En el verano de 2009 estuve en El Escorial, en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Me había matriculado en el curso “Darwin y los 150 años de la Teoría de la Evolución” y, como suele pasar en esos encuentros, el verdadero debate se desbordó del programa. Uno de los momentos más intensos fue cuando la sala se dividió sobre si había que debatir “de tú a tú” con los propagadores del creacionismo. La pregunta era simple y, a la vez, brutal: ¿Al aceptar el debate con quienes niegan la Evolución, no estamos colocando su discurso en el mismo plano científico que la teoría que, desde hace 150 años, cuenta con toda la evidencia a su favor? ¿O, por el contrario, ignorarlos supone dejar libre el espacio para que su discurso se expanda sin oposición?

Años después, en España, vivimos un debate parecido, pero ahora en clave política y moral. Hace unas semanas, el escritor David Uclés anunció que no participaría en unas jornadas sobre la Guerra Civil española porque entendía que, al aceptar el formato de debate, se estaba blanqueando a quienes iniciaron el golpe de estado de 1936 y, de forma velada, legitimando discursos que aún hoy niegan la significación de esa guerra o la jerarquizan como si ambas partes fueran moralmente equivalentes. La tesis de operar con “equidistancia” —como si en ambos bandos se hubiera hecho “lo mismo” o “las mismas barbaridades”— choca con la historiografía y con la memoria de las víctimas. Uclés, como otros muchos, prefiere no compartir escenario con quienes intentan convertir una guerra civil, un golpe de Estado y décadas de dictadura en un simple contraste de “dos bandos”.

A partir de ahí, se ha reabierto una pregunta incómoda: ante ideas que muchos consideramos vomitivas, capciosas o abiertamente fascistas, ¿hay que debatirlas o dejarlas pasar sin réplica? ¿Todas las ideas son respetables? ¿Incluidas las racistas, negacionistas o fascistas?

Mi respuesta —y en esto nadie está obligado a estar de acuerdo— es que no todas las ideas son respetables. Lo que quizá sí sea respetable es el derecho formal a expresarlas dentro de un marco democrático. Pero respetar un derecho no equivale a reconocerle validez a ese discurso. Podemos reconocer que alguien tiene derecho a hablar sin por ello aceptar que sus palabras merezcan un espacio público igualitario, sin filtros ni contexto.

El problema real es el altavoz. Dar estrategia comunicativa a ideas que no superan el mínimo filtro de la dignidad humana no es neutral, ni “intelectualmente honesto”: es una decisión política. Y esa decisión tiene consecuencias. Cuando un medio de comunicación, un festival académico o una universidad decide que tal discurso merece compartir escenario con otros, está otorgando visibilidad y, en cierto modo, credibilidad. Y eso, en una sociedad herida por la memoria de la guerra, la represión y el olvido, no es inocuo.

He sentido curiosidad por lo que dice José Antonio Marina sobre este asunto en un reciente vídeo. Su planteamiento, en esencia, invita a no confundir “respeto” con “aprobación”: no se puede estar obligado a tratar como hermanos ideológicos a quienes defienden la exclusión, la violencia o el odio. Pero sí se puede exigir que, en un Estado democrático, no se les prohíba hablar, siempre que se mantenga firme el rechazo ético y la pedagogía pública. No son, en definitiva, posiciones incompatibles: se puede proteger el derecho mientras se condena el contenido.

El verdadero desafío, entonces, no es si hay que debatir o no, sino cómo se debata. No es un dilema entre censura y rendición, sino entre inteligencia democrática y arrojar gasolina al fuego. A veces, dejar plantado el escenario es una señal poderosa; otras, explicar con rigor por qué algo es inaceptable puede ser el mejor antídoto contra la normalización. En ambos casos, el punto de partida ha de ser claro: que el discurso nazi, racista, negacionista o fascista no merece el mismo nivel de respeto que el discurso democrático, laico, igualitario o feminista.

No todas las ideas son iguales. No todas merecen el mismo tratamiento. Y quizás, en un país como España, que aún no ha cerrado el capítulo de su Guerra Civil ni de su dictadura, lo más responsable es recordar que algunos debates ya están juzgados, no por dogma, sino por memoria, historia y justicia.

______________

José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.

La programación televisiva cuenta, en estos últimos tiempos, con amplios espacios dedicados al debate y al comentario de la actualidad. Parece que existe cierto interés en la audiencia, ya que son muchas las cadenas que, en horario de mañana y tarde, tratan —a través de contertulios con cierta relevancia— de opinar sobre la realidad más inmediata. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de programas?

Desde mi humilde opinión, creo que el objetivo primigenio y principal es que la audiencia conozca opiniones diversas —a veces excluyentes, otras complementarias— sobre los hechos que acontecen y que, de alguna manera, la ayuden a posicionarse ante ellos.

Opinar es posicionarse sobre un hecho objetivo, complementándolo con actitudes, experiencias y emociones. Estas opiniones son especialmente valoradas por los espectadores cuando provienen de profesionales de la información acreditados y medianamente solventes, o bien de personas de diferentes oficios con trayectorias consolidadas, socialmente aceptadas y tenidas en cuenta. La diversidad permite cierta capacidad de atracción de esta programación, nunca ajena a lo inmediato.

¿Cómo es posible que una cadena privada, en horario de cierta audiencia y en fin de semana, invite como comentarista y opinante de la realidad —la mayor parte de las veces política— a una exdiputada que tuvo que dimitir de su cargo por mentir? ¿Qué validez tienen sus posicionamientos?

¿Por qué se permite dar trascendencia mediática a las opiniones —desde mi punto de vista totalmente invalidadas— de quien mintió a la sede de la soberanía popular, mintió a sus votantes y nos mintió a todos los ciudadanos sobre asuntos neta y absolutamente relevantes desde el punto de vista ético (formación reglada personal)?

¿Cómo es posible que contertulios de cierto prestigio (directores de periódicos de tirada nacional, poetas, periodistas de consolidada trayectoria…) ayuden, compartiendo mesa, a “blanquear” a alguien totalmente “negro”?

Los límites deben estar totalmente claros. La ética y los valores son los únicos que nos hacen mejores; deben ser exigibles, y más aún en los medios de comunicación.

NO TODO NI TOD@S VALEN.

_____________

Esther Sánchez Lavín es socia de infoLibre.

El nuevo Superman (2025), de James Gunn, vuela mejor que sus predecesores pero es difícil darse cuenta porque, como en todas las películas contemporáneas de superhéroes, quizá con la excepción de The Batman (2022), de Matt Reeves, hay decenas de personajes que vuelan y el mundo que nos presenta está lleno de brechas dimensionales, agujeros negros, superarmaduras voladoras, objetos mágicos, metahumanos superpoderosos y extraterrestres que lanzan rayos. Haciendo memoria, la primera gran superproducción del género, Superman (1978), de Richard Donner, se presentó al mundo con un eslogan muy simple y que aludía a la promesa del prodigio: “Creerás que un hombre puede volar”. Era una promesa mínima y descomunal, y la película la cumplía. Había un único prodigio y todo lo demás era cotidiano —la vida en Kansas, el incesante trasiego de taxis de Metrópolis, Lois fumando y cometiendo horribles faltas de ortografía, Clark Kent tropezando en la redacción o en el ingente tráfico humano de las aceras…—, de modo que el milagro brillaba por su contraste brutal con lo común. 

Hoy en el género se multiplican los prodigios hasta la banalización: saltos temporales, multiversos, dioses nórdicos, alienígenas, clones, universos infinitesimales, naves de dimensiones colosales... La maravilla ya no es excepción, es paisaje, lo extraordinario es lo común y por tanto el prodigio es vulgar. Dicho de otro modo, el prodigio deja de existir como tal porque es rutina. Se obstará que la causa de esta hipertrofia es la posibilidad técnica, es decir, la digitalización del truco, pero también entre efectos digitales se pueden trabajar las proporciones para fijar la atención en aquello a lo que se le quiere dar dimensión, como veíamos en el uso del rotoscopio para crear el llamado bullet time (“tiempo de bala”) en Matrix (1999), de las hermanas Wachowski, o como demuestran las excepcionales coreografías de acción de los nuevos Mad Max del australiano George Miller.

Esta conversión de la hipérbole en rutina le ocurre al periodismo del presente, atado a los aspavientos de lo político. Entre los aforismos de esta ocupación menesterosa tan pródiga en ellos, es conocido uno que señala que “noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que uno hombre muerda a un perro”. A simple vista, la afirmación parece incontestable, pero nos remite a un debate de otro tipo relacionado con lo que tiene que ser un medio de comunicación. Porque en aplicación del aforismo, todos los medios serían como aquel célebre Mundo insólito, que giraba en torno a animales de varias cabezas, abducciones extraterrestres y asesinatos truculentos. Y sin embargo, los medios no son así —al menos, no la mayoría— sino que están comprometidos con trasladar un relato cabal sobre el mundo realmente existente, jerarquizado y con sentido de la proporción y la gravedad.

Las dialécticas normales de la política se empezaron a romper en España tras la derrota del Partido Popular en 2004 y de la mano de sus rimbombancias y exageraciones solemnes, la enmienda a la totalidad del adversario se convirtió en moneda de uso común. Pero el lenguaje tiene una flexibilidad limitada, y a partir de determinado punto de exageración no hay forma de incrementar la presión que no sea el descarrilamiento democrático o la comedia bufa. O, como vemos en Estados Unidos, las dos cosas a la vez.

Hay una razón profunda, de época, para que esto pase: habitamos una época barroca. El barroco fue quizá la primera vez en que la estética se articuló como política a priori, es decir, de forma consciente, reflexionada y con un objetivo no general sino específico. Tras el trauma que supuso la Reforma –una crisis de raíz democrática porque se cuestionó la autoridad de la curia para leer e interpretar los textos sagrados del cristianismo–, la Iglesia católica y las monarquías buscaban reforzar poder y legitimidad.

Se trataba de poner toda la carne en el asador de la estética para aturdir, emocionar y envolver al fiel en un espectáculo sensorial que anulase la duda y reforzase la fe. Mostrar la magnificencia de Dios y del monarca mediante lo abrumador: si el altar era tan desbordante, lo sagrado, el santo contenido en él, debía ser incontestable. No era solo arte, era propaganda en un sentido fuerte, que buscaba la persuasión y la disciplina con el objeto de ordenar la experiencia colectiva. En contra de lo que propugnaban los reformistas, lo sagrado no era accesible ni legible por el plebeyo y el exceso visual en torno a ello funcionaba como dispositivo de poder, impidiendo contemplar lo esencial con claridad, pero transmitiendo de forma inequívoca el mensaje de jurisdicción y muchedumbre de avíos.

Sin embargo, para un ojo educado es imposible no apreciar desde la distancia que el barroco significaba también la negación de lo extraordinario. Porque las volutas, columnas, arcos y querubines de pan de oro de los retablos asfixiaban a las figuras de la divinidad antes que subrayarlas: un Cristo malherido y con un taparrabos —como vemos cada año en las procesiones de Semana Santa— no puede competir con mil velones, quinientas flores y un palio de filigrana sin perder todo significado. El asombro se apoya en la proporción, la mesura y la razón. Sin ellos, lo asombroso solo es abrumador, como una de aquellas portadas del semanario amarillo Mundo insólito, que, por supuesto, además eran una colección de mentiras. La Ilustración devolvería a lo formal las dimensiones humanas, antes de que los ademanes románticos y nacionalistas devolvieran el colosalismo a un mundo fabricado para legitimar imperios en crisis. Y así, en unas pocas líneas hemos liquidado varias centurias, pues lo somero, ya se ha dicho aquí, es condición del periodismo.

En el periodismo de esta era neobarroca, como en el devaluado cine superheroico, los escándalos tapan a los escándalos, los lodazales a los lodazales, y los grandes finales se suceden unos a otros como en una película o una sinfonía que no sabe cerrar su propio discurso, porque todo ha perdido la proporción. El consumidor de periodismo no se conmueve, solo se hastía, proceso inmediatamente anterior a la renuncia.

Lo tremendo no necesita de subrayados porque se explica solo. Lo saben los buenos periodistas de sucesos: cuanto más truculento, trágico o arrasador es un acontecimiento, un accidente o un crimen, menos adjetivación requiere su crónica. A lo que habla por sí mismo no se le ponen intérpretes. Pero la sucesión de lo tremebundo solo genera estrés colectivo. Si al “mayor caso de corrupción de la democracia” lo sigue la “mayor crisis económica”, la “peor catástrofe natural”, “el escándalo definitivo”, “las palabras más infames”..., el ciudadano vive en estado de alarma permanente, atrapado en un bucle de urgencias. Y este presente de pandemias, eventos climáticos catastróficos y colapso del orden mundial multilateral, no necesita que unas filtraciones a la prensa o unos comisionistas ministeriales, tan habituales y ordinarios como que el sol salga cada día, reciban el mismo tratamiento que un genocidio que marcará para siempre el destino de una región del mundo. 

Si se sustituye la maravilla o la conmoción por el agotamiento, se alumbra una sociedad que ya no distinga lo grave de lo accesorio y que se deslice hacia la agonía informativa, incapaz de ordenar prioridades y al borde de abdicar al unísono del periodismo y de la política, pilares que sostienen en un equilibrio siempre precario a la civilización democrática. 

El periodismo debería devolver al público un suelo de normalidad, base de la proporción y la gravedad de cuanto nos ocurre, como Superman necesita un Clark Kent incapaz de subirse a un ascensor siempre atestado para que volar aún signifique algo. 

Un viejo maestro llamado Manuel Portela (1944-2022) –uno se ha pasado cuatro décadas ejerciendo de padawan al cobijo de una sucesión de extraordinarios mentores–, brillante economista con largo desempeño en medios (comentarista de bolsa en El País, articulista en ABC, consejero editorial de Vocento y director durante años del prestigioso consenso económico de coyuntura de Price Waterhouse Coopers), me explicaba, allá por el cambio de siglo, que Chernóbil había cancelado el debate, muy activo desde principios de los años setenta, en torno a la energía nuclear. Portela, como otro veterano maestro mío que oficia en estas mismas páginas, Jaime Miquel, entendía el juego político de las democracias como un mercado gobernado por la demanda, donde son los paisanos y no los líderes los que marcan las trayectorias de lo venidero. “No hay razón económica, política o social que pueda sobreponerse a las imágenes de los huérfanos deformes de los hospicios ucranianos, que han quedado grabadas en todas las conciencias occidentales”, decía entonces el sabio Portela. 

El accidente de Chernóbil no solo fue uno de los episodios postreros de la decadencia de la URSS, un acelerador del final, sino que cerró para muchas décadas el debate en torno a una energía asombrosa pero potencialmente apocalíptica y rodeada de un mal invisible y ubicuo llamado radiación. No hay ciencia, economía ni política que pueda combatir esa percepción social. Cuando el recuerdo del horror comenzaba a amarillear como una foto vieja, el accidente de la central de Fukushima, afianzó las dudas sobre la seguridad de las centrales. Que algo así ocurriera en Japón, un país proverbialmente previsor, localizado en el límite occidental del Cinturón de Fuego del Pacífico y que ha desarrollado toda suerte de protocolos e ingenios para prevenir los efectos de los terremotos –y de su subproducto más temido: los tsunamis– no ayudó en nada a modificar la percepción social del invento atómico, de la que da fe la resistencia de las poblaciones a tener cerca una central o a albergar un cementerio para encapsular sus residuos.

Con los años, el desarrollo de alternativas energéticas y los tremendos costes, no ya de construir, sino de mantener abierta una central nuclear acabaron por decantar un dilema que, si somos serios, ni siquiera existe ya, más allá de algún activismo nostálgico en redes sociales, subgénero cientifista del terraplanismo antivacunas. Y sin embargo, atendiendo a los medios, parece que en España exista hoy un debate vivo al respecto y que el Congreso de los diputados realmente está discutiendo si vamos a gastarnos lo que no tenemos en mantener abiertas esas peligrosas antiguallas. Cuando no es así, no existe tal discusión. ¿Por qué, entonces? Porque los políticos mienten porque se lo permitimos. Les hemos enseñado, de hecho, con nuestras cortesías.

Un viejo aforismo de este oficio señala que un periodista no debe contar que un paisano dice que llueve y otro dice que no llueve, sino que ha de sacar la mano por la ventana y decirlo, sin cortesía alguna para con quien miente. Pero ese hábito sencillo se complica con dos escenarios: el saber arcano y la política. El primer caso, que atañe al periodismo de divulgación científica y a sus derivados –empezando por el sanitario, como vimos en pandemia– convierte al periodista en rehén de unas fuentes cuyo saber experto condicionará el buen desempeño del cronista. Hay una vulnerabilidad intrínseca en nuestro ejercicio cuando tu trabajo solo puede ser tan bueno como el de aquellos que, con los años, hayamos convertido en nuestros sherpas para nuestras excursiones andariegas en territorios para los que carecemos de formación específica. 

El apagón –sus causas y posibilidad de réplica, como antes del volcán de La Palma–, toda vez la infinita complejidad del mercado eléctrico, es otra de esas expediciones en las que tuvimos que ponernos en manos del saber experto y confiar en haber escogido bien la fuente para ofrecer al público información inteligible, de calidad y no contaminada por intereses ocultos. Pero eso no incluye ningún debate sobre la energía nuclear, porque el público recuerda a los niños de Chernóbil, y esa es una certeza plúmbea e insuperable. Por cierto, en este tipo de informaciones en las que el saber es un arcano para el periodista, no incluye nada relacionado con las enseñanzas de las ciencias sociales o paracientíficas, como es el caso de la economía o del derecho. Porque son saberes, pero no son arcanos. 

La economía y el derecho en realidad están en el segundo grupo, el de la política, un ámbito contaminado de intereses, no siempre declarados y a menudo envueltos en el fariseo celofán del expertise. Valgan de ejemplo los augurios de los economistas que se han venido bregando en los medios los últimos años –no es necesario dar nombres: ellos lo saben, ustedes también y ellos saben que ustedes lo saben– y a los que la ruina del dogma neoliberal posterior a 2008 ha convertido en idiotas de lo público, pruebas de cómo la realidad desnuda la presunción científica y arcana de las ciencias sociales, que no tienen nada de ciencia y apenas son sociales.

Pero en la crónica parlamentaria y en la información política en general existe la cortesía periodística, una convención no regulada salvo en campaña electoral, de que uno ha de ordenar las intervenciones y el espacio que les concede en función del peso representativo de cada quien, sin juzgar lo dicho –su valor ni su veracidad–, y eso hace que al líder de la oposición, el que sea, se le conceda el segundo corte (o entrecomillado), al tercer grupo en representación, el tercer espacio y así sucesivamente.

Este hábito elimina la sanción a la mentira, la infamia, la insensatez o la imbecilidad. Y es una de las razones –ni la única, ni la principal– de que gente que dice idioteces (y que muy a menudo es tonta, por llamar a las cosas por su nombre) ocupe cargos de poder impensables hace solo unas pocas décadas. Por eso da la impresión de que hay hoy un pretendido debate político sobre las centrales nucleares, por las que ningún político del signo que sea apostará en los territorios, ante los vecinos: fingir que las apoyan es gratis en los medios y agrada a las compañías que quisieran recibir ayudas públicas para paliar el coste de ese muerto que son las centrales vetustas. Bastaría pues con tener la piel sensible al agua y sacar la mano por la ventana para saber que quien dice que llueve, miente.

Siempre conviene considerar los dictados del rigorismo periodístico, defensor de un ideal inalcanzable que tiene la virtud de decir verdad y el defecto de que, demasiado a menudo, es inaplicable cuando lo tienes que aterrizar en el mundo real de nuestros quehaceres. El Savonarola de lo nuestro, Arcadi Espada, sentenció desde su púlpito ya hace muchos años que un periodista no ha de mentir ni siquiera entre comillas. Cumplir tal mandamiento se antoja imposible, no nos engañemos, sin embargo, es perentorio recordarlo cada vez que uno escribe dos puntos y abre comillas, ese acto de abdicación de responsabilidades que no debería dejarnos dormir. Así de puñeteras son nuestras noches. Llueva o no.  

El debate en torno a los medios de comunicación ha tenido especial relevancia en este año que se dispone a finalizar. El problema es que, como casi todos los debates de nuestro tiempo, ha tenido lugar de una manera superficial y fragmentaria, que apenas deja ver, incluso a las personas preocupadas sinceramente por el asunto, a qué nos enfrentamos.

Primero un ejemplo concreto. Pedro Sánchez visita Paiporta el domingo 3 de noviembre, junto con el Rey y Mazón. Se producen escenas de enorme tensión en las que participan elementos de la extrema derecha ajenos al municipio. Sánchez debe suspender la visita. Más tarde declara: “No nos vamos a desviar pese a actos absolutamente marginales”.

Voz Pópuli titula ese mismo día a las 17:04: “Sánchez tilda de ‘absolutamente marginales’ a los afectados de la DANA que se han indignado con su visita a Paiporta”. La manipulación, más que evidente, es grosera. El presidente afirma que continuará su trabajo pese a unos sucesos violentos que considera muy minoritarios. El digital transforma esta declaración en un insulto a todos los afectados por la riada. 

A día de hoy la pieza sigue en el digital sin mayor corrección. No es una apreciación, ni una opinión, es simplemente una vulgar mentira. Sánchez no dijo lo que el titular afirma que dijo. Pero en este caso, como en otros cientos, de lo que se trata no es de informar, sino de engañar al público para fomentar y dirigir su odio contra Sánchez o contra quien toque.

Un medio de comunicación tiene línea editorial, es decir, una manera de ver la sociedad. Tiene interés empresarial, es decir, la búsqueda de que su actividad sea viable económicamente. Y tiene voluntad de influencia. Estos puntos son legítimos siempre y cuando no se impongan sobre la principal misión del periodismo: afirmar lo cierto.

La cuestión es que para una parte creciente de las empresas que se dedican a la comunicación el periodismo ha dejado de ser necesario. Pueden tener capacidad de influencia, ganar dinero y expresar su visión del mundo, al modo de actores políticos, sin necesidad de utilizar un gramo de periodismo. ¿Cómo es esto posible?

Pues por un fenómeno productivo. Lo digital ha permitido, en un proceso que dio comienzo hace dos décadas, que el negocio se divorcie de la legitimidad profesional. Cuando todo era papel también existía prensa amarilla y prácticas, en la presuntamente serIa, poco fiables. Algo de lo que no podías abusar si no querías perder tu crédito.

La prensa amarilla vendía periódicos, pero anunciarte en ella te restaba prestigio. El negocio de la mentira, entonces, era secundario. Las cabeceras prestigiosas tenían que mantener el periodismo como guía, para obtener buen material con el que vender periódicos y así conseguir los mejores anunciantes. El modelo no era perfecto pero funcionaba.

¿Por qué lo digital dio al traste con este escenario? Al fin y al cabo tan sólo estamos hablando de un cambio en la vía por la que llega el producto, el salto de un contenedor físico de tinta y celulosa a una pantalla. Tras una primera década de ensayo, la llegada de las redes sociales y servicios de mensajería instantánea fue el factor que alteró todo.

Los lectores pasaron a ser usuarios de un entorno fraccionado y fugaz, donde importaba menos el contenido del artículo que el titular. De esta manera, las piezas que más se empezaron a compartir no eran aquellas que contaban con un buen desarrollo periodístico, sino aquellas más impactantes, llamativas y que apelaban a los sentimientos básicos.

Los lectores dejaron de ser relevantes porque sólo se buscaba acaudalar una legión de usuarios que pincharan enlaces. No es casual que noticias, análisis, columnas, reportajes y crónicas pasaran a conocerse como contenidos, ese relleno sin función más que como mancha bajo el encabezado. 

Este modelo de negocio, al que no le importa un carajo lo cierto pero sí las métricas de consumo, funcionó con especial éxito en el periodo 2010-2015 en las revistas digitales de tendencias enfocadas al, por entonces, joven público millennial. Sin embargo, proporcionó a la extrema derecha, que irrumpió con fuerza en la segunda parte de la década, el ecosistema propicio para sus campañas de intoxicación masiva.

Lo interesante es que este modelo tiene dos graves debilidades. La primera es que es completamente dependiente de las redes sociales. Cuando Facebook cambió su algoritmo en 2018, medios como Vice o PlayGround se hundieron en unos meses de manera estrepitosa. No tenían lectores, tenían gente que compartía sus contenidos sin tener en cuenta la marca editora.

A los medios de la ultraderecha les ocurre algo muy parecido, por eso cuentan con generosas sumas de dinero de las administraciones públicas a las que defienden, como la Comunidad de Madrid. De momento, además, el algoritmo premia sus contenidos escandalosos por encima del buen periodismo. De momento.

Este pasado 6 de noviembre, Elon Musk, señor feudal de los unos y los ceros, afirmó: “Las noticias deben venir de la gente. De los que realmente están en el lugar de los hechos y son expertos en la materia”. A partir de entonces, no hay día en que el propietario de X no haya cargado contra lo que denomina “medios tradicionales”.

De la cita de Musk se desprende un populismo atroz. Para el millonario, eso llamado gente no es más que aquellos individuos que su red social selecciona para adulterar el debate público, los que prescinden de los hechos y son expertos, únicamente, en el engaño. Musk ataca a los medios porque quiere quedarse en exclusiva con el negocio de la comunicación.

La guerra abierta por Musk tiene todo el sentido, ¿para qué comprar el Washington Post, como ha hecho Jeff Bezos, cuando puedes deslegitimar al sistema mediático entero, ya dañado, y sustituirlo con una red social de tu propiedad? Nos encaminamos hacia un mundo donde la censura no será necesaria porque sólo se escuchará a los que se expresen como los dueños de los algoritmos quieren.

Por eso, con sus errores, el periodismo es hoy más necesario que nunca. Hay un modelo alternativo al negocio comunicativo que depende de los caprichos de las redes, a la propia tiranía de Musk y sus secuaces. Uno que construye una comunidad firme de lectores en torno a un trabajo decididamente profesional.

Queda camino por recorrer, sobre todo porque el ciudadano medio no puede pagar una suscripción por cada buena pieza que necesite leer. Queda encontrar la manera de respetar la pluralidad y hacer viable el negocio ofreciendo una alternativa conjunta. Nunca sobraron tantos malos titulares, nunca nos hicieron falta tantas buenas noticias. 

La extrema derecha, a las puertas del poder en Francia, tiene las claves de la supervivencia del nuevo primer ministro. Fuera de control, Emmanuel Macron se niega a tener en cuenta los resultados de las elecciones legislativas, pisoteando los principios parlamentarios. La izquierda, que ha logrado unirse, no consigue hablar con una sola voz para contrarrestar la toma de poder del Elíseo.

En este contexto político extremadamente preocupante, en el que la misión de interés general de los periodistas adquiere todo su sentido, los Estados Generales de la Información (EGI, proceso de reflexión lanzado en 2023 para afrontar los retos derivados de la revolución digital, ndt) acaban de publicar sus conclusiones. Los nueve meses de trabajo, ensombrecidos por la muerte de Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras (RSF), nombrado en noviembre de 2023 por Emmanuel Macron para dirigir este proyecto basado en las contribuciones de profesionales, ciudadanos e investigadores, culminaron el jueves 12 de septiembre con la presentación de quince propuestas para “salvaguardar y desarrollar el derecho a la información”.

Frente al peligro que corremos, este plan de acción, adoptado por los miembros del comité de dirección, todos ellos seleccionados por el presidente de la República, es de una simpleza extrema.

Y sin embargo, ya desde la introducción, queda claro que existe una “emergencia democrática”, así como la necesidad de que la información, bien público y bien común a la vez, ocupe un lugar central en la escena pública, para garantizar un debate informado basado en hechos verificados, contrastados y documentados, y por tanto reconocidos y compartidos por todos.

Pero bajo un barniz apolítico, las propuestas se ven debilitadas por un escollo importante: sitúan la amenaza casi exclusivamente en los algoritmos, las redes y la inteligencia artificial, es decir, la tecnología, omitiendo nombrar a los verdaderos enemigos del derecho a saber, es decir, los actores políticos y económicos, incluidos los medios de comunicación, que utilizan esas herramientas y otras en su beneficio, aunque eso signifique dañar a la democracia. Al centrar su atención en las alteraciones digitales actuales, antes de examinar las disfunciones estructurales en Francia, el comité de dirección, presidido por Bruno Patino, responsable de Arte, impide encontrar soluciones a la altura del desafío.

Se ha soslayado así una de las funciones fundamentales de los medios de comunicación. Los periodistas no son los amables organizadores de un debate pacífico. Al ejercer su ojo crítico, constituyen un contrapoder esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Nuestro papel social es pedir cuentas a los poderes económicos y políticos, en nombre de los ciudadanos, y denunciar los abusos.

En un momento en que nuestras instituciones flaquean y los medios de comunicación están sometidos a la voracidad de unos cuantos depredadores multimillonarios, más preocupados por su propia influencia que por el interés general, es vital no elegir el blanco equivocado. Para devolver la información al lugar que le corresponde, la prioridad es reforzar drásticamente la independencia de los periodistas, piedra angular de todo el edificio.

Sin embargo, el comité de dirección de los EGI, para no encararse con los accionistas –éste es el otro escollo de estas propuestas– se niega a defender el derecho de aprobación y el derecho de revocación sobre el nombramiento de los jefes de redacción, lo que permitiría a los equipos disponer de un derecho de control efectivo sobre sus superiores jerárquicos elegidos por los propietarios. Sólo parece una lamentable copia de lo anterior, con la posibilidad de que los “comités de ética emitan un dictamen”. Esos derechos de aprobación y revocación, apoyados por parlamentarios de todos los colores, ya existen en algunos periódicos, como Le Monde, Libération y Mediapart, y nunca han desestabilizado a esas empresas; al contrario, han contribuido a reforzar y dar poder a los colectivos de periodistas.

Garantizar la independencia de la profesión significa también luchar activamente contra su precarización. Es lamentable que este aspecto, que afecta a los free-lance y a los más jóvenes, esté completamente ausente del plan de acción.

Del mismo modo, las medidas preconizadas para proteger el secreto de las fuentes y luchar contra los procedimientos mordaza son insuficientes, habida cuenta de los ataques masivos que sufren los periodistas y las empresas de comunicación. El informe propone, en efecto, “reducir” las excepciones al secreto de las fuentes y la intervención de un juez antes de cualquier procedimiento judicial, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero guarda silencio sobre el secreto comercial, en nombre del cual se han obtenido censuras, y sobre la protección de los denunciantes. Además, no hay sanciones por violar la confidencialidad de las fuentes.

Contra el acoso judicial, destinado a intimidar y silenciar recurriendo a procedimientos penales o comerciales (secreto de empresa, secreto de defensa, denigración comercial, etc.), la fórmula propuesta carece de la ambición necesaria para esperar desalentar las elusiones de la ley de prensa de 1881.

Para garantizar el pluralismo de la información, deberíamos haber estado dispuestos a hacer frente a los accionistas luchando activamente contra la concentración de los medios de comunicación. La situación actual en Francia es caricaturesca: una decena de grupos industriales o financieros, que en su mayoría no se dedican a la información, controlan la mayoría de los “grandes” medios privados. Este estado de cosas agrava inexorablemente la desconfianza del público, que exige con razón una información no sólo diversa, sino también libre de los intereses creados de los propietarios de los medios de comunicación.

En un momento en que se estrechan los vínculos con los dirigentes políticos, y en particular con el ejecutivo, las sospechas no pueden sino aumentar. Es elocuente el ejemplo del grupo de Vincent Bolloré, que no cesa de aumentar su dominio sobre Europe 1, CNews, Paris Match y Le Journal du dimanche (JDD) a base de noticias falsas y mensajes de odio. Sus objetivos hegemónicos y destructivos para el Estado de Derecho son bien conocidos. Sin embargo, no se ha hecho nada para impedir la toma de control del JDD en el verano de 2023, después de que despidieran a sus periodistas tras una huelga sin precedentes de cuarenta días.

El hecho de que Pascal Praud, el presentador estrella de CNews, se enterara de la decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional incluso antes que el entonces primer ministro y casi todos los ministros, demuestra la porosidad entre esos dos mundos. Gracias a esa confidencia, el grupo puso todos sus medios de comunicación al servicio de la extrema derecha, montando el juego, deseado por el jefe del Estado, entre la “macronie” y la Agrupación National. La elección del nuevo primer ministro, Michel Barnier, del JDD para escribir una columna nada más ser nombrado, confirma esa alianza estratégica, la única prevista por el presidente de la República, aunque resultara perdedora en las urnas.

Pero en lugar de abordar este importante problema democrático, el comité de dirección de los Estados Generales de la Información se contenta con tímidas medidas que difícilmente van a preocupar a Vincent Bolloré ni a los multimillonarios que utilizan “sus” medios de comunicación como máquinas al servicio de su influencia.

Tal y como recomiendan los participantes en los Estados Generales de la Prensa Independiente, lanzados a iniciativa del Fondo por una Prensa Libre (FPL) en el otoño de 2023, en primer lugar habría que haber prohibido a todo grupo industrial cuya actividad principal no sea la información convertirse en operador directo de un medio de comunicación. Después habría que haber revisado completamente la ley de 1986, bajando los umbrales de concentración. Por último, habría sido útil exigir que los acuerdos firmados por la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), para la concesión de frecuencias TDT públicas y de libre acceso prohibieran la transformación de una cadena de información en una cadena de opinión que difunda noticias contrarias a los principios deontológicos de los periodistas.

Para sanear el panorama mediático y garantizar la transparencia de su financiación, el informe lamentablemente no identifica la necesidad de revisar las subvenciones a la prensa. Hoy en día, esas subvenciones benefician a los mismos pocos propietarios que tienen todo el poder en sus manos. Para una mayor equidad, deberían reservarse a los medios independientes, estar condicionadas al cumplimiento de las obligaciones legales y las exigencias deontológicas y, por supuesto, retirarse en caso de condena por comentarios sexistas, racistas, LGTBfóbicos o discriminatorios.

Como la falta de transparencia en su distribución no hace sino aumentar la desconfianza ciudadana, deberían estar sujetos a obligaciones de transparencia, como la publicación anual de las cuentas, los accionistas directos e indirectos y las subvenciones directas públicas y privadas recibidas y su destino.

Básicamente, las medidas más interesantes van dirigidas a contrarrestar el poder de las plataformas digitales, que de hecho constituyen un gran peligro al privatizar el espacio global de la información en beneficio propio. Sin embargo, aparte de que el comité director haya pasado por alto la cuestión central de la remuneración justa de los derechos conexos de la prensa y la consiguiente necesidad de transparencia, es comprensible que estas medidas se incluyan en el plan de acción, dado que los accionistas temen perder sus prerrogativas en un pulso que les es desfavorable.

En un discurso con motivo de su salida como accionista del St. Louis Post-Dispatch, el magnate de la prensa Joseph Pulitzer, no precisamente un extremista, declaraba que ese periódico de Missouri “luchará siempre por el progreso y la reforma, nunca tolerará la injusticia ni la corrupción; atacará siempre a los demagogos de todos los partidos, se opondrá a las clases privilegiadas y a los explotadores del pueblo, nunca carecerá de simpatía por los pobres, permanecerá siempre consagrado al bien público”. “Nunca se contentará con imprimir noticias y mantendrá radicalmente su independencia”, prosiguió.

Más de un siglo después, cabía esperar más valentía y claridad sobre las batallas que se avecinan por parte de un organismo que se supone representa los intereses de la profesión y del público. Sobre todo teniendo en cuenta que sólo se trata de propuestas y que no hay garantías de que vayan a incluirse en un futuro proyecto de ley.

________________________

Carine Fouteau es presidenta y directora de Mediapart, socio editorial de infoLibre.

Traducción de Miguel López

El presidente del Consell de la Información de Catalunya (CIC), Josep Carles Rius (Valls, Tarragona, 1956), acumula años de experiencia y de debates sobre la salud de periodismo y la necesidad de regular una profesión en horas bajas. También en la universidad y en el Col.legi de Periodistas de Catalunya, el más antiguo de España y la principal referencia para los que han venido después.

Rius, que acaba de publicar Periodismo y democracia en la era de las emociones (Universitat de Barcelona, 2024) un ensayo en el que reivindica un periodismo responsable, honesto y comprometido, porque la información veraz e imparcial es la mejor salvaguarda de la libertad y la justicia y sin él la democracia no es viable, conversa con infoLibre acerca del periodismo en España y los pseudomedios, así como sobre las herramientas capaces de dibujar una frontera nítida entre ambos.

¿Cuál es la experiencia del Consell de la Información de Catalunya?

Nació muy influenciado por la generación de periodistas que vivió y ejerció la profesión durante la época de Franco. Habían vivido el franquismo y insistían mucho en la autorregulación porque cualquier regulación que viniese por parte del Estado la veían con preocupación. De ahí que tanto el Col.legi de Periodistas de Catalunya como el CIC tengan en su ADN una autorregulación que no deja la decisiones sólo en manos de los periodista, sino que incorpora a la sociedad civil para evitar que sea una organización gremial. Es una entidad creada para defender a la sociedad de las malas prácticas del periodismo. 

¿Qué ha pasado desde entonces?

Ha habido cambios muy importantes. Sobre todo en la última época, con todo el nuevo ecosistema digital y una cierta degradación política y mediática. Y eso hace que tengamos que volver a repensar si con la autorregulación es suficiente. 

Si lo que dijo el presidente del Gobierno de la necesidad de regeneración democrática va en serio, hay que ponerse las pilas. El Parlamento Europeo ha aprobado una ley, la Ley de Libertad de Medios, que es muy interesante. Pues vamos a aplicarla aquí. ¿Por qué no legislamos para desarrollar en España la Ley de Libertad de Medios que tenemos en el marco europeo? 

Lo que no puede ser es que nadie sepa ni cómo se financian ni quién está detrás de todos estos medios. Una ley de transparencia muy rigurosa sería importante. Y esa otra ley que se quedó en el tintero en la anterior legislatura, que era la que desarrollaba la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Esa ley decía que “se entiende por medio de comunicación todos aquellos canales que difundan información veraz y que estén sustentados en una sociedad editora o persona física propietaria comprometida con las buenas prácticas y códigos deontológicos que rigen el periodismo”. Y esto es poner en el centro de la labor de un medio de comunicación el cumplimiento de la ética. Yo creo que esto es básico: si queremos regeneración democrática, lo que hay que hacer es sacar esta ley del armario y aprobarla. Porque, al final, lo que define a un medio de comunicación es que esté comprometido con la veracidad y con la deontología. Eso es lo principal. 

¿Qué otras medidas se pueden impulsar?

En Cataluña, durante los gobiernos de Maragall y de Montilla, cuando yo era decano del Col.legi de Periodistes, conseguimos que para dar subvenciones públicas fuese un requisito tener el aval del Consell de la Informació de Cataluña. Esto yo creo que es súper importante. Es regular las ayudas, el dinero público que va a los medios. Conseguimos que fuesen transparentes y que no se recibiera dinero público si no se cumple el código deontológico. 

Pero no duró. A los medios les sentó fatal. Hicieron lobby, hicieron presión y cuando llegó el Gobierno de Artur Mas se cargaron la normativa. Dejó de ser un requisito imprescindible contar con el sello del CIC para conseguir subvenciones. Con la transparencia de los medios y con la transparencia y control del dinero público que va a los medios ya tendríamos un gran avance. 

En España ni siquiera existe un Consejo Audiovisual, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.

En Cataluña lo tenemos y funciona con muchos problemas. Está muy politizado. Pero, ¿por qué no hay un Consejo de Audiovisual en España? ¿Por qué Telecinco y Antena 3 pueden hacer lo que les dé la gana mientras ocupan un espacio radioeléctrico que es de todos?

Se supone que la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) hace esa labor de supervisión.

En la práctica no lo hace. Porque no entra en valorar el factor del servicio público. Si tienes una televisión, ocupas un espacio que es de todos y tienes que tener una serie de requisitos de servicio público. No puede ser lo de llenar horas y horas de televisión basura o tertulias con discurso de odio. 

Otra cosa es el problema de la supervisión de los medios escritos.

Existe el Consell de la Informació de Cataluña, también en Andalucía, y está la Comisión de Quejas de la FAPE, que no equivale a un Press Council como los que hay en Europa. En España no hay un Press Council con atribuciones.

Y luego tenemos el problema de los medios públicos.

Esa es la tercera cuestión. Al final, la mejor forma de luchar por que se dignifique la televisión en España es tener unos medios públicos potentes y sobre todo creíbles y gestionados desde un punto de vista ético. Que saquen los colores al resto de medios audiovisuales haciendo un trabajo mucho más responsable. Hace falta blindar la televisión pública y que, sobre todo, esté en manos de profesionales responsables y que hayan demostrado que están comprometidos con el servicio público a lo largo de su trayectoria profesional. Es decir, que yo creo que, sin entrar en una regulación estricta por parte de las administraciones, tenemos un gran campo para trabajar.

¿Hay que regular a las plataformas digitales? 

Todo este periodismo basura se canaliza a través de las plataformas, a las que hay que pedirles responsabilidad. Porque si una plataforma multiplica un bulo, se tiene que hacer responsable de ese bulo. Con esto en Europa se ha puesto las pilas y yo creo que están haciendo avances.

Hay muchos campos sobre los que actuar.

Es un problema tan transversal, tan diverso, tan complejo, que hay que pensar un conjunto de medidas preservando, evidentemente, la libertad de información. Y la libre concurrencia, porque estos medios hipersubvencionados con intereses inconfesables, están compitiendo con medios que sí que hacen su trabajo. Es una competencia desleal. 

Nosotros hemos hecho en Cataluña varios comunicados conjuntos con las once universidades que tienen algún tipo de estudios de periodismo en Cataluña diciendo que se está pagando con dinero público el periodismo basura. La audiencia no es un criterio objetivo, porque si tú incumples el código deontológico y haces un clickbait bestial, engañas y potencias el discurso de odio que tienen mucha difusión en la red, puedes conseguir audiencias muy altas. Y encima, estas audiencias te las financian con dinero público. Es un círculo vicioso absolutamente perverso. Nos ha pasado en Cataluña, está pasando en la Comunidad de Madrid y está pasando en muchas comunidades. Esto hay que denunciarlo.

¿Ayudará la Ley Europea de Libertad de Medios?

Yo creo que sí. Porque se han creado monstruos con este sistema que hace que una comunidad autónoma genere a base de dinero público un ecosistema mediático absolutamente artificial que compite de manera desleal con los medios que cumplen los criterios éticos y que nunca harán estas prácticas. Un ecosistema que contamina absolutamente la opinión pública, porque está introduciendo mensajes vinculados al odio absolutamente antidemocráticos. 

Si no es la audiencia, ¿qué criterio debería regir el reparto de publicidad o de dinero público?

Aquí es donde tendría que intervenir el Press Council, este sello que nosotros tuvimos aquí en Cataluña durante el tripartito: que la administración tenga un dictamen acerca del servicio público que hace cada medio. Tiene que haber criterios cualitativos, porque puede haber medios pequeños con audiencias modestas, pero que son muy importantes socialmente. La prensa local, un medio de una comarca, por ejemplo, es importantísimo porque cohesiona una comunidad que está despoblándose. No va a tener las audiencias de Foro Coches, pero en cambio es importantísimo allí. Tiene que haber criterios cualitativos, no cuantitativos, porque si no lo que haces es fomentar el periodismo basura. 

¿Y quién vigila? ¿Debe haber capacidad para sancionar?

Yo en lo que creo es en la autoridad moral, porque no tenemos otra. En el CIC no ponemos sanciones, hacemos dictámenes que sacan los colores a los periodistas y a los medios. La autoridad moral nos la hemos ganado en 30 años de historia. Yo defiendo un Press Council de ámbito español que sea confederal, que esté formado por los Press Councils de las diferentes comunidades, porque cada comunidad tiene su propio ecosistema mediático.

No parece fácil.

Tal como está la profesión en España, es difícil tener un Press Council de consenso. Pero hay que intentarlo. Y que, sobre todo, sea percibido por la sociedad no como un organismo gremial de los periodistas, sino como una entidad que vela por la calidad democrática y en favor de la sociedad. La profesión tiene suficientes periodistas serios, con grandes trayectorias, como para poder formar un Press Council a escala española que pueda hacer esta función. 

Defiendes la definición legal de un medio como aquel que se compromete a cumplir el código deontológico. Pero los pseudomedios dicen que lo cumplen, así que el problema es quién supervisa.

Cumplir el código debe ser un criterio, por ejemplo, para decidir quién puede optar a publicidad institucional. Ellos pueden decir: “Cumplo el código deontológico”, pero un Press Council, con autoridad moral, puede decir: “Pues no”. A través de las quejas que recibimos de la gente, nosotros hacemos dictámenes y detectamos que existen medios en los que la práctica habitual es el incumplimiento del código. Con clickbaits brutales, con noticias no confirmadas. Estos medios, que ya los tenemos localizados en nuestro ámbito, que reciben quejas de los ciudadanos, a los que nosotros hacemos dictámenes en contra y no cumplen el código, la Generalitat debería preguntarnos antes de de conceder las ayudas para poder decirle que quien incumple sistemáticamente el código no tiene derecho a ayudas públicas. Y creo también en un Press Council que pueda decir qué empresas del IBEX, por ejemplo, están financiando medios que deterioran la convivencia.

¿Qué opinas sobre la discusión, que siempre vuelve, en torno a quién puede ejercer el periodismo?

Es un debate eterno. Tenemos ejemplos de gente que ha ejercido el periodismo de forma excelente y que no tenían el título. Y gente que tiene el título y hace barbaridades. Yo con esto creo que hay que tener una mirada amplia. A mí no me preocupa si una persona ejerce el periodismo de forma honesta y no tiene título. 

Más de 11,6 millones de habitantes en España viven en municipios sin ningún medio que les proporcione información local sobre el área en la que viven. Esta cifra forma parte de las conclusiones del estudio Sin población, sin noticias: desiertos informativos y áreas en riesgo en España, que acaban de publicar los investigadores de la Universidad de Santiago Cruz Negreira, Jorge Vázquez y Xosé López.

Es una cifra “alarmante”, subraya el informe, porque significa que “el 24.51% de la población española vive en lo que los investigadores denominan “desiertos informativos”, una expresión que define el territorio, cada vez más extenso, en el que los ciudadanos carecen de uno de los ingredientes fundacionales de la comunidad y del sistema democrático. Son los municipios en los que la gente puede “no tener sus necesidades críticas de información cubiertas”.

Y la situación va camino de agravarse: otro 9,47% de la población vive en uno de los 523 municipios en riesgo de convertirse en desiertos informativos, es decir, que a finales del año pasado solo estaban cubiertos por un medio.

Los estudios que se han llevado a cabo sobre el impacto de este fenómeno en el resto del mundo han llegado a conclusiones comunes sobre sus efectos adversos “que también podemos aplicar al caso español”, señala el informe. “Los residentes de los desiertos informativos no reciben información profesional actual o información publicada en medios tradicionales” y eso les expone mucho más a recibir información a través de otros canales, como redes sociales permeables a la desinformación. “Y esto perjudica su funcionamiento democrático, cohesión social o sentido de comunidad. Los vecinos y las organizaciones locales no están representados en los medios, no obtienen visibilidad real para sus comunidades y carecen de un servicio público fundamental para tomar decisiones que afectan su calidad de vida”.

Si entendemos que el periodismo debe ejercer como contrapoder y asumir un papel fortalecedor de la democracia, lo que está pasando en los desiertos de noticias “es un problema moderadamente grave”, confirma la profesora de Comunicación Cruz Negreira. La ciudadanía que vive en esas áreas despobladas de medios y de información no está pudiendo cubrir sus necesidades informativas básicas”. Y eso “es un riesgo potencial para el funcionamiento democrático de esas comunidades, que seguramente tenga impacto a nivel comunitario o nacional”.

Donde no hay periodismo profesional, explica, se crean las condiciones para “que haya una ausencia total del relato de lo que ocurre en esos municipios o en esos territorios. Supone que no haya vigilancia del poder” y eso es “un factor de riesgo más asociado a la desinformación”.

En ausencia de medios y de periodistas profesionales, “la ciudadanía crea, o puede crear, sus propios mecanismos de comunicación a partir de las redes sociales” susceptibles de “caer de forma mucho más fácil en las dinámicas propias de la desinformación”.

Los autores del estudio todavía no han llegado a conclusiones concretas sobre esta derivada del problema, pero ya están en ello. Será su siguiente paso. Para averiguarlo, están examinando “qué rutinas de consumo informativo tienen los ciudadanos que habitan en esas zonas”.

Una de las conclusiones del informe es que, en el caso de España, la desigualdad territorial en el acceso a la información local va de la mano con la desigualdad poblacional. “Hemos encontrado que los municipios con menos habitantes y aquellos que han sufrido procesos de despoblación en los últimos años son los que tienen menos medios y son más frecuentemente desiertos informativos”. La despoblación emerge así como un factor de riesgo determinante en la aparición de desiertos informativos, “al igual que el índice de riqueza, aunque en menor grado”.

De los 4.929 municipios que perdieron más del 1% de su población en el período 2001-2021, el 88% son desiertos informativos, “lo que debería preocupar” desde el punto de vista de “la protección del ecosistema mediático y el acceso a la información local en territorios despoblados”.

En el conjunto de España hay claras diferencias en la presencia de desiertos informativos en las diferentes comunidades autónomas. Hay cinco en las que más del 90% de sus municipios pueden considerarse desiertos informativos: Castilla y León (96.89%), La Rioja (95.98%), Comunidad Foral de Navarra (93.38%), Castilla-La Mancha (90.86%) y Cantabria (90.19%). En ellas hay porcentajes de población de entre el 30% y el 50% que pueden no tener cubiertas sus necesidades críticas de información.

En la posición opuesta están cinco comunidades autónomas con un porcentaje de municipios considerados desiertos informativos de menos del 60% y con menos del 20% de su población en estos territorios. Son Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Comunidad de Madrid y País Vasco. Las tres que destacan por sus ecosistemas de medios locales (Cataluña, Galicia y País Vasco) son comunidades autónomas con sus propios idiomas oficiales además del castellano.

La relación entre este problema y la despoblación puede parecer obvia, pero Negreira llama la atención sobre la ausencia de referencias a los desiertos de noticias cuando se reseñan los retos y se buscan soluciones a la España vaciada. “Falta poner un poco de atención en ese servicio informativo y periodístico, que claro, muchas veces se asume que no es la prioridad absoluta, pero que tiene su importancia”, en particular en lo que afecta al funcionamiento democrático de las sociedades y la capacidad de las comunidades afectadas de “construir su identidad”. “El acceso a la información local y la protección de los medios locales deben contemplarse como parte de la estrategia del gobierno contra el llamado reto demográfico”, remarca el estudio.

Las crecientes áreas informativamente yermas contrastan con el rico y creciente ecosistema de medios digitales en España. El motivo es que los medios digitales tienden a concentrarse en las ciudades más pobladas y en las capitales de las provincias. “Además”, precisa el informe, “la mayoría de ellos tienen un alcance regional o provincial, con un menor peso de los medios locales que cubren áreas municipales o comarcales más pequeñas y remotas, y con una presencia excepcional de medios hiperlocales”.

Se trata de un fenómeno, concluyen los autores del estudio, que “necesita ser abordado en España. Hay un gran territorio y más de 11 millones de habitantes que no tienen sus medios locales para contar su realidad y satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos reconocido por la Constitución española”.

En Estados Unidos, donde hace años que se ha detectado el problema y sus graves consecuencias para el funcionamiento del sistema democrático, se están ensayando mecanismos de financiación pública para tratar de mantener vivo el periodismo local. Pero que son difíciles de plantear en España, donde el flujo de dinero desde las instituciones a los medios está permanentemente bajo sospecha.

Es un problema difícil de solucionar, concede Negreira, y todavía estamos en la fase de tomar conciencia sobre él. “La ciudadanía tiene que entender que el periodismo ocupa un espacio en nuestras democracias importante y necesario”, pese a la “pérdida generalizada de confianza” por parte del público que está sufriendo.

En las comunidades locales, defiende la coautora del estudio, se debería reforzar el apoyo ciudadano, empresarial y de los gobiernos locales a los medios de comunicación. También por parte del sector profesional, los colegios y las asociaciones de periodistas, deberían reivindicar la necesidad de los medios locales.

La solución, en todo caso, “no es fácil”, admite. “Al estar muy vinculado al tema de la despoblación”, si eso no se corrige, “al final no hay solución tampoco para los medios”.

La habilitación para el ejercicio del periodismo en Europa está lejos de ser homogénea. Los modelos de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal siguen filosofías contrapuestas en términos de regulación y de sanción de las conductas contrarias a la deontología periodística.

Los más parecidos a la situación en España —acceso libre a la profesión sin restricciones y ausencia total de sanciones por incumplimiento de las normas de conducta profesional, más allá de la posibilidad una reprobación sin consecuencias por parte de una comisión dependiente de la FAPE— son Alemania, Francia y Reino Unido. Y los más distantes, Italia y Portugal. 

El periodismo alemán, sin apenas regulación, ocupa el puesto décimo en la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). El portugués, uno de los más supervisados, está en el séptimo lugar.

infoLibre repasa a continuación, uno a uno, los sistemas que rigen en estos cinco países.

La situación del periodismo alemán es muy parecida a la que rige en España. Cualquiera puede autoproclamarse periodista y trabajar como tal. No hay restricciones.

Desde 2018 existe un un carné de prensa, para acreditarse en eventos o identificarse ante la policía en manifestaciones o escenas de accidentes que es emitido por las cuatro principales asociaciones de editores y sindicatos de periodistas y que lleva la firma del primer ministro del respectivo estado federal. 

“Es una tarjeta que solo se otorga a periodistas que pueden demostrar que obtienen sus ingresos a través del periodismo como trabajo a tiempo completo”, puntualiza a infoLIbre Sonja Volkmann-Schluck, Asesora de Relaciones Públicas del Deutcher Presserat (Consejo Alemán de Prensa), creado en 1956 y formado por las principales asociaciones alemanas de editores y periodistas. 

El Deutcher Presserat (DP) se ocupa sólo de la prensa tradicional y de las publicaciones online. Para la radiodifusión hay otras autoridades responsables (Landesmedienanstalten para la privada; Rundfunkrat para la pública). 

“Alrededor del 95% de los grandes editores son miembros de las dos organizaciones de editores BDZV y MVFP” y “reconocen nuestra autoridad comprometiéndose con el código de prensa”, explica Volkmann-Schluck. Desde 2020, los medios nativos digitales están regulados por los Landesmedienanstalten si no están regulados por el DP.

 El Consejo Alemán de Prensa se ocupa, entre otras cosas, de examinar las quejas de lectores y usuarios, pero la sanción más dura es la amonestación pública. Eso sí, con obligación de imprimirse en el medio afectado, lo que ya marca una diferencia con el sistema español.

Entre las sanciones publicadas en lo que va de año por el Deutcher Presserat hay reproches a la mezcla de contenidos comercial en un editorial, a llamar “asesino” a una persona todavía no condenada o a la presentación de meras acusaciones como hechos comprobados.

Para ejercer el periodismo en Italia solo hay que estar en plena posesión de los derechos políticos y civiles, tener un diploma de secundaria —hay una propuesta de reforma para exigir, al menos, una licenciatura universitaria— y elegir una de las dos vías para la inscripción al Ordine dei Giornalisti (Colegio Nacional de Periodistas). 

La primera vía es para ejercer como periodista profesional. La segunda, da derecho a a ejercer de forma ocasional y no exclusiva (da cobertura a los colaboradores que no tienen el periodismo como ocupación principal, pero también a los fotógrafos).

Los dos caminos conllevan la inscripción en un registro (el de periodistas profesionales y el de colaboradores) que “es obligatoria para ejercer la profesión”, explica la periodista italiana Paola del Vecchio, presidenta del Círculo de Corresponsales Extranjeros en España.

Para conseguir la inscripción como periodista profesional es necesario acreditar una práctica de al menos 18 meses como periodista en una redacción y cursos de formación profesional organizados por el Ordine dei Giornalisti, después de lo cual hay que superar superar un examen final de idoneidad profesional. O, en su caso, completar dos años de estudios en alguna de las 11 escuelas de periodismo reconocidas por el colegio nacional de periodistas en todo el país.

El examen comienza con una prueba escrita con preguntas sobre el papel y la función del periodista, la deontología y la ética profesional y cultura general, así como técnicas y prácticas de los distintos medios e historia del periodismo.

Una vez superada la prueba escrita, se accede a la oral delante de una comisión nacional de siete miembros, presidida por un magistrado de Corte de Apelación de Tribunal, otro magistrado y cinco periodistas profesionales con al menos 10 anos de experiencia. 

Los colaboradores se pueden inscribir como tales si acreditan haber desarrollado actividad periodística retribuida y continuada durante por los menos dos anos. No tienen que hacer el examen final ni la práctica de 18 meses, pero queda a criterio del Ordine dei Gornalisti aceptar la solicitud o rechazarla. 

El periodismo italiano no sólo tiene regulado el acceso a la profesión sino las sanciones que conlleva incumplir el Código Deontológico. Una norma aprobada en 1963 establece incluso la posibilidad de perder la inscripción en el registro y con ella el derecho a ejercer el periodismo. 

El periodista italiano Mauro Aurelio Bafile cita dos ejemplos en conversación con infoLibre. El de Sergio Versicchio, expulsado por repetidos insultos sexistas contra una árbitra durante una crónica radiofónica., y el del subdirector de Libero expulsado por haber colaborado con los Servicios Secretos italiano y por haber publicado noticias a cambio de dinero.

En Francia no existe “absolutamente ningún requisito” para ejercer como periodista, confirma Yann Philippin, miembros de la redacción de Mediapart, socio editorial de infoLibre. “No necesitas un diploma específico”. Lo que hace a alguien periodista “es la publicación en un medio”. 

El Código del Trabajo francés define al periodista profesional como “cualquier persona que tenga como actividad principal, regular y remunerada, el ejercicio de su profesión en una o más empresas de prensa, publicaciones diarias y periódicas o agencias de noticias y que obtenga de ellas lo más importante de sus recursos”. 

De esa norma, del año 1935, se deriva la existencia de una tarjeta de prensa, que se obtiene acreditando que más de la mitad de los ingresos tienen origen en medios de comunicación y en ningún caso del sector de las relaciones públicas, pero no es necesario tenerla para ser considerado periodista. La otorga la Commision de la Carta d’Identité des Journalistes Professionels (CCIJP)

Como resultado, tampoco existen sanciones. Desde el año 2019 existe un organismo, el Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation (CDJM), del que forman parte organizaciones de periodistas, medios y representantes de otras entidades, al que es posible presentar quejas. 

El CDJM instruye el caso y determina si el artículo respetó o no la ética periodística, pero sus resoluciones no son vinculantes. Cuando se considera que una información ha cometido una infracción ética, no hay obligación de corregirlo ni de retirarlo. Ni siquiera es obligatorio como sucede en Alemania, publicar la resolución.

Un ejemplo de un caso que cualquiera puede reconocer en España: en octubre pasado, el CDJM consideró fundada una queja contra Le Journal du Dimanche por atribuir sin ninguna base “apoyo a Hamás” a una diputada de Francia Insumisa. El periódico hizo caso omiso, como se puede comprobar aquí.

Para ejercer el periodismo en Portugal hace falta tener el carné de prensa que emite la Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ). “Sin él no puedes ejercer”, explica a infoLibre la periodista Joana Rei. 

LA CCPJ considera periodista a “aquel que ejerce, como ocupación principal, permanente y remunerada, con capacidad editorial, funciones de investigación, recopilación, selección y tratamiento de hechos, noticias o opiniones, a través de texto, imagen o sonido, destinados a la divulgación, con fines informativos, a través de la prensa, agencias de noticias, radio, televisión o por cualquier otro medio electrónico de difusión”. La profesión de periodista comienza con una pasantía obligatoria con una duración de 12 meses, en caso de licenciatura en el área de los medios de comunicación o de habilitación con curso equivalente, o de 18 meses en los demás casos. 

“Ninguna empresa con actividad en el ámbito de la comunicación social puede admitir o mantener en su servicio, como periodista profesional, a ningún individuo que no esté habilitado” por la CCPJ, según el Estatuto Profesional del Periodista que rige esta actividad en el país.

El incumplimiento de las normas puede ser sancionado por la CCPJ, incluso con la pérdida del carné. Es el caso, por ejemplo, de cualquier periodista que intente compatibilizar su profesión con la publicidad.

En su sus procesos disciplinarios se juzgan desde casos relacionados con la supuesta formulación de “acusaciones sin pruebas” que no respetaban la presunción de inocencia hasta “tratar discriminatoriamente a las personas por razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, educación, situación económica, condición social u orientación sexual”.

En el Reino Unido tampoco está regulado el acceso a la profesión, como sucede en España. Cualquiera puede ejercerla. Y el modelo de autorregulación apenas tiene repercusión práctica a pesar de que la supuesta credibilidad del sistema británico saltó por lo aires en 2012 tras el escándalo de escuchas telefónicas ilegales llevadas a cabo por tabloide sensacionalista News of the World.

Un informe redactado por una comisión especial liderada por el juez Brian Leveson evaluó entonces la ética de los medios de comunicación británicos y concluyó la necesidad de imponer una mayor autorregulación, pero todavía hoy sigue sin existir una solución que satisfaga a todas las partes y, sobre todo, que implique a todos los medios.

Leveson descartó someter al sector al control de organismos públicos como Ofcom, la autoridad que regula las cadenas comerciales de televisión. Y certificó el fracaso de la Comisión de Quejas de la Prensa (Press Complaints Commission), el ente supervisor creado precisamente a resultas del anterior informe oficial sobre la prensa (ha habido siete en los últimos 80 años, lo que da idea de lo recurrente que es este debate en el Reino Unido).

El informe propuso una nueva entidad que debía cumplir dos funciones: “Promover altos estándares de periodismo y proteger los derechos de los individuos” para ganarse “la confianza del público”.

La mayoría de los grupos de prensa —desde los editores del Daily Mail, The Sun, Daily Telegraph y Daily Mirror a los de Hello!, Vogue y muchos más— se adhirieron a la Independent Press Standards Organisation (IPSO), heredera del PCC y creada en 2014, que sólo puede actuar sobre sus miembros y, en la práctica, tiene una fuerte dependencia de las empresas. 

Varios periódicos, incluidos el Financial Times, The Independent y The Guardian, se negaron a entrar en la IPSO y en cualquier otro órgsano regulador. Y la principal organización sindical de periodistas, la National Union of Journalists (NUJ), asegura que “la IPSO no es independiente de la industria y su código deontológico es deficiente”. 

Existe, además, otro regulador, el Independent Monitor for the Press (Impress), que sí cumple las recomendaciones del informe Leveson pero del que no forma parte ninguno de los grades medios.

El debate en torno a la autorregulación del periodismo en España empieza a toma cuerpo. Y, a medida que avanza, estimulado por la denuncia pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en contra de los pseudomedios, se reabre una discusión añeja. ¿A quién interpela la autorregulación? ¿A los medios, que son los que difunden la información? ¿A los periodistas, que son los profesionales encargados de atender el derecho a la información?

Colegios profesionales, asociaciones, sindicatos, supervisores y medios están de acuerdo a la hora de rechazar cualquier intento de control gubernamental sobre el sector. Pero hasta ahí llega el consenso.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas defiende que la autorregulación de la profesión periodística debe ser liderada por los periodistas y no por las empresas. Así lo hizo saber este miércoles a través de un comunicado firmado por nueve de ellos, los de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco.

“Si bien en algunos temas profesionales y empresas comparten objetivos comunes”, admite la Red, “en el asunto clave de la autorregulación deben ser los periodistas quienes acuerden las líneas estratégicas a seguir para la defensa de la profesión”. Y para conseguirlo es “imprescindible la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas”. Una entidad que los partidos no se deciden a crear a pesar de que están obligados a ello en aplicación de la legislación básica en materia de colegios profesionales.

La aprobación en el Congreso de la ley de creación de este órgano, sostiene la Red, “facilitaría la puesta en marcha de medidas que son cruciales para el correcto desarrollo de la profesión, como el control y regulación del reparto de la publicidad institucional, con transparencia y criterios técnicos, o la puesta en marcha de un estatuto específico para la profesión periodística”. 

La regulación del sector es necesaria, destacan, pero también que esta regulación la lleve a cabo “la propia profesión a través de los colegios profesionales y del Consejo General, sus representantes oficiales”, subraya la Red. Los periodistas “tienen que ser los responsables de acordar las medidas que permitan proteger al periodismo del intrusismo y de la mala praxis” y de proteger “a la ciudadanía de los bulos y de la desinformación”.

En esa línea se sitúa también el Col.legi de Periodistas de Catalunya (CPC), el más antiguo de España, que la semana pasada recordaba que una de las conclusiones del estudio de 2023 del Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional es la necesidad de “reivindicar la figura del periodista profesional como un agente acreditado para asumir una responsabilidad de atender el deber de informar a la ciudadanía desde la ética y el compromiso con la calidad, la veracidad y la diligencia profesional: contraste de las fuentes, separación entre hechos y opiniones, objetividad/imparcialidad, etc. No es ajeno al auge de la desinformación el hecho de haberse ‘diluido’ la figura de ese mediador”.

En la misma línea, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), el único que existe en España, consideró hace pocos días que “es urgente una regulación que haga posible la distinción entre los medios que practican un periodismo honesto y veraz de quienes responden a otros propósitos”.

“Es urgente clarificar el ecosistema informativo para poder diferenciar los medios que practican un periodismo responsable de quienes responden a otros intereses, muchas veces inconfesables”, defiende el CIC. “El cumplimiento del código deontológico profesional es ahora más necesario que nunca. Y lo será también la aplicación de la ley aprobada en el Parlamento Europeo el pasado 13 de marzo que exige la transparencia sobre la propiedad, el control y la financiación de los medios”. 

Una norma que exige garantizar que “los ciudadanos tengan acceso a medios de comunicación de calidad, que hayan sido producidos por periodistas y editores de forma independiente y de acuerdo con los estándares periodísticos y que por tanto, proporcionen información fiable. Estos medios de calidad son también un antídoto contra la desinformación”.

El reto, reconoce el Consell, es “averiguar cómo convertir estos marcos legales en iniciativas que permitan a los ciudadanos identificar los medios que ofrecen un periodismo ético y de calidad, frente a los que contribuyen a la desinformación bajo la apariencia del periodismo”. 

¿Y qué dicen los dueños de las empresas informativas? La Asociación de Medios de Información (AMI), la patronal de los principales medios de comunicación escritos, en papel y digitales, todavía no se ha pronunciado. Esta organización no atendió las preguntas de infoLibre, pero fuentes citadas por El País después de hablar con su directora general, Irene Lanzaco, aseguran que AMI se dispone a anunciar “pronto” su propia propuesta autorregulatoria.

A la espera de conocer su contenido, nadie en el sector espera otra cosa que un modelo muy parecido a la que existe en la actualidad: una comisión de quejas, gestionada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) como ocurre en la actualidad o conjuntamente por esta organización privada y la AMI. Y sin capacidad de obligar a nadie a cumplir las normas de deontología profesional.

De hecho, FAPE no ha anunciado ninguna propuesta. En su reciente asamblea general, celebrada en Talavera de la Reina (Toledo) aprobó una declaración que, entre otras cosas, da por bueno el sistema actual (una comisión de quejas sin poder real para hacer que los medios y los periodistas cumplan el código deontológico) y considera suficiente la aplicación del Código Penal.

“Los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley”. Y “cualquier vulneración de derechos que se registre en una información o cualquier exceso realizado en aras de la libertad de expresión pueden ser llevados a los tribunales”, sostiene la FAPE. 

En este debate ha entrado también la Agrupación de Periodistas de UGT, que no sólo quiere estar presente en él, sino que ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones de profesionales del sector para sentarse “a negociar un acuerdo con el objetivo de autorregular la práctica del periodismo en nuestro país”. LA AGP-UGT se refiere a sindicatos, asociaciones de la prensa y colegios profesionales y no hace mención alguna a la patronal. 

 “Ha llegado el momento de que los periodistas asumamos nuestra responsabilidad y lideremos la autorregulación de la profesión periodística sin injerencias de ningún tipo” y sobre la base del “derecho constitucional que tienen los ciudadanos a recibir una información veraz”, sostiene el sindicato.

AGP-UGT se suma así las voces que defienden “la transparencia económica en los medios de comunicación”, desde la identidad de los accionistas de las empresas como hasta el dinero que reciben, por cualquier vía, de las Administraciones públicas. 

Pero, a partir de aquí, su propuesta se separa de las de los colegios profesionales y defiende “la creación de un organismo independiente” que “represente a toda la profesión” y que “debería estar compuesto por periodistas y profesores universitarios de reconocido prestigio elegidos por todas las organizaciones de periodistas” cuya primera misión sería redactar un código deontológico y de ética profesional común a todas ellas.

La Agrupación de Periodistas de UGT propone que ese organismo actúen como garante del código, pero actuando siempre a petición de parte y no de oficio. “Sus resoluciones no serían vinculantes, pero tendría una gran autoridad moral, pues tendría el apoyo de toda la profesión representada en las organizaciones de periodistas”, asegura este sindicato. Una idea que no encaja con la de los colegios profesionales, partidarios de que el código sea de obligado cumplimiento como sucede con los médicos o los abogados.

Entretanto, en las instituciones empiezan a materializarse las primeras iniciativas. Sumar convocó la semana pasada un debate para elaborar propuestas del que salieron, entre otras, las siguientes: constituir un Consejo Estatal de Medios, independiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV); crear en el Congreso una comisión del derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía; plantear propuestas para hacer frente a la desinformación, los bulos y las malas prácticas periodísticas y convocar un Foro Ciudadano por el Derecho a la Comunicación.

Podemos, más resolutivo, ya planteado dos iniciativas. La primera, en el ámbito de Castilla y León, para reformar de la Ley de Publicidad Institucional para incluir un nuevo apartado prohibiendo la contratación de cualquier tipo de campaña con medios que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio.

La segunda la registró esta semana en el Congreso. Una nueva ley para crear un registro público de intereses obligatorio para los titulares de licencias de televisión y radio, las sociedades que produzcan o elaboren programas para estos medios, las sociedades o personas físicas que sean titulares de al menos un 10% de la propiedad de medios de prensa escrita o digitales de información general e incluso los presentadores o conductores de programas informativos o que traten de actualidad política.

El Gobierno, por su parte, superados los cinco días de reflexión de su presidente, no parece tener prisa. Su intención es no entrar en materia hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio según fuentes de fuentes de Moncloa, aunque algunos medios afirman que ya han iniciado contactos con el sector. 

El Ejecutivo no ha concretado qué iniciativas piensa impulsar y se limita a señalar que se trata de una “gran causa nacional” que no afecta solo al Gobierno sino también a los partidos políticos, el Parlamento y los propios medios de comunicación y que, por tanto, todos deben contribuir. 

El Media Pluralism Monitor Report (MPM) de 2023 deja en mal lugar la transparencia de la propiedad de los medios en España en comparación con otros países del continente. El informe, financiado por la Unión Europea y obra del Centre for Media Pluralism and Media del Centro Robert Schuman para Estudios Avanzados, es una herramienta diseñada con el objetivo de identificar los riesgos potenciales para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros y en países candidatos a ingresar en la Unión Europea.

En el apartado sobre transparencia en la propiedad de los medios, si 0 expresa la situación ideal, la transparencia total, y 100 la opacidad máxima, el MPM sitúa España en un 79, sólo por debajo de Chipre (81) y Hungría (83), dos de los países de la UE donde más difícil es ejercer el periodismo en estos momentos. 

España se queda muy lejos de los países mejor situados en este indicador, sobre el que la Unión Europa acaba de legislar. Los mejores son Eslovaquia (8), Portugal (19), Alemania y Lituania (25), Letonia y Bulgaria (29). 

En el área de Protección Fundamental, una de las que componen el informe, España obtuvo una puntuación total del 42%, considerado Riesgo Medio, pero ligeramente superior a la última edición del MPM (40%). Pero también es, comparativamente, una cifra elevada, en comparación con otros países: dentro de la UE sólo nos superan Eslovenia (44), Bulgaria (46), Polonia (50), Grecia (52) y Hungría (54). 

Esto se debe a que la mayoría de las principales deficiencias detectadas en años anteriores continúan existiendo, sin signos claros o intención de mejora por parte de las autoridades públicas. Las restricciones al derecho a la información y a la libertad de expresión persisten a pesar de los llamamientos nacionales e internacionales para modificar el Código Penal y la Ley Mordaza.

Aunque el gobierno actual prometió actuar en este asunto, la legislación cuestionada permaneció inalterada en las fechas en las que se redactó el informe y continúa en vigor en estos momentos. De manera similar, otros problemas relevantes, como las malas condiciones económicas en general de la profesión periodística y la falta de protección frente a presiones políticas, persisten, según el MPM.

Los indicadores del área de Protección Fundamental representan la columna vertebral regulatoria del sector de los medios en cualquier democracia contemporánea. Miden varias áreas potenciales de riesgo, incluida la existencia y efectividad de la implementación de salvaguardas regulatorias para la libertad de expresión y el derecho a la información; la situación de los periodistas en cada país, incluida su protección y su capacidad para trabajar; la independencia y la eficacia de los organismos reguladores nacionales que tienen competencia para regular el sector de los medios; y el alcance de los medios tradicionales y el acceso a Internet.

De acuerdo con los resultados obtenidos el año pasado, entre las diferentes categorías, el derecho a la información sigue siendo el que enfrenta los mayores riesgos en España (71%). La profesión periodística, sus estándares y protección (48%) y la libertad de expresión (42%) enfrentan riesgos medios, mientras que la independencia y eficacia de la autoridad de los medios (28%) y el alcance universal de los medios tradicionales y el acceso a Internet (21%) enfrentan riesgos bajos.

En cambio, la protección de la libertad de expresión ha mejorado ligeramente (riesgo medio: 46% a 42%) en 2022 como consecuencia de la decisión 1.231/2022 del Tribunal Supremo de octubre de 2022, que impide que la administración pública cierre o bloquee sitios web en línea antes de una decisión judicial. 

La decisión dejó claro que la administración solo puede ordenar el cierre de secciones de los sitios web que compartan contenidos y/o que ofrezcan productos y servicios considerados ilegales según la ley española, pero no el cierre del sitio web completo. “Este es un paso muy importante para evitar que la administración pública cierre arbitrariamente y niegue el acceso al contenido en línea”, sostiene el informe.

Entre las principales amenazas a la libertad de expresión, el MPM menciona que sigan en vigor los artículos del Código Penal en materia de difamación, así como los que criminalizan las calumnias e insultos al monarca o a miembros de la familia real, a pesar de que en 2021 la Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mitjatovic, envió una carta al entonces ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, expresando su preocupación por su pervivencia. 

En el capítulo sobre Pluralidad del Mercado, España obtiene un riesgo del 69%, Riesgo Alto, ligeramente superior al del año pasado (67%). La culpa la tiene la ya citada “situación difícil en cuanto a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y la transparencia financiera, así como en la concentración de los medios de comunicación”. La evolución reciente del marco regulatorio aún no resuelve la opacidad y falta de datos confiables sobre la concentración empresarial en los mercados digitales. 

En cuanto a la viabilidad de los medios, señala el informe, a pesar de algunos indicios de un aumento de las suscripciones, los medios siguen luchando entre modelos de negocio en colapso y la falta de claridad sobre cómo garantizar ingresos provenientes de modelos digitales.

En cuanto al área de Independencia Política, España obtiene un riesgo del 50%, Riesgo Medio, la misma categoría que en la implementación anterior del MPM. La falta de autonomía editorial y salvaguardias para la independencia política de los medios, tanto públicos como privados, continúa poniendo en peligro el pluralismo de los medios en España, según el documento. “Vale la pena mencionar aquí la situación de los radiodifusores de servicio público, que todavía son impotentes para detener la interferencia partidista en su cobertura y el nombramiento de cargos directivos y editoriales”.

En el área de Inclusión Social, otro de los aspectos en los que se fija el Media Pluralism Monitor, nuestro país obtiene un riesgo del 54%, menor que en ediciones anteriores, pero principalmente debido a cambios metodológicos. La peor situación en este indicador se refiere a la igualdad de género en los medios, con un menor número de mujeres en puestos de alto nivel, así como una brecha salarial relevante entre mujeres y hombres. Al igual que en años anteriores, la representación de las minorías en los medios y la falta de regulación y ayuda estatal para los comunitarios siguen siendo deficiencias relevantes en esta área.

Los resultados para el entorno digital son similares a los de otras dimensiones del análisis. Existe una situación de riesgo medio en todas las áreas, excepto en Pluralidad del Mercado, que obtiene un riesgo alto. 

En este ámbito, la principal preocupación es la falta de datos confiables en todo lo relacionado con los medios digitales. Por ejemplo, “no hay datos disponibles sobre el grado de concentración empresarial en los medios digitales. La medición de audiencia también está atravesando un período de transición hacia métricas confiables y aceptadas por toda la industria”.

En relación con la Independencia Política (que obtiene un 60% en el entorno digital), el MPM destaca que la legislación actual “no establece límites a la publicidad política en línea ni obliga a los partidos políticos a revelar los gastos publicitarios”. Además, no limita la recopilación de datos personales por parte de los partidos políticos, lo que permite prácticas como el microtargeting, que el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) quiere prohibir.

El informe reconoce que en España existen muchas iniciativas nacionales diferentes para combatir la desinformación y el discurso de odio en línea, tanto en el ámbito gubernamental como en el de la sociedad civil o académico. Sin embargo, señala, todo el mundo admite “que estas amenazas son relevantes y persistentes, a pesar de la falta de acuerdo sobre su verdadera difusión e impacto”.

El MPM pone así el foco sobre uno de los asuntos que ha impulsado la aprobación en Europa de la European Media Fredom Act. Una ley que, como señala Elena Herrero-Braumont, abogada y periodista especializada en ética y buen gobierno, “busca proteger la libertad de información a través de la implementación obligatoria por parte de las compañías de medios de ciertos estándares” entre los que está la transparencia en la propiedad. 

A partir del MPM y de otros siete indicadores comunes a otras tantas iniciativas de autorregulación privadas, las más relevantes en el sector de los medios, Herrero-Beaumont analizó y comparó el “riesgo agregado a la libertad de prensa” en seis grandes países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Italia y España. Sus conclusiones son también esclarecedoras: el país con el riesgo agregado más bajo es Alemania y el país con el riesgo agregado más alto es España. 

 “Los principales medios de comunicación carecen de un grado de transparencia óptimo”, subraya esta investigadora. “La transparencia existente se limita casi exclusivamente a la que, por motivos legales, se ven obligados los grupos cotizados y el sector audiovisual. Los medios escritos, tanto la prensa papel como online, registran un alto grado de opacidad, siendo prácticamente inexistente la disponibilidad de información sobre sus estructuras de propiedad”.

Esta falta de transparencia, añade Herrero-Braumont, “contribuye al descrédito que atraviesa la profesión y el sector en España”. “Existen claras presiones sobre la independencia editorial provenientes del entorno político, pero sobre todo económico y financiero”, lo que señala la necesidad, apunta, de “crear mecanismos efectivos para garantizar la independencia editorial, sobre todo en lo relativo al proceso de nombramiento de los directores de las principales redacciones del país”.

No son los únicos problemas que detecta en el caso español. Destaca también, entre otras cosas, que “los códigos deontológicos suelen carecer de órganos o mecanismos que supervisan su cumplimiento efectivo” y que “no existen políticas claras y transparentes con respecto a los contenidos patrocinados”, también conocidos como branded content.

Mucha gente no lo sabe, pero en España cualquiera puede ser periodista. Tenga una licenciatura en Comunicación, un título de doctor en Física o un curso de fontanería por correspondencia. Cualquiera puede, por ejemplo, dar de alta un sitio web, autodenominarse periodista y empezar a publicar noticias en nombre de la libertad de expresión. 

Y nadie puede discutírselo, como tampoco negarle el derecho a recibir dinero público o privado a través de publicidad o de cualquiera de los mecanismos más o menos opacos que las instituciones y las empresas utilizan para dar a conocer su trabajo o sus productos (y para financiar los altavoces que más les interesan).

La consecuencia es evidente: como no hay reglas para decidir qué es un periodista y qué no lo es, tampoco hay mecanismos para sancionar a quienes incumplen las normas y los códigos deontológicos en los que debe apoyarse la práctica profesional. 

Lo más parecido que hay en España a un órgano de control es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, participada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Un organismo que desde 2019 ha emitido una media de ocho resoluciones al año, siempre a petición de parte y con la condición de que el contencioso no esté judicializado, pero que carece de capacidad sancionadora. Entre tanto, el Estado dedica millones de euros cada año a la formación de periodistas y comunicadores audiovisuales en universidades de todo el país, cuyos títulos no tienen ningún valor para ejercer la profesión.

La última vez que en España se abrió el debate para intentar cambiar esta situación fue exactamente hace 20 años a instancias del Foro de Organizaciones de Periodistas, una coalición integrada por agrupaciones de periodistas de Comisiones Obreras y UGT, por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y por los colegios de periodistas de Galicia (CXPG) y Cataluña (CPC), los únicos que existían en aquel momento.

El objetivo era la aprobación por ley de un Estatuto del Periodista Profesional que, por primera vez en España, hubiese definido qué es un periodista: “Se considera como tal a todo aquel que tiene por ocupación principal y remunerada la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o varias empresas, instituciones o asociaciones”. 

Aquella propuesta dejaba en manos de un Consejo Estatal de la Información, un órgano muy similar a los que existen en otros países de Europa y que debería ser creado por ley, la capacidad de acreditar esa condición mediante un carné profesional. Y establecía sanciones que iban desde la amonestación pública, en el caso de las violaciones leves del Código Deontológico, hasta la retirada del carné profesional para los periodistas o el pago de cuantiosas multas para los medios en el supuesto de incumplimientos graves.

Aquella propuesta no se quedaba ahí. Definía la composición del Consejo de la Información, ordenaba la creación de Comités de Redacción en los medios y regulaba el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Pero nunca se aprobó. Murió con la legislatura, enterrada en un cajón por la acción combinada de las grandes empresas de comunicación y la FAPE, contrarias a la regulación de la profesión.

La FAPE sostenía que dejar en las manos del Consejo de la Información, formado mayoritariamente por periodistas, pero también por juristas y representantes de organizaciones sociales, la llave para ejercer el periodismo era incompatible con una profesión que, según esta organización, es un asunto individual. Porque sólo “es mejorable desde la exigencia personal y profesional de cada uno, y cada uno según su responsabilidad”. Entonces lideraba la FAPE Fernando González-Urbaneja, después al frente de la Comisión de Arbitraje.

También se opusieron los periódicos más representativos de la época (El País, Abc, El Mundo, La Razón y La Vanguardia). Ninguno de ellos estaba dispuesto a renunciar a su capacidad de decidir a quién consideraba periodisra y a quién no. 

Aquel Estatuto no salió adelante. Corría el año 2004 y la toxicidad que ha contaminado la información en España estaba todavía en pañales.

Lo más parecido, y mucho menos ambicioso, que ha llegado desde entonces al Congreso es el proyecto de ley del Secreto Profesional, que el Gobierno envió a la Cámara Baja el año pasado, pero que acabó decayendo con la convocatoria de elecciones del mes de julio.

Aquella iniciativa no articulaba ninguna manera de sancionar el incumplimiento del Código Deontológico, pero sí, al menos, trataba de establecer qué es un periodista. Su artículo 2.b decía: “Se entiende por ‘periodista’ a los y las profesionales que se dedican a comunicar información veraz a la ciudadanía por cualquier medio de comunicación, cuya principal misión sea hacer realidad el derecho a la información que tiene la sociedad”.

Y el 2.c añadía otra definición que hubiese sido muy relevante en estos momentos para distinguir entre medios y pseudomedios: “Se entiende por ‘medio de comunicación’ a todos aquellos canales (prensa, radio, televisión, digital) que difunden informaciones verdaderas y están sustentados en una sociedad editora o persona física propietaria (pública o privada) comprometida con las buenas prácticas y códigos deontológicos que rigen el periodismo”.

En medio del debate sobre la regulación de la profesión periodística en España, algunos periódicos están alzando la voz con el argumento de que ya existe suficiente legislación para proteger a los ciudadanos de la desinformación y de los bulos. “El Código Civil y el Código Penal regulan desde hace décadas la actuación de los medios de comunicación y los jueces pueden incluso inhabilitar a periodistas para ejercer la profesión”, señalaban esta semana El Confidencial.

Lo que no decía es que la ley lo que castiga son delitos, no el incumplimiento de las normas deontológicas. También abogados y médicos, por citar dos ejemplos de profesiones reguladas, están sujetos al Código Civil y al Código Penal, pero eso no les impide sancionar a los profesionales de la medicina o del derecho que incumplen las normas deontológicas.

Hay, además, muchos ejemplos de que la legislación está muy lejos de resolver el problema. Uno de los más recientes lo protagonizó el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid el pasado 30 de abril. Ese día entendió que el locutor Federico Jiménez Losantos, concesionario además de licencias radiofónicas de titularidad pública y propietario de una emisora de radio y un periódico digital, además de columnista del diario El Mundo, puede mentir e insultar en el ejercicio de su labor de informador y en el ejercicio de su derecho a comunicar información veraz.

El fallo dejó sin castigo que Losantos acusase a un policía de “ocultar la prueba fundamental (de los atentados del 11M) durante tres años”, de “ser una pieza en la trama dedicada a crear pruebas falsas” o de “encubrir las pistas que pudieran llevar al esclarecimiento de la masacre, tapando todo lo que pudiera llevar a ETA e inventándose la pista islámica”, afirmaciones que quedaron absolutamente desmontadas con la sentencia de los atentados del 11M en Madrid.

Juan Carlos Gil, profesor de Periodismo de la Universidad de Sevilla, no tiene dudas. “Una de las cosas que explico en mis clases es que estamos totalmente desprotegidos porque no tenemos un Estatuto Profesional del Periodismo”.

“Que nadie diga realmente quién puede ser profesional, cuál es la responsabilidad que asume y qué pasa si incumple, me parece un flaco favor al periodismo y a la sociedad en general”, porque “el periodismo es una tarea importante en una sociedad democrática”.

La expresión “sin periodismo no hay democracia” está “muy bien”, recuerda, “pero se vacía de contenido si al periodismo puede acceder cualquiera, de cualquier manera y sin control”.

Gil desmonta incluso el argumento más habitual cuando se trata de justificar que el periodismo no goce de la misma regulación que la medicina o el derecho. “Cuando el artículo 21d de la Constitución dice ‘se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz’, quiere decir que “cuando alguien tiene el derecho a recibir libremente información veraz será porque alguien está obligado a darla”. Del mismo que si “tengo derecho a la salud será porque alguien tiene que ofrecer ese derecho a la salud”.

Lo que protege la Constitución, explica, es la información veraz y eso “exige inversión en profesionales, inversión en medios y una constancia en el tiempo”. “Que este derecho sea para todo el mundo no quiere decir que todo el mundo lo pueda ejercer profesionalmente”. El mismo artículo 20, recuerda, “habla de la libertad de cátedra y de que todo el mundo puede ejercer la libertad de cátedra, pero primero tendrás que ser profesor para poder ejercerla”.

El debate sobre el acceso a la profesión y el establecimiento de mecanismos de sanción para quienes incumplan el Código Deontológico ha vuelto estos días a la actualidad de la mano de la ofensiva del presidente del Gobierno contra los bulos y quienes se hacen pasar por periodistas para difundirlos. Esta vez también tiene en contra a los grupos más poderosos del sector de la comunicación y a la FAPE. Pero se han multiplicado las voces de quienes están a favor, en particular los colegios profesionales de periodistas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco.

Durante décadas, los medios han zanjado la discusión con una máxima muy del gusto del liberalismo anglosajón: “La mejor ley de prensa es la que no existe”. Ahora, a la vista de la creciente manipulación de los ecosistemas informativos a través de herramientas digitales gobernadas por algoritmos opacos y de la proliferación sin control de la desinformación, hasta la Unión Europea ha aprobado la suya.

La democracia española tiene muchos deberes pendientes en materia de regeneración democrática. Los expertos en ciencia política llevan años llamando la atención sobre este problema, que vuelve a la actualidad cada vez que se hacen visibles las costuras del sistema.

Eso es lo que acaba de pasar con la decisión del presidente Pedro Sánchez de abrir una reflexión en torno a la situación que atraviesan él y su familia como consecuencia de acusaciones, de momentos infundadas, que ya tramitan los juzgados y que a diario utiliza la oposición en el debate político a partir de la desinformación que difunden pseudomedios financiados por la derecha. 

Sánchez no detalló este lunes qué se propone hacer, pero sí señaló varias preocupaciones centrales. La primera es impedir que “los bulos deliberados dirijan el debate político”, porque “confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias”. La segunda, acabar con una situación en la que las “víctimas de esas mentiras“ tengan que “demostrar su inocencia”. Y la tercera, no permitir “que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido”. 

¿Qué hacer, entonces? En el debate público ya hay iniciativas muy concretas y detalladas. Hugo Cuello, experto en Políticas Públicas, hace suya la propuesta que estos días ha defendido la abogada española Miriam González, especialista en derecho comunitario y esposa del exlíder de los liberales británicos Nick Clegg: una Oficina de Ética Pública semejante a la que funciona en el Reino Unido.

“En España”, dice González, “no existe un sistema eficaz para abordar los conflictos de intereses de las familias y cónyuges de los políticos. Por lo tanto, es inevitable que esta cuestión acabe debatiéndose en la arena política y los tribunales. Si (Begoña) Gómez fuera la esposa de un primer ministro británico, las acusaciones habrían sido resueltas fácilmente por la Oficina de Propiedad y Ética según el código de ética ministerial del Reino Unido. La Oficina de Propiedad habría garantizado que existiera un sistema preventivo para inhibir al primer ministro de cualquier decisión que pudiera relacionarse directa o indirectamente con el trabajo de su esposa. En respuesta a las acusaciones” contra la esposa de Sánchez, “se habría emitido un comunicado claro garantizando que no había ocurrido ningún conflicto” y ahí habría acabado todo, asegura.

Pero “no tenemos una Oficina de Propiedad y Ética con credibilidad y fuerza. En cambio, tenemos una Oficina de Conflictos obsoleta cuya falta de independencia y autonomía es criticada por la UE y el Consejo de Europa año tras año”, se lamenta.

Tampoco existe en España “un código ético ministerial” como el del Reino Unido que imponga la “obligación de no mentir conscientemente en el Parlamento”. Ni una forma de “comprobar que los ministros no inunden la administración con asesores políticos” o de limitar “el uso de casas ministeriales o aviones oficiales. No tenemos legislación sobre lobbies. No tenemos reglas sobre la presencia de funcionarios públicos en las reuniones de ministros donde se discuten asuntos gubernamentales. Y, por supuesto, no contamos con un asesor de ética independiente, como ocurre en el sistema británico”.

Hugo Cuello subraya que esta idea le “parece esencial para poder empezar con toda la transformación que se supone que trae la regeneración democrática. Y debería haber venido por parte del Gobierno”, subraya.

La politóloga y experta en calidad democrática Cristina Monge apunta a tres necesidades, sobre las que ya escribió este lunes en infoLibre. La primera sería acabar con “la clamorosa ausencia de rendición de cuentas por parte de jueces y fiscales”. El legislador no lo previó, “pero seguro que António Costa, Mònica Oltra, Vicky Rosell y tantos otros se lo han preguntado en más de una ocasión”, ironiza.

La segunda sería hallar el modo de combatir a las “pseudocabeceras (digitales) que alimentan el odio, llenan sus páginas de bulos que no tardan en desvelarse como tales, y envenenan el debate público sembrando dudas sobre los adversarios y provocando el consabido ‘todos son iguales”. Hacen falta medidas “para garantizar que los medios de comunicación cumplan con su auténtico deber democrático, que no es otro que articular una conversación pública de calidad”. ”Habrá que regular exactamente qué es un medio, qué no es un medio y qué hace falta tener para acceder ruedas de prensa o conseguir financiación”.

Y, en tercer lugar, Monge señala la relevancia de profundizar en la democracia desarrollando mecanismos que hagan a los ciudadanos partícipes del proceso deliberativo más allá de ir a votar cada cuatro años, porque una de las urgencias que enfrentamos “es la recuperación de la confianza en las instituciones”.

La lista de Pablo Simón, politólogo y profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid, es más larga. Entre las reformas pendientes incluye una que le afecta personalmente —es especialista en sistemas electorales y participación política—, como despolitizar el CIS. Pero también “endurecer el régimen de incompatibilidades de cargos públicos con respecto a las puertas giratorias —en particular entre la justicia y la política— y, si es preciso, establecer una restricción específica para las parejas de los primeros ministros, de los presidentes del gobierno y los presidentes autonómicos”.

En su opinión se debería reforzar la independencia de la administración pública perfeccionando el sistema de alerta temprana de denunciantes para el control de la corrupción, generalizar las oficinas de fiscalización y lucha contra la corrupción dependientes de los parlamentos y restringir la figura de la acusación popular, “que muchas veces es instrumentalizada para a través de organizaciones pantalla construir casos que tienen que ver con intereses políticos”.

También, apunta, sería necesario “restringir el acceso a publicidad institucional, de tal manera que los medios de comunicación no fueran dependientes de subvenciones públicas de gobiernos municipales, autonómicos o nacionales”. Y granizar que la concesión de licencias de emisión de televisión y radio no puedan ser utilizadas para presionar a medios de comunicación.

El profesor de la UC3M no se queda ahí. Hace falta, subraya, “revisar la financiación de los partidos”, sobre todo en lo que afecta a sus fundaciones, y reformar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas para dotarle de más medios”.

¿Y cómo resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial? Simón ausenta por “algún tipo de mecanismo de sorteo” con el fin de“cortar la conexión directa entre mayorías parlamentarias” y el órgano de gobierno de los jueces. Un sorteo, por ejemplo, a partir de una lista de candidatos que propongan las Cortes.

De que la regeneración es un objetivo en el que los expertos llevan muchos años trabajando da idea también la completa lista de ideas que aporta Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago. Empieza haciendo referencia la necesidad de reformar el Senado para deje de ser una Cámara de segunda lectura y de bloqueo de lo que decide el Congreso (ocurre en materia de regla de gasto presupuestario) y un cambio en su modelo de representación con el fin de que no pueda ser usada como “contrapoder” de la Cámara Baja.

Propone también una reforma del CGPJ para que sus miembros cesen con su mandato. “Y eso evita el bloqueo, esa capacidad de atarse a las sillas y quedarse ahí”, explica. En su opinión, habría que aprovechar esa modificación para acabar con el sistema de elección de las salas de gobierno del Supremo en el que participan la mayoría de las asociaciones conservadoras, o actualizar el voto telemático para impedir la frecuente delegación de voto en los tribunales multipersonales.

Nogueira incluye en su lista de regeneración una reforma de la Ley Electoral para “repensar el voto de los residentes ausentes cuando esa ausencia se prolonga en el tiempo o cuando nunca vivieron” en el lugar en el que votan. “No es democrático que no tengan derecho a participar los inmigrantes que trabajan aquí” y que sí puedan hacerlo personas nunca han vivido en el país pero tienen un abuelo que era originario de España. O para que el porcentaje mínimo que permite acceder a los parlamentos sea el mismo en todas partes, y no diferente entre territorios.

La regeneración debería, asegura, acabar también con los límites establecidos para vetar determinados debates en las Cámaras —en ellas se debe poder “hablar de todo, sin limitación de debates democráticos—. Y reabrir las encuestas del CIS a la evaluación de la Corona, porque es la Jefatura del Estado, así como acabar con Madrid como “centro de todas las sedes de los órganos centrales del Estado”, algo que ya sucede en países como Alemania. “Tiene que correr un poco el aire ”, dice con ironía.

También propone darle “una vuelta” a las incompatibilidades de los cuerpos superiores de la administración para impedir que abogados del Estado e inspectores de Hacienda puedan dedicarse con total normalidad a trabajar en el sector privado precisamente contra los intereses del Estado“.

La catedrática compostelana defiende mejorar la transparencia para que la administración no pueda negar información, una reforma audiovisual que garantice la independencia de los medios públicos en todo el territorio, normas para hacer visible la propiedad de los medios de comunicación y sus fuentes de ingresos y debates electorales regulados por ley. 

También incluye en su lista eliminar todos los tipos penales que afectan a la libertad de expresión, como los que castigan las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos. Sin olvidar la derogación parcial de la llamada Ley Mordaza. 

Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la Pompeu Fabra, coincide en la necesidad de llevar a cabo “reformas importantes” que pueden llegar también gracias a “un estado de opinión” como el que puede haber facilitado el período de reflexión de Pedro Sánchez. “A menudo la política necesita también de cierto estado de ánimo”, señala.

A su juicio, como en el de la mayoría de expertos consultados por infoLibre, la reforma del CGPJ es una de mas medidas imprescindibles. “Todo el mundo es consciente de que hay un sistema judicial que tiene un poder” sobre el que hay “poca capacidad de revisión”. “Se tendría que avanzar hacia un sistema mixto de autorregulación mayor del poder judicial”, pero con participación del poder legislativo. Al mismo tiempo, explica, habría que avanzar en una reforma judicial para acelerar los procesos e impedir que los imputados estén bajo sospecha durante largos periodos de tiempo.

Aira menciona también el problema de la desinformación. Y, en particular, el “pozo sin fondo” de dinero que las administraciones gastan cada vez más para tratar de combatirla. “Ahí algo se tiene que hacer también, pero eso reclama también una mayoría muy cualificada y unos consensos muy amplios. Y claro, mi duda es hasta qué punto pasa solo por los legisladores y no pasa también por los colegios profesionales y las universidades”.

¿Es imposible avanzar en estas medidas en el ambiente de polarización que vive España? Cristina Monge dice que no. Es verdad, admite, que “si hay que esperar a la derecha” para avanzar, “todavía estaríamos sin legalizar el divorcio”. A veces “tienes que tirar para adelante” a la espera de que acaben sumándose. Y una buena manera de hacerlo es comprender que los actores políticos no son solo los partidos. Para construir un sistema de rendición de cuentas en la justicia, apunta, hay que buscar el acuerdo con las asociaciones judiciales. Y para controlar qué es un medio y qué no, hay que hacer lo mismo con las organizaciones de periodistas.  “Ahora es un momento de dar especial relevancia a la sociedad civil", sostiene.

Por si las propuestas de los expertos no fueran suficientes para que la mayoría del Congreso se pudiese manos a la obra, PSOE y Sumar se presentaron a las elecciones con numerosas ideas en materia de regeneración.

Los socialistas, por ejemplo, prometieron mejorar la Ley de Transparencia para incluir, entre otras cosas, las agendas de los altos cargos, el gasto de los viajes y viviendas oficiales, la declaración completa de bienes y actividades y sus peticiones y denegaciones de compatibilidad. “Igualmente, avanzaremos en la información sobre el personal eventual, la publicidad institucional, los contratos públicos y los procesos selectivos”, señala el programa con el que se presentaron a las elecciones el año pasado.

“Aprobaremos las leyes de transparencia de grupos de interés y de prevención de conflictos de intereses del personal empleado público. Reforzando la actividad y la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, para la comprobación del patrimonio y la actividad de los máximos responsables públicos, dotándole además de facultades para detectar posibles casos del nuevo delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos” y “defenderemos la supresión de los aforamientos de los cargos públicos en los casos ajenos al ejercicio de la actividad propia de su cargo”.

El PSOE también se comprometió a hacer obligatorios los debates electorales, a reformar el Pacto Antitransfuguismo y a asegurar la transparencia y publicidad de las relaciones de diputados y senadores con los grupos de interés”.

Sumar dedicó un gran apartado a la democracia de calidad en su propio programa. En él proponen una ley de participación ciudadana, la revisión de la ILP, la actualización de la Ley Electoral o la ampliación del número de diputados y diputadas para mejorar su capacidad de representación, “fomentar la formación democrática en las diferentes etapas educativas” y, en materia de libertad de expresión, actuar “contra el uso fraudulento de la información”. 

“Proponemos una regulación soft”, dice el programa. "Es decir, promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes”. Pero también “explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas”.

¿Y qué propone el PP? Su programa de regeneración democrática fue presentado por el propio Feijóo en enero de 2023. Incluye propuestas bien conocidas, como la que plantea reformar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para privar al Congreso y al Senado de su participación en el proceso y dejar la selección exclusivamente en manos de los jueces, o la que propone deshacer la reciente reforma del Código Penal en relación con la sedición y la malversación. O las que tratan de limitar quién puede formar parte de diferentes órganos del Estado, desde el Constitucional a la Fiscalía General, pasando por el Consejo de Estado, el o la presidencia de organismos públicos como el CIS o el CNI.

En realidad, buena parte de las ideas que Feijóo prometió impulsar tratan de recortar la capacidad de decisión del ejecutivo y de legislativo. El PP quiere limitar, por ejemplo, el uso que el Gobierno puede hacer del real decreto ley, una fórmula que Pedro Sánchez ha utilizado con frecuencia durante toda la legislatura y que permite al Ejecutivo, en nombre de la urgencia, que sus medidas entren en vigor sin esperar a un largo trámite en el Congreso. Los reales decretos ley, sin embargo, no escapan al control legislativo, aunque este sea más corto: tienen que ser aprobados por la Cámara en las semanas siguientes a su entrada en vigor y, de no conseguir el apoyo de la mayoría, son anulados.

También propone que el presidente esté obligado anualmente a comparecer en un debate sobre el estado de la nación (desde que se utilizó por primera vez, en 1983, esta fórmula es potestativa, depende de la voluntad del Gobierno) y que su Ejecutivo esté también obligado a dar cuenta del grado de cumplimiento de las mociones y proposiciones no de ley (las iniciativas de impulso que aprueba el Congreso y que los ministerios no están obligados a hacer realidad).

Feijóo quiere dar más poder sobre lo que hace el legislativo a los organismos de control como el Consejo de Estado o a los que representan a otros poderes, como el CGPJ. Y quiere crear otros nuevos, como una Oficina de Calidad Legislativa con capacidad no sólo de asesorar a los diputados sino de hacer propuestas. El líder del PP quiere además “informes técnicos” también sobre las leyes que propone la oposición y limitar las enmiendas que se pueden presentar a las leyes.

El PP propone también reformar la ley electoral para reducir las competencias de los plenos municipales y proclamar automáticamente alcalde al cabeza de la lista más votada. 

Las propuestas de Feijóo persiguen, además, una reforma para obligar al presidente a informar al jefe de la oposición tras la celebración de cumbres internacionales en materia de política exterior y defensa o en relación con asuntos como el pacto antiterrorista o el pacto de estado contra la violencia de género. Y limitar “por ley” el número de ministerios, altos cargos, asesores y miembros de los gabinetes del Gobierno —otra medida que no adoptó cuando gobernaba en Galicia y tuvo oportunidad de hacerla realidad— y recortar el uso de los medios aéreos y terrestres que desde hace décadas utilizan el presidente y los ministros para sus desplazamientos, incluyendo el número de miembros de las comitivas oficiales.

¿Se puede poner freno a la toxicidad de la desinformación que fabrican supuestos medios informativos financiados, en su mayor parte, con fondos públicos distribuidos a dedo? Cada vez hay más voces que responden afirmativamente. Y que subrayan la importancia de de afrontar cuanto antes un problema que afecta a a la médula del sistema democrático.

Este asunto acaba de replantearlo el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), uno de los que cuanta con mayor número de miembros junto a los de Cataluña y Galicia, al hilo del debate abierto por Pedro Sánchez. Su Junta de Gobierno publicó este viernes una carta dirigida al presidente en la que asegura que desde hace meses recibe, de forma directa o indirecta, una especie de "llamada de auxilio" del PSOE y del Ejecutivo “para luchar contra los "pseudomedios" y "pseudoperiodistas" que de forma recurrente "boicotean" las ruedas de prensa del Gobierno o luego tergiversan la información, creando falsas realidades y manipulando a la opinión pública, en pro de una posición ideológica u otra”.

El CPPA aprovecha la misiva para trasladar a Sánchez su “honda y profunda preocupación por la lamentable e indigna situación que atraviesa el periodismo en nuestro país y pedirle expresamente al presidente que no utilice la palabra “periodista” para referirse a quienes difunden informaciones falsas y a los que a menudo se llama "pseudomedios" y "pseudoperiodistas". 

Pero la carta no se limita a quejarse. Hace propuestas. Es necesario, sostiene el Colegio de Periodistas de Andalucía, iniciar el proceso para la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas porque “sin este instrumento difícilmente podremos revertir la situación y recuperar el periodismo en nuestro país y la garantía que supone para toda la ciudadanía”. En ese Consejo se darían cita los 11 colegios profesionales que ya existen hay algunos mnás en en gestación) y que cuentan con la condición de corporaciones de derecho público y el respaldo de una ley de creación: Andalucía (da cobertura a Ceuta y Melilla), Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia y Navarra. Son ellos, sostienen, quienes “tienen la competencia y la capacidad para paliar esta situación”.

Efectivamente, los colegios de periodistas (de adscripción voluntaria, a diferencia de lo que sucede con los de médicos o de abogados, a pesar de que su tarea es decisiva para la buena salud de la democracia), tienen encomendada por ley la tarea de defender “la observancia de las reglas y código deontológico de la profesión, esto es, el conjunto de normas específicas de la profesión”, y para así dar “un mejor servicio a la ciudadanía en general, en un mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de los profesionales”.

“Las falsas noticias”, recuerda el CPPA, “no son noticias, simplemente son mentiras”. Y “no todas las publicaciones digitales son medios periodísticos”. De ahí que en Andalucía, y en otras comunidades, como Galicia o Castilla y León, se haya creado un registro oficial con criterios muy específicos para distinguir medios de pseudomedios que las administración pueden utilizar para negar publicidad y otras formas de financiación a quienes no cumplen las condiciones mínimas.

Los códigos deontológicos existen, el problema es que los legisladores no acaban de dar el paso de otorgar al Consejo de Colegios de Periodistas la capacidad de sancionar. “La libertad de expresión no es lo mismo que el derecho a la información, no están reñidos, pero no debemos confundirla”, subraya el colegio andaluz. “El periodismo es un servicio público esencial para la democracia, pero para que esto continúe siendo así, los periodistas necesitamos instrumentos para hacer valer los principios que nos definen y garantizar un derecho que nos pertenece a toda la ciudadania”.

El CPPA no está sólo en esa propuesta: el resto de los colegios de periodistas de España llevan años apoyando también la puesta en marcha de ese marco sin que los partidos hayan pasado nunca de las buenas palabras a los hechos. “Estamos de acuerdo, como hemos manifestado en muchas ocasiones, en la necesidad de mecanismos que contribuyan al cumplimiento de los principios deontológicos en la actividad periodística”, aseguran a infoLibre fuentes de la Junta de Gobierno del Colexio de Xornalistas de Galicia (CPXG).

“No toda persona que ejerce la libertad de expresión es periodista ni todo lo que se publica en internet es un medio de comunicación”, asegura José Barrera, el decano de Colegio de Andalucía. La función de estas entidades, recuerda, no es otra que trabajar para para garantizar “el derecho a la información de la ciudadanía. No tenemos otra misión, y por ello la acción conjunta a nivel estatal y el respaldo de la instituciones a nuestra labor y el reconocimiento como interlocutores del conjunto de la profesión con las administraciones públicas, nos permitirá desarrollar plenamente y a nivel del conjunto del Estado todas nuestras funciones”. 

Una de las iniciativas del CPPA se dirige precisamente a este objetivo: la puesta en marcha del Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía, una manera de separar el grano de las paja, lo que son medios y periodistas reales, que cumplen las normas, de los que no lo son. “Es un recurso para la ciudadanía, que pueda reconocer, al visitar un medio digital, que hemos comprobado que reúne una serie de requisitos”. Pero también es útil para las administraciones, que sin él no saben cómo discriminar entre medios y pseudomedios: “Algunas entidades locales están requiriendo la inscripción en el ROMDA para poder optar a contratos públicos o para que el medio pueda acceder y se acredite en determinados eventos.” 

El debate abierto replantea, de algún modo, una pregunta delicada: ¿España debería ir más allá y regular el ejercicio de la profesión para que sólo los licenciados y los colegiados puedan ejercerla y se les pueda sancionar si no cumplen las reglas deontológicas? José Barrera cree que sí: “La información es un recurso que nadie hoy puede negar que tiene un valor incalculable, puede derribar gobiernos o encumbrarlos”.

Si otras profesiones están reguladas, pregunta, “¿por qué no en la de la información? Somos una profesión de servicio público que responde a uno de los derechos de la ciudadanía reconocidos en el artículo 20 de la Constitución española”, que además tiene reconocido por Naciones Unidas, La Unión Europea y la Unesco un “papel esencial como cimiento de la democracia”, sobre todo ante el riesgo, cada vez mayor, “que supone la manipulación de la información”.

Sin embargo, lamenta el decano de los periodistas andaluces, “la ausencia de una regulación clara de la profesión, unida a la proliferación de canales de difusión globales faltos de transparencia y ajenos a los principios de la ética y la deontología que sí rigen el periodismo, lejos de contribuir a mejorar el acceso a la información fomentan la desinformación, la confusión y la polarización de la sociedad”.

Lo hemos visto, recuerda, en algunos procesos electorales de países de nuestro entorno. Y así consta en las propuestas de la sociedad civil incorporadas al documentos Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional elaborado en el marco de los trabajos emprendidos por el Gobierno de España dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. En él queda claro que, sin la participación de los periodistas, que sólo puede vehiculizarse a través de organizaciones reconocidas por ley, no será posible afrontar el problema. 

“Hay que comenzar garantizando la protección y defensa del periodismo ético en contra de la desinformación partiendo de la defensa del periodismo como profesión, garantizando su preparación profesional en el ámbito universitario. Debe partirse del protagonismo de los periodistas y medios de comunicación como principales emisores de la información pública, que además del cumplimiento de sus obligaciones jurídicas deben cumplir con principios éticos que se garanticen por Códigos de buenas prácticas y autorregulación”, señala el citado informe.

La creación del Consejo de Colegios de España debe ser, en opinión de Barrera, “el primer paso para, por ejemplo, garantizar que en todos los estudios de periodismo impartidos por las Facultades de comunicación de este país la asignatura de ética y deontología sea un contenido básico y obligatorio. Nuestros colegiados firman un compromiso de cumplimiento del código deontológico y su incumplimiento puede suponer la expulsión de la corporación”.

Una parte del sector ha puesto sus esperanzas en la aplicación de la European Media Freedom Act (EMFA) recientemente aprobada en la UE para, entre otras cosas, dar transparencia a la propiedad de los medios, avanzar en la definición de lo que es un medio y lo que no lo es y regular la distribución de dinero público, en particular la publicidad y otras formas opacas de financiación indirecta de los medios. 

Pero el decano de los periodistas andaluces es, al respecto, relativamente escéptico: “Algunas de estas cuestiones ya están recogidas en leyes sectoriales, como la Ley General Audiovisual, y sin embargo son pocos los medios audiovisuales transparentes. Las leyes que regulan la publicidad institucional son muy claras, pero no existen realmente instrumentos de control”.

El debate, en cualquier caso, ya está abierto. Más Madrid acaba de proponer una ley para regular la publicidad institucional que reparte discrecionalmente el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los medios de comunicación para que su concesión esté directamente vinculada al cumplimiento de unos ciertos estándares profesionales y poder así negársela “a los que de forma reiterada publiquen noticias sin contrastar y sin verificar”. Y ya hay voces que reclaman la prohibición de entregar fondos públicos a medios que hayan sido condenados por mentir.

La conciencia del problema se extiende. Este viernes un manifiesto alcanzó en pocos horas miles de de firmas ciudadanos y de cientos de periodistas, entre ellos algunos de los más prestigiosos del país, como Miguel Mora, Pilar del Río, Rosa María Artal, Maruja Torres, Xosé Manuel Pereiro, Javier Valenzuela, Silvia Intxaurrondo, Manuel Rivas, Cristina Fallarás Sánchez o el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.

"La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria". Centenares de periodistas han firmado ya un manifiesto para animar a la sociedad civil a movilizarse en las redes sociales y en las calles contra "este atropello antidemocrático" de la derecha y la ultraderecha tras la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su decisión de suspender su agenda hasta este próximo lunes y plantearse su continuidad.

¿Qué periodismo necesitamos? Bajo esta pregunta nada sencilla de responder se enmarca  un ciclo de mesas redondas organizadas por el Instituto de Periodismo Constructivo y la Fundación La Caixa. Madrid, Sevilla, València, Zaragoza y Palma acogerán a lo largo de todo este año unos debates que bajo el título El periodismo que necesitamos en una sociedad sobreinformada intentarán abordar algunos de los problemas que arrastra en la actualidad la profesión: el exceso de información, la negatividad, la polarización y sus efectos tanto en las personas como en la convivencia como sociedad. 

Este ciclo arranca este mismo jueves en Madrid. El Caixaforum acoge la primera mesa que lleva como título La fatiga ciudadana ante el exceso de información. Moderada por la secretaria general del Instituto Hermes, Luisa Alli, contará con la politóloga, profesora de la Universidad de Zaragoza y columnista de infoLibre Cristina Monge, junto al fundador y director del Instituto de Periodismo Constructivo, Alfredo Casares, que además es el director científico de estas mesas. En un mundo en el que "estamos sobrados de gurús periodísticos", el objetivo es convertirse en un punto de encuentro para reflexionar "en voz alta" e intentar aportar soluciones. "Queremos abrir la conversación sobre el periodismo que necesitamos no sólo a los periodistas si no a la sociedad entera, y que todos podamos participar en esta conversación", reconoce Casares.

En este ciclo tendrá un lugar de protagonismo el periodismo constructivo, un periodismo que busca soluciones y crea aprendizaje frente a la crispación y el catastrofismo que rodea la esfera mediática. infoLibre es uno de esos medios que está trabajando para aplicar este periodismo constructivo a un proyecto generalista, con una fuerte presencia de la actualidad política, el análisis y la investigación. 

Ante la mesa redonda de este jueves, infoLibre habla con Alfredo Casares sobre este ciclo, el periodismo constructivo y el estado actual de la profesión: 

Uno de los puntos que se abordarán durante este ciclo es el exceso de información. Con el actual ritmo de noticias, siendo bombardeados con últimas horas constantes, ¿estamos consumiendo noticias por encima de nuestras posibilidades?

No las estamos consumiendo, estamos recibiendo impactos constantes, además de una forma que no es muy consciente, es decir, que no es voluntaria. Lo que necesitamos es, por un lado, hacer un periodismo de manera más consciente, teniendo muy claro para qué lo hacemos; y, por otro, consumir información siendo muy cuidadosos de qué impactos recibimos y no dejarnos avasallar por ese bombardeo constante. Es cierto que ha habido una aceleración del relato informativo grandísimo y que estamos sometidos a impactos informativos que no son voluntarios, por ejemplo nuestro teléfono móvil está constantemente llamando nuestra atención. Al final, consumimos de manera pasiva mucha información y en el ciclo haremos una aproximación a cómo tener una relación más saludable con el acto de estar más informado. 

Para ser justos, los medios de comunicación no son los únicos culpables de esta saturación, las redes sociales e Internet juegan un papel fundamental...

Sí, muchas empresas periodísticas están hoy en un negocio en el que compiten por la atención con grandes empresas globales de entretenimiento, con las redes sociales... y en el que captar la atención es muy importante para el negocio. Pero el negocio es una parte, y en el ciclo hablamos de periodismo y me interesa que se separe el debate.

En esta competición por la atención, ¿el periodismo ha dado por perdido ya su papel tradicional como gatekeeper ante estas plataformas? 

No debería. Lo que probablemente tiene que buscar es que el periodismo encuentre y conserve un lugar valioso. Que quizás no sea lo que se hacía antes, pero tiene que buscar su sitio. Hay entornos que se han convertido en lugares muy hostiles para hacer periodismo. Como dijo Jürgen Habermas en una entrevista hace unos años, la innovación que supuso la revolución digital no está hecha con fines culturales, como quizás pasó con la imprenta, sino que está hecha con fines económicos. Internet sirve a unos intereses que son, en gran parte, económicos y si quieres estar ahí, tienes que competir con sus reglas, no con las del periodismo. Sin embargo, el periodismo no ha renunciado a este papel de mediador y creo que nadie lo piensa, tampoco la gente que está al frente de los medios.

Además de las redes, la inteligencia artificial ha irrumpido para quedarse. En los últimos meses, los mensajes han sido, sobre todo, catastrofistas, pero, ¿puede ser una aliada o todo lo contrario?

La respuesta está en el medio: puede ser aliada y enemiga. Podemos usar la inteligencia artificial para hacer mejor periodismo y en eso creo que el sector está muy bien alineado. Hay medios que la están usando de muchas formas desde hace tiempo: puede ayudar en la personalización, en la elaboración de determinados contenidos de valor añadido, en el manejo de grandes cantidades de datos... Pero, es cierto que la inteligencia artificial tiene que ser un apoyo y una herramienta, no puede convertirse en el motor del periodismo que hacemos. Además, hay que estar atentos porque la inteligencia artificial, en este entorno hostil, es un factor que contribuye a hacer más difícil separar lo cierto de lo que no es cierto, complica las cosas para el periodismo y para la ciudadanía en un entorno digital donde la desinformación es un elemento estratégico. 

Las redes sociales y la inteligencia artificial siempre son señaladas como foco de noticias falsas. ¿Puede el periodismo constructivo ayudar a frenar esta desinformación?

Lo que puede hacer la profesión con buen periodismo, con un periodismo que sea más constructivo, más orientado a las soluciones, más explicativo y más contextual, es ofrecer una oferta que satisfaga necesidades que la sociedad tiene. Con lo fácil que es acceder a la desinformación, competir con ella es difícil porque consumir buen periodismo no sólo exige que haya buen periodismo, que lo hay: también exige que la ciudadanía haga el acto voluntario de acudir a ese periodismo y no a otro. Es importante también cuanta oferta haya de un periodismo más constructivo: cuanto más de este periodismo hagamos más argumentos tendremos para que la ciudadanía acceda a una información que la implica, la compromete y la mueve a la acción. 

El periodismo constructivo será clave en este ciclo de mesas. Pero, ¿cuál es el ingrediente principal que hace que una pieza se distinga de lo que se hace habitualmente en los medios? 

El rigor, por supuesto, y el mostrar y compartir aprendizajes que podamos incorporar a la sociedad. También que traslade esperanza, pero basada en datos, evidencias y experiencias, no en una esperanza facilona ni buenista. Y hacer visibles esas respuestas y esas iniciativas que la sociedad está llevando a cabo, ya sean personas, comunidades u organizaciones, para dar respuesta a los desafíos y a los grandes problemas, que los tenemos. Es un periodismo que no niega los problemas, ni muchísimo menos, sino que los explica y que explica sus consecuencias pero desde esa perspectiva de las soluciones. También nos enfrenta a situaciones o contextos que no son necesariamente los habituales y que desafían nuestras creencias, que se atreve a mostrar realidades que quizá no coinciden exactamente con las nuestra, o con nuestros entornos o forma de pensar. Otro de los rasgos del periodismo constructivo es hacernos entender mejor la diversidad y favorece el diálogo, la conversación entre distintos porque entre iguales es muy fácil.

Como comentaba, el periodismo constructivo no consiste en dar noticias amables. ¿Por qué cree que se cae siempre en este error de empañar de buenismo este tipo de periodismo? 

Diría que cada vez menos. Hoy empezamos a diferenciar muy claramente lo que son las noticias positivas, que para que nos alegren el día están bien, y lo que es el periodismo constructivo, que es riguroso y de investigación. Pero de investigación no para denunciar sino como un complemento que nos ayuda a equilibrar la denuncia con el 'y ahora qué'.

¿Y se puede hacer periodismo constructivo en un lugar de conflicto como puede ser ahora mismo Gaza o Ucrania?

Sí, hay periodismo constructivo en tiempos de guerra, se puede hacer. Hay varias iniciativas y son interesantes, aunque es cierto que tienen que dejar pasar un cierto tiempo. Hacer visibles estos proyectos no supone edulcorar la guerra, ni mucho menos, sino que supone hacer visibles procesos de empoderamiento, de resiliencia y del poder que tiene la comunidad para salir adelante. No se trata de historias de héroes, con capa y espada, sino de gente como nosotros que consiguen organizarse y cambiar, paliar o resolver hasta donde puedan llegar determinadas situaciones.

¿Cómo será, o cómo te gustaría que fuera, el periodismo de dentro de una o dos décadas? 

No tengo ni idea de cómo será, ni en qué formato será. Pero, desde luego, tendrá que ser lo que siempre tuvo que haber sido: un periodismo que nos ayude a entender mucho mejor la diversidad y la complejidad de la sociedad, que sospecho que va a ir en aumento; que favorezca la convivencia y el diálogo, y que nos ayude a tener una imagen del mundo más justa y más equilibrada. Y, por su puesto, que nos ayude a tener una imagen de una sociedad capaz de generar cambio y transformación social. 

“Lo mejor que podemos hacer como sociedad para combatir los riesgos de la era digital es suscribirnos a un medio de comunicación”. Elena Herrero-Beaumont, directora de Ethosfera, fue así de clara el miércoles en la presentación del Manifiesto OFF, una iniciativa de la sociedad civil que pretende concienciar sobre la necesidad de retomar el control sobre la tecnología y que propone medidas urgentes. Con la inteligencia artificial avanzando a toda velocidad, somos vulnerables ante un desarrollo tecnológico cada vez más invasivo, sofisticado y autónomo. Aunque este gesto podría parecer intrascendente, no lo es. Pagar por las noticias que consumimos es el arma más potente para combatir los riesgos de la democracia en la era digital. Solo el buen periodismo puede hacernos despertar ante el mayor reto que tenemos como especie.

Hace unos días, la revista norteamericana The New Yorker publicaba un artículo titulado ¿Están los medios preparados para la extinción? Este ensayo hace una radiografía completa del negocio del periodismo en el que la publicidad cada vez es más escasa, el tráfico a través de Google depende de un algoritmo opaco y cambiante, el público desconfía del periodismo, las redes sociales se están muriendo y el modelo de suscripción no acaba de consolidarse más allá de algunos grandes medios como The New York Times.

Tal y como contabiliza Clare Malone en el artículo de The New Yorker, en las últimas dos décadas han cerrado 3.000 periódicos en Estados Unidos y han perdido su trabajo más de 40.000 periodistas. Una época que ha coincidido con la búsqueda de un modelo de negocio rentable en la que, al principio, los medios se centraron únicamente en perseguir el tráfico y las visitas ofreciendo gratis las noticias.

Jugar al clickbait y a la optimización de los motores de búsqueda supuso ceder gran parte de la distribución a grandes empresas tecnológicas externas, lo que aceleró la caída de la industria, ya que el dinero que prometían nunca acabó de llegar a las empresas periodísticas. “El tráfico fue perdiendo valor... Google y Facebook eran demasiado buenos vendiendo el suyo directamente a los anunciantes”, opina Ben Smith, periodista y exdirector de BuzzFeed News, en su libro Tráfico (Penguin, 2023).

La dependencia del algoritmo de Google y del agregador Discover es uno de los problemas a los que se enfrentan a diario los medios de comunicación, ya que las empresas periodísticas se dirigen a audiencias fragmentadas que han perdido el hábito de meterse en las webs informativas. Google y las redes sociales actúan como plataformas intermediarias que se encargan de jerarquizar por sí mismas los contenidos, homogeneizando la producción mediática digital y, por consecuencia, la opinión pública.

Según los datos, el 92% de las búsquedas en internet se hacen a través de Google. Siempre ha sido el buscador estrella. Su agregador decide qué contenidos se ven y cuáles se ocultan, por lo que cualquier mínimo cambio en su algoritmo afecta a las visitas de los periódicos y a la sostenibilidad de sus negocios. Como explican los autores de La invasión del algoritmo (Gedisa, 2023), los algoritmos de Google son modificados una media de seis veces al día. Cómo opera realmente es uno de los secretos mejor guardados de la compañía. 

Ante este panorama incierto en el que la distribución depende de una tecnológica, los medios periodísticos avanzan a tientas entre la oscuridad. Por eso, es imprescindible repensar la relación de la prensa con su audiencia y asumir completamente que los anunciantes ya no son los que deben pagar por el periodismo, sino que los verdaderos clientes son los consumidores. Esta semana, el editor de de The New York Times A. G. Sulzberger le confesaba al periodista y jefe editorial del Instituto Reuters, Eduardo Suárez, que él solía analizar y observar habitualmente a las empresas no periodísticas porque se enfrentan a dinámicas muy parecidas a las del periodismo. 

“Muchos creen que el crecimiento de nuestras suscripciones se produjo como resultado de la elección de Donald Trump. Yo tengo un diagnóstico diferente. Sucedió de manera desproporcionada porque Netflix y Spotify habían pasado cinco años convenciendo a la gente de que estaba bien sacar la tarjeta de crédito para pagar un servicio en lugar de un producto”, explica en la entrevista. Hoy The New York Times tiene 10 millones de suscriptores y tiene previsto alcanzar los 15 para el año 2025. 

La socióloga y profesora de la Universidad de Harvard, Shosaha Zuboff, una de las grandes investigadoras de las repercusiones de la tecnología en la sociedad, sostiene que “en esta tercera década del siglo XXI se decidirá, sin duda, nuestro destino". "¿Conseguiremos encaminarnos hacia un futuro digital mejor o nos arrastrará a lo peor?", se pregunta.

El modelo de suscripción es el único camino para que los medios no se extingan. Tenemos que ofrecer el mejor producto, crear una comunidad fuerte y volver a generar en los ciudadanos la costumbre de entrar en los periódicos para informarse. Es imprescindible invitarles a quedarse en nuestro hogar, como hacen a diario cuando enchufan Netflix, Spotify, Disney o HBO.

Frente a la crispación y el catastrofismo mediático, un periodismo que busca soluciones y crea aprendizaje. Esta es la iniciativa que hace ya diez años un grupo de periodistas de Estados Unidos se propuso con la fundación de Solutions Journalism Network (SJN). 

Este mes celebran su diez aniversario con reuniones de periodistas y simpatizantes en una quincena de ciudades de todo el mundo. En nuestro país el anfitrión de este encuentro es el periodista Alfredo Casares, SJN Lede Fellow y formador acreditado por la organización norteamericana. Es autor del libro La hora del periodismo constructivo y fundador del Instituto de Periodismo Constructivo, que ha impartido talleres a más de 300 profesionales del sector de la información. Algunos de ellos se han reunido este jueves 16 de noviembre en Madrid en un encuentro informal al que han acudido periodistas, profesores universitarios y estudiantes en la sede de Open Value Foundation. 

Cuenta Casares al comienzo de la charla que este tipo de periodismo consiste en “escuchar más e interrogar menos”. No tiene que ver con el “buenismo”, o con edulcorar la realidad y mirar a otro lado, símplemente es una forma de contar diferente, analizando con mucho rigor los desafíos de la actualidad, sin olvidar sus retos y soluciones: “El objetivo es construir una audiencia mejor informada, más crítica, unida, cohesionada y comprometida con la acción social. Lo hacemos tratando de influir en todas las narrativas, también en empresas o instituciones. Queremos cambiar las gafas con las que miramos el mundo”. 

La inmediatez mediática y el efecto de las redes sociales han agudizado la polarización y la difusión de noticias falsas. Sus efectos han sido más que evidentes en los últimos años: el asalto al Capitolio de Washington; el surgimiento de líderes de extrema derecha como Javier Milei, en Argentina, forjados prácticamente gracias a Tiktok; o sucesos como los que se están viviendo estas noches frente a la sede del Partido Socialista en Ferraz. 

Los datos de confianza en los medios de comunicación no son alentadores y son muchos los ciudadanos que deciden dejar de informarse por los efectos emocionales que les generan las noticias negativas y la sobreinformación. “Este tipo de periodismo se está expandiendo como el cemento con las audiencias porque sirve para contrarrestar el abandono de noticias y combatir la división social”, añade Casares, mientras que reconoce que, aunque más moderadamente, esta corriente también se está abriendo paso en nuestro país: “Hay directivos que se forman para poder formar ellos a su plantilla, nuevas secciones, nuevos proyectos editoriales, universidades interesadas…”

InfoLibre es uno de esos medios que está trabajando para aplicar el periodismo constructivo a un proyecto generalista, con una fuerte presencia de la actualidad política, el análisis y la investigación: “Es muy interesante lo que estamos trabajando con ellos, desde una visión estratégica, para conseguir su implantación de manera permanente, sostenible, realista y de largo recorrido”, afirma Casares.

Daniel Jiménez es uno de los profesionales que han compartido su experiencia con el periodismo constructivo en este encuentro. Escribe en la web noticiaspositivas.es que, desde hace años, se encarga de  dar voz a proyectos y personas que trabajan para transformar la sociedad: “Muchas veces me preguntan por qué cuesta tanto dejar de lado las noticias negativas y alarmistas. Esto en parte lo explica nuestra naturaleza. Hay una parte biológica que se activa en el ser humano ante situaciones de miedo y peligro. Pero, frente a la democracia del espectador, como lo llama Noam Chomsky, necesitamos a personas activas y críticas que crean en que es posible solucionar los conflictos del día a día”.

Jiménez Insiste en que su trabajo no es “hacer noticias amables o eludir los problemas graves”. A pesar del nombre, no buscan la evasión: “El periodismo lleva toda la vida en crisis. Hay que buscar nuevos enfoques y a mí me encantaría que éste nos ayude a revivir la profesión, que ayude a crear una información pedagógica y divulgadora, quee el lector entienda en qué mundo vive, qué actores hay en él y cómo se pueden cambiar las cosas”. 

Por su parte, Susana, profesora de radio en la Universidad Carlos III de Madrid, ha encontrado en este tipo de periodismo un impulso para no abandonar una profesión “con la que estaba muy desencantada”: “Desde esta perspectiva se ponen al servicio del periodismo de investigación nuevos formatos y narrativas. Es muy luminoso y emocionante, aunque cuesta incluirlo en los planes de estudio y, especialmente, adaptar todo esto a los códigos de los centennial”. En el mismo sentido Sonia Felipe, estudiante de Periodismo con experiencia en el ámbito de las fundaciones, cree que hace falta “deconstruir las universidades”, en las que te enseñan que “tiene que haber muchos datos” y a buscar “ese ángulo negativo”. 

Un 70% de los directivos de medios europeos anticiparon a mediados de año su intención de impulsar iniciativas relacionadas con el periodismo constructivo, de acuerdo al informe anual de tendencias del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford. Por el momento, según explica Casares, en Solutions Journalism Network cuentan ya con una base de datos de historias de soluciones de más de 15.500 piezas de unos 8.800 periodistas, escritas en 15 idiomas distintos. 

Revista Haz es uno de los primeros medios en España que se interesó por el periodismo constructivo o de soluciones. Javier M. Cavanna, director ejecutivo y editor de la revista, además de profesor experto en transparencia y buen gobierno, cuenta cómo desde el primer momento apostaron por la cobertura de iniciativas sociales y de contenido centrado en “las personas que contribuyen a mejorar problemas”, especialmente en el tercer sector: “En 2020 nos encontramos con Alfredo, en plena pandemia. No parábamos de ver noticias negativas cuando había multitud de personas ayudando y creando. Creíamos que debían de tener voz”. 

Cavanna destaca el interés por parte de los anunciantes en estos contenidos: “Hemos visto una oportunidad porque hay muchas empresas que quieren asociarse a este tipo de proyectos, aunque somos muy transparentes para diferenciar lo que es nuestra información del branded content”.  Desde su fundación, además, han impulsado un observatorio de medios, en el que trabajan para mejorar la credibilidad de los periódicos y revistas en su proceso de producción de contenidos: “Los medios tienen que aprender a informar de sí mismos. Tienen que ser transparentes, no sólo con sus cuentas y la publicidad, sino ser capaces de analizar y reivindicar los impactos que están generando”. Sobre ello, Casares apunta a que “el periodismo se ha centrado mucho en hacer y no decir, pero es muy importante conectar con el ‘para qué estás’”. 

En este ámbito más empresarial, algunas asistentes como Sicilia Garaolla, de Impact Hub, trabajan para desarrollar “una comunicación corporativa que tenga en cuenta los temas medioambientales, de buena gobernanza…”, evitando lo que se conoce como “greenwashing”, para apostar por la innovación y la información rigurosa. Felipe, por su parte, lamenta  que, cuando se informa sobre lo que hace el sector privado, todo se queda en números y lo positivo acaba en branded content: “Es una buena iniciativa, pero no todo lo bueno tiene que ser remunerado. No vale eso de ‘si tienes algo turbio informo y si quieres que dé lo positivo paga’”. 

Paulino Ros es periodista de la Radio Regional de Murcia y lleva casi cuarenta años informando sobre la población migrante. Recuerda que fue en los ochenta cuando empezaron a llegar a la comunidad los primeros magrebíes, a los que más tarde se unieron trabajadores de Europa del Este o América Latina. Siempre tuvo la vocación de entender qué había detrás de una persona que lo deja todo para buscar una vida mejor. Empezó en radios locales, más tarde en “Tertulia entre Hermanos”, que llegaba hasta el norte de África, y hace poco dirigió el documental Lágrimas que forjan diamantes. 

 “En el documental cuento la historia de un hombre migrante que, después de haber vivido en la calle, después de mucho esfuerzo, tiene una casa, trabajo, una hija que estudia periodismo… y lo mejor es haber logrado que otras familias se sientan reconocidas en él”, explica Ros que asegura haber buscado otras perspectivas “más constructivas” desde que conoce a Alfredo: “Es el 11% de la población. No podemos quedarnos en el discurso del odio”. 

Ros también señala que, cuando habla de estos temas con otros compañeros, le miran con “cara de no entender nada de lo que dice” y con cierto “escepticismo”: “Me dicen ‘pero si la gente muere en las costas’ cómo vas a ser positivo, bueno, hay que contar todo. Yo también voy a las mezquitas, al Ramadán, tiende puentes con las familias extranjeras y hago el trabajo de conocerlos y conversar. El periodismo no tiene que oscurecerlo todo”. 

Hemos vivido una semana de gran tensión política y mediática. Para el director editorial de infoLibre, el periodista Jesús Maraña (Sahagún, 1961), "estamos en una situación que va a costar levantar". El foco mediático se ha repartido esta semana en dos frentes. Por un lado, en el debate del estado de la nación que, según su opinión, "ha marcado un cambio". Por otro, en la publicación de nuevas grabaciones del comisario Villarejo en las que ha salido a la luz lo que califica como "una guerra sucia que pretendía liquidar a dirigentes políticos concretos y a opciones políticas concretas".

"Ahora mismo, describiría el estado de la nación como de un desgaste general, de la credibilidad política y de la confianza en los medios. Una especie de hartazgo de la situación, muy condicionada también por la economía, por la inflación y fundamentalmente por la incapacidad, sobre todo de la gente más humilde y de las clases medias, de poder equilibrar las subidas de precios desorbitadas y los ingresos salariales. Eso contribuye, junto a otros factores, a una situación que me parece preocupante, sobre todo por la sensación de que la gente no puede más o de que la gente se aparta, se harta y ya escucha menos. Le interesa menos acercarse a las noticias, las opiniones o a los análisis de los políticos, los periodistas y los medios. Me parece que estamos en una situación que va a costar levantar, pero también hay que infundir, como siempre, una dosis de optimismo y de confianza, porque de otras hemos salido".

"Hay que recordar que Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición venían de una etapa de desgaste muy profunda. Sánchez estaba sometido a una crítica constante muy dura y a unas encuestas que, después de las elecciones andaluzas, anticipaban la imposibilidad de que volviera a sumar para mantenerse en Moncloa en unas elecciones generales. Es muy difícil calibrar hasta qué punto, pero desde luego se aprecia el intento de Sánchez de retomar la iniciativa política y de marcar una hoja de ruta que no va hacia esa geometría variable a la que ha jugado varias veces, sino claramente en sintonía con los socios de investidura. Me parece que el presidente y la coalición de gobierno salen reforzados de este debate y ya veremos si esto les lleva a una rampa ascendente o es algo coyuntural".

"La explicación de que en este debate del estado de la nación hayamos visto un PP mucho más parecido al de Casado que al que supuestamente fomenta Feijóo tiene que ver con lo de siempre: con que el competidor principal es Vox y con la realidad de que el PP sigue sin tener una hoja de ruta de partido de derecha moderna, democrática y europea. Coincidía el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y eso se utilizó como excusa para volver a poner en primer plano algo con lo que conseguimos acabar hace más de una década, que es ETA, que es el terrorismo. Lo que hemos percibido es, por un lado, que siguen en esa utilización macabra del terrorismo. En segundo lugar, creo que se ha echado de menos también una oposición que presente su alternativa en una situación tan grave desde el punto de vista económico y que hace pasarlo tan mal a tanta gente".

"La fórmula del debate sobre el estado de la nación está definida desde 1983. El protagonismo lo tienen el presidente y los portavoces del resto de los partidos. La fórmula no estaba pensada para que una coalición hiciera balance de su gestión o presentara propuestas de futuro. Aunque un Gobierno es un Gobierno y al final las decisiones son colectivas, no hubiera sido raro que la representante principal del socio de Ejecutivo tuviera algún papel también. En este caso, podría haber sido la vicepresidenta, Yolanda Díaz. Pero a mí me parece que lo importante en esto es que las medidas que se han tomado y se han votado también son medidas sobre las que el socio de coalición más pequeño, Unidas Podemos, puede presumir de su autoría o al menos de empujar mucho y de haber peleado por ellas. En ese sentido, también el espacio de Unidas Podemos sale reforzado del debate".

"El posicionamiento de Vox después de la caída de Casado me parece que pasó por un periodo de desorientación, de reubicación o de esperar para comprobar cuál era la estrategia de Núñez Feijoo. Ahora, tengo la impresión de que no varía apenas la hoja de ruta de Abascal, Vox y la extrema derecha. Precisamente el hecho de que Feijóo, al menos aparentemente, intente ocupar un espacio más central para competir con un voto más moderado, supone que deja una franja mayor para que el extremismo y el radicalismo de Vox tengan más fortaleza. En ese sentido, me parece que no varía su estrategia. Al final, creo que Abascal reconfirma sus posiciones con la ambición de que a nivel estatal pueda llegar a ser tan necesario para el PP como lo ha sido en Castilla León y no como ha ocurrido en Andalucía. Ese va a ser el intento y le servirá todo a Vox para lograrlo".

"Desde hace tiempo, la percepción que tenían en el Gobierno y en los partidos que forman la coalición era que muchas medidas que han sido eficaces, y que además han ayudado a soportar la crisis de la pandemia y los primeros efectos de la crisis por la guerra o por los precios energéticos, no eran valoradas por la ciudadanía. Se echa siempre mano de la cosa de la comunicación. No creo que tenga tanto que ver con eso, como con la credibilidad política de cada miembro del Ejecutivo y del propio presidente y el daño que pueden hacer las apariencias de división o las divergencias demasiado sonoras percibidas como demasiado bruscas y duras en el propio Gobierno. Me parecería un error que el Ejecutivo creyera que todo el problema del desgaste en las encuestas se debe a una mala comunicación. Hay cuestiones de fondo que creo que se deben cuidar más, como es la unidad prioritaria de esa coalición, si se quiere no entregar el poder a las derechas en las próximas elecciones".

"El desgaste reflejado en las encuestas del Gobierno de coalición, del presidente y de la opción de izquierdas no creo que se resuelva con un debate del estado de la nación. Pero es verdad que son muy importantes las percepciones de la coyuntura política. De la misma manera que parece lógico que después de una victoria tan aplastante en Andalucía, psicológicamente, el PP se percibe como un partido que puede ser ganador, sobre todo sumando con la extrema derecha. La percepción psicológica después de un debate, y sobre todo de las medidas que salen del debate, puede variar en determinadas capas, porque sí se puede percibir que el año y medio que queda de legislatura es mucho tiempo. No diría que el debate cambie totalmente la percepción, pero sí que marca por lo menos un aviso a la derecha de que no tiene todo ganado. Por otro lado, creo que puede insuflar ánimo y disposición a movilizarse y a creer a mucha gente que estaba desanimada o decepcionada o, sobre todo, alejada de la tensión política diaria, del ruido, de la crispación".

"Los audios que hemos escuchado de Villarejo y Ferreras a mí me parece que son un absoluto escándalo. Esos audios confirman, de una manera más sonora y bastante cutre, que en este país existió una guerra sucia que pretendía liquidar a dirigentes políticos concretos y a opciones políticas concretas, como era Podemos y como era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene todo el derecho del mundo a denunciar esa cacería. Cualquier demócrata debe denunciar esa guerra sucia que ha existido y en la que participaban actores policiales, políticos, mediáticos y judiciales. infoLibre fue uno de los primeros medios que se hizo eco de esos audios que publicó Crónica Libre el pasado domingo por la mañana. Lo reconoció el propio Iglesias. Después de eso, han ocurrido muchas cosas. Se ha establecido un debate muy ruidoso y se han planteado algunas dudas que también me ofrecen blancos, negros y grises. Creo que las explicaciones de Ferreras no son suficientes, sobre todo en lo que se refiere a no haber denunciado la falsedad de los documentos publicados por Inda y haber seguido dando cancha a sus inventos contra Podemos".

"En infoLibre hemos apostado siempre por no depender ni de poderes económicos, ni políticos, ni de grandes emporios mediáticos, ni de la publicidad institucional de comunidades o ayuntamientos u otras instituciones. Claro, cuando se apuesta por depender exclusivamente de los lectores, tú eres responsable ante los lectores, pero necesitas dar a ese medio una visibilidad que sin los recursos que ofrecen esos poderes, no la tienes ni la puedes conseguir. Esa es la realidad. Algunos dirigentes políticos y periodistas han exigido con mucho ruido que los periodistas de los medios independientes no vuelvan a acudir a las tertulias y a los programas de laSexta. Pero no he escuchado ni he visto un comunicado en el que todos esos dirigentes políticos digan que no van a volver a hablar en esos medios, en laSexta o en sus programas. Es una incoherencia que me cuesta entender. Me gustaría trasladar algo con absoluta honestidad: es muy injusto que alguien tenga que estar demostrando cada minuto y cada hora del día en qué cree y cómo actúa. Lo explicaba nuestro director, Daniel Basteiro, en un artículo sobre el asunto: nunca hemos dejado de decir lo que pensamos con absoluta libertad en los programas a los que acudimos. Y creo que es importante que nuestros argumentos y los valores que defendemos tengan eco y visibilidad máximas".

"Cuando hemos apostado por un medio que dependa exclusivamente de los lectores, sería un terrible error para todos que algunos lectores llegaran a actuar como actúan los poderes mediáticos, económicos, financieros o políticos: o hace usted lo que yo digo y lo que yo creo o me borro. Ese pulso me parece que debería llevar a alguna reflexión más profunda, no sólo para los periodistas que nos dedicamos o estamos en este intento, sino también para los lectores que se suscriben a medios, quizá confiando menos en la importancia de un periodismo riguroso y fiable que en reconfirmar constantemente sus creencias. Es de verdad de vértigo, levantarse por las mañanas y pensar si merece la pena toda esta pequeña batalla diaria por defender cosas fundamentales. Espero que haya una investigación a fondo de toda esa guerra sucia y también una reflexión autocrítica de medios, periodistas y lectores sobre lo que todo esto significa. Creo que también ha llegado el momento de reivindicar que no todos somos iguales, debemos avergonzar y señalar a quienes ensucian el periodismo en lugar de ejercerlo honestamente. Y la ciudadanía también tiene que asumir la responsabilidad de diferenciar el periodismo fiable de otro tipo de intereses".

"A raíz del asunto de los audios, durante estos días hemos recibido también miles de elogios en las redes de gente que había percibido que, con aciertos o con errores, habíamos actuado honestamente. Habíamos sido quizá el primer medio convencional en hacernos eco de esos audios y de lo que contenían. Me gustaría lanzar una reflexión. Si el 5% de esos elogios se hubieran convertido en suscripciones a infoLibre, no tendríamos ningún problema, ni ninguna incertidumbre sobre el futuro y la sostenibilidad del medio. No necesitaríamos ventanas para visibilizar mucho más lo que hacemos. Es triste, pero creo que todavía falta en este país mucho esfuerzo por parte nuestra, por los periodistas y los medios, para demostrar la necesidad absoluta de ese periodismo serio, riguroso, fiable, para que una democracia funcione. Y por otro lado, también falta que la gente, la ciudadanía, llegue a valorar lo que significa que existan esos medios".

"Venimos de varios años de tanta incertidumbre, de tanto griterío, de tanta polarización, que se percibe un agotamiento. Se percibe ese cansancio, ese agotamiento y hace falta un impasse. Nos hace falta un paréntesis, hace falta reposar un poco las cosas. La democracia tiene mucho que mejorar y en este país todas estas noticias que venimos viviendo, conociendo y comentando lo confirman. En este país creo que tenemos mucha necesidad de escuchar más, de gritarnos menos, de que haya menos capataces. Está esto lleno de capataces que parece que lo saben todo acerca de todo. Y yo lo siento, pero estoy cargado de dudas permanentemente. Y cometemos errores, por supuesto. Se nos ha reprochado que en un titular figurara el 'caso Inda' en lugar de "los audios de Villarejo y Ferreras". Acepto la crítica y asumo la responsabilidad, pero es injusto lanzar la insidia de que ese titular pretendía "blanquear a Ferreras". Con observar todo el tratamiento que hemos hecho y seguiremos haciendo sobre el tema o las opiniones publicadas en infoLibre se puede comprobar fácilmente. Estamos muy agradecidos a tantos miles de socias y socios del periódico que confían en nuestro trabajo. Todo el mundo sabe que para que un medio se sostenga y sea de verdad independiente, se necesita la complicidad, el apoyo y el compromiso de los lectores. Está siendo una pelea y una lucha muy lenta, muy complicada, porque coincide además con ese hartazgo ciudadano y esa apatía que se está extendiendo y que es preocupante. Pero seguimos en el intento".

En tiempos de pandemia la información veraz y contrastada es, si cabe, más importante. Así lo expreso la Organización Mundial de la Salud a la hora de instar a los países a detener la difusión perjudicial y la desinformación. "Ponen en peligro la salud y las vidas y socavan la confianza en la ciencia, las instituciones y los sistemas de salud" dijo el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.  En este contexto se celebrará el 1 y 2 de octubre, virtualmente, el Congreso de Periodismo de Huesca .

El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña inaugura la 21 edición del Congreso de Periodismo Digital junto al director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, a partir de las 9.30h de este jueves. A continuación, Mamen Mendizabal (laSexta) e Ignacio Escolar (eldiario.es) mantendrán una conversación sobre la situación del periodismo actual. La siguiente cita a través de la pantalla será una mesa redonda moderada por Alberto Sicilia, doctor en Física Teórica y reportero, sobre la información en tiempos de pandemia. Pampa García, también física y directora de la agencia Sinc, analizará junto a los comunicadores científicos Antonio Villarreal y Esther Samper el desafío de informar sobre una pandemia en tiempo real. 

El día continuará con otra mesa redonda sobre el podcast. Seis de cada diez usuarios de Internet escuchan podcast en España, según un informe publicado por el Instituto Reuters. Somos el quinto país que más contenido consume en este formato de los 23 analizados. ¿Ha llegado el podcast para quedarse? ¿Sustituirá a la radio tradicional? Estas y más cuestiones analizarán Carola Solé (Volver, cinco historias sobre la crisis catalana en Podium Podcast), Silvia Viñas (Radio Ambulante) y Pablo Romero (Las tres muertes de mi padre en Cuonda). La conversación estará moderada por Núria Jar, de Revista 5W.

También se presentarán proyectos innovadores: Climática, Norae, Invertia, Cima Norte y La Política Online. Antonio Rubio conducirá la presentación. Tras la pausa para comer, Eduardo Suárez, jefe de comunicación del Instituto Reuters y co-fundador de Politibot y ElEspañol.com, analizará uno de los principales desafíos de los medios digitales: la supervivencia económica. El periodista abordará la cuestión de cómo construir un buen modelo de suscripción. 

A las 16.00 horas un grupo de periodistas especializados en información medioambiental hablarán sobre qué narrativas deben acompañar a las informaciones climáticas para mantener vivo al lector, espectador u oyente. Una hora más tarde, los informadores que han decidido dejar el periodismo e intervenir en política, como Begoña Floria (PSOE), Pablo Montesinos (PP) y Alberto Bonilla (Cs), compartirán su experiencia y los motivos que les han llevado a dar este paso.

El periodismo visual será el protagonista a las 18.00h. Almudena Toral, responsable del equipo de vídeo de Univisión Noticias Digital, y la fotoperiodista Judith Prat, reflexionarán sobre las nuevas narrativas documentales. Serán en una mesa moderada por el periodista de eldiario.es Gumersindo Lafuente.

El 2 de octubre se impartirán talleres prácticos. El primero comenzará a las 9.30h y será sobre herramientas en periodismo de investigación y datos. Antonio Delgado, cofundador de Datadista, compartirá herramientas para analizar y contar informaciones con datos así como localizar fuentes abiertas. 

El segundo taller del día será sobre el libro como soporte periodístico y será impartido por Antonio Rubio. Por último, la fotoperiodista Judith Prat impartirá un taller de reportaje fotográfico.

La Asociación de Periodistas de Aragón organiza el Congreso que se celebra desde hace más de 2o años. El Congreso supera los 500 inscritos en solo una semana [puedes inscribirte aquí]

Un bulo tiene un 70% más de posibilidades de compartirse en Twitter debido al factor de novedad, según la revista Science

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno español de ratificar el Pacto por la Información y la Democracia impulsado por la organización, acuerdo que tiene como fin promover los principios democráticos en el espacio digital.

El Gobierno español confirmó este lunes su decisión oficial de unirse a la veintena de países democráticos, como Francia, Alemania y Reino Unido, que ya han ratificado el Pacto, fruto de la Iniciativa sobre Información y Democracia lanzada hace apenas un año por RSF. “En un momento de especial convulsión política, en el que algunos dirigentes se empeñan en tachar a los periodistas de ‘enemigos del pueblo’, por no hablar de los que propician la eliminación de reporteros que se empeñan en denunciar la corrupción, es una buena noticia que las democracias muestren su neto respaldo a un derecho fundamental como el de la información y a disfrutar de una prensa libre”, ha señalado Alfonso Armada, presidente de la Sección Española de RSF.

El Pacto Internacional de Información y Democracia compromete a los países firmantes a favorecer el acceso online a información libre, independiente, plural y fiable online. Establece principios democráticos como la neutralidad política, ideológica y religiosa para los algoritmos, así como la transparencia de su funcionamiento. Con el fin acabar con el actual “caos de información”, también hace hincapié en la responsabilidad de los proveedores de servicios digitales a la hora de promover contenido fiable y pluralismo en la indexación.

Estos son los países firmantes: 

Australia

Alemania

Canadá

Chile

Corea del Sur

Costa Rica

Croacia

Dinamarca

España

Francia

India

Italia

Letonia

Líbano

Lituania

Noruega

Países Bajos

Senegal

Sudáfrica

Reino Unido

Túnez