La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este viernes la decisión que rechaza la solicitud de libertad provisional presentada por Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, quien permanecerá bajo custodia del tribunal mientras continúa el proceso por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra las drogas”.

La Sala de Apelaciones concluyó que los abogados del exmandatario no lograron demostrar errores en la valoración previa del tribunal, que había determinado que su detención seguía siendo necesaria al persistir riesgos procesales como la fuga, la obstrucción del proceso o la posible reiteración delictiva.

La decisión, leída por la jueza presidenta de Apelaciones, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, también rechazó que las garantías propuestas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte fuesen suficientes para mitigar esos riesgos, así como los argumentos de carácter humanitario vinculados a su estado de salud.

El tribunal desestimó así los tres motivos de apelación planteados por la defensa y confirmó de manera unánime la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de finales de septiembre, por lo que Duterte continuará bajo custodia en el Centro de Detención de la CPI en La Haya.

La defensa había recurrido la decisión alegando tres errores: que el tribunal había evaluado de forma incorrecta los riesgos; que había descartado de manera indebida las garantías ofrecidas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte bajo supervisión mientras continúa el proceso; y que no había valorado adecuadamente los argumentos humanitarios vinculados a la salud del exmandatario.

La defensa sostiene que Duterte, de 80 años, sufre problemas de salud y que su estado físico se habría deteriorado desde su arresto.

El exmandatario renunció a su derecho a estar presente en la lectura del fallo, por lo que no se le ha visto desde que compareció por videoconferencia por primera vez ante la CPI el pasado marzo para confirmar su identidad.

En una primera reacción, su abogado, Nicholas Kaufman, aseguró a los periodistas en La Haya que la defensa “espera los resultados de la evaluación médica del expresidente, prevista para el mes que viene, y volverá a presentar su solicitud para liberar a un hombre de 80 años que, debido a sus condiciones médicas debilitantes, es incapaz de fugarse o de constituir, como se alega, una amenaza para los testigos”.

Duterte fue detenido en marzo en Manila tras la emisión de una orden de arresto por parte de la CPI, clasificada inicialmente como secreta y hecha pública días después, y fue trasladado posteriormente a La Haya.

Está acusado de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como durante su presidencia de Filipinas.

La audiencia de confirmación de cargos, inicialmente prevista para septiembre, fue aplazada y aún no tiene nueva fecha.

Se celebra estos días la cumbre de la OTAN en La Haya en la que se debatirán las propuestas de aumento del gasto atravesadas por el incremento de la tensión en Oriente Medio y el ruido siempre presente de la guerra inacabada de Ucrania. Lo que Rutte quería que fuera una cumbre tranquila y sin grandes discrepancias en su ciudad natal no parece que vaya a lograrse. 

Rutte y Trump llegan a esta cumbre con la propuesta de una subida del presupuesto sobre PIB para los Estados miembros de la OTAN del 5%, un gasto que ni siquiera alcanza el que lo está pidiendo, Washington. Se desagregaría en un 3,5% para gasto militar y un 1,5% para seguridad, ciberseguridad e inteligencia. Esta petición de incremento del gasto llega directamente de la Casa Blanca y no es nueva.

Ya en el mes de febrero de este mismo año, pocas semanas después de su toma de posesión Trump instó a los europeos a comprar más armas estadounidenses con el objetivo de fortalecer la OTAN. En la cumbre de ministros de Defensa de la OTAN, de hecho, vinculó la venta de armas con la política exterior. ¿Cómo? Bien sencillo, primero creas un relato y lo dejas caer, y eso hizo Pete Hegseth, secretario de Defensa, cuando dijo aquello de: “Estados Unidos no estará centrado principalmente en la seguridad de Europa”. Luego el portavoz de Seguridad, Brian Hughes, apuntaló: “El presidente Trump y su Administración están colaborando con nuestros aliados de la OTAN para garantizar que todos los miembros asuman su parte de la carga y cumplan con sus obligaciones en materia de gasto en Defensa”.

La idea es que, si los Estados europeos compran más equipos estadounidenses, mejorará la "interoperabilidad" entre los diferentes miembros de la OTAN. Y eso es lo que ha venido a “gestionar” a La Haya el secretario general de la OTAN: quiere asegurarse no sólo de que se incremente el gasto, sino de que ese incremento vaya a parar al complejo militar industrial estadounidense y no a otro como, por ejemplo, el coreano, ni mucho menos al desarrollo de las industrias europeas de defensa.

Y si a los anteriores pasos le añades una dosis importante de miedo y ansiedad, pues entonces ya tienes la receta perfecta. Así, Rutte recibe a sus invitados con unas declaraciones que no tienen desperdicio. “No fue difícil lograr que los miembros acordaran aumentar el gasto en defensa”. La razón, “la creciente amenaza rusa”, y eso que Trump “sigue absolutamente comprometido a apoyar la alianza”. Así, con una amenaza rusa –que no aparece más allá de Ucrania– sobrevolando las cabezas de los líderes europeos y con un jefe, Trump, que va a La Haya a hacer caja es con lo que los 32 miembros de la OTAN afrontan esta cumbre. 

Pero no se equivoquen: esta reunión no va de autonomía estratégica; va de aplicar políticas de guerra neokeynesianas que permitan a los Estados recuperarse económicamente a través de la revitalización y modernización de infraestructuras e industria. Y lo van a hacer a costa del modelo social europeo.

Los alemanes, con Merz a la cabeza, acaban de anunciar que el presupuesto alemán para 2025 incluye financiación para 10.000 nuevos puestos militares y alrededor de 1.000 puestos civiles adicionales, según ha dicho el Ministerio de Defensa. "Invertiremos masivamente en la Bundeswehr", proclamó al llegar a la cumbre el ministro de Defensa, el socialista Boris Pistorius. Ya declaró en su momento Merz que quería que el ejército alemán fuera el más poderoso de Europa. En fin, sin palabras. Y, mano a mano, Macron y Merz firman una columna en el Financial Times titulada “Europa debe armarse en un mundo inestable”. No nos quejaremos de que no nos cuentan lo que quieren hacer.

Y todo ello con los avisos del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE de que el déficit no puede crecer a costa del gasto militar, sino que tiene que hacerlo sobre la base del incremento de impuestos o del recorte de otras partidas… Justo lo contrario del plan propuesto por la inefable Von der Leyen.

Efectivamente, esta cumbre es un punto de inflexión en la OTAN. Es aquella en la que los Estados europeos renovarán sus votos de fidelidad ante EEUU, la potencia que mayor inestabilidad proyecta en este momento a nivel global. No importa cómo se ríen Rutte y Trump de los “bobos” europeos: “Europe is going to pay in a BIG way as they should” ("Europa va a pagar a lo grande, como debe ser"), se dicen uno al otro, al tiempo que el holandés felicita a Trump por su última e ilegal hazaña bélica, el bombardeo contra Irán. Y todavía habrá quien se pregunte dónde esta Europa. ¿Acaso existe tal cosa?

La cumbre de la OTAN en La Haya, los días 24 y 25 de junio, se centrará principalmente en tres grandes cuestiones: el gasto en defensa, la producción militar y el apoyo a Ucrania, mientras el actual conflicto entre Irán e Israel sobrevuela la escena internacional y adquiere una nueva dimensión con el reciente ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes, según recoge EFE.

Si por algo pasará a la historia esta cumbre, como vaticinan algunas fuentes diplomáticas, es por lograr que los aliados europeos y Canadá redoblen su gasto militar, que Estados Unidos quiere que llegue al 5% de su PIB para nivelar el esfuerzo mayor que asume Washington en la Alianza. 

Actualmente el objetivo de gasto para los aliados está situado en el 2% del PIB acordado en la cumbre de Gales en 2014 con el plazo de lograrlo en diez años. El esfuerzo que supone más que doblar esa cifra ha llevado a aliados como España a cuestionar la eficacia de imponer el porcentaje del 5% para cubrir las necesidades de disuasión y defensa de la Alianza. 

La OTAN es consciente del empuje de potencias como Rusia o China en el plano militar y ve urgente estimular la producción de su industria de defensa. 

El apoyo a Ucrania en los últimos años ha mermado los arsenales y ha evidenciado la lentitud de la industria para producir, por lo que los aliados han impulsado iniciativas para realizar pedidos conjuntos que abaraten los encargos y den más certidumbre a las empresas. 

Para seguir discutiendo el camino hacia una industria de la defensa más potente se ha organizado el martes un foro con el sector en el que participarán el secretario general de la OTAN, Marc Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 

Pese a que la visibilidad de Ucrania ha quedado mermada en esta cumbre, el apoyo de la Alianza a ese país invadido por Rusia será uno de los grandes asuntos que se tratarán. 

En esta ocasión, no se ha convocado una sesión formal con los líderes y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski -como en ediciones anteriores-, pero sí ha sido invitado a la cena de honor que ofrece a los mandatarios el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos el martes, la víspera de la reunión del Consejo del Atlántico Norte. 

La OTAN actualmente organiza la asistencia militar internacional a Ucrania y las iniciativas de formación de sus soldados. 

Mark Rutte, que fue primer ministro de Países Bajos durante 14 años antes de asumir su nuevo papel al frente de la Alianza Atlántica, afrontará su primera cumbre de la OTAN en su ciudad natal. 

Llega a la cita entre opiniones más críticas por su cercanía a la posición de Estados Unidos y las que alaban su capacidad de liderazgo, ya que ha convencido en un corto plazo de tiempo a prácticamente todos los aliados de que deben gastar el 5% de su PIB en defensa. 

Por su parte, Donald Trump regresa a una cumbre de la OTAN tras participar en varias durante su primer mandato, en el que se mostró crítico con la funcionalidad de la organización transatlántica. 

Volverá con el mensaje, todavía más fuerte que en su anterior legislatura, de que Europa y Canadá deben invertir más para no seguir aprovechándose del esfuerzo que lleva haciendo Estados Unidos por su seguridad a lo largo de las pasadas décadas. 

El conflicto militar entre Israel e Irán no forma parte de la agenda oficial de la cumbre de la OTAN pero su importancia por el riesgo que supone para la seguridad internacional podrá acaparar las conversaciones de los líderes. 

Así ocurrió en la reciente cumbre del G7 en Canadá, de la que Trump se ausentó antes de lo previsto para atender esa crisis internacional. 

Los mandatarios aliados tendrán ocasión de abordar entre ellos o directamente con Trump la escalada en el conflicto entre Irán e Israel al irrumpir Estados Unidos con el bombardeo de las tres principales instalaciones nucleares iraníes. 

Sin llegar a tener por el momento la consideración de amenaza para la Alianza que sí tiene Rusia, la OTAN mira con cada vez más preocupación el avance militar de China y su política expansionista en el Pacífico, el teatro de operaciones en el que Estados Unidos ha reconocido que debe centrarse de ahora en adelante. 

Para abordar estas cuestiones los líderes de los llamados cuatro socios del Indo-Pacífico de la OTAN (Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Norte), han sido invitados a la cena de honor del martes, aunque no a la sesión de trabajo de los aliados del miércoles. 

“La cumbre va a ser corta, compacta y directa”, coinciden fuentes diplomáticas, que subrayan el hecho de que habrá una única sesión de trabajo de los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 aliados, el miércoles por la mañana. 

Algunas fuentes diplomáticas ponen de relieve la conveniencia de que la reunión sea corta, teniendo en cuenta cómo se desarrolló la última cumbre del G7, de la que Trump se marchó antes de lo previsto. 

También han avanzado que la declaración que se espera que aprueben por consenso los líderes aliados sea más corta de lo habitual.

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes en Manila y trasladado horas después en un avión a La Haya tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad por una sangrienta campaña contra las drogas que dejó miles de muertos, según informa EFE.

Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la Policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.

Eran las 09:20 hora local (01:20 GMT), inicio de una frenética jornada que revolucionó más la turbulenta vida política del país asiático, pendiente de unas elecciones a mitad de mandato del próximo 12 de mayo, en las que Duterte aspiraba a volver a gobernar su feudo local, la ciudad sureña de Davao.

El exlíder fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter "a la fuerza", según denunció a los medios su hija, la vicepresidenta Sara Duterte. La aeronave con número de registro RP-C5219 despegó hacia las 23:00 hora local (15:00 GMT), afirmó la cadena de televisión GMA. Tras hacer una parada en Dubái, su llegada a Rotterdam (a unos 25 kilómetros de La Haya) está marcada a las 17:05 hora local (16:05 GMT), indica FlightRadar.

Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en rueda de prensa que la partida de Duterte a La Haya permitirá "que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas".

La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

La detención tuvo lugar con base a una orden de arresto secreta de la CPI, a la que EFE tuvo acceso, que consideró que hay "motivos razonables" para creer que Duterte lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.

Armado con una imagen de justiciero implacable y malhablado, Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de limpiar de drogas las calles de Filipinas sin importar el coste. El resultado: 6.000 muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales hasta que finalizó su mandato en 2022, según cifras de la Policía, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado. No obstante, el tribunal subrayó en su orden de arresto que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.

La detención suscitó un estallido de júbilo entre los partidos políticos y organizaciones críticos con Duterte. "Esta medida por la CPI es prueba de la validez de nuestra llamada para pedir cuentas a Duterte y sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas", afirmó en un comunicado la asociación Rise Up, que aúna a familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos del expresidente.

Pese a haber retado en repetidas ocasiones a la CPI a detenerle, la última de ellas el pasado fin de semana en Hong Kong, el político y abogado de formación cuestionó la legalidad de su arresto. "¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?", dijo este miércoles ya detenido, antes de lamentar haber sido trasladado a la base aérea "en contra" de su voluntad, según un vídeo compartido por su hija Verónica, presente en la sala.

De nada sirvió un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por el abogado Israelito Torreón para suspender la detención, ni las quejas de los defensores del exmandatario.

Marcos Jr. llegó al poder en 2022 tras forjar una exitosa alianza con Sara Duterte, pero el idilio no tardó en transformarse en una pelea pública que desembocó en amenazas de muerte de la vicepresidenta contra el presidente. El propio exmandatario ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de "drogadicto", evidenciando el cisma entre las dos familias.

Sara Duterte, que se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida, denunció que el arresto de su padre estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo. Marcos Jr., por su parte, negó que la detención se tratase de una persecución política, aduciendo que se limitó a prestar ayuda a Interpol.

Julius Cesar Imperial Trajano, experto de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales, consideró por el contrario que la "familia Duterte cometió un grave error al oponerse a Marcos Jr." y declaró a EFE que la detención "es claramente producto de los intereses políticos opuestos de las dinastías políticas dominantes".

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) mueve ficha por los atentados en suelo israelí y la posterior ofensiva en la Franja de Gaza. Tras más de medio año de guerra, el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, ha solicitado formalmente este lunes que se emitan órdenes de detención contra media decena de personas de ambos bandos por crímenes de guerra y contra la humanidad. Entre los objetivos se encuentran tres líderes de Hamás: Yahya Sinwar, Mohammed Diab Al-Masri e Ismail Haniyeh. Y también el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su titular de Defensa, Yoav Gallant. Un paso que, de concretarse finalmente en el tribunal internacional, dejaría más tocada si cabe la imagen del Estado hebreo ante el mundo y sumiría a su jefe de Gobierno en una suerte de aislamiento internacional.

La Corte Penal, con sede en La Haya, tiene abierta desde 2021 una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos a partir de 2014 en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Un mandato que aún está en curso y que se aplica, por supuesto, a los cometidos en el contexto actual, que engloba tanto los atentados de Hamás del pasado mes de octubre como los posteriores ataques del Ejército israelí en suelo palestino. En este sentido, el fiscal Khan considera, por un lado, que hay "motivos razonables" suficientes para creer que Sinwar, Diab y Haniyeh son "penalmente responsables" de la muerte de cientos de civiles israelíes en los ataques del pasado 7 de octubre. Y también de la toma de rehenes, mantenidos en "condiciones inhumanas" y algunos de ellos sometidos a "violencia sexual".

Por otro lado, el fiscal jefe sostiene en su comunicado que Israel "ha privado" de manera intencionada y sistemática a la población civil de Gaza "de objetos indispensables para la supervivencia humana". Karim Khan menciona "un plan" para usar el hambre y la sed como "método de guerra", con restricción de suministros esenciales o corte de tuberías de agua. Y hace mención a "ataques y castigos colectivos" contra la población civil de Gaza confirmados por "múltiples testigos entrevistados". Con todo ello, habla de la posible comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. Pero no hace referencia alguna al genocidio, algo que, reconocen los expertos en Derecho Internacional consultados por infoLibre, es "enormemente difícil" de probar.

Ahora, tras la petición del fiscal jefe, corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares examinar las pruebas y decidir si hay elementos como para dictar órdenes de detención tanto contra los líderes de Hamás como contra Netanyahu y su ministro de Defensa. Un paso que, de darse finalmente, tendría serias implicaciones para el Gobierno israelí, sumido actualmente en una crisis interna. Las peticiones de arresto, por un lado, dejarían más tocada si cabe la imagen del Estado hebreo en el mundo. "Sería otra piedra más en la mala fama de Israel", apunta Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat Jaume I. Al fin y al cabo, su primer ministro formaría parte del oscuro grupo de dictadores y criminales de guerra perseguidos por el tribunal de La Haya.

Ahora bien, ¿cuáles serían, a nivel práctico, las consecuencias de dichas órdenes de detención? Israel, por un lado, no ha ratificado el Estatuto de Roma. Y, por tanto, no está obligado a cooperar con la Corte Penal Internacional ni a entregar a nadie. "Otra cosa es que haya un cambio de Gobierno en el país y se decida ejecutar esa orden de detención", explica Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED. Cuestión distinta es la de los líderes de Hamás. Palestina es desde hace casi una década Estado parte del Estatuto de Roma. Y, por tanto, recuerda Escobar, sus autoridades sí que estarían obligadas a arrestar y entregar al tribunal de La Haya a Sinwar, Diab y Haniyeh, que se encuentra viviendo en Qatar.

Pero que Israel no esté obligado a extraditar a Netanyahu no significa que las órdenes de detención que puedan cursarse contra él no vayan a servir para nada. Desde el momento de su emisión, el primer ministro se verá sumido en un profundo aislamiento. En teoría, no podría viajar a ninguno de los 124 países que son parte del Estatuto de Roma, dado que los mismos estarían obligados a detenerle y entregarle a la Corte Penal Internacional en cuanto entrase en su territorio. Dentro de este grupo se encuentra la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, casi toda América Latina y buena parte de África. Fuera queda Estados Unidos, principal aliado de Israel, al que podría ir sin riesgo a ser arrestado. O países como Rusia o China.

Su papel como primer ministro, apunta Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, tampoco le blinda ante dichas órdenes de detención, que en su día fueron cursadas también contra jefes de Estado como Vladímir Putin u Omar al Bashir, quien, no obstante, se estuvo paseando sin ningún problema por diferentes países que son parte del Estatuto de Roma –de Sudáfrica hasta Liberia o República del Congo– sin ser detenido. "Eso no deja de ser un problema. En estos casos, es muy importante que haya voluntad política", asevera Manero, quien celebra el primer paso dado este lunes por el fiscal jefe "en la lucha contra la impunidad": "Era cuestión de coherencia. Contra Putin no se tardó nada en emitir una orden de detención".

El movimiento del fiscal Khan ha sido duramente criticado por el Ejecutivo israelí. "Es un ataque frontal y sin límites contra las víctimas del 7 de octubre", ha señalado el ministro de Exteriores, Israel Katz, al tiempo que ha tildado de "desgracia histórica" que se "mencione" a Netanyahu y Gallant "junto a los abominables monstruos nazis de Hamás" y ha anunciado la creación de un "comité especial" para "luchar" contra una "decisión" que "tiene como principal objetivo atar las manos al Estado de Israel y negarle su derecho a la autodefensa".

Un centenar de asociaciones sin ánimo de lucro y 280 abogados han presentado este jueves una denuncia ante la Corte Penal Internacional para instar a abrir una investigación por presuntos crímenes de guerra perpetrados por Hamás y, en especial, por los que está cometiendo el Gobierno Israelí en la Franja de Gaza. Unos hechos que los firmantes califican de “genocidio”. 

El escrito ha sido entregado en la oficina de víctimas de La Haya por el abogado penalista francés Guilles Devers, conocido por sus recurrentes denuncias ante la CPI y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Con Ucrania, la CPI no dudó en actuar rápidamente contra Putin, ¿por qué se comportaría de otra manera con relación a Palestina?”, se preguntaba en declaraciones a los medios. 

“El genocidio es el sometimiento y la negación de las personas, colocándolas en una situación de destrucción global. Es lo que sucede en Gaza con los bombardeos de hospitales y centros escolares, el desplazamiento forzoso de la población o el corte de suministros básicos”, denuncia Devers que, además, ha recordado que La Franja está plagada de trabajadores de la ONU y otras ONG que pueden corroborar lo que está sucediendo: “Ellos han pagado un alto precio con sus vidas al permanecer allí”. 

Israel no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional, pero estos supuestos crímenes se habrían desarrollado en territorio palestino, un estado no miembro de la organización desde 2015. Además, desde 2021 su gobierno es competente para investigar esta clase de crímenes. 

Varias personas han resultado heridas este viernes tras ser apuñaladas en una calle comercial de la ciudad neerlandesa de La Haya, según ha confirmado la Policía, sin que por el momento haya más detalles sobre el suceso. La Policía neerlandesa ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter que el incidente ha tenido lugar en la calle Grote Markt y ha agregado que "los servicios de emergencia se encuentran en el lugar".

Asimismo, la Policía local ha indicado a través de su cuenta que el sospechoso está fugado. "Buscamos a un hombre con el pelo ligeramente teñido, de entre 45 y 50 años y con el pelo rizado", ha dicho. "Viste una bufanda y ropa deportiva gris. ¿Le han visto?", pregunta. Las autoridades han solicitado a la población que no se dirija a la zona, muy concurrida debido al Black Friday, y ha impuesto un perímetro de seguridad, según los medios locales.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha advertido este lunes de que Estados Unidos podría imponer sanciones a cargos del Tribunal Penal Internacional (TPI) si continúa con su investigación de presuntos crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos en Afganistán, informa Europa Press.

"Estados Unidos empleará cualquier medio que considere necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados de un procesamiento injusto en este tribunal ilegítimo", ha afirmado Bolton durante un discurso pronunciado durante un acto de la conservadora Sociedad Federalista celebrado en un hotel de Washington recogido por la prensa estadounidense.

Bolton ha afirmado que el TPI supone una amenaza para la soberanía de Estados Unidos, es ineficaz para perseguir crímenes de guerra y a menudo actúa contra aliados estadounidense, como Israel. "Estados Unidos siempre estará junto a Israel, nuestro amigo y aliado. No vamos a tolerar que el TPI ni ninguna otra organización limite el derecho de Israel a la autodefensa", ha argumentado.

Los medios estadounidenses han destacado que este discurso supone la puesta de largo de Bolton como alto cargo de la Administración Trump, ya que desde que en abril asumió su cargo ha mantenido un perfil bajo.

Bolton fue el encargado de gestionar a principios de siglo la relación de Estados Unidos con el TPI y hoy ha asegurado que conseguir que Washington quedara fuera del Tratado de Roma constitutivo del tribunal "sigue siendo uno de mis logros más importantes". Además, ha argumentado que esta postura contra el TPI encaja con la tesis de Trump de "anteponer a todo" los intereses de los estadounidenses.

"Dejemos que el TPI muera"

"No vamos a cooperar con el TPI, no vamos a colaborar con el TPI y desde luego no vamos a unirnos al TPI", ha espetado Bolton entre los aplausos de la audiencia. "Dejemos que el TPI muera por sí mismo. Después de todo, el TPI está a todos los efectos muerto para nosotros", ha apuntado.

"Esta Administración contraatacará para proteger el constitucionalismo americano, nuestra soberanía y a nuestros ciudadanos. Ningún comité de países extranjeros nos dirá como gobernarnos ni cómo defender nuestra libertad", ha apostillado.

En noviembre la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, abrió una investigación por presuntos "crímenes contra la humanidad" cometidos por el Ejército estadounidense en Afganistán. Bolton ha apuntado que si la investigación sigue adelante, Estados Unidos prohibirá a todos los jueces y fiscales del TPI la entrada en el país, bloqueará los fondos que tengan en el sistema financiero estadounidense y estudiará presentar cargos penales contra ellos.

Además, Bolton ha apuntado la posibilidad de firmar "acuerdos bilaterales vinculantes" para impedir que otros países entreguen a estadounidenses al TPI y ha destacado que ya hay un centenar de acuerdos de este tipo en vigor. Estados Unidos revisaría además la ayuda a países que participen en el TPI.

Desde Human Rights Watch han advertido de que las críticas y amenazas de Bolton podrían deparar un mayor aislamiento de Estados Unidos a nivel internacional. "Las amenazas de John Bolton demuestran un desprecio cruel para con las víctimas de crímenes atroces. La Administración Trump dice defender la rendición de cuentas por los graves abusos, pero socavar el TPI solo supone desperdiciar las oportunidades de que se haga justicia", ha señalado la subdirectora de Justicia Internacional de HRW, Liz Evenson, en declaraciones al portal político estadounidense TheHill.com.

El TPI nace tras años de tensas discusiones el 17 de julio de 1998 con el Estatuto de Roma y comienza su andadura el 1 de julio de 2002 con el mandato de juzgar a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

Actualmente cuenta con 123 miembros sobre los que despliega su jurisdicción, si bien es posible que actúe en países que sin ser miembros se lo permitan y, en todo caso, por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El próximo 26 de octubre, los keniatas volverán a las urnas para elegir entre los dos candidatos históricos del país, Uhuru Kenyatta y Raila Odinga. La victoria, el 8 de agosto, del presidente saliente Kenyatta quedó invalidada –a principios de septiembre– por el Tribunal Supremo, a raíz de la denuncia de su contrincante. En los últimos días, la oposición, que pide una reforma de la comisión electoral, ha convocado diversas manifestaciones en Nairobi, protestas reprimidas por la Policía.

Resulta difícil no contener el aliento al recordar el drama que siguió a las presidenciales de diciembre de 2007, que dejaron un balance terrible: más de 1.100 muertos, 350 heridos y 350.000 desplazados. Ante esta tragedia, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad y procesó a los sospechosos, entre ellos el actual jefe del Estado, Uhuru Kenyatta.

Judicialmente, el caso ha quedado en nada. Sin embargo, todavía no conocíamos todos los pormenores. Los documentos a los que ha tenido acceso Mediapart, socio editorial de infoLibre, y analizados por el consorcio EIC, en el marco de la operación Los secretos de la Corte, permiten por vez primera desvelar los entresijos de este fiasco judicial nada habitual. Y el doble juego del exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo (2003-2012) en el caso.

Retrocedamos en el tiempo.

En diciembre de 2010, el fiscal Ocampo anuncia tener en el punto de mira a seis sospechosos en el caso de Kenia; tres en cada bando. De inmediato, el magistrado pasa a engrosar el ranking de las celebridades de Kenia. Llegó incluso a contar con un guiñol en el XYZ, el programa inspirado en los guiñoles. Un año después, cuatro de los seis acusados son procesados; los jueces de la Haya consideran las otras dos causas poco importantes y las desestiman.

Uhuru Kenyatta, aunque acusado de crímenes de lesa humanidad por la CPI, decide presentarse con un antiguo opositor, William Ruto (también él procesado), a las presidenciales de 2013. La Alianza Jubilea –con la que concurren– reúne a defensores de las dos principales etnias del país, los kikuyus y los kalenjis. Una receta ganadora.

Raila Odinga, el opositor de Kenyatta, aprovecha, por su parte, para burlarse del futuro presidente: si éste vence, tendrá que gestionar el país a través de Skype, desde el banquillo de los acusados de La Haya. Al otro lado, Kenyatta se presenta como el campeón de la independencia del país.

En la oficina del fiscal, en La Haya, esa navidad de 2012 toca estudiar. La acusación debe presentar a comienzos de enero la memoria previa al juicio común de Kenyatta y del otro acusado, previsto para el 15 de abril de 2013. Pero los jueces encargados, consideran a “P0014” –el principal testigo directo en el caso, que apunta al exdirector de gabinete de la Presidencia, Francis Muthaura poco creíble. Apuestan por retirar las acusaciones que pesan contra Muthaura. La nueva fiscal, Fatou Bensouda, duda.

Luis Moreno Ocampo, que había dejado la Corte en junio de 2012, tras nueve años de mandato y que trabaja ahora para un gabinete de abogados neoyorquino, mantiene sus contactos en la Corte. Una jurista, que desde entonces ya no trabaja en la CPI, sino que se ha convertido en su asistente personal, le informa de los meollos del caso.

Gracias a estas informaciones, Ocampo contacta con Sara Criscitelli, una antigua funcionaria del Departamento norteamericano de Justicia que se ha unido a la CPI. Como si todavía fuese él el fiscal, Ocampo le recomienda mantener el caso abierto, denunciar la ausencia de cooperación de Kenia y pedir un aplazamiento del caso. “Cúlpales antes de que culpen al fiscal. Si piden antes que nosotros que se rechace el caso por falta de pruebas nos veremos expuestos de mala manera”.

Malos tiempos corren en la CPI. Semanas antes, un miliciano congoleño había sido absuelto por la Corte por falta de pruebas.

La norteamericana se muestra intranquila. “Si presentamos algo que sugiera que un Estado puede vencer a la Corte simplemente negándose a cooperar, significará el fin de la Corte”, escribe. Pero Ocampo piensa, por encima de todo, en salvar la investigaciones que él mismo ha abierto. Y en su reputación. Él mismo es quien ha personalizado a ultranza el caso de Kenia, también él quien ha dirigido una investigación nada profesional, como todas las que se llevaron a cabo durante su mandato.

A finales de febrero de 2013, su sucesora Fatou Bensouda contactaba con Ocampo para abordar el asunto “antes de tomar una decisión”. Su director de gabinete, a preguntas de Mediapart, afirma que “la fiscal Bensouda no pidió parecer al exfiscal en estos asuntos”. Según nuestras informaciones, evocó la fiscal sí abordó el asunto con su predecesor al menos en dos ocasiones.

El cinismo de Ocampo

El 11 de marzo, Fatou Bensouda se rinde a la evidencia y retira las acusaciones contra Francis Muthaura. Mientras, el 4 de marzo, los acusados Kenyatta y Ruto se convertían en líderes del país. El nuevo presidente ataca a la CPI en varios frentes. En primer lugar, en el frente legal: contrata a prestigiosos abogados y se asocia con Quintel Intelligence, servicios de inteligencia privados, para efectuar una contrainvestigación. En el frente diplomático, después: a través de un costoso lobby ante la Unión Africana.

El punto álgido de esta campaña se alcanza en noviembre de 2013 ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Junto con otros países, Kenia pide a Nueva York que ordene a la CPI que suspenda los dos casos. Un cara a cara eléctrico, en el que los líderes africanos acusaron de neocolonialismo a los “grandes” de este mundo. “Grandes” muy sorprendidos por la encrucijada que supone interferir en los asuntos de la CPI o alinearse con Kenya, aliado clave en la lucha contra el terrorismo de los insurgentes Al Shabab en Somalia.

En La Haya, la Asamblea de Estados miembros de la CPI, suerte de Parlamento de la jurisdicción, se reúne una semana después. Un diplomático americano aborda, entre bambalinas, una salida “en la que todo el mundo saldría ganando”. Una estrategia que consistiría en retirar los cargos contra Kenyatta, sin dejarlo limpio, pero acusando a Nairobi de no haber cooperado. El jefe de Estado no tendría que vérselas con la Corte que, pese a todo, no se vería empañada.

Aunque en ese momento ya ha dejado la CPI, Ocampo trabaja en secreto en la elaboración de esta estrategia desde hacía al menos dos meses. En septiembre de 2013, explica a su interlocutor del gabinete de abogados neoyorquino Shearman & Sterling que ha hablado con Fatou Bensouda sobre la idea de “organizar un grupo externo de abogados eminentes para analizar las pruebas en el caso Kenyatta”. “No creo que sea posible acusar a un jefe de Estado con pruebas tan poco concluyentes”, escribe. El gabinete Shearman & Sterling, que desde hace varios años forma a los magistrados de la Corte, ya ha propuesto sus servicios, pero la fiscal tarda en responder.

Ocampo intenta influir. Escribe a Sara Criscitelli. “Diferentes personas me han dicho que ya no hay pruebas. Hay testimonios que se han retractado y otros se niegan a comparecer. Entiendo la complejidad del momento político, pero cuando no hay pruebas, un fiscal no va al tribunal”. Ocampo piensa que “es una buena idea nombrar un panel externo”.

La norteamericana, que había dejado la Corte seis meses antes, pero que se encuentra físicamente en La Haya, habla con los jueces encargados del caso. “He preguntado. Hasta ahora no hay problema”, precisa a Ocampo. Preguntada por el EIC, Sara Criscitelli dice acordarse vagamente “de una conversación sobre uno u otro caso relacionado con Kenia”. Pero añade que al haber dejado la Corte hace varios meses, no habría podido apuntar “una recomendación” susceptible de “influir en ninguna decisión”.

Los dos casos, contra Kenyatta y contra Ruto, basados en una investigación floja, se debilitan con el tiempo. Hay testigos descartados y otros son sobornados o se ven intimidados.

Tres días después, el 13 de octubre de 2013, el exfiscal de la CPI Ocampo llega a interpelar al ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, quien fuera mediador durante la crisis keniana. “Es hora de encontrar una salida honorable para Kenyatta”, escribe al mediador, en una increíble cambio de perspectivas. De un cinismo tremendo, le recomienda enviar a alguien a la CPI unos días –un africano, no un abogado”– y citarse con la fiscal y su adjunto, los jueces, la presidenta. Ocampo escribe: “Tu enviado puede limitarse a preguntar: ¿hay una solución legal para Kenyatta antes del juicio?”, mientras precisa que “no debe parecer” que el jefe de Estado keniata “escapa de la Justicia”. ¿Qué oculta semejante activismo contra natura?

Kofi Annan, que nunca ha apoyado a Kenyatta, responde de forma lacónica a Ocampo: “Efectivamente vivimos tiempos interesantes”, dice, partidario del esperar y ver.

El juicio a Kenyatta, previsto para el 12 de noviembre de 2013, volvía a posponerse por petición de la acusación ante la falta de pruebas contundentes. Un chollo para Ocampo, que sigue con sus tejemanejes. En diciembre de 2013, en una recepción celebrada en Nueva York, aborda la estrategia de salida con Macharia Kamau, un diplomático keniano de Naciones Unidas, próximo a Kenyatta. Éste le explica que ha contactado con el hermano del jefe del Estado, dispuesto a entrevistarse con l fiscal en Nueva York. Pero sólo Fatou Bensouda puede decidir, según precisa el argentino, antes de abordar las grandes líneas de su estrategia: “El presidente Kenyatta no debe buscar una solución política porque una solución así afectará a su reputación y a su legitimidad. Esto dará la impresión de que es culpable y abusa de su poder para, simplemente, escapar de la Justicia”.

Para él, la experiencia pone de manifiesto que “las víctimas de este tipo de casos buscarán Justicia durante décadas y recibirán el apoyo de las ONG internacionales”. Así que, para el jefe de Estado de Kenia, propone una estrategia a largo plazo. Hacer frente a la Justicia, para esquivarla mejor: “La Justicia puede incluir un juicio que resuelve la cuestión de la responsabilidad más rápido y con menos controversias”. Interrogado por el EIC, Macharia Kamau no ha respondido a nuestras preguntas.

No está claro que a Bensouda le gustase la idea, pero la fiscal de la CPI debe rendirse a la evidencia: el caso que ha heredado de Ocampo no se sostiene. La acusación obtiene un nuevo informe en febrero de 2014, denunciando la no cooperación de Kenia. El EIC, el director de gabinete de Fatou Bensouda asegura que la fiscal “no estaba al corriente [de los movimientos de Ocampo] y no suscribe” una estrategia así.

En diciembre de 2014, obligado por los jueces, la fiscal termina por tirar la toalla. Retira los cargos contra Kenyatta, que canta victoria y promete sacar a su colistero en el juicio que empezó en septiembre de 2013. En abril de 2016, William Ruto y otro coacusado, Joshua Sang, presentador de radio, ven cómo se sobresee el caso.

El caso Ocampo-seis, como lo llamó la prensa de Kenia, ha acabado.  

  'Los secretos de la Corte'

La investigación periodística titulada Los secretos de la Corte es fruto de seis meses de trabajo, llevada a cabo por ocho medios de comunicación internacionales miembros del consorcio European Investigative Collaborations (EIC).

Stéphanie Maupas, que ha participado en la investigación para Mediapart, es una periodista freelance especializada en Justicia internacional.

Además de Mediapart, socio editorial de infoLibre, participan en esta investigación Der Spiegel (Alemania), NRC Handelsblad (Países Bajos), The Sunday Times (Reino Unido), El Mundo (España), Le Soir, (Bélgica), ANCIR (Sudáfrica), Nacional (Serbia) y The Black Sea, periódico digital creado por el Centro Rumano para el Periodismo de Investigación, que cubre Europa del Este y Asia Central.

  Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Un total de 22 personas han sido condenadas este jueves a diferentes sanciones por sus insultos racistas y amenazas vertidos contra la presentadora de televisión neerlandesa Sylvana Simons, que había participado en una manifestación para criticar al personaje navideño 'Pedro, el negro', el paje negro que ayuda a Santa Claus a entregar los regalos, tradición considerada racista. Tras participar en esta marcha, Simons anunció que se lanzaba a la política.

Uno de los acusados, que había elaborado un vídeo -Oh, Sylvana, la película- que convirtió a la presentadora en víctima de un importante linchamiento en las redes sociales, ha sido condenado a 80 horas de servicios comunitarios por sus amenazas y comentarios discriminatorios, según ha recogido el portal DutchNews.

Por su parte, otros tres acusados han recibido sendas sentencias de 60 horas de servicios comunitarios, mientras que la gran mayoría han sido multados con 450 euros cada uno. Sólo una persona ha sido absuelta de cualquier cargo.

Este jueves, tras conocer las sentencias del tribunal, que fue conductora del programa 'Een Zaak Van De Gemeente' de RTL7, Simons señaló que se está mandando un importante mensaje a la sociedad.

"Espero que desde ahora la gente sea consciente de que cualquier cosa que diga puede tener importantes consecuencias a nivel personal", ha indicado.

Dos madres iracundas fueron las primeras en tomar la palabra. Una es francesa; la otra, argentina. Antes de acudir a testificar, no se conocían. “Para mí es un honor ser la primera en hablar, de entre la larga lista de víctimas de Monsanto”, avisa Sabine Grataloup. Acto seguido, distribuyó a los jueces, sentados frente a ella, fotos de su hijo, nacido hace nueve años con varias malformaciones: sufre atresia esofágica. Respira gracias a una traqueotomía. Este 20 de octubre, será sometido a una nueva intervención quirúrgica, la número 51. “Conlleva mucho sufrimiento y riesgos vitales para él, porque una traqueotomía puede obstruirse en cualquier momento”, explica.

Sabine Grataloup es dueña de una pista de equitación. Todos los veranos, en la misma época, echaba un herbicida a base de glifosato, comercializado por Monsanto. También lo echó el año en que estaba embarazada, de apenas tres o cuatro semanas, sin tomar especiales precauciones. Entonces aún no sabía que esperaba un bebé. La mujer aclara que “en ese momento es cuando en el feto se forman el esófago y el feto”. Habla deprisa, con precisión. Apenas son las nueve de la mañana del sábado 15 de octubre en La Haya y las 250 personas sentadas entre el público escuchan con atención. “Este montón de coincidencias me conmoció [...]. Nos encontramos ante una epidemia de malformaciones, inducidas por el hombre”, concluye.

A continuación, toma la palabra María Liz Robledo. Una treintañera que ha realizado un largo viaje desde Baigorria (1.900 habitantes), al noroeste de la provincia del Gran Buenos Aires, para testificar. Su hija fue sometida a una operación, de seis horas, el mismo día de su nacimiento, en abril de 2013. Se encuentra mejor, pero sigue padeciendo problemas respiratorios que le impiden llevar una vida normal. María Liz Robledo vivió la mayor parte del tiempo en una casa junto a un descampado, donde se almacenaban bidones de pesticida. También recuerda el paso del “mosquito”, que es como los lugareños llamaban al avión que fumigaba los campos con pesticidas. “En mi pueblo, otro niño nació con la misma malformación”, dice la argentina. Denuncia “la manipulación de la información sobre Monsanto, que contribuye a que todo el mundo mire para otro lado”. Quiere “hacer que su sufrimiento sirva para que la gente sea consciente de la magnitud del problema”.

Cinco jueces escuchan –con los cascos del servicio de interpretación pegados en las orejas– los relatos conmovedores de estas dos mujeres. La presidenta del tribunal, la belga Françoise Tulkens, fue jueza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante más de diez años. A su lado, una argentina, una senegalesa, un mexicano y un canadiense. Estos magistrados han aceptado prestarse para un ejercicio inédito, que puede suponer un hito en la historia del derecho internacional: juzgar a una multinacional, la estadounidense Monsanto, el rey mundial de los organismos modificados genéticamente (OMG). El grupo químico de Saint-Louis, en Missouri, adquirido recientemente por el grupo farmacéutico alemán Bayer, ¿violó los derechos sanitarios, a la alimentación o a la sostenibilidad medioambiental? En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo demostrarlo?

Los magistrados deben basarse en corpus jurídicos: los principios directores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados en 2011 y el Estatuto de Roma, en el que se basa el Tribunal Penal Internacional. Durante dos días, hasta el domingo 16 de octubre, 30 testigos y peritos (abogados, médicos, científicos) desfilaron ante el tribunal, procedentes de los cinco continentes, esbozando un retrato conmovedor de los daños provocados por Monsanto en las personas, en el suelo, en los animales y en la biodiversidad. Estos relatos también han permitido hacer inventario de los métodos empleados por Monsanto para “controlar y mantener su hegemonía mundial”, en palabras del ingeniero agrónomo paraguayo Miguel Lovera, hasta controlar una parte de la producción científica en la materia.

La agricultora estadounidense Christine Sheppard relata su calvario particular. Utilizó Round Up, el pesticida de Monsanto, en una granja de Hawai, desde 1995. En 2003, le diagnosticaron un cáncer especialmente peligroso –un linfoma no hodgkiniano–. En la actualidad, se encuentra en tratamiento, después de numerosas sesiones de quimioterapia y de recibir un trasplante de médula ósea. Es una de las primeras, en Estados Unidos, en denunciar a Monsanto, convencida como está de que existe relación entre su salud y su exposición al herbicida. “Monsanto sabe bien que tendrá que afrontar muchos juicios, por lo que ya ha provisto 250 millones para indemnizar futuros casos”, en palabras de su abogado, Timothy Litzenburg, cuyo bufete cree que aflorarán miles de casos en los próximos años.

El médico argentino Damián Verzeñassi asegura que, en los estudios cuantitativos que lleva a cabo en Argentina, ha observado “un cambio en el modo en que la gente fallece en algunas provincias del país, en paralelo a la puesta en marcha de un modelo de agrobusiness basado en los OMG”. En 1996 comenzaron a aparecer de forma más regular problemas de salud hasta entonces poco frecuentes, algunos tipos de cáncer, malformaciones en los recién nacidos, abortos. “Monsanto inundó el planeta de sus productos y el grupo lo hizo sabiendo a la perfección lo que hacía”, dice, en alusión a un estudio de la EPA, la agencia norteamericana encargada del registro de los pesticidas, que mostraba ya en 1985 su preocupación por los riesgos cancerígenos vinculados al glifosato.

El agricultor francés Paul François narró cuál ha sido su experiencia, desde que trató de sentar a Monsanto en el banquillo. Corría 2004 cuando, al limpiar un tanque, inhaló los vapores del Lasso, un herbicida antaño comercializado por Monsanto (prohibido por la Comisión Europea en 2007). Tuvo que ser hospitalizado de inmediato tras perder el conocimiento. Sería el comienzo de una larga lista de problemas sanitarios, “comas profundos” incluidos. Paul François demandó a Monsanto en 2006. Ya lleva gastados más de 40.000 euros en procesos judiciales. Aunque ha ganado varias batallas jurídicas, Monsanto siempre recurre, sin haber abonado hasta la fecha las indemnizaciones. El recorrido judicial puede durar varios años. “Esperan que, en algún momento, me canse y no puede permitirme este sacrificio financiero”, señaló Paul François, quien terminó por decir: “Si ustedes atreven a interponerse en el camino de Monsanto, es una máquina trituradora”.

Concepto de "ecocidio"

El agricultor colombiano Pedro Pablo Mutumbajoy se presentó a los jueces como una víctima de las fumigaciones aéreas del Round Up de Monsanto. Este técnica comenzó a utilizarse, sólo en Colombia, en el año 2000: estaba destinada a destruir los cultivos ilegales de cocaína, en el marco de un amplio plan de lucha contra la droga, el “plan Colombia”. Estas operaciones, puestas en marcha por Bogotá y financiadas por EEUU, contribuyeron a aumentar el volumen de negocios de Monsanto y, al mismo tiempo, destruyeron innumerables hectáreas de tierras cultivadas (este tipo de fumigaciones están prohibidas desde 2015). En todo el país, los agricultores han presentado más de 17.000 denuncias, a la espera de obtener indemnizaciones. Muy pocos lo han conseguido. De ahí la presencia de Mutumbajoy en La Haya, el objetivo es dar un impulso al caso.

Estos testimonios, a menudo edificantes, se sucedieron durante los dos días de audiencia. También se habló del empobrecimiento de los suelos o de los riesgos para los animales. Varios profesores universitarios autores de estudios críticos con los efectos del Round Up explicaron que se han quedado sin el dinero de fundaciones privadas que, hasta entonces, financiaban sus trabajos. “Monsanto ha conseguido no diré dejarnos fuera de combate, sino que ha limitado los medios de los que disponemos para investigar”, contó Nicolas Defarge, un biólogo francés en el paro, cuyos trabajos han permitido identificar restos de arsénico y de metales pesados en el Round Up.

¿Para qué vale este mosaico de relatos? El tribunal Monsanto no dictará sentencia. No se impondrá pena alguna ni para el responsable ni para los accionistas de la firma de Saint-Louis. Pero los jueces se han comprometido a emitir, el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, una “opinión consultiva”. “La función de este tribunal no es condenar, sino administrar justicia”, resume la exministra de Medio Ambiente Corine Lepage, que aboga por crear un Tribunal Penal Internacional de Medio Ambiente y de Sanidad.

“Durante mucho tiempo pensé que nunca se podría parar a una empresa como Monsanto”, dice Marie-Monique Robin. “La impunidad de estas multinacionales está ligada en parte al hecho de que es imposible perseguir penalmente a sus dirigentes. Como mucho, se puede esperar, en el estado actual de las cosas, conseguir reparaciones financieras por la vía civil. Nada más”. Este periodista y documentalista francesa, autora del libro Le Monde selon Monsanto [El mundo según Monsanto] califica de “histórica” la experiencia del tribunal. Después de haber dudado un tiempo, aceptó ser la madrina. Muchos testigos que han intervenido en La Haya aparecerán en su próximo documental, sobre los estragos del Round Up.

René Lehnherr, que lleva años trabajando en las cooperativas agrícolas autogestionadas Longo Mai, fue el primero en pensar en pensar en un tribunal así, hace ahora unos dos años. En ese momento, se puso en contacto con Marie-Monique Robin, quien puso una condición: que el juicio no fuese un calco de los tribunales ciudadanos, como el Tribunal Russell sobre Palestina, de 2009. “Ya se han organizado muchos tribunales de opinión [dirigidos por intelectuales y figuras de la sociedad civil]. No digo que no sea interesante, pero en nuestro caso, no habría aportado gran cosa. Aquí queremos verdaderos jueces, que van a juzgar con la ley en la mano”, insiste la periodista.

La Justicia tiene un precio: ha sido necesario invitar a los testigos, alojarlos, pagar a los jueces, encontrar los locales... La operación cuesta alrededor de 500.000 euros, recaudados en parte gracias al micromecenazgo y con la ayuda de generosas asociaciones. “Es muy, muy caro y cerrar el presupuesto ha sido un trabajo arduo, pero teníamos que lograrlo”, dice Arnaud Apoteker, activista antiOGM, otrora en Greepeace-Francia y en la actualidad administrador de Criigen. Con el paso de los meses, se constituyó un comité de organización compuesto por figuras de primer orden, entre ellos el jurista belga Olivier de Schutter, exrelator especial para el derecho a la alimentación, la activista india Vandana Shiva, que ha iniciado varios movimientos para los derechos de las mujeres y el respeto de la diversidad del mundo viviente, el biólogo Gilles-Éric Séralini, autor de un estudio sobre un maíz modificado genéticamente que causó polémica en 2012, o la jurista francesa Valérie Cabanes, portavoz del movimiento End Ecocide on Earth (Paremos el ecocidio en la tierra).

“Queremos dar cuerpo y consistencia a un concepto jurídico, el del ecocidio, que creemos debe regularse en la normativa jurídica internacional”, añade Émilie Gaillard. Esta profesora de Derecho Privado en la Universidad de Caen, autora de una tesis sobre el “derecho de las generaciones futuras”, trabaja en el comité de organización del tribunal, desde comienzos de año. Aguarda la opinión consultativa de los cinco jueces, que se conocerá el 10 de diciembre. Monsanto ¿podrá ser declarado culpable de ecocidio, en unos años, en el Tribunal Penal Internacional?

El ecocidio implica un “daño generalizado o una destrucción que provocaría una alteración grave y duradera en “comunidades globales” o “sistemas ecológicos”, si nos atenemos a la definición –discutida– propuesta por los juristas de End Ecocide on Earth. Esta ONG milita por que el ecocidio sea el quinto delito internacional contra la paz, recogido en los estatutos del TPI, junto con el crimen contra la humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y de agresión. Por ese motivo, el Tribunal Monsanto ha celebrado el juicio en La Haya, sede del TPI.

Esta acción de la sociedad civil contra Monsanto llega semanas después del anuncio del TPI; la fiscala del Tribunal señaló en “un documento de política general” que el Tribunal se planteaba enjuiciar delitos medioambientales. De confirmarse la ampliación del campo de acción del TPI, los dirigentes de empresas o políticos, pueden ser juzgados en La Haya por cuestiones como acaparamiento de tierras o destrucción de la selva ecuatorial. Una revolución en derecho internacional, del que se congratulan los promotores del Tribunal Monsanto.

Para Émilie Gaillard, ahí está el verdadero desafío: habrá que basarse en la sociedad civil para forjar un nuevo imaginario jurídico. Existen precedentes en la historia reciente. Con su informe sobre los límites al crecimiento (1972), el Club de Roma formalizó, por poner un ejemplo, el concepto de huella ambiental, mientras que la Conferencia sobre la Tierra de Río alumbró, en 1992, el de desarrollo sostenible. “El derecho no es sólo fruto de los expertos, o de los jueces, es fruto de una época y de la sociedad”, insiste. “Estamos en un periodo de guerra conceptual, donde los tratados de libre comercio se construyen en contra del derecho internacional del medio ambiente. Asistimos a un enfrentamiento de lógicas jurídicas y el Tribunal Monsanto se enclava en este enfrentamiento”.

De ahí el espacio que se deja a los movimientos sociales. En paralelo, coincidiendo con las audiencias del tribunal, en la otra punta de la ciudad neerlandesa se celebraba un miniforum social bautizado como Asamblea de los Pueblos. El objetivo era debatir, en concreto, modelos de agricultura alternativas. Como dos hemisferios de un cerebro (que a veces parecían tener problemas para comunicarse entre sí...). “Este tribunal no es un capricho de 30 militantes. Hemos querido construir una iniciativa popular, que emana de la sociedad civil y alumbrada por una ONG y colectivos de todo el mundo. Les hemos dado la palabra en el marco de esta Asamblea de los Pueblos”, precisa Arnaud Apoteker.

La experiencia tiene un punto débil fuera de toda duda: Monsanto ha optado –como era de esperar– por boicotear el acto. El acusado no estaba allí para defenderse. “Al principio, hicieron como si no existiera, para desligitimizarlo”, lamenta Apoteker. La estrategia de Monsanto, que ha recibido numerosas llamadas de los periodistas sobre el tema, ha ido cambiando a medida que se acercaba el juicio. El grupo publicó el 4 de octubre una carta abierta (sólo disponible en francés y en alemán), donde resume el caso como sigue: “Se trata de un acto orquestado, una parodia jurídica donde denigradores de la tecnología en agricultura y de Monsanto hacen de organizadores, de juez y de jurado, y cuyo resultado se conoce de antemano”. Peor aún: este pseudojuicio llevaría a “desviar la atención de conversaciones esenciales sobre las necesidades alimentarias y agrícolas del mundo entero, así como la aplicación de los derechos humanos”.

“Monsanto ha optado por no acudir, no va a quejarse ahora de eso”, dice la exeurodiputada Corinne Lepage. El comité de organización ha optado por responder punto por punto al comunicado de Monsanto, pero también ha llevado esa carta abierta de la multinacional al juicio, como prueba. En lo que respecta a las críticas sobre la parcialidad del tribunal, los organizadores aseguran que no hay nada decidido de antemano, que los jueces son totalmente independientes. “Son profesionales reales y la legitimidad de su veredicto será el fruto de ese reconocimiento”, dice Émilie Gaillard. Precisa que el comité de organización ha pagado a los jueces por los tres días de trabajo en La Haya, “pero no han estado especialmente bien pagados, para evitar conflictos de intereses”.

Aunque debilitado por la falta de representantes de Monsanto, el tribunal ha puesto de relieve la situación de extrema aislamiento de los movimientos de víctimas, a menudo desamparados en sus respectivos países frente al gigante norteamericano. Es evidente en Argentina y en Colombia, donde el horizonte político nacional parece obstruido. A la espera de que el derecho penal internacional evolucione –lo que puede demorarse– los dos días de audiencias de la Haya pueden haber tenido un mérito claro a corto plazo: hacer que se compartan experiencias más allá de las fronteras y pensar en acciones transnacionales para un día llegar a sancionar a las multinacionales.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que el Tribunal Penal Internacional (TPI) debería investigar el ataque contra la denominada Flotilla de la Libertad que el Ejército de Israel llevó a cabo el 31 de mayo de 2010 frente a las costas de la Franja de Gaza y que se saldó con nueve muertos –todos de nacionalidad turca– y 38 heridos.

Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 remite al Tribunal Supremo las diligencias, en las que se investigan, entre otros, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que determine si los hechos se están persiguiendo en Israel, como país de nacionalidad de los querellados, o en Turquía, con jurisdicción sobre el barco Mavi Mármara, en el que se produjeron los hechos más graves.

El juez, que recoge en su resolución el criterio de la Fiscalía, considera que los hechos podrían constituir un delito de lesa humanidad con detención ilegal, deportación y tortura, así como un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en refernecia a "crímenes de guerra". Considera que la Corte Penal Internacional sería competente para investigar el ataque porque el Mavi Mármara, que fue atacado en aguas internacionales, navegaba bajo bandera de las islas Comores, país que firmó el Estatuto que permitió la instauración de este tribunal.

La Flotilla de la Libertad, que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza, también estaba formada por barcos de Kiribati, Turquía, Togo, Grecia, Estados Unidos y Camboya, lo que podría justificar, según Ruz, "la atribución competencial para conocer de los hechos por entenderlos sucedidos bajo su jurisdicción".

Pregunta al Supremo

Sin embargo, el juez remite una exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo, junto con las comisiones rogatorias practicadas, para que el Alto Tribunal decida, en virtud de lo estipulado por la ley que limita la aplicación de la justicia universal, "el lugar en que se entienden cometidos los hechos" y los tribunales que deben perseguirlos.

En respuesta a un requerimiento que Ruz hizo en julio de 2010, las autoridades israelíes apuntaron que habían puesto en marcha "una comisión pública independiente" denominada comisión Turkel, e instruido varios procedimientos de investigación "adicionales", uno de ellos ante el Tribunal Supremo, y un proceso de colaboración con el Comité/Panel de Investigación de Naciones Unidas. Turquía, por su parte, investiga los hechos en el Juzgado de lo Penal número 7 de Estambul.

Ruz señala que, a pesar de que tres de los querellantes que sufrieron la agresión eran cooperantes de nacionalidad española, no se cumple el presupuesto fijado por la reforma de la justicia universal de que el procedimiento "se dirija contra un español o extranjero habitualmente residente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y al que se hubiera denegado la extradición". Sin embargo, argumenta que los tribunales españoles pueden investigar estos hechos porque, tal y como argumentó el juez Santiago Pedraz para seguir investigando el 'caso Couso', el IV Convenio de Ginebra "impone con carácter imperativo la obligación de persecución en los casos de infracciones graves".

Ante esta "evidente colisión" entre la norma que regula la aplicación de la justicia universal y las "obligaciones contraídas por España" en virtud de los tratados internacionales que ha ratificado, el juez Ruz señala que no investigar estos hechos supondría permitir "situaciones de impunidad" y una "restricción" a la obligación de perseguir "las más graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario".

Los españoles, detenidos y deportados

La querella, que fue presentada por los tres activistas españoles, la Asociación Cultura y Paz y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, se dirigía contra el el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis cargos de su Gobierno y un alto mando militar del país.

La denominada Flotilla de la Libertad, formada por seis barcos, pretendía hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza desde Turquía. El Ejército israelí abordó el buque Mavi Mármara el 31 de mayo de 2010 causando nueve víctimas mortales, 38 heridos y otros tantos desaparecidos.

Los tres activistas españoles que viajaban en el convoy, Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra, presentaron una querella como acusación particular. En ella solicitaban la imputación no sólo de Netanyahu sino también de sus ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.

En concreto, los tres españoles denunciaron que fueron "detenidos ilegalmente, trasladados forzosamente a territorio israelí y deportados a territorio turco, todo ello al margen de lo estipulado en el derecho internacional y sin perjuicio del despojo sufrido de sus pertenencias, documentación y material".

Las embajadas de Brasil han cerrado sus puertas a los activistas de Amnistía Internacional (AI). La mañana de este jueves la organización tenía previsto entregar 90.000 firmas –20.000 de ellas recogidas en España– en Madrid, Brasilia, Roma, La Haya, Santiago de Chile y Asunción para pedir "a las autoridades brasileñas que garanticen el derecho a protestar". Sin embargo, el acto no ha podido concluir. Las respectivas embajadas se han negado a recibir las miles de firmas en protesta por "la violencia indiscriminada" que sufren los manifestantes en Brasil, donde la próxima semana comenzará el campeonato mundial de fútbol.

Esta entrega de firmas se enmarca en una campaña a nivel mundial, bautizada como 'Tarjeta amarilla a Brasil', en la que los activistas de la organización no gubernamental "sacan tarjeta amarilla a los gobernantes" y mandan un mensaje a las autoridades: "manifestarse no es delito, es un derecho humano". 

"Los manifestantes que se echen a la calle en Brasil durante la celebración en breve de la Copa Mundial están expuestos a sufrir violencia indiscriminada a manos de la policía y el ejército", advierte Amnistía Internacional en un comunicado. Desde la organización aseguran que "centenares de personas han resultado heridas en ciudades de todo Brasil tras disparar la policía militar balas de goma contra ellas pese a que no presentaban ninguna amenaza o golpearlas con porras". "La actuación del Gobierno brasileño –subraya Esteban Beltrán, director de AI en España– ha puesto en riesgo el derecho de protestar pacíficamente".

El aumento del precio del transporte público, la falta de inversión en servicios públicos y los elevados gastos que supone la celebración de la Copa Mundial han despertado las críticas en la sociedad brasileña. "Desde junio de 2013, millares de brasileños se vienen echando a la calle en manifestaciones multitudinarias que no tienen preferentes", relatan desde Amnistía. Lejos de garantizar el derecho de protesta pacífica, las autoridades brasileñas han apostado por "el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y de balas de goma contra manifestantes pacíficos, detenciones arbitrarias y uso indebido de la ley para abordar y sancionar a quienes se echan a la calle", denuncia AI. 

Intimidación para frenar las protestas 

Desde la organización advierten que "los legisladores brasileños están examinando un proyecto de ley antiterrorista" que permite considerar "los daños a bienes y servicios esenciales" como actos terroristas. Esta ley, explica el director de Amnistía en España, "contradice las obligaciones del Estado de proteger los derechos humanos", como lo es el derecho a manifestarse de forma pacífica. Se trata de "un acto intimidatorio", sentencia.

"El Gobierno de Brasil ha desoído a Naciones Unidas en su definición de delitos de terrorismo. Han sacado la conclusión que quieren y la van a aplicar contra los manifestantes", denuncia Beltrán. "Esta terminología no se puede aplicar a destrozos públicos. Evidentemente, estos actos tienen que estar penados, pero con sanciones administrativas", recalca. 

Crear una ley más restrictiva no es la única medida tomada por el Ejecutivo brasileño para reprimir las protestas. Durante la celebración del campeonato mundial, el Ejército podrá intervenir para mantener el orden público, explica Beltrán. La intervención de las fuerzas armadas en momentos y lugares claves, donde hay una fuerte presencia de público, "es peligroso; el Ejército no debería tener ningún papel ahí, no está preparado", recalca el director de AI. 

Entre 2001 y 2011, "10.000 personas han muerto en Río a manos de las fuerzas de seguridad", denuncian desde la organización. Cifras que demuestran "el deficiente historial de Brasil en materia de mantenimiento de orden público" y "el clima de impunidad" que se vive en el país. En este contexto, "la Copa Mundial 2014 será una prueba decisiva para las autoridades de Brasil" que "tiene que aprovechar la oportunidad e intensificar sus esfuerzos para garantizar que las fuerzas de seguridad no comentan ninguna violación más de derechos humanos", añade Atila Roque, director de Amnistía Internacional en Brasil.

Hasta ahora, "existía un diálogo entre Amnistía Internacional y las autoridades brasileñas", apunta Yolanda Vega, responsable de Brasil en AI España. Sin embargo, las respectivas embajadas en las que se debían entregar 90.000 firmas para pedir que se garantice el derecho de protesta, se han negado a recibir a la organización y "no se nos ha comunicado ninguna razón". No es raro que las autoridades de diferentes países de nieguen a dialogar, explica Beltrán, pero sí "que cierren sus puertas y no nos dejen entregar las firmas". Un hecho que sólo ha ocurrido con otro país, asegura el director de AI en España, "se trata de China". 

Los inspectores de la ONU desplazados a Siria para investigar el supuesto uso de armas químicas en el país han llegado a La Haya procedentes del Líbano aportando varias cajas con el resultado de sus investigaciones.. El equipo de expertos ha aterrizado en el aeropuerto de Rotterdam, donde les esperaba un convoy que ha recogido las cajas.

En principio iban a ser presentadas este fin de semana a la ONU, pero finalmente no será así. Todas las muestras recogidas en suelo sirio serán cuidadosamente sometidas a análisis científico en distintos laboratorios de La Haya. Se desconoce todavía cuándo los expertos presentarán el resultado final de su investigación.

Obama espera la respuesta del Congreso 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha enviado este sábado al Congreso el borrador de la propuesta de ley para aprobar una intervención militar en Siria con el fin de "disuadir, interrumpir, prevenir y rebajar" potenciales ataques químicos, según ha confirmado la Casa Blanca.

De esta forma, Obama formaliza su petición al Congreso para adoptar medidas militares contra el Gobierno sirio en respuesta a la supuesta utilización de armas químicas del pasado 21 de agosto a las afueras de Damasco.

En la petición, remitida al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, Obama pide la autorización del Congreso para atacar Siria a fin de "disuadir, interrumpir, prevenir y rebajar el potencial y futuro uso de armas químicas u otras armas de destrucción masiva".

Establece también como objetivos "prevenir o disuadir" la proliferación de estas armas entre "grupos terroristas, otros estados u otros actores no gubernamentales" y "proteger Estados Unidos, así como a sus aliados y socios contra la amenaza que representan dichas armas". Obama se ampara en la violación de las leyes internacionales que constituye el "flagrante" ataque químico y confía en que el Congreso "envíe una clara señal de la determinación estadounidense".

En la declaración, el presidente señala que "el conflicto en Siria solo se resolverá a través de un acuerdo político negociado" y llama a "todas la partes en el conflicto en Siria a participar de forma urgente y constructiva en el proceso de Ginebra", que pretende reunir en una conferencia internacional al Gobierno y a la oposición siria.

La respuesta se sabrá en una semana

En una comparecencia este sábado, Obama ha avanzado que pediría una autorización al Congreso para hacer uso de la fuerza. "En los últimos días he escuchado a varios miembros del Congreso que quieren que se escuche su voz. Estoy absolutamente de acuerdo", ha argumentado Obama.

Así pues, el ataque no se producirá, siguiendo este cauce, al menos hasta la semana del 9 de septiembre, cuando concluye el receso veraniego del Congreso. Esa misma semana podría debatirse y votarse la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado al ataque contra Siria.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha ratificado que la votación no se celebrará más tarde de la semana del 9 de septiembre y ha respaldado una intervención militar. "Creo que el uso de la fuerza militar contra Siria está tan justificada como necesaria", subraya Reid en un comunicado, en el que acusa al presidente de Siria, Bashar al Assad, de cometer "atrocidades" contra sus ciudadanos.

Un grupo de influyentes congresistas estadounidenses, críticos con la gestión del posible ataque contra Siria que está realizando el presidente, le reclamaron en una carta que sometiera a votación en el Congreso cualquier acción militar en Siria. Un total de 160 miembros de la Cámara de Representantes –de un total de 435–, entre los que se contaban demócratas y republicanos firmaron la misiva. En los últimos días, Obama ha recibido a numerosos congresistas que le reiteraban esta petición.

Este sábado, los inspectores de Naciones Unidas desplazados a Siria, encargados de investigar el supuesto uso de armas químicas en el país, han llegado a La Haya procedentes del Líbano. El equipo de expertos ha aterrizado en el aeropuerto de Rotterdam, donde les esperaba un convoy que ha recogido el fruto de su investigación: varias cajas con pruebas que en un principio iban a ser presentadas este fin de semana a la ONU, pero que finalmente no será así. Todas las muestras recogidas en suelo sirio serán cuidadosamente sometidas a análisis científico en distintos laboratorios de La Haya. Se desconoce todavía cuándo los expertos presentarán el resultado final de su investigación.

Bosco Ntaganda, el general rebelde congoleño, se encuentra en el centro de detención del Tribunal Penal Internacional en La Haya, según ha anunciado el propio organismo.

El 'señor de la guerra' se había refugiado el 18 de marzo en la Embajada de EE.UU en Kigali, capital de Ruanda. Desde allí declaró su deseo personal de ser entregado a La Haya, según informa Europa Press, y el Gobierno norteamericano ha estado esperando que las autoridades de Ruanda favorecieran la cooperación necesaria para facilitar el traslado. Por ello, Ban Ki Moon, secretario general de la ONU, ha agradecido la colaboración de los gobiernos de EE.UU y RDC para facilitar.

Ban Ki Moon considera que el traslado del congoleño “potenciará la causa de paz” en República Democrática del Congo. Además, ha agregado que los acontecimientos impulsarán “la lucha contra la impunidad de la región”, y ha ofrecido la cooperación de Naciones Unidas para asegurar que Ntaganda recibirá un “juicio justo y diligente”.

El TPI ha acusado a Ntaganda de diez cargos, siete por crímenes de guerra y tres por crímenes contra la Humanidad. Concretamente, por homicidios, violaciones y reclutamiento de niños soldado en la región de Ituri (noreste de la República Democrática del Congo, RDC) entre 2002 y 2003, cuando comandaba el grupo rebelde Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo (FPLC).

Fatou Bensouda, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional definió la jornada de ayer como “un buen día para las víctimas de la RDC y para la justicia internacional”. John Kerry, secretario de Estado de EE.UU ha declarado que la entrega es “un momento importante para quienes creen en la justicia y en la rendición de cuentas”, puesto que se trata, según ha comentado, de “uno de los rebeldes más destacados y brutales de RDC”.