Durante años, Europa ha centrado gran parte de sus esfuerzos climáticos en la mitigación del cambio climático y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras la adaptación a sus efectos ha ocupado un lugar secundario en el debate político. 

Desafortunadamente, basta mirar lo que está ocurriendo alrededor para entender que esto no puede seguir así. En nuestra realidad cotidiana, experimentamos cada vez más inundaciones devastadoras, sequías persistentes, olas de calor muy severas e incendios forestales de sexta generación, que afectan no solo al medio ambiente, sino también al campo, al precio de los alimentos, al agua, a la salud pública y a la vida de muchas ciudades y pueblos europeos. 

Por eso, la futura ley europea de adaptación y resiliencia climática que está preparando la Comisión Europea y que presentará a finales de año, será una de las decisiones más importantes de esta legislatura, ya que tendrá como objetivo que la Unión Europea se prepare mejor ante las crisis climáticas y que no se limite a reaccionar ante ellas.  

La adaptación al clima debe estar en el centro de las decisiones políticas y tenerse en cuenta en la construcción de infraestructuras, en la planificación de ciudades, en la gestión del agua y en la inversión del dinero público, entre otros ámbitos. Sin embargo, para que el principio de “resiliencia por diseño” y no “por reacción” se integre en nuestras políticas, iniciativas, instrumentos y estructuras, anticipando riesgos en lugar de solo reaccionando ante ellos, debemos cambiar algunas inercias europeas. 

En la actualidad, cada Estado miembro cuenta con su propia metodología y valoración de los riesgos e impactos del cambio climático. La nueva ley deberá establecer un marco común basado en escenarios científicos y en evaluaciones de riesgo climático homogéneas para todos los países de la Unión, ya que los riesgos climáticos no pueden afrontarse eficientemente con 27 enfoques distintos.  

Por otro lado, el nuevo marco climático no sólo debe constar de obligaciones para la adaptación, sino también venir acompañado de soluciones y de recursos; es decir, de capacidad real para aplicarlo. En un contexto en el que las prioridades presupuestarias de la Comisión no pasan por el medioambiente y el clima, quién paga la adaptación y cómo hacerlo de manera justa será, sin duda, uno de los debates más importantes en torno a la nueva ley. Y en esta discusión será determinante tener en cuenta que adaptar Europa al cambio climático costará dinero, pero no hacerlo costará muchísimo más. 

Cada desastre climático tiene un impacto económico enorme y creciente. Por eso necesitaremos más inversión en prevención, preparación y resiliencia, y probablemente también nuevos instrumentos europeos, incluyendo mecanismos que ayuden a cubrir riesgos climáticos que el  mercado privado ya no puede asumir por sí solo.

No obstante, y a pesar de la importancia de los recursos, no podemos reducir la adaptación a una cuestión meramente presupuestaria. A veces seguimos pensando en resiliencia únicamente en términos de hormigón, diques o infraestructuras grises, y olvidamos que la naturaleza y las soluciones basadas en la misma son nuestras mejores aliadas.

Lo hemos aprendido con los incendios, con las inundaciones y con las olas de calor. Los humedales restaurados frenan crecidas. Las ciudades con más árboles soportan mejor las temperaturas extremas. Los ecosistemas sanos ayudan a reducir riesgos y hacen los territorios más resistentes. Así lo defendimos los socialistas durante la negociación de la Ley de Restauración de la Naturaleza y así continuaremos defendiéndolo en las negociaciones de la  ley de adaptación climática, porque defender la naturaleza no es solo una cuestión ambiental, sino también de seguridad y de protección civil. 

Por último, la futura ley tocará políticas y sectores sensibles que pueden resistirse, como el sector agrícola o silvícola, la gestión del agua, la ordenación del territorio, el urbanismo o las infraestructuras civiles o energéticas, por lo que su negociación será un reto político. Las resistencias ya las hubo en la Ley de Restauración de la Naturaleza cuya negociación nos dejó una lección útil. Cuando las políticas climáticas se explican únicamente como una agenda  ambiental, es más difícil construir mayorías; cuando la gente entiende que hablamos de proteger vidas, cultivos, ciudades, empleos o viviendas, el debate cambia. Adaptarse no va de ideología. Va de proteger a la gente frente a riesgos que ya están aquí. Prepararnos mejor no es un lujo ni una exageración. Es probablemente una de las inversiones más inteligentes que Europa puede hacer en los próximos años.

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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medioambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.

“Estamos de capa caída, hay que ser realistas”, se lamenta Eugenio Campanario, portavoz del movimiento Extremadura Vaciada. Hace siete años que esta plataforma se unió a las reivindicaciones de otros territorios para llevar a Madrid las deudas pendientes con las zonas más despobladas. La España Vaciada sonó bien alto, pero la revuelta ha ido perdiendo fuerza y poco se ha avanzado en sus peticiones. Campanario, que es cura en tres pueblos de la provincia de Badajoz (Ahillones, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre), pertenece al Movimiento Rural Cristiano y conoce de primera mano las necesidades de su entorno. Los problemas siguen ahí: despoblación, envejecimiento, emigración de los jóvenes por falta de oportunidades, déficit de infraestructuras o la lucha constante por mantener servicios básicos. No obstante, ahora hay otro elemento en la ecuación que, considera, ha venido a perjudicar a las zonas rurales: el impacto de las plantas fotovoltaicas.

Lo explica así para infoLibre: “Es una obviedad que hay que seguir el camino de las renovables, pero el modelo que la España Vaciada puso sobre la mesa es ir contra los macroproyectos, porque aniquilan las alternativas. No ha habido control y no se ha tenido en cuenta la sostenibilidad. Tampoco ha servido para fijar población porque la mano de obra que se crea es temporal”.

Con él coincide Cecilia Carrasco, secretaria de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura: “Lo que se ha hecho es alimentar los macroproyectos, no la autosuficiencia de los pueblos para que sean más sostenibles y paguen menos en la factura de la luz. Es lo que ocurre siempre en el medio rural, que es un campo de experimentación; y no se piensa en sus habitantes, sino en el beneficio de las empresas que hay detrás”.

Ella reconoce que en algunos casos estos parques solares se han colocado en terrenos con poca fertilidad o cuyos propietarios no querían hacerse ya cargo “y les ha venido bien vender y llevarse un dinero”. “Igual que a los ayuntamientos, que han tenido ingresos puntuales por determinadas parcelas. El problema está en que, una vez que terminan las obras de instalación, se acabó el empleo, no hay ninguna progresión”. 

Carrasco también habla del impacto visual: “Vas desde Aliseda a Malpartida de Cáceres, que es una carretera preciosa, y estás rodeada de espejos”. “Lo que sí hemos conseguido”, prosigue, “es que en algunos parques solares entre el ganado a pastar”.

Los datos que recoge Red Eléctrica sirven de contexto: en 2015 había 562 megavatios (MW) de fotovoltaica instalados en Extremadura; en 2025 ya eran 8.512 MW. La potencia se ha multiplicado por 15 en una década, destacando en esta cifra las grandes plantas que se reparten por toda la comunidad autónoma.

En cuanto al peso del autoconsumo, apenas se llega al 2% del parque de renovables, la tasa más baja del país, según el informe elaborado por la consultora Opina 360 a través de Red Eléctrica. Habría que añadir, no obstante, que en ese porcentaje influye la poca industria que existe en la región extremeña.

El pasado mes de febrero, cuando todavía la Junta de Extremadura estaba en funciones, se publicó un decreto para determinar las zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica. En el decreto se buscar dar garantía jurídica a los promotores, pero también se especifica la protección de la dehesa y de los cultivos leñosos (olivar, vid, frutales), por ejemplo.

Este documento lo analiza Eugenio Romero, profesor de Formación Profesional y uno de los portavoces de la Asociación 25 de marzo: “Sacan de la catalogación a los núcleos de población, lo que nos parece un error, porque en los edificios públicos y privados y en las viviendas es donde se debería fomentar el uso de placas para el autoconsumo”.

Romero pone el foco, sobre todo, en el porcentaje de territorio que Extremadura destina a proyectos fotovoltaicos según este citado decreto: “La superficie catalogada como de alta o muy alta capacidad es el 20%, una quinta parte de la región, 840 mil hectáreas. Y si se añaden las zonas con capacidad media se llega al 39%. Por hacer una comparativa, en Madrid solo se permite hasta el 4%. Y a estos datos hay que sumarle que la comunidad extremeña exporta el 80% de la electricidad que genera. No podemos ser una colonia energética para los grandes puntos de consumo”.

En el debate sobre qué camino deben seguir las renovables, inevitablemente aparece la central de Almaraz. Su posible cierre ha generado una gran polémica en Extremadura. “La nuclear nos sobra porque los extremeños solo consumimos el equivalente a la mitad de lo que producen las energías alternativas. Y si Almaraz continúa, supondrá un freno para las renovables, que muchas veces tienen que tirar electricidad porque hay exceso, lo que también afecta a la rentabilidad de las grandes plantas”, subraya el portavoz de la Asociación 25 de marzo. No obstante, va más allá en su reflexión: “Hay una base clara: la transición energética es imprescindible, pero al mismo tiempo somos conscientes de que la sustitución total del petróleo, el gas y el carbón por energías renovables es muy complicada. La cuestión que se debe poner encima de la mesa es el nivel de consumo energético que llevamos, porque los recursos son finitos. Hasta para extraer minerales hace falta petróleo. Las cosas no se están haciendo bien y hay intereses que chocan. Y no hay que olvidar que muchos de los conflictos bélicos que tenemos son por las materias primas”.

Volviendo a la fotovoltaica y su repercusión en Extremadura, Romero tiene claro que estos macroproyectos son “una burbuja sostenida con fondos públicos”.

En cuanto al autoconsumo, asegura: “Cualquier país del norte de Europa, con menos sol que nosotros, tiene más superficie destinada a este fin y una factura de la luz más barata”.

¿Qué dicen los ecologistas? El pasado verano, por ejemplo, presentaron un recurso de alzada contra la fotovoltaica de Trujillo por su impacto ambiental. “Es un área de alta sensibilidad ambiental con especies amenazadas”, explica Julio César Pintos, de Ecologistas en Acción.

Pintos denuncia también el daño en la zona entre Calzadilla y Guijo de Coria, “una zona de exclusión ambiental donde está presente el cernícalo primilla y la avutarda”. Por ello, lamenta que la protección de aves quede en un segundo plano y que “el desarrollo tan rápido de grandes proyectos haya dificultado la vigilancia del respeto medioambiental”.

Asimismo, un informe de Ecologistas en Acción de marzo de 2025 recoge: “El despliegue de forma no planificada por parte de grandes empresas, en forma de instalaciones cada vez más grandes en la España Vaciada, ha originado un fuerte rechazo social. A ello se le suman efectos sobre el sistema eléctrico como la saturación de algunos nudos, el desplome de precios en las horas de mayor generación, o la necesidad cada vez más habitual de parar o limitar la generación renovable debido a que la generación se sitúa por encima del consumo”.

Quien se presenta como paradigma de apuesta por las energías limpias es Pablo Ramos, de Ecologistas Extremadura. Cuenta que en su vivienda tiene placas solares y que con ellas también recarga dos coches eléctricos. “Se están desaprovechando los tejados. Yo estoy desenganchado de la red, no viví el apagón en mi casa”, remarca.

Asimismo, bajo su punto de vista, el hecho de que ya no haya Consejería de Medio Ambiente o que las plazas de funcionario de evaluación ambiental sean limitadas influye en que, a veces, no se hayan establecido criterios precisos de protección, especialmente cuando se trata de las aves.

Ramos, al igual que el resto de voces de este reportaje, alerta del peligro de “la mentalidad colonialista” en cuanto a la energía y de las consecuencias que esta práctica tiene y tendrá en la Extremadura Vaciada.

Cada 22 de abril celebramos el día de la Tierra poniendo en duda la eficacia de la diplomacia ambiental para solventar los retos a los que se enfrenta la humanidad. Sin embargo, en este 2026, las palabras sobre sostenibilidad suenan más vacías que nunca mientras el cielo del Golfo Pérsico se tiñe de negro por el humo de la guerra. Parafraseando a Al Gore, podemos decir que nos enfrentamos a otra verdad incómoda: no existe política ambiental posible en un escenario de guerra.

La ciencia es clara y demoledora: hemos sobrepasado siete de los nueve límites planetarios. Según el Centro de Resiliencia de Estocolmo, ya no solo estamos alterando el clima y perdiendo biodiversidad a ritmos de extinción masiva, sino que hemos desbordado los ciclos del nitrógeno y fósforo, el cambio de uso de suelo, el acceso al agua dulce, la contaminación por entidades químicas sintéticas (PFSa, microplásticos, Disruptores endocrinos, etc) y, más recientemente, el umbral crítico de la acidificación de los océanos. Estamos fracturando los pilares biofísicos que han mantenido la estabilidad de la vida durante el Holoceno. Ante un colapso de tal magnitud, las políticas de "desarrollo verde" o los planes de mitigación y adaptación al cambio climático se presentan como soluciones loables, pero en realidad son meros parches de emergencia si no se detiene primero la maquinaria bélica que devora recursos y ecosistemas.

Existe una hipocresía institucionalizada en las altas esferas del poder global. Las naciones se reúnen en fastuosas cumbres climáticas (COP) para discutir reducciones marginales de CO2 y objetivos para 2050, mientras que en los consejos de defensa se aprueban presupuestos récord para la industria armamentística de aplicación inmediata. Cada misil disparado, cada tanque movilizado y cada refinería bombardeada en los actuales conflictos que asolan Irán y el Golfo Pérsico es un clavo más en el ataúd de nuestras metas climáticas. La guerra es la actividad humana con mayor intensidad de carbono y menor transparencia; sus emisiones suelen quedar fuera de los inventarios nacionales bajo la excusa de la "seguridad nacional".

El gasto militar global ha alcanzado cifras obscenas que triplican con creces la inversión anual necesaria para financiar una transición energética justa y completa en todo el Sur Global. Mientras se escatiman recursos para el Fondo Verde del Clima o para la restauración de humedales críticos, se despilfarran billones en tecnologías de muerte: drones, bombas guiadas y logística pesada que son, en esencia, la antítesis de la sostenibilidad. No estamos simplemente ante un problema de emisiones, sino ante un problema de prioridades civilizatorias. No se puede hablar de "salvar el planeta" en un foro de las Naciones Unidas mientras se suministran las armas que convertirán ecosistemas enteros en zonas de sacrificio tóxicas yermas de vida.

El conflicto en el Golfo no es solo una disputa territorial o ideológica; es el estertor de una economía del siglo XX basada en el petróleo que se niega a morir. Aquellos intereses que buscan perpetuar la dependencia fósil nos están abocando a un escenario de rotura irreversible de los límites planetarios. No estamos ante una crisis de recursos, sino ante una crisis de poder: la transición hacia energías limpias y modelos circulares amenaza los cimientos de las jerarquías que han dominado el mundo a través del control de los hidrocarburos.

La verdadera amenaza para la supervivencia humana no es solo el aumento de la temperatura, sino la voluntad de las élites políticas y económicas de mantener un modelo productivo extractivista a cualquier precio, incluso a costa de la guerra. La agresión hacia Irán y la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz son síntomas de una patología de un sistema que genera valor a partir de la destrucción. En esta lógica, la guerra no es un error del sistema, sino su herramienta de mantenimiento para asegurar que el flujo de crudo, y de capital, no se detenga, incluso si eso significa incinerar el futuro climático.

Estas acciones son las que impiden que la economía circular y la transición ecológica sean realidades sistémicas, reduciéndolas a meras estrategias de marketing corporativo. Las élites del siglo XX saben que un mundo verdaderamente circular, basado en la autosuficiencia y la regeneración local, volvería irrelevante el control militar sobre los estrechos marinos y los yacimientos. Por ello, prefieren el escenario del conflicto: la guerra justifica el gasto, el gasto alimenta la industria, y la industria perpetúa el modelo que nos está matando.

La economía circular no puede entenderse simplemente como un sistema técnico de gestión de residuos, sino que debe ser reivindicada como una estrategia de paz estructural. Al proponer un modelo productivo que elimina la necesidad de extraer materias vírgenes en geografías lejanas, la circularidad desactiva la principal motivación geopolítica de los conflictos armados contemporáneos: el control de los recursos escasos. Sin embargo, la economía de guerra actual opera bajo una ontología diametralmente opuesta, fundamentada en el consumo masivo y acelerado de recursos que jamás retornarán al ciclo productivo. Un ejemplo devastador es la huella de carbono de la logística militar, donde un solo caza de combate puede consumir en una hora de vuelo más combustible fósil del que un ciudadano medio utilizaría en varios años, anulando cualquier esfuerzo individual de ahorro energético.

Esta colisión de modelos se manifiesta con especial crudeza en los ataques a infraestructuras petroleras en Irán. Los bombardeos no solo detienen la producción, sino que liberan nubarrones masivos de hidrocarburos y metales pesados que provocan un ecocidio instantáneo. Estas partículas acidifican el suelo fértil y se filtran en la biodiversidad marina, causando un daño sistémico que la economía circular tardará siglos en intentar mitigar. Existe, además, una contradicción insalvable en la gestión de las prioridades presupuestarias; mientras las instituciones claman por fondos para la regeneración de suelos y la limpieza de plásticos en los océanos, ese capital se evapora literalmente en el humo de las explosiones de misiles cuyo coste de fabricación bastaría para restaurar ecosistemas enteros. En última instancia, la guerra representa el estadio final del modelo lineal de "extraer, fabricar y destruir", demostrando que sin un escenario de paz global cualquier avance en circularidad será insignificante, ya que es físicamente imposible reciclar un mundo que se está quemando activamente por intereses militares.

En este Día de la Tierra 2026, la demanda debe dejar de ser una súplica climática para convertirse en una rebelión política por la vida que fusione irremediablemente el movimiento ecologista con el pacifismo radical. No hay ecología posible sin la abolición de la guerra, del mismo modo que no habrá paz duradera mientras nuestra economía dependa de perforar la Tierra para quemar petróleo. Debemos entender que la seguridad del siglo XXI no se construye con sistemas antimisiles ni con la hegemonía militar en el Golfo, sino con la soberanía alimentaria, la protección de acuíferos y la creación de comunidades resilientes que no necesiten invadir a otras para sostener su existencia. El actual conflicto con Irán es la prueba definitiva de que el modelo fósil ha entrado en una fase de canibalismo terminal que pone en entredicho la supervivencia misma de la humanidad sobre este planeta.

Es una falacia creer que la biodiversidad se recuperará o que el cambio climático se detendrá mientras las grandes potencias sigan priorizando la dominación estratégica sobre la estabilidad biofísica de la biosfera. Por tanto, elegir entre perpetuar los intereses de un modelo económico basado en las energías fósiles que nos conduce al abismo o abrazar un nuevo modelo productivo basado en la dignidad de todas las personas y el respeto a los límites planetarios es la única decisión real que debemos tomar. El desmantelamiento inmediato de la economía de guerra es condición indispensable y previa a cualquier meta de sostenibilidad planetaria.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Hogar de innumerables ficciones, protagonista de poesías y canciones, musa de cuadros y uno de los pocos lugares en los que la modernidad tiene que pararse y limitar sus ambiciones de grandeza, puesto que en ella no caben el cemento descontrolado ni los rascacielos. Venecia, además de ser Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, es uno de los lugares más singulares del mundo. 

Pero corre peligro. Según un artículo publicado en Nature, la subida del nivel del mar amenaza con llevarse la ciudad por delante. Y ya hay señales. En los últimos años, se ha visto cómo sus calles se inundan cada vez con más frecuencia, un proceso que comenzó hace 150 años, pero que ahora se acelera peligrosamente. De hecho, en los últimos 23 años, se ha llegado a situaciones extremas en las que el 60% de la ciudad quedaba bajo el agua.

Recientemente se ha asistido a ejemplos muy evidentes de esta situación. En 2019, la ciudad se enfrentó a la peor inundación desde 1966. El aqua alta llegó hasta los 187 centímetros y acabó sobrepasando el vestíbulo de la basílica de San Marcos. Muchas de las góndolas situadas en la Riva Degli Schiavoni rompieron las amarras e impactaron contra las columnas del Palacio Ducal. Además, varias zonas de la ciudad se quedaron sin luz y dos personas fallecieron. 

Sucedió hace apenas siete años, pero los investigadores tienen evidencias de que puede volver a ocurrir. Y no de forma aislada sino con bastante frecuencia. Según los datos proporcionados en Nature, para el año 2100 se prevé que el aumento del mar en Venecia alcance, en el mejor de los casos, prácticamente el medio metro (42 centímetros) respecto a los niveles de principios de este siglo. Eso en el escenario más favorable de emisiones, porque en el peor se estima que podría llegar a los 81 centímetros. 

Los autores del estudio consideran que las barreras móviles que se están instalando actualmente podrían ser una herramienta muy útil de prevención siempre y cuando se le añadan algunas soluciones alternativas. Desde 2022, un sistema de barreras móviles separa la laguna de Venecia del mar Adriático y ha evitado que las inundaciones fueran mucho más abundantes ya que, en los casos más extremos, como las tormentas, se elevan para proteger a la ciudad. 

El sistema MoSe (Módulo experimental electromecánico, en español) se implementó en 2020 por primera vez, pero para llegar a él han hecho falta 40 años de estudios y proyectos de prueba-error. Ya cuando empezaron a investigar, en los años 80, la alarma era máxima, aunque solo fue en el 2003 cuando se planteó el proyecto que la ciudad tiene actualmente. 

A pesar de la urgencia, la corrupción lo retrasó todo. En 2014, 35 personas fueron detenidas, entre ellas el alcalde de la ciudad, Giorgio Orsoni, por el desvío de más de 30 millones de euros de fondos públicos, que utilizaban en un sistema de sobornos y malversación. A pesar de todo, los sistemas ya han evitado que una catástrofe como la de 2019 se vuelva a repetir. Sin embargo, los investigadores temen que, con el aumento previsible de los próximos años, esto no sea suficiente. 

Para Pedro Zorrilla, coordinador de la Campaña del Cambio Climático de Greenpeace, el sistema actual es un "simple parche que no soluciona las consecuencias reales". Cuenta a infoLibre que "este sistema no resolverá los problemas a largo plazo que pueden llegar a ser devastadores". Otra de las consecuencias de las que habla el experto en cambio climático es la de la llegada de nuevas especies no autóctonas. Zorrilla lo considera un problema "real que está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en el Mediterráneo".

No obstante, hay alternativas. Con cuatro nuevas estrategias potenciales, los científicos consideran que la ciudad podría salvarse del aumento del nivel del mar en los próximos 300 años. Pero, apuntan, solo si se actúa rápido. Entre esas estrategias están la protección del centro de la ciudad con diques para separarla del resto de la laguna, su cierre con un “superdique” o, directamente, reubicar la ciudad, sus residentes y los monumentos históricos para que no estén tan próximos al mar. 

Sobre la reubicación de ciudades, Zorrilla lo cataloga como "éxodo climático" y argumenta que "esto se está viendo en otras grandes ciudades como Yakarta, una ciudad mucho más grande que Venecia, donde están proponiendo crear una nueva ciudad en otra isla". "Tendemos a centrarnos en ciudades que tenemos más próximas, pero las consecuencias más devastadoras las están sufriendo en el Sur Global", añade.

La forma más sencilla de proteger la ciudad es, claro está, continuar con el sistema de barreras actual. Pero hay bastantes inconvenientes. El principal tiene su origen en el problema en sí: el aumento del nivel del mar. A medida que se vayan sucediendo los episodios de inundaciones, la frecuencia de los cierres también crecerá y, con ello, el mal funcionamiento y los retrasos en una operación que, al final, no conseguirá proteger la ciudad. 

Además, los investigadores alertan de que, si se sigue trabajando de la misma forma, se degradarán los ecosistemas de la laguna, las operaciones portuarias se verán limitadas y la calidad del agua podría verse comprometida, por lo que se tendría que implementar un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, junto con un sistema de bombeo a gran escala para mantener los niveles de la laguna por debajo del nivel del mar. 

Otra de las soluciones que manejan los investigadores podría ser la creación de diques circulares que aíslen el centro de la ciudad y otros asentamientos del resto de la laguna, que seguiría conectada con el mar abierto. La ciudad, aunque perdería conexión con el resto de la laguna, podría permanecer intacta. Aun así, implementarlo sería caro –la cifra de construcción podría llegar hasta a los 4,5 mil millones de euros–, el turismo sufriría por el cambio de paisaje y la ciudad tendría que ser rediseñada para adaptar algunos elementos, como el transporte público. 

Existe, sin embargo, una alternativa que permitiría preservar el funcionamiento y la seguridad de la ciudad, aunque a costa del propio ecosistema. Se trata de la estrategia de la laguna cerrada, cuyo eje sería la construcción de un “superdique” que convertiría la laguna en un lago costero. La ciudad permanecería intacta, pero la laguna desaparecería.

A pesar de esa pérdida, esta alternativa sería capaz de proteger a la ciudad en casos tan extremos como un aumento de 10 metros del nivel del mar. No obstante, hay que tener en cuenta también que el coste sería mucho mayor y podría llegar hasta los 20 mil millones de euros ya que habría que crear presas permanentes en las entradas de la laguna o elevar las islas barrera y los terraplenes hacia la tierra que separan la laguna de los pólderes (una extensión de tierra baja, generalmente ganada al mar, marismas o lagos, que se encuentra al mismo nivel o por debajo del agua y está rodeada por diques para mantenerla seca). 

Para Zorrilla la verdadera solución pasa, en primer lugar, por "una mayor preocupación política y social por el cambio climático" y en segunda instancia, por un "mayor gravamen de impuestos a las empresas de combustibles fósiles que, al final, son las que más perjudican al ecosistema". "Los fondos públicos tampoco son infinitos y estamos viendo que los beneficios extraordinarios que está sacando la industria fósil ahora por la guerra de Irán están siendo récords", concluye el experto.

Aun así, la solución más extrema sería, sin duda, la de mover la ciudad completamente. El estudio publicado en Nature incluye esta posibilidad en el peor de los escenarios e indica que, en este caso, el aumento del nivel del mar transformaría la laguna actual en un entorno marino más profundo en el que aparecerían nuevas especies no autóctonas. Así, se formaría un nuevo régimen ecológico, diferente a la laguna que le dio su magia a Venecia. 

La única solución posible para lo que quede en tierra firme será hacer lo mismo, cambiar. Con un coste de 100 mil millones de euros, los investigadores explican que ante esta situación, lo más probable es que se tuviera que reubicar la ciudad. Esto consistiría en desmontar los edificios y monumentos históricos para llevarlos a otros lugares más elevados. Por lo tanto, la ciudad tal y como la conocemos hoy, se perdería. 

En junio de 1996 el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Pontevedra publicó una nueva normativa urbanística del Ayuntamiento de Oia, una localidad sur de las Rías Baixas, que, entre otras cuestiones, pretendía facilitar un balneario de agua de mar en pleno cabo Silleiro, un emplazamiento de alto valor paisajístico. Pero alguien se olvidó de publicar la ordenanza concreta, la número 13, que regularía esa construcción, así que nunca entró en vigor. Eso no impidió al gobierno local del PP otorgar en 2000 la licencia al amparo de esa ordenanza fantasma de 1996. Y cuando la justicia estableció en 2009, a instancias de la Xunta de PSdeG y BNG, que había sido ilegal, el edificio ya llevaba seis años funcionando.

Treinta años después, aquella ordenanza fantasma es ahora una amenaza real de quiebra para el Ayuntamiento de Oia. Porque si el derribo se concreta, como vuelve a insistir la justicia, los propietarios podrían exigir una indemnización millonaria a las arcas municipales.

La sentencia que en 2009, a instancias de la Xunta de PSdeG y BNG, declaró ilegales las licencias del Ayuntamiento de Oia para construir el hotel y centro de talasoterapia de cabo Silleiro refleja así lo sucedido: “La Ordenanza nº 13, de equipamiento hotelero-balneario, de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Oia de 1996 no aparece en el texto que fue publicado en el BOP de Pontevedra de 18/6/96 y por lo tanto nunca entró en vigor”. Y concluía que “al no entrar en vigor dicha ordenanza ninguna licencia podía ser concedida a su amparo”.

Pero iba más allá e incluso decía que lo construido tampoco respetaría lo establecido en la ordenanza fantasma “en lo referente a altura y número de plantas de los edificios”.

Lo finalmente construido fueron varias plantas de altura, en teoría cinco sobre la rasante del terreno. Pero sobre un terreno en fuerte pendiente que hace que desde la carretera de acceso se puedan contar hasta ocho alturas distintas en el complejo. Todo ello a apenas cien metros del mar y a 500 metros del emblemático faro de cabo Silleiro, en un lugar de especial tranquilidad pero a tan solo 5 kilómetros de la muy turística Baiona.

Inaugurado en 2003, durante este tiempo el talaso de Oia, pese a su ilegalidad, recibió diversas ayudas públicas de la Xunta y del Estado e incluso albergó una conferencia internacional de ministros de Pesca en el marco de la World Fishing Exhibition celebrada en Vigo a los pocos meses de su apertura. Al tiempo, diversas administraciones le abrieron varios expedientes no solo por la ilegalidad de la construcción o por obras posteriores, sino también por vertidos al mismo mar del que obtiene el agua para el funcionamiento de sus piscinas de talasoterapia.

Con la sentencia firme de 2009 que estableció la ilegalidad de la licencia otorgada por el Ayuntamiento se instó el derribo del edificio, que también fue sentenciado por la justicia en 2012. Pero eso supondría que los propietarios del hotel podrían pedir una indemnización municipal, ya que ellos construyeron con una licencia en la mano que daban por válida. Con una población de apenas 3.000 habitantes y unos presupuestos municipales que apenas superan los 2 millones de euros, indemnizar el derribo de semejante complejo llevaría a las arcas municipales a la quiebra.

Para evitar la indemnización el Ayuntamiento lleva década y media intentando legalizar lo ilegal, de momento sin éxito. La justicia fue aplazando la ejecución del derribo ante la promesa de tramitación de un plan urbanístico específico para legalizar el hotel reduciendo su altura y reestructurando sus volúmenes para así adaptarlo supuestamente a lo que permite la legislación urbanística en ese entorno. Pero ese plan municipal sigue sin ser aprobado porque la Xunta no acaba de ver que la topografía del terreno vaya a quedar como estaba.

También consideró que el uso de talasoterapia está permitido en el tipo de suelo del litoral en el que se levanta el complejo, a apenas cien metros del mar, pero no así “los usos residenciales o terciarios asociados a estas instalaciones”. Esto es, el hotel.

A falta de un plan urbanístico que legalice el complejo, el juzgado de Pontevedra, que conoce del caso desde hace dos décadas, se cansó de esperar y acaba de emitir un nuevo auto en el que da al Ayuntamiento diez días para iniciar el proceso de derribo instando al propietario a que lo acometa. La amenaza surgida de la ordenanza fantasma de 1996 está más cerca de hacerse real.

El PPdeG ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) que reclamaba la oposición, a la que ha instado a llevar al juzgado sus "mentiras" y "difamaciones" sobre la tramitación de este expediente, cuyo archivo ya anunció la Xunta, según recoge EFE.

Los votos del PPdeG han hecho que no saliera adelante este martes, en el pleno del Parlamento, la iniciativa presentada por el BNG, y apoyada por el PSdeG, para "conocer toda la verdad" sobre las "irregularidades" que creen que hay tras este proyecto de macrocelulosa y han pedido que se "desclasifiquen los papeles" del acuerdo firmado por la Xunta con la multinacional portuguesa.

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha instado a la oposición a continuar en el juzgado con esta petición planteada por el BNG ante el Tribunal Superior de Galicia (TSXG), que la ha admitido a trámite, porque si la justicia dice que se puede hacer pública esta documentación que es confidencial, según la Xunta, quedaría acreditado "todo lo que lleva mentido" la oposición.

Pazos ha reprochado que acusan a la Xunta de "graves ilegalidades" y solicitan una comisión de investigación para "prolongar su campaña de difamaciones" en el Parlamento, pero no son capaces de "trasladarlas" al juzgado lo que evidencia su "enorme cobardía".

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, está claro que el proyecto de Altri es un ejemplo de que la Xunta es "capaz de cometer todo tipo de irregularidades para favorecer intereses privados" y "tiene miedo de que se conozca la verdad" sobre esta "traición" que el pueblo gallego "no olvidará", ha advertido al PP.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha llegado a hablar de "posible tráfico de influencias" en la tramitación del proyecto de Altri y ha asegurado que si la Xunta sigue negando información, también su partido valora "acudir a los tribunales" para conocer toda la documentación al respecto.

Aparte de pedir conocer el memorandum de entendimiento entre la sociedad público-privada Impulsa -con un 40% de participación de la Xunta- y Altri firmado en octubre de 2021, la oposición ha reiterado sus sospechas sobre la "rebaja de protección" de una zona en la Serra do Careón cercana a donde se iba a instalar el proyecto, sobre lo que ya hay una sentencia del TSXG tras una denuncia presentada por Adega.

La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para declarar la anguila como especie en peligro de extinción ha sido rechazada por tercera vez en la reunión del Comité de Flora y Fauna Silvestres entre este ministerio y las comunidades autónomas, informa EFE.

Según fuentes del Miteco, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares se han opuesto a la propuesta del ministerio de elevar el régimen de protección de la anguila, "desoyendo de nuevo el criterio científico y la evidencia del alarmante declive de la especie" en las décadas pasadas.

La propuesta presentada ante el Comité para incluir a la anguila europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de en peligro de extinción, "no ha obtenido el respaldo necesario por parte de las comunidades autónomas para ser elevada a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad".

Las fuentes del ministerio subrayan que el objetivo de la iniciativa "era reforzar" la protección de la especie ante el acusado declive que viene registrando en las últimas décadas. “La situación de la anguila es preocupante y exige una respuesta coordinada y basada en la mejor evidencia científica disponible”, apuntan.

No obstante, de acuerdo con las fuentes, en el marco del Comité se ha acordado la creación de un grupo de trabajo específico en el que participarán el Gobierno y las comunidades autónomas para analizar en profundidad las causas del descenso poblacional; evaluar los resultados de la implementación de los planes de gestión existentes, que tendrán que compartir las administraciones autonómicas y estatales; y valorar posibles medidas adicionales de conservación.

Este grupo permitirá compartir información técnica, armonizar diagnósticos y avanzar hacia decisiones consensuadas que contribuyan a garantizar la recuperación de la especie.

El Miteco ha indicado que "reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad y con el impulso de medidas eficaces que aseguren la conservación a largo plazo de las especies amenazadas, en colaboración con las administraciones competentes y el sector científico".

A pesar de la oposición de las seis comunidades mencionadas, Cataluña, Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, el País Vasco y Andalucía han condicionado sus aportaciones a la información adicional que se comparta en el ámbito del grupo de trabajo y al debate posterior en su seno.

La resolución se conoce después de que la ministra Sara Aagesen haya apelado esta misma mañana "a la responsabilidad" de las comunidades autónomas para incluir la anguila en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe).

Aagesen ha aseverado que esa responsabilidad "es importantísima" a la hora de preservar estas especies, que "en este caso, sabemos que se ha reducido en un 90% de las pasadas décadas", ha añadido.

Ha apelado al "numeroso conocimiento científico, a la existencia de los informes" que apuntan a la reducción de la población de la especie debido sobre todo a la pesca.

Por su parte, la conselleira do Mar de la Xunta gallega, Marta Villaverde, ha asegurado antes de conocerse la decisión en el Comité que Galicia había conseguido "frenar" la intención del Gobierno central de declarar la anguila como especie en peligro de extinción y ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para abordar los datos aportados sobre esta cuestión.

Según ha explicado, las razones en contra son las mismas que la Xunta lleva exponiendo varios días, al considerar que se trata de una iniciativa que no está basada en "datos científicos rigurosos", y que "no tiene en cuenta el impacto socieconómico" ni la normativa pesquera que regula esta pesquería, que se realiza "de forma totalmente sostenible y responsable por parte del sector".

Las lluvias de las últimas semanas han dejado una cantidad récord de agua para el mes febrero en los embalses españoles. La reserva hídrica ha aumentado otro 5,2% durante la última semana, con incrementos en quince de las dieciséis cuencas, y los embalses acumulan 46.229 hectómetros cúbicos de agua. Ningún mes de febrero del histórico del Ministerio de Transición Ecológica (que comienza en 1988) había registrado tanta agua almacenada. En términos absolutos del año, es también la mayor cifra desde abril de 2014.

En los últimos siete días el aumento ha sido de 2.888 hm3, importante pero inferior al de las dos semanas anteriores, cuando las fuertes lluvias supusieron dos récords consecutivos de incremento de agua embalsada, con un 8,1% y un 10,1%.

Durante esta semana, señala el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península y la máxima se ha producido en Vigo, con 165,9 l/m².

Los embalses de la cuenca de Tinto, Odiel y Piedras son los únicos que no han crecido en los últimos siete días y han bajado del 95,2% al 93,9%.

Según los datos facilitados por el MITECO, todas las cuencas excepto las del Segura están por encima del 61,8 % de su capacidad, que es la que tiene la cuenca del Júcar.

 Ocho de ellas rebasan el 90%. Son las Cuencas Internas del País Vasco (95,2%), Galicia Costa (95,2%), Tinto, Odiel y Piedras (93,9%), Cuencas Internas de Cataluña (92,6%), Guadalete-Barbate (90,9%), Cantábrico Occidental (90,8%), Cantábrico Oriental (90,4%) y Miño Sil (90,4%).

Los incrementos más acusados se han registrado en la cuenca del Ebro, que ha pasado de estar al 74,3 de su capacidad a alcanzar el 81,5% (+7,2), seguida por las del Guadalquivir (del 74,4% al 80,6%, +6,2) y del Segura (39,4% a 45,6%, +6,2).

Algo menos suben las de Guadalete-Barbate (sube un 5,8%), Duero (5,5%) y Guadiana (5,1%).

Las cifras facilitadas por MITECO señalan que la reserva hídrica almacenada en la actualidad, 46.229 hm3 , es superior en 16.380 a la del año pasado en las mismas fechas y en 15.677 a la media de los últimos diez años.

Irán es un extenso territorio rico en combustibles. El país alberga más de 90 millones de habitantes, casi la mitad mujeres. Al decir de la gente que sabe, todo por allí parece el mundo de la sinrazón. En esta entrada quiero sobrevolar el hipotético ámbito ecosocial iraní ligado al Cambio Climático (en adelante CC). ¡Qué ocurrencia! Pues sí. Lógicamente será un hablar casi de oídas, sujeto a muchas dificultades. Por eso me voy a imaginar un Irán dibujado y comprendido por diversos grupos de investigación y publicaciones científicas. Intento entender si una parte de la crisis actual, de las muestras de descontento de la población, no tienen que ver con alguna de las consecuencias del CC.

¿Quién sabe qué es Irán hoy? Sin duda, muchos sufrimientos y escasas satisfacciones para su población, qué decir para las mujeres. Señalemos de entrada que me apoyo en Inside Climate News. Se cuenta en un artículo firmado por Katie Surna (14/01/2026). Queda encuadrado en la sección “Justicia y salud”, que visto desde nuestra cultura occidental tiene relación, diacrónica muchas veces. No me cuesta imaginar lo que sucederá por allí. Reproduzco mensajes casi apocalípticos:

"El régimen iraní ha sobrevivido a la guerra, las sanciones y las revueltas. Quizás las crisis ambientales podrían derribarlo.

Décadas de agotamiento del agua, construcción de presas y represión de científicos y ambientalistas han llevado a Irán hacia crisis ecológicas que alimentan protestas que sacuden al país."

Las revueltas ciudadanas recientes parecen provocadas por dos cuestiones básicas: el colapso económico (con sus variables ecosociales) y el hartazgo de la represión política (causa y efecto de las dictaduras, sean religiosas o no). Pero pocos analistas dudan que detrás de las devaluaciones monetarias y los enfrentamientos callejeros empuja una variable más profunda y permanente: la catástrofe ecológica.

La situación no es nueva. Han pasado décadas de ignorancia hacia los científicos; se ha perseguido al activismo ecosocial. Además, se han llevado a cabo proyectos de desarrollo corruptos. Tal es así que han desencadenado una crisis hídrica extremadamente grave. De tal tamaño que el presidente Masoud Pezeshkian avisó a los residentes de Teherán que podrían verse obligados a evacuar la capital, que se hunde a medida que ceden los acuíferos secos.

El coste humano es asombroso. El deterioro de las infraestructuras, el mal diseño de los sistemas de riego y la sobreexplotación de los acuíferos han impedido que los agricultores cultiven con eficacia. Lo cual ha motivado migraciones masivas y el racionamiento de suministros básicos en las ciudades. La consecuencia humanitaria es tremenda: decenas de miles de personas, incluidos niños, mueren prematuramente cada año a causa de la grave contaminación del aire y el agua.

La crisis de contaminación atmosférica es letal. Lo saben bien quienes lo padecen en Teherán, Isfahán, Karaj, Tabriz, Mashhad y Ahvaz. Los registros de calidad del aire allí se mueven entre los rangos insalubre, muy insalubre e incluso peligroso. Teherán se encuentra entre las ciudades más contaminadas del planeta. En momentos determinados se ha optado por el cierre generalizado de colegios; a la vez se han suprimido servicios públicos y han aumentado con fuerza los casos respiratorios y cardíacos. La indignación pública ha crecido.

Para colmo, la dependencia del mazut, un fuelóleo pesado con un alto contenido en partículas y azufre, hace de respirar un envenenamiento continuado. Aún hay más. Los vehículos de Irán son de los más antiguos de la región. De hecho, más del 70% de las motocicletas de Teherán tienen más de veinte años. Solo con esto, el tráfico ordinario genera un daño desproporcionado. Además las políticas gubernamentales mantienen los precios del combustible artificialmente bajos. Lo cual provoca acumulación de emisiones en entornos urbanos densos, que tienen una circulación de aire limitada.

En realidad casi todo lo ecosocial se resiente: pobreza, desigualdad, opresión de clase, abuso de género, presión sobre las etnias no gobernantes; además de crisis hídricas y ambientales. “Todas estas calamidades son consecuencia directa de un sistema corrupto y desgastado”, al decir del comunicado que emitieron en diciembre los activistas estudiantiles.

Las protestas actuales, que estallaron a finales de diciembre, son las más grandes desde 2022-2023. El gobierno ha respondido con un apagón de comunicaciones, cortando el acceso a Internet en todo el país; han abundado las violentas medidas represivas. Varias ONG estiman que miles de personas han sido asesinadas y aún más arrestadas. Irán tiene desde hace tiempo un historial de ejecuciones de manifestantes, a menudo mediante ahorcamientos públicos.

Nos quedamos con el titular de aquella noticia publicada en Euronews que sintetizaba en parte la tragedia ecosocial: Irán estalla cuando la crisis climática convierte las protestas en una lucha imprescindible por sobrevivir.

Habrá que volver a leer Persépolis, de Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024. El Irán de las personas apenas se conoce. Pero sí la muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por llevar mal puesto el velo. Habrá que escuchar lo que nos dice  la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. Acosada por “la justicia iraní”, mantiene la palabra viva. Denuncia continuamente las violaciones de derechos humanos en Irán; entre ellas la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico obligatorio.

Como sucede siempre, las y los iraníes lamentarán que el resto del mundo los ha dejado solos. Tras la brutal represión de las protestas, que reclamaban una mejoría de la vida ecosocial; ni más ni menos. No importa que el ogro occidental ruja para quitarle al pueblo iraní petróleo y otras riquezas.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

“Parece plastilina y huele a alquitrán”. Luis Díaz, líder de los pescadores de la playa de Aucayama, a 77 kilómetros al norte de Lima, amasa entre sus manos una plasta de arena oscura y compacta. 

El pasado 6 de enero, este pescador iza sus redes y, nuevamente, aparecen vacías. “Antes del derrame la biomasa era muy buena, sostenible, siempre había peces”, recuerda. La marea alta trae frecuentemente restos de crudo a las 28 playas golpeadas por el derrame de Repsol de enero de 2022. 

Cuatro años después del mayor desastre ambiental sufrido por Perú, los pescadores artesanales siguen sufriendo las consecuencias de la falta de rehabilitación de las playas. 

El 15 de enero de 2022, un ducto submarino de la refinería La Pampilla, de Repsol, en Lima, se rompió durante la descarga de un buque y vertió 12 mil barriles de petróleo al mar. El vertido se extendió a lo largo de 64 kilómetros de costa, afectando una extensión equivalente a 3.400 campos de fútbol. 

Tras el derrame, las autoridades peruanas impusieron a la petrolera multas y sanciones administrativas por 60 millones de dólares por brindar información “inexacta”, no delimitar correctamente las zonas afectadas y no realizar de forma adecuada la contención, recuperación y limpieza. 

Tres meses después del vertido, Repsol declaró las playas “limpias y listas para el monitoreo”. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA) revisó la limpieza, concluyendo que 71 de 97 sitios analizados seguían contaminados y exigiendo a Repsol planes para rehabilitar los ecosistemas dañados.

En octubre de 2023, Repsol presentó 18 planes de rehabilitación a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Pero 2 años y 3 meses después, según ha corroborado esta investigación, el Estado peruano no ha aprobado ninguno de ellos al considerarlos insuficientes.

Para dar luz verde a estos planes, la ley obliga al ministerio a solicitar la opinión técnica de seis entidades públicas: el Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la Dirección General de Salud Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua. Todas, sin excepción, han hecho observaciones. En total, hasta 606 alegaciones que Repsol no termina de subsanar. 

“Si tú haces un mal plan, usas información incompleta y elaboras un mal diagnóstico, vas a tener que subsanar observaciones y esto hace que todo el procedimiento demore”, explica Ana Leyva, abogada de la ONG CooperAcción, que ha analizado los planes de rehabilitación presentados Repsol y todas las observaciones de las autoridades peruanas. “En resumen, lo que planteaban hacer es seguir recogiendo bolitas de alquitrán y hacer un monitoreo”, explica Leyva como conclusión.

Diana Papoulias, bióloga marina y experta en toxicología acuática, ha analizado 12 de estos planes. En declaraciones para esta investigación, considera que presentan deficiencias técnicas. El informe de esta bióloga para la ONG CooperAcción cuestiona que Repsol proponga la “atenuación natural” como técnica de recuperación, es decir, “que el mar se limpie solo”. 

También afirma que la evaluación del daño ambiental está incompleta y tiene vacíos de información que excluyen zonas que Repsol consideró “inaccesibles”, pero a las que sí lograron ingresar para tomar muestras los técnicos de la autoridad fiscalizadora peruana. 

Según la información obtenida por esta investigación, cuatro de los seis organismos que evalúan los planes de rehabilitación aún mantienen observaciones vigentes. Dos –la Autoridad Nacional del Agua y la Dirección General de Salud Ambiental– ya tendrían opiniones favorables. Cuando ya no haya observaciones, Repsol iniciará el proceso de recuperación de los ecosistemas afectados. 

Desde esta investigación para infoLibre y Epicentro TV se solicitó a Repsol Perú y Repsol España una entrevista sobre las consecuencias del derrame y, al no obtener respuesta, se enviaron preguntas por escrito. Solo la Refinería La Pampilla, de Repsol Perú, remitió sus respuestas. 

Asegura que han proporcionado a las autoridades peruanas toda la información solicitada y que están a la espera del resultado final de la evaluación de los planes de rehabilitación por parte del Ministerio de Energía y Minas peruano, “confiando en la transparencia y rigor del proceso”. 

Repsol Perú afirma que la zona afectada se encuentra apta para actividades recreativas y económicas sin riesgo para la salud ni el medio ambiente, ya que cumple con estándares ambientales nacionales e internacionales. También informa que ha destinado 1.300 millones de soles (casi 382 millones de euros) a tareas de limpieza, recuperación y compensaciones a los afectados. 

En España, Repsol se ciñe a la información presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En ella, la compañía reitera que el vertido se produjo “por el movimiento incontrolado durante la descarga del buque”. La compañía y la aseguradora han demandado por 265 millones de dólares a Fratelli D’Amico Armattori, la armadora italiana del buque Mare Doricum, que efectuó la descarga de crudo. 

El Estado peruano ha emprendido un proceso administrativo contra Repsol y demanda 4.500 millones de dólares por daños materiales y morales. 

Para evitar un juicio penal, la petrolera llegó a un acuerdo con la Fiscalía peruana para pagar, junto con la compañía italiana, 1.156 millones de soles (294 millones de euros). Esta cantidad incluye lo gastado por Repsol en limpieza, contención del derrame y pago de indemnizaciones a los afectados. 

El reportaje audiovisual Derrame Negro, fondos verdes, que forma parte de esta investigación transfronteriza, aborda la paradoja que rodea el caso Repsol: mientras el derrame de petróleo en Perú sigue sin una rehabilitación aprobada, la petrolera española ha recibido hasta diciembre de 2024 más de 4.778 millones de euros del Plan de Recuperación de la Unión Europea, centrado en la transición ecológica y digital. 

El Gobierno hizo pública esta cifra en respuesta a una pregunta registrada por Ione Belarra, secretaria general de Podemos. 

En España, estas ayudas las gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Solicitamos, sin resultado, una entrevista a este organismo para abordarlos compromisos ambientales adquiridos por Repsol en terceros países al beneficiarse de estos fondos verdes, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

También tocamos las puertas de las direcciones generales de Justicia, Medioambiente y Energía de la Comisión Europea. Pero ni el Gobierno español ni la Comisión Europea respondieron a las preguntas planteadas para este reportaje. 

El caso Repsol es un ejemplo de un problema mayor: una empresa europea puede beneficiarse de fondos verdes, ser protagonista de un daño ambiental grave fuera de la Unión Europea y no rendir cuentas bajo estándares europeos. 

“A día de hoy, salvo que haya un impacto flagrante en el proyecto que se presente, no hay condicionalidad con la diligencia debida en terceros países para la obtención de fondos europeos”, explica Luis Rodríguez de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. 

Debido a este vacío legal, la Unión Europea empezó a diseñar hace más de una década una norma inédita: la directiva de diligencia debida. En abril de 2023, la comisión de Justicia del Parlamento Europeo aprobó una directiva que obliga a las empresas europeas a identificar y prevenir daños ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de valor, dentro y fuera de Europa.

Desde esta investigación para infoLibre y Epicentro TV se solicitó a la dirección general de Justicia de la Comisión Europea una entrevista sobre esta directiva, pero este organismo se amparó en que estaba en manos del Parlamento y el Consejo Europeo para no pronunciarse. 

Con la aprobación en diciembre de 2025 del Paquete Omnibus 1 en el Parlamento Europeo, la directiva fue debilitada.

“Con la nueva situación geopolítica, ha habido una presión de empresas europeas, que combinada con la presión de Estados Unidos, ha llevado a las instituciones comunitarias a replantearse la normativa de diligencia debida”, explica Fernando Carbajo, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca. 

La directiva de diligencia debida sólo se exigirá a empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros en facturación, y no empezará a aplicarse hasta 2029. Aun así, abre la puerta a que, en el futuro, empresas como Repsol puedan afrontar procesos de responsabilidad civil en España si no cumplen con la diligencia debida en materia de medioambiente. 

Mientras la Unión Europea debate durante años una norma para exigir responsabilidades a las empresas por los daños que causan fuera de sus fronteras, en Perú las consecuencias del derrame siguen sin resolverse.

Sin planes de rehabilitación aprobados, los pescadores encuentran pedazos de alquitrán en las playas que son cubiertos una y otra vez por la arena, formando capas de restos de crudo bajo la superficie. Para ellos, la remediación del mar es lenta. 

“Nosotros queremos saber cuánto tiempo van a estar nuestras playas contaminadas”, exige Luis Díaz, dirigente de los pescadores artesanales de Chancay. “Ni siquiera la limpieza se ha terminado al cien por cien y no sabemos cuándo se van a aprobar los planes de rehabilitación. Vivimos en la incertidumbre”.

Cuatro años después del derrame, Repsol parece querer dar el episodio por cerrado.

* Daniel Yovera (para Epicentro TV, Lima) y Beatriz Jiménez (para infoLibre) han llevado a cabo esta investigación con el apoyo de Journalismfund Europe

La legislatura de Jorge Azcón (PP) que acaba de terminar ha girado alrededor de los centros de datos, que según él atraerán 75.000 millones de euros a la región, aunque también han generado controversia por la incertidumbre que rodea al impacto ambiental de estas instalaciones y las rebajas fiscales de las que disfrutan. Sin embargo, a dos semanas de las elecciones autonómicas, el asunto pasa prácticamente desapercibido en los los programas electorales, pese a que si se ejecutan todos los proyectos planeados tendrían un impacto innegable en el futuro de la Comunidad.

Aragón tiene ya en operación tres campus de Amazon (a través de Amazon Web Services), aunque se espera que aterricen muchos más en los próximos años, con la expansión de los tres actuales y la puesta en marcha de otros diez, algunos de ellos con varios centros diferentes. Esta lista solo incluye los proyectos que ya se consideran PIGA –Proyecto de Interés General para Aragón–, y a ellos podrían sumarse otros dos más anunciados por Amazon y Vantage en Teruel y Zaragoza, que irán acompañados de otra lluvia milmillonaria de dinero.

Este aluvión de anuncios es precisamente lo que genera un fuerte desconcierto en la región, donde da la sensación de que solo trascienden grandes anuncios, pero no está claro lo que hay detrás de ellos. Está ampliamente demostrado que esta tecnología conlleva un fuerte incremento del consumo de energía y agua que preocupa a activistas y vecinos, y estos denuncian que hay poca transparencia sobre el costo ambiental de los centros de datos y de la huella real que dejarán en la economía aragonesa.

La Fundación Basilio Paraíso publicó en septiembre un informe sobre los nueve proyectos que ya contaban entonces con un PIGA –desde entonces se ha sumado otra gigainversión de Forestalia–, y estimaba que la demanda de estas plantas será de entre 3.185 MW y 2.435 MW, en función de si se contempla un escenario optimista u otro conservador, respectivamente. Eso se traduce en un consumo anual de entre 21,3 y 27,9 TWh de luz, entre un 190% y un 249% más que la demanda eléctrica de Aragón en todo 2024. A esas cifras habría que sumar tres campus no incluidos en el informe. Comparado con el consumo de luz de España de 2025, el escenario optimista equivaldría al 11% de la demanda nacional.

De hecho, los tres campus ya operativos de AWS se empiezan a notar en el consumo eléctrico aragonés, que creció en 2025 un 9,2%, según publica El Periódico de Aragón. Aunque es cierto que la Comunidad genera más luz de que la que consume en la actualidad, esta se vierte a la red nacional y ahí se reparte, de manera que el superávit energético de Aragón no se podría explotar.

Esta circunstancia, sin embargo, no genera debate de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Azcón, que aspira a la reelección, responde en sus entrevistas que quiere continuar con su proyecto de atraer inversiones tecnológicas, mientras que el PSOE mantiene un apoyo condicionado a la llegada de estas compañías. Por su parte, Vox –hasta diciembre, socio del PP en Aragón– pide que se contrate personal de la comunidad en las instalaciones de datos, y Chunta Aragonesista –cuarto partido en intención de voto– reclama transparencia y claridad sobre su impacto en la región.

Luis García, de Ecologistas en Acción y encargado de la campaña contra los centros de datos, advierte de que el asunto está pasando desapercibido. "No se está hablando tanto como se debería y la oposición debería tener una postura más firme contra ellos", opina el activista. Aunque por ahora no ha habido un enfrentamiento abierto alrededor de las tecnológicas, la polémica podría llegar a la primera línea durante los debates electorales de los próximos días, donde previsiblemente se abordará este asunto.

Fuentes del PSOE aragonés, el principal partido de la oposición liderado por la exministra Pilar Alegría, afirman que no tienen "una oposición frontal" a estas inversiones, pero que quieren más transparencia sobre su demanda eléctrica y de agua. "Ya funcionan tres centros de AWS desde hace dos años y no tenemos certezas de cuál es su consumo real", critican. También subrayan que si llegan al Gobierno crearán un impuesto para estas instalaciones que se destinará a los ayuntamientos donde están ubicados.

La fiscalidad es una de las principales críticas de esta carrera del PP aragonés por atraer la nueva industria. Todos los proyectos van acompañados de un DIGA –Declaración de Interés General de Aragón– y un PIGA negociado con el Gobierno autonómico que garantiza un procedimiento acelerado de tramitación y un recorte de impuestos inmenso.

Según el informe de la Fundación Basilio Paraíso, declarar un proyecto como PIGA permite al ayuntamiento a aplicar la bonificación máxima del 95% al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y en la práctica todos los alcaldes lo aplican para garantizar que el proyecto cae en su municipio. El recorte del IBI solo se ejecuta durante los primeros cinco años de operación.

Óscar Lobera, autor del estudio, opina que las figuras PIGA y DIGA son un aliciente importante para que Aragón sea el epicentro de esta tecnología en España, aunque "limitarlo a eso no sería justo", opina. Según él, los puntos fuertes son la gran cantidad de territorio libre, la cercanía a grandes ciudades –"a 300 kilómetros de Zaragoza está el 80% del PIB del país–, una instalación potente de fibra óptica y un excedente de recursos de luz y agua.

Según sus cálculos, los nueve proyectos que ha estudiado consumirán de media entre 8,5 y 9,4 hectómetros cúbicos de agua al año, según los escenarios de despliegue prudente y máximo, aunque ambas cifras podrían subir o bajar un 50% en función de la tecnología que apliquen las compañías. Como referencia, el consumo de agua de Zaragoza en 2024 fue de 61,4 hectómetros cúbicos.

La preocupación ambiental alrededor del agua es el asunto que más asperezas ha levantado entre las organizaciones vecinales y activistas. Ecologistas en Acción ha sido una de las organizaciones más activas contra ellos y ha presentado alegaciones a todos los proyectos de declaración de interés general propuestos por el Gobierno de Aragón, con ningún éxito hasta ahora. Eso ha llevado a la organización a iniciar esta semana los trámites para interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el PIGA de Amazon Web Services.

Luis García, de Ecologistas, subraya que lo que más le preocupa es la falta de transparencia. "Es gravísimo que se apruebe algo así solo fiándonos de la palabra de la compañía. Cualquiera que vea la memoria justificativa del proyecto se encontrará con que Amazon dice que va a aportar X millones a la economía local, pero no hay cálculos. Y el Gobierno tiene la desfachatez de aprobarlo", opina. Por ahora solo han denunciado el procedimiento de AWS, pero esperan que si llega a buen puerto les sirva como base legal para ir a por el resto.

Los puestos de trabajo también son motivo de polémica alrededor de estas instalaciones, porque Azcón ha sacado pecho de que las inversiones dispararán el empleo en la Comunidad. Los centros de datos movilizan miles de puestos durante su construcción, pero su operatividad posterior requiere de muchos menos trabajadores.

Los nueve proyectos analizados por Óscar Lobera generará entre 150 y 900 puestos de trabajo durante su fase de operación, siendo el de Microsoft el que más empleados tendrá, si finalmente se lleva a cabo. Durante la fase de construcción se crearán cada año entre 12.000 y 17.300 puestos de trabajo, incrementando entre un 2% y un 2,75% el empleo en toda la Comunidad de manera temporal.

El PP ha lanzado otra andanada contra quienes pensamos en la ecosociedad. Se nos acusa de haber influido en la corriente ambientalista que pide un respeto por la naturaleza y su biodiversidad, habida cuenta de los deterioros que va sufriendo. La ecuación no es sencilla, pero las palabras pueden explicarla mejor. Qué duda cabe que en algunos territorios, precisamente en los que menos enemigos naturales tienen los jabalís y sus jabatos, se nota una superpoblación. Ocurrirá con otros seres que viven en lugares en donde se ha roto la malla ecosistémica. Ahora me viene a la memoria la “plaga” de conejos que invade mi tierra.

Sabemos que la peste porcina africana es un riesgo si llega a los cerdos de las granjas. El perjuicio vital puede ser terrible, el económico ya se nota. El mundo rural español contiene la respiración. Lo saben bien todos los países europeos a los que llegó hace tiempo. Su seguimiento por las autoridades respectivas ha provocado el sacrificio de miles de ejemplares, con el cuantioso deterioro de la economía de pequeños granjeros. En Polonia esta peste es endémica desde 2014. En Alemania llegó en 2020 y ahí sigue, pero en lo que va de año no se ha detectado ninguna infección en explotaciones porcinas, pero sí 1948 nuevos casos en jabalíes. En Italia se han localizado unos 580 focos, casi siempre en jabalíes. Allí, como ahora están haciendo el Gobierno de España y el de la Generalitat, se intenta la contención de las poblaciones de jabalíes salvajes, la creación de barreras territoriales. Se van a establecer zonas de control claves y se prevé el sacrificio de los animales enfermos. Los medios especializados hablan de que se han sacrificado unos 117.000 desde 2022. Podríamos citar muchos más casos en la República Checa, Eslovaquia, Croacia, Hungría, Bulgaria y Rumanía, en donde se dice que empezó la crisis, debido seguramente a una cepa muy activa, la Armenia/07.

Luego la peste porcina africana no conoce fronteras, seguirá existiendo. Además no hay una vacuna eficaz. Por lo tanto han de diseñarse protocolos de estricto cumplimiento. Las autoridades respectivas tienen mucho que decir y hacer. Recordaremos, con el debido respeto, a la portavoz del PP que esta peste afecta a más de 40 países en todo el mundo. Además de África y Europa, infecta varias regiones de Asia (incluida China) en la actualidad. Y también a República Dominicana y Haití, que por su insularidad deberían haber estado a salvo. También hemos de reflexionar sobre el hecho de que los ecosistemas naturales viven en una entropía que favorece continuos cambios e interacciones. ¿Quién ha olvidado la supuesta relación entre el pangolín y el covid?

Para la gente curiosa, digamos que la peste porcina se identificó por primera vez en Kenia hacia 1909. Llegó a España en 1957, se dice que vía aeropuerto de Lisboa. Consiguió erradicarse en 1994-95. Resistió el paso de la dictadura a la democracia, con gobiernos muy diferentes. Si se dominó fue por las medidas de contención estrictas; ya que no se podían exportar productos de cerdo a países potencialmente grandes compradores. A partir de la liberalización vendedora porcina, la España rural acogió muchos más habitantes de cuatro patas que de dos. En Aragón, por cada habitante hay 7 cerdos. La mayor región criadora de España.

Pero volvamos al motivo de esta entrada. La portavoz del PP, que quizás cayó en un desliz no motivado, nos acusa de fanáticos a quienes defendemos una preservación del medio natural y su biodiversidad. ¡Que la población de jabalíes ha aumentando exageradamente! Pues sí. Como también ha sucedido que sus depredadores naturales ya no existen; y no eran solo los cazadores. ¿Que las autoridades se han despistado? También. Pero no olvidemos que los gobiernos de los países citados no serán todos de tinte socialista como el de aquí.

Que sepa que los “fanáticos naturalistas”, ahora ecosociales, lamentamos las pérdidas que esta peste pueda ocasionar a los criadores. Conseguir que España sea el tercer país exportador de productos de cerdo en todo el mundo, el primero en Europa, tiene sus riesgos añadidos. A mayor población más probabilidades de contagio; si no se parcelan los intercambios también. A más contagios, mayores debacles económicas en el medio rural. Por eso, siempre defendemos el papel de las alianzas en la percepción del medio natural y sus derivadas sociales.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Apenas unas semanas después del incendio que arrasó un tramo del cauce seco del Guadiana a mediados de octubre, vecinos de la zona han confirmado lo que muchos temíamos: la turba está ardiendo bajo tierra, muy cerca de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

La crónica no solo estaba anunciada. Estaba escrita desde 2009. Y vuelve a cumplirse.

Lo que comenzó como un incendio superficial —aparentemente controlado— ha terminado activando el peligro más silencioso y devastador del Guadiana desecado: la combustión de la turba subterránea, ese material orgánico acumulado durante siglos que, cuando se seca, se convierte en un combustible lento, profundo y casi imposible de extinguir.

El humo ya es visible en la superficie, señal de que la zona sigue caliente y ardiendo de manera interna. Y trae consigo un olor inconfundible: el olor de la memoria quemada del humedal. Quienes vivieron lo ocurrido en 2009 no han dudado en avisar. Saben lo que significa.

Ese humo no es un residuo sin importancia: es el síntoma de un incendio vivo, oculto, que avanza por el subsuelo y puede permanecer activo semanas, incluso meses.

Este episodio confirma lo que llevamos años denunciando: el abandono del cauce seco del Guadiana es un riesgo ambiental y un riesgo para la seguridad, tanto del Parque Nacional como de los habitantes del entorno. Mientras el cauce siga actuando como un corredor de biomasa seca —en superficie y bajo ella— y no se humecte adecuadamente, cualquier incendio superficial puede transformarse en un incendio de turba.

Lo ocurrido tras el incendio de octubre —alertado desde estas mismas páginas— demuestra que el problema no terminó con la extinción visible. Era solo el inicio. Y refuerza la urgencia de actuar en esta zona antes de que sea demasiado tarde.

Hoy, la turba arde bajo nuestros pies. Mañana, si no actuamos, puede volver a amenazar al Parque Nacional, como ya ocurrió en 2009. Y no podemos decir que no lo vimos venir.

Cuando el Guadiana dejó de aportar agua, muchos pensaron que había dejado de importar. Pero la naturaleza no desaparece porque dejemos de mirarla: se transforma. Y la transformación del cauce en un corredor de fuego es su advertencia más firme.

Este nuevo incendio subterráneo no es solo una consecuencia. Es un aviso. Y el Guadiana, una vez más, habla con humo.

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Alberto Celis Pozuelo es geógrafo e historiador daimieleño.

El 12 de diciembre de 2015 marcó un hito en la historia de la lucha contra el calentamiento global. Ese día, a las 19:30 horas, Laurent Fabius, presidente de la 21ª Cumbre Internacional sobre el Clima de París (COP21), selló con un martillo con forma de hoja verde el primer tratado mundial a favor de la acción climática.

Al firmar el Acuerdo de París, cerca de doscientos países se comprometieron a contener el calentamiento “muy por debajo de 2 °C” y a continuar la acción “para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C”. “Nuestra responsabilidad es histórica, porque somos la primera generación […] que realmente toma conciencia del problema, pero somos la última generación que puede actuar”, declaró solemnemente Laurent Fabius.

Diez años después, ante el caos climático que sigue intensificándose, siguen siendo insuficientes los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. “En la década 2000-2011, el crecimiento de las emisiones de CO2 relacionadas con los recursos fósiles fue de aproximadamente un 3 % anual. Y ahora, en la última década, estamos más bien en torno al 1 % anual”, destaca Aurélien Ribes, director del grupo de investigación sobre el clima de Météo France. “Es un avance, pero el calentamiento global provocado por las actividades humanas sigue aumentando y en 2024 alcanzó una media planetaria de +1,36 °C. Nos estamos acercando peligrosamente al umbral de 1,5 °C establecido en los acuerdos de París.”

La Organización Meteorológica Mundial se alarmó el pasado mes de octubre porque la concentración media mundial de CO2 volvió a alcanzar un récord, registrando incluso “su mayor aumento anual desde el inicio de las mediciones científicas en 1957”. Y 2024 fue el primer año en superar la barrera de 1,5 °C de calentamiento con respecto al período preindustrial.

Gerhard Krinner, investigador del CNRS en el Instituto de Geociencias Ambientales, que participó en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), explica a Mediapart: “Objetivamente, no podemos saber si el Acuerdo de París ha mejorado la situación climática mundial. En teoría, se necesitarían dos planetas para comparar dónde estaríamos con o sin este mecanismo internacional. Vemos que las emisiones se están estabilizando, pero la concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando, por lo que aún estamos muy lejos de detener el calentamiento en marcha.”

Uno de los pilares del Acuerdo de París es que, de conformidad con el artículo 4.2 de este tratado, los Estados presentan cada cinco años a la ONU Clima su “contribución determinada a nivel nacional” (CDN), es decir, su hoja de ruta nacional para contener el calentamiento climático.

Cuando se llegó al Acuerdo de París, el planeta se encaminaba hacia un calentamiento de 4 °C para finales de siglo. Diez años después, los compromisos climáticos de los países nos llevan ahora a un mundo recalentado entre 2,3 y 2,5 °C para 2100. Se trata de una mejora notable, “pero no suficiente para evitar un grave agravamiento de los riesgos y daños relacionados con el cambio climático”, advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

“Esta dinámica impulsada por las CDN ha ayudado a muchos Estados a fijar objetivos de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y a intentar cumplirlos”, indica Gerhard Krinner. “El reto ahora es que los países integren en sus planes climáticos nacionales las cuestiones relacionadas con la adaptación al cambio climático, porque debemos hacer frente a los crecientes daños causados por el calentamiento global.”

Benoît Faraco, embajador francés encargado de las negociaciones sobre el cambio climático, confiesa: “En el marco del Acuerdo de París, y este será el reto de los próximos diez años, habrá que acelerar el ritmo con las empresas, los ciudadanos, las colectividades territoriales y las grandes fundaciones para conseguir volver a una trayectoria que se ajuste al objetivo de temperatura de 1,5 °C”.

En lo que respecta a la transición, desde la firma del Acuerdo de París, las energías renovables han experimentado un impresionante auge en todo el mundo. Desde 2015, la electricidad producida a partir de energías “verdes” ha aumentado un 78 % en todo el mundo. Las inversiones anuales en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética alcanzaron los 2 billones de dólares en 2025, es decir, el doble que las realizadas en energías fósiles.

“El Acuerdo de París ha cambiado la economía mundial. Hoy en día, el precio de los paneles solares es diez veces menor y el de los aerogeneradores un tercio aproximadamente, y si antes uno de cada cien coches nuevos era eléctrico, ahora lo es uno de cada cinco”, resume el ministerio francés de Transición Ecológica.

Sin embargo, el expansionismo fósil continúa, ya que la quema de carbón, petróleo y gas es responsable de aproximadamente el 90 % de las emisiones mundiales de CO2. Según Reclaim Finance, en los últimos diez años se han aprobado 1.570 nuevos proyectos de petróleo y gas. Y lo que es peor, se están planificando más de 2.000 proyectos de petróleo, gas y carbón en todo el mundo. Si esas instalaciones se ponen en marcha, podrían emitir por sí solas una cantidad de CO2 que nos haría superar el calentamiento de 1,5 °C.

En 2023, durante la COP28 de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), los Estados “hicieron un llamamiento” por primera vez a “una transición fuera de las energías fósiles”, y ello “de una manera justa, organizada y equitativa”. Dos años más tarde, en la COP30 de Belém (Brasil), las negociaciones concluyeron a duras penas con el establecimiento de un proceso de trabajo de dos años para lograr la eliminación de los combustibles fósiles.

Debido a que las decisiones en las COP se toman por consenso, unos cuantos países productores de petróleo bloquean sistemáticamente cualquier avance en materia de abandono de las energías fósiles en los foros de la ONU, hasta el punto de que el Acuerdo de París no menciona en ninguna parte la necesidad de abandonarlas.

El resultado es que, diez años después, las trayectorias energéticas de los Estados de todo el mundo toman caminos divergentes. China, gran importador de petróleo y primer emisor mundial, ha invertido este año 627.000 millones de dólares en energías renovables. Aunque sigue aplicando una política extractivista, el país ha logrado no aumentar sus emisiones de CO2 desde hace ya un año y medio.

“China se ha pasado ahora al ecologismo, pero sigue manteniendo una política muy ambivalente, ya que este impulso de las energías renovables es sobre todo una nueva fase de industrialización del país. La India tampoco destaca por su claridad en materia de política energética”, explica a Mediapart Pierre Blanc, autor de Géopolitique et climat (Les Presses Sciences Po, 2023) y profesor en Burdeos en las facultades de Ciencias Agrónomas y Ciencias Políticas.

Por su parte, la Unión Europea ya ha alcanzado el 47 % de energías renovables en su mix eléctrico en 2024. En el continente africano, si bien Senegal se ha convertido recientemente en un país exportador de petróleo, otros Estados han dado un giro ecológico: en Kenia, por ejemplo, la proporción de electricidad producida a partir de fuentes renovables es de casi el 90 %. “Etiopía también es un país impresionante: la electrificación del transporte está avanzando muy rápidamente. También podemos citar a Sudáfrica, un gran país minero que está dejando atrás el carbón”, añade Pierre Blanc.

Pero, tal y como anunció el presidente americano Donald Trump, Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París en enero de 2026. Este país, junto con Canadá, Australia y Noruega, ha socavado los avances en materia de transición energética, al aumentar colectivamente su producción de hidrocarburos en casi un 40 % desde 2015.

“Evidentemente, los avances no son lineales y no van lo suficientemente rápido ni lo suficientemente lejos, pero el Acuerdo de París permite avanzar juntos. Es una herramienta de cooperación y diálogo internacional muy potente para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones”, matiza el ministerio francés de Transición Ecológica.

En cuanto a la solidaridad entre países, otro pilar del tratado sobre el clima de 2015, también hay problemas. El artículo 9.1 del Acuerdo de París obliga a los “países desarrollados” a proporcionar recursos financieros para apoyar a los Estados “en vías de desarrollo” frente al cambio climático. En 2024, durante la COP29 de Bakú (Azerbaiyán), los países ricos e históricamente responsables del cambio climático se comprometieron a entregar a las naciones del Sur al menos 300.000 millones de dólares al año de aquí a 2035.

Pero este compromiso financiero sigue siendo modesto: expertos designados han estimado que, sin contar a China, el Sur global necesita 1,3 billones de dólares de ayuda climática anual de aquí a esa fecha. En noviembre, en la COP30 de Belém, los Estados se limitaron a “reafirmar” la necesidad de alcanzar esos miles de millones de ayuda climática y de poner en marcha un programa de trabajo de dos años sobre la cuestión financiera.

Gracias al Acuerdo de París, “se han evitado los peores escenarios, aunque todavía queda mucho camino por recorrer”, resume Benoît Faraco. Para el embajador climático de Francia, el tratado internacional sigue funcionando, ya que la COP30 de Belém ha sido una oportunidad para reafirmar “el multilateralismo medioambiental”.

“El acuerdo de 2015 se logró, en su momento, gracias a una movilización sin precedentes de la diplomacia francesa, cuyos frutos aún hoy se siguen viendo. Se suele esperar que sea Francia la que impulse esa ambición”, se congratula una fuente diplomática. Pero esa imagen internacional se ha visto mermada, pues Francia, país guardián del histórico tratado, ve desde principios de 2025 cómo sus emisiones nacionales de gases de efecto invernadero se estancan en lugar de disminuir.

Además, el 4 de diciembre, el Gobierno francés fue demandado ante el Consejo de Estado por la asociación Notre affaire à tous por no cumplir con su “parte justa” en el esfuerzo climático mundial. Una acción judicial que se basa en el Acuerdo de París y en uno de sus principios fundamentales: los países del Norte, más ricos, deben actuar más que el Sur global contra el calentamiento global.

Traducción de Miguel López

Muchas de las tensiones que atraviesan hoy nuestras ciudades y entornos naturales comparten un mismo patrón: la tendencia a considerar determinados problemas colectivos como algo ajeno. Esa distancia subjetiva entre el problema y la conducta individual es, a menudo, el eslabón que falta en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

El reciente brote de peste porcina que ha afectado a zonas como Collserola es un buen ejemplo. Ante el riesgo de propagación entre jabalíes y cerdos domésticos, las autoridades han restringido accesos y usos recreativos del parque. La medida busca proteger un sector económico estratégico y evitar consecuencias ambientales y sanitarias de gran alcance. Sin embargo, no han faltado incumplimientos: personas que sortean vallas o acceden por caminos secundarios al considerar exageradas las limitaciones. Al no existir riesgo directo para la salud humana, una parte de la ciudadanía concluye que la cuestión no le concierne, aunque sí pueda afectarle a medio plazo en forma de impacto económico, territorial o alimentario.

Algo similar ocurre con la gestión de los residuos urbanos. Muchos municipios afrontan contenedores desbordados, bolsas abandonadas en la vía pública y puntos de recogida selectiva mal utilizados. Paralelamente, crecen las quejas por el incremento de tasas de residuos o por la opacidad del sistema de reciclaje. Aunque existan dudas razonables sobre la eficacia o transparencia de determinados modelos, esa desconfianza se traduce, en algunos casos, en comportamientos abiertamente incívicos: depositar los residuos fuera del contenedor, eludir la separación selectiva o delegar la responsabilidad en un sistema del que se desconfía, pero que se continúa saturando.

La lista podría ampliarse: vehículos abandonados que ocupan durante meses el espacio público, vertederos incontrolados en las periferias urbanas, mobiliario urbano deteriorado o equipamientos colectivos dañados. En todos estos casos se combinan decisiones técnicas, administrativas, políticas y económicas —a menudo poco explicadas— con conductas individuales que se justifican en esas mismas dudas y que sitúan el problema fuera del propio ámbito de responsabilidad.

Es legítimo cuestionar cómo se calculan determinadas tasas, si la gestión de una crisis sanitaria es proporcionada o si la administración actúa con la diligencia debida en la retirada de un vehículo o en la clausura de un vertedero ilegal. Lo que resulta difícil de justificar es que esa crítica se traduzca en una retirada de la propia responsabilidad: tirar residuos donde no corresponde, abandonar un coche, descargar escombros en un descampado o ignorar una restricción temporal de acceso a un espacio natural.

Cuando esto sucede, se produce una paradoja: se señalan los efectos —más impuestos, más restricciones, más costes de limpieza, pérdida de calidad del espacio público— sin reconocer el papel que tienen las prácticas cotidianas en la generación de esos mismos efectos.

Una parte del problema reside en que el factor humano sigue siendo el gran ausente en la formulación de muchas políticas públicas. Se habla de normativas, sanciones, competencias y presupuestos, pero menos de percepciones de riesgo, de confianza en las instituciones, de fatiga normativa o de la tendencia a diluir la responsabilidad individual cuando el daño se reparte entre muchos.

Incorporar seriamente ese factor humano implica asumir que la información no basta si no se vincula de forma clara la conducta individual con sus consecuencias colectivas; que la transparencia no es un adorno, sino una condición para sostener el cumplimiento voluntario; y que las medidas deben ir acompañadas de una pedagogía cívica continuada, no solo de campañas puntuales o de la amenaza de sanción.

También exige reconocer que el cuidado de lo común —de un parque natural, de una calle limpia, de una red de contenedores, de unas infraestructuras compartidas— no puede delegarse exclusivamente en la administración. El espacio público es, por definición, responsabilidad compartida.

Quizá la pregunta de fondo no sea si un problema “nos afecta directamente” o no, sino de qué manera lo hace y hasta qué punto nos sentimos concernidos por él. Porque, aunque el impacto pueda parecer lejano o difuso, nuestras decisiones diarias —cumplir o no una restricción, utilizar correctamente un contenedor, denunciar o tolerar un vertedero o un vehículo abandonado— forman parte de la ecuación. Ignorar ese vínculo es, en sí mismo, una forma de agravar el problema que luego reclamamos que alguien resuelva por nosotros.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga. Dra. en Seguridad y Prevención.

El conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Òscar Ordeig de la Generalitat de Catalunya, ha confirmado que unos 80 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han llegado a Barcelona para ayudar en el control del brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a jabalíes en el entorno del parque de Collserola, según informa EFE.

Así lo ha indicado en una entrevista en RAC1, en la que ha explicado que, hasta la fecha, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha analizado a cerca de 40 jabalíes procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), junto al parque de Collserola, de los que dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.

Ordeig ha explicado que este domingo había 300 efectivos en las labores de control, entre agentes de Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Protección Civil y policías locales, a los que hay que sumar los miembros del Seprona de la Guardia Civil que trabajan desde este domingo en la zona, y "ahora se añadirán los de la UME, unos 80".

"Veremos si se necesitan más o no. Esto dependerá de si vamos encontrando animales positivos y tenemos que ampliar los focos", ha añadido.

El conseller ha afirmado que "se movilizarán los efectivos que haga falta donde haga falta", puesto que el control cinegético conlleva "un trabajo muy laborioso", sobre todo en la gestión de los cadáveres de los jabalíes.

"Quien tenga recursos, la capacidad (de hacer) este trabajo, evidentemente los movilizaremos. Sea el Seprona, la UME, los Agentes Rurales o las ADF", ha aseverado.

En una entrevista en Catalunya Ràdio también este lunes, Ordeig ha previsto que, tras los dos jabalíes contagiados ya confirmados y los ocho que están en estudio, "seguramente saldrán más positivos".

Sin embargo, ha subrayado que "el trabajo va bien" porque tanto los positivos como los sospechosos están "muy focalizados" en la misma zona donde se detectaron los primeros casos confirmados, en Cerdanyola del Vallès.

Ordeig ha detallado que la "opción más probable" para explicar el origen del brote de PPA, el primero en el Estado español desde 1994, es que "un embutido, un bocadillo contaminado pudiese llegar a la basura" y que un jabalí se lo comiese, una hipótesis que se confirmará o desmentirá "en los próximos días".

"El hecho de no haber detectado jabalíes (contagiados) en otras zonas de Cataluña o de Francia hace pensar que (el virus) ha hecho este salto vía el transporte humano", ha detallado.

En RAC1, el conseller ha pedido "colaboración ciudadana" para no dar comida a los jabalíes, cerrar bien las bolsas de basura o "alertar si se ve cualquier jabalí", entre otras medidas.

De hecho, se ha referido a las personas que este fin de semana se han saltado las restricciones de acceso a Collserola, a las que ha avisado de que "cambiar la ruta para hacer actividad física un día" puede evitar un impacto mayor al conjunto de la economía catalana.

"De aquí al viernes nos jugamos el 90 por ciento del éxito de todo lo que estamos haciendo", ha advertido el conseller, y se ha comprometido en "hacer lo que haga falta" para "blindar" el radio del foco.

Finalmente, Ordeig ha augurado que si el brote de PPA se descontrola, "será terrible", tanto para las exportaciones como para las granjas.

Por ello, ha reclamado "subir el tono de la gravedad de la situación" para que se entienda que "si estos días podemos contener el foco, la negociación con los gobiernos de todo el mundo será mucho más rápida".

Asimismo, ha asegurado que el "lugar del mundo mejor preparado" y con un sector porcino y agroalimentario "más profesionalizado y moderno para afrontar una PPA" es Cataluña.

El libro Soberanía Comunicacional en la Transición Ecosocial reúne voces relevantes de la Península Ibérica, Latinoamérica y Abya Yala, que dialogan sobre la necesidad de construir nuevos imaginarios sociales a través de la comunicación para salir de la crisis ecosistémica y construir soberanía desde narrativas que abonen esperanzas. 

En los diálogos participan Damian Loreti, Rosa Cabecinhas, Claudia Magallanes, Omar Rincón, Inés Binder, Fernando Tucho, Eloísa Nos, Manuel Vicente, Pepe Madariaga, Madalena Oliveira y Lidia Peralta. El libro (segundo de la serie Diálogos de las dos orillas) forma parte del proyecto IMRESCOM financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Editado por CIESPAL y el Laboratorio de Comunicación y Cultura de la Universidad de Málaga, el libro será presentado este martes 18 de noviembre a las 19 horas en el Ateneo Maliciosa –librería Traficantes de Sueños (Peñuelas 12, Madrid)– con la presencia de Alicia Puleo, Fernando Valladares, Asunción Bernárdez, Susana de Andrés, Lidia Peralta y Manuel Chaparro.

infoLibre publica un extracto del ensayo, que ya está disponible en librerías.

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Prólogo: La coherencia de ser disruptivo

Por Manuel Chaparro

Pareciera que todo está escrito, que todo cuanto había que decir está dicho y por más que repitamos las sencillas ideas que conducen a una vida en armonía, de nada sirve. El ser humano, obligado a repetirse, como recuerda el personaje de Tancredi en la novela de Tomasi: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. En realidad es el eslogan del modelo ecocida de vida llevado al extremo en el último siglo, con afán de perpetuarse para seguir beneficiando a una minoría dominante. La sociedad desarrollista desconsidera cualquier alternativa, no porque no sea plausible, sino porque a sus artífices les va bien. Usan todos los medios para convencer de que en realidad todo el mundo puede alcanzar el “éxito social” que implica tener más a toda costa: “¿Por qué no lo intentas?” En este juego somos números y algoritmos sujetos a la seducción de las tecnologías y las conectividades virtuales, despersonalizadas y alienadoras. Habitamos un universo virtual desconectado de la realidad, de espaldas a la naturaleza y los problemas que se derivan de nuestros comportamientos. la vida se desplazó a Matrix, y ya nadie se extraña, no causa sorpresa, lo artificial se volvió natural. 

La aceptación de esta realidad desencarnada, nos advierte de la importancia de desdigitalizar la vida y vincularse nuevamente a la realidad a las redes sociales de toda la vida, a las que ponen piel, no a las virtuales que atomizan y mantienen aislada a personas que dejan de ser parte de la ciudadanía. Recuperar el ecosistema comunicacional implica recuperar-generar soberanía.

La soberanía de la comunicación apela tanto a las narrativas que se construyen como a las cautelas frente a la tecnofilia y la tecnofobia. Es evidente que las tecnologías digitales de la comunicación tal como se usan hoy prescinden de los cuerpos y de la realidad misma, generan la pandemia antisocial que acerca al humano al transhumanismo, a estar presente y abducido por “la nube”, esa mina de datos robados. Habitar un planeta virtual es perder la conexión con la tierra, vivir sin raíz, vivir en hidroponía, en aislamiento, emparedado en la máquina. 

No entienden que el Yo sin el Tú no existe, como decía Martin Buber: “el Yo y el Tú están aquí, no solamente en relación, sino en leal intercambio” (1984, 80). El Yo-Tú es la fuente de diálogo, lo decía el filósofo anarquista, judío de origen austríaco, que defendió el diálogo entre palestinos y hebreos y la idea de “una tierra para dos pueblos”. Dialogar, la palabra que desconoce las armas que empuña Netanyahu y sus socios. Al fin; una Tierra para todos los pueblos. La comunicación no es sino diálogo.

La impresión de cierto fracaso puede desactivar cualquier empeño por transformar, conducir a callar, pasar y hasta a dejar de escuchar, porque ningún esfuerzo parece merecer la pena frente a gigantes que convierten los sueños justos en quimeras y homologan al activismo divergente a la categoría de Sísifo. “No mires arriba”, dice la película de Adam McKey en su metáfora sobre la catástrofe que pondrá fin a la existencia de vida en la Tierra, mientras una mayoría de medios de información, manipuladores e ignorantes, no quieren escuchar; no quieren que se escuche, banalizan y ríen.

Las preguntas de la humanidad siguen siendo las mismas desde siempre y nunca se terminan de responder. Preguntamos por nuestro destino, por el sentido de estar, sobre la vida, el universo, su existencia... Los problemas, reiterados: guerras, hambre, pandemias, desigualdad, sociedades empobrecidas… Todas las respuestas se han confiado al progreso desarrollista, ese que parece alumbrar con intensidad tan cegadora al capitalismo y hace invisible el triunfo de la desigualdad. 

El sentido del progreso tal como lo define la modernidad no existe. La línea de tiempo del progreso no avanza, el tiempo pasa, pero no es lineal. Los “avances” mejoran la vida, pero no todas. No siempre se aplican pensando en el bien común, entre otras cosas porque patentado el invento se patenta el derecho a la vida, se patenta la maximización del beneficio por una cada vez más exigua minoría. Frente a esta realidad se sabe que las sociedades felices, vivencialmente armónicas, se fundamentan en equilibrios ecosistémicos y en la réplica aprendida del conocimiento de la naturaleza como aliada. Nuestra vida temporal es circular, nacer y volver a ser simiente y lo que verdaderamente importa es el transcurrir del ciclo. En esa lógica puede existir una vida satisfactoria, armónica, de escucha y sentir en comunalidad como expresa Escobar. Estamos llamados a habitar un Pluriverso de saberes y ecosistemas de vida en co-soberanía con la naturaleza.

Ajena a toda disputa, la Tierra mantiene, todavía, los ciclos anuales que se reflejan en los desplazamientos migratorios de millones de animales de todas las especies, aves, mamíferos, insectos; en la siembra, la floración, recolectar, cosechar, descansar-contemplar; para volver a empezar, mientras el planeta gira en ciclo constantes. Solo el “homo desarrollo” desafía inútil y peligrosamente el destino de la casa Gaia en nombre del progreso. Seguramente hace miles de años el primer primate homínido, ya entendió los ciclos de la vida y el respeto por la naturaleza. ¿Progreso? La aspiración no era dominar la naturaleza, sino entenderla para habitarla, usar sin destruir. 

Amartya Sen (2000) afirmaba que el ser humano solo necesitaba para ser feliz una sana relación de pareja, un techo que acoja, salud, sentirse parte de una familia (un grupo estable) y tener garantizado un medio de subsistencia. En realidad, no más de lo que requieren otros seres vivos con los que comparte un planeta construido en delicados equilibrios, un puzle tridimensional gigantesco en el que toda pieza encaja y la ausencia de una pone todo en riesgo. La paradoja de Easterlin (1974) viene a dar la razón a Sen, una vez cubiertas las necesidades básicas, un mayor consumo no comporta felicidad. 

De alguna manera son certezas que se perciben y, sin embargo, el modelo de vida impuesto en el proceso civilizatorio por el enriquecido Norte Global va en la dirección contraria. Ese Norte Global ocupa el espacio geográfico de las élites y clases enriquecidas allí donde se encuentren, un concepto que debe ser ampliable más allá de la geografía de algunos países con índices económicos satisfactorios en términos de mercado y donde las clases medias perciben un deterioro constante del llamado estado de bienestar. Las élites económicas, que también habitan en los países del Sur Global, son igualmente responsables de la inequidad producida, de una huella ecológica insoportable que condena a humanos y naturaleza por igual. Esa minoría enriquecida que acapara riqueza y recursos, representa el 1%, pero genera un impacto desmedido en el medio ambiente, contaminan tanto como los 5.000 millones de personas más empobrecidas.

Qué mueve entonces a seguir redoblando argumentos y esfuerzos en la búsqueda de soluciones al modelo de destrucción impuesto. Las oportunidades existen, como demostró el fotógrafo Sebastiao Salgado reforestando con más de dos millones de árboles de especies autóctonas y cientos de plantas nativas 60.000 hectáreas de tierra árida arrasada por la sobrexpotación. Como la gran muralla verde en África promovida por la líder Wangari Maatahai, 47 millones de árboles a lo largo de 8.000 km para frenar el desierto. Convivir con la naturaleza, habitarla sin destruirla es posible, hay miles de modelos heredados e iniciativas de recuperación que están funcionando. Son miles de millones las gentes conscientes de este planeta que plantean y construyen alternativas cada día. Falta permitir o asaltar para hacer voz la palabra e inspirar más réplicas de los modelos posibles que empíricamente demuestran su eficacia.

La necesidad de verbalizar para seguir incidiendo en modelos de transición es apremiante. Verbalizar es parte esencial en la comunicación, porque aquello que no se dice no se escucha y lo que se escucha y no se dice no habita. Se habita el territorio, pero también el tiempo, el tiempo que toca vivir y en el que toca pronunciarse, no esconderse, no resistir desde la trinchera, sino salir a poner el cuerpo y el alma a campo abierto. Habitamos el tiempo con los otros tiempos pasados que son parte de nuestra herencia, y de ellos aprendemos para transitar.

La necesidad hoy es seguir verbalizando, construir narrativas y ocupar espacios en torno a la Transición Ecosocial (TE). Una narrativa decolonial que enfrente el proceso de recuperación de la raíz, de los verdaderos significados de las epistemes que nutrieron vida. Desde el sentir de Rivera Cusicanqui, una propuesta de reconstitución de la episteme es necesaria para romper con las ideas progreso y desarrollo, “para cruzar la frontera hacia un horizonte muy ajeno a las habituales lecturas lineales y positivistas de la historia” (2018, 11).

La colonización de imaginarios ha sido incentivada por los medios de información, generadores de una opinión pública condicionada por intereses privados, y la publicidad comercial que propicia un consumo banal, ansioso y depredador. La TE comporta entender los derechos humanos y de la naturaleza como sujeto de derecho, considerar los derechos individuales desde el respeto de los derechos colectivos y comunitarios. La TE exige una narrativa que tienda a dar visibilidad y oportunidades a una mirada propositiva y optimista de garantizar la vida en el planeta, de atender con urgencia los desafíos derivados de la crisis ecosistémica que afecta por igual a la naturaleza y los humanos como conjunto simbiótico.

La narrativa para una TE debe ser entendida como un proceso decolonial de saberes impuestos, adquiridos y propagados por el racionalismo dogmático, la cultura capitalista y el desarrollo como concepto económico. La TE en comunicación implica transmitir la necesidad de desaprender para recuperar la conexión con la naturaleza desde una mirada biofílica y bioeconómica, la consideración de equidad entre seres humanos sin distinción de etnias, ni género; de justicia social y ética como consideración universal. La decolonialidad implica desaprender los imaginarios construidos por un sistema educativo y de comunicación determinista, enfocado al éxito y la competencia frente a la cooperación y el conocimiento enfocado a las habilidades sociales, la sobrevivencia en armonía y el reconocimiento multiepistémico.

En este tránsito es imprescindible reinvindicar el accionar de los medios de información al servicio del bien común tanto en sus discursos como en su apropiación por la ciudadanía. Esta idea fundamenta su lógica en la propiedad colectiva de las tecnologías que utilizan. La patente no puede limitar el uso ni ponerse al servicio del capital, como tampoco el espacio radioeléctrico y las infraestructuras estar condicionados a peajes cuando son dominio público vital para garantizar la comunicación de la ciudadanía y su articulación en redes.

Usar las tecnologías de la comunicación para transmitir la TE exige tener soberanía y rescatarlas del secuestro impuesto por el capital. La neutralidad tecnológica de la herramienta se pervierte ante la falta de regulación que pueda garantizar su disponibilidad sin privilegios de propiedad, sin estar al servicio de colonialismos ideológicos que construyen consensos inexistentes. 

Los consensos actuales son dictados por las corporaciones tecnológicas, bancarias e industriales y vendidos al mundo por las naciones que están a su servicio. Esta situación ya se daba antes de la llegada de Trump a la presidencia de EE.UU. pero la diferencia es que ahora no necesitan ni siquiera del disimulo, el consenso se impone desde la anti-ley del fuerte. Las llamadas Big Tech: Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, Google, Neflix, Nvidia, X, Tesla…, son la principal amenaza a democracias ya de por sí pendientes de una seria revisión desde el siglo pasado. Democracias que han permitido el gobierno de los oligarcas y los déspotas que los apoyan.

Verbalizar desde la reflexión, desde el diálogo y las experiencias, es el propósito de estas breves páginas que reúnen el conversatorio, en torno a CIESPAL y el proyecto “Índice de Responsabilidad Mediática para la Comunicación de la Transición Ecosocial” (IMRESCom), del Laboratorio de Comunicación y Cultura de Andalucía de la Universidad de Málaga (labcomandalucia.uma.es). Conversar como provocación para buscar y reforzar nexos entre las dos orillas del Atlántico, entre la Península Ibérica, América Latina y Abya Yala. Entre los euro y euroamericanos y las culturas originarias que son referentes culturales epistémicos imprescindibles en la búsqueda de soluciones a los desafíos que afectan como nunca antes en la historia la vida del planeta.

Comunicar es un ejercicio revolucionario, el tiempo de escucha y diálogo no se dedica a la guerra, sino al encuentro. Solo la escucha del disenso puede llevar a reconocer la diversidad y radicar consensos, solo la verbalización de pensamiento disruptivo puede hoy suscitar coherencia. Si la respuesta al sistema infiere estar a favor de modificar el modelo ecocida construido por la sociedad del desarrollo, seamos antisistemas en el único sentido crítico del término, el constructivo. Antisistemas han sido y son las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y ecofeministas, el movimiento campesino, la comunidad LGTBI, los pueblos originarios… los actores sociales que buscan oportunidades para otra vida más allá del capitalismo. Articulemos, hagamos red desde el pensamiento disruptivo que catalice consciencias.

Referencias:

-Buber, Martin (1984) Yo y TÚ. Nueva Visión.

-Sen, Amartya (2000). Desarrollo y libertad, Planeta.

-Escobar, Arturo (2019). Autonomía y diseño. La realización de lo comunal. Universidad del Cauca.

-Escobar, Arturo y Chaparro, Manuel (2020). Divergencias, alternativas y transiciones de los modelos y las comunicaciones para el Buen Vivir.  Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, 144, 19-36.

-De Andrés, Susana y Chaparro, Manuel (2022). Comunicación Radical. Despatriarcalizar, decolonizar y ecologizar la cultura mediática. Gedisa

-Hui, Y. (2020). Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad. Caja Negra.

-Kothari, Ashish; Salleh, Ariel; Escobar, Arturo; Demaria, Federico; Acosta, Alberto (2019) (coords.).Pluriverso. Un diccionario del posdesarrollo. Icaria.

-Ribera Cusicanqui, Silvia (2018). Un mundo ch’ixi es posible. Tinta Limón.

-Wallerstein, Immanuel (2008). Historias y dilemas de los movimientos antisistémicos. Desde Abajo.

Intentando huir de la deriva fósil de las últimas conferencias del clima, la COP30 de Belém intenta sacudirse el aroma a gasolina a partir de la premisa de uno de sus principales objetivos, que es el de “conectar la acción climática con la vida real de las personas”. El desafío es importante, dado que en los últimos años la respuesta global ante el cambio climático se ha visto aún más amordazada por la pinza de intereses comunes que forman los grandes productores de combustibles fósiles, las grandes compañías que fían su crecimiento y funcionamiento a la degradación medioambiental o los propios movimientos negacionistas del cambio climático. 

Sin embargo, los discursos y compromisos grandilocuentes difícilmente se traducen en acciones reales, coordinadas y efectivas frente al cambio climático. Conviene recordar al respecto que los tres últimos años han sido los más calurosos registrados hasta ahora, y no parece que se vaya a revertir esa tendencia a partir de lo que se decida en Belém.

No ayuda mucho el hablar con un tono pesimista sobre los resultados posibles de conferencias como la de Brasil, pero sí que puede ayudar esa crítica para plantear el enfoque y soluciones que la civilización humana actual esta dando al problema del cambio climático. Una forma de abordar el enfoque actual y la posibilidad de respuestas diferentes parte del concepto de “Antropoceno”.

Desde el 2000, año en que fue formulado por Paul Crutzen y Eugene Stoermer, el término “Antropoceno” se ha utilizado, tal vez de forma inocente o ingenua, como un vehículo para explicar el problema del cambio climático atribuyendo la crisis ecológica a la humanidad en general. Esto daría a entender que todas las personas y sociedades fueran igualmente responsables.

Esta fórmula “cambio climático = responsabilidad de la humanidad”, de simple pasaría por encima de cuestiones fundamentales como pueden ser la desigualdad o la injusticia. De hecho, durante muchos años, en las COP y en otros foros se ha entendido el cambio climático como un asunto técnico o ambiental aislado. Esta visión dejaría al margen problemáticas centrales como pueden ser la precariedad, el hambre, la pobreza, el apartheid climático, la lucha por los derechos humanos, el aumento de las migraciones, los derechos de las mujeres, las cuestiones democráticas o la división de clases, entre otras cuestiones. En otras palabras, se ha abordado la crisis climática como un fenómeno aislado, desvinculado de la justicia social.

En contraposición al antropoceno, el Capitaloceno se entiende como una respuesta a esa relación de causalidad directa. No es “el ser humano” quien destruye la naturaleza, sino una forma específica de organización social, económica y ecológica, entendida como “Capitalismo”.

Mas allá de terminologías, la cuestión fundamental es entender y abordar la mayor complejidad del problema del cambio climático y su componente social. Solo desde esa comprensión será posible articular respuestas más justas, que sitúen en el centro de las políticas climáticas la defensa de los derechos humanos, así como la redistribución del poder y los recursos.

Sin embargo, la hegemonía de los intereses corporativos globales en la toma de decisiones en las COP no discute el crecimiento y el consumo, disfrazándose de verde, y los mecanismos económico-financieros sepultan cualquier intento de establecer medidas sociales realmente transformadoras. Como explica Jason W. Moore, uno de los teóricos del “Capitaloceno”, se pretende crear soluciones desde las dimensiones más violentas y explotadoras de la historia. 

La ausencia de un liderazgo por parte de otras potencias permite a Brasil erigirse como un líder, no solo debido a su papel organizador, sino también dado el teórico compromiso de su gobierno actual con el medioambiente y la lucha contra el cambio climático. 

Estados Unidos, con Trump, no va a participar de compromisos clave y China navega en la ambigüedad. Por su parte, la Unión Europea no está en condiciones de ir por el mundo dando lecciones de compromiso climático y exigir que se cumplan determinadas metas, cuando no hace sino retroceder en su compromiso climático y social.

Por tanto, la celebración de la COP30 en Brasil genera expectativas de que la Cumbre dé mayor protagonismo al Sur Global, priorice la adaptación y el financiamiento climático y fortalezca la participación social como vía para soluciones más justas. Además, la Amazonía, como territorio clave para la regulación climática mundial, sitúa a Brasil en una posición estratégica para impulsar una agenda que combine justicia climática, preservación ambiental y bienestar comunitario.

Sin embargo, Brasil llega a la COP30 marcado por profundas contradicciones. Mientras el gobierno busca proyectarse como líder climático internacional, internamente continúa promoviendo proyectos extractivos y de expansión de infraestructura que amenazan la selva, incluyendo la exploración petrolera en la desembocadura del Amazonas. La presión por mantener el crecimiento económico, financiar políticas sociales y sostener empleos convive con la necesidad de frenar la deforestación, la minería ilegal, el agronegocio y la construcción de carreteras que fragmentan ecosistemas y territorios indígenas. Esta tensión refleja el dilema central del país: cómo garantizar desarrollo sin continuar destruyendo su patrimonio ambiental más vital.

Estas dinámicas afectan especialmente a pueblos indígenas y comunidades marginadas que viven en territorios sometidos a actividades extractivas, enfrentando contaminación, pérdida de tierras y violencia al defender sus derechos. 

Esta realidad nos lleva al argumento inicial de este texto: la crisis climática no es solo ambiental, sino también social y de derechos humanos. El reto para Brasil —y para la COP30— es pasar del discurso a la acción colectiva y avanzar hacia modelos económicos que protejan la Amazonía y garanticen la justicia climática, sin reproducir las lógicas extractivistas que originaron la crisis.

Durante la COP30 de Belém se pretende fortalecer los compromisos nacionales (NDCs), avanzar en adaptación y garantizar financiamiento real para pérdidas y daños en países vulnerables. 

Pero también debe haber espacio para los movimientos sociales, pueblos indígenas y comunidades tradicionales que tienen la capacidad de articular respuestas desde los territorios, impulsando propuestas basadas en justicia climática, soberanía territorial y transición justa, pero también en reformas agraria y urbana, economía solidaria, lucha contra la deforestación o la defensa activa contra el racismo ambiental. 

En resumen, es necesario hablar de justicia climática y enfatizar que quienes menos han contribuido al calentamiento global son quienes más sufren sus consecuencias, y por ello deben ser protagonistas en la toma de decisiones.

Si el objetivo es avanzar hacia una verdadera transformación, es fundamental cuestionar los marcos ideológicos del capitalismo —como el consumo ilimitado y el crecimiento sin límites— y construir nuevas formas de relación entre seres humanos y naturaleza. En este sentido, Brasil y la COP30 pueden ser espacios clave para reorientar el debate global hacia procesos sociales y políticos de cambio profundo. La justicia climática debe ser el eje y no un elemento secundario, orientando las decisiones hacia modelos que prioricen la vida y la sostenibilidad por encima del beneficio económico.

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Jesús Gamero es experto en retos medioambientales y analista de la Fundación Alternativas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este lunes, en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU (COP30), a imponer "una nueva derrota a los negacionistas" que desdeñan el calentamiento global, informa EFE.

"En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas", dijo Lula en un enérgico discurso en la primera sesión plenaria.

El dirigente progresista realizó además una defensa enfática del Acuerdo de París, del que se cumplen diez años y que Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del mundo, volvió a abandonar tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, hace nueve meses. Destacó que el mundo camina en la "dirección correcta", pero "a la velocidad equivocada".

"Al ritmo actual, todavía vamos rumbo a un aumento superior a un grado y medio centígrado de la temperatura global. Romper esa barrera es un riesgo que no podemos correr", advirtió. En este contexto, llamó a la comunidad internacional a actuar en tres frentes.

El primero, cumplir con lo ya pactado anteriormente y presentar metas climáticas "ambiciosas", además de garantizar la financiación para los países más vulnerables y con menos recursos.

Segundo, instar a los líderes mundiales a acelerar la acción climática mediante un plan para "superar la dependencia de los combustibles fósiles". En este punto, Lula defendió impulsar una "nueva gobernanza global", "más robusta", que podría materializarse a través de un "consejo del clima vinculado a la ONU" con capacidad para fiscalizar y sancionar.

Y tercero y último, convocar a la comunidad internacional a "colocar a las personas en el centro de la agenda climática".

"El calentamiento global puede empujar a millones de personas hacia el hambre y la pobreza, haciendo retroceder décadas de avances. El impacto desproporcionado del cambio climático sobre mujeres, afrodescendientes, migrantes y grupos vulnerables debe ser tenido en cuenta en las políticas de adaptación", alertó.

Antes del inicio de la conferencia, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, se celebró la cumbre de líderes de la COP30, marcada por las ausencias de varios presidentes, como el estadounidense Donald Trump o el chino Xi Jinping.

Al respecto, Lula condenó la ausencia de "los hombres que hacen la guerra" en la conferencia. El líder progresista criticó de forma encendida el aumento del gasto en defensa, promovido por Estados Unidos y Europa, en vez de apostar definitivamente por apoyar a los países en desarrollo en su lucha por alcanzar sus metas climáticas.

"Si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30 sería mucho más barato colocar 1,3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima, que 2,7 billones para hacer la guerra como hicieron el año pasado", indicó Lula.

El mandatario brasileño se refirió a la promesa de llegar a los 1,3 billones de dólares de financiación para los países en desarrollo hasta 2035, aunque el compromiso asumido hasta el momento es de 300.000 millones.

Las presidencias de la COP29 de Bakú y la COP30 de Belém divulgaron, días antes de la conferencia, una hoja de ruta con diversas propuestas para llegar a esa cifra, que incluyen gravar la moda de lujo, la tecnología y los productos militares.

Por otro lado, Lula calificó de "proeza" haber podido realizar la cumbre climática en Belém, en el corazón de la Amazonía, una ciudad donde la mitad de su población vive en favelas y muchos no tienen acceso a saneamiento básico.

Brasil ya tiene todo listo para recibir a los líderes mundiales que llegarán para hablar de lo bien que lo estamos haciendo en materia de sostenibilidad, ecologismo y transición energética. Esta vez le toca el turno a Belém, una ciudad en el corazón de la Amazonía. Escenario perfecto este para prometer la salvación del planeta a través de la conservación y el cuidado del medioambiente, a golpe de bonitos discursos y fotos de familia. Mientras tanto, Petrobras y la Administración del Gobierno brasileño esperan ansiosas su momento para explorar y explotar la ingente cantidad de petróleo existente en la desembocadura del Amazonas. No estáis leyendo mal. El mismo país que acoge la cumbre “más relevante” del clima, está concediendo licencias para extraer petróleo en una de las zonas más delicadas desde el punto de vista ecológico.

El Gobierno de Lula da Silva, que ha mencionado en innumerables ocasiones la importancia de la defensa del clima, acaba de conceder hace unos días una licencia a Petrobras —la compañía nacional de petróleo brasileña— para perforar en la cuenca Foz do Amazonas. Una licencia avalada por la agencia ambiental Ibama, la misma que en 2023 rechazó la solicitud por el posible riesgo para la biodiversidad. Una vergüenza. Lo peor de todo: la licencia se concedió tres semanas antes del inicio de la COP30. Y yo me pregunto: ¿con qué cara se puede presidir una cumbre por el clima después de aprobar una licencia que va a afectar negativamente al clima?

Pero de alguna forma habrá que justificar la decisión. Aun sin faltarle razón en algunos puntos, el discurso habitual descansa sobre tres pilares: soberanía energética nacional, empleo y desarrollo económico. En boca del presidente de Brasil, los ingresos provenientes del petróleo y el gas ayudarán a financiar la transición energética. Un discurso que ya nos resulta familiar, a juzgar por las cumbres de los últimos años celebradas en países exportadores de crudo. La tomadura de pelo se cuenta por sí sola: Brasil, como anfitrión de la cumbre que busca reducir las emisiones para mantener el objetivo del 1,5 ºC y limitar el calentamiento global, ha licitado más de 170 bloques petroleros —47 de ellos en la Amazonía— que podrían llegar a emitir hasta 11.000 millones de toneladas de CO₂. Curiosa la forma en que algunos protegen el medioambiente.

Esto no es casualidad ni un hecho aislado. Ni siquiera es un problema que deba personificarse en Brasil (aunque, al ser el anfitrión, le haya tocado pagar los platos rotos). Las potencias mundiales y las grandes corporaciones —ExxonMobil, Chevron— presentes en Belém a partir de este 10 de noviembre han inyectado más de 2.000 millones de dólares en proyectos de petróleo y gas localizados en la Amazonía. El dinero se abre paso con mucha más facilidad que los compromisos climáticos, que acaban quedando en “agua de borrajas”. A pesar de las fuerzas del capitalismo, alguien debe alzar la voz. Y no es para menos: las organizaciones ambientales advierten de que las perforaciones pueden provocar corrientes oceánicas intensas y alterar por completo el ecosistema de la zona. La contaminación por vertidos también puede resultar letal para la flora y la fauna amazónica.

En definitiva, toca asistir nuevamente a un circo internacional. Este año es el turno de Brasil que, entre aplausos a discursos sin fundamento, deberá afrontar las consecuencias de un continuo sinsentido como es la COP —sobre todo en sus últimas ediciones—. Unas consecuencias que serán irreversibles para la protección medioambiental en una zona tan delicada como la Amazonía.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.