Aunque ya no es una novedad, pues desde Narcodiario e infoLibre se ha informado en meses pasados de las primeras incursiones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, resulta muy relevante constatar que la organización criminal de las cuatro letras, que ahora dirige alias Pelón tras la caída del Mencho, sigue apostando por la península ibérica para hacer grandes negocios.

En la lucha contra esta organización, agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST), han desarticulado una rama del CJNG presuntamente dedicada al tráfico internacional de metanfetamina y han desmantelado toda su infraestructura logística en España, incluido un laboratorio clandestino donde recuperaban la droga previamente disuelta en mercancía legal para dificultar su detección.

La organización habría introducido más de 2,5 toneladas de metanfetamina camuflada en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla procedente de México, en una de las mayores aprehensiones realizadas hasta la fecha tanto en España como en toda Europa.

La investigación se inició a principios del mes de junio gracias a la colaboración entre las autoridades francesas y españolas, en el marco de una investigación seguida contra una organización criminal dedicada al tráfico internacional de metanfetamina entre México y Europa. Durante las pesquisas, las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo procedente de México y con destino final España que transportaba cerca de 12.700 kilogramos de aroma artificial de vainilla en estado líquido.

Desde la entrada del contenedor en territorio nacional, las diversas gestiones policiales permitieron determinar que el cargamento transportaba disuelta una gran cantidad de droga, así como conocer los movimientos del mismo y de las personas implicadas en su recepción.

La mercancía era almacenada inicialmente en una empresa logística situada en una localidad de la provincia de Barcelona, donde permaneció hasta que varios de los investigados pudieron retirar una parte del cargamento siguiendo una operativa previamente organizada. Posteriormente, parte de esta mercancía fue trasladada a una nave industrial ubicada en la misma provincia, utilizada como punto intermedio de almacenamiento y transferencia, siendo trasladada finalmente a una finca aislada situada en la provincia de Lleida.

Las investigaciones permitieron constatar que esta última ubicación había sido acondicionada como un sofisticado laboratorio clandestino donde los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta en el aroma líquido de vainilla mediante complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización. Con este procedimiento pretendían recuperar la sustancia estupefaciente introducida en la mercancía aparentemente lícita y obtener metanfetamina cristalizada para su posterior distribución.

Paralelamente, los investigadores identificaron a los distintos miembros de la organización y las funciones que desempeñaban dentro del entramado criminal, desde la recepción del cargamento y la coordinación de los transportes hasta las labores de seguridad, contravigilancia y manipulación química de la sustancia.

Una vez constatado que el laboratorio había iniciado el proceso de recuperación de la metanfetamina, se llevó a cabo un operativo simultáneo en distintas ubicaciones que culminó con la detención de los principales responsables de la organización y el desmantelamiento de toda la infraestructura utilizada para la recepción, almacenamiento, transporte y transformación de la droga.

Como resultado de la operación, el pasado 10 de julio se practicaron siete entradas y registros en Lleida, Barcelona (cinco) y Tarragona, donde se localizó un laboratorio clandestino plenamente operativo y se intervinieron 2.400 kilos de metanfetamina, de las cuales 1.600 kilos se encontraban aún ocultos en vainilla líquida, seis vehículos, casi 4.500 euros, abundante instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos, así como numerosos dispositivos electrónicos.

Finalmente, fueron detenidas 13 personas –cinco en Lleida, cuatro en Barcelona y otras cuatro en Tarragona–, que pasaron a disposición judicial como presuntas responsables de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. El juez decretó el ingreso en prisión de 12 de ellas.

Hace algunos meses, Narcodiario contaba en primicia la detención de José El del Buque, considerado en aquel momento el mayor narcotraficante de las Islas Canarias y que, además, fue objetivo de las iras de sus peligrosos socios por un supuesto robo de cocaína.

Su caída supuso que las personas de su entorno o relacionadas con él asumiesen las riendas de un negocio criminal con pocos límites en el archipiélago, un lugar privilegiado para el crimen organizado por su situación geográfica, puerta de entrada de Europa tanto desde África como desde América Latina, pero también por su gran colonia extranjera residente que permite el ocultamiento de actividades y el blanqueo de capitales a gran escala. No hay más que ver la acción policial que ofrece en exclusiva este miércoles este periódico, con la incautación de 1.500 kilos de cocaína en una guardería.

Así, casi al mismo tiempo que la citada caída de José El del Buque, la Udyco Central y la Udyco de Las Palmas de Gran Canaria iniciaron una investigación sobre varias personas que llevaban años en el radar policial. La principal respondía al alias de Juke, y estaba considerado el máximo exponente de una red narcocriminal con capacidad para recibir hachís desde Marruecos y cocaína desde América Latina, enfriarla y distribuirla ya en el espacio Schengen.

A su lado, según consta en las pesquisas de los investigadores, estaría Pedro S., un gran empresario muy bien relacionado en la isla y que incluso se jactaba en redes y en programas de televisión de su espectacular patrimonio, centrado en la adquisición de colecciones únicas en el mundo. Fan acérrimo de David Hasselhoff, actor estadounidense, y en especial de su icónico vehículo, El coche fantástico, contaba no solo con toda clase de elementos relacionados con el mismo, sino con una réplica casi idéntica del automóvil, con todos sus elementos, con un valor difícil de estimar, pues se trata de una pieza única.

Este hombre, cuyo patrimonio más destacado fue incautado de forma provisional por la autoridad judicial, también tenía una réplica exacta de la furgoneta del Equipo A, además de una espléndida colección de objetos de Manga y múltiples artículos más que, unidos, componen un auténtico museo personal. Todo ello, piensa la Policía, se obtuvo gracias a las ganancias que llevaba años acumulando a raíz del tráfico de drogas, una actividad que se le presuponía pero que hasta ahora no se había podido acreditar.

El último ingrediente de la cúpula de la organización, más allá de los 'trabajadores' que estaban al servicio de todos ellos, era un policía local de Las Palmas de Gran Canaria al que apenas le restaba un mes para jubilarse y que fue cazado con las manos en la masa participando en el último pase de drogas de la organización, muy cerca de la droga y en relación estrecha y cordial con El Juke.

Este agente, sostienen los investigadores, no tenía acceso a las investigaciones de la Policía Nacional, pero sí sabía muy bien cuales eran los métodos más seguros para traficar, los lugares con menor vigilancia y, llegado el caso, conocía los momentos en los que se iba a desarrollar una operación, advirtiendo de todo ello a los miembros de la red criminal.

El operativo policial, que incluyó la detención de las tres personas citadas y de otras cuatro en seis registros domiciliarios, se desarrolló tras detectarse una de las operaciones de distribución de la organización, en la que los investigados transportaban unos 400 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada con la finalidad de dificultar su detección.

A partir de esta actuación se practicaron esas seis entradas y registros autorizados judicialmente en distintos inmuebles y locales comerciales en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

Como resultado de los registros, se intervinieron más de 300 kilogramos de hachís en el interior de la furgoneta, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, entre ellos los dos citados del coleccionista, una embarcación semirrígida, una docena de dispositivos móviles y abundante documentación relacionada con la investigación.

La investigación continúa abierta bajo la dirección de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de nuevas actuaciones que pudieran derivarse del análisis de las pruebas obtenidas durante la operación. A partir de este momento se inicia la investigación por blanqueo de capitales centrada, especialmente, en el empresario, pero también en el policía local, cuyo tren de vida no se correspondía con su puesto como funcionario municipal.

El wax es típico de Estados Unidos, pero apenas sí se había visto hasta ahora en España. Se trata de una variante de la marihuana convertida en una especie de pasta de resina tras hacer contacto con gas butano, lo que multiplica hasta límites nunca vistos su porcentaje de THC, el principio psicoactivo más conocido del cannabis. En esta sustancia, el THC llega a alcanzar cotas que superan ampliamente el 80%, con un riesgo inmediato para la vida del que la consume debido a sus enormes efectos sobre los neurotransmisores cerebrales. Sí son conocidos en la península ibérica los intentos de producción de aceite de hachís, para el que también se usa el butano y que supone un gran riesgo no solo para el que lo consume sino para el que lo produce, por la manipulación del gas de forma artesanal.

Esta droga, el wax, ha aparecido en Madrid y, en concreto, en un frigorífico de un supuesto club de fumadores de cannabis del barrio de San Blas localizado por la Policía Municipal y desmantelado en una acción conjunta con la Policía Nacional. Fue en el marco de una redada contra el menudeo de drogas que se saldó con cinco personas detenidas y que incluyó el decomiso de dos kilos de marihuana, un kilo de hachís y unos 2.000 euros en efectivo, tanto en el citado local como en una vivienda anexa al mismo.

Sin embargo, el hallazgo más destacado fueron los 400 gramos de wax intervenidos. Por establecer una comparación, la marihuana tradicional solía tener entre un 3% y un 6% de THC y la que se elabora últimamente mediante modificación genética puede alcanzar el 28%. El wax puede superar el 90%.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un local en el que se registraba un constante movimiento de personas que permanecían en su interior durante breves periodos de tiempo o accedían a la vivienda anexa para abandonarla apenas unos minutos después.

En una primera fase comprobaron que el establecimiento funcionaba como un club de fumadores. No obstante, tras realizar las comprobaciones oportunas, constataron que no existía inscripción alguna de una asociación de estas características en el registro correspondiente. Además, al local no acudía un grupo estable de socios, sino que los usuarios abandonaban el lugar a los pocos minutos y ni siquiera eran identificados al acceder.

Ante estos indicios, los investigadores determinaron que el establecimiento estaba dedicado exclusivamente a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, permitiéndose tanto la adquisición como el consumo en su interior. Asimismo, desde este punto se abastecía de droga a la vivienda anexa, cuyos ocupantes almacenaban la sustancia para distribuirla posteriormente a otras personas.

El establecimiento estaba dividido en varias estancias. Una de ellas hacía las funciones de recepción y contaba con un taquillero en el que cada compartimento almacenaba distintas cantidades de marihuana o hachís. Otra habitación se utilizaba como dispensario, donde en una nevera fue localizado el wax. Los agentes también intervinieron ocho recipientes con hachís, otros once tarros de cristal con cogollos de marihuana y 23 cigarrillos ya elaborados, además de gominolas y productos cosméticos.

Además de un delito contra la Salud Pública por motivos obvios, la Policía atribuye a los detenidos, cuatro hombres y una mujer, el delito de pertenencia a grupo criminal, pues todos ellos se repartían las funciones para que el negocio funcionase, desde los controles de accesos hasta la distribución y venta de la droga y las medidas de seguridad.

El 27 de junio, la Guardia Civil informaba de la caída de una red criminal especializada en los vuelcos de droga con base en Las tres mil viviendas de Sevilla. Un peligroso trabajo policial llegaba a su fin. Sin embargo, el caso no era más que la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el sur de España.

Dos días más tarde, el lunes pasado, varios conductores que circulaban por la vía de servicio de la A-92 en Alcalá de de Guadaíra (Sevilla) pensaron que estaban viendo un atraco. Dos vehículos cruzados, varios hombres encapuchados y al menos un arma larga apuntando hacia otro coche inmovilizado. Cristales rotos. Unos bultos que desaparecen en apenas unos segundos. Después, los asaltantes vuelven a sus vehículos y huyen mientras el tráfico recupera la normalidad como si nada hubiera ocurrido.

El vídeo, grabado por otros usuarios de la carretera, se propagó en cuestión de horas por redes sociales. Muchos interpretaron la escena como un robo indiscriminado a plena luz del día, un síntoma más de la inseguridad. Sin embargo, las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntan hacia otra dirección mucho más preocupante: un presunto vuelco de drogas, el nombre con el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad denominan al robo de un cargamento de estupefacientes entre organizaciones criminales.

Lo verdaderamente relevante no es el vídeo. Lo importante es lo que revela. Porque un vuelco no aparece de la nada. Es la consecuencia de la existencia de una infraestructura criminal consolidada. Nadie organiza un asalto armado para robar un alijo cuya existencia desconoce. Alguien sabía qué transportaba ese vehículo, quién lo movía y en qué momento era vulnerable. Y eso sitúa inevitablemente el foco sobre Alcalá de Guadaíra. Los hechos ocurrieron en la vía de servicio de esa localidad en dirección a Arahal, pasada la gasolinera Moeve, en un punto en el que ya te incorporas en la A-92.

Durante años, el mapa del narcotráfico andaluz parecía perfectamente delimitado. Las narcolanchas pertenecían al Campo de Gibraltar, las persecuciones tenían lugar frente a las costas de Cádiz y Huelva y los desembarcos se producían de madrugada. Pero ese dibujo hace tiempo que dejó de responder a la realidad.

La presión policial sobre el Estrecho y el incremento de la vigilancia en otros puntos tradicionales han obligado a las organizaciones criminales a diversificar rutas. El Guadalquivir se ha consolidado como uno de los principales corredores de entrada para grandes cargamentos de hachís y, desde hace algún tiempo, también de cocaína. Las embarcaciones remontan el río hasta puntos donde la mercancía puede descargarse con rapidez y, desde allí, comienza una segunda fase casi tan importante como el propio desembarco: el almacenamiento y la distribución. Es precisamente en esa fase donde Alcalá de Guadaíra ha adquirido un papel estratégico.

Su cercanía con Sevilla, la conexión con la A-92, la SE-40 y otras grandes vías de comunicación convierten al municipio en un enclave privilegiado para redistribuir la droga hacia distintos puntos del país. Sobre todo hacia el norte de Andalucía y en consecuencia al norte de España. Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico, parte de los cargamentos de cocaína que llegan a través del Guadalquivir permanecen durante horas o incluso días ocultos en viviendas, naves industriales o fincas utilizadas como guarderías en los alrededores de Alcalá de Guadaira, donde las organizaciones almacenan temporalmente los alijos antes de continuar su transporte.

La existencia de estas guarderías explica también un fenómeno que hasta hace poco era prácticamente desconocido para la mayoría de la ciudadanía: los vuelcos. No son simples robos. Son operaciones planificadas para arrebatar a otra organización un cargamento valorado, en ocasiones, en millones de euros. Para ejecutarlos es imprescindible contar con información privilegiada, conocer los movimientos del grupo rival y disponer de capacidad logística suficiente para actuar en apenas unos minutos.

Según fuentes de la Guardia Civil y diversas informaciones publicadas por medios locales, en el último mes se habrían producido al menos cuatro vuelcos relacionados con el narcotráfico en el entorno de Alcalá de Guadaíra. Una sucesión de episodios que, para los investigadores, reflejaría el creciente peso logístico que ha adquirido el municipio dentro de las rutas del narcotráfico vinculadas al Guadalquivir.

El asalto grabado esta semana en la A-92 sería, precisamente, el más visible de todos ellos. La actuación fue rápida, coordinada y ejecutada con una violencia poco habitual en una vía abierta al tráfico y a plena luz del día. El empleo de armas largas y la ausencia de una denuncia posterior encajan con el patrón habitual de este tipo de acciones, donde las propias víctimas forman parte de la cadena del narcotráfico y difícilmente acudirán después a una comisaría para denunciar el robo de un cargamento ilegal.

Ese silencio complica enormemente las investigaciones. En muchas ocasiones, la Guardia Civil o la Policía Nacional logran reconstruir estos episodios gracias a vigilancias previas, seguimientos, escuchas telefónicas o investigaciones paralelas sobre las organizaciones implicadas. En esta ocasión, además, las imágenes grabadas por varios conductores han permitido poner el foco sobre un fenómeno que habitualmente permanece oculto.

La proliferación de los vuelcos también evidencia otra realidad: el narcotráfico ha dejado de ser únicamente una actividad ligada a la costa. Hoy funciona como una auténtica red logística con embarcaciones, vehículos lanzadera, pisos francos, guarderías de droga y equipos especializados tanto en custodiar los alijos como en robárselos a organizaciones rivales.

Ese nivel de profesionalización quedó reflejado hace apenas unos días con la desarticulación de la citada organización criminal presuntamente especializada en vuelcos enraizada en la capital andaluza. La operación, desarrollada por la Guardia Civil en varias localidades de la provincia de Sevilla, entre ellas Alcalá de Guadaíra, permitió detener a nueve personas que, según la investigación, se dedicaban a localizar guarderías de droga y asaltar cargamentos pertenecientes a otros grupos criminales.

Los agentes intervinieron armas de fuego, chalecos antibalas, vehículos preparados para este tipo de acciones y diverso material utilizado para ejecutar los asaltos. Según las pesquisas, algunos de sus integrantes incluso planeaban hacerse pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para interceptar los cargamentos sin levantar sospechas.

La investigación confirmó, además, el elevado grado de organización que han alcanzado estas redes. Los vuelcos ya no responden a acciones improvisadas, sino a operaciones cuidadosamente preparadas en las que participan equipos de vigilancia, conductores, hombres armados y colaboradores encargados de obtener información sobre los movimientos de las organizaciones rivales.

Para los investigadores, este tipo de episodios son una consecuencia directa de la consolidación del Guadalquivir como una de las principales puertas de entrada de la droga en Europa. Cuanta más mercancía entra y más tiempo permanece almacenada en el interior de la provincia, mayores son las posibilidades de que surjan enfrentamientos entre organizaciones por hacerse con esos cargamentos.

La principal preocupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya no reside únicamente en impedir la entrada de la droga, sino en evitar que esa violencia termine trasladándose a espacios frecuentados por ciudadanos completamente ajenos al narcotráfico. El asalto grabado en la A-92 demuestra que esa frontera cada vez resulta más difusa. Un error, un disparo o una maniobra inesperada podrían convertir a cualquier conductor en víctima colateral de una disputa entre organizaciones criminales.

La actividad, además, no se limita al entorno del Guadalquivir. Según fuentes consultadas por este periódico, el pasado martes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sorprendieron un alijo de droga que se estaba produciendo en la Playa de la Luna, en Mijas, el corazón de la Costa del Sol. La rápida intervención policial permitió recuperar varios fardos de hachís antes de que fueran retirados por la organización responsable del desembarco, frustrando parcialmente la operación y evitando que la mercancía abandonara la costa.

Dos escenarios separados por más de doscientos kilómetros, pero unidos por un mismo fenómeno: la expansión de las rutas del narcotráfico y la creciente violencia que acompaña a un negocio que ya no entiende de fronteras entre la costa y el interior. El vídeo viral de la A-92 no fue un atraco cualquiera. Fue la imagen más visible de una guerra silenciosa que hace tiempo dejó de librarse únicamente junto al mar.

El ingenio de los narcotraficantes en España parece no tener límites, tal y como se ha visto esta semana en uno de los enclaves históricos para la venta de drogas: el poblado de Son Banya (Palma de Mallorca, Baleares). El territorio que en su día dominó con puño de hierro La Paca y que sigue siendo caldo de cultivo para dicha actividad fue escenario de una gran intervención policial y judicial que acabó con un negocio que mezclaba drogas y fútbol.

Para ello, sus responsables idearon un esquema criminal basado en el fervor de las personas por el Mundial de fútbol que se desarrolla en México, Canadá y Estados Unidos. Así, personalizaron una chabola para convertirla en la narcocaseta del Mundial, con imágenes de algunos de los integrantes de la selección como Pedri, Ferrán o Isco, y otros históricos como Raúl o Casillas como reclamo.

En su interior, todos los útiles precisos para la venta de estupefacientes, así como para su consumo, incluidas ofertas especiales de cocaína y heroína (llamada por ellos caballo) para los días de partido de la selección española durante el citado campeonato universal. Todo un atractivo para los drogodependientes.

Para poner punto y final a esa y a otras actividades ilícitas en el enclave, agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas por ser presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y a dos más por estar en busca y captura. Además, también actuaron el Ajuntament de Palma y la Policía Local en materia urbanística, apoyo imprescindible para derribar siete casetas que servían como puntos de venta, no solo la del Mundial, sino otras muchas, incluida una con los logotipos del Real Madrid y del FC Barcelona.

Con ese objetivo, agentes de la Policía Nacional en Palma llevaron a cabo esta semana un operativo policial en el citado poblado de Son Banya procediendo a la detención de cinco personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, consiguiendo desmantelar nueve puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Los especialistas de la Udyco llevaron a cabo la investigación en el poblado, donde varias organizaciones criminales explotaban la venta de sustancias con la construcción de las casetas, que son puntos de venta de droga pertenecientes a cada organización que se establecen en la explanada del poblado, formando un abanico para facilitar las transacciones con los compradores y no vincularlos con los domicilios.

Al infringir la normativa urbanística municipal, el Ajuntament de Palma y la Policía Local participaron en el operativo para demoler siete de las casetas, además de abrir al menos seis nuevos expedientes para actuar en el futuro en distintas partes del poblado.

Una vez con toda la información se estableció un operativo policial sobre las 9:00 horas del jueves, en el que se accedió al interior del poblado cogiendo desprevenidos a los vendedores y accediendo al interior de los puntos, localizando en el lugar diferentes sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana, heroína y hachís.

Varios de los vendedores intentaron huir del lugar corriendo y trataron de deshacerse de dinero y sustancias estupefacientes que arrojaron a una oquedad. Sin embargo, por la rápida intervención de los policías, fueron atrapados los presuntos autores que trataron de escapar.

En el dispositivo policial intervinieron agentes de la Udyco de Baleares apoyados por policías de la Brigada Provincial de Policía Judicial, así como la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica, Unidad Aérea con el helicóptero, así como el grupo de Conducciones.

Por parte de la Policía Local, intervinieron agentes de la Unidad de Intervención Inmediata, la Unidad de Seguridad Integral, la Unidad de Drones y la Unidad Motorizada.

De la misma manera, la Policía Local interpuso tres denuncias a conductores por carecer de ITV en vigor y otra más a un conductor por no tener el seguro obligatorio. Igualmente, los agentes denunciaron a un varón por transportar de manera ilegal, careciendo de licencia, a varias personas. También remitieron al juzgado de guardia un posible delito leve de hurto.

El resultado de la operación policial se saldó, además de con las citadas detenciones, con la intervención de más de 500 gramos de cocaína, cerca de 500 gramos de marihuana y hachís, diversas cantidades de heroína y de cocaína en base y más de 3.000 euros en billetes, así como diversos útiles necesarios para la venta de sustancias estupefacientes.

Este tipo de actuaciones que lleva a cabo la Udyco de la Policía Nacional se vienen desarrollando en los diferentes barrios de Palma, ya sea a través de informaciones propias, anónimas o quejas vecinales y tratan de dar respuesta a la demandas ciudadanas.

Estos dispositivos se refuerzan con actuaciones de las unidades de seguridad ciudadana de la Policía Nacional en diferentes barrios y zonas de ocio en un esfuerzo para luchar contra el tráfico de drogas.

La llegada de cargamentos de cocaína a los puertos europeos ocultos bajo la línea de flotación de grandes mercantes es una realidad desde hace años. Ha habido varios casos de incautaciones en las Islas Canarias, primer punto de referencia de estas embarcaciones al este del Atlántico, y también en la provincia de Pontevedra, ya en la Europa continental, donde se han detectado casos tan sofisticados como los que implican la recogida de la droga mediante seabob.

El origen de estos cargamentos es variado, pero desde hace tiempo se sospechaba de redes de envío con presencia en Brasil, un país tan extenso como difícil de controlar desde el punto de vista policial. Allí ya se habían desarrollado operaciones contra redes de narcobuzos, pero pocas con la dimensión de la desplegada el pasado martes.

La Policía Federal brasileña puso en marcha la Operación Tirocinium con el objetivo de desmantelar una organización criminal dedicada al narcotráfico transnacional mediante este sistema, así como al envío de droga en contenedores marítimos y al lavado de dinero.

La operación se desarrolló simultáneamente en diez municipios del estado de Santa Catarina —Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Balneário Camboriú, Itajaí, Tijucas, Barra Velha, Garuva, Jaraguá do Sul e Imbituba—, además de en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná, y Uberaba, en Minas Gerais.

Los agentes ejecutaron 18 órdenes de prisión preventiva y 31 registros, además de cuatro medidas cautelares que incluyen vigilancia electrónica. El dispositivo buscaba desarticular el núcleo financiero de la organización criminal mediante la incautación de 36 propiedades, la confiscación de vehículos y el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a 35 personas investigadas.

Las pesquisas revelaron que el grupo utilizaba la logística portuaria para exportar cargamentos de droga con destino a Europa y África. También se identificó una trama de blanqueo de capitales que recurría a empresas pantalla, intermediarios y operaciones comerciales ficticias para reintroducir en el sistema financiero los beneficios obtenidos del narcotráfico.

La operación es resultado de investigaciones iniciadas en 2023 a partir de detenciones realizadas en zonas portuarias de Santa Catarina, que permitieron identificar una estructura criminal de alcance internacional.

Durante la investigación se han incautado aproximadamente 4,6 toneladas de cocaína y se han practicado otros siete arrestos. También se han intervenido rifles, pistolas, granadas, munición y una ametralladora de calibre 50.

Como se aprecia en las imágenes, además de numerosas armas, los agentes intervinieron droga preparada en bolsas con doble y triple cobertura, así como cuerdas y sacos impermeables, material destinado a resistir largas travesías oceánicas en un entorno completamente húmedo. El cofre de mar, el lugar elegido para ocultar estos cargamentos, se utiliza habitualmente para la entrada de agua y la refrigeración natural de la zona de motores de los buques.

Hace ya tiempo que iban a por ellos, y las últimas operaciones de la policía francesa dejan claro que hasta los traficantes de Marsella tienen límite. Los narcos que representan a la DZ Mafia ya son conocidos fuera de Francia y sus manos se dejan ver por varios lugares de España. Por eso, que se detuviera el martes a Walid Bara en Madrid no debe ser una sorpresa. Fue arrestado el mismo día en el que un tribunal francés lo condenaba a 25 años de cárcel por ser autor intelectual de un doble asesinato ocurrido en el Hotel F1 Marseille, al oeste de la ciudad.

En ese proceso mediático, al que Bara no se presentó al estar prófugo, se juzgaban a otros dos de los principales líderes de esta organización criminal que desde los barrios del norte de Marsella se han extendido por toda Francia. Con el control de las plazas de drogas habituales de ciertas zonas de Marsella, que han defendido con puestos de seguridad 24 horas y con armamento militar , han logrado conseguir ser una marca fiable para hacer negocios lucrativos en el narcotráfico. Están por debajo de otras grandes mafias, pero se les debe tener en cuenta porque aprietan mucho el gatillo. Demasiado incluso para unos traficantes. Su control territorial se ha basado en violencia pura y dura, por ello pudieron mantener su guerra por plazas de venta de estupefacientes contra la otra gran organización criminal marsellesa actual: los Yoda.

Todos actúan de forma similar; consiguen proveedores de hachís en España y por aquí logran establecer un trasiego continuo de drogas que los hace conocerse la A-7 desde Algeciras hasta Empuriabrava como si fuera su casa. Desde los famosos Go-Fast, donde los convoyes cargados de droga conduciendo a 200 km/h se hicieron su especialidad, hasta empresas pantalla de transportes que les hace transportar droga tranquilamente desde el sur de España a su país.

El hachís fue primordial para lograr un poder adquisitivo importante para los DZ Mafia, pero en estos días en sus puntos de venta de droga se vende de todo. Y se controla se forma militar, desde niños vigilando exteriores de sus barrios a hombres armados que se encuentran en su perímetro de seguridad para que nadie robe la mercancía que se está vendiendo.

El clan DZ Mafia que comenzó en Marsella con miembros principalmente de raíces argelinas ha creado franquicias ya por toda Francia. En Roubaix, por ejemplo, al norte del país, cerca de la frontera con Bélgica, se pueden leer en grafitis que su presencia allí es completa. Entre Marsella y Roubaix hay más de 1.000 kilómetros de distancia, y a pesar de esta diferencia hay miembros de la DZ allí.

Esto explica que hayan logrado hacerse con el control de la logística dentro de Francia y que, como hace el Cartel Jalisco Nueva Generación, permita a otros grupos criminales actuar bajo sus siglas si cumplen una serie de reglas.

Este grupo criminal de traficantes de Marsella también usa las redes sociales para enviar mensajes como hace el CJNG en México. Hace unos años grabaron un vídeos sosteniendo una pancarta donde se veía a un grupo de personas armados y con un cartel que indicaba que pertenecían a la DZ Mafia. Eso era una aviso de navegantes para sus rivales en Marsella, pero también fue una forma de presentarse en el hampa mundial para decir “aquí estoy yo”.

Su principal fuente de ingresos es la droga, pero también han creado un sistema para cobrar extorsión a ciertos empresarios y entraron de lleno en el tráfico de armas. Tienen cuentas de Snapchat itinerantes que presentan el armamento que en ese momento poseen para darle salida por el mercado negro. Y en sus filas ofrecen sicarios para otras organizaciones criminales internacionales. Trabajan codo con codo en ciertas ocasiones con clanes de la Mocro Mafia, una cooperación que es habitual ya en el más alto nivel del narcotráfico.

En España, la presencia de miembros de la DZ Mafia es posible detectarla fácilmente en la Costa del Sol, Alicante y Barcelona. Sus tres paradas clave para los trayectos de Go-Fast. Entre Fuengirola y Estepona a partir del mes de abril es bastante llamativa la aparición de vehículos de alta gama con matrícula francesa con sujetos que podrían aparecer en un videoclip de Lacrim. No se esconden, ni quieren. Acuden a fiestas en los locales de moda en Marbella, se gastan miles de euros, y realizan negocios de compraventa de drogas con proveedores para asegurarse un stock en los próximos meses.

Se pasean por el paseo marítimo de Fuengirola o Puerto Banús, y en muchas ocasiones acuden armados a sitios públicos. Ello es así porque el miedo a ser objetivo de sus enemigos no se elimina por estar fuera de Francia, pero también porque están preparados para, en cualquier momento, tomar carretera y manta y llevar un alijo hacia su país.

Todo este movimiento de drogas y violencia que generaron con más de 50 asesinatos en Marsella provocó que las fuerzas de seguridad francesas se tomaran en serio la capacidad de ejercer un control sobre ciertos barrios de la ciudad, ya que la fuerza del Estado allí era mínima. Por eso activaron varias operaciones policiales multitudinarias para detener el pasado marzo a más de 40 miembros de este Clan que fue responsable del doble asesinato en Salou (Tarragona) del 3 de mayo de 2023 del que dio cuenta Narcodiario. Fue un hecho realizado por un comando de sicarios de esta organización criminal de Marsella y que se cometió en pleno paseo marítimo de la ciudad turística catalana. Familias con niños presenciaron el asesinato y poco les importó. Así funcionan y esa fue su presentación en España.

Desde Málaga a Cataluña se han hecho un nombre y nadie quiere tener un problema con ellos. Ni otros narcos, ni las fuerzas de seguridad. La DZ Mafia no entiende el negocio sin violencia, algo que muy pocos más siguen en Europa, donde el narcotráfico se mueve, cuando hablamos de gran escala, de la forma más discreta posible.

Pero, como se ha visto últimamente, no solo son los marselleses los que preocupan por sus tácticas violentas. Los escoceses de los Lyons y los Daniels protagonizaron un recordado suceso en Fuengirola hace ahora un año, durante la final de la Champions League, por no hablar de los balcánicos de los Kavac y los Skaljari, que llevan años matándose por toda España, en especial en Barcelona. La guerra de los Kinahan y los Hutch, ahora muy diezmados ante la caída de su cúpula, ya es cosa del pasado, pero generaciones más jóvenes y ávidas de poder y dinero han tomado con fuerza el testigo.

Junto a Bara, que cayó detenido merced a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que se ejecutó con rapidez, fueron condenados a idéntica pena Gabriel Ory, otro de los grandes jefes de una red, la DZ Mafia, que es una hidra de distintos tentáculos interconectados. Ambos son considerados autores intelectuales de la muerte de Farid Tir, líder de un clan rival. En el caso de Ory, se le atribuyen tareas logísticas en el crimen.

Los restantes condenados, todos a penas ejemplares, fueron Karim Harrat, señalado como otro de los hombres fuertes de la DZ, y los dos sicarios que apretaron el gatillo en 2019, poco tiempo después de que Tir saliese de prisión. Su muerte estaba anunciada.

Ante la peligrosidad manifiesta de las personas que se sentaban en el banquillo, la Police Nationale desplegó un dispositivo excepcional para el juicio, que blindó por completo la ciudad de Marsella y en especial los alrededores de la sala de vistas.

Del 5 de marzo al 16 de abril, fuerzas especiales fueron movilizadas para garantizar la seguridad del juicio. En particular, han permitido la gestión de las escoltas y la protección de los miembros de la justicia y miembros de la red, con dispositivos adaptados a cada fase.

En complemento de la seguridad en tierra, se ha proporcionado un apoyo aéreo para detectar cualquier amenaza potencial, en particular los riesgos de ataque en los alrededores de los convoyes.

Este dispositivo también ha integrado la lucha antidrones gracias al vehículo VADOR, que permite identificar y neutralizar cualquier aparato susceptible de vigilar o apuntar al convoy.

Durante su detención bajo custodia policial por apología del terrorismo, la eurodiputada francesa Rima Hassan fue falsamente acusada de haber transportado droga. Esta investigación fue archivada el 9 de abril por la fiscalía. Sin embargo, los resultados negativos de los análisis realizados le habían sido comunicados ya el 4 de abril.

La eurodiputada de La Francia Insumisa Rima Hassan no solo fue objeto de un tratamiento policial particularmente intrusivo ni fue injustamente acusada en los medios de haber transportado droga sintética. En este caso, la propia fiscalía parece haber fallado en su comunicación.

Volvamos atrás: inmediatamente después de la puesta bajo custodia policial de Rima Hassan el 2 de abril, numerosos medios, empezando por Le Parisien, acusaron a la diputada, sin cautela ni contraste de fuentes, de poseer 3-MMC (3-metilmetcatinona), una droga sintética. Algunos gramos de CBD, una sustancia perfectamente legal, dieron un resultado positivo en un test realizado por la policía, y la fiscalía abrió entonces una investigación incidental por tenencia de drogas.

Más de diez horas después del estallido mediático, a las 23:13, la fiscalía de París emitió una primera comunicación oficial que reforzaba esta información falsa. "El registro de los efectos personales de Rima Hassan reveló la presencia de sustancias que parecían corresponder, por un lado, a CBD y, por otro, a 3-MMC, sobre las cuales fue interrogada", precisó la justicia. En esta intervención, la institución omitió mencionar el desmentido categórico de Rima Hassan, la falta de fiabilidad del test utilizado por la policía y el hecho de que debían realizarse análisis complementarios para confirmar ese resultado.

No fue hasta la tarde del día siguiente, y a petición de la defensa, cuando la fiscalía mostró mayor cautela. El desmentido de Rima Hassan fue finalmente comunicado a toda la prensa y la presencia de droga sintética en sus pertenencias se mencionó con mucha menos certeza. "Se han ordenado análisis complementarios en el marco de un procedimiento distinto, cuyos resultados no se esperan en un plazo cercano", precisó también la fiscalía de París.

Estos resultados descartaron cualquier presencia de droga sintética. Los análisis demostraron que el primer recipiente, etiquetado como "3-MMC" por la Policía, contenía en realidad CBD y que este no podía "ser caracterizado como producto estupefaciente". El segundo recipiente de la diputada también contenía CBD, con una tasa de THC ligeramente superior a la habitual pero en una cantidad tan reducida que la fiscalía decidió archivar el caso. Entre el 2 y el 9 de abril, políticos y medios se desataron para difundir esta información falsa, llegando algunos a calificar a la diputada de "yonqui"o "drogada".

"La fiscalía de París ha procedido al archivo de la investigación incidental, al considerar que las diligencias no han revelado ninguna infracción suficientemente caracterizada", anunció la fiscalía el 9 de abril, precisando que los análisis toxicológicos le habían sido "notificados la víspera". En realidad, como ha podido comprobar Mediapart, el laboratorio de análisis había indicado ya el 3 de abril a los agentes de Policía que entregaría los resultados al día siguiente. Sobre todo, desde el 4 de abril, los funcionarios informaron a la fiscalía de París, e incluso a su servicio de guardia del fin de semana, de los resultados negativos.

Entonces, ¿por qué la justicia tardó en revelarlos? "Que la fiscalía haya sido informada el 4 de abril no significa que la fiscal encargada de este caso lo supiera", replica una fuente judicial, que sostiene que la fiscalía "comunicó, por el contrario, muy rápidamente teniendo en cuenta el tratamiento mediático desproporcionado".

"La fiscalía es indivisible", subraya el abogado de Rima Hassan, Me Vincent Brengarth. "Había un perjuicio reputacional y de imagen considerable y perfectamente conocido por las autoridades. El hecho de disponer de estos resultados el 4 de abril era una información determinante, que debería haberse difundido de inmediato", considera. "Es incomprensible que la fiscalía comunique ya la misma noche del levantamiento de la custodia policial para mencionar una sustancia que se asemeja a la 3-MMC y que guarde silencio durante cinco días cuando dispone de análisis que descartan la presencia de estupefacientes".

Más allá de las investigaciones judiciales y de esta comunicación de la fiscalía, Vincent Brengarth denuncia el trato que recibió la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) durante su detención. De hecho, recurrió al Defensor del Pueblo el martes 14 de abril para denunciar "graves incumplimientos deontológicos por parte de los agentes de policía".

Según él, los policías, como reveló Mediapart, carecieron de neutralidad al etiquetar el precinto de CBD como "3-MMC" y al omitir el desmentido categórico de la diputada en su primer atestado. El abogado va más allá al cuestionar la actitud global de los tres investigadores.

Durante esta custodia policial, a Rima Hassan se le solicitó la toma de huellas dactilares, una prueba de ADN y una fotografía —a lo que se negó— e incluso se la obligó a pasar tiempo en un calabozo, pese a su cooperación. "Los agentes no justificaron en absoluto esta solicitud a la luz de los hechos imputados, y menos aún teniendo en cuenta la jurisprudencia europea que exige una necesidad absoluta", denuncia. "Para una infracción de este tipo, todo ello es una vez más totalmente desproporcionado, más aún tratándose de una diputada que goza de una protección particular".

En su escrito, también critica algunas preguntas "particularmente intrusivas" y "discriminatorias" formuladas durante el interrogatorio: "¿Qué piensa de las leyes vigentes en Francia y de los valores republicanos?", "¿De qué confesión es usted?"o "¿A qué corriente se siente próxima?", preguntaron en particular los tres investigadores. Y el abogado concluye: "Además, mientras Le Canard enchaîné reveló que el portavoz del Ministerio de Justicia habría intercambiado información durante la custodia policial de la señora Rima Hassan, resulta indispensable que se esclarezca por completo la naturaleza de la información que le fue transmitida".

Además, se han abierto otras investigaciones. Una, iniciada por la fiscalía de París, para identificar a los autores de las numerosas filtraciones policiales que tuvieron lugar durante su interrogatorio; otra, llevada a cabo por la Inspección General, para aclarar en particular el papel del portavoz del Ministerio de Justicia.

La diputada, por su parte, está citada el próximo 7 de julio ante el tribunal judicial de París para responder por los hechos de apología pública de un acto de terrorismo.

Entrar en un pub irlandés, escocés o inglés en la Costa del Sol sigue siendo, para muchos, una forma de viajar sin salir de Málaga. La ambientación, la música, las retransmisiones deportivas y hasta la forma de relacionarse reproducen fielmente el ambiente británico, lo que explica que buena parte de la comunidad extranjera los convierta en su punto de encuentro habitual. Para quienes han crecido en la provincia, esta mezcla cultural no resulta extraña: forma parte del paisaje cotidiano desde hace décadas y ha terminado por integrarse en la identidad social de la zona.

En localidades como Fuengirola, Benalmádena o Marbella, estos locales no solo funcionan como bares, sino como auténticos centros sociales donde se comparten costumbres, idiomas y estilos de vida. Muchos expatriados encuentran en ellos un entorno familiar que reduce la sensación de estar lejos de su país. Incluso algunos negocios han adaptado su oferta para fidelizar a este público, con cartas, horarios y servicios pensados casi exclusivamente para clientes británicos o irlandeses.

Sin embargo, más allá de esa imagen turística y aparentemente inofensiva, estos establecimientos también han despertado sospechas durante años. Su elevado volumen de ingresos en efectivo, la rotación constante de clientes y la dificultad de rastrear determinadas operaciones los convierten en espacios potencialmente atractivos para actividades ilícitas. Entre ellas, el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico o de otras actividades delictivas ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades.

En este contexto, la reciente operación contra el clan Lyons ha vuelto a poner el foco sobre esta realidad. La detención de Steven Lyons supone un golpe relevante dentro de una investigación que llevaba tiempo en marcha. Este movimiento no solo tiene un valor operativo, sino también simbólico, al evidenciar la intención del Ministerio del Interior de actuar con firmeza frente a organizaciones criminales extranjeras asentadas en España.

El clan Lyons, con origen en Glasgow, no es una estructura desconocida en el ámbito policial europeo. Durante años ha protagonizado enfrentamientos, investigaciones y procesos judiciales en Escocia, consolidando una reputación ligada al crimen organizado. Su salto a la actualidad española se produjo tras el doble asesinato ocurrido en Fuengirola el 31 de mayo de 2025, un episodio que atrajo la atención mediática y que marcó un antes y un después en su actividad en la Costa del Sol.

A partir de ese momento, la Guardia Civil, especialmente a través de la Unidad Central Operativa (UCO), intensificó sus esfuerzos para analizar la presencia y las operaciones del clan en territorio nacional. Las investigaciones han revelado un entramado complejo que habría permitido el blanqueo de más de 50 millones de euros en España. Este dinero se habría canalizado mediante una combinación de negocios de hostelería, principalmente pubs, y una red de inversiones inmobiliarias construida a lo largo de los años.

Se estima que la organización controlaba al menos una docena de establecimientos en la provincia de Málaga, además de propiedades adquiridas a nombre de terceros. El uso de testaferros y sociedades interpuestas habría sido clave para dificultar la trazabilidad del dinero y evitar la detección por parte de las autoridades.

Este tipo de estructura no es nueva en el crimen organizado, pero su implantación en entornos turísticos internacionales como la Costa del Sol añade un nivel adicional de complejidad.

El atentado en el antiguo pub Monaghans de Fuengirola ocurrió en una noche especialmente concurrida por la final de la Champions League y supuso un punto de inflexión. La violencia empleada, sumada al contexto de gran afluencia de público, generó una alarma social y aumentó la presión sobre las fuerzas de seguridad para actuar con rapidez. Lo que hasta entonces podía pasar relativamente desapercibido quedó expuesto de manera evidentes.

Tras este episodio, el clan sufrió una serie de reveses operativos. Parte de sus miembros optaron por desplazarse a Emiratos Árabes Unidos, buscando reducir la presión policial y reorganizarse lejos del foco mediático. Sin embargo, esta estrategia no logró frenar el avance de las investigaciones. La cooperación internacional y el seguimiento de los movimientos financieros permitieron mantener el control sobre la organización.

El enfrentamiento con el clan Daniels, también de origen escocés, ha sido otro de los factores determinantes en la evolución de los acontecimientos. Esta rivalidad, que se arrastraba desde hacía años en Reino Unido, se trasladó a la Costa del Sol, donde encontró un nuevo escenario, al igual que ocurrió con los Hutch y los Kinahan de la mafia irlandesa. La importación de este conflicto elevó el nivel de violencia y rompió el perfil bajo que tradicionalmente habían intentado mantener estos grupos en España. Unos y otros fueron atacados por la Policía, los Kinahan en la histórica operación Shovel que les llevó a afincarse en Dubái y los Hutch en la isla de Lanzarote, donde fue detenido primero Gerry Hutch, el Monje, y recientemente su hijo, ambos por idéntico delito: blanqueo de capitales, en este caso en las Islas Canarias.

Este cambio de dinámica ha sido clave para que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional prioricen estas investigaciones. La presencia de armas de guerra, los ajustes de cuentas y los asesinatos en espacios públicos han obligado a reforzar la respuesta policial. Además, la posible conexión con otros casos relevantes en España ha ampliado el alcance de las pesquisas, situando a figuras como Steven Lyons en el centro de múltiples líneas de investigación.

En paralelo, los investigadores también han puesto el foco en las estructuras económicas que sustentan estas organizaciones. Más allá de los hechos violentos, el verdadero objetivo es desmantelar la base financiera que permite su funcionamiento. Sin recursos económicos, la capacidad operativa de estos grupos se reduce considerablemente, lo que convierte el blanqueo de capitales en un elemento clave dentro de la estrategia policial.

Todo ello refleja una realidad compleja: la Costa del Sol, con su carácter internacional y su dinamismo económico, ofrece oportunidades tanto para el desarrollo turístico como para actividades ilícitas. La convivencia de ambos aspectos plantea retos constantes para las autoridades, que deben equilibrar la promoción económica con la prevención del delito.

En definitiva, el caso del clan Lyons pone de manifiesto cómo determinadas organizaciones han intentado aprovechar este entorno para establecerse y operar con discreción. Sin embargo, también demuestra que esa estrategia tiene límites. Cuando la violencia irrumpe y la actividad delictiva se hace visible, la respuesta institucional se intensifica, dificultando la continuidad de estas redes en el territorio español.

A mediados de marzo, antes de Semana Santa, Narcodiario informaba de la caída de la organización criminal afincada en el entorno de Huelva que se había convertido en una de las mayores suministradoras de cocaína a nivel nacional, rivalizando con los clanes gallegos y con clientes fijos en Países Bajos. Los logos de la droga intervenida dejaron patente su relación con la oficina desmantelada pocas semanas antes en Madrid.

Ahora, la Policía Nacional da cuenta del global de un operativo histórico en el que se intervino el mayor alijo de droga colombiana jamás visto en esa provincia, 5.000 kilos de cocaína, introducido mediante embarcaciones de alta velocidad. Los sospechosos trasladaban la droga hasta dos 'guarderías' ubicadas en la provincia onubense y en Sevilla, donde los agentes localizaron cinco armas de guerra utilizadas para custodiar la mercancía, una pistola, vehículos, móviles y dinero. Tras su paso a disposición judicial, los diez detenidos, a saber, cinco españoles, tres serbios, un bosnio y un neerlandés, ingresaron en prisión.

El pasado 13 de marzo, varias personas introdujeron en territorio nacional un cargamento de aproximadamente cinco toneladas de cocaína a través de las costas de Huelva, empleando embarcaciones de alta velocidad. Posteriormente, la droga fue trasladada por carretera hasta la localidad de Gibraleón, donde se organizó su almacenamiento y distribución. Todo ello fue seguido muy de cerca por los especialistas antidroga de la Brigada Central de Estupefacientes.

A la mañana siguiente, los agentes detectaron el inicio del reparto de la droga y comenzaron a actuar. Una primera furgoneta trasladó parte del alijo hasta una vivienda en Utrera (Sevilla). Poco después, otra cargada con 35 fardos —más de una tonelada de cocaína— fue interceptada, procediendo a la detención de su conductor y de otros dos individuos que realizaban labores de contravigilancia desde un turismo para detectar cualquier presencia policial.

Para asegurar la mercancía portaban un arma larga de guerra, una pistola, abundante munición y un inhibidor de frecuencia, lo que evidenciaba un alto grado de organización y peligrosidad del entramado criminal.

Las actuaciones culminaron con la realización de dos entradas y registros en las viviendas utilizadas como guarderías para almacenar y custodiar el estupefaciente. En la de Gibraleón —Huelva—, los agentes intervinieron diversos fardos de cocaína con un peso de más de 3.500 kilogramos.

Además, se incautaron cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dinero en efectivo y una furgoneta sustraída con placas dobladas. Durante el asalto, realizado por el Grupo Operativo Especial de Seguridad —GOES—, los encargados de custodiar la droga intentaron huir, siendo finalmente detenidas cinco personas, entre las que se encontraba el propietario del inmueble. En Utrera (Sevilla), se incautaron 400 kilogramos de cocaína y también dinero en efectivo, logrando el arresto de dos personas más vinculadas a la organización.

Finalmente, la operación se saldó con diez personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo. Una vez que pasaron a disposición de la autoridad judicial esta decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

Durante la operación, la totalidad de lo intervenido, además de las cinco toneladas de cocaína, ascendió a cinco armas de guerra —cuatro Kalashnikov y un arma larga—, una pistola, cinco vehículos, 17 teléfonos y más de 5.000 euros en efectivo.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una red perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y capacidad logística para introducir grandes cantidades de droga en territorio nacional, almacenarla y distribuirla bajo fuertes medidas de seguridad para su posterior distribución a nivel internacional.

El operativo se une a otros recientes en los que, en ocasiones, los narcos gallegos se relacionan directamente con otros afincados en el entorno de Huelva, como se vio en la organización de Carlos Silla, ahora condenado, cuyos barcos empleaban esa zona para introducir parte de su mercancía. Relevante fue también en su momento la descarga a plena luz del día que captaron las cámaras pero que no pudo ser abortada en la que los narcos lucían AK—47 como los intervenidos en Gibraleón, y también importantes las acciones ejecutadas a lo largo del río Guadiana, otro de los canales de entrada de la droga en la Península por el suroeste.

La situación geográfica de la provincia, de cara al Océano Atlántico y muy cerca de África, la sitúa en el centro del escenario del narcotráfico. Tampoco hay que olvidar que esta zona está controlada por Sergio Mora Carrasco, alias El Yeyo, uno de los delincuentes más buscado de España y famoso por su pericia al volante de las lanchas rápidas, y vinculado recientemente con la trama del narcotúnel de Ceuta.

España, 1986. Las drogas (así, en plural y en genérico) son el mayor problema del país para un tercio de los españoles. El cuarto en gravedad por detrás del paro, el terrorismo de ETA (que mató a 41 personas) y la inseguridad ciudadana.

Aquel año se crea la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), impulsada por el exvicepresidente del Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado. El general que aguantó firme las sacudidas de Tejero en el Congreso el 23-F se enfrentaba ahora a otro enemigo que llevaba ya una década embistiendo al país.

En 1988 la FAD realiza su primera campaña: la imagen de una jeringuilla tachada y el eslogan “Engánchate a la vida”. Una jeringuilla de heroína, por supuesto.

La heroína había comenzado a arrasar España en la Transición. Durante aquellos últimos años setenta y los ochenta, cuando se alcanzaron los picos de consumo, pero también en los noventa, cuando más visible fue todo su impacto, más de veinte mil personas (jóvenes, principalmente) murieron de sobredosis, trescientas mil fueron tratadas por adicción, y miles y miles se contagiaron enfermedades desde el sida a la hepatitis por compartir jeringuillas. La heroína, el caballo, galopó por España dejando un reguero de muertes, de familias destrozadas y de delincuencia desbordada. Era una crisis de salud pública. Fue una epidemia. Las drogas, así en plural y genérico, como se nombraban en las encuestas, eran un monstruo.

Enero de 1992. Nueva campaña de la FAD. “Ten cerebro, pasa de la coca”. La droga es ahora un gusano que repta tabique nasal arriba hacia el cerebro. Como una secuencia de ciencia ficción. Solo el sonido del anuncio que se hizo para televisión y radio, todavía hoy, resulta estremecedor.

A mediados de los noventa las drogas, todavía en plural y genérico, son el segundo problema para los españoles por detrás del desempleo. Preocupan a la mitad de la población. Son esos años en los que la crisis de la heroína se muestra en todas sus consecuencias.Pero no, no son las drogas, así en plural y genérico, sino la heroína. 

La FAD acaba de apuntar a la cocaína, el gusano que devora cerebros. Pero diez años antes, en 1982, cuando se disparan los adictos al caballo y los delitos se han duplicado, la coca era “un signo externo de riqueza”, como se la definía en una llamativa crónica de El País fácilmente accesible en la web para quien quiera leerla. Merece la pena hacerlo. Parece un publirreportaje de los productores y traficantes de cocaína.

Mientras la heroína causaba estragos, la cocaína avanzaba sigilosa. La cocaína no era la heroína. El perico nada tenía que ver con el caballo. Ni siquiera en el imaginario popular. Ni en el lenguaje, porque las cosas son según las nombramos. La heroína era la de los yonquis, la de los muertos vivientes que se descomponían en directo hasta desaparecer. La coca era de los yupis, el signo externo de riqueza de las élites. Como el caviar y el champán, como decía la crónica del periódico. La heroína era un chute, la coca una raya o un tiro. Uno iba drogado o colgado y el otro puesto.

El consumidor de caballo era el marginal que atracaba para meterse un pico, eran las kundas atravesando las ciudades hacia sus arrabales, los zombis en los metros y las plazas, las jeringuillas en los parques que los padres apartaban a patadas lejos de donde jugaban los niños. La coca no se veía públicamente. Su consumidor no necesitaba atracar para consumir. Al contrario. Era el producto de una elite financiera o cultural que tenía dinero de sobra para pagar las diez mil pesetas el gramo (lo mismo que sigue costando). Los de la heroína eran marginales. Los de la coca, aspiracionales. El caballo era degradación y muerte. La coca, éxito y glamour.

Ambas sustancias habían irrumpido en el país prácticamente en paralelo, a finales de esos años setenta de apertura en España. La coca no solo llegó a España en esa época. Lo hizo al mundo. A principios de los ochenta se vivió lo que después se bautizaría como el boom de la cocaína. Los carteles colombianos, que habían traficado ya con marihuana hacia Estados Unidos, emplearon las mismas redes para mover la sustancia que entonces se producía en Perú y Bolivia. El salto a Europa llegó inmediatamente después.

En 1992 la FAD apuntaba a ella por primera vez. Como había hecho con la heroína y la jeringuilla tachada y aquel “Engánchate a la vida”.

Aquel mismo año, en verano, se lanzó otra campaña, la que más se repetiría recurrente a lo largo de la década. Simplemente, un NO. Un gran NO a las drogas. A todas. Era la adaptación española del Just Say No, que se convirtió en la gran campaña contra las drogas en Estados Unidos en los ochenta, impulsada por Nancy Reagan.

Pero la heroína y la cocaína ya no eran lo mismo. Solo lo fueron, en realidad, como objetivos de esas campañas. La cocaína no se asociaba a los problemas de la heroína, ni a las sobredosis, ni a las enfermedades ni a la delincuencia. Al contrario, era diversión, estatus, prestigio incluso. La comparación con la heroína disparó a la coca. Si alguna vez pudieron ser equivalentes, como aquello que se llamaba las drogas duras, en comparación con el cannabis, la blanda, enseguida se distanciaron.

Y los consumidores de cocaína no decían no, sino sí.

Año 2007. La imagen muestra a un hombre trajeado tirado en una calle sobre unos cartones. Se parece al yupi psicópata Patrick Bateman que Christian Bale ha interpretado siete años antes en American Psycho. “Cambia tu percepción. Piensa” es el sugerente eslogan que la acompaña. La FAD aspira a mostrar los nuevos rostros de las drogas, a los consumidores que aparentemente no parecen serlo.

El paro, la vivienda y la economía son las mayores preocupaciones de los españoles. Solo dos de cada cien personas mencionan las drogas, así, todavía en plural y genérico.

En 2007, 8 de cada 100 personas en España confirmaba haber probado la cocaína al menos una vez en su vida. Al comienzo de esa década lo hacían cinco.

Aquellos años se alcanzaba en España el récord de consumo. Más del tres por ciento de la población confirmaba haberla tomado durante el último año, casi el doble que una década antes. España se encaramaba entonces a los rankings como uno de los países con mayor consumo en el mundo.

Las drogas, la coca, eran para la FAD ese yupi de película tirado en la calle. Pero la coca hacía tiempo que había dejado de ser de yupis, o de artistas, o de élites. Su consumo había avanzado ya por toda la pirámide social. Seguía costando lo mismo que cuando era un producto de lujo, como el caviar, el champán o los coches deportivos, como la comparaba aquel artículo de El País, pero el nivel adquisitivo había subido, España vivía el apogeo previo al estallido de la burbuja y la cocaína había entrado ya en otra dimensión.

Años 2024 y 2025. Un montador de cine encadenaría las noticias, con ritmo de thriller, para crear la secuencia perfecta. Trece toneladas de cocaína, récord histórico, incautadas en el puerto de Algeciras. Siete toneladas descubiertas en una finca en Coria del Río, Sevilla, que habían subido en narcolanchas por el Guadalquivir. Dos toneladas decomisadas en el puerto de Valencia. Siete toneladas intervenidas en un barco en alta mar a quinientos kilómetros de Canarias. Cada pocas semanas, una noticia parecida. Cambian las cantidades, todas de récord, y la localización. La coca entra por Canarias, por Galicia, por Valencia, por el Guadalquivir, por toda la geografía... 

Jamás se había incautado tanta. Pero nunca, tampoco, se había producido tanta. La ONU estima que la producción mundial ronda ya las 4.000 toneladas anuales. En quince años se ha multiplicado por cuatro. Colombia es hoy el principal productor, seguido por Bolivia y Perú, a pesar de que la planta de la coca nunca había crecido de forma autóctona en este país. Naciones Unidas apunta que hay 25 millones de consumidores de cocaína en el mundo, ocho más que hace una década. Y subiendo…

Las drogas, en plural y genérico, no aparecen hoy en las encuestas sobre los temas que más preocupan a los españoles. Tampoco ninguna en concreto.

Si en 2007 ocho de cada cien personas habían probado la cocaína, hoy son ya casi 14 los adultos entre 15 y 64 años, y sube cada año. Eso significa que más de cuatro millones y medio de personas lo han hecho. Y la cifra es seguro aún más alta porque en esta estadística del Plan Nacional sobre Drogas se quedan fuera los mayores de 65 años que la hayan probado. 

Para los expertos en salud pública y drogas, este no es el dato relevante, sino los que apuntan a los consumos continuados, como las personas que han consumido una sustancia durante el último año. Sin embargo, ese 14% es el dato más alto de todos los países del entorno español. En ningún otro país un porcentaje tan elevado de la población sabe lo que es meterse una raya. Y aunque no sea representativo de un consumo continuado, resulta, cuanto menos, revelador.

Hoy la heroína es marginal en España. Pero no marginal como la marginalidad con la que se asociaba en los años de la epidemia, sino por consumo: un 0,7 por ciento de la población la ha probado alguna vez en la vida y un 0,1 la ha consumido el último año.

La cocaína, en cambio, la ha consumido el 2,5% el último año, cerca de 800.000 personas, con el triple de consumidores entre hombres que mujeres y con los adultos entre 35 y 45 como los mayores consumidores.

Estas mismas estadísticas señalan que hay en España 130.000 personas con un consumo problemático de cocaína. Y la cifra es muy llamativa en dos sentidos. En el primero, por lo obvio: el número de personas con un trastorno. De hecho, España es el país de la Unión Europea donde más personas buscan tratamiento por adicción a la cocaína. En total, cerca de 10.000 pacientes nuevos al año, el doble si se cuenta a los que han recaído y vuelven a intentarlo. Muy lejos todavía de aquellos que sufren problemas por el alcohol, la sustancia que, con diferencia, más estragos provoca.

El segundo motivo es que se considera problemático el consumo que supera los treinta días durante el año. Es el baremo con el que trabajan los expertos y de ahí la estadística da como resultado esas 130.000 personas con problemas por la cocaína en España. Pero ese baremo muestra que existe también un consumo que, aun siendo nocivo y de una sustancia altamente adictiva, no tiene por qué ser problemático, y donde se encuadra todavía una mayoría de consumidores en España. Pero estos consumidores no aparecen en las campañas ni en los debates sobre drogas y salud pública. Miles de personas que, pese a todo, dicen sí.

En 2026 las drogas, así, todavía en plural y general, siguen siendo las drogas del gran NO copiado a Estados Unidos. Pero los niveles de consumo, como el de la cocaína, suben cada año y ya se acercan a los niveles previos a la crisis, cuando cayó su consumo como se desplomó todo el consumo en general.

La realidad es que nunca había tanta en el mundo ni había llegado tanta a España. De hecho, el kilo comprado al por mayor, para la venta después al menudo, está en mínimos históricos.

Pero no es solo la cocaína. 

Año 2026. Si se abre el foco, la imagen ya no es de una jeringuilla, ni de un gusano devorador de cerebros o de un yupi tirado en la calle o la de ese NO rotundo tan ineficaz como irreal. Ahora también es la del consumo desorbitado de ansiolíticos e hipnosedantes, donde España lidera Europa; la del juego online; la del alcohol, por supuesto; la del chemsex, la de las redes sociales; la de tantos consumos desorbitados y adicciones más... 

¿Cuáles son hoy las drogas que no preocupan a los españoles?

Y a falta de un eslogan, una pregunta que sobrevuela todas esas imágenes, que probablemente no sean imágenes independientes sino cromos de un mismo álbum: ¿por qué?

*David López Canales es autor del libro ‘¿Una rayita? Por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello’ (Anagrama, 2025).

1981. Febrero. Lunes. Antonio Tejero entra y sale a toda velocidad del Congreso. Y, al día siguiente, en Berlín, ganaba el Oso de Oro Deprisa, deprisa, la última cinta de un Carlos Saura en estado de gracia que narraba, con ritmo de thriller, las vibraciones de la juventud del baby boom en las periferias metropolitanas, sus deseos, amores y fantasmas. La densidad de aquel momento histórico llenaba las películas, más allá de los guiones. Bastaba con poner una cámara para que la realidad se pegase, como el vaho en un espejo. Esto sucede en Después de..., el documental de los hermanos Cecilia y José Juan Bartolomé que mostraba la polarización social y las movilizaciones y que la Dirección General de Cinematografía secuestró en aquella primavera de 1981, como si la cinta hubiese profetizado el mismo golpe de Estado. Y es que, por más que sus protagonistas, tomados a puñados, resulten impotentes, la imagen de una sociedad a punto de ebullición parecía terrible, vista en pantalla grande. Con el documental también secuestran las únicas imágenes en movimiento conservadas de “Los Hijos del Agobio”, un colectivo libertario de Vallecas, autonombrado a partir de un disco de 1977 del grupo Triana. Sus miembros piden el final de la represión, la libertad de los presos sociales y la legalización de las drogas: la suya era una democracia sentida desde abajo.

Como en el documental de los Bartolomé, también Saura cumple con la obligación de dar testimonio de un tiempo dando voz a sus jóvenes. Y también lo hace activando una memoria propia: la de Los Golfos de 1962 que, en 1980, se han modernizado, conducen y disparan mejor. Siguen teniendo por dentro el alma tierna, y luchan por su derecho a la belleza, pero ya no quieren ser toreros, si acaso ver el mar o comprarse un piso de clase media con refrigerador. Pero, además, entre 1962 y 1980, estos jóvenes arrabaleros se han hecho más químicos y todo lo empujan con magias. Y si la velocidad parece ser el protagonista evidente de una cinta con prisa –el tráfico incesante de una recién construida M-30, los servicios de emergencia, la inmediatez de las noticias, la aceleración del capital y de la policía–, es porque el ritmo que la época imprime a cada cuerpo encuentra su antítesis en el fármaco: la heroína –con esos últimos caballos perdidos entre los fantasmas de unos lagos con patos– permite a la juventud transicional sustraerse de los ritmos del Estado, el trabajo y el consumo, al precio de sus vidas. Mientras, consumirán para mantener la calma, para concentrarse o celebrar. Entre morfinas y endorfinas, los fármacos acompañan, unas veces rápido y otras veces lento, los dilemas que cantan Los Chichos en su rumba de arrebato: el amor o la riqueza, tú o mis ideas, el cielo o la vida que nos toca en Deprisa, deprisa.

Pero por mucho cine, música y poesía que se le ponga, la heroína o la acción directa estaban lejos de ser simples temas literarios: por ello, parte del mito de Deprisa, deprisa se debe a que dos de sus protagonistas fueron detenidos en aquella misma primavera de 1981 en el curso de sendos atracos a sucursales de banco, como en una suerte de quijotes quinquis de la propia fábula de Saura, antes incluso de que esta se hubiese estrenado en España. Este es uno de los elementos más fascinantes de buena parte del cine transicional, la continuidad entre los relatos de ficción y las vidas de sus protagonistas, todos atravesados por la ebullición de la época. En el caso del llamado cine quinqui, sus jóvenes protagonistas son a la vez sujetos y objetos de sí mismos. En sus fábulas bioliterarias, las drogas ocupan muchas veces el lugar de la ficción caballeresca, un elemento real que hace contable y legible de manera ficticia procesos sociales muchos más violentos, complejos, oscuros, enigmáticos. En este sentido, no hay ninguna alegoría más rotunda que El Pico (1983), de Eloy de la Iglesia, donde la heroína hermana trágicamente a dos hijos de las dos Españas, o las dos Euskadis, cuyos padres son respectivamente un comandante de la Guardia Civil y un líder abertzale. Ante la violencia que estructura la futura Zona Especial Norte, la muerte de los más jóvenes a comienzos de los años ochenta obligaba, al menos en el cine, a un cierto ritual de conciliación y empatía. 

En las cintas de De la Iglesia, de Saura, de Montxo Armendáriz, entre otros, la distancia entre los lenguajes de la ficción y los de la cultura juvenil se vuelve muy porosa. Hay una voz generacional, reconocible más allá de los brillantes guiones, por más que sigan funcionando como alegorías sociopolíticas. Son cintas dirigidas a una audiencia progresista a propósito de cuestiones difíciles de conversar a viva voz: la disidencia en la democracia, el deseo como transgresión, y la libertad de los hijos de la Transición para definirse en sus propios términos. Una película central a este respecto resulta El Diputado (1978), donde se cuenta cómo, mientras la Transición avanza, un nuevo sujeto político colectivo, con el que nadie contaba, llena las calles. Son los jóvenes del baby-boom. Provienen de los límites e intersticios sociales, y nadie sabe muy bien qué hacer con ellos, además de reprimirlos por fumar hash. Para De la Iglesia, la sociedad democrática se juega su sentido moral en su capacidad de incorporar a esta juventud extensa y marginalizada. Y si esta fuese la brújula, el balance, tres años después, resultaría desolador, pues, el 17 de enero de 1981, El País publicaba que “cada 56 minutos se comete un atraco a un banco”. Habría entonces un problema de orden público, entre cuyas causas se encontraba, supuestamente, el consumo de fármacos: “La carga de los drogadictos es casi una escena onírica. Siguen pautas de libro psiquiátrico”. 

En el contexto del golpe de Estado de 1981 cualquier cosa resultaba fácil de instrumentalizar y la delincuencia más, pues movilizaba poderosos deseos de represión, disciplina y orden público, con evidentes resonancias actuales. Sin embargo, aunque la imagen de la juventud quinqui se haya contorsionado gracias a medios de información y de ficción, ello no impide que existiese un sujeto colectivo por debajo. Incapaz de caber en los marcos de lectura de la época, habría ido adquiriendo nombres diversos desde 1978: pasotas, ácratas, macarras, colgados, degenerados, drogotas, quinquis, yonquis... Desde la perspectiva del Estado se trataba de “peligrosos sociales”, objeto de una legislación específica en 1970, todavía vigente en muchos aspectos después de 1978, y que, junto con la Ley de escándalo público y otras normas, permitía canalizar los comportamientos juveniles no normativos mediante una red de cárceles, patronatos de la mujer o psiquiátricos, contestados por movimientos sociales y colectivos de derechos ya entonces. Este régimen de excepcionalidad, de matriz tardofranquista, que duró en algunos aspectos hasta casi los noventa, supo encontrar en las pautas de consumo farmacológico juveniles el origen y el sentido de sus acciones represivas en plena democracia. Y la droga (así, en singular) era el objeto que hacía necesario el control y represión de sus usuarios, como han señalado los investigadores. Pero aquellos mismos jóvenes también lo supieron contar en vivo y en directo, en un magma pastoso y dolorido.

Alrededor de 1979 una tormenta perfecta –crisis económica y política, impasse institucional, ola nostálgica, masivo paro juvenil– para una generación socializada en la transición que persigue la ruptura en los ámbitos de la vida cotidiana y, por supuesto, usuaria de una amplia botica: hachís, marihuana, LSD, speed, anfetaminas (Bustaid, Optalidón...), cocaína, ansiolíticos, barbitúricos y sedantes (Orfidal, Veronal) y, a partir de 1979, de forma decisiva la heroína. Pero, aunque las pautas de consumo de las juventudes democráticas, dentro y fuera de las fronteras españolas, no sean quizá tan divergentes de las de aquella juventud transicional, la percepción colectiva sobre el tema parece haber cambiado. Quizá se ha normalizado, y diluido, en favor de una cultura química como la actual, de consumo hedonista y clínica analgésica. Pero también se ha secularizado. Porque lo que caracterizaba la expansión farmacológica en los años setenta era particularmente la capacidad de aquellas drogas de vehicular una parte relevante de las identidades de sus usuarios, de las expectativas culturales y políticas de su generación. Y ello, en dos momentos muy concretos: primero, la apertura contracultural del ácido lisérgico a finales de los años sesenta y, segundo, el aumento en el consumo de heroína en los años ochenta, un cambio de época relacionado con una importante experiencia de marginalidad y mortalidad juvenil. 

Desde 1968, la expansión del LSD, a rebufo del movimiento psicodélico, representó una destacada ola de creatividad global, con filósofos, músicos, diseñadores, artistas y cineastas. La importancia de esta vanguardia está bien establecida cincuenta años después, con tesis doctorales y exposiciones, incluyendo los vínculos que unen cibernética, contracultura y capitalismo avanzado. Con sus contradicciones y resistencias, esta oleada vanguardista, en el contexto ibérico, resulta fundamental para entender la música progresiva, el enlace del flamenco y el rock, la identidad turística de Ibiza o Formentera, la música de Pau Riba o de Vainica Doble, la pintura de Reimundo Patiño o de los Esquizos de Madrid, el cómic underground, el cine del primer Zulueta, las bases de la futura Ruta Destroy o el desarrollo de la ecología y los movimientos pacifistas. En este contexto, el ácido representaba la apertura de “puertas de la percepción” que permitían una comprensión pacífica y liberada del lugar colectivo propio en el mundo, la interrelación con los demás y con la naturaleza, o el diálogo simbólico con los traumas de la “mala educación” de la postguerra. Para poetas visionarios como Ignacio Ciordia o Julio Antonio Gómez, la farmacia expansiva permitía remontarse a la represión franquista de la Guerra Civil con el propósito de hacer posible el diálogo con la memoria que la dictadura habría impedido. Pero, entre todos estos casos, destaca el de Ramón Sender Barayón quien, hijo del exilio de su padre (Ramón J. Sender) y de la contracultura californiana sería uno de los promotores de la primera de las comunas hippies, Morning Star. Y allí, fruto del ayuno, del yoga solar y del ácido recibiría la visita de su madre desaparecida, Amparo Barayón, quien reclamaría a su hijo que fuese en su busca. De ese doble viaje nacerá uno de grandes libros sobre la memoria de la represión franquista: Death in Zamora (1989). 

El carácter luminoso, utópico, expansivo de esa oleada química y generacional contrasta más cuando lo ponemos en relación con su revelado oscuro al otro lado de la Transición española, en el contexto internacional del tatcherismo, el reaganismo y el punk, ante la limitación de las expectativas de un cambio político emancipador y el progresivo cierre político-militar de los ochenta. También el 23-F tuvo mucho de “vuelta al orden” (o de re-traumatización) para amplios sectores de la sociedad. Y, así, para sus capas juveniles, contraculturales y suburbanas, los ochenta serán Los años de la aguja (2002) por tomar prestado el título del libro compuesto por Gonzalo García Prado, una obra de no-ficción, escrita a partir de los diarios, los documentos y las historias de vida de dos heroinómanos zaragozanos, que cuentan su paso “del compromiso político a la heroína”, en un fino intervalo alrededor de 1980. El vacío del entusiasmo y la militancia se vuelve tan grande que resulta necesario llenarlo con otro cuelgue por lo menos semejante, como el que proporcionan los derivados de opio. A cambio, sus protagonistas acaban por convertirse en una suerte de antropólogos de sí mismos, en los autores de unas “notas para una historia de la Zaragoza yonki”. Contemplan con asombro la aparición, a principios de los ochenta, de miles de jóvenes, que no han tenido tiempo siquiera de decepcionarse, pero que ya se consideran adictos y adictas. Sus pautas de consumo son diferentes. Y paradójicas: antes de poder haber desarrollado una dependencia física se comportan como yonquis culturales. Confunden la ebriedad con el síndrome de abstinencia. Son adictos por medio de relatos, expectativas y fábulas. Son, a su manera, yonquis quijotistas, por más que prisiones, enfermedades y una dura marginalidad social acabe por transformarlos. 

Los datos demográficos disponibles –como los de Rafael Puyol– confirman el relato de García Prado: desde finales de los años ochenta hasta mediados los años noventa, hay un pico desmedido de mortalidad juvenil sobrevenida, concentrado en los nacidos entre 1955 y 1970, explicable solo desde un conjunto de factores culturales combinados. Entre ellos, destacan el impacto de VIH-SIDA, accidentes, suicidios, enfermedades sobrevenidas y pauta de consumo endovenoso de heroína. Y si las curvas de las gráficas resultan difíciles de surfear, estas se vuelven mucho más concretas en la memoria infantil de aquellos años en los que muchos niños de La Bola de Cristal no nos atrevíamos a ir solos por los centros históricos de las ciudades de provincia.

Un día aquellos jóvenes prematuramente envejecidos, sin manos o sin tabiques, presentes en el billar o la sala de máquinas –hermanos, tíos, primas, propios o de los compañeros del colegio, hijos de la frutera o de la vecina– desaparecieron para siempre. Y era como si un capítulo de la historia colectiva se hubiese cerrado. Habrá que esperar décadas hasta que su recuerdo y sus memorias trasciendan el extraño borrado que los habría absorbido. Sobre los pasos de investigadores como Juan Carlos Usó o Juan Gamella y testimonios generacionales como los de Pepe Ribas, Xulia Alonso o Lulú Martorell, irán apareciendo textos y documentos como Morir de día (2010), de Laia Manresa, La atracción del abismo (2021), de Álvaro Heras-Gröh o Juan Trejo, Nela 1979 (2024). Y, en ese viaje, el reconocimiento de los destinos terribles de una generación conceptuada como yonqui se ha vuelto inseparable del estudio y reconstrucción de sus entornos culturales, sus espacios, sus valores, sus lenguajes, su arte y su literatura. Las revisiones queer y feministas de la Transición también han ayudado. Y, por el camino, ha sobrevenido el boom de las narcoficciones globales y de la “Galicia narco” de los mil remakes de Fariña (una serie donde lo único que se dice en gallego es pai, fillo y carallo), que, por suerte, no ha afectado a este lento trabajo de tejidos de recuerdos íntimos, que implica reediciones de textos como Nosotros los malditos (2024), de Paul Malvido, o la poesía completa de Xela Arias.

Así, la recuperación de las memorias yonquis ha ido ganando visibilidad y se ha pluralizado, lo que implica un campo de escrituras complejo y en disputa, desde proyectos como La contrarrevolución de los caballos o No more tickets to the funeral de Marta Echaves, la colección de literatura contracultural publicada por el Ajuntament de Barcelona o la La Web Sense Nom de Canti Casanovas, el imaginario neo-quinqui de El Coleta (“chiquitán chiquititantán que tumba/el partido de la ruta”, Vota PDR, 2016) o el testimonio poético de la derrota generacional del 15-M en El Gato de Schrödinger (2012) de Miguel Grimaldo. Gracias a todo ello, una película como Romería (2025) de Carla Simón puede resultarnos íntima y vibrante en la sala de cine, o un producto estetizante y descontextualizado si lo observa alguien nacido en el barrio de Coia en el Vigo de los ochenta. 

Video Nou, un colectivo de televisión comunitaria, nos ofrece una de las más vivas entradas al espíritu de aquellos primeros ochenta en Los jóvenes del barrio (1983), a propósito de Can Vies, una de las muchas periferias fuera de foco de la Barcelona socialdemócrata. Allí, jóvenes, activistas sociales y vecinos nos hablan de las batallas cotidianas por la supervivencia, vitalmente comprometidos en un entorno duro, de represión y violencia. Desde finales de los setenta, también la heroína forma parte del paisaje. Su consumo en vena se ha normalizado. Jóvenes contraculturales, chavales de barrio, bohemios y “peligrosos sociales” acaban compartiendo cárceles y drogas. Los niños de Can Vies lo saben y por ello cantan una rumba gitana, terrible pero hermosa (“heronía, heronía, es lo que tú quieres”) que, con la intensidad del Romance del prisionero, habla del amor y la droga, de la ausencia y el mono, de la prisión, el desamor, el olvido y la muerte, con un estribillo profético, generacional: “ya se lo han llevao, / ya se lo han llevao, /en un coche blanco, /blanco y colorao”. Esa intensidad agonística reaparece en muchos otros textos de época, con metáforas propias de la tradición popular que, de pronto, adquieren una valencia química (“vuela, vuela que vuela/ paloma, vuela que vuela”, “y te busqué en las tinieblas y te luché conta los vientos”, de Tijeritas en 1984). Así, con su rotundidad ingenua esos poemas sostuvieron la experiencia colectiva de una generación supuestamente privada de la letra, entre palmas y sintetizadores eléctricos. Y, en esa línea, junto con temas de Triana o Pata Negra, habrá también que mencionar a Camarón, otro explorador arrebatado, quien, en 1992, poco antes de su muerte, compondría versos de inevitable sabor farmacológico y poético: “Llevo dentro mi sangre/ Un potro de rabia y miel / Se desboca como un loco / No puedo hacerme con él”. Este hilo químico conecta alta y baja cultura, literatura underground y hablas populares, poesía y música. 

Así, sea en la rumba y el pop gitano, en el flamenco o el rock radical vasco (o extremeño), el universo de deseos, necesidades, aspiraciones y temores que atraviesa a la juventud de los años ochenta y noventa se cose con metáforas líricas y denuncias políticas que van del ubi sunt del Pepe Botika en 1993 (“¿Dónde están mis amigos? [...] Carabanchel, La Modelo, Herrera de la Mancha”) al Ustelkeria (1991) de Negu Gorriak, con querella de Rodríguez Galindo, antes de su condena por los GAL. Por no mencionar las letras de Leño, Ñú, Cucharada, Topo, Burning, Asfalto, con sus referencias suburbanas a las adicciones, unas veces vistas como elección, otras como maldición y en ocasiones como denuncia violenta contra un sistema violento. En ese contexto, la cruda lucidez de Eskorbuto resulta lacerante, desde las letras de su disco de 1986 Anti todo (“Los que trabajan se olvidan de los parados / y los que están libres de los encarcelados”), o su intervención en el programa infantil La Bola de Cristal (1985) cantando “Os engañan”. Al cabo, las promesas de la heroína parecían en aquel contexto al menos más seguras que las de la política: “Ya estáis muertos”. 

La heroína resulta también la metáfora central de Cançons d’amor i droga (2005) de Albert Pla, disco compuesto sobre los poemas de Pepe Sales, también músico, pintor y activista. Sales, el día que conoce que está enfermo de VIH, marca su condición con una cruz de esparadrapo sobre el corazón, en uno de los primeros outings seropositivos de un artista español. Sales transformará ese estigma –y el propio cuerpo que lo porta– en su herramienta de trabajo poético, y así compone usando la aguja y su propia sangre una obra pictórica rotunda, con sus “Cristos de las Farmacias”, o un “Sagrado Corazón Seropositivo”, con jeringas por puñales y los blísteres vacíos de retrovirales. Al igual que en Sales, en otros escritores y artistas la relación corporal entre la enfermedad y la droga se expresa desde la lógica del sacrificio y la metáfora del chivo expiatorio (el pharmakos). Y, así, en una temprana acción de colectivos activistas, sucedida en la Puerta del Sol de Madrid en el 1993, se recortaron las siluetas sidosas en el suelo, frente a la que fuera sede de la Dirección General de Seguridad, trazando una línea explícita entre el pasado silenciado de la dictadura y la desaparición de una parte de la generación primera de la democracia. Ese, al menos, era su sentimiento, el de estarse muriendo a la vista de todo el mundo, pero sin ser vistos en realidad por nadie.

Tal paradoja acaba por marcar la experiencia mortal de esta generación. De ella hablan en sus producciones: se trata de habitar una suerte de “invisibilidad hipervisible”, de disponer de un cuerpo que es más cuerpo por ser menos humano, un cuerpo yonqui, marcado por los estigmas de la palidez, la delgadez, las heridas e infecciones. Así, Fernando Merlo, autor de un libro poético mayúsculo, Escatófago (1983), describe la “enigmática piel de los drogados”, que nacía de los “besos verdes de la aguja” y de las venas convertidas en “tibias cobras de veneno breve”. O el dibujante Ceesepe, en un famoso retrato de Ouka Leele, se presenta en 1979 como una Gorgona hipodérmica, con el pelo sustituido por agujas, cuya mirada contagia un olvido profundo, definitivo. 

Este cuerpo yonqui implicará, además, también una forma de habitar el género más allá del género, como teorizará Paul B. Preciado, a propósito de la noción de “fármaco-política” y “porno-poder”, desde 2008. Y, así, para muchos jóvenes contraculturales, la monstruosidad se convirtió en una segunda piel queer y drogada, y más o menos irónica (“mi novio es un zombie, es un muerto viviente”, cantaban Alakaska y Dinarama en 1989), con predilección por el vampirismo, al que Eduardo Haro Ibars dedicará su Empalador (1980). Si ya en su temprano Gay Rock (1975), la idea de un cuerpo performativo, mutante, andrógeno estaba en el corazón de su estética, diez años después esta se ha somatizado por medio de la heroína. Y, así, en su último poemario, En Rojo (1985), escritura, memoria, cuerpo y droga se entrelazan fatalmente: la sangre como metáfora de la escritura, la tinta como fármaco, el cuerpo como libro... Las imágenes de Haro Ibars son duras cuando escribe sobre la destrucción de su generación, vampiros posmodernos, residuos de un capitalismo avanzado, perseguidos por el malleus maleficarum, el martillo de herejes, manejado ahora por el ministro de Interior. 

A propósito de estos fantasmas, sucede que si la literatura o el arte compuestos bajo influencia nos interpelan es porque los temas que plantean son culturalmente centrales. La farmacología solo los densifica. Así, las relaciones entre creación y fármaco, entre ficción y vida, época y persona, deseo y necesidad, poder y placer, cuerpo y fluido, constituyen el corazón de obras como Entre tinieblas (1983), de Pedro Almodóvar, o Arrebato (1979). de Iván Zulueta, otra cinta de culto generacional. También en ella se entremezclan los contornos (bioliterarios) entre ficción y la experiencia histórica. Su leyenda asigna un destino trágico a quienes la filmaron, en una suerte de mise en abîme con su propio argumento: la historia de un creador que se debate entre seguir filmando o entregarse definitivamente a su adicción y que, en ese intervalo, redescubre el carácter adictivo del cine. Es también una historia de vampiros heroinómanos y cinéfilos que se aman, se filman y contagian. Es un relato sobre la dependencia obsesiva de la creación, entendida como tarea radical. Y un lamento por la imposibilidad de una existencia concebida como éxtasis permanente, contada desde un cierto misticismo pop. Es, por último, una suerte de fábula profética: una invitación a desaparecer, del otro lado del espejo (con Lewis Carroll), de irse a vivir, para siempre, a la literatura o a la química. 

El escritor coruñés Lois Pereiro tuvo sobre su cuerpo los estigmas del VIH, la heroína y el síndrome de la colza. En noviembre de 1994 firmaba un Acróstico, conmovedor poema cuyas iniciales repetían “SIDA/SIDA/SIDA/SIDA”, y que hablaba de los empeños generacionales en una clave humana y sensible. Compartía el dolor de haber sido para sus seres queridos “la muerte”, inoculando “para siempre a quien amaba/dosis letales del amor que envenenaba”. Y hacía suya, como experiencia colectiva final, la “sustitución del deseo por el exilio”, en un “viaje sin retorno”. Aquella juventud drogada habría sido solo “un interludio atroz entre dos mundos de silencio”. 

La cuestión del silencio póstumo y del olvido la reencontramos en muchos de estos poetas. Habla del miedo ante la propia muerte, pero no solo. Para muchos apunta a la naturaleza intersticial de la literatura como fármaco, como otra forma de existencia –vida suspendida, naturaleza muerta, embalsamada–, que, en ocasiones –Eduardo Hervás– requiere de la desaparición física del autor para poder darse. Y, en otras, como en las elegías salmantinas de Aníbal Núñez, implica una reflexión poética profunda sobre la escritura, la ciudad y el paso del tiempo. Al cabo, como muestra la obra lisérgica de Las Costus en su propio Valle de los Caídos, el problema generacional de la escritura y la dependencia nace (¿y quizá muere?) como un problema de relación con el pasado y su herencia. 

La literatura drogada es fármaco porque es primeramente texto. E incluso cuando quiere contar, como ahora, las roturas en los hilos colectivos de la memoria, también permite recoser esa misma memoria para fabricar para ella otras herencias, otras tramas de vida. Es lo que plantea contemporáneamente Manuel Rivas, amigo de Pereiro, que tuvo muy presente la experiencia de la heroína, desde su primera novela, Os comedores de patacas (1992). Era este un homenaje galaico al The Catcher in the Rye de Salinger (y al Opium-Eater de De Quincey), que produjo en algunos lectores adolescentes en los años noventa un impacto parecido al de ver Trainspotting: el reconocimiento de que las drogas eran parte de la experiencia cotidiana juvenil se convertía, de pronto, en un mandato de supervivencia. Frente a los ritos de pasaje sacrificiales de la Transición, el primer mandato ético para los hijos y nietos del campesinado gallego –los comedores de patatas–, debería ser el de la supervivencia. Desde este linaje humilde y popular, Rivas reconstruye en los dosmiles la memoria histórica y las tradiciones republicanas propias, para volver en Todo é silencio (2010) sobre el mundo de la heroína en los ochenta. En esta novela, una vieja escuela indiana, construida por emigrantes republicanos y cerrada por el franquismo, proporciona un altar narrativo a la transición química: sobre la extensa superficie de un mapa tallado de madera –como en la epidermis del cuerpo colectivo– los protagonistas de Todo é silencio se aman, pinchan, dañan y destruyen en el eterno trabajo de contarse y recontarse. Es el éxtasis breve –pero definitivo– de la literatura, que la literatura compara con el amor, la memoria, la heroína o la vida, en el misterio colectivo de un silencio común, roto de pronto. 

*Germán Labrador Méndez es Investigador Distinguido (ATRAE-CSIC) y autor de ‘Culpables por la literatura. Contracultura e imaginación política en la transición española’ (Akal, 2017). 

Hay una escena de Romería en la que Iago, el tío noctámbulo de Marina, le enseña a la chica una foto de veinte años atrás en la que se ve al padre de Marina y a varios de sus amigos, hermosos y malditos, y dice de la foto no queda casi nadie, muertos por la heroína, el sida o cualquier cosa que se le pareciese. 

El paralelismo es inmediato con otra foto, esta real, que presenta a los muchachos alegres del equipo Dejadnos Vivir, ganador en 1982 del campeonato de fútbol de las fiestas patronales de Vilanova de Arousa. Con esa imagen se hizo un documental icónico titulado Marea Blanca (1999) que aborda el destrozo que las drogas hizo en las Rías Baixas. De los diez chicos que aparecen en la fotografía del torneo quedaban vivos tres, cinco cuando se rodó. Uno de los últimos en morir fue Pacheco, que aparece en el documental vagabundeando ensimismado, sin hablar con nadie, “en un mundo paralelo”, según su hermana; murió en 2011 en un incendio espontáneo tratando, según los investigadores, de encender un cigarro. Benito Iglesias, ‘Nito Sopita’, murió a los 39 años: llevaba una década enganchado al caballo y tenía sida. Se cortó la yugular encerrado en casa de sus padres después de prenderle fuego al colchón. Su madre se levantaba por las noches para irlo a buscar pueblo adelante. Tras su muerte, dice que lo sintió junto a él seis meses. “Veía su sombra, escuchaba que me llamaba, y oía cómo se movían papeles en su habitación”. Y ese espíritu desapareció sin dejar rastro. A otro de 22 años lo mató una sobredosis sin que nadie supiese que ya se estaba pinchando; uno más murió de un ataque epiléptico en el mar mientras su perro lo intentaba arrastrar a la orilla. Un hombre de los que quedan vivos es Manuel Fernández Padín, narco arrepentido de la Operación Nécora y a quien le trasplantaron el hígado a causa de una cirrosis; en la actualidad, duerme en su coche. Como dijo el alcalde de la época, Sito Vázquez: “Unos chicos estupendos, buenísimos, inteligentes y muy activos, muchos de ellos artistas, que ayudaban organizando conferencias, conciertos y exposiciones”.

Romería, la película que dirige Carla Simón y protagonizan Llucía García Torras y Mitch Robles, puede entenderse desde muchos ángulos (esa familia viguesa tan reconocible procedente del negocio astillero, rodeada de dinero, incomunicación y apariencias, repleta de retoños con pelazo, porro y bronceado de Patos y Playa América), pero hay uno del que no se puede prescindir y sostiene la formidable arquitectura: la aparición masiva de las drogas a principios de los 80 supuso el inicio de una fiesta, un enganchón feliz y despreocupado, irresponsable y feliz, que inauguraba la democracia a su manera. Y eso era el irresistible queso de la trampa. 

No es provocación. En Romería se expresa con los padres de Marina enamorados mientras navegan el Atlántico, se bañan en playas, practican nudismo y corren haciéndose bromas mientras comparten chutas, y viven juntos los primeros colocones, y saltan en las fiestas con Siniestro Total (“Y bailaré sobre tu tumba”, claro). En Vilanova de Arousa, a las cuatro de la tarde la plaza de las Palmeras estaba repleta de chavales bailando desenfadados, y a quien pasaba por allí, en pleno centro del pueblo, se le invitaba a sumarse. “Cada uno tenía su palmera, y en la tierra de la palmera tenía su paquete de droga. Todo el mundo lo sabía, y ellos se respetaban: allí nadie iba a la palmera del otro”, dice en el documental Sito Vázquez, primer alcalde en crear un centro de desintoxicación en Galicia. Y lejos de la costa, en Madrid, Antonio Vega recordó el desembarco en una entrevista en El País con Diego Manrique: “Descubrir la heroína fue algo acojonante. No teníamos precedentes, no se veían yonquis tirados por la calle. Estábamos seguros de haber encontrado la solución para paliar todo lo desagradable de la existencia. Pasaron años antes de comprender que aquello tenía trampa”, dijo antes de recordar que no enfermaba y que tenía áurea, el grupo de la heroína era en los pubs el grupo de los guays, de los que estaban a otra onda, alejados de los escandalosos y pesados cocainómanos.

Hace bien Romería en no hurtarle al espectador esta parte trascendental del consumo, la idílica, porque es necesaria para entender por qué miles y miles de jóvenes desavisados accedían a la jeringuilla, a compartirla incluso y a creer a pesar de las primeras advertencias, como Iván Zulueta, que aquello tenía tanto peligro como el sexo: “Llegabas al caballo convencido de que no era como decían. Pensabas: seguro que es como el sexo y todo lo demás. Pues, por una vez, era verdad”. Y con la velocidad de una epidemia, en algunos casos de la noche a la mañana, llegó el mono, el sida y la muerte; la delincuencia en el caso de las familias con menos recursos. Son pasajes casi seguidos en la película, el de la espontánea felicidad del pico y el sudor irascible del mono, con la pareja vaciando latas en el barco, chupando papelas y discutiendo mientras sufre sus primeros síndromes de abstinencia. Puede parecer que se despacha rápido, pero del mono, que siempre es la ausencia, va toda la película: la adolescente Marina llega a Vigo desde Cataluña porque necesita el reconocimiento de la familia biológica de su padre para acceder a una beca y estudiar cine; sus padres murieron de sida. Y la familia numerosa de su padre, Fon, le va revelando la verdad a la chica, especialmente una que le desconcierta por cruel: a su padre lo encerraron en sus últimos años en casa, le prohibieron el contacto con nadie y su madre, la abuela de Marina, cuando entraba al lugar en el que estaba lo hacía con guantes y mascarilla. 

Esto está en el guion, sí, pero antes pasó. Romería es una manera exótica de hacer periodismo, pero periodismo, al fin y al cabo. Todo lo que pasó en la vida de Marina, inspirada en la propia Carla Simón, es cierto. Nos pasó a casi todos, si no en primera persona sí en segunda o en tercera. Con el mono encerraban a nuestros familiares, a los niños se nos decía que estaban enfermos, no se pronunciaban nunca ciertas palabras delante de nosotros, y el familiar yonqui (tu padre, tu tío, tu hermana mayor) iba y venía, llegaba tarde o no llegaba a las comidas familiares, tenía muchos amigos y otras veces pocos, pedía dinero o lo regalaba. Y sí, después de morir se instalaba un relato que terminaba dándole un aire de leyenda a aquella vida suya, pues cuando te describen con mentiras nadie sabe ya distinguir tu verdad. Estuvo cerca Isaki Lacuesta cuando en Segundo Premio, la película sobre Los Planetas, hace decir a un personaje heroinómano algo muy valioso: “quien se droga, huele a mierda”. A mierda de verdad, a heces. Porque se relajan los esfínteres o porque uno no está para limpiarse cuando va al baño, o porque el pantalón y el calzoncillo o la braga lleva semanas sin cambiarse. Es curioso que quienes más se esfuerzan en ocultar la drogadicción de sus seres queridos, ocultándolos y cubriéndolos de eufemismos, salvaguardando las apariencias de puertas afuera, tras su muerte no concedan un milímetro a la verdad y construyan sin quererlo un misterio, una leyenda, que a ratos puede ser incluso apetecible. Pero la verdad no sólo puede ser amarga: también es disuasoria.

Hay un momento en el que Romería deja de ser una investigación familiar y se convierte en otra cosa: en una historia sobre el silencio. Sobre cómo las familias, para protegerse o para proteger la memoria de los suyos, se inventan el pasado. El padre de Marina no fue exactamente lo que la familia cuenta ni exactamente lo que dicen los diarios de su madre. Fue, como casi todos los que aparecen en aquellas fotos, alguien que vivió demasiado deprisa en un tiempo que empujaba a vivir deprisa. Por eso Romería es, como cualquier ficción o realidad que se precie y aborde los sótanos de la familia, una historia de incomunicación. Que puede estar provocada por muchas razones, entre ellas la ignorancia. La catalana Marina –que rueda y rueda el mar, que tiene presente en casi toda la cinta esa aberración urbanística de la costa de Vigo que es la Torre de Toralla, un rascacielos en medio de una pequeña isla que descompone el litoral–, se acerca con ingenuidad primero y retranca después a un mundo encriptado. Capaz de ponerle antes un chalé, que de escuchar, en un despacho, la verdad: que un hijo murió de sida. Y sale ella a buscar la verdad, pertrechada con los diarios de su madre, persiguiendo su particular conejo blanco, el gato que la lleva al país de las jeringuillas, la época en la que los niños limpiábamos de chutas la pista para poder jugar al fútbol. En esa evocación tan lograda, la evocación del mundo que era y la primera libertad que se tomaba, Marina entiende o empieza a entender. 

Es una idea incómoda: para entender lo que pasó hay que abrir el foco, el de la euforia previa. Sin ese instante luminoso –sin esa sensación de que todo empezaba– no se entiende la magnitud de lo que se perdió, el anzuelo envenenado que representaba. Y por eso la película termina funcionando como una romería verdadera: un viaje hacia los muertos para poder hablar con ellos. No para absolverlos ni para condenarlos, sino para entender qué fue exactamente aquello que los arrastró. Y qué parte de ese impulso, aunque nos incomode admitirlo, sigue todavía dentro de nosotros.

A principios de los 80, Galicia se convirtió en una de las principales puertas de entrada de cocaína a Europa. Las redes de contrabando que durante décadas habían introducido tabaco americano aprovecharon la geografía de las rías y su experiencia logística para colaborar con organizaciones latinoamericanas. La droga llegaba por mar y desde la costa gallega se redistribuía hacia grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, y también hacia Francia y otros países europeos. Figuras del narcotráfico gallego como Sito Miñanco, Laureano Oubiña o Manuel Charlín consolidaron en esos años un sistema que convertía a la región en un nodo clave del tráfico internacional, aunque gran parte de la cocaína apenas se consumía allí.

Mientras tanto, la droga que devastaba barrios enteros de España era otra. La heroína que inundó el país en la década de 1980 llegaba sobre todo a través de la llamada ruta de los Balcanes: producida en Asia –principalmente en Afganistán y Pakistán–, atravesaba Turquía y el sudeste europeo antes de entrar en Europa occidental. En España penetraba principalmente por ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao, y desde esos centros se distribuía a otras regiones, incluida Galicia. A diferencia de la cocaína destinada a mercados más acomodados o internacionales, la heroína se extendió rápidamente en entornos urbanos golpeados por el paro juvenil y la precariedad.

El resultado fue una paradoja que se tragó entera a toda una generación: mientras Galicia participaba en uno de los grandes circuitos internacionales de la cocaína, sus barrios y los del resto del país sufrían la epidemia de la heroína. La droga era barata, se consumía a menudo por vía intravenosa y se extendió en un contexto de escasa prevención institucional en los primeros años de la democracia. Las consecuencias fueron devastadoras: miles de muertes por sobredosis, una fuerte expansión del VIH y un profundo impacto social que todavía forma parte de la memoria colectiva de los años ochenta en España.

*Manuel Jabois es escritor y periodista en el diario ‘El País’. Su última novela publicada es ‘Mirafiori’ (Alfaguara, 2023).

Puedes leer los números anteriores aquí

La era de los narcosubmarinos afecta no solo a España, país elegido por cárteles de todo el mundo para recibir grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica por este medio de transporte, sino también a Centroamérica y, cada vez con más fuerza, a Australia. Ese es el más que probable destino del mayor semisumergible jamás intervenido hasta la fecha en cualquier lugar del planeta: 35 metros de eslora, con capacidad para cuatro tripulantes y más de 5.000 kilos de cocaína.

El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de isla Santa Rosa, en la costa del Pacífico, en terreno de Ecuador pero a muy pocos kilómetros de distancia de la frontera sur de Colombia. El lugar de la incautación esta próximo al punto en el que se había apresado el aparato que lucía el anterior récord en cuanto a tamaño, 30 metros, si bien en aquel caso se trataba de un aparato diferente, con motores fueraborda y, por lo tanto, un destino distinto: acercar la sustancia a Centroamérica para su envío a México.

En el caso que acaba de trascender, todo apunta a un objetivo muy distinto: Australia. Ello es así no solo por el lugar en el que fue localizado, en la costa del Pacífico, sino por sus características: es un aparato de bajo perfil muy similar a los que han sido hallados en España o en el Atlántico en dirección a Europa: motorización intraborda, propulsión diésel y gran capacidad para el combustible. De hecho, tenía en su interior 24.000 litros, cantidad más que suficiente como para alcanzar Nueva Zelanda o Australia sin repostar, dada la eficiencia de los citados motores.

En cuanto a la propiedad del aparato, no ha podido ser esclarecida, aunque las investigaciones propias de Narcodiario apuntan a una alianza entre organizaciones locales y el cártel Jalisco Nueva Generación, dominador de buena parte de las nuevas rutas que acaban en el mercado mundial donde la cocaína ofrece mayores beneficios: el australiano.

La operación se desarrolló en una zona marítimo-fluvial y a cargo de efectivos de la Armada de Ecuador, e incluyó la localización de todo un campamento en el que se preparaban embarcaciones como esta para su partida. Se trata de una especie de astillero clandestino ubicado en el corazón de la reserva natural del Cayapas-Mataje. La estructura es, sin embargo, diferente a la que se encontró recientemente en La Guajira colombiana.

Cuando los agentes llegaron al lugar, fueron recibidos a tiros por las personas que custodiaban el enclave, si bien en el marco de la refriega, consiguieron hacerles huir. El primer hallazgo fue el semisumergible, amarrado en uno de los brazos fluviales del enclave y preparado para afrontar una gran travesía marítima, como se ha dicho, ya con el combustible en sus depósitos.

En el astillero también había seis pequeñas lanchas construidas, igual que el semisumergible, en fibra de vidrio, además de numerosas garrafas de combustible, todas ellas de diésel, motores fueraborda, equipos de navegación y una escopeta, entre otros efectos. También se localizaron colchones de un tamaño específico para introducir en los narcosubmarinos, similares a los que se han visto ya en anteriores ocasiones.

El aparato y el resto de evidencias fueron remolcados a muelle para proseguir con las pesquisas que, en todo caso, han servido para evitar al menos un gran viaje oceánico con cocaína.

Yusef Mohamed Lehrech, más conocido como El Pastilla, conocido sicario del Campo de Gibraltar y que saltó a la fama tras su fuga de la prisión de Alcalá Meco y su posterior arresto en Alemania a manos de la Udyco Central –todo ello tras la presunta comisión de al menos dos asesinatos por encargo– acaba de ser absuelto de uno de los crímenes que se le atribuían.

Se trata de la muerte de un trabajador del puerto de Algeciras que, según diversas fuentes, habría confundido con otro vecino del barrio de El Saladillo, donde se produjo el crimen, al que le habrían encargado asesinar en el marco de la guerra entre clanes de la droga de esa región. Las facciones enfrentadas, encabezadas por alias Piolín y alias Tayena, acabaron muy mal: el propio Pastilla mató –él mismo lo confesó– al citado Tayena, para el que había trabajando con anterioridad, en un segundo asesinato por el que será juzgado en septiembre.

El Pastilla, que ahora tiene 22 años –cometió el crimen con solo 19–, fue juzgado y condenado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Cádiz en junio pasado. Entonces se entendió plenamente acreditado que el joven disparó "a cambio de un precio" y por la espalda a la víctima, todo ello ataviado con ropa oscura y el rostro tapado con el objetivo de ocultar su identidad.

Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tomado la decisión opuesta, y ha revocado dicho dictamen absolviendo al Pastilla, que había sido condenado a 22 años y 6 meses de cárcel por el asesinato del mes de octubre de 2022, condena que le fue impuesta tras el veredicto de culpabilidad emitido por el citado jurado popular, por mayoría de siete votos.

En una sentencia dictada el día 19 de febrero, el TSJA estima de este modo el recurso de apelación formulado por la defensa del condenado contra el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó al acusado a 22 años y 6 meses de prisión por un delito de asesinato con alevosía y mediante precio y con la circunstancia agravante de disfraz.

Así, el TSJA absuelve al acusado al considerar que en este caso se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia al pivotar la condena “alrededor de un vacío probatorio” y “por no darse las condiciones para considerar probada la identificación del acusado por ninguno de los testigos, quedando únicamente un conjunto de datos circunstanciales (...) que no pueden ser calificados como prueba directa ni alcanzan las exigencias propias de la prueba indiciaria”.

La Audiencia de Cádiz consideró probado que los hechos tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del día 6 de octubre de 2022, cuando el acusado se dirigió a una calle concreta de Algeciras donde se encontraba la víctima y, “con ánimo de acabar con su vida”, le disparó con una pistola, a consecuencia de lo cual el agredido falleció a las 22.30 horas del día de los hechos en un centro hospitalario.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial, el acusado “asumió el encargo de matar” a la víctima “a cambio de una suma de dinero” y cometió los hechos “de forma sorpresiva, disparándole por la espalda, garantizando así el resultado que pretendía al no poder la víctima defenderse ni pedir ayuda”. Además, y según el veredicto del jurado, el encausado “cometió los hechos vistiendo ropa oscura, llevando guantes negros y sobre la cabeza la capucha de una sudadera, con la intención de ocultar su rostro y evitar ser identificado”.

Frente a ello, el TSJA declara probado que “una persona disparó” contra la víctima el día 6 de octubre de 2022 “con ánimo de acabar con su vida, causándole la muerte”, no habiendo quedado acreditado que dicha persona fuera el acusado.

En este caso, añade, “lo que ha de determinarse es si la íntima convicción de siete de los nueve jurados estuvo basada en un material probatorio que deba valorarse como suficiente y no si este tribunal comparte su convicción subjetiva o intuición”, de modo que “se trata de determinar si la afirmación de los testigos 1 y 2 en sede policial de que una fotografía de las varias que se les presentaron se corresponde con la persona que efectuó los disparos sirve como prueba de identificación del autor tras haber sido ratificada formalmente en el plenario sin mediar rueda de reconocimiento en el Juzgado de Instrucción ni efectuarse identificación visual en el acto del juicio”.

Al hilo, el TSJA señala que “la identificación del autor era en este caso especialmente complicada, porque iba oculto con una capucha de una sudadera “con la intención de ocultar su rostro y evitar ser identificado”, una premisa de la que “hemos de partir por ser hecho probado y haberse apreciado la concurrencia de una agravante de disfraz”.

El TSJA afirma que en este caso “existe como dato fundamental el reconocimiento fotográfico del acusado” por parte de do testigos protegidos, pero “es sabido que el reconocimiento fotográfico en sede policial por un testigo no es un medio probatorio, sino una diligencia apta para iniciar, proseguir o reconducir líneas de investigación”, de forma que, “para que el reconocimiento valga como prueba testifical (por tanto, con valor de prueba directa), es necesario que se proceda a la práctica de un reconocimiento en rueda con todas las garantías en sede judicial y con presencia de la defensa, cuyo resultado sí puede introducirse en el juicio oral como prueba anticipada (dadas las dificultades de proceder a un reconocimiento en rueda en el acto del juicio), a menos que por razones excepcionales el reconocimiento en rueda no pudiera practicarse”.

En este sentido, el TSJA subraya que “tal exigencia de un reconocimiento en rueda es particularmente importante en casos como el presente, en que las condiciones para la identificación son débiles o precarias (ya sea por la escasa visibilidad, o por el hecho de que el autor hubiere intentado ocultar su rostro)”. “No cabe duda de que una identificación en esas condiciones, y con presencia del abogado defensor, suministraría, objetivamente, un fundamento con mayor convicción que el sólo hecho de identificar una fotografía sin que haya constancia de las circunstancias en que se produjo tal identificación al no haber presencia judicial ni de la defensa del incriminado sobre el que ya existían sospechas”, apostilla.

El TSJA asevera que, en este caso, “no se practicó el reconocimiento en rueda, por razones que no han quedado explicadas, sin que se haya puesto en duda que el testigo y el acusado (en situación de prisión provisional por otra causa) hubiesen estado a disposición judicial para su práctica”.

“No es preciso, en este caso, aludir a que la posibilidad de sustituir el reconocimiento en rueda por la identificación visual directa en juicio deba responder a razones excepcionales que no consta que concurrieran, ni al importante riesgo de contaminación o debilidad epistemológica del tal modo de proceder, por cuanto, como afirma la defensa en su recurso y discuten con ambigüedad las acusaciones al impugnar el recurso, lo cierto es que en el acto del juicio no hubo tampoco reconocimiento o identificación visual, por la sencilla razón de que los testigos protegidos 1 y 2 declararon por videoconferencia y, según queda constancia en la grabación del juicio, no hubo contacto visual, pues así lo hizo constar la magistrada presidenta al inicio del interrogatorio de uno y otro, avisándole de que en cada momento le iría diciendo quién le interrogaba, pues el testigo no los iba a ver”, pone de manifiesto el TSJA.

De este modo, y según prosigue la sentencia, “lo que hicieron los testigos fue, pues, “ratificar” que en sede policial identificaron a una persona, pero una cosa es ratificar un reconocimiento ya efectuado, y otra bien distinta es volver a reconocer, en presencia del jurado y de las partes”, señalando el TSJA que, “por más que alguna sentencia parezca asimilar ambas cosas, o no distinguirlas, lo cierto es que no pueden confundirse, pues en un caso no hay más que ratificación de una diligencia policial que es reproducible y carece por sí de valor probatorio, y en el otro caso hay una prueba efectuada en presencia judicial y con todas las garantías, susceptible por tanto de valoración”.

El TSJA considera que en este caso es de aplicación el criterio que dejaron sentado dos sentencias del Tribunal Supremo que “sí distinguieron con precisión la ratificación del reconocimiento policial y el reconocimiento practicado en el plenario”, en base a todo lo cual el TSJA considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado al pivotar la condena “alrededor de un vacío probatorio” y “por no darse las condiciones para considerar probada la identificación del acusado por ninguno de los testigos, quedando únicamente un conjunto de datos circunstanciales (...) que no pueden ser calificados como prueba directa ni alcanzan las exigencias propias de la prueba indiciaria”, por lo que revoca la sentencia dictada condenatoria dictada por la Audiencia de Cádiz y absuelve al acusado.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido en Tapalpa (México) el domingo 22 de febrero de 2026. Su muerte desencadenó una ola de violencia, especialmente en Guadalajara, pero la vida cotidiana ha vuelto casi a la normalidad.

Tras dos días de confinamiento, los habitantes y algunos turistas vuelven a circular por el centro de la ciudad. La población ha vuelto al trabajo y los centros escolares han vuelto a abrir sus puertas. Pero Cecilia Mendoza no ha recuperado la calma. Esta comerciante de un barrio popular del norte de la metrópoli está atenta a las ambulancias y las patrullas policiales en las calles, y afirma que se sobresalta cuando pasa una moto: “Hemos visto en la televisión que así es como se desplazan los que lanzan explosivos o provocan incendios.”

En las horas posteriores a la captura y muerte del líder del cártel más poderoso de México, estallaron enfrentamientos entre miembros de la organización criminal y las fuerzas del orden.  Murieron veinticinco miembros de la Guardia Nacional, así como un policía y una mujer en Jalisco, feudo del cártel y epicentro de la crisis. En Puerto Vallarta se fugaron veintitrés reclusos de un centro penitenciario, provocando la muerte de un agente de seguridad. Los dos aeropuertos de la región se sumieron en el caos debido a las cancelaciones preventivas de las compañías aéreas.

En todo el país se registraron más de 250 bloqueos de carreteras, así como decenas de ataques e incendios. Gerardo es un mecánico cuyo diminuto taller está pegado a la circunvalación de Zapopan, lo que le obliga a trabajar en la acera. Cuenta cómo huyó precipitadamente cuando, a pocos metros de él, unos hombres armados instalaron un control incendiando un camión en medio de la carretera. Hoy, el operario constata: “Ya no queda nada, lo han limpiado todo.”

En Guadalajara y alrededores desaparecieron rápidamente los rastros de los ataques. En total, se desplegaron diez mil soldados para contener la situación. Se detuvo a setenta personas y el Gobierno se felicitó por haber levantado casi todos los bloqueos de carreteras en pocas horas.

Esos disturbios eran previsibles. Las barricadas y los incendios son un medio que ya utilizan los cárteles para exhibir su poder y desafiar a las autoridades. Pero éstas han sabido limitar el estallido de violencia y, al mismo tiempo, el impacto en la imagen de México a nivel internacional. El país acoge la Copa Mundial de Fútbol en junio. La FIFA ya ha confirmado que la organización de la competición en México no se verá comprometida.

La operación militar que condujo a la muerte de Oseguera fue en sí misma una demostración de fuerza del poder público. Llevada a cabo en Tapalpa, una zona urbana situada a dos horas de Guadalajara, movilizó a militares del ejército de tierra, fuerzas especiales de la guardia nacional y seis helicópteros del ejército del aire. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, asegura que ha “demostrado el poder del Estado mexicano”.

El Mencho falleció a causa de sus heridas en el helicóptero que lo transportaba a Ciudad de México. Los militares incautaron en el lugar un arsenal de armas pesadas que incluía dos lanzacohetes. Al final del domingo, el balance era de unos treinta miembros del cártel abatidos, entre ellos Hugo César Macías Ureña, apodado “El Tuli”, considerado la mano derecha del jefe.

Nemesio Oseguera era el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también el último gran barón de la droga que seguía en libertad. Desde 2011, la organización ha ampliado rápidamente su influencia y se ha forjado una reputación sanguinaria. El Gobierno reivindica ahora un golpe importante contra el crimen organizado y califica esta operación de “éxito”.

En este acontecimiento simbólico destaca un hombre: el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En él recae la nueva estrategia de México contra el narcotráfico. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, predecesor de la presidenta Claudia Sheinbaum, no tenía como objetivo perseguir a los líderes de los cárteles. Por el contrario, abogaba por un enfoque sin confrontación directa: “Abrazos, no balazos”.

Desde hace poco más de un año, Harfuch, un expolicía convertido en uno de los colaboradores más cercanos de la presidenta Sheinbaum, está tomando su revancha. En 2020, cuando ocupaba el mismo cargo en el Ayuntamiento de México, fue objeto de un ataque del CJNG. Atrapado en una emboscada en la avenida Reforma, su vehículo quedó acribillado a balazos. Harfuch resultó herido, pero sobrevivió.

En pocos meses al frente del gabinete de seguridad del Gobierno federal, ha registrado récords de incautaciones de drogas, desmantelamiento de laboratorios y más de cuarenta mil detenciones, resultados mucho más significativos que en todos los años anteriores. No obstante, Náme Villa del Ángel, periodista comprometido y presidente de la Asamblea Ecologista Popular, advierte: “La caída de un jefe de cártel nunca ha detenido el mercado de la droga”.

La captura mortal del narcotraficante más buscado de México ha servido sobre todo para enviar una señal contundente a Estados Unidos: el CJNG, clasificado como organización terrorista por Washington desde 2025, era un objetivo prioritario. De hecho, México está sometido a la presión constante de su vecino para que luche contra el tráfico de drogas, con Donald Trump amenazando con sus aranceles e incluso con una intervención militar en el país. Villa del Ángel ve en ello “una forma de intervencionismo” derivada de una “política imperialista en América Latina”.

El inquilino de la Casa Blanca reaccionó al suceso animando a México a “intensificar sus esfuerzos contra los cárteles de la droga” que controlan “grandes zonas del país”. La operación es en sí misma el resultado de una mayor cooperación bilateral, basada en el intercambio de información, la única forma aceptable para México, que defiende su soberanía y rechaza cualquier presencia militar estadounidense en su territorio. De hecho, fue la información proporcionada por las agencias estadounidenses la que permitió al ejército localizar con precisión a Oseguera.

En el aeropuerto de Guadalajara, Thalia, una mexicana de Culiacán, quedó sorprendida por la alerta de seguridad. Con su vuelo cancelado, nos habla de la inseguridad que reina en su ciudad debido al cártel de Sinaloa, inmerso en una guerra interna: “No sé si prefiero estar aquí o allí.” En 2019, el “Culiacanazo”, la primera captura de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, ya había sumido a la ciudad en el caos.

Esta vez, la muerte de El Mencho ha tenido un impacto mucho más allá de Jalisco: se han visto afectados una veintena de Estados. Eunice Rendón, experta en seguridad en México, explica: “Es un cártel que ha reclutado a otros grupos más pequeños como brazos armados locales, por lo que hoy en día su expansión territorial es la más importante”.

Organizado como una empresa multinacional, el cártel lleva a cabo actividades descentralizadas y muy diversificadas. Muy implicado en la producción y el tráfico de drogas como la cocaína, las metanfetaminas y el fentanilo, que generan cada año millones de dólares según la DEA, la agencia antidroga estadounidense, también ha “diversificado sus actividades y blanqueado parte de sus ingresos delictivos, en particular a través de las redes de extorsión”, añade la experta.

El CJNG mantiene un sistema que abarca el fraude, el tráfico de armas y combustible, la trata de personas, la agricultura con la producción de aguacates y el sector inmobiliario turístico. Pero la historia del crimen en México demuestra que la caída de un líder rompe el statu quo y suele abrir la puerta a la violencia.

Hay una gran incertidumbre sobre la sucesión de El Mencho. La lista de posibles candidatos ya está completa: “El Jardinero”, “El Sapo”, “El Doble R”, etc. A ellos se suman los miembros de la familia: el yerno Juan Carlos Valencia parece ser el favorito, mientras que Rubén Oseguera, su hijo natural, cumple cadena perpetua en Estados Unidos y su hermano Antonio Oseguera, conocido como “Tony Montana”, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025. Su viuda, Rosalinda González Valencia, recién salida de prisión en México, también tiene una carrera delictiva.

Los observadores temen que el CJNG se fragmente, un riesgo aún mayor dada la descentralización del grupo: “Podría producirse una atomización si los líderes no logran ponerse de acuerdo, lo que provocaría violencia local y luchas por el control de las rutas y los territorios en cada región.”

Para Eunice Rendón, lo que suceda a continuación dependerá de la actuación del Gobierno mexicano en los próximos meses, que deberá combinar la coordinación federal y local para seguir “debilitando al grupo criminal tanto a nivel operativo como financiero”.

Traducción de Miguel López

El narcotráfico es un negocio ilegal que no vive de espaldas a la geopolítica. De hecho, su influencia es bastante patente, como se ha podido ver en los últimos meses con los movimientos que desde el Gobierno de Trump se han ido realizando en el Caribe para derrocar a Nicolás Maduro. No hay que olvidar que el ataque a varios puestos militares en territorio venezolano fue la excusa para detener por narcotráfico al que había sido presidente del país desde 2013. Fue una campaña que se intensificó con los ataques selectivos por parte del ejército de EEUU a narcolanchas que están supuestamente involucradas en operaciones de cierto nivel.

Esta semana ha vuelto a quedar claro que esos ataques eran más que un hecho puntual, pero ahora la prioridad para EEUU es resolver su conflicto con el régimen iraní. Si se produce la escalada bélica y se sostiene durante un tiempo, va a tener influencia directa en el narcotráfico mundial.

El traslado de los cientos de aviones de la US Air Force que se han desplazado desde enero, primero de EEUU a Europa, y luego desde aquí hacia Oriente Medio, va a tener consecuencias directas en la información de inteligencia que la DEA tiene de los movimientos del narcotráfico en España. Las bases de Rota y Morón de la Frontera son cruciales en la logística de estas operaciones para presionar a Irán, y por aquí se han podido ver decenas de aviones cisterna, de transporte, cazas de combate, de defensa aérea y de Inteligencia.

Se ha 'mapeado' toda la situación operacional del Estrecho de Gibraltar para que pueda discurrir por él sin problema el que ahora es el portaviones de vanguardia de la marina de EEUU, el George R. Ford. Y por ello, cualquiera de las decenas de narcolanchas que se hallan en espera de alijar en las costas españolas han sido detectadas.

Esto puede servir en el futuro para que la DEA conozca puntos de referencia de transbordos de la droga de narcosubmarinos o mercantes que hayan transportado cocaína, ya que el hachís no le interesa lo más mínimo a la Administración de Control de Drogas de EEUU.

Estas 'gomas' en espera son un quebradero de cabeza para navieras que están cada vez más preocupadas porque puedan provocar algún accidente con daños en sus buques. Precisamente esta misma semana se emitió una alerta de Salvamento Marítimo por una narcolancha que se encontraba a la deriva a 45 millas de Cádiz antes de embocar el Estrecho de Gibraltar.

Volviendo al tema estrictamente iraní, si EEUU ataca el país, todo Oriente Medio se desestabilizará de nuevo y las rutas de drogas hacia Europa o a través de Asia van a acabar afectadas. Los primeros clanes en cambiar rutas o personas de confianza serán los narcotraficantes vinculados de alguna manera con Hizbulá. Esta organización libanesa tiene fuertes vínculos tantos personales como económicos con el régimen teocrático de Irán y, si caen los Ayatolás, ellos tendrán que adaptarse a una nueva situación.

Esta circunstancia les puede perjudicar, porque ya desde años el brazo armado de Hizbulá (considerado terrorista por la UE) contaba en Sudamérica con hombres como Nasser Abbas Bahmad, que desde Ciudad del Este (Paraguay) supuestamente controló envíos de cocaína hacia Europa y Oriente Medio mezclados en carbón vegetal.

Según Agustín Ceruse, de Encriptada, Abbas era el hombre más buscado por la DEA en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, ya que se estableció allí para financiar a Hizbulá. Una situación que se descubrió en 2021; y por ahora sigue fugitivo. Se cree que es responsable de producir carbón vegetal que luego se utilizaba para esconder cocaína en contenedores marítimos como los que llegaron a Algeciras procedentes de Paraguay el 11 de noviembre de 2020 con más de 2.000 kilos de este droga. También hay otros envíos sospechosos hacia Siria o Israel.

Con el despliegue militar que está realizando Estados Unidos en Oriente Medio —con refuerzos aéreos y movimientos en bases de países aliados como Jordania o Emiratos Árabes Unidos— muchos analistas consideran que la presión sobre Irán es real y que el riesgo de un ataque militar es bastante alto.

Si la estrategia impulsada por Donald Trump terminara provocando la caída del líder supremo, Ali Jamenei, o una fuerte desestabilización del régimen, uno de los efectos inmediatos sería el deterioro de la seguridad interna iraní. Esto es especialmente relevante para el narcotráfico mundial porque Irán es un territorio clave, hasta hace un tiempo en la llamada ruta de los opiáceos procedentes de Afganistán, aunque ahora estos ya se producen en buena medida en el propio país tras el retorno de los talibanes y sus políticas de prohibición de cultivo de la adormidera. Gran parte de la heroína que abastece a Europa pasa por suelo iraní antes de dirigirse hacia Turquía, los Balcanes y posteriormente al mercado europeo.

Si el aparato de seguridad iraní se debilitara por una crisis política, una guerra o luchas internas, las redes criminales podrían aprovechar el vacío de poder para incrementar el tráfico, abrir nuevas rutas o reducir los riesgos logísticos del transporte.

Históricamente, cada vez que un Estado que controla un corredor estratégico pierde capacidad de vigilancia, el crimen organizado se adapta rápidamente y expande sus operaciones. En este contexto, también podrían fortalecerse organizaciones criminales vinculadas a la diáspora iraní en Europa, especialmente aquellas asentadas en países como Alemania, que en los últimos años han ganado presencia en redes de tráfico y blanqueo. Para estos grupos, un Irán más inestable significaría más facilidad para coordinar envíos, mover dinero y consolidar su papel dentro del mercado global de la droga.

A este escenario se suma el impacto que tendría una escalada regional en las principales rutas marítimas. Si Estados Unidos atacara Irán, Teherán podría responder presionando el tráfico comercial internacional mediante ataques indirectos o acciones de sus aliados, como los hutíes, contra buques mercantes que transitan por el Canal de Suez. Esto encajaría con la lógica estratégica iraní de golpear el comercio global sin enfrentarse directamente a la superioridad militar estadounidense.

Para el narcotráfico, una alteración de esta arteria entre Asia y Europa tendría consecuencias inmediatas: desvíos de rutas, saturación de otros puertos y menor capacidad de inspección. En contextos de crisis logística, las redes criminales suelen aprovechar el aumento del volumen y el desorden comercial para mover droga con mayor facilidad.

Una guerra contra Irán no solo sacudiría la política y la economía mundial, sino que también tendría un efecto inmediato sobre las rutas del narco. La inestabilidad interna y los cambios en las rutas comerciales podrían abrir nuevas ventanas para el crimen organizado mundial, alterando mercados y flujos de drogas que hoy se creían controlados. Europa y Asia podrían ver un aumento en la presencia de redes iraníes que buscan aprovechar el vacío de poder que dejarían los ayatolás. En definitiva, el conflicto reconfiguraría el ecosistema global del narcotráfico durante años.

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EEUU, fue abatido este domingo en un dispositivo de fuerzas federales, según confirmaron a EFE fuentes del Gobierno de México.

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región, donde se mantiene un amplio despliegue de seguridad. Las autoridades no han detallado hasta el momento si hubo más personas detenidas o abatidas.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo. Washington había incluido el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.

Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. Tras el operativo de este domingo se produjeron varios bloqueos de carreteras y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).

Al mismo tiempo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen desplegadas en todas las rías gallegas en busca del último semisumergible con cocaína detectado en esas aguas del noroeste de España, efectivos de la Armada Nacional de Colombia ejecutaban la fase final de una acción policial con pocos precedentes en el país. Los uniformados detectaron un astillero en el que se producían los narcosubmarinos que acaban en Europa, además de otras lanchas de bajo perfil empleadas para el transporte de la cocaína. Ocurrió en el desierto de La Guajira, muy cerca de la frontera con Venezuela.

Fueron labores de inteligencia naval de la Armada de Colombia las que permitieron determinar que, en medio del desierto, en las cercanías de Bahía Hondita, en Uribia, organizaciones transnacionales al servicio del Clan del Golfo ocultaban un complejo astillero artesanal para la fabricación de semisumergibles y el transporte de los mismos desde el árido desierto hasta el mar.

Los uniformados explicaron que los aparatos se fabricaban en zonas de manglar, donde eran preparados para ser cargados con clorhidrato de cocaína. El objetivo final era "alcanzar la ruta transatlántica que comprende el Caribe oriental desde Colombia pasando por Las Antillas hasta llegar al continente europeo".

Una vez confirmada la información, se activó una robusta operación conjunta en la que durante cinco días consecutivos participaron aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que, desde el cielo, monitoreaban la zona y garantizaban el ingreso seguro de las tropas en tierra.

Entre tanto, unidades navales de la Armada de Colombia se posicionaron en el área de operaciones, para realizar un cierre marítimo. Mientras, tropas del Ejército Nacional y unidades de Infantería de Marina ingresaban por tierra con maniobras decisivas.

Al consolidar el área, las autoridades colombianas lograron el hallazgo de un centro logístico neurálgico para el alistamiento, abastecimiento y proyección de medios empleados en el envío de grandes cargamentos de estupefacientes hacia Europa en narcosubmarinos, como el incautado recientemente en las Islas Azores.

Fueron tropas de la Primera División del Ejército Nacional las que, en la acción conjunta, lograron ubicar un astillero artesanal clandestino con la capacidad para la construcción y adecuación de semisumergibles. Allí encontraron un fusil y un revólver, pero lo más importante fueron los materiales para fabricación en fibra de vidrio, maquinaria pesada, remolques especializados (cama baja) y elementos logísticos destinados al almacenamiento y transporte de combustible, evidenciando la existencia de una infraestructura estable para el sostenimiento de estas actividades ilícitas.

Paralelamente, cerca de la zona, unidades de Reacción Rápida de Guardacostas, medios aeronavales y comandos navales de la Fuerza Naval del Caribe hallaron en una bahía que conecta con aguas abiertas un semisumergible listo para ser lanzado al mar, con capacidad estimada para transportar hasta diez toneladas de droga, y equipado con dos motores.

Además, incautaron una lancha rápida de bajo perfil con capacidad de carga cercana a las tres toneladas de sustancias ilícitas y propulsada por cuatro motores de alta potencia. En el área también fueron encontrados más de 3.000 galones de combustible (más de 12.000 litros), equipos de navegación satelital y sistemas de comunicación.

Ante la presión y despliegue operacional, las estructuras criminales dejaron abandonado el complejo artesanal antes de la llegada de los uniformados. El complejo fue destruido de manera controlada conforme a los protocolos establecidos.

El desarrollo de esta operación evita la configuración del acto delictivo e interrumpe la capacidad de transportar sustancias ilícitas desde Colombia hacia el continente europeo y, en especial, hacia España y Galicia, destino habitual de estas embarcaciones.

Se trata de la segunda fábrica de semisumergibles de este tipo localizada en América Latina en los últimos meses, tras la hallada al norte de Brasil en otra acción conjunta, en aquel caso entre la Policía Federal de ese país y la Policía Nacional española, a través de los GRECO Galicia de Pontevedra.