necesaria la ejecución de la condena. Así, recuerda que ni las circunstancias personales ni la conducta de Oriol Pujol tras la comisión de los hechos "pueden contrarrestrar la finalidad de prevención especial y de prevención general que con el cumplimiento de las penas de prisión impuestas al penado se persigue".

La fiscal Teresa Duerto recuerda que este tipo de beneficio tiene "naturaleza discrecional" pese a que concurran los requisitos previstos por la ley, y que en este tipo de casos, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción, se tiene en cuenta la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho, y evitar que se perciba el beneficio como una injustificada indulgencia. 

Oriol Pujol solicitó no ingresar en prisión teniendo en cuenta que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho, y un año y cinco meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Alegó que su ingreso en prisión "perjudicaría gravemente" a su entorno familiar y su arraigo laboral y social en plena recomposición, debido a que tiene tres hijos -dos mayores de edad de los que costea los estudios universitarios-, y los pagos de una hipoteca, además de que había reconocido los hechos y ha renunciado a la actividad política y pública.

Sin embargo, la fiscal rechaza estos argumentos porque la esposa de Oriol Pujol tiene estudios superiores y una profesión que le permite encargarse de sus hijos y los gastos familiares, y además de tener una segunda residencia en la Cerdanya (Girona), pertenece a la familia Pujol-Ferrusola "siendo de dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos". Además, argumenta que en modo alguno se puede considerar que con el cumplimiento de las penas de inhabilitación "se repare en su totalidad el daño causado a la sociedad, como tampoco que ello suponga la eliminación del riesgo de reincidencia".

Condena a Oriol Pujol

El 27 de julio, el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona condenó en firme al exdiputado a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, una multa 55.000 euros e inhabilitación para ejercer de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por dos años. Asimismo, la Audiencia condenó al hijo del expresidente a ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil la pena de un año y cinco meses de cárcel y 21.000 euros de multa.

Según la sentencia, en 2011 el entonces secretario general de la Conselleria de Industria Enric Colet nombró a Josep Tous como encargado de solucionar los litigios judiciales suscitados por las concesiones de nuevos lotes de ITV en Cataluña, por una "sugerencia activa" de Pujol, que usó para ello su doble condición de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general del partido para conseguir el nombramiento. El interés de designar a Tous en este cargo por parte de Pujol partía de que se lo había pedido su amigo íntimo Sergi Alsina, para que "favoreciese los intereses privados" del empresario de las ITV Ricard Puignou en las negociaciones para diseñar el nuevo plan territorial de las ITV que quería impulsar el Govern.

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha aceptado este martes ante el Tribunal del Jurado la pena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del concurso amañado para obtener estaciones de ITV.

En una vista ante el Tribunal del Jurado, Pujol se ha ratificado en el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción aceptando una pena de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, y la magistrada ha afirmado que el caso queda visto para sentencia, que se dictará en estos términos.

El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha suscrito un pacto con la Fiscalía ahora ratificado en el que consigue que su mujer, Anna Vidal, también acusada, eluda la cárcel a cambio de una multa, un acuerdo al que finalmente se han adherido los otros acusados: el exnúmero dos de la Diputación Josep Tous, y los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou.

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol será juzgado por un tribunal popular por el conocido como caso ITV después de que la Audiencia de Barcelona no acepte el pacto que había suscrito con la Fiscalía en el que aceptaba dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, soborno y falsedad documental.

La magistrada de la Audiencia de Barcelona que enjuiciará el caso de las ITV ha rechazado el acuerdo de conformidad que firmó Oriol Pujol, su esposa Anna Vidal y otros dos acusados con el fiscal al no haberlo suscrito todos los encausados, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En el pacto, Pujol aceptaba una pena de cárcel por el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV y evitaba que su mujer fuera condenada a penas de cárcel.

En una audiencia preliminar el 14 de julio de 2017 en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, que instruyó el caso, los cuatro acusados mostraron su conformidad con las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Según explicaron fuentes judiciales ese día, el pacto preveía que Anna Vidal aceptara pagar una multa de 47.250 euros como condena, evitando la prisión y, Pujol, tres condenas que sumaban 30 meses por los delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental, y también aceptaban penas de multa Sergi Pastor y Ricard Puignou.

El 28 de septiembre, la Fiscalía, en su escrito de personación ante la Audiencia, solicitó que la magistrada presidente del Tribunal del Jurado fijara fecha para la celebración de una comparecencia en la que los acusados ratificaran este pacto, y se dictara sentencia, continuándose el proceso para los dos acusados que no lo habían suscrito: Josep Tous y Sergi Alsina.

Sin embargo, el letrado de Tous planteó como cuestión previa —y Alsina se adhirió— que este pacto vulneraba el derecho fundamental de defensa porque las conformidades de cuatro acusados podían presumir su culpabilidad al estar dos acusados de estar en connivencia.

La Fiscalía se opuso a esta petición alegando que sería "contrario a la lógica y al principio de economía procesal" demorar la sentencia si hay conformidades, y negando que supusiera conculcación del derecho de defensa.

Sin embargo, la magistrada ha admitido la petición de Tous porque si se aceptaran las conformidades planteadas por Pujol, su esposa, Ricard Puignou y Sergi Pastor, y se dictaran sentencias separadas —una para los conformados sin celebración de juicio y otra para los no conformados tras su celebración— "dividiría aquella continencia y podría causar indefensión a los no conformados".

Hace hincapié en que esto se producía especialmente porque el conjunto de la imputación del escrito de acusación del Ministerio Fiscal "considera que existió un entramado de acuerdos entre todos los acusados con la misma finalidad delictiva".

Impugnación de escuchas

Sobre otra cuestión previa planteada por la defensa de Tous y a la que se adhirió Sergi Alsina, pide impugnar las escuchas telefónicas por considerar que hay vulneración de los derechos de defensa y a un proceso con todas las garantías en relación al secreto de las comunicaciones.

La magistrada desestima esta petición y afirma que no existe motivo de nulidad de los autos dictados en la causa relativos a las intervenciones, grabaciones y escuchas telefónicas y sus prórrogas.

La jueza ha enviado a juicio al exdiputado de CiU en el Parlament y exsecretario general de CDC, Oriol Pujol, y a su esposa, Anna Vidal, por el caso de las ITV, al haber usado su influencia política para favorecer a determinados empresarios de este sector y cobrar los servicios a través de su mujer, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.

Según el auto, publicado este viernes por La Vanguardia, con el que el que el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona ha remitido la causa a la Oficina del Jurado, Oriol Pujol "era el político que, valiéndose de su cargo en beneficio propio y traicionando el interés público, asumió y ejecutó las pretensiones formuladas" por los empresarios.

Aunque el caso deberá ir a juicio, con tribunal popular, Pujol ya ha llegado a un pacto con la Fiscalía por el que reconoce los hechos y ha aceptado dos años y medios de cárcel por tráfico de influencias, soborno y falsedad documental, mientras que su mujer en principio evitaría entrar en prisión al aceptar una pena inferior a dos años; ambos, deberán pagar una multa.

Otros dos acusados han pactado también la Fiscalía -los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou- pero ni el ex número dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous ni el empresario Sergi Alsina, amigo de Oriol Pujol, han alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público.

Pujol acepta una pena de cárcel superior a los dos años y la Fiscalía tiene previsto pedir su ingreso en prisión, si bien el abogado del expolítico, Xavier Melero, ya anunció que pedirán que no entre en prisión teniendo en cuenta que son tres penas diferentes inferiores a dos años.

Esta decisión, en cualquier caso, dependerá del magistrado presidente del jurado, que deberá decidir si acepta la petición de la Fiscalía o a la defensa; en un principio, la Fiscalía pedía cinco años y dos meses de cárcel para Pujol y tres años y cuatro meses para su mujer.

Oriol Pujol será así el primer hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en ser juzgado, mientras la causa contra el resto de la familia continúa instruyéndose en la Audiencia Nacional; el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, está en prisión provisional.

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha aceptado una condena de dos años y medio de cárcel por el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, este viernes se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia una audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona -que ha llevado este caso-, paso previo en los trámites para un juicio con jurado.

En esta vista, la mujer, Anna Vidal, ha aceptado pagar una multa de 47.250 euros como condena, y evitaría la prisión, después de que ambos hayan alcanzado un pacto con la Fiscalía, que ha modificado sus conclusiones y sus peticiones de penas.

El fiscal de Anticorrupción Fernando Maldonado ha pedido cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol Ferrusola, el quinto de los siete hijos del expresident Jordi Pujol Soley; y tres años y cuatro meses de prisión para su mujer, Anna Vidal Maragall, por su presunta implicación en el caso de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), según una nota difundida por el Ministerio Público.

En el escrito, dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, el fiscal acusa al vástago de Pujol de los delitos de tráfico de influencias, por el que pide dos años; cohecho, por el que solicita un año y dos meses, y falsedad continuada en documento mercantil, por lo que demanda dos años más.

El fiscal sostiene que Oriol Pujol utilizó sus influencias políticas como presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament catalán y de secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), para beneficiar a un empresario del sector de las ITV. Pero también de cobrar de forma fraudulenta hasta 699.752 euros, con la intermediación de su mujer, de un empresario amigo que protagonizó cuatro importantes negocios en Cataluña.

1. El caso de las ITV

Según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso infoLibre, Oriol Pujol Ferrusola favoreció al empresario Ricard Puignou Vigo, que está acusado de un delito de cohecho por el que afronta una acusación de un año de cárcel.

El acusado Ricard Puignou Vigo, al objeto de beneficiarse de un futuro concurso de estaciones de ITV, siempre según la Fiscalía, retribuyó mensualmente a otro de los acusados, Sergi Alsina Jiménez, con cantidades que oscilaban entre 11.800 euros y 23.600 euros entre diciembre de 2010 a febrero de 2012, "a cambio de sus influencias políticas, sabedor de la íntima relación de éste último con el acusado Oriol Pujol Ferrusola".

Además, los colaboradores del hijo del expresident catalán y de Marta Ferrusola que se dedicaba a la política, ya que el encargado de llevar los negocios familiares era el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, llegaron a crear la sociedad Upprime, en la que también participaba Oriol Pujol Ferrusola, para presentarse a los concursos de las ITV de la Generalitat catalana. Pero la publicación en los medios de comunicación truncó el negocio, según apunta la Fiscalía.

2. Adjudicación de la planta de Sharp

Entre el año 2010, en el que el Gobierno de la Generalitat volvió a manos de CiU, y marzo de 2012, fecha en la que fueron detenidos los acusados, la mujer de Oriol Pujol Ferrusola percibió 699.752 euros por trabajos de intermediación que no llegó a realizar, según el fiscal, que explica que el pagador de estas supuestas mordidas fue el empresario Sergi Alsina, amigo de su marido.

Sergi Alsina fue objeto de varios negocios dentro de Cataluña, como por ejemplo la intermediación de la venta de la plan de la multinacional japonesa Sharp en San Cugat del Vallés (Barcelona). El importe de los honorarios por el éxito de la operación, que se desarrolló entre septiembre de 2010 a mediados de 2011, fue de 3.215.000 euros.

Y la mujer de Oriol Pujol percibió el 30 de septiembre de 2011, en concepto de análisis financiero e industrial de empresas que pudieran operar en la planta de Sant Cugat del Vallés, 236.000 euros. 

"Al contrario de lo manifestado en relación con Anna Vidal Maragall, la intervención del acusado Oriol Pujol Ferrusola tanto en el inicio de la operación, como en su desarrollo y en su final fue intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los tres implicados gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba", completa el fiscal Fernando Maldonado, que sostiene que el hijo del expresident catalán "intervino directa e indirectamente en las negociaciones para la venta de la planta de Sharp: hablando con los dueños de la mercantil CIRSA".

Según la prensa local, la Generalitat ejerció un papel activo en relación a las negociaciones del futuro de Sharp. Pero el fiscal va más allá, al asegurar en su escrito que Oriol Pujol "facilitó el acceso al president de la Generalitat, [Artur Mas], así como el contacto con el director de la Agencia Tributaria Catalana "a fin de obtener información fiscal en relación con la operación, y con altos cargos del departamento de Empresa y Ocupación; coordinando llamadas y actuaciones con el acusado Sergi Alsina Jiménez, e incluso fijando la estrategia de comunicación del éxito de la operación".

"Gracias a la labor fundamental del acusado Oriol Pujol Ferrusola, la operación mercantil para la que fue contratada la empresa del acusado Sergi Alsina Jiménez, tuvo el éxito esperado", confirma el escrito del fiscal, que apunta otras presuntas irregularidades.

3. Proveedores de SEAT

La mujer de Oriol Pujol Ferrusola, Anna Vidal Maragall, también cobró de Sergi Alsina Jiménez otros 88.500 euros en relación con un parque de proveedores de la marca Seat.

"La labor realizada por la acusada se limitó a aportar información manuscrita con apuntes y referencias, al margen de copiar documentación elaborada por otras personas, carente de valor a efectos de un posible informe o trabajo realizado merecedor de la retribución percibida", explica el fiscal.

Y al igual que ocurrió con la fábrica de Sharp, "Oriol Pujol Ferrusola intervino directa e indirectamente ante el alcalde de Martorell para la consecución de los fines perseguidos por el acusado Sergi Alsina Jiménez", que era el que pagaba a la mujer del hijo de los Pujol-Ferrusola.

Estos "fines" consistieron en la recalificación de terrenos para uso industrial en las proximidades de la fábrica Seat, así como la adjudicación mediante concurso público restringido de la explotación de la carpa al grupo Sese.

4. Venta de activos de Yamaha

A finales de 2011 la empresa japonesa Yamaha decidió vender activos, y para ello contrató al socio de Oriol Pujol Ferrusola para que lograra un comprador. El empresario Sergi Alsina Jiménez obtuvo en esa operación otros 4.238.334 euros.

De nuevo, Oriol Pujol Ferrusola intervino directa e indirectamente "en los objetivos perseguidos por Yamaha y su íntimo amigo Sergi Alsina Jiménez, facilitando contactos con altos cargos del departamento de Empresa y Ocupación, así como con el director de la Agencia Tributaria catalana, a fin de obtener información fiscal en relación con la operación".

Anna Vidal Maragall realizó otras facturaciones que elevan la cifra total hasta los 699.752 euros. "Estas facturas simularon la existencia de una relación contractual entre los acusados Sergi Alsina Jiménez y Anna Vidal Maragall, con la finalidad de retribuir la inestimable colaboración prestada por el también acusado Oriol Pujol Ferrusola".

Por otra parte, el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, investiga a la "familia-organización" Pujolfamilia-organización de ingresar 48 millones de euros, la mayoría en efectivo, en sus cuentas de Andorra. Los integrantes del clan podrían haber cometido los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil, según el magistrado.

La Fiscalía Anticorrupción pidió cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, más 310.000 euros de multa por su presunta implicación en el caso ITV, y pide tres años y cuatro meses para su mujer, Anna Vidal.

En su calificación previa al juicio, los fiscales Fernando Maldonado y Teresa Duerto acusaran al hijo del expresidente de la Generalitat de los delitos de tráfico de influencias, por el que pide dos años; cohecho, por el que solicita un año y dos meses, y falsedad continuada en documento mercantil, por lo que demanda dos años más.

Está acusado de usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV y, además, de cobrar de un empresario amigo por su intermediación con pagos camuflados como trabajos de asesoría a su mujer, que presuntamente ella nunca hizo.

Anna Vidal cobró, de 2010 a 2012, 443.660 euros por servicios contratados y no prestados al empresario amigo íntimo del político y también acusado Sergi Alsina, porque en realidad, según Fiscalía, la intención era camuflar "la inestimable colaboración" de Oriol Pujol por su influencia política.

Alsina fue contratado en 2010 como asesor por una sociedad que quería vender su planta industrial en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) para que le ayudase a buscar un comprador; Alsina, a su vez, hizo pagos a Anna Vidal, supuestamente por colaborar con él en estos trabajos.

Sin embargo, la labor de la mujer de Oriol Pujol "se limitó a aportar información manuscrita con apuntes y referencias sobre las empresas candidatas --a la compra--, fácilmente obtenibles en Internet", según el escrito de acusación.

Lo que presuntamente se pagaba era la intervención de Oriol Pujol, que fue "intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los implicados gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba", pues los fiscales creen que intervino en las negociaciones.

"Gracias a la labor fundamental del acusado Oriol Pujol Ferrusola, la operación mercantil para la que fue contratada la empresa del acusado Sergi Alsina Jiménez, tuvo un éxito esperado", concluyó el Ministerio Público.

Lo mismo sucedió cuando Alsina fue contratado a finales de 2010 para la creación de un parque de proveedores del sector del automóvil en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona); nuevamente, Vidal cobró de este empresario cuando su trabajo se limitó a aportar información manuscrita "elaborada por otras personas, carente de valor".

Favorecer a empresarios

Por otra parte, Oriol Pujol presuntamente favoreció desde 2010 a un grupo de empresarios del sector de las ITV: sugirió activamente que la Generalitat contratase a Josep Tous, para solucionar el complejo mapa y diseñar el plan territorial de las estaciones de ITV.

Supuestamente aprovechó su doble condición de presidente de CiU en el Parlament y de secretario general de CDC: según los fiscales, su interés para designar a Tous era por el también interés de Alsina de que Tous favoreciese los intereses privados de otro empresario acusado, Ricard Puignou, en la negociación sobre las estaciones.

El supuesto plan era el siguiente: Alsina y el también acusado Sergi Pastor constituyeron una sociedad para que presuntamente fuera beneficiada por el reparto de estaciones aprovechándose de acuerdos con Tous y de "las influencias políticas de Oriol Pujol".

Según Fiscalía, el político también pudo tener un porcentaje de la sociedad, aunque la difusión en la prensa de que les investigaban hizo que no consiguieran sus objetivos.

La Fiscalía pide tres años y cuatro meses para Anna Vidal por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de cohecho; para Sergi Alsina, seis años y dos meses por tráfico de influencias, falsedad documental continuada y dos delitos de cohecho, además de una multa de 250.000 euros.

También solicita un año de cárcel para Ricard Puignou y Josep Tous por cohecho; la misma pena de prisión para Sergi Pastor, en su caso por supuesto tráfico de influencias y una multa de 250.000 euros.

El diputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha anunciado este lunes que dejará el escaño y que abandonará definitivamente la Secretaría General de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de la que se apartó provisionalmente delegando sus funciones en Josep Rull y Lluís Corominas tras ser imputado en el caso ITV por presuntos delitos de soborno y tráfico de influencias.

En un comunicado, ha dicho que ambas decisiones son irreversibles y las toma para que el próximo período de sesiones en el Parlament y el próximo curso político arranquen "con el orden, liderazgo y personas que CDC necesita para poder dar la máxima garantía de que el proceso [soberanista] saldrá bien". Pujol afirma que ha llegado el momento de acabar con la situación de "interinaje" que vive el partido y que los máximos órganos de la formación nacionalista y su Consell Nacional puedan acordar una nueva estructura y nuevas responsabilidades en CDC.

El diputado defiende que ha sido una buena "decisión temporal" apartarse de la secretaría general y del liderazgo del partido en el Parlament, pero sentencia que esta situación de provisionalidad, en contra de su deseo, se está haciendo demasiado larga. Así, Pujol concluye que esta situación de interinaje en el que se encontraba el partido y el grupo en el Parlament "no será lo bastante fuerte para dar soluciones y respuestas para los próximos y decisivos meses".

"Voy dejándolo todo para no perjudicar en nada", concluye el diputado, que ve clave e histórico el segundo semestre de este año, en el que está prevista la celebración de la consulta el 9 de noviembre. Pujol dice que su relevo al frente del partido en "ningún caso" puede alterar el planteamiento estratégico e ideológico por el que CDC apostó en su último congreso en Reus (Tarragona), en el que apostó por primera vez por el Estado propio.

Más de un año de imputación

En marzo de 2013 cuando se conoció su imputación, Pujol delegó sus funciones como presidente del grupo parlamentario y como secretario general para no entorpecer el proceso soberanista, aunque entonces remarcó que esperaba que fuese una situación "reversible". Desde entonces, sus funciones en el partido las asumieron de forma compartida el secretario de organización, Josep Rull, y el vicesecretario de Coordinación Institucional, Lluís Corominas, mientras que Jordi Turull se hizo con el liderazgo de CiU en el Parlament. 

Este marzo la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sumó a la imputación inicial por presunto tráfico de influencias otra por presunto soborno, una acusación que se extendió a su mujer, Anna Vidal, y a los empresarios Sergi Alsina y Ricard Puignou.

Un negocio de 500 millones anuales es siempre apetecible. Pero en época de crisis, lo es más aún. La revisión de obligatoria de vehículos, la popular ITV, mueve en España 500 millones cada año que se reparten 60 empresas en 450 instalaciones. Es un negocio seguro que ha desatado una guerra entre las empresas del sector, concesionarios de automóviles y grandes grupos de transporte que aspiran a una parte de la tarta y cuyos resultados se resienten por la caída del consumo.

El Ministerio de Industria ha acelarado la reforma del marco legal estatal del sector. La asociación que agrupa a las empresas de ITV (AECA), así como las que representan a otros colectivos afectados (CONEPA, CETRAA y ANCERA) dan por hecho que los cambios, cocinados durante meses, son inminentes. Muy probablemente, afirman, abrirán el negocio a los grupos dedicados a la comercialización de vehículos que cuentan también con servicio de taller.

El terreno está preparado. La nueva Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia  (CNMC) aprobó el mes pasado un informe favorable a la reforma que pilota Industria pero de la que, según sostienen fuentes del sector, ha estado muy pendiente del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, interlocutor natural de los concesionarios del automóvil.

Incompatibilidades

En su informe, la Comisión que dirige José María Marín Quemada, se muestra a favor de que se eliminen las incompatibilidades del Real Decreto 224/2008 que prohíben la participación cruzada entre los socios de las ITV con talleres y concesionarios. Según la CNMC, esas incompatibilidades "constituyen una clara barrera de entrada para el ejercicio de la actividad de ITV".

Como las Comunidades Autómas tienen competencias en las ITV (fueron reconocidas por el Tribunal Constitucional) y en muchos casos han incorporado a sus normas las incompatibilidades de la legislación estatal, la CNMC "recomienda" a las comunidades que también cambien la normativa.

Con Comercio e Industria (infoLibre trató de obtener la versión de ambos, sin éxito) a favor de que los concesionarios entren en el negocio, la polémica está servida. Las empresas de ITV reivindican un servicio "independiente y garante de la seguridad vial". Tras esa reclamación se insnúa la idea de que un concesionario con ITV propia puede ser menos exigente a la hora de revisar el vehículo que quizá vendió en su momento.

La supresión de incompatibilidades propuesta contemplaría también que grandes empresas de transporte escolar, de viajeros y mercancías peligrosas,transporte escolar entre otras, construyeran y gestionasen sus propias estaciones de ITV, en las que podrán inspeccionar sus propios vehículos.

Talleres de reparación

El debate afecta también a los talleres de reparación, buena parte de cuyo negocio se debe a las revisiones pre-ITV que podrían disminuir con la nueva normativa. La Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios (ANCERA) sostiene que en esta actividad trabajan 7.000 puntos de venta que dan trabajo a alrededor de 50.000 trabajadores.

Para defender su postura, las empresas de ITV esgrimen la directiva recién aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea que establece cómo la ITV debe seguir regulada por la Administración y debe quedar fuera de la Directiva de Servicios.

En concreto, la directiva establece que "los inspectores no tendrán ningún conflicto de intereses de tal forma que el Estado miembro o la autoridad competente se aseguren de que se mantiene un elevado nivel de imparcialidad y objetividad".

El sector de las ITV, poco transparente en general, ha dado lugar a escándalos como el que afecta a Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol en torno al concurso público convocado por el Gobierno tripartito calán en 2010, que rompió, por primera vez, el duopolio que hasta entonces habían disfrutado Applus y RVSA en las estaciones de ITV catalanas.

Sistema concesional

Actualmente, según datos del sector, hay once Comunidades Autónomas que se rigen bajo el modelo de concesión administrativa (en el que la Comunidad establece el número y ubicación de estaciones de ITV que deben operar en el territorio, sistema de precios, etc.); otras tres (Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja) que promueven el sistema de autorizaciones en el que no se define la ubicación de centros de ITV ni su número; y otras dos que gestionan el sistema a través de una empresa pública (Principado de Asturias y Andalucía).

Por su parte, Cataluña reguló un sistema mixto por el que la Generalitat otorgaba autorizaciones a las empresas para instalar las estaciones, pero planificaba el número de centros que debían instalarse en cada territorio y su ubicación.

Así lo sostiene en un auto al que ha tenido acceso Europa Press dictado en respuesta a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que acusa al hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de exigir 30.000 euros al empresario imputado Ricard Puignou para votar en el Parlamento a favor de los intereses de esta presunta trama en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008.

La mujer del Oriol Pujol –ya imputado en la causa por tráfico de influencias– ha sido citada a declarar asistida por un abogado el lunes 20 de enero a las 12 horas, cuando también deberán comparecer los letrados de la defensa de los ya imputados, el fiscal, la acusación popular y el resto de partes personadas en el juzgado donde "se concretará la imputación y calificarán la intervención delictiva".

Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impute al diputado de CiU, Oriol Pujol por cohecho en el 'caso ITV', lo que se sumaría al tráfico de influencias que ya se le atribuye.

La delegación de Barcelona de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha informado que, Pujol pudo haber cometido un delito de cohecho durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Industrial publicada en el Boletín Oficial del Parlament el 23 de julio de 2008.

El TSJC vio indicios de que el hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se aprovechó de su peso político –sobre todo como presidente de CiU en el Parlament–"con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos colaboradores" dentro esta presunta trama para la concesión irregular de estaciones de ITV.