Violencia género

La importancia de revisar cómo funcionan los puntos de encuentro entre maltratadores y sus hijos

Concentración convocada esta tarde en la Plaza Mayor de Castellón en repulsa por el presunto asesinato de las menores.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, presidió el jueves la Conferencia Sectorial de Igualdad con el objetivo de reforzar los mecanismos de coordinación institucional para la lucha contra la violencia machista. Fueron varias las decisiones que se fraguaron durante el encuentro. Una de ellas tiene que ver con el acuerdo, entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas, de construir un grupo de trabajo para elaborar una "propuesta de pautas de actuación para los puntos de encuentro familiar en casos de violencia de género". El objetivo, anuncian, es "mejorar la coordinación y colaboración entre las distintas administraciones".

La decisión parte de una recomendación rubricada en octubre de 2018. Entonces, las Defensorías del Pueblo recordaron lo necesario de que en los puntos de encuentro "se garantice el derecho de la persona menor a ser oída", pero que además "se promueva la receptividad y la agilidad en el intercambio de información entre juzgados y puntos de encuentro". La declaración llamaba también a la "adecuación de las plantillas y su formación en violencia de género", al establecimiento "de mecanismos de coordinación" con los dispositivos de "atención integral a las mujeres víctimas" y, finalmente, al "control y supervisión externa" de los puntos por parte de la administración competente.

Los puntos de encuentro familiar nacen como una herramienta destinada a favorecer el derecho de los menores a relacionarse con sus padres, en caso de separación. Se trata de espacios "neutrales y seguros" para facilitar el régimen de visitas de los menores con sus familias. Pero, ¿qué ocurre cuando uno de los progenitores es un maltratador? Las fisuras detectadas, opinan las expertas, deben ser enseguida enyesadas.

Los espacios, explica la abogada Consuelo Abril, tienen dos utilidades: por un lado funcionan como un punto de encuentro para que el progenitor se lleve al menor a su domicilio, cuando no existe riesgo para los niños, y por otro lado el encuentro se lleva a cabo en el mismo punto. Normalmente, relata la letrada, son recintos donde el padre "se sabe tan vigilado que actúa normal", de manera que no siempre sirve para evaluar relaciones. Sin embargo, sí sucede que "muchas veces en los puntos se ven situaciones dantescas: niños que no quieren ir, que entran allí a gritos y salen llorando amargamente", describe Abril.

María Naredo, también abogada y especialista en violencia sobre la mujer, se muestra crítica no con la herramienta, sino con su funcionamiento en algunos casos. Se expresa la experta en términos similares a la declaración emitida por las Defensorías del Pueblo y pone en valor los "principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño". Lo principal es que los menores "sean escuchados" y se utilicen siempre "herramientas homogéneas, contrastadas y transparentes" que expliquen "cómo se está escuchando a los niños, tomando en consideración sus necesidades y deseos".

Por otro lado, juzga Naredo, resulta clave respetar sobre todo lo demás "el interés superior del menor" y determinar "cómo se valora" su efectivo cumplimiento. "Todas las decisiones administrativas que se toman en el punto de encuentro pueden derivar en informes que tienen mucha importancia en los juzgados", recuerda Naredo, quien se pregunta "cómo se está valorando el interés de los niños" y de qué manera puede "colisionar con el derecho de los padres a mantener vínculos con esos niños".

Finalmente, expone la abogada, urge blindar "el derecho de protección", cuya garantía debe ser "absoluta". "Hay que ver cuándo a un niño le obligan a relacionarse, cómo se ha determinado que eso es positivo y cómo impacta en su vida ", determina.

"Un maltratador no es un buen padre"

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, construye su análisis en base a la premisa de que "un maltratador no es un buen padre". En ese sentido, remarca que desde 2015 los hijos de las víctimas de violencia machista son considerados también víctimas, por lo que tendrían "derecho a las mismas medidas de protección que sus madres".

Soleto, que reconoce no tener "ninguna duda de lo dañino que resulta ese contacto" entre padre e hijo cuando el primero es un maltratador, entiende que "los puntos de encuentro como lugar de intercambio no deberían ser una posibilidad" en los casos de violencia machista.

En ese extremo coincide Abril, quien se detiene igualmente en los hijos de las mujeres maltratadas como "víctimas directas". "Lo más lógico es una suspensión del régimen de visitas", sostiene. Los puntos de encuentro, bajo su opinión, deben funcionar "de forma muy excepcional, cuando previsiblemente la suspensión del régimen de visitas no sea viable por algún motivo".

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada en septiembre, revela que "se sigue constatando el reducido número de resoluciones judiciales civiles sobre suspensiones del régimen de visitas, de la patria potestad o de la guarda y custodia" en casos de violencia de género. En 2018, prosigue, "se dictaron en 2.519 casos, cifra muy similar a las 2.368 medidas acordadas el año anterior". Aunque es necesario, añade el Ministerio Público, "seguir trabajando en la consideración de los menores como víctimas necesitadas de protección, se echa en falta que la ejecución del Pacto de Estado no haya provocado ya una mayor dotación de los equipos psicosociales en los órganos judiciales, puesto que resultan indispensables para asesorar adecuadamente en esta delicada decisión".

Recientemente el Tribunal Supremo negó la patria potestad a un padre que había intentado matar a su pareja delante de sus hijos. "¿Cómo puede reclamarse el derecho a mantener una patria potestad sobre unos hijos a los que se ha intentado dejar sin madre de forma cruel al intentar matarla delante de ellos mismos?", se preguntaba el tribunal. Con su decisión, el Supremo corregía las sentencias previamente dictadas por la Audiencia Provincial de Palencia y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El pasado año, el Gobierno de Pedro Sánchez también comenzó a dar algunos pasos en cuanto a la relación de los menores con sus padres maltratadores. El Ejecutivo determinó que la atención y asistencia psicológica debía quedar fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando "cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos".

Soleto observa que "muchos puntos de encuentro entienden que su misión es la reconstitución de las relaciones familiares, independientemente de cualquier circunstancia externa". De esta forma, agrega, "entran a evaluar de manera muy acrítica que el interés del menor siempre es el contacto paternofilial sin plantear cuáles son los daños precedentes que existen en esa relación". Ningún niño, remacha la experta, "se merece tener de padre a quien ha vejado, pegado o asesinado a su madre".

Naredo, por su parte, considera importante "ir graduando" cómo debe ser la relación "paternofilial acorde a la situación de las víctimas menores". Por ejemplo, detalla, "un padre que ha ejercido violencia pero está haciendo un proceso" de reinserción "pueda tener visitas supervisadas, siempre que el niño quiera". Lo que no debe ser el punto de encuentro familiar "es un contenedor de todo tipo de situaciones, incluso de las más graves". En todo caso, subraya la abogada, las decisiones deben tomarse "siempre desde la perspectiva de los niños" y con un "respeto escrupuloso a su bienestar".

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