La extrema derecha israelí puede saltar de alegría. Ha salido victoriosa. El Knesset, el Parlamento israelí, aprobó el lunes 30 de marzo por la tarde una ley que establece la pena de muerte para los palestinos y palestinas declarados culpables de haber matado a israelíes en el marco de actos “terroristas”.

El texto, impulsado por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit del ministro del Interior y supremacista judío, Itamar Ben Gvir, fue aprobado en tercera lectura por 62 diputados frente a 48, a pesar de la fuerte indignación que suscita, ya que consagra de hecho una nueva discriminación flagrante entre palestinos que viven bajo ocupación e israelíes.

De esta forma, palestinos e israelíes no recibirán el mismo trato por delitos similares relacionados con el terrorismo. Los primeros, que se enfrentan de manera desproporcionada a acusaciones de “terrorismo”, arriesgarán la vida, mientras que a los segundos solo se les aplicará penas de prisión. Y eso si es que llegan a ser procesados, ya que, como señalan en un comunicado conjunto las ONG HaMoked, Adalah, el Comité contra la Tortura de Israel y Physicians for Human Rights: “Los partidarios del proyecto de ley subrayan explícitamente que no existe ningún terrorista judío”.

La ley, concebida para aplicarse exclusivamente a los palestinos, estén en Gaza, en la Cisjordania ocupada, en Jerusalén Este o residan en Israel, augura “un régimen de pena capital racista”, alertan estas cuatro asociaciones de defensa de los derechos humanos.

El texto aprobado establece que toda persona “que cause intencionadamente la muerte de otra con el fin de atentar contra un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, será condenada a muerte o a cadena perpetua”. Excluye de facto a los autores judíos, empezando por los colonos israelíes que siembran el terror y la muerte en la Cisjordania ocupada en un clima de impunidad casi total. Según The Guardian, más del 96 % de las investigaciones contra estos últimos se archivan sin más y no se ha iniciado ningún proceso judicial desde 2020, mientras que han sido asesinados más de 1.100 palestinos, de los cuales al menos una cuarta parte eran menores.

La versión inicial del texto imponía la pena capital, pero ha sido modificada e incluye la opción de la cadena perpetua, si el tribunal considera que lo justifican “circunstancias excepcionales”, sin precisar cuáles. El destino de los acusados lo decidirán los tribunales civiles israelíes, competentes para juzgar a los ciudadanos palestinos y los residentes en Israel, incluidos los habitantes de Jerusalén Este.

Para los palestinos de Cisjordania, que son juzgados por tribunales militares mientras que los israelíes son juzgados según el derecho común, esta ley prevé que la pena de muerte se convierta en la sanción por defecto, si el homicidio se califica como acto de terrorismo. La decisión no requerirá unanimidad, sino mayoría simple, y los jueces no estarán obligados a tener el grado de teniente coronel o superior. El comandante militar se verá privado de la facultad de indultar. En ambos casos, la ejecución en la horca deberá tener lugar en los noventa días siguientes al veredicto definitivo.

Esta ley discriminatoria marca un punto de inflexión histórico: Israel no ha ejecutado la pena capital desde 1962, cuando fue ahorcado el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Era la segunda vez que el Estado israelí recurría a ella, tras una primera ocasión en 1948, poco después de su creación, contra un capitán del ejército acusado de alta traición.

“Es una nueva y emblemática muestra del tipo de régimen impuesto por Israel a los palestinos de Cisjordania, de la Franja de Gaza y de Israel: un régimen de apartheid”, denuncia ante Mediapart la diputada comunista de la oposición Aida Touma-Sliman, una de las pocas voces palestino-israelíes en el Knesset. No se hacía ilusiones sobre la aprobación de la ley, ya que, según ella, esta responde “perfectamente al proyecto ideológico del Gobierno israelí de eliminar, ni más ni menos, a los palestinos”.”El mundo finge no saber que Israel lleva a cabo una política destinada a destruir a los palestinos y a destruir todo lo que les pertenece”, critica la diputada.

Dice sentirse “consternada” por la declaración conjunta, el domingo 29 de marzo, de los ministros de Asuntos Exteriores de cuatro países aliados de Israel —Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido—, en la que expresaban su preocupación por el “carácter discriminatorio de facto” de una medida que “podría ampliar considerablemente las posibilidades de aplicar la pena de muerte”. “La aprobación de este proyecto de ley podría comprometer los compromisos de Israel con los principios democráticos”, lamentaron tímidamente los cuatro ministros.

“¿Dónde estaban estos últimos meses, cuando la ley avanzaba en el proceso legislativo?”, pregunta la diputada. “¿Qué hacen para detener a Israel en su deriva e impedir el genocidio de mi pueblo?”

Los debates parlamentarios han puesto de manifiesto las motivaciones de los partidarios de esta ley. El diputado Nissim Vaturi, del Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, que votó a favor de la ley, las resumió en tres palabras: “Disuasión, castigo y venganza.” El ministro de extrema derecha Yitzhak Wasserlauf añadió: “La palabra venganza no me da miedo […] los mataremos.”

Ante los parlamentarios, Ram Ben Barak, diputado de la oposición y exsubdirector de los servicios de inteligencia exterior israelíes, expresó su indignación. “¿Entienden”, preguntó, “lo que significa que haya una ley para los árabes de Judea-Samaria [Cisjordania – ndr] y una ley diferente” para los ciudadanos y ciudadanas israelíes? “Significa que Hamás nos ha derrotado. Nos ha derrotado porque hemos perdido todos nuestros valores.”

La diputada de izquierdas Aida Touma-Sliman, por su parte, se refirió a la campaña de 2022 de Itamar Ben Gvir: “Él equipara a árabes con terroristas y hoy consigue lo que quería: una ley que condena a muerte a los árabes.” Recientemente, el ministro supremacista, con un pin de una soga en la solapa, había declarado en un vídeo, grabado en un museo dedicado a los combatientes de la resistencia judía ahorcados por los británicos y posteriormente retirado: “Me muero de ganas de ejecutar a terroristas.”

Para él, esta ley, contraria a la tendencia mundial a favor de la abolición de la pena capital, es el medio para impedir ataques similares al del 7 de octubre. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), por su parte, ve en ella “la expresión más brutal del ataque llevado a cabo por este Gobierno contra los fundamentos democráticos de Israel”.

Tan pronto como se aprobó la ley, la asociación presentó un recurso de urgencia solicitando su anulación ante el Tribunal Supremo, una institución que, hasta ahora, ha encubierto numerosas transgresiones. Se espera que otras organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos sigan su ejemplo.

Condenan una ley “inconstitucional” que vulnera “el derecho a la vida, la dignidad humana, el derecho a un proceso justo y el derecho a la igualdad”. Una ley contraria al derecho internacional. “La Knesset no tiene competencia para legislar sobre Cisjordania. Israel no ejerce allí ninguna soberanía”, sostiene Acri. “La ley no se basa en ningún fundamento probatorio: ningún organismo —incluido el Shin Bet— ha podido demostrar que la pena capital disuada la violencia de motivación ideológica.”

Esta ley constituye “un crimen y una peligrosa escalada en las políticas de la ocupación [por parte de Israel, que] no tiene soberanía alguna sobre la tierra de Palestina”, escribe en la red social X el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, para quien esta norma “revela una vez más la naturaleza del sistema colonial israelí”, al intentar “legitimar las ejecuciones extrajudiciales dándoles una apariencia legal”.

Para la ONG Club de Prisioneros Palestinos, esta ley ha sido “posible gracias a un estado de impotencia, complicidad y abandono perpetuado por el sistema internacional desde hace décadas”. Los presos palestinos, que ya están sometidos a prácticas calificadas de “muerte lenta” y que han provocado la muerte de más de cien presos desde octubre de 2023, viven un infierno en las cárceles israelíes. Algo que Israel niega a pesar de los numerosos informes y investigaciones abrumadoras de asociaciones o de periodistas.

Uno de los últimos informes de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, demuestra el papel de la tortura en la maquinaria genocida en Palestina.

El Parlamento israelí aprobó el lunes 30 de marzo el presupuesto para 2026 por 62 votos a favor y 55 en contra. Este asciende a unos 850.000 millones de shekels israelíes, unos 235.000 millones de euros. Sin esta aprobación, el Gobierno de Netanyahu habría implosionado y habría sido necesario convocar nuevas elecciones.

Los más extremistas de su coalición vuelven a salirse con la suya con un aumento de más de 30.000 millones de shekels (unos 8.300 millones de euros) en el presupuesto del Ministerio de Defensa, lo que lo eleva a más de 142.000 millones de shekels.

“Tenemos la capacidad de remodelar Oriente Medio. Este presupuesto coloca a la nación en posición de ganar”, se felicitó el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, en un momento en que Israel está involucrado en varios frentes de guerra. Para el principal líder de la oposición, Yair Lapid, este presupuesto constituye el “mayor robo de la historia del Estado”.

Denuncia, en particular, los retrasos en la aprobación de una ley que permitiría movilizar a los judíos ultraortodoxos, hoy en día en gran medida exentos del servicio militar. Benjamín Netanyahu tiene todo el interés en ello si quiere conservar el apoyo de los partidos ultraortodoxos para mantenerse en el poder.

De hecho, su Gobierno ha aprobado un aumento significativo de los fondos destinados a los ultraortodoxos y a los colonos, con el fin de asegurarse su apoyo. Los partidos ultraortodoxos recibirán así más de 652 millones de euros adicionales para las escuelas privadas que controlan.

Traducción de Miguel López

Laura (nombre ficticio), que se define bisexual, asexual y persona no binaria, tenía 20 años cuando su tía la expulsó de casa. “Siempre ha sido una persona bastante violenta y hubo una reacción violenta en el momento que se dio cuenta [de mi orientación sexual]”, cuenta a infoLibre. A pesar de que considera que no le obligaron a abandonar la vivienda solamente por su identidad, confiesa que este factor aumentó la tensión.

El caso de Laura es parecido al de Daniel, que se identifica como gay y que con 18 años abandonó su hogar familiar, al que describe como un “territorio hostil bastante complejo”. “Que yo fuese del colectivo nunca fue un problema directo, pero había comentarios y actitudes que me hacían sentir incomprendido y no escuchado”, explica a este medio.

Más de un tercio de las personas del colectivo LGTBIQ+ (el 36%) se ha encontrado en algún momento de su vida en situación de sinhogarismo. Esto no quiere decir que hayan estado viviendo necesariamente en la calle, también engloba a aquellas personas que no han conseguido estabilidad habitacional. Así lo establece el informe de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico, que subraya que “la orientación sexual se erige como el principal argumento que justifica la expulsión residencial”. 

Es más, según el informe anual de la Mesa Técnica de Atención a personas LGTBIQ+ en riesgo de exclusión social de Madrid (Maper) –un foro de entidades sociales visibiliza la situación de las personas del colectivo LGTBIQ+ que están en riesgo de exclusión social y, especialmente, residencial–, el perfil social de las personas atendidas en 2024 por esta plataforma es joven, con una edad media de 32 años, dos menos que en 2023. “Principalmente se debe al rechazo familiar. Una vez que expresan su orientación sexual o su identidad de género a veces son invitados forzosamente a salir del domicilio, si no expulsados”, afirma a infoLibre el experto y trabajador social José Gabriel Rodríguez Pérez, que añade que el propio núcleo familiar a veces es el primer tipo de discriminación y violencia, seguido por el ámbito escolar.

Según este investigador, el factor edad influye en que muchas de estas personas emigren a otros países. De hecho, la gran mayoría de los solicitantes de las instalaciones de Maper (el 85,5%) procede de un país extracomunitario. Las nacionalidades más frecuentes son de Colombia, Venezuela y Perú. El informe de la plataforma sostiene que más de la mitad de estas personas extranjeras se encuentran en una situación administrativa irregular, lo que les hace, según la integradora social e investigadora Almudena Gómez Jiménez, “estar exentas al acceso de derechos sociales durante largos periplos de tiempo”, y puede implicar una mayor temporalidad de esta circunstancia.

“Hablamos de situaciones muy graves en las que muchas personas se ven obligadas a huir con lo poco que tienen, ante situaciones de alto riesgo donde sus propias vidas corren peligro, donde sus propias familias son los agresores o donde son expulsados de sus propios pueblos”, explica el investigador Juan Daniel Ugalde, secretario del Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión Social de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sin embargo, los expertos coinciden en que la exclusión residencial es multicausal y está relacionada con diversos factores como las adicciones, la salud mental o los problemas familiares, entre otros.

Aunque los hombres cisgénero gays concentran el mayor número de casos, los informes advierten de que las mujeres trans afrontan un riesgo significativamente mayor de exclusión. “El desconocimiento, el miedo a lo desconocido, los prejuicios y estereotipos hacen que, por desgracia, estas personas sufran un mayor índice de discriminación laboral y residencial, que, unido al frecuente rechazo familiar que padecen, dificulta sus posibilidades de inserción social y les hace víctimas fáciles de discriminación y más vulnerables a terminar en estas situaciones”, afirma Gómez Jiménez.

Rodríguez Pérez puntualiza que determinados estereotipos dirigidos hacia ellas dificultan el acceso al alquiler: “Piensan que le van a poner ahí un prostíbulo, que van a tener drogas y les suben incluso los alquileres”. En cuanto al desempleo, Ugalde señala que es uno de los principales motivos por los que el colectivo trans se mantiene en situación de calle: “Esto empuja a muchas mujeres trans a la marginalidad o al ejercicio de la prostitución como vía de subsistencia, si bien, no se puede generalizar y por suerte cada vez podemos ver más mujeres trans ocupando posiciones más visibles de cara a la sociedad que permiten ‘normalizar’ una realidad oculta hasta el momento”.

Precisamente, uno de los rasgos diferenciadores respecto a la población sin hogar en general es la posibilidad de ser objeto de discriminación “directa, indirecta y múltiple”, según Gómez Jiménez. Es decir, se trata de una vulnerabilidad que no es lineal ni única, sino el resultado de capas de discriminación que se superponen y refuerzan entre sí. Sin embargo, Ugalde señala que la cronificación de la situación de calle es mucho menor, en parte debido a la reducida edad media, que facilita mayores oportunidades de inserción laboral. “En algunos casos, hablamos de personas que incluso no han llegado a estar nunca en situación de calle o lo que llamamos tipología ETHOS 1 y 2, si no que han permanecido en una situación de couchsurfing, pernoctando en sofás de casas de amigos”, añade.

No obstante, las personas del colectivo también se ven expuestas a mayores riesgos. Según Ugalde, no solo es mayor el número de violencias con respecto a sus homólogos no LGTBIQ+ –con casi un 25% más de situaciones de riesgo–, sino que estas son más graves. El investigador señala que, además de sufrir agresiones y robos, también existe “un porcentaje llamativo de violaciones y abusos sexuales que apenas fueron reportados por personas sin hogar no LGTBIQ+”.

Ante esta problemática, existen diversas formas de superación: mientras que Laura consiguió en 2025 mudarse con su novio, Daniel vive solo en Madrid con varios trabajos. Este joven emprendió la búsqueda de un lugar mejor donde vivir, hasta que la Fundación Eddy-G se cruzó en su camino, y se convirtió en el primer usuario del hogar de acogida para jóvenes del colectivo que ofrecía esta institución. “Me dio mucha bondad normalizada, el poder ver a una persona independientemente de su identidad, de su orientación, que estaba en las mismas paredes que yo y decir, ‘wow, hermana, te entiendo’”, cuenta Daniel, que actualmente sigue colaborando en Eddy-G como voluntario.

Paula Avilés, trabajadora social de esta fundación, explica a infoLibre la importancia de un lugar exclusivo para personas LGTBIQ+: “Hace que exista un lugar de confianza donde puedan expresarse tal y como son y no sentir miedo de poder sufrir algún tipo de discriminación que sí que puede verse en sitios generalizados como los albergues”.

Otras asociaciones que ofrecen apoyo residencial y otros recursos son la Fundación Manolita Chen o Ahora dónde. Sin embargo, los expertos y las propias organizaciones señalan la escasez de plazas ofertadas como una traba a su labor. Otro de los retos es la financiación. Según cuenta Avilés, Eddy-G tendrá que afrontar 2026 sin dos de las principales subvenciones que sí tenía en el pasado: una de Fundación la Caixa y otra de la Comunidad de Madrid. 

A pesar de que España es considerado un país abierto en materia de derechos LGTBIQ+, la realidad de la exclusión residencial en este colectivo es difícilmente medible. Desde el ámbito académico, los expertos hacen hincapié en el escaso número de investigaciones sobre esta realidad y la dificultad para obtener muestras, sobre todo de mujeres trans. Según Ugalde, “los estudios internacionales nos indican que un alto porcentaje de la población en situación de sinhogarismo que vive en las calles pertenece al colectivo LGTBIQ+, sin embargo, en España apenas conocemos datos aislados en muy pocas ciudades”.

En la Comunidad de Madrid, los últimos datos publicados son de 2019 y pertenecen al Estudio Sociológico de las Personas LGTBIQ+ Sin Hogar, encargado por FACIAM –la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Personas Sin Hogar de Madrid– con la colaboración de la URJC. Organizaciones y plataformas como FELGTBI+ o Maper también realizan sus propios informes que sirven para ilustrar las dimensiones del problema. “Lo que no se estudia no se conoce y, por lo tanto, a la hora de desarrollar políticas o programas de intervención, es necesario conocer esta realidad para poder alcanzar los objetivos marcados con éxito”, afirma Ugalde.

“Murcia no existe” es un concepto que ha recorrido España desde hace más tiempo del que se podría pensar. Esta sensación de vacío cultural en el espacio que se encuentra entre Andalucía y la Comunitat Valenciana arrastra una serie de consecuencias en el imaginario colectivo que provienen, en su mayoría, del clasismo contra una de las regiones históricamente más pobres del país. Esta sensación de inferioridad derivada de unas medidas especialmente punitivistas durante el franquismo, sigue revoloteando sobre la idea que se tiene de la Región de Murcia incluso de puertas para adentro.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La llamada “Huerta de Europa” ha visto cómo  ha sido reconocido este año como Bien de Interés Cultural (BIC) el Bando Panocho, una composición literaria de la lengua murciana que se recita en fiestas populares de la Región, y cuyo reconocimiento favorece el acercamiento a este dialecto tan poco conocido. El murciano, una variedad del castellano del cual aún quedan vestigios, engloba los diferentes dialectos que existían en la comunidad y en algunas comarcas limítrofes, plasmando la riqueza cultural originaria. Esta variante la encontramos en diversas obras de hace menos de 100 años, algunas del alicantino Miguel Hernández, como Al verla muerta… o ¡En mi barraquica! En la actualidad también se sigue produciendo material escrito en este dialecto, como una traducción de El Principito.

El panocho, la variedad hablada en la capital y en el área de la huerta ha sido la más documentada. Se tiene constancia escrita desde finales del siglo XVIII, cuando en 1793 se publicaron unas seguidillas en el Correo Literario de Murcia, con una nota que decía: “La huerta de Murcia, Madre fecunda de todas hortalizas, no es menos fértil de ingenios admirables, cuyas Poesías, señaladamente, serán oídas con gusto en todo el Universo:

En 1851, Murcia celebró el primer desfile del Bando de la Huerta, la fiesta anual de primavera en la que los oriundos, vestidos con el traje regional, recuerdan la vida y tradiciones huertanas. Desde entonces se escriben los bandos panochos. Estos discursos anuales escritos y recitados por los panochistas suelen tener un tinte reivindicativo, y buscan llamar a la sociedad a concienciarse sobre algún asunto que ese año les haya perjudicado como ciudadanos. En 2026, Nueva York será también testigo de la tradición murciana, ya que otro desfile que acompaña estas fiestas, el Entierro de la Sardina, marchará por las calles de la ciudad estadounidense en el 175 aniversario de este festejo.

En Murcia hay asociaciones, como L’Ajuntaera, que se encargan de escarcullar y esturriar (investigar y esparcir) de forma académica este dialecto, en su caso desde 1987. Pese a que está académicamente demostrado que el murciano es una variedad del castellano, en el imaginario popular persiste la idea de que los vecinos de la Región de Murcia hablan incorrectamente. La Real Academia Española (RAE) acoge algunos “murcianismos”, tal y como aparecen clasificados, aunque hay constancia de algunos diccionarios completos en este dialecto. En 1932, el escritor y periodista Alberto Sevilla escribió Vocabulario murciano, de 216 páginas, donde se reflejan palabras que siguen estando vigentes entre los habitantes de la zona y que distan tanto del español convencional.

Algunos ejemplos podrían ser boria (niebla), charate (saltamontes), chinche (ombligo), crilla (patata), melsa (tranquilidad/parsimonia), etc.

El hecho de que esta región haya sufrido el estigma de la ignorancia no es casualidad, sino consecuencia de una campaña de represión que comenzó tras la instauración de la dictadura franquista. Murcia, de mayoría pobre y dedicada al campo, fue uno de los últimos bastiones de resistencia de la Segunda República, lo que marcó una política de represalias durante los siguientes 40 años de “carácter clasista, masivo y ejemplarizante”, asegura el historiador Antonio Martínez.

Esta campaña de castigo y aislamiento consiguió que su riqueza cultural y lingüística fuera denostada hasta el día de hoy.

La oficialización del murciano sigue siendo una utopía. La Asamblea Regional es la responsable de blindar este tipo de aspectos culturales. En la revisión del Estatuto de Autonomía, se menciona explícitamente que hay que proteger, entre otros, los rasgos lingüísticos de la región, sin embargo, aún no ha sido aprobado. La Asamblea, con mayoría de PP y Vox, no financia la labor divulgativa de asociaciones como L'Ajuntaera, que entre otras actividades organiza anualmente un concurso literario en panocho cuyas obras plasman en su propia revista. Además, dan charlas en colegios para intentar promover un vocabulario tan rico como este entre los más jóvenes.

Es conocida en la cultura popular de la región una imagen que se representa como la Matrona de Murcia, algo así como la personificación de la “fisionomía espiritual” de la región, tal y como indicaba el escritor Diego Sánchez Jara en Intervención de Murcia en la Guerra de la Independencia. Se trata de una mujer junto a unos niños tallados sobre la fachada del Palacio Almudí de la capital. Sánchez dejó escrito: “Allí, como símbolo de su generosidad, en el lugar mismo donde se guarda el trigo de sus campos y de sus huertas, se encuentra la Matrona dando el pecho a unos niños forasteros, mientras los suyos demandan en vano su alimento. ¿Se puede decir más?”

Cuando se enteró de la cancelación definitiva de la edición de 2026 del Festival Internacional del Cómic (FIBD), Élise Bouché-Tran sintió un inmenso “alivio”. “Cada año, se me encoge el corazón cuando se acerca el mes de enero, vuelvo a pensar en todo lo que pasó, es como una pesadilla que se repite”, cuenta quien fue responsable de comunicación de 9eArt+, la empresa que hasta entonces gestionaba el evento estrella de la ciudad de Angulema.

Bouché-Tran, que acusa a la empresa de haberla despedido después de que ella contara que había sido víctima de una violación durante el festival en 2024 (hay dos procedimientos en marcha, uno penal y otro laboral), era conocida hasta hace muy poco con el nombre de Chloé, seudónimo con el que publicó su testimonio el año pasado en las columnas de  L’Humanité. Desde la publicación en el diario, todo ha cambiado en el pequeño mundo del cómic.

Tras meses de movilización de los autores y autoras de cómics, a los que pronto se unieron las editoriales, que anunciaron unánimemente el boicot al festival, 9eArt+ acabó oficializando su cancelación. En un comunicado difundido el lunes 1 de diciembre, los abogados de la empresa señalan la responsabilidad de los “financiadores públicos que no han dejado de inmiscuirse en la gestión, pese a que es privada, de este evento, con la voluntad manifiesta de expulsar al organizador histórico”.

Para muchos, este comunicado presagia un futuro pulso legal entre la empresa 9eArt+ y las autoridades, empezando por el Ayuntamiento de Angulema. “Sin editores, autores y autoras y sin los asistentes, no hay festival, por lo que no hay subvención”, indicó el 20 de noviembre el alcalde de la ciudad, Xavier Bonnefont, del partido Horizons, reclamando una nueva concertación “con todos los actores para organizar una edición 2027 en las condiciones esperadas por toda la profesión”.

“Soy consciente de que esta situación es muy complicada para la ciudad de Angulema, pero todo ello permitirá partir de una buena base, con una organización más humana”, se congratula Élise Bouché-Tran, refiriéndose en particular a la brutalidad de la gestión de sus antiguos empleadores. Esa brutalidad era conocida por muchos, al igual que la opacidad financiera de 9eArt+, ya señalada en un informe del tribunal regional de cuentas en 2022, sin que nadie se decidiera a dar un puñetazo sobre la mesa frente a su denostado jefe, Franck Bondoux (ver caja negra).

Marguerite Demoëte también ha sido víctima de esa “gestión tóxica”. Hasta la fecha, la exdirectora artística del FIBD, despedida en junio tras meses de marginación, aún no se había pronunciado públicamente. Para ella, la cancelación de la edición de 2026 marca “el fin de un conflicto”. “Por un lado, me siento muy apegada a este evento y, por otro, ya no podía seguir aceptando la forma en que se hacían las cosas internamente”, afirma.

Demoëte, responsable de las ediciones 2024 y 2025 del festival, habla de “todo un sistema de opacidad, prohibiciones y secretos, que privaba a los empleados de un entorno de trabajo”. “Era un equipo pequeño que trabajaba mucho y en el que reinaban la precariedad y la ley del más fuerte”, explica. “La edición de 2025 fue un infierno. Todos mis proyectos eran rechazados, intentaban imponerme cosas y me ocultaban muchas otras. Franck Bondoux trabajaba a puerta cerrada con su hija, Johanna.”

Fue precisamente a su hija, directora de desarrollo del festival a través de su empresa Mentalo, a quien se dirigieron los miembros del gran jurado del FIBD 2025 el año pasado para pedir más transparencia tras las revelaciones de L’Humanité. “Se percibía una especie de negación con respecto a lo que estaba sucediendo”, recuerda la periodista Camille Diao, miembro de este jurado. “Les sugerimos que pidieran una auditoría, la dirección parecía bastante abierta a la idea, pero, aparentemente, no se ha hecho nada al respecto desde entonces”.

Sin embargo, todo estaba sobre la mesa: el enfado ya antiguo de los profesionales del cómic, que no soportaban más la gestión de 9eArt+ y ahora lo expresaban alto y claro; la historia de Élise Bouché-Tran; las huellas dejadas por el caso Bastien Vivès; la ausencia de directrices en la programación; el establecimiento de asociaciones comerciales problemáticas; la rotación de los equipos; la opacidad financiera de la empresa; el aislamiento de Franck Bondoux...

“Llevamos diez años hablando de los problemas de Angulema”, resume Frédéric Lavabre, director de la editorial Sarbacane. “Es como en una familia disfuncional: lo teníamos todo delante de nuestras narices, pero no queríamos verlo.” Durante años, estima el editor, todo el mundo ha querido aferrarse a este evento tan importante para el mundo del cómic. Los intereses eran tan numerosos como diversos. Y nadie quería correr el riesgo de poner en peligro el edificio general.

Aunque las autoras llevaban mucho tiempo movilizadas, en particular a través del Colectivo de Creadoras de Cómic contra el Sexismo, creado en 2016, fue necesario que surgiera un proyecto que perpetuara la gestión del festival por parte de la empresa 9eArt+ para que los editores siguieran su ejemplo. Y empezaron a plantearse seriamente la posibilidad de un boicot, que fue aprobado en noviembre por todas las estructuras representativas. “En el fondo, ellas fueron más valientes que nosotros”, reconoce Frédéric Lavabre.

La editora y traductora de cómics Marie-Paule Noël, miembro del Colectivo de Creadoras de Cómics contra el Sexismo y del Sindicato de Trabajadores Artistas-Autores (STAA CNT-SO), admite que “los autores han tardado mucho en tomar el relevo”. “Las autoras, que son las más maltratadas y precarias, se apoyan mutuamente desde hace años”, recuerda. “A ellas también les gusta Angulema, pero ninguna quería participar en un festival que maltrata a las personas”.

Según todas las personas encuestadas por Mediapart, la cancelación de la edición de 2026 es “desgarradora”, pero todas ellas aplauden la lucha inquebrantable de las autoras y su girlcott, el equivalente femenino del boicot. A pesar de las burlas de la columnista de France Inter Sophia Aram, este girlcott dice mucho sobre el enorme salto que ha dado el mundo del cómic en pocos meses.

En un entorno aún impregnado de sexismo y tabúes, fueron las autoras las que hicieron posible este “emocionante avance”, en palabras de Manon Picot, codirectora de la librería Lilosimages de Angulema. Desde Mirion Malle hasta Anouk Ricard, pasando por Pénélope Bagieu, Julie Doucet o Posy Simmonds, todas las generaciones de creadoras se han unido en torno a una misma lucha. “Poseen una radicalidad política muy gratificante”, sonríe la librera. “Son ellas las que están forjando el futuro de su profesión. Lo que han logrado es histórico”.

“Es increíble ver lo que ha logrado la movilización de las autoras”, aplauden tanto Marguerite Demoëte como Élise Bouché-Tran, satisfechas de constatar que “las autoras podrán ahora estar en el centro de todo”. “Es muy bueno para el mundo del cómic”, añade la exempleada de 9eArt+, que ha recibido mucho apoyo de las creadoras.

Serge Ewenczyk, fundador de la editorial Çà et là y miembro del Sindicato de Editores Alternativos, lo confirma: “Fueron ellas las que impulsaron la petición del mes de abril [primer llamamiento al boicot del festival firmado por 400 autores, ndr], fueron ellas las que nunca se rindieron.” Sin prejuzgar el futuro del FIBD, los profesionales del cómic se alegran de ver “a los autores y autoras volver al centro del juego”.

A pesar de todo, esta historia deja un sabor amargo a muchos de ellos. “Las cosas se han alargado demasiado, la situación se ha podrido”, lamenta Serge Ewenczyk, quien considera que las autoridades “no han jugado limpio”. “Si la región y el Ayuntamiento hubieran sido mucho más firmes mucho antes, no estaríamos en esta situación”, añade. De hecho, la cancelación de la edición de 2026 es un auténtico “accidente industrial”, en palabras de Frédéric Lavabre. Tanto para el mundo del cómic como para la ciudad de Angulema.

Comerciantes, hoteles, restaurantes, trabajadores temporales, etc., en esta ciudad marcada por el cómic, la ausencia del festival se perfila como una catástrofe económica. “Es un desastre”, lamenta la librera Manon Picot, que señala una “falta de valentía política”. A pocos meses de las elecciones municipales, esto podría costarle caro al alcalde, Xavier Bonnefont, que aún no ha anunciado su candidatura. Contactado por Mediapart, el edil no respondió a nuestras preguntas.

En cualquier caso, el asunto del FIBD va mucho más allá del marco de las elecciones, según Patrick Mardikian, consejero departamental de Charente, presidente de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image (Ciudad Internacional del Cómic y de la Imagen) y ahora candidato a las municipales con el apoyo del Partido Socialista. “Lo que está en juego es enorme para la ciudad de Angulema, es todo un ecosistema el que está en peligro”, insiste, para él todo “un desastre”, cuando las alertas se remontan al menos a una década.

Más allá de la batalla legal que se avecina, los profesionales del cómic se centran ahora en el futuro del FIBD y su gestión. Continúan las discusiones en el seno de la Asociación para el Desarrollo del Cómic en Angulema (ADBDA), un organismo de mediación creado en 2017 por el ministerio de Cultura a raíz de una crisis anterior: la ausencia de autoras en la lista de candidatos al gran premio del festival en 2016.

Las autoridades públicas ya han anunciado una actualización de los estatutos de la ADBDA con el fin de integrar a las organizaciones representativas de autores y autoras de cómics, pero las negociaciones aún están en curso y por el momento no se ha firmado nada. Mientras tanto, la organismo de mediación ha dado a conocer la lista de sus reivindicaciones para los creadores y creadoras, el público, el festival en general, pero también la lucha contra la violencia y el acoso sexistas y sexuales.

El anuncio oficial de la cancelación del festival también fue recibido con “alivio” por los libreros de Lilosimages en Angulema, que esperaban “el punto final” de la serie 9eArt+ para lanzar sus propias iniciativas y poner en marcha “un inmenso off”. “Nuestro deseo, como actores locales, es celebrar el cómic con nuestros medios”, explica Manon Picot, que espera poder organizar en su librería mesas redondas sobre temas como “el feminismo, la ecología o la descolonización”.

El alcalde ya ha indicado que quiere destinar las subvenciones que normalmente se conceden al FIBD a los comerciantes de la ciudad. “Celebraremos el cómic en Angulema sin Franck Bondoux, pero eso no salvará la economía local”, advierte Manon Picot. “No podemos pasar de la mayor fiesta del cómic europeo a la fiesta del cómic local”, alerta también Patrick Mardikian. “Estamos dispuestos a hacer cosas con la Cité pero por el momento no tenemos respuesta. Tengo la impresión de que cunde el pánico”.

En otras partes de Francia, se han previsto otras iniciativas para rendir homenaje al cómic a principios de 2026. En París, una docena de editoriales independientes, entre ellas Çà et là, L'Association o Les Rêveurs, han previsto un evento el último fin de semana de enero en Ground Control, en el distrito XII.

Contactado por Mediapart, Franck Boudoux no respondió a nuestras preguntas. También contactamos con los abogados de la empresa 9eArt+, que nos remitieron al comunicado difundido el 1 de diciembre.

Cuatro de cada diez mujeres lesbianas, trans, bisexuales o intersexuales ha padecido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses, según alerta la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recoge EFE.

En un comunicado, la Felgtbi+ denuncia que el 13,8% de las mujeres de la comunidad ha sufrido violencia física o verbal; un 14,8% acoso y un 24,2% discriminación en el último año. 

Según se desprende de su investigación Estado LGTBI+ 2025, elaborada junto a la agencia 40db, un 26,8% de las víctimas sufrió esta violencia en la calle; el 17,6%, en los centros de enseñanza; el 14,4% en un lugar de ocio y el 13,1% en el transporte público.

La presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, explica que las mujeres LTBI+ están expuestas a una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y de pertenecer al colectivo y que los discursos de odio están incrementando la violencia que sufren.

"Se trata de estrategias organizadas que pretenden señalarnos como la otredad, como una amenaza, para conseguir rédito político. Las mujeres lesbianas somos señaladas como degeneradas; las mujeres bisexuales son hipersexualizadas y las mujeres trans son dibujadas como una amenaza. Otras mujeres que forman parte del colectivo LTBI+, como las mujeres intersexuales o las que pertenecen al espectro asexual siguen muy invisibilizadas. Todos los discursos de odio se basan en deshumanizarnos para que parezca legítimo rechazarnos", subraya.

El Gobierno estadounidense ordenó a las autoridades de inmigración considerar inelegible la visa de inmigrantes extranjeros con problemas de salud como diabetes u obesidad o si son de edad avanzada. La nueva guía indica que podrían convertirse en una "carga pública", según el medio KFF Health News.

El Departamento de Estado de este país envió la nueva directriz a los funcionarios de embajadas y consulados este jueves en la que amplían la lista de condiciones médicas que harían inelegible a un extranjero que busca residir en el país.

Si bien EE.UU. ha impuesto revisiones de salud para los solicitantes de la visa de inmigrante desde hace décadas, los expertos afirman que las nuevas directrices amplían considerablemente la lista de afecciones médicas que se deben tener en cuenta y otorgan a los funcionarios de visados más poder para tomar decisiones sobre la inmigración basándose en el estado de salud del solicitante, indica KFF.

La directriz insta a los funcionarios que otorgan las visas a considerar enfermedades, como la obesidad, que, según indica, puede causar asma, apnea del sueño e hipertensión, o la diabetes, entre otras afecciones para denegar la solicitud. "Todas estas dolencias pueden requerir atención médica costosa y prolongada", señala la medida. Además, se instruye a los funcionarios a determinar si los solicitantes cuentan con los recursos para costear el tratamiento médico sin ayuda del Gobierno estadounidense.

La nueva orden también busca que se considere inelegible para ingresar a Estados Unidos a una persona que por su edad pueda tener más probabilidad de depender de la asistencia social. La guía también insta a que se considere la salud de los familiares, incluidos los hijos y los padres mayores de los solicitantes.

La directiva forma parte de la agresiva campaña de la administración de Donald Trump contra la inmigración junto a las detenciones y deportaciones masivas que asolan el país.

Desde su primera Administración (2017-21), el presidente republicano y sus asesores han insistido en denegar la residencia permanente a personas que puedan convertirse en una carga pública. La Administración de Joe Biden (2021-2025) había echado abajo varios de las nuevas reglas emitidas en el primer gobierno del republicano sobre la carga pública, que ahora la Casa Blanca retoma como parte de su política migratoria.

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha admitido a trámite una demanda del Foro Europeo de la Discapacidad por la discriminación que considera que sufren las personas a las que representan en el acceso a la vivienda, informa EFE.

En una decisión publicada este viernes, el CEDS indicó que en la sesión que se había celebrado la semana pasada consideró por unanimidad admisible esa demanda.

En su queja, esta organización considera que España presenta una serie de carencias legislativas, administrativas y financieras eficaces y coordinadas para garantizar ese acceso, en particular en los edificios residenciales sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, e incumple varios artículos de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Según su lectura, España perpetúa un marco jurídico que genera discriminación indirecta contra las personas con discapacidad, las personas en situación de pobreza o exclusión y aquellas que están en riesgo de sufrirlas. Los expertos del CEDS deberían abordar esta demanda en los próximos meses para emitir un dictamen.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este vienes sin necesidad de votación el examen periódico universal sobre la situación de las libertades fundamentales en España, durante el cual Estados miembros y actores de la sociedad civil emitieron más de 300 recomendaciones que en su mayor parte fueron aceptadas por la delegación española.

De las 324 recomendaciones emitidas España decidió aceptar 303, indicó en el Consejo el embajador español ante la ONU en Ginebra, Marcos Gómez, quien aseguró que estas sugerencias "son de gran utilidad en el ámbito legislativo y en nuestra práctica administrativa".

Muchas de ellas, subrayó el jefe de misión, giraron en torno a la violencia de género, "un mal que aflige a todos los países" y en el que España "reafirma el compromiso inquebrantable para combatir esa lacra".

Del mismo modo, hubo múltiples recomendaciones sobre la lucha contra la discriminación racial que fueron escuchadas "ante la amenaza creciente de los discursos de odio que resuenan también en España y la desinformación en las plataformas digitales", subrayó el diplomático.

Durante el examen, que se celebró el 30 de abril, algunos países señalaron la necesidad de prevenir en España el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque Gómez aclaró este viernes que "toda conducta discriminatoria está prohibida y supone una falta muy grave que puede dar lugar incluso a responsabilidad penal".

En el posterior turno de réplica, después de intervenciones en varios casos críticas con España, Gómez únicamente respondió directamente a las afirmaciones de una ONG israelí, Institute for NGO Research, que acusó a las autoridades españolas de creciente antisemitismo.

Esas acusaciones "proceden de alguien que vive en una realidad paralela y que ignora lo que está sucediendo hoy en Gaza", respondió el jefe de la delegación española.

 ¿Qué ocurrió la noche del 15 al 16 de agosto, al final de la fiesta de la localidad de Royère-de-Vassivière? Según Cédric Lecomte, concejal y miembro del comité organizador de las fiestas, citado por el periódico La Montagne, no pasó gran cosa. Solo un grupo de unos diez jóvenes borrachos, al final de la noche, que intentaron robar vasos.

“Ellos empezaron a tirarnos botellas y nos defendimos. Luego se fueron corriendo. Pero sí, hubo bronca, eso es seguro”, afirmó el concejal al diario regional unos días después de los hechos.

Sin embargo, los jóvenes en cuestión y otros testigos cuentan una historia muy diferente, la de un ataque deliberado y selectivo contra un joven negro que, tras una primera paliza, se convirtió en una “caza de negros” —expresión que, según se dice, emplearon los agresores— con camionetas y walkie-talkies en las calles de este municipio de 570 habitantes. Y esos testigos señalan al citado concejal como uno de los principales protagonistas de la agresión.

“No, no fue una pelea entre gente borracha. Sufrimos una paliza por parte de una banda organizada y nuestra única respuesta fue huir y ponernos a salvo. Fuimos víctimas de una emboscada”, asegura la principal víctima, de 26 años, que se dirigió a la prensa el lunes bajo anonimato, ya que está sometido a “intimidaciones casi diarias por parte de personas que viven cerca de casa”.

Junto al joven y otras dos presuntas víctimas, su abogada, Coline Bouillon, afirma representar a siete demandantes, cinco de los cuales ya han presentado denuncia por actos de violencia cometidos de forma premeditada y en grupo, injurias públicas e incitación a la violencia y al odio, así como violencia e injurias de carácter racista. Un médico constató en esas personas hematomas y síndromes postraumáticos que justificaban bajas laborales temporales de entre seis y quince días, según los casos, precisa la abogada.

Según el relato elaborado por las tres víctimas el lunes y los hechos recogidos en cuatro denuncias a las que Mediapart ha tenido acceso, la supuesta agresión comenzó después de las dos de la madrugada, cuando Nicolas Lenoir, miembro del comité organizador y presidente de la asociación local de caza, se acercó al grupo de amigos reunidos cerca de un bar para reprochar de forma agresiva a una persona negra que no llevara a su perro con correa. “Tenía un cachorro de tres meses tumbado a mis pies debajo de la mesa”, indica el joven.

Este menciona en su denuncia un primer insulto racista — “no tienes nada que hacer aquí, negro asqueroso”, corroborado por otro denunciante, y una serie de puñetazos y patadas contra él. Varios miembros del grupo, que intentaron interponerse, afirman haber recibido también golpes, mientras que el agresor recibió el apoyo de Cédric Lecomte, quien, según ellos, participó en la pelea.

Una denunciante de 20 años afirma que el cazador la agarró por el cuello y la tiró al suelo, y que luego la dio patadas hasta que perdió el conocimiento. Un denunciante de 25 años, que recibió un golpe en la cara, describe cómo el mismo agresor tiró al suelo a otro concejal de Royère que había acudido para calmar los ánimos, “apoyando su codo contra su cuello”.

El grupo huyó, pero fue alcanzado por una camioneta de la que se baja Cédric Lecomte. “Estaba muy cabreado y quería atacar a nuestro amigo racializado proponiéndole pelear uno contra uno”, testifica un vecino del pueblo, que habla bajo anonimato. Mientras la supuesta víctima lograba “escaparse por las calles del pueblo”, esta fuente indica que se organizó una persecución con comunicaciones por walkie-talkie y la llegada de al menos una segunda camioneta. “En la calle se oyó: ¿Dónde está ese negro? Vamos a liquidarlo”, añade.

Algunas declaraciones de los denunciantes aseguran que hubo hasta cinco camionetas implicadas y una quincena de perseguidores a pie. Una de ellas relata las palabras de un denunciante que afirma haber oído: “La caza de negros está abierta”. La principal supuesta víctima indica por su parte que se refugió en un sótano, con “temblores en todo el cuerpo”, hasta la llegada de los gendarmes, llamados por sus compañeros, hacia las 4:30 de la madrugada.

Contactado por teléfono por Mediapart, Nicolas Lenoir no quiso pronunciarse sobre los hechos que se le imputan, pero sí afirmó que lo que ocurrió la noche del 15 fue un “empujón” y que “ni siquiera hubo pelea”. “Soy una persona honesta, no soy racista en absoluto, no tengo ninguna afiliación política. Pero han convertido esto en una cuestión política. Es repugnante. Se acercan las elecciones municipales y también las manifestaciones del 10 de septiembre”, comentó. “Espero a que la justicia haga su trabajo.”

El mando de la gendarmería responsable del sector no respondió a las solicitudes de aclaración de Mediapart. Sin embargo, una fuente de la gendarmería confirmó a La Montagne la existencia de “comentarios discriminatorios”, pero desmintió que se tratara de una “cacería humana”. Por su parte, el alcalde socialista de Royère-de-Vassivière, Raymond Rabeteau, se negó a hacer declaraciones, alegando que se trata de un “asunto privado”. No fue posible contactar de inmediato con el edil implicado ni con la persona citada como una de las víctimas.

En cualquier caso, los hechos relatados por las supuestas víctimas parecían suficientemente convincentes para más de 300 habitantes del pueblo y sus alrededores, que acudieron el lunes a Royère-de-Vassivière para mostrarles su apoyo con pancartas en las que se leía: “En nuestros pueblos, no al racismo, no a la violencia”.

“Esos ataques nos hieren y nos entristecen individualmente y, en general, afectan a todos los habitantes de aquí, sean quienes sean, que creen que la convivencia es posible”, leyeron a varias voces los miembros del comité de apoyo creado tras el incidente. “No queremos vivir con miedo a los demás”.

Entre la multitud, los representantes de asociaciones y partidos políticos mantienen un perfil bajo, con las pancartas más bajas, a petición del comité. Pero no se callaron. ”En el departamento, desde 2022 se ha observado una liberación del discurso de odio. Y la situación ha empeorado desde la elección en 2024 del diputado en ejercicio”, comenta François Garçaut, representante de la Liga de Derechos Humanos (LDH) en la Creuse.

El activista se refiere a Bartolomé Lenoir, candidato de Los Republicanos (LR) apoyado por Éric Ciotti y la Agrupación Nacional (RN). “Su primera toma de posición fue preguntar cuántos extranjeros había en el departamento”, continúa, precisando que la LDH iba a ayudar a las víctimas en sus trámites.

“Y desde entonces, ha desarrollado una pasión morbosa por el sur de la Creuse y su población de ‘recién llegados’, algunos de los cuales llevan allí más de cuarenta años, a los que trata de dependientes y drogadictos para atizar contra ellos la proscripción popular”, añade Arnaud Chapal, portavoz de los ecologistas de Creuse.

Catherine Couturier, exdiputada de La France insoumise (LFI) por la Creuse, recuerda por su parte que su despacho ya había sido objeto de “actos de vandalismo y pintadas violentas como ‘diputada zorra’ o ‘vamos a quemar la mezquita’” durante su mandato, de 2022 a 2024.

En Royère-de-Vassivière, el candidato de Los Republicanos obtuvo 104 votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas de 2024, es decir, el 34,21 % de los votos, y 129 en la segunda (41,08 %). En 2022, el RN no superó la primera vuelta, con 41 votantes (17,67 %), al igual que el Frente Nacional anteriormente, que solo obtuvo 17 votos (6,81 %) en 2017.

Durante la concentración del lunes, los miembros del comité de apoyo querían creer que el incidente del 15 de agosto, en lugar de dividir al pueblo, le permitiría unirse en torno a un “rechazo común de la discriminación y la violencia”. El reto es crucial, ya que el municipio acogerá a finales de septiembre la fiesta de la Montagne limousine, una celebración que reúne a los habitantes de todo el sur de la Creuse.

Traducción de Miguel López

En España los trabajadores migrantes ganan un 29% menos que las personas nacidas en el país, según recoge un estudio publicado en la revista Nature y titulado La brecha salarial entre inmigrantes y nativos está impulsada por la falta de acceso a empleos bien remunerados. No es una dinámica nueva y suele responder a que los trabajos más precarios y peor pagados los desempeñan de manera habitual quienes llegan desde otros lugares. Pero una de las novedades que muestra el estudio es que en España la brecha es más significativa que en otros países del entorno. Alemania, Noruega o Francia se mueven en diferencias del 19% al 20%, Dinamarca tiene un 9% y Suecia un 7%. 

“La segregación de los trabajadores de origen inmigrante en empleos peor pagados explica aproximadamente tres cuartas partes de las diferencias salariales globales entre inmigrantes y nativos”, recoge el documento. Las condiciones particulares que ahondan o atenúan estas brechas dependen de muchos factores: composición de los flujos migratorios, políticas de integración, mecanismos para el reconocimiento de la formación en otros países, evolución del salario mínimo o políticas de formación profesional, entre otras. “Aquí el elemento central es que los migrantes acceden en su mayoría a trabajos precarios”, coincide Cesc Poch, responsable de migraciones del sindicato UGT.

En la comparativa —que los investigadores han realizado en base a datos de 13,5 millones de trabajadores repartidos en nueve países— España y Canadá, con una brecha del 29% y del 27% respectivamente, son los peor parados. Noruega tiene un 20%, Alemania un 19% y Francia un 18%. En el otro extremo, la brecha menos pronunciada se da en Suecia (7%) y en Dinamarca (9%). En cuanto a las diferencias que se dan dentro de un mismo empleo y nivel profesional, es decir, entre compañeros nacidos y no nacidos en el país, también existen diferencias, aunque están más atenuadas. Por ejemplo, en España son de un 7% y en Canadá de un 9%.

En el caso concreto de España, Poch apunta a varios factores estructurales que podrían estar ahondando en estas diferencias. El primero, que se ha mencionado arriba, tiene que ver con la mayor presencia de migrantes en trabajos precarios, pero hay otros. Uno añadido es la parcialidad: “Te contrato por cuatro horas, te pago por ocho y trabajas doce, es un tópico habitual”, explica el responsable de UGT. Algo que se ve agravado por la situación de vulnerabilidad y de quien acaba de aterrizar en un país nuevo o necesita coger el empleo desesperadamente. “Por ejemplo, las trabajadoras del hogar tienen muchas veces más de un empleo y todos parciales”, explica.

Además de analizar este fenómeno por regiones, la procedencia también expone más a las personas migrantes a cobrar menos. Por ejemplo, aquellos que se desplazan desde África Subsahariana u Oriente Medio, se enfrentan en general a diferencias más severas, que van desde un 26% a un 23%. Una dinámica que se corrige hasta el 9% si se toman datos de europeos o norteamericanos que se desplazan a otros países. 

Y aquí entra el problema de la formación. “La subocupación, es decir, la gente con formación que se emplea en labores de baja cualificación, es habitual”, puntualiza Poch. Un punto que también explica Sofía Castrillo, secretaria de Migraciones de Comisiones Obreras (CCOO): “Eso no quiere decir que las personas inmigrantes no estén cualificadas, muchos tienen estudios superiores, pero se encuentran en algunos casos con discriminación. Nos pueden servir el café, pero no llevar nuestras finanzas”, ironiza. Además, la responsable de CCOO cuenta que los procesos de convalidación de estudios son complejos, caros y el sistema que los tramita está colapsado.

En España trabajan más de tres millones de personas que han nacido en otros países, un dato que supone el 14% del total de cotizantes. Si se analizan los sectores en los que suelen emplearse, más de 300.000 trabajan en el comercio al por mayor, que incluye mozos de almacén, repartidores, etc. Len sigue la construcción, con más de 230.000 cotizantes extranjeros, y la industria manufacturera, que supera los 200.000, según los últimos datos que proporciona la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las barreras de la primera generación suelen tener que ver con la formación, el idioma, la necesidad de aceptar un trabajo —aunque las condiciones sean malas— o la escasa formación, pero en la segunda generación la brecha, aunque menor, se perpetúa. El estudio, que encabeza Are Skeie Hermansen (Universidad de Oslo, Noruega), junto a coautores de EEUU, Canadá, España, Francia, Suecia, Dinamarca, Alemania y Países Bajos, también hace un mapa de situación sobre los descendientes de personas migrantes y la integración en el mercado laboral de sus países. Habla de un progreso apoyado en la mejora de la formación y el idioma, pero la brecha se mantiene en el 5% en el cómputo global.

“Aquí existe otro problema, que es el acceso limitado a la formación, que muchas veces viene por la falta de recursos”, apunta el delegado de UGT. “De hecho, en los cortes de edad más bajos, hay más trabajadores migrantes que nacidos en el país, debido a que estos últimos suelen alargar más los años de formación”, concluye.

Desde Comisiones, Castrillo insiste en la necesidad de hablar de inclusión: “No podemos olvidar que cuando hablamos de inmigrantes, estamos hablando de personas que por razones de pobreza extrema, regímenes políticos o guerras tienen que abandonar su país dejando atrás a sus familias”, concluye.

En 2025 se conmemora en España el "Año del Pueblo Gitano", coincidiendo con el 600º aniversario de la llegada de esta comunidad a la península ibérica. En conmemoración de esta fecha, infoLibre ha celebrado este miércoles 16 de julio una nueva edición de los foros infoLibre bajo el título: "600 años del pueblo gitano en España: Historia, cultura y futuro". El evento se ha desarrollado en el espacio Taller de Ideas de Madrid en colaboración con el Ministerio de Igualdad y ha contado con la participación de figuras que representan al pueblo gitano.

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ha dado inicio al acto y ha reivindicado la necesidad de romper con los estereotipos ligados a los gitanos: "El pueblo gitano es mucho más [...] y es hora ya de hablar a fondo y con un poco de detalle, sin tópicos, de lo que significa y de lo que ocupa y preocupa al pueblo gitano". Posteriormente ha dado paso a una conversación entre Beatriz Micaela Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Gobierno de España, y Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, donde ambas han hablado de la situación actual del pueblo gitano. Y para comenzar Carrillo ha agradecido a infoLibre la celebración de este foro: "Es muy necesario celebrar estos espacios de diálogo en los medios de comunicación porque eso también nos ayuda a llegar la sociedad en general".

La directora de infoLibre, al comienzo de la conversación, ha remarcado "la enorme resiliencia cultural con la que ha sobrevivido el pueblo gitano a siglos de persecución y exclusión". Sobre esto, Carrillo ha hecho una reflexión acerca de la resistencia histórica de la comunidad gitana: "Creo que la palabra que podría definir el pueblo gitano en 600 años es 'milagro'. Es un milagro que estemos todavía aquí y, además, con esas ganas de seguir luchan por nuestro país pero también por nuestra cultura, por nuestra identidad".

Otro de los temas que se ha tratado es el acceso de los jóvenes gitanos a la universidad. Recientemente un estudio de la Fundación Secretariado Gitano señalaba que solo el 0,8% de los jóvenes gitanos se gradúa en la universidad. Sobre esta realidad, Carrillo ha remarcado que "este dato demuestra la gran distancia que tenemos con la sociedad mayoritaria, el gran triunfo del pueblo gitano será cuando tengamos antes un pie en la universidad que en la exclusión", y ha asegurado que en parte se debe a que "muchos tienen asumido que las puertas están cerradas".

A raíz de este tema, se ha reflexionado sobre el papel de la educación en la preservación de la memoria del pueblo gitano. Carrillo ha explicado que esta es una gran deuda histórica ya que desde el ejercicio de la educación y el conocimiento es desde donde se puede promover el mayor ejemplo de ciudadanía y concienciar sobre quién es el pueblo gitano, por dónde ha pasado y las injusticias que se han cometido: "Toda esa bolsa de pobreza que se ve, a veces no es fruto de la casualidad, sino precisamente consecuencia de los duros latigazos que hemos sufrido a lo largo de la historia"

Respecto a los esfuerzos del Gobierno actual para tener en cuenta al pueblo gitano, ha destacado que nunca antes se había debatido tanto sobre este tema ni se había llevado la perspectiva gitana a normativas como la ley de memoria democrática en la que se ha impulsado la creación de la primera comisión estatal para la restitución de la memoria del pueblo gitano.

Al hablar sobre la posición de la mujer en la comunidad gitana, ha criticado que se haga mayor hincapié en el machismo cuando se habla del pueblo gitano. Carrillo ha recordado que se trata de una cuestión estructural de toda la sociedad y ha insistido en que en la comunidad gitana las mujeres son "muy líderes y muy fuertes"

Posteriormente ha comentado la mesa redonda "Voces Gitanas: Historia, Identidad y Futuro", moderada por Marta Gesto, directora general de infoLibre, en la que han participado María Rubia Jiménez, activista y presidenta del Instituto Romanó para Asuntos Sociales, Alejandra Moreno Espinosa, criminóloga y graduada en Derecho, y José Vega de los Reyes, trabajador social y periodista, ha sido parte central del evento.

En esta mesa se han tratado cuestiones como los episodios de la historia gitana que han sido invisibilizados, y se han mencionado sucesos como "La gran redada", destacándolo como uno de los primeros sucesos de exterminio masivo. María Rubia Jiménez ha explicado que "el pueblo gitano sigue llevando ese dolor en su ADN" y José Vega de los Reyes ha incidido en que "son muchos los momentos que no se conocen de la historia del pueblo gitano" porque esta se ha contado desde la "otredad". También se han mencionado otros episodios como los 500 años de esclavitud del pueblo gitano en Rumanía y los asesinados durante el holocausto nazi.

Alejandra Moreno Espinosa ha reclamado una mayor presencia en las instituciones: "Los jóvenes reivindicamos que se incorpore nuestra voz y experiencia en todas las esferas". Una idea en la que ha incidido también Rubia Jiménez: "Hasta que no estemos presentes en todos los espacios será muy difícil alcanzar una equidad". Por su parte, Vega de los Reyes ha subrayado lo significativo que es que el pueblo gitano sea quien cuente su historia: "Es importantísimo que sea la voz gitana la que visibilice a nuestro pueblo, el pueblo gitano no necesita de ese paternalismo y que se hable de nosotras y nosotros sin nosotros y nosotras".

Para finalizar, cada uno de los participantes ha explicado brevemente una urgencia que tiene el pueblo gitano. Vega de los Reyes ha criticado que "no es normal que 10 de los 15 barrios más pobres de toda España sean andaluces" y en ellos estén sobrerrepresentados, entre otros, los gitanos. María Rubia Jiménez ha mencionado la segregación escolar, habitacional, educativa, el hecho de que la esperanza de vida de las mujeres gitanas sea 15 años menor que la media y la necesidad de que sea atajado desde las instituciones. Alejandra Moreno Espinosa ha remarcado que los jóvenes gitanos se encuentran en una situación de exclusión social que se agrava cuando llegan a las aulas universitarias y ha solicitado un control más exhaustivo contra los delitos de odio en las redes sociales.

Por último, Marta Gesto ha despedido el evento agradeciendo su presencia a los participantes, el apoyo del Ministerio de Igualdad y de las socias y socios de infoLibre. Además, ha emplazado a los espectadores a seguir el foro que se realizará el próximo jueves 17 de julio en Barcelona, que tratará sobre el problema del cambio climático y los incendios, y contará con la participación del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

En 2025 se conmemora en España el "Año del Pueblo Gitano", coincidiendo con el 600º aniversario de la llegada de esta comunidad a la península ibérica. La presencia del pueblo gitano en España abarca seis siglos de historia caracterizados por una rica contribución cultural y una resiliencia notable frente a múltiples adversidades. Desde su llegada a la península en el siglo XV, los gitanos han influido profundamente en la cultura española, especialmente en ámbitos culturales como la música, la danza y las artes. Pero, ¿cómo podemos visibilizar estos aportes sin caer en el folklorismo o la simplificación?

infoLibre busca responder a esta y otras preguntas en el foro "600 años del pueblo gitano en España: Historia, cultura y futuro". El acto tendrá lugar el miércoles 16 de julio en el espacio Taller de Ideas de Madrid en colaboración con el Ministerio de Igualdad. El evento se podrá seguir a través de Youtube en este enlace.

El foro comenzará a las 13:00 horas con una breve introducción de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. A continuación, Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, conversará con Beatriz Micaela Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Gobierno de España y una de las primeras diputadas gitanas de la historia de la democracia. Después, comenzará la mesa redonda que moderará la directora general de infoLibre, Marta Gesto, y que contará con la participación de María Rubia Jiménez, activista y presidenta del Instituto Romanó para Asuntos Sociales, Alejandra Moreno Espinosa, criminóloga y graduada en Derecho, y José Vega de los Reyes, trabajador social y periodista.

Se tratarán cuestiones como el papel que juega la memoria histórica para reparar y transformar la relación entre la sociedad mayoritaria y el pueblo gitano, y temas relativos a la educación y el antigitanismo. También se abordarán las carencias que hay en el sistema educativo respecto al conocimiento y respeto de la historia gitana y cuáles son hoy las principales formas de antigitanismo que enfrentan España o Europa.

Los juzgados de familia infravaloran las consecuencias que la violencia de género tiene en las víctimas, tanto mujeres como niños y niñas, siendo excepcionales las sentencias que dictan medidas para prevenir sus daños y consecuencias.

Es la principal conclusión de la investigación Tratamiento judicial dado a mujeres, sus hijas e hijos menores de edad en los procedimientos de Derecho de Familia en los que se ha constatado la existencia de violencia de género, elaborado por la Asociación de Juristas Themis por encargo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha informado EFE.

El estudio ha analizado 1.178 resoluciones judiciales de apelación y casación dictadas entre enero de 2022 y diciembre 2023 en procedimientos de familia en los que existía al menos una denuncia por violencia de género. Esos casos implicaban a 1.843 hijos menores de edad.

El objetivo de la investigación era conocer el tratamiento que se dio a mujeres y menores en cuestiones como patria potestad, custodia, regímenes de visitas, pensiones alimenticias, uso del domicilio familiar, síndrome de alienación parental o mediación familiar.

La principal conclusión de la investigación es que la perspectiva de género e infancia "está ausente" en las resoluciones judiciales de derecho de familia, a pesar de ser una obligación legal.

Se aprueban regímenes de visitas, custodias compartidas e incluso custodias exclusivas para el progenitor incurso en procedimientos por maltrato. Pese a que en todos los casos analizados había denuncias por violencia de género, esta realidad sólo se menciona en el 29,82 % de los pronunciamientos judiciales.

Esto evidencia "la escasa importancia que se da a la violencia para fijar las medidas civiles que regirán las relaciones tras la ruptura de la pareja". "Se constata la infravaloración en sede judicial de las consecuencias que la violencia machista tiene en las mujeres, las niñas y los niños", según el informe.

Pese a que la legislación es clara a este respecto, la suspensión o no fijación del régimen de visitas con el maltratador sólo se dictó en el 18 % de las sentencias estudiadas.

En un 88,62 % de sentencias se mantuvo la patria potestad, sólo se privó de esta al padre en un 2,52 % de los casos y en otro 9,17 % se restringió o suspendió de forma temporal.

Además, pese a la denuncia por violencia de género, se otorgó la custodia exclusiva al padre en un 9,6 % de los casos y la compartida -prohibida por ley-, en un 10,11 %. En el 71 % de los casos, la custodia fue exclusiva para la madre.

En cuatro de cada diez casos se pidió dictamen psicosocial de los menores, pero en casi la mitad de ellos se recomendó el régimen de visitas con el progenitor denunciado y sólo en un 23 % se recomendó que no se fijasen visitas, lo que pone de manifiesto que "estos equipos carecen de perspectiva de género e ignoran los mandatos legales".

La investigación también ha detectado que se sigue recurriendo al falso síndrome de alienación parental (mencionado en el 3,48 % de los casos) y aún se remite a las partes a mediación familiar (3,4 %), pese a que ambas están prohibidas por ley.

Asimismo, se ha cuantificado el valor de las pensiones de alimentos: el 44 % está en la horquilla de los 100 a los 200 euros; el 24 %, entre 200 y 300; el 9 % no llega a 100 y el 6 % supera los 500. Sólo figuran pensiones compensatorias en un 7 % de los casos.

El 40 % de estas madres tiene unos ingresos mensuales de entre 450 y 1.000 euros, un 35 % gana entre 1.000 y 2.000, un 12 % percibe menos de 450 euros al mes y el mismo porcentaje gana más de 2.000. Sólo en una de cada tres sentencias se discutió sobre el uso del domicilio familiar.

Las juristas han subrayado que las sentencias analizadas muestran una escasa sensibilidad ante las consecuencias de la violencia de género y denotan falta de formación en los órganos judiciales.

El estudio señala que la posición de la fiscalía no es proactiva a la hora de solicitar que los menores convivan o mantengan la relación con el progenitor enjuiciado o condenado por violencia de género, sino que se solicitan amplios regímenes de visitas.

Tras estos resultados, las juristas han solicitado al Consejo General del Poder Judicial la elaboración de un protocolo para que toda la magistratura juzgue con perspectiva de género e infancia y libre de estereotipos y prejuicios.

Su muerte durante su detención por la policía en 2020 fue el detonante en Estados Unidos de una toma de conciencia nacional sobre la cuestión racial. El domingo 25 de mayo, el país conmemoró la muerte del afroamericano George Floyd, asesinado hace cinco años por Derek Chauvin, un policía blanco, en Minneapolis (Minnesota). El policía fue condenado por asesinato a más de veintiún años de prisión en 2022.

La ceremonia conmemorativa se celebró en la plaza George Floyd, en el lugar donde este hombre de 46 años fue asfixiado por el policía, que le asfixió con la rodilla en el cuello durante un violento arresto. Los nueve minutos y veintinueve segundos grabados en vídeo dieron la vuelta al mundo.

El viernes anterior por la tarde, los familiares de George Floyd y otras cincuenta personas guardaron un minuto de silencio en la plaza cubierta de obras de arte con lemas de protesta, entre ellas un mural morado en el que se podía leer “Has cambiado el mundo, George”, a cuyos pies se depositaron rosas amarillas.

Ese asesinato dio una nueva dimensión al movimiento Black Lives Matter (BLM, Las vidas de los negros importan), nacido en 2014 tras la absolución de George Zimmerman por la muerte a tiros del joven negro Trayvon Martin y las muertes de Michael Brown y Eric Garner, ambos asesinados por la policía. El movimiento, que quería abordar de una vez por todas las cuestiones del racismo, la violencia policial y las desigualdades sistémicas, se convirtió en pocos días, tras la muerte de Floyd, en un eslogan universal, el MeToo del antirracismo.

En tres días se publicaron más de ocho millones de tuits con la etiqueta #BlackLivesMatter. Medio millón de personas se reunieron en unas 550 localidades de todo Estados Unidos. En las semanas siguientes, entre 15 y 26 millones de personas participaron en manifestaciones o expresaron su apoyo, incluidas personalidades republicanas como Mitt Romney, candidato a la presidencia en 2012, o Nikki Haley, primera embajadora de Trump en la ONU.

En Washington, en el exterior de la Casa Blanca fueron pintadas en el suelo las palabras BlackLivesMatter con enormes letras amarillas, cuando Donald Trump terminaba entonces su primer mandato. La alcaldesa demócrata de la ciudad, Muriel Bowser, rebautizó el lugar como Black Lives Matter Plaza NW. En California, en Sacramento, frente al Capitolio, o en Oakland, en tres manzanas enteras del centro de la ciudad, también se pintaron las letras BLM. Fue probablemente el mayor movimiento social de la historia de Estados Unidos.

El Washington Post recuerda que la muerte de Floyd se produjo en un momento en que gran parte del país aún se encontraba confinado debido a la pandemia del covid. A los negros, hispanos e indios nativos les afectaba el virus de forma desproporcionada, y la gente, atrapada en sus casas, se veía inundada de imágenes de vídeo que mostraban a Floyd asesinado a plena luz del día por un policía. “Ahí se juntaban todos los ingredientes: violencia espectacular, un público atento y activistas dispuestos a movilizar a la gente”, escribe Hakeem Jefferson, profesor adjunto de ciencias políticas en la Universidad de Stanford, en el diario estadounidense.

Pero cinco años después, a pesar de que la violencia policial a nivel nacional no ha dejado de aumentar, el movimiento parece estar retrocediendo. Como símbolo de ello, en Washington ha desaparecido la plaza Black Lives Matter. Por presión de la administración Trump, en marzo se cubrieron con asfalto las grandes letras amarillas.

El contexto ha cambiado. De vuelta a la Casa Blanca desde enero, Donald Trump está deshaciendo todas las reformas destinadas a luchar contra el racismo. Desde las primeras horas de su segundo mandato, el presidente americano ha lanzado una campaña para desmantelar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), incluidas las que se implantaron como respuesta a la muerte de Floyd.

Su gobierno ha suprimido las investigaciones sobre derechos civiles y ha frenado las iniciativas de contratación en favor de la diversidad, como recuerda la AFP. El 21 de mayo, el ministerio de Justicia anunció el archivo de las acciones judiciales contra las policías de Minneapolis y Louisville, acusadas de violencia tras las muertes de afroamericanos que conmocionaron al país en 2020. Y, como símbolo, los aliados más extremistas del presidente le han sugerido que indulte a Derek Chauvin.

“El retroceso actual parece rápido y brutal”, señala el New York Times: “Hace cinco años, republicanos y demócratas se manifestaban juntos para denunciar la violencia policial y proclamar que las vidas negras importan. Hoy, Donald Trump, un presidente que ha promovido durante mucho tiempo el resentimiento blanco, marca la pauta del discurso racial”.

Algunos observadores consideran que la reelección de Trump es en parte una reacción al activismo del BLM, cuyas manifestaciones degeneraron en disturbios en algunas ciudades. De hecho, los conservadores americanos ven en las políticas del presidente una corrección necesaria frente a la violencia en las calles y a las directrices que consideran paralizantes para las fuerzas del orden. “La administración Trump está decidida a detener la delincuencia, hacer respetar la ley, proteger a las comunidades y apoyar a las fuerzas del orden a todos los niveles”, declaró Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca.

La popularidad de Black Lives Matter ha caído en picado. Aunque una ligera mayoría del público sigue apoyándolo, el movimiento ya no cuenta con el fuerte respaldo que lo impulsó en 2020, y su balance sigue atenuado.

“La gente realmente creía que esas manifestaciones masivas, esas protestas multiculturales a gran escala, iban a ser transformadoras en la lucha por la justicia racial”, explica al Washington Post el profesor Hakeem Jefferson. “Lo han sido, pero no de la forma que la gente esperaba”, opina Jefferson, que cuenta que, tras el punto álgido de las grandes manifestaciones de 2020 —que Trump amenazó con reprimir enviando al ejército—, “el apoyo se derrumbó”.

Este mes, el Pew Research Center reveló que el 72 % de los estadounidenses cree que la mayor atención prestada a las desigualdades raciales desde la muerte de George Floyd no ha mejorado la vida de los negros.

“La revolución antirracista se ha ralentizado, pero nunca se pensó que avanzaría sin obstáculos”, analiza en el New York Times Ibram X. Kendi, promotor del concepto “antirracista”. Desde que fundó en 2020 el Centro de Investigación Antirracista de la Universidad de Boston gracias a 55 millones de dólares en donaciones, ha visto disminuir su notoriedad académica. Por su parte, el profesor Hakeem Jefferson está en una “lista de vigilancia” de la extrema derecha por haber enseñado y estudiado cómo la raza y la identidad moldean los comportamientos y las actitudes políticas.

Tras la muerte de Floyd, la Black Lives Matter Foundation Inc. recaudó 79,6 millones de dólares en 2021. Al año siguiente, esta cifra se redujo a unos 8,5 millones. En 2023, los ingresos fueron de unos 4,7 millones, frente a unos gastos de 10,8 millones, según ProPublica. Han circulado acusaciones de mala gestión, lo que ha empañado la imagen del movimiento.

Pero en la prensa americana, historiadores y politólogos señalan que los movimientos sociales y la política racial en Estados Unidos siempre han sido cíclicos, con avances y reacciones hostiles. Por ejemplo, el triunfo del abolicionismo fue seguido por el auge del grupo supremacista blanco Ku Klux Klan (KKK) y por el fin de la Reconstrucción (el período de recreación jurídica, política y social que siguió a la guerra civil en Estados Unidos). Las marchas por los derechos civiles se disiparon cuando el republicano Richard Nixon y su mayoría llegaron al poder.

Pero esos avances nunca se anularon por completo. Así, a pesar de la violencia y el terror utilizados por los Estados sureños para reprimir la plena ciudadanía de los negros tras el periodo de la Reconstrucción, la esclavitud nunca llego a restablecerse.

Para Steven Hahn, profesor de historia en la Universidad de Nueva York, el activismo negro es parte integrante del activismo americano, aunque algunos aliados blancos se hayan alejado ahora de él: “No habría democracia en este país, o al menos no una democracia sólida, sin los negros y sus luchas. Son ellos los que más se han comprometido con una democracia auténtica, que no se base en excepciones y exclusiones”, escribe en el New York Times.

Otro elemento es que el movimiento de reforma policial desencadenado por el asesinato de George Floyd ha dejado huellas duraderas: muchos cuerpos policiales siguen exigiendo que los agentes lleven cámaras corporales; en algunas regiones están ahora prohibidas las órdenes de entrada sin previo aviso y se ha reforzado la recopilación de datos sobre la violencia policial.

Por último, los esfuerzos de Donald Trump por erradicar las políticas de diversidad, equidad e inclusión están empezando a suscitar una resistencia popular cada vez mayor, observa el New York Times.

Por su parte, los familiares de George Floyd declararon a la AFP que quieren que la gente siga presionando para que se lleven a cabo reformas a pesar del clima político hostil. “No necesitamos un decreto que nos diga que las vidas negras importan”, afirmó su tía Angela Harrelson, que llevaba una camiseta con la cara de Floyd.

Cada año, desde la muerte de George, se organizan conmemoraciones. El lema de este año (“El pueblo ha hablado”) fue sugerido por el nieto de Nelson Mandela, Nkosi, cuando visitó el lugar. Un lema que pretende reflejar cinco años de protestas, explicó a la AFP la tía de Floyd, añadiendo: “Aunque sea agotador, seguimos”.

Respetar el legado de Floyd era una forma de resistencia política, explicó Jill Foster, médica de Minneapolis, durante el homenaje del viernes: “Donald Trump y su gobierno están intentando reescribirlo todo y se está creando una nueva realidad. Debemos perpetuar la memoria y seguir difundiendo la información”.

“Es maravilloso ver a toda la gente venir a celebrarlo”, dice Courteney Ross, que era novia de Floyd en el momento de su muerte. “Se ve una unidad poco común en este país últimamente, y la gente conmemora a un hombre que, ya sabes, dio su vida por nosotros”.

Traducción de Miguel López

El Ministerio de Derechos Sociales ha denunciado ante la Fiscalía las palabras del obispo emérito de Alcalá de Henares Antonio Reig Pla, que afirmó en una homilía que la discapacidad es "herencia del pecado y del desorden de la naturaleza" y señala que podría haber incurrido en un delito por fomentar o incitar a la discriminación y por ir contra la ley de igualdad de trato, según informa EFE.

En un comunicado, el Ministerio señala que la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada dentro del Ministerio de Derechos Sociales, ha enviado un escrito a la Fiscalía en el que solicita que se "abra las diligencias pertinentes sobre un discurso público inaceptable en democracia" que podría incurrir en un delito penado con hasta cuatro años de prisión. La Oficina de Atención a la Discapacidad también ha abierto un expediente informativo en el que pedirá explicaciones a la Conferencia Episcopal por las palabras de este obispo pronunciadas durante una homilía el 11 de mayo en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes (Salamanca).

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha pedido a la Conferencia Episcopal que aporte una explicación sobre las descalificaciones del obispo y qué medidas piensa aplicar. Solicitan que se "reprueben" las palabras "anacrónicas" del obispo.

Pla señaló durante una misa que "los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado... Pero han sido llamados por Dios y tienen también como nosotros todo el fundamento de nuestra existencia en Dios".

El Ministerio también ha enviado una queja al Defensor del Pueblo en la que señala que en el año 2025 "los púlpitos no pueden ser espacios para estigmatizar sino para promover el respeto a los derechos humanos a toda la ciudadanía sin excepciones".

Bustinduy ha recordado en la red social Bluesky el artículo 49 de la Constitución que dice que "los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles...y fomentarán la participación de sus organizaciones".

Francia no ha descubierto la islamofobia con el asesinato a puñaladas de Aboubakar Cissé, el viernes 25 de abril, en la mezquita de La Grand-Combe (Gard). Está experimentando el horror de las consecuencias de su influencia, no solo en el ámbito político y mediático, sino también en las más altas esferas del Estado.

A pesar de las declaraciones explícitas del agresor ante la cámara (“Lo he hecho, […] tu Alá de mierda”, repitió en un vídeo rápidamente identificado por la policía), la inercia del Ejecutivo y la vacuidad de sus fórmulas mágicas sobre la República y el universalismo ilustran su incomodidad a la hora de posicionarse. Ante una tragedia que afecta a una población a la que ha convertido en blanco político recurrente, cuyo motivo concreto aún está por determinar, pero por la que se ha abierto una investigación judicial por “asesinato con premeditación y por motivos raciales o religiosos”, el poder ni siquiera hace lo mínimo.

Ante la reacción tardía, la decisión de acudir a la subprefectura de Alès en lugar de ir a la mezquita, la incapacidad para nombrar al joven maliense de 22 años —lo califica de “individuo”— y la escasa disposición a reunirse con la familia, las evasivas de Bruno Retailleau, ministro del Interior encargado de los cultos, solo pueden ser percibidas como una marca de desprecio y de falta de respeto a los musulmanes que viven en Francia.

Según el INSEE y el INED, los musulmanes, que representan el 10 % de la población de la Francia metropolitana, son víctimas de prejuicios generalizados (por detrás de los gitanos, pero por delante de los chinos, los judíos y los negros), según la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH), mientras que su religión ocupa el primer lugar entre las minorías religiosas, por delante del judaísmo y el protestantismo.

El malestar es aún más notable si se tiene en cuenta que el ministro, que además compite con Laurent Wauquiez por la presidencia del partido Los Republicanos (LR), es la encarnación en el Gobierno de una derecha insurrecta anti-inmigración y anti-islámica sin complejos. Ese cuyos “discursos siembran la sospecha y avivan el odio contra nuestros compatriotas musulmanes”, según la fórmula de la diputada ecologista de Hauts-de-Seine Sabrina Sebaihi, es el que asume efectivamente su batalla ideológica contra el velo.

En el deporte, en la universidad, en las excursiones escolares, etc., Bruno Retailleau lo considera un “estandarte islamista”, critica el “asalvajamiento” de la sociedad y reprocha a los más jóvenes “regresar a sus orígenes étnicos”. Asume la referencia a los “franceses de papel” de la Acción Francesa de los años 30, cuando no ataca directamente a la fe musulmana, acusada de ser un “peligro para Francia”.

Por eso, cuando, al ser preguntado sobre el ataque, el ministro menciona un acto «anti-islamista», cuesta creer que haya sido un lapsus linguae. De hecho, cuando afirma que “los islamistas quieren que las mujeres sean violadas”, en lugar de “cubiertas con velo” (juego de palabras entre violée y voilée, ndt), califica su lapsus de "curioso acto fallido".

A los errores de Bruno Retailleau tras el asesinato de Aboubakar Cissé se sumó una serie de disfunciones político-institucionales. La tardanza del prefecto del Gard, que fue cuatro días más tarde al lugar de los hechos, la ausencia de representantes de las autoridades públicas en la marcha blanca, los desacuerdos sobre el minuto de silencio en la Asamblea Nacional y el Senado... Uno tras otro, esos pasos en falso han puesto de manifiesto un problema de diferencia de trato con otros crímenes perpetrados, como este, “por motivos de raza o religión”, que puede alimentar una peligrosa doble moral.

Pero es en otro ámbito donde el arraigo de la islamofobia ha encontrado su expresión más inquietante. Que la controversia en el ámbito político y mediático siga centrándose con tanta virulencia en el uso del término “islamofobia” demuestra hasta qué punto se ha banalizado la indiferencia hacia los actos antimusulmanes, que no aparecen reflejados en las estadísticas del Ministerio del Interior.

Sin embargo, el término “islamofobia” es aceptado desde hace dos décadas por el consenso de los científicos y las organizaciones internacionales. Negarse a nombrar una realidad social es una forma de ocultarla social y políticamente, incluso de negar su existencia. Por lo menos no admite ni su alcance ni su impacto. Al fosilizarse hasta ese punto, el debate público impide establecer un diagnóstico a la altura del problema y aportar las respuestas políticas adecuadas.

No es casualidad que esta negación sea específicamente francesa, ya que se deriva de la historia colonial, como explica la intelectual Reza Zia-Ebrahimi en un artículo titulado The French origins of Islamophobia denial (Los orígenes franceses de la negación de la islamofobia), publicado en la revista académica Patterns of Prejudice. Al negarse a asumir el pasado, las autoridades impiden cualquier reparación y de esa forma violan el presente, dividiendo e hiriendo a la sociedad.

La islamofobia, literalmente “miedo al islam”, se refiere a cómo se instrumentaliza esa religión para encubrir el rechazo hacia los musulmanes, o supuestamente musulmanes. Así califica los estereotipos, los insultos, las agresiones y las prácticas discriminatorias hacia una población considerada en esencia como grupo inferior e indeseable.

Lejos de impedir la crítica legítima a una religión, ese término permite descifrar y, por lo tanto, combatir un proceso social de racialización y alterización. “Aunque ser musulmán no es necesariamente ser religioso, el islam desempeñaría un papel análogo al del color de la piel: ser musulmán es como ser negro; el islam sirve entonces, al igual que el color de la piel, como una especie de perchero en el que se cuelgan todos los prejuicios, todos los estigmas, todos los racismos”, escribía el sociólogo Abdelmalek Sayad en Histoire et recherche identitaire (Historia y búsqueda identitaria, 2002).

Dado que la crítica a las religiones es libertad de expresión, la islamofobia ha podido pasar por una forma “respetable” de estigmatizar a una minoría, cuando en realidad se trata de racismo que, al igual que el antisemitismo y otros racismos, es un delito y no una opinión.

El asesinato de Aboubakar Cissé es, por tanto, el resultado de un largo proceso de construcción de un “problema musulmán”, que ha tenido como efecto moldear la visión que la sociedad francesa tiene de sus compatriotas musulmanes. Para salir de la ceguera, es urgente comprender las causas.

Los orígenes de la islamofobia se remontan a los mecanismos de diferenciación, marginación e incluso exclusión de la comunidad nacional que experimentaron los judíos de Europa y las poblaciones negras e hispanohablantes de Estados Unidos.

En Norbert Elias par lui-même (Norbert Elias a través de sí mismo, 1991), el sociólogo explica que “el resentimiento surge cuando un grupo marginal, socialmente inferior, despreciado y estigmatizado, está a punto de exigir la igualdad no solo legal, sino también social, cuando sus miembros comienzan a ocupar en la sociedad posiciones que antes les eran inaccesibles, es decir, cuando empiezan a competir con los miembros de la mayoría como individuos socialmente iguales, y tal vez incluso cuando ocupan posiciones que confieren a los grupos despreciados un estatus más elevado y más posibilidades de poder que a los grupos establecidos cuyo estatus social es inferior y que no se sienten seguros”.

En resumen, los grupos marginales despreciados son tolerados siempre y cuando no intenten salir de la inferioridad social en la que han sido colocados.

En su obra fundacional publicada en 2013, titulada Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le “problème musulman” (Islamofobia. Cómo las élites francesas fabrican el “problema musulmán”, Edit. La Découverte), los sociólogos Abdellali Hajjat y Marwan Mohammed concluyen, basándose en esa cita de Norbert Elias, que el surgimiento de la islamofobia debe analizarse como “una de las manifestaciones del rechazo a la igualdad».

Desde la década de 1980, cuando aparecieron los primeros síntomas, el rechazo a los musulmanes enlaza estrechamente con la cuestión de la degradación social propia de los efectos del neoliberalismo y la cuestión poscolonial, es decir, la cuestión social y la cuestión racial.

Uno de los lugares donde se fijó inicialmente ese fenómeno, las huelgas obreras contra los despidos masivos en la industria automovilística, simboliza a la perfección esta interrelación. Tras haber acogido a un gran número de inmigrantes poscoloniales, especialmente argelinos, marroquíes y tunecinos, tras las independencias, las fábricas tuvieron dificultades para “absorberlos” a partir de mediados de los años setenta y de la crisis del petróleo. Al mismo tiempo, la administración francesa, sin esperar a la “lepenización de las mentes”, comenzó a considerar que la inmigración era un problema, hasta el punto de suspender las llegadas legales en 1974.

Cuando se declararon en huelga en 1982, los trabajadores inmigrantes de Citroën en Aulnay-sous-Bois y de Talbot en Poissy, más o menos seguidos por los sindicatos, vieron rápidamente cómo sus acciones ya no se consideraban legítimas. El motivo era que a sus reivindicaciones sociales clásicas (organización del trabajo, salarios, libertades individuales y sindicales) se sumaba la demanda de un lugar de culto, como ya existía desde 1976 en Renault, en Boulogne-Billancourt, sin que ello provocara revuelo alguno.

Para la patronal, los medios de comunicación y los responsables políticos, la cuestión religiosa es entonces el pretexto para frenar una lucha de clases. Una nota interna de PSA evoca entonces un “riesgo nada desdeñable de que movimientos integristas, ya sean espontáneos o procedentes de Oriente Próximo, traten de sacar provecho de esta agitación”.

Por citar solo un ejemplo en el ámbito político, Gaston Defferre, entonces ministro socialista del Interior, denunció “las huelgas santas de los integristas, los musulmanes y los chiítas”. Casi medio siglo después, da vértigo observar la similitud con las declaraciones actuales de tal o cual ministro sobre la supuesta amenaza que representarían para Francia los Hermanos Musulmanes. El escenario del desolador espectáculo que hoy se nos presenta se instauró en aquel momento.

El segundo escalón del cohete islamófobo se colocó en 1989, con el primer “caso del velo” de Creil, en el contexto altamente sensible de la fatwa de Jomeini contra Salman Rushdie tras la publicación de Los versos satánicos.

Ya no son los trabajadores inmigrantes los que están en el punto de mira, sino sus hijos. La “segunda generación” se manifestó durante la Marcha por la Igualdad y contra el Racismo, que reunió en las carreteras de Francia, primero a un puñado y luego a decenas de miles de personas, entre Marsella y París, del 15 de octubre al 3 de diciembre de 1983. Una marcha en respuesta a la violencia policial contra los jóvenes de Les Minguettes, cerca de Lyon, que fue progresivamente instrumentalizada y despolitizada con la llegada de SOS Racisme, una estructura cercana al partido socialista que acaparó la voz legítima en cuestiones de discriminación en los barrios populares.

En el momento del caso del velo, había que hacerles pagar por esta irrupción en el espacio público. El sociólogo Pierre Bourdieu traduce, en un artículo titulado “Un problema puede ocultar otro”, lo que en realidad había que entender de lo que estaba en juego en Creil: “La cuestión evidente —¿hay que aceptar o no en la escuela el uso del velo islámico?— oculta la cuestión latente: ¿hay que aceptar o no en Francia a los inmigrantes de origen norteafricano?”.

Desde entonces, y más aún desde el 11-S, reactivado por los atentados islamistas de 2015 y 2016, no ha cesado la focalización en los musulmanes y el cuestionamiento implícito de su presencia en Francia. Han adoptado diversas formas, pero siempre se han inscrito en la misma matriz, lo que la extrema derecha ha sabido explotar hábilmente desde los años ochenta.

En su investigación entre los votantes de Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés Rassemblement National), recogida en su libro Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l'extrême droite (Electores normales. Investigación sobre la normalización de la extrema derecha, edit. Seuil, 2024), el sociólogo y politólogo Félicien Faury observa “hasta qué punto se impone el vocabulario religioso como una de las formas preferidas de expresar lo racial”.

“Para los votantes con los que hablé durante mi investigación”, escribe también, “las manifestaciones de la religión musulmana se interpretan como algo anormal, en el sentido de que se alejan de una norma concebida como mayoritaria. Las reacciones de rechazo que suscitan surgen con mayor facilidad cuanto más legítimas se sienten en sus expectativas las personas encuestadas, acostumbradas y habilitadas para encontrar a su alrededor un mundo ‘familiar’, ajustado a sus estilos de vida mayoritarios (alcohol en todos los bares, cabello femenino visible, signos religiosos o culturales sólo cristianos, etc.). La islamofobia se expresa así desde la norma, desde un imaginario nacional que sigue construyendo al islam como una realidad extranjera, que aún debe hacer aceptar su existencia en la sociedad francesa”.

Como demuestran los episodios fundacionales de las huelgas obreras después de Creil, la construcción de un “problema musulmán” no es sólo responsabilidad de la extrema derecha francesa, que ya en la década de 1960 teorizó una alteridad árabe y musulmana basada en la idea de que el islam era incompatible con “nuestras tradiciones francesas”. Ni mucho menos.

Las representaciones negativas del islam, hoy ampliamente difundidas en la sociedad francesa, han sido transmitidas ante todo por el discurso político, las leyes estatales y el encuadre mediático. A gran escala, y más allá de las divisiones partidistas, las declaraciones impactantes y los titulares cada vez más estigmatizantes han contribuido de manera mucho más eficaz a la marginación de los musulmanes.

Desde el debate sobre la identidad nacional iniciado por Nicolas Sarkozy hasta la ley sobre el separatismo de Emmanuel Macron, pasando por la privación de la nacionalidad de François Hollande, por citar solo algunas de las iniciativas más destacadas, los poderes públicos han impuesto a los musulmanes como la figura de la minoría por excelencia.

Sin nombrarlos específicamente, han acabado por crear la imagen de un grupo constituido como “enemigo interno”, “radicalizado en potencia” y, por lo tanto, considerado como intruso en el territorio. Una categoría de indeseables de los que estaría justificado deshacerse para preservar la cohesión de la nación.

En las últimas décadas, la islamofobia, reivindicada por algunos en nombre de la lucha por los derechos de las mujeres, se ha vuelto especialmente contra las musulmanas de todas las edades. Sus cuerpos y su vestimenta han sido objeto de una atención pública constante. El velo, el pañuelo, la longitud, la forma y el color de las faldas, los vestidos e incluso los trajes de baño.

Esta violencia al designarlas como no francesas recuerda la brutalidad con la que la administración colonial obligaba a las mujeres argelinas a quitarse el velo para fotografiarlas o para obligarlas a dar testimonio de su apego a Francia.

Además de la incapacidad de las autoridades para digerir la independencia de sus colonias, como siguen demostrando hoy en día las grotescas tensiones con Argelia, el fracaso evidente del neoliberalismo, especialmente desde 2008, ha empujado a los partidos de gobierno a apropiarse de los temas predilectos de la extrema derecha. Convencidos, erróneamente si nos atenemos a sus resultados electorales y a la dinámica electoral del RN, de que solo podrían mantenerse en el poder seduciendo al electorado del Nuevo Frente Popular.

Al fracasar en su intento de reactivar la productividad y el crecimiento, los sucesivos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, han construido una economía de “suma cero”, en la que la promesa de redistribución ha sido sustituida por la competencia dentro de la propia sociedad. “Para obtener más, los grupos sociales deben pretender ‘quitar’ a los demás”, explicaba recientemente Romaric Godin en este medio.” Y como los neoliberales rechazan cualquier redistribución de arriba abajo y, para ello, han destruido todo sentimiento de clase social, es lógico que hayan resurgido las pertenencias étnicas o raciales”.

Francia es un país donde el antisemitismo y la islamofobia matan. Un país donde las autoridades avivan impunemente las brasas de la división entre nuestros conciudadanos. Un país donde el capitalismo no puede sobrevivir sin un cómodo colchón de excedentes racializados.

La extrema derecha aún no ha superado la “barrera” electoral de las elecciones presidenciales, pero sus obsesiones calan profundamente en la sociedad gracias a las élites mediáticas y políticas.

Para invertir la situación, es necesario aceptar nombrar la islamofobia, mirar de frente la historia colonial y rechazar la lógica de la competencia derivada de la destrucción del Estado social. En definitiva, supone restablecer una “República indivisible, laica, democrática y social” digna de ese nombre.

Una República que garantice “la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin distinción de origen, raza o religión”, tal y como exige el artículo primero de la Constitución.

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Carine Fouteau es presidenta y directora de Mediapart, socio editorial de infoLibre.

Traducción de Miguel López

Redouani Mehdi conoce perfectamente lo pedregoso que se vuelve el camino cuando se intenta alquilar una vivienda con un nombre o un acento como el suyo. Le ocurrió varias veces en Barcelona, ciudad que, de hecho, ha abandonado para poder olvidarlo. La situación se repetía una y otra vez: llamaba interesado por un anuncio concreto y, cuando le escuchaban, la actitud cambiaba. "Me decían que la casa ya no estaba disponible o prometían llamarme y luego nunca lo hacían", recuerda. Odiaba buscar piso. Le hacía sentir "rabia, frustración". Le impedía trabajar bien. Ingeniero informático y con contrato indefinido, la única barrera que se interponía entre él y la vivienda era su origen. Y lo peor es que "no es un caso aislado, sino el reflejo de una realidad muy dura".

Una realidad que también ha sufrido, por ejemplo, Raquel, que pidió a infoLibre mantener el anonimato a la hora de contar que, junto a su marido y sus dos hijos —uno de 13 y otro de 23 años—, está a punto de ser desahuciada porque los 470 euros que ahora pagan por una habitación en el madrileño barrio de La Latina se convertirán, a partir de junio, en 750. O la de Hamid, un marroquí de 48 años que relató en primera persona a Provivienda las continuas puertas que le han cerrado a la hora de buscar dónde vivir. "Rechazo casi total, casi de todas las inmobiliarias. Menos de una o dos de las veinte que he mirado", lamentó.

El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para un porcentaje que ya roza el 30% de los españoles, según el último barómetro del CIS correspondiente al mes de abril. Pero es que en el caso de las personas migrantes el problema todavía se agrava más. Un informe del Ministerio de Igualdad reveló que el 72,6% de las personas migrantes que realizaron cualquier gestión relacionada con la vivienda durante 2024 se sintió discriminada. Y todo por su origen racial o étnico. Por nada más.

El dato ha sido una de las semillas que consiguió que hasta seis organizaciones se unieran para decir basta. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Provivienda, Red Acoge, la Asociación Rumiñahui y la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña han elaborado una Proposición No de Ley que este miércoles Sumar presentará ante el Congreso de los Diputados, donde recibirá el apoyo, aseguran, de ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, pero que también cuenta con el respaldo de 50 organizaciones de la sociedad civil. "Si ya de por sí las inmobiliarias ejercen prácticas abusivas, a esto se suma el racismo que se ejerce sobre las personas migrantes a la hora de buscar un alquiler", señalan desde el grupo parlamentario Sumar.

"Nos unimos para abordar la problemática desde el punto de vista de las organizaciones de migrantes, que son quienes lo sufren, desde el punto de vista del acceso a la vivienda y desde el punto de vista del consumo, porque quienes discriminan son las propias inmobiliarias", explica desde el otro lado del teléfono Eloy Gutiérrez, representante de CECU. Lo peor, además, es que sucede cada vez de forma más extendida. Según los datos que maneja Provivienda, en 2020 el 72,5% de esas empresas admitían prácticas discriminatorias; hoy lo hace el 99%. ¿Por qué? Por motivos sociales y políticos por un lado y por el contexto económico del mercado de la vivienda por el otro. "Se ha enarbolado el discurso de que las personas migrantes y refugiadas pueden llevar a situaciones de conflicto y, además, hay muchos propietarios que siguen pensando que las personas españolas ofrecen más seguridad a la hora de pagar", lamenta Gutiérrez. 

Es sobre ese imaginario colectivo sobre el que se construye uno de los principales métodos de discriminación en el acceso a la vivienda. Así lo explican siempre quienes lo sufren y también quienes lo han estudiado. No importaba que Redouani tuviera contrato indefinido. Ni años de experiencia como ingeniero informático. Ni varias nóminas. "Frente a la igualdad de condiciones socioeconómicas en la solicitud de una vivienda, a las personas migrantes se les presupone una mayor vulnerabilidad, precariedad y desprotección frente al sistema de provisión residencial", señaló Provivienda en su informe ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda. Elena Martínez, responsable de investigación y evaluación de la ONG, fue la que coordinó el estudio. "La presión actual del mercado del alquiler busca lo que se considera un buen inquilino y en esa tarea entran en juego los estereotipos. Una persona migrante, aunque tenga exactamente la misma situación económica, se va a considerar más problemática", lamenta.

La medida paliativa es solicitar más requisitos, aunque en los casos más extremos se opta incluso por una acotación de la oferta. Así, según explica Martínez, la inmobiliaria responde que la casa ya no está disponible en el 47% de los casos en los que la consulta la hace una persona extranjera y en el 31% de los casos en los que la realiza un español. "Cuando se piden alternativas, además, a las personas migrantes se les ofrecen como mucho dos, pero a las españolas pueden ser incluso cuatro", señala la experta.

Ahora bien: no sólo es cantidad, sino también calidad. Es decir, a las primeras se les suele exponer un mercado con peores viviendas o con casas situadas en zonas muy determinadas de las ciudades. ¿El resultado? Apuntalar una segregación que ya existe y que afecta, según las cifras del Ministerio de Igualdad, a hasta un 18,3% de las personas migrantes que viven en barrios donde la mayoría son personas de grupos étnicos minoritarios. "Lo que hemos comprobado es que a la población extranjera se le ofrece vivienda donde ya hay una alta concentración de población extranjera", lamenta Martínez.

Las organizaciones que han elaborado la PNL son claras: todas estas cifras vulneran varias leyes. El artículo 14 de la Constitución, el 20 de la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, el 6 de la ley de vivienda o el 23 de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. "Es decir, existe un mandato claro para las administraciones públicas competentes, requiriendo a estas que garanticen la protección y prevención de situaciones discriminatorias en el ámbito del acceso y disfrute a la vivienda", exponen en el texto que registrarán este miércoles en la Cámara Baja. Lo primero, por tanto, es hacer que esto se cumpla.

¿Cómo? Las organizaciones solicitaban, por ejemplo y en primer lugar, que se creara y dotara de recursos a una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, un organismo cuya actividad ha sido aprobada precisamente este martes por el Consejo de Ministros, que propuso también a María Teresa Verdugo Moreno como presidenta.

Por otro lado, también instan a que se incorporen medidas inclusivas y financiación suficiente para garantizar un acceso equitativo a la vivienda en el Plan Estatal 2026-2019, además de regular los requisitos máximos y la documentación necesaria para acceder a una vivienda. Apuntan también a la creación de bolsas de alquiler asequible, a elaborar campañas de información sobre los derechos de los arrendatarios y a incrementar los recursos para ejercer la vigilancia efectiva del mercado inmobiliario y la labor sancionadora, que debe ir acompañada del fomento de la recopilación de datos sobre la discriminación y de procedimientos "accesibles, efectivos y seguros" para facilitar las denuncias que hasta ahora, lamenta Gutiérrez, no se producen.

"No es que ahora mismo no haya procedimientos legales, sino que las personas migrantes no hacen uso de ellas. Bien por desconocimiento, bien porque no se sienten seguros", lamenta el representante de CECU. Redouane lo hizo, pero reconoce que no es un paso que todo el mundo quiera dar. "Muchos migrantes vienen para trabajar y buscarse la vida y eso no les deja ni margen ni facilidades para actuar contra estas prácticas", lamenta, desde el otro lado del teléfono. El diagnóstico está claro: "Hay una brecha entre la situación de discriminación y la vigilancia y las sanciones a quienes las realizan", señala Gutiérrez. Cerrarla, o estrecharla lo máximo posible, es tarea de las instituciones.

Este jueves entra en vigor la ley que elimina como causa automática de extinción de contrato el reconocimiento de la incapacidad permanente, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado. Esta norma, que fue aprobada definitivamente en el Senado la semana pasada, modifica el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la incapacidad permanente -total, absoluta o 'gran invalidez'- como causa automática de extinción de contrato.

El cambio pretende garantizar, de una manera más eficaz, el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad, dice el texto del proyecto consultado por EFE.

Con la nueva norma, el trabajador decidirá voluntariamente si desea la extinción del contrato o prefiere que la empresa le adapte el puesto para continuar trabajando o le busque uno nuevo, siempre que esto no suponga un coste excesivo.

Así, el trabajador podrá solicitar, en un plazo de un mes desde la notificación del reconocimiento de incapacidad permanente, el mantenimiento de su puesto y, a partir de entonces, la empresa tendrá tres meses para adaptarlo a las nuevas necesidades, cambiarlo a otro o extinguir el contrato si se dan las condiciones requeridas.

Este un mundo al borde del precipicio, liberticida, autoritario y xenófobo, describe Amnistía Internacional este martes 29 de abril en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos. El informe es un grito de alarma y un último llamamiento a la reflexión antes de que nuestras sociedades entren definitivamente en una nueva era oscura.

“La humanidad se encuentra en un punto de inflexión de su historia”, afirma sin ambages en el prefacio del informe la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. “Fuerzas de una magnitud sin precedentes quieren acabar con el ideal de los derechos humanos para todos [...]. La cruzada religiosa, racista y patriarcal que llevan a cabo, cuyo objetivo es instaurar un orden económico que genere desigualdades cada vez mayores entre los países y dentro de ellos, pone en peligro los avances logrados con tanto esfuerzo en los últimos 80 años en materia de igualdad, justicia y dignidad”.

La ofensiva reaccionaria contra el Estado de derecho y las libertades individuales no es nada nuevo y viene siendo denunciada desde hace muchos años por defensores de los derechos humanos, ONG e instituciones independientes. Esta ofensiva se ha visto reforzada por las diferentes crisis, tanto climáticas como sanitarias, así como por “decisiones políticas” que “han aumentado las desigualdades y enriquecido a los multimillonarios”, escribe Agnès Callamard.

“Y mientras las señales de alarma se encendían una tras otra, 2024 ha sido el año del genocidio”, prosigue la secretaria general, denunciando la actitud de “Israel y sus poderosos aliados, entre los que se encuentran los Estados Unidos”, que se niegan a aplicar el derecho internacional y, en particular, las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia y del Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes cometidos por el ejército israelí en Gaza.

“En 2024, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha continuado con su política de ataques sistemáticos contra infraestructuras civiles en Ucrania”, añade Agnès Callamard. “En 2024, la guerra y la hambruna causaron miles de muertos en Sudán, escenario de la mayor crisis mundial de desplazamientos forzados, ante la indiferencia casi total de la comunidad internacional. […] En resumen, el año 2024 nos ha deshumanizado a todos”.

Un año que, además, concluyó con la reelección de Donald Trump en la Casa Blanca y la llegada al poder en Estados Unidos de la extrema derecha, que desde entonces ha comenzado a aplicar su política xenófoba y discriminatoria con una violencia nunca vista.

En casi 500 páginas, el informe anual de Amnistía Internacional enumera los diferentes derechos humanos atacados durante el año pasado y dedica una ficha a cada país.

En primer lugar, los conflictos armados han seguido desgarrando a muchos países y “han tenido efectos devastadores en la vida de millones de personas en todo el mundo”, en particular debido a la comisión de crímenes de guerra. El informe recuerda que hay conflictos en curso “en Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Irak, Israel y los territorios palestinos ocupados (TPO), Libia, Malí, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Sudán, Sudán del Sur, en Siria, Ucrania y Yemen”.

Los crímenes de guerra, por su parte, siguen quedando impunes en muchos casos, sobre todo debido a la inacción de las instituciones internacionales, empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado por el derecho de veto de sus cinco miembros permanentes —China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido—, cuya reforma reclama Amnistía. “Estas instituciones están perdiendo legitimidad y su continuidad está en entredicho”, alerta el informe.

También ha continuado la “represión de la disidencia” e incluso se ha extendido. “Se han adoptado o propuesto nuevas regulaciones restrictivas del derecho a manifestarse en Argentina, Georgia, Nicaragua, Pakistán y Perú”, escribe Amnistía. “En algunos países, como Turquía, las autoridades han prohibido de forma general todas las manifestaciones”. El informe denuncia además “el uso de armas letales o de baja letalidad contra manifestantes”, que “ha causado muertos y heridos en todo el mundo”.

“Los derechos a la libertad de expresión y de asociación” también han sido objeto de “ataques generalizados” en todo el mundo. “Las prácticas represivas de los Estados han incluido detenciones arbitrarias, torturas, enjuiciamientos injustos de personas críticas con ellos o de opositores, así como el uso de software espías”, detalla el informe.

La discriminación han seguido afectando a numerosas comunidades, empezando por los inmigrantes y los refugiados. Así, “Estados de todo el mundo han tomado medidas extremas y violentas para impedir las llegadas irregulares y devolver por la fuerza a las personas afectadas. En particular, han trasladado a otros países la responsabilidad de los refugiados migrantes, han cerrado fronteras y han llevado a cabo expulsiones masivas”.

“Los grupos marginados, en particular los racializados, étnicos o minoritarios” siguen “enfrentándose a una discriminación sistémica y a desigualdades muy arraigadas, que han tenido profundas repercusiones en los derechos fundamentales”, prosigue Amnistía. “Ha persistido el perfil étnico y el racismo institucional en ámbitos como el mantenimiento del orden y la protección social , lo que pone de relieve el carácter endémico de estas injusticias”, precisa el documento.

El informe hace un llamamiento para “poner fin a la discriminación racial arraigada en las leyes y las prácticas, abordar la cuestión de la justicia reparadora por la esclavitud y el colonialismo, y combatir el legado de estas injusticias históricas que se manifiesta en las formas contemporáneas de racismo y desigualdad”.

Como era de esperar, las mujeres y las comunidades LGTBIQ+ han seguido siendo especialmente perseguidas en 2024, sobre todo en Afganistán, donde “el 50 % de la población (es decir, todas las personas de sexo femenino) estaba condenada a lo que muchos califican de muerte lenta”. De hecho, “el régimen talibán ha convertido la mera presencia de las mujeres y las niñas en la esfera pública en un delito penal”.

“En Irán, las nuevas leyes sobre el uso obligatorio del velo, que prevén multas muy elevadas y penas de prisión, e incluso flagelación, han aumentado la represión contra las mujeres y las niñas”, prosigue el informe anual.

Los regímenes religiosos no son los únicos que han aplicado una política sexista, y las “violaciones de los derechos de las personas LGTBI se han multiplicado en casi todas partes”. “Desde Argentina hasta Rusia, los gobiernos han adoptado leyes o políticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva”, subraya Amnistía. Así, “en Estados Unidos, Meta y TikTok han eliminado de sus contenidos cierta información sobre el aborto”.

Amnistía Internacional se muestra preocupada por el aumento de las “injusticias económicas y climáticas”. De hecho, todos los Estados han fracasado a la hora de garantizar a sus ciudadanos el derecho a un medio ambiente saludable. Y aún peor, algunos “han optado por desarrollar su economía mediante inversiones en sectores y proyectos que vulneran los derechos humanos”. El informe subraya que, por ejemplo, “algunos países han concedido subvenciones públicas directas o indirectas considerables al sector de los combustibles fósiles”.

La reelección de Trump como presidente de los Estados Unidos ha concluido este año como símbolo de la toma del poder por parte de las fuerzas reaccionarias y antidemocráticas en todo el mundo.

Con el regreso del líder de la extrema derecha estadounidense a la Casa Blanca, “nos vemos lanzados a gran velocidad hacia una era brutal en la que el poder militar y el poder económico irrumpen en el ámbito de los derechos humanos y la diplomacia, en la que las políticas públicas están determinadas por jerarquías de género o raciales, así como por una lógica de suma cero, y en la que las relaciones internacionales están dictadas por un nacionalismo nihilista”, advierte Agnès Callamard en el prefacio.

Pero “no nos equivoquemos”, advierte la secretaria general de Amnistía. “Donald Trump no es el único responsable. Las raíces del mal son mucho más profundas. Y, a menos que haya una resistencia concertada y valiente, este giro histórico se convertirá en una verdadera transformación: ya no será una época de cambio, sino un cambio de época”.

Antes de que Donald Trump cumpla los “100 días” en la Casa Blanca de Estados Unidos, Human Rights Watch (HRW) publicó el jueves 24 de abril una “recopilación” de las cien medidas más liberticidas y discriminatorias adoptadas por la nueva Administración presidencial americana.

“Los primeros cien días del Gobierno de Trump han sido un aluvión incesante de medidas que violan, amenazan y debilitan los derechos humanos de la población en Estados Unidos y en el extranjero”, explica esta ONG en su comunicado. HRW ha recopilado su selección de las cien medidas en forma de infografías agrupadas por temas: “atacar el trato justo y equitativo”, “deportar a personas en peligro”, “reducir las protecciones sanitarias, medioambientales y sociales”, “situar al ejecutivo por encima de la ley”, “amenazas contra las libertades de expresión, reunión y acceso a la información” y “debilitar los derechos humanos en el mundo”.

Entre este centenar de medidas, la ONG cita algunas en su comunicado de prensa: la expulsión ilegal de ciudadanos salvadoreños, los ataques contra la libertad de expresión de los manifestantes que apoyan al pueblo palestino o el fin de la ayuda humanitaria internacional y los ataques contra todos los programas de “diversidad, equidad e inclusión”.

“Tememos que estos ataques contra las libertades fundamentales continúen a un ritmo sostenido”, alerta en el comunicado Tanya Greene, directora del programa estadounidense de HRW.

En materia de discriminación, el informe de Amnistía Internacional sobre Francia expresa su “profunda preocupación” por el “aumento de los delitos de odio antisemitas, islamófobos o racistas”. Amnistía Internacional señala en particular “la práctica de los controles de identidad discriminatorios”, que sigue siendo “muy extendida”. El informe cita también el caso de las deportistas musulmanas a las que se impide llevar el velo y expresa su preocupación por la propuesta de ley que restringe el ius soli para los niños nacidos en Mayotte, actualmente examinada por el Consejo Constitucional. Los debates que condujeron a la adopción de la ley de inmigración también estuvieron impregnados de “discursos xenófobos y denigrantes”, según el informe.

En cuanto a la libertad de expresión y de manifestación, el informe denuncia las “restricciones excesivas y desproporcionadas” que han afectado a personas que expresaban “su solidaridad con el pueblo palestino”.

“Otros grupos también han sufrido restricciones excesivas”, prosigue el análisis, citando los casos de los activistas que luchan contra los proyectos de megabalsas, los ecologistas que practican la desobediencia civil o se oponen a la construcción de la autopista A69. Además, estas represiones han ido acompañadas en ocasiones de un “uso excesivo e innecesario de la fuerza”, en particular durante los enfrentamientos en Kanaky.

Amnistía Internacional también critica al Gobierno francés por continuar con una “transferencia irresponsable de armas” a Israel y señala que el ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que no aplicará la orden de detención emitida por el TPI contra Benjamín Netanyahu.

Por su parte, la vigilancia masiva ha seguido extendiéndose en Francia, ya sea en la forma experimentada durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos o a través de los algoritmos discriminatorios utilizados en la lucha contra el fraude por parte de la Caja Nacional de Prestaciones Familiares.

En materia de medio ambiente, “los avances de Francia en la reducción de las emisiones generadas por los combustibles fósiles se han ralentizado con respecto a 2023”, constata el informe. “El clima y el medio ambiente han quedado relegados a un segundo plano y la adopción de estrategias energéticas y de adaptación ha sufrido retrasos”.

Traducción de Miguel López

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año de cárcel a Isabel Medina Peralta, líder de la organización neonazi NS Bastión Frontal, por un delito de odio tras apremiar a la violencia contra los inmigrantes marroquíes y musulmanes en una concentración frente a la Embajada de Marruecos en 2021.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los magistrados consideran que Peralta incurrió en un delito de provocación a la discriminación y odio y la impone también una pena de 1.080 euros.

La Sala considera que, con sus palabras, Peralta atentó a la "dignidad del colectivo de inmigrantes marroquíes" y animó a "una lucha de signo violento, máxime cuando se dirigía a miembros de un grupo caracterizado por conductas de esa naturaleza".

Los hechos, que fueron difundidos en internet, sucedieron en una manifestación el 18 de mayo de 2021 frente a la Embajada de Marruecos, en protesta por la crisis producida entre España y Marruecos como consecuencia de la entrada masiva de cientos de personas.

Peralta cogió un altavoz y efectuó "declaraciones con ánimo de denigrar al colectivo de inmigrantes marroquíes y despertar la hostilidad hacia ellos", dice la sentencia. Llegó a decir consignas como que "sufrimos una suplantación racial sin precedentes" y a proclamar "muerte al invasor".