La Casa de Alba esta a un paso de poder volver a utilizar el agua de Doñana para regar su finca Aljóbar de Aznalcázar, cercana al acuífero. Ya lo consiguió durante una década, en los que robó supuestamente entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos de agua. Ahora, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, podría volver a permitirlo pese a que la Guardia Civil y la Fiscalía acusan a la familia de expoliar el acuífero sin permisos.

La empresa Eurotécnica Agraria, vinculada a la Casa de Alba y encargada de la gestión de la finca, podría recuperar su permiso original, que les permitía volver a 605.150 metros cúbicos por año en tres parcelas de 222 hectáreas, gracias a la Confederación. El único paso que falta es el remate de un procedimiento administrativo para los permisos de riego.

Ecologistas en Acción ha considerado "sorprendente" que días después de conocer que la instrucción se alargaría otros seis meses más, la CHG haya modificado, de forma provisional, una concesión de aprovechamiento que supondría extraer agua de más puntos y no solo de un pozo en esta finca por parte de Eurotécnica Agraria SA.

Este nuevo paso ha sido concretado, en un informe-propuesta de la Comisaría de Aguas al que ha tenido acceso EFE, en el marco de un expediente de transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, en el que se pone de manifiesto la viabilidad técnica y se reconoce un plazo de vigencia durante 20 años, entre distintas "condiciones específicas".

"Resulta sorprendente que la administración que tiene que velar por el interés general y el correcto uso del agua en la cuenca, conociendo la instrucción judicial prorrogada y que ha tenido que informar al juzgado sobre los daños a las masas de agua subterráneas, esté informando de forma provisional, pero favorable, a que usen los pozos investigados en su concesión de agua", ha señalado a EFE un portavoz de los ecologistas.

Esta organización considera que la resolución de la CHG puede ser "usada" por la empresa para solicitar al juzgado el archivo de las diligencias. "Lo lógico sería esperar a que se resolviera la vía penal y, en consecuencia, actuar en vía administrativa a posteriori", ha concluido.

A principios de este septiembre el juzgado decidió prorrogar seis meses más la instrucción sobre estos recursos hídricos vinculados a la Casa de Alba, una decisión adoptada tras la solicitud por parte de la Fiscalía al tratarse de una causa de "cierta complejidad técnica" y a la espera de concretar el posible daño que las extracciones de agua pudieron causar en el medio ambiente.

Por otra parte, el representante legal de Eurotécnica Agraria se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en la instrucción judicial abierta por unos pozos no autorizados administrativamente.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la persona compareciente en nombre de la sociedad investigada se ha acogido a su derecho a no declarar y ha apuntado únicamente que se remitía a lo que ya trasladó la persona física investigada en la instrucción que se sigue en la Sección Civil y De Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Plaza número 1.

En este caso ya declaró como investigado el nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien señaló el pasado 20 de febrero que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial.

Según las fuentes, además el compareciente ha sido debidamente informado de que en esta causa se investiga una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente, con el posible perjuicio al medioambiente que estas captaciones han podido causar durante distintos años.

La comparecencia de Eurotécnica Agraria haría que no fueran necesarias otras declaraciones de los consejeros delegados de la referida sociedad, entre cuyos miembros del Consejo de Administración están los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo.

Cada año, junto con las Banderas Azules a playas o puertos que entrega en todo el continente la Federación para la Educación Ambiental en Europa (FEEE), otra asociación, Ecologistas en Acción, otorga sus Banderas Negras, con las que señala las principales amenazas para el litoral de todo el Estado. Este año su informe anual se centra en la ocupación del espacio público marítimo-terrestre "por parte de particulares adinerados y por la sobreexplotación turística". Y como gran ejemplo de este tipo de "apropiación" del litoral, la asociación acaba de galardonar la ocupación por parte de la pareja de Alberto Núñez Feijóo de una franja de terreno público en Moaña, desvelada en exclusiva por Praza.gal el pasado noviembre.

Tras hacer público este diario que la Dirección General de la Costa quería recuperar el uso público de unos 210 metros cuadrados cerrados de forma conjunta con el chalé que la pareja de Feijóo adquirió en 2019, Eva Cárdenas pidió una concesión de ese terreno que le acaba de ser denegada. Sin embargo, tiene posibilidad de recurso y el caso podría demorarse años en los tribunales hasta que Costas pueda facilitar el acceso público a la parcela. Según Ecologistas en Acción, aunque "la superficie ocupada no representa una gran extensión como en otros casos, sí es muy relevante que el infractor consorte sea el ex-presidente de la Xunta y actual presidente del Partido Popular de España".

Junto con el caso de Feijóo y Cárdenas en Moaña, el informe de este año de Ecologistas en Acción recoge otras cinco banderas negras en todo el litoral gallego. En la misma provincia de Pontevedra también se pone el foco en la "mala gestión" de la isla de Toralla, en Vigo. En A Coruña, el informe señala a Altri "por la amenaza de destrucción de los recursos hídricos y biodiversidad en la ría de Arousa" y el puerto de Suevos "por los vertidos de la depuradora". Y en Lugo, las banderas negras son para Alcoa por la ampliación de la balsa de residuos que tiene en Cervo y para el hotel habilitado en el faro de la illa Pancha de Ribadeo, espacio natural protegido.

Además de estas seis banderas negras, Ecologistas en Acción hacen mención especial a la factoría de Ence en Pontevedra, "cuya legalidad está en entredicho tras admitir el Tribunal Constitucional el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra". "Es uno de los ejemplos de ocupación y uso industrial indebido del espacio público marítimo-terrestre y de cómo algunas administraciones amparan las ilegalidades de una minoría adinerada, mientras que aplican la ley sin miramientos al ciudadano común", dice la organización ecologista, recordando que Ence tiene "el récord" de banderas negras en Galicia en anteriores ediciones de estos galardones.

Investigadores de la Universidad de Sevilla advierten de que la futura mina de Aznalcóllar, que acaba de recibir todos los permisos para su reapertura, ya ha vertido metales pesados al río Guadiamar, cuyas aguas acaban en el Parque Nacional de Doñana. La noticia evidencia que Grupo México y Magtel, las nuevas compañías que explotarán las cortas —un tipo de explotación minera—, han incumplido su compromiso de impacto cero antes incluso de iniciar las obras para reabrir la instalación, como ya advertían los ecologistas y expertos ambientales.

Jesús M. Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, explica que las fuertes lluvias de marzo inundaron las históricas escombreras que rodean la mina original, y arrastraron aguas ácidas con un bajo pH y altos contenidos de metales al cauce del Guadiamar. "Esas aguas llevan muchísimo cobre, zinc, cadmio… que son muy tóxicos. Hemos avisado a la Confederación Hidrográfica y al Seprona, y nadie toma medidas. Y todo esto ocurre con los nuevos dueños", advierte el experto.

Castillo ha adelantado las conclusiones de su análisis a infoLibre, y la semana próxima publicará los resultados en un informe. El ecólogo subraya que este desastre ambiental evidencia que la reapertura de Aznalcóllar está en manos de empresas que no tienen intención de proteger el ecosistema porque esos residuos han alcanzado el corredor verde del Guadiamar, el parque Doñana y posiblemente el Bajo Guadalquivir, tres espacios de la Red Natura, uno de ellos Patrimonio Mundial de la Unesco. 

"La contaminación ha matado peces como la anguila europea, que está más protegida que el lince. Y aquí nadie hace nada. Se celebra la apertura de la mina y se le pone una alfombra roja", dice indignado Castillo.

El análisis ha coincidido con el permiso final de la Junta de Andalucía a la reapertura de la mina casi tres décadas después del accidente que precipitó su cierre, la mayor crisis ambiental de la historia de Andalucía. En abril de 1998 reventó la balsa minera de Aznalcóllar por una negligencia de sus dueños y se vertieron 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas cargadas de metales pesados al Guadiamar. Este río es afluente del Guadalquivir y la principal aportación de agua a Doñana, aunque los lodos solo penetraron brevemente en el parque nacional.

Tras años de reparaciones y millones de euros —que se libró de pagar la entonces dueña de las dos cortas, Boliden— la Junta volvió a sacar a concurso la explotación de la mina en 2015 bajo la presidencia de Susana Díaz (PSOE) y el concurso lo ganó la española Magtel, una adjudicación que está precisamente estos días en la Audiencia de Sevilla por un posible delito de malversación, prevaricación y fraude. La empresa que ejecutará el proyecto será finalmente Minera Los Frailes, propiedad del controvertido Grupo México (97,3%) y de Magtel (2,7%).

Además de la dudosa adjudicación, expertos en medioambiente y organizaciones civiles llevan años tratando de frenar la reapertura de la mina por miedo a que se repita la tragedia. La empresa define el proyecto como "la máxima expresión de sostenibilidad", pero los críticos con el proyecto lo ponen en duda. Isidoro Albarreal, especialista en Minas de Ecologistas en Acción, afirma que Minera Los Frailes ya ha dejado claro que no va a velar por el entorno, pero es que la Junta de Andalucía tampoco lo hará. "La Administración no tiene capacidad para controlar las innumerables condiciones técnicas del proyecto, y todo lo que se incumpla se traducirá en daños para el medioambiente", resume.

Los dueños del proyecto empezarán en los próximos meses los trabajos previos a la explotación, y se espera que la extracción de cobre, zinc y plomo comience en 2028, a un ritmo de 2,7 millones de toneladas al año. La vida de la mina será, por ahora, de 17 años.

El proyecto incluye un vertido anual de cuatro millones de metros cúbicos de lodos, que en teoría deben pasar antes por una depuradora que está por construir. A esto hay que sumar otros 17,3 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas que ahora almacena una de las dos cortas mineras que hay en la explotación. Allí se vertieron las aguas contaminadas rescatadas tras el accidente de 1998, y antes de poder excavar la mina —que esta vez será subterránea—, hay que vaciar el agujero.

La empresa no obtuvo permiso para verter estos residuos al Guadiamar, pero sí al Guadalquivir, de manera que se va a construir una tubería de 30 kilómetros para poder desaguar los residuos mineros. La teoría es que el Guadalquivir tiene más caudal y el impacto de los residuos metálicos se diluirá, pero los expertos alertan de que la hidrología es mucho más compleja.

Jesús M. Castillo, ecólogo, opina que la Junta se ha querido creer la "historia de ciencia ficción" que ha vendido la minera de que los metales serán arrastrados por el Guadalquivir hasta mar abierto. "Es cierto que la concentración de metales que verterán es baja, pero es la misma historia que ya hemos visto en la mina de Las Cruces (Sevilla). Los metales se pegan a las partículas en suspensión del agua, como la arcilla o la materia orgánica, y se acumulan en el fondo del estuario del Guadalquivir. Después se van liberando, pasan a la red trófica y generan graves problemas de toxicidad". 

Este investigador participó en un análisis publicado en marzo que detectó altas concentraciones de metales pesados en albures, concretamente de zinc, plomo, cromo, manganeso y selenio. El 31% de los peces superan incluso los límites legales de plomo. El origen de la contaminación es la mina de Las Cruces, situada a solo 20 kilómetros de Sevilla, donde se extrajo cobre entre 2009 y 2021 y ahora aspira a convertirse en una mina subterránea de cobre, zinc, plata y plomo.

España se prepara para una ola de aperturas de minas con la que hacer frente a la escasez de minerales indispensables para la energía y la tecnología. Los proyectos más sonados son los siete seleccionados por Bruselas —seis minas y una planta de reciclaje— para extraer níquel, cobalto o litio, entre otros, en Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha. Pero colectivos ecologistas temen que la desregulación que acompaña la etiqueta de "minas estratégicas", y que conlleva una tramitación acelerada, sirva para dar vía a libre a proyectos que llevan años en los tribunales por vertidos contaminantes y otros delitos.

Joam Evans, coordinador del Observatorio Ibérico de la Minería, explica que hay una extensa lista de iniciativas tratando de despegar en España, pero de muy mala calidad. "Lo que más me sorprendió es que incluso las minas avaladas por Bruselas tienen un largo historial de ilegalidades: corrupción, impacto ambiental, denuncias de trabajadores… si quisieran haber escogido proyectos peores, creo que no habrían tenido de dónde sacarlos", opina. Este observatorio fui impulsado por la ONG Ecologistas en Acción, que tiene voluntarios sobre el terreno en todos los puntos afectados por la minería y ha llevado a muchas de estas explotaciones a los tribunales.

Aunque los proyectos estratégicos de la Comisión en España miran a futuro, la mayoría se sitúan sobre antiguas minas que tienen décadas de historia. En los últimos años han cambiado de propietarios y varias han cerrado por la decadencia del sector o porque sus permisos se habían agotado, pero ahora van a revivir para aprovechar el tirón de la transición energética. Todas las mineras prometen dejar cientos de empleos en la zona y millones de euros en inversiones, pero eso no es suficiente para convencer a todos los vecinos.

Adrián Godás, consultor minero, explica que la fiebre minera en España está muy ligada a los minerales para baterías y tecnología, especialmente en el caso del tungsteno, que se prevé extraer de El Moto de Abenójar (Ciudad Real). "Es uno de los pocos puntos de Europa donde hay, y ahora es muy valioso teniendo en cuenta que China tiene el 80% de la producción global y ha cerrado exportaciones", dice el experto.

El Moto es precisamente uno de esos lugares donde los activistas están peleando contra la que aspira a ser la principal mina de tungsteno del continente. La empresa Abenójar Tungsten dice tenerlo todo listo para empezar a funcionar y cuenta con el apoyo del Gobierno autonómico y del ayuntamiento, pero Elena Solís, de Ecologistas en Acción Ciudad Real, denuncia que el proyecto va a salir adelante con una declaración de impacto ambiental aprobada en 2014, pese a que el proyecto ha cambiado notablemente desde entonces.

"En 2024 cambiaron el proyecto para ampliar la balsa minera de 900 m³ a 4.918 m³, cinco veces más grande, que además van a poner en una nueva ubicación. Estas balsas están también pegadas a un arroyo, justo al borde el talud, lo cual supone un riesgo geotécnico y un riesgo de contaminación añadidos. Todo esto necesita una nueva declaración ambiental", señala Solís. La portavoz denuncia, por otra parte, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana no ha dado todavía un permiso de extracción de agua, imprescindible para la extracción de tungsteno.

La contaminación del agua y la extracción ilegal son también el eje de oposición a la mina de Las Cruces, situada a solo 20 kilómetros de Sevilla. Allí se extrajo cobre entre 2009 y 2021 y ahora aspira a reconvertirse en una instalación subterránea para sacar cobre, zinc, plata y plomo. El problema es que durante la década que estuvo abierta acumuló un largo historial de negligencias ambientales que ha acabado con varias sentencias en su contra. 

Isidoro Albarral, de Ecologistas en Acción Andalucía, explica que la explotación tiene una sentencia firme de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por contaminación por arsénicos, así como una multa del Tribunal Supremo de 1,3 millones de euros por extracción ilegal de aguas subterráneas. El TSJA también ha dictado otras dos sentencias en su contra que afectan al nuevo plan de mina subterránea porque la propietaria, First Quantum Minerals, no ha realizado los procedimientos ambientales necesarios para instalar una nueva planta de tratamiento de minerales.

"Además, la mina subterránea que preparan incluye una tubería de desagüe en el estuario del Guadalquivir que triplicaría los vertidos de lodos que hicieron con la mina a cielo abierto. En estos años hemos hecho análisis del agua y hemos demostrado con estudios de catedráticos de la Universidad de Sevilla que hay contaminación por metales en los sedimentos y los peces del río. Evidentemente, esos lodos también han afectado a los arrozales sevillanos y a la pesca de marisco y peces de la desembocadura", comenta Albarral. A esto se suma que la mina de Las Cruces se encuentra ahora en venta y uno de sus posibles compradores es Grupo México, dueños de la polémica mina de Aznalcóllar, también pendiente de su reapertura tras el desastre de 1996.

En Ourense, las asociaciones vecinales están muy pendientes de la nueva mina de litio de Doade, de la que poco se sabe todavía. La zona se ha explorado varias veces en la última década, pero hasta ahora no ha sido explotada. En 2019 se intentó montar una mina de 11 kilómetros, pero fue desestimada por no someterse a una declaración de impacto ambiental, y en enero de 2025 el Grupo Samca volvió a presentar un proyecto similar, al que todavía no han podido acceder los vecinos. "Basándonos en los planos de 2019, sabemos por geólogos que hay elementos radioactivos en el suelo de la zona y arsénico, lo que puede derivar en contaminación de aguas ácidas de aquí a Pontevedra y Vigo", valora Víctor Gil, de la plataforma SOS Suido Seixo.

Los otros tres de los seis proyectos estratégicos mineros que Bruselas ha aprobado para España se encuentran en Extremadura, donde el Gobierno regional ha abrazado los minerales mientras grupos activistas intentan frenar su regreso. Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción Extremadura, ha intentado llevar el asunto a la ONU, y acaba de preguntar a la Comisión Europea cómo es posible que estas inversiones hayan pasado el filtro de Bruselas. "Queremos saber cómo se han vendido estas empresas y cuál ha sido el proceso que han pasado", comenta a infoLibre.

La mina de Las Navas, en Cañavera (Cáceres), cerró en los años 70, y Lithium Iberia quiere volver a hacerla funcionar para extraer litio, el famoso metal tan demandado para las baterías modernas. La mina de La Parrilla, en Almoharín (Cáceres), lleva parada desde 2022 y aspira a volver a producir tungsteno. Mientras que la de Aguablanca, en Monasterio (Badajoz), que funcionó entre 2005 y 2015, se prepara para extraer cobalto, níquel y cobre.

Aguablanca tiene un largo historial de contaminación de la Rivera de la Cala, que derivó en varias multas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y los activistas denuncian que ahora trata de volver a abrir con una declaración de impacto ambiental de 2017 que ha sido prorrogada, pero que está obsoleta, según los ecologistas. En el caso de Las Navas, la oposición local subraya que el proyecto se ubica sobre la Dehesa Boyal de Las Navas, un enclave ambiental que además se encuentra junto a dos zonas de especial protección para aves (ZEPA), la de Monfragüe y la de Canchos de Ramiro. Julio César Pintos señala, además, que las organizaciones vecinales todavía no han tenido acceso al proyecto de explotación y al plan de restauración de la mina para poder valorarlos, y han interpuesto un recurso al Consejo de Transparencia. Si esta vía no funciona, recurrirán Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Por último, la mina de La Parrilla también lleva varias multas a la espalda por operar sin permiso y por vertidos de lodos. En 2013 recibió un permiso de operación parcial después de que fuese abandonada en 1987, pero en 2019 la empresa W Resources decidió empezar a explotarla comercialmente sin la documentación necesaria, construyó una balsa de lodos sin autorización y vertió aguas ácidas al dominio público, lo que derivó en dos multas por valor de 65.000 euros de la Junta de Extremadura.

Ecoloxistas en Acción ha solicitado a la Dirección General de la Costa y el Mar que desestime la solicitud presentada por Eva Cárdenas, la pareja de Alberto Núñez Feijóo, para poder ocupar terreno público con su chalé en Moaña (Pontevedra). La organización ecologista, que ha presentado alegaciones contra dicho trámite administrativo, como informa en un comunicado que ha recogido EFE, reclama además que el Estado ordene la demolición de lo construido en terreno público y la reposición de la legalidad urbanística.

La finca en la que se asienta esta vivienda, en la playa de O Con, afirma Ecoloxistas en Acción que incurre en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde de 2007.

De prosperar la solicitud de Cárdenas, "se consolidaría la usurpación" de un terreno de unos 210 metros cuadrados que le da acceso privado a la propia playa y que, según recuerda este colectivo, ya tiene cerrado el paso al público tras la construcción de un muro. Este muro de cierre, levantado en los terrenos "ilegalmente ocupados", denuncian los ecologistas, impide al vecindario el acceso y el disfrute de la playa, de difícil acceso por tierra en pleamar, "si no es por la zona ocupada por el chalé propiedad de Feijoó y su mujer".

Además, subrayan que la franja ocupada afecta al mirador y al paseo denominado O Fiunchal, una afección que también ha denunciado el Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra).

Esta solicitud, por tanto, concluye Ecoloxistas en Acción, "no solo está fuera del plazo establecido por la normativa", al tratarse de un deslinde de 2007, sino que esta concesión, en aplicación de la Ley de Costas, en el caso de otorgarse en su momento, "estaría actualmente extinta".

Santiago Martín Barajas, uno de los históricos fundadores de Ecologistas en Acción, ha comunicado su decisión de abandonar su actividad en la organización conservacionista "hasta que se aclare todo lo sucedido" tras conocerse la investigación de un juzgado por una denuncia de agresión sexual.

La información, publicada por elDiario.es –medio con el cual ha colaborado en los últimos años con diversos artículos sobre temas ambientales–, señala que un juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey le investiga a raíz de la acusación presentada por una mujer por unos hechos sucedidos a finales del pasado mes de julio.

De acuerdo con esta noticia, la misma denunciante habría incluido en su denuncia el contacto de otras dos mujeres que también habrían relatado "comportamientos inadecuados" similares, aunque sin llegar a denunciarlos formalmente.

Ingeniero agrónomo y militante en el movimiento ecologista desde hace veinticinco años, Martín Barajas fue elegido en 1989 primer coordinador general de Ecologistas en Acción, organización que ya ha hecho pública su "consternación ante los hechos denunciados".

El comunicado formal de Ecologistas en Acción reconoce que fuentes de elDiario.es les comunicaron la noticia el miércoles 23 "a última hora de la tarde" aunque no conocieron los detalles hasta su publicación hoy jueves y "tampoco habíamos tenido conocimiento previo de la denuncia ni del estado en el que se encuentra".

Además, adelanta que la organización ha "activado nuestras herramientas internas ante denuncias de este tipo" de acuerdo con los protocolos de acoso y de justicia restaurativa creados con la colaboración de su área de ecofeminismo, si bien afirma que hasta ahora no ha recibido ninguna denuncia interna de acoso que implique a Martín Barajas.

Para la ONG ecologista se trata de un tema "extremadamente delicado y doloroso" por "nuestras relaciones personales" con Martín Barajas y por "la gravedad de los hechos que se denuncian", máxime cuando la entidad se define como "una organización comprometida con el ecologismo social y, por tanto, con los derechos humanos, entre los que sin duda se incluye el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia".

Uno de los fundadores de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, declarará como investigado tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer el pasado verano. Según ha publicado elDiario.es y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Arganda del Rey le ha citado como investigado para el día 30 de octubre.

El juzgado tuvo conocimiento de los hechos por dos vías: por un parte de lesiones que envió la médica de un centro de salud que atendió a la mujer y por la denuncia que la víctima interpuso, en la que relataba que quedó con el investigado para tomar un café tras años sin verle, y él aprovechó que estaban solos en su casa para agredirla sexualmente.

Esta mujer supo después que a otras dos mujeres, que a día de hoy no han denunciado, el presunto agresor les había hecho lo mismo, según detalla elDiario.es.

Dicen que “sobran los motivos”. Dicen que se ha cercenado “un derecho constitucional como es el de la vivienda”. Por eso, 39 colectivos han unido fuerzas para, más allá de decir, convocar este próximo domingo, 13 de octubre (13O), una manifestación que recorrerá el centro de Madrid, en la que demandar a las distintas administraciones que hagan posible el acceso de la ciudadanía a “un lugar digno para vivir”.

Calientan motores. Bajo el lema La Vivienda es un derecho, no un negocio, sindicatos como el Inquilinas, el de Estudiantes, CCOO y UGT; plataformas como la de Afectadas por la Hipoteca (PAH), por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) o por la Línea 7B de Metro desde donde exigen “soluciones ya”; entidades sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o Amnistía Internacional; y organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra, entre otras, marcharán desde las 12:00 horas, con salida en Atocha y hasta Cibeles. Lo harán con un objetivo: "Cambiar el paradigma de la vivienda". Algunos de esos entes forman parte de la Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid, que se constituyó en octubre de 2023, ante "un malestar que empezaba a ser palpable".

Desde la FRAVM animan a “desbordar las calles” para que “las administraciones públicas empiecen a tomarse en serio este problema social porque la vivienda es un derecho, no un negocio, que es en lo que se ha convertido gracias a modalidades como los pisos turísticos", recalcan. Llaman a formar el domingo una “amplia columna vecinal” y confían en que la protesta sea “el arranque de una movilización social” que obligue a “cambiar las políticas de vivienda". “Hay que pasar a la acción”, sintetizan.

La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, explica a infoLibre los motivos que los han llevado a secundar la iniciativa: “La vivienda se ha convertido en una emergencia social impostergable. Saldremos a la calle para exigir que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que siga siendo un derecho y no un privilegio, como lo es ahora, y que no sea una fuente de negocio para los grandes especuladores, los bancos, los fondos buitres y los rentistas, que hacen de algo que es un derecho una forma de vida muy rentable”. Se enfoca en los estudiantes, “en la juventud en general”, para criticar que tengan que “lidiar” a diario “con los precios, las cláusulas abusivas, con lo difícil que es encontrar un piso en las grandes ciudades, o con que la edad de emancipación sea a los 30 años, precisamente porque no hay facilidades para poder irse de casa de los padres”. A lo expuesto suma “el negocio multimillonario que son las residencias universitarias privadas” que les “exprimen hasta el último euro”.

“Salimos a decir que basta ya. El Gobierno tiene que tomar medidas urgentes y radicales para solucionar este tema. Entre las comunidades y el Ejecutivo central se lanzan la pelota, pero no se pueden lavar las manos. Si de verdad se quiere apostar por una vivienda accesible y digna, hace falta un parque público, que los alquileres no se coman más del 10% del salario, o contratos indefinidos para los inquilinos, aunque haya que confrontar con los bancos, los fondos buitre…”, resume. Se muestra convencida de que será “una manifestación multitudinaria” que reflejará “la rabia que hay por debajo. Y ahí estará el Sindicato de Estudiantes”, cierra.

El portavoz de la PAH Vallecas, Diego Sanz, confirma que “la mayoría de PAH” estarán en la protesta del 13O, “con acentos distintos”. Cree que si la manifestación ha de “servir de algo”, debe ser para “señalar el fracaso absoluto de la Ley de Vivienda, un año y medio después de ser aprobada”. Lo argumenta: "Avisamos en su momento de que dejaba fuera el alquiler temporal, el alquiler social obligatorio antes de un desahucio, la prohibición efectiva de éstos, porque el proceso de mediación que incluyeron en la norma es un unicornio que no los está parando… Ayuso no es la única culpable de que suban los alquileres en Madrid, que también, y están empezando a elevarse a máximos históricos, por encima de la burbuja inmobiliaria”, lanza.

Censura que entidades “como Sareb o Caixabank, con participación pública", estén "funcionando para que suban los precios de la vivienda y vuelva a haber un ciclo constructor e hipotecario, que pareciera que es realmente la agenda de los partidos del Gobierno”, proclama. “Con nosotros que no cuenten, si de lo que se trata es de volver a dar hipotecas y de avalar las que no pueden dar los bancos, porque venimos de un drama con el tema hipotecario, como para que nos vuelvan a meter a los bancos en casa”, anticipa. Para terminar poniendo el acento en que se “ha dejado fuera de toda regulación de precios a caseros que tienen tres, cuatro o seis viviendas”, al no considerárseles “grandes tenedores, por no contar con más de diez”.   

¿Qué busca el Sindicato de Inquilinas con la marcha del 13O? "Expresar un gran clamor popular como es el que el tiempo de los políticos se ha terminado en lo que a gestión de vivienda en este país se refiere", verbaliza su portavoz Lucas Vaquero. "Durante los últimos años –enlaza–, los gobiernos de cualquier signo político han fracasado estrepitosamente en adoptar cualquier medida que pudiera solucionar, al menos de forma parcial, el grave problema de vivienda que se vive en España". A su juicio, esto ha tenido una consecuencia: "Que la clase inquilina sea hoy muy numerosa y cada vez más desprotegida frente a los abusos de rentistas y especuladores que de forma parasitaria viven a costa del fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Por eso, basta ya".

Han demandado estos días la dimisión de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, por "su connivencia con la minoría rentista", entre otras razones, y mandan un mensaje claro a la clase política y a las instituciones: "Vamos a ser nosotras las que nos organicemos para conseguir victorias y cambios sostenibles y perdurables en el tiempo. Vamos a comenzar a diseñar estrategias que nos permitan caminar hacia una huelga de alquileres. Si ellos no bajan los precios, nos los vamos a auto regular nosotros”, remata Vaquero.

Alfredo Villafranca, secretario de Política Sectorial de CCOO Madrid, asevera que "la vivienda debería ser un bien de uso, un derecho irrenunciable", sin embargo, "es cada vez más un bien inmobiliario. Se legisla, de hecho, para que lo sea", afea. Relata que desde la Plataforma por el derecho a la vivienda empezaron hace unos meses a plantear la convocatoria de una manifestación, a la que se han adherido más colectivos. "Cada vez carece más de sentido que firmemos un convenio con una subida salarial del 2 o del 3%", expone, en relación a la labor de su organización sindical específicamente, "si luego en tu ciudad la vivienda ese año se eleva el 15%. Al final es como si fuera un salario diferido", lamenta.

Espera que el 13-O sea "un primer paso". “No es el punto de llegada, es el de salida para poner el foco en la calle de que se tiene que legislar de una vez por todas y a nivel de todas las administraciones, aunque no todas tengan la misma culpa", matiza. Y finaliza: "La Comunidad de Madrid la tiene en especial por su modelo inmobiliario".

Desde la esfera ambientalista desean igualmente que los ecos del 13-O retumben con fuerza. Fuentes de Ecologistas en Acción aportan que “sólo en Madrid hay más de 100.000 viviendas vacías” y entienden que la dificultad creciente de que los inmuebles acojan "personas" es “una consecuencia del modelo especulativo y depredador de recursos” que se ha instalado, en el que “la especulación inmobiliaria y la ausencia de políticas decididas de vivienda pública, ha provocado la expansión de los precios hasta unos niveles que resultan inalcanzables para muchos". Y ello, mientras, "paradójicamente, se ha ampliado el suelo urbano a costa de los agrarios o de espacios naturales”.

Por su parte, María Prado, responsable de campaña de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, traslada a este periódico que son convocantes de la protesta ciudadana al pensar que la vivienda “es un derecho fundamental” y porque reclaman “dignidad en el acceso y dignidad en su habitabilidad”. “La vivienda es una palanca de cambio para tener vidas más dignas, no sólo ha de ser refugio climático, sino que es un elemento de transformación del modelo socioeconómico”, defiende.

La multinacional "verde" apuesta por el impulso a “viviendas descarbonizadas y que sean eficientes energéticamente, porque de nada sirve acceder a ellas, si son agujeros de temperatura donde la gente no puede pagar sus facturas de luz, calefacción o de comida, en un mercado de la energía bastante perverso”, anota. Y abrocha: “La exigencia de entornos, barrios y municipios sostenibles ha de empezar en las casas. Es el primer elemento dentro de la comunidad que construimos para contribuir a vivir en un planeta más sostenible”.   

En general, los convocantes alimentan la ilusión de que "ésta sea la manifestación por la vivienda que marque el punto de inflexión", como lo fue el 15M, conscientes de que "quizás" deberían "haber intentado lograr más movilización ciudadana antes," dado que "hay mucho mar de fondo", reconocen. En cualquier caso, miran al próximo domingo con "optimismo". "Ahora que no llueva", piden algunas de las fuentes sondeadas. El sol no es un requisito imprescindible para manifestarse, pero contribuye a que el recuento de asistentes sea al alza. Aquel "Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo" del 15M volverá, de otra forma, a rugir en las calles.

Los picos de calor de los últimos días han empeorado gravemente la calidad del aire de la ciudad de Madrid y sus alrededores, disparando uno de los contaminantes más agresivos para la salud, el ozono. Este gas oxidante e irritante se genera por la combinación de la radiación solar con la contaminación que expulsan los coches y en apenas cuatro semanas de julio se ha superado 60 veces el umbral de información por exceso de ozono, más que en todo 2023 (59). Y queda por delante medio verano. Precisamente esta semana se ha debatido en el Ayuntamiento a propuesta de Más Madrid poner por fin en marcha un mecanismo de emergencia para estas situaciones, pero el PP y Vox tumbaron la iniciativa.

Ecologistas en Acción dio la voz de alarma este jueves, en pleno día festivo, de que la capital estaba sufriendo un episodio muy duro de contaminación por ozono. Durante esa tarde se superó en 21 ocasiones del umbral de información a la población, que equivale a alcanzar durante una hora una concentración de ozono por encima de 180 microgramos por metro cúbico en alguna de las 13 estaciones de medición que hay en la ciudad. El pasado 4 de julio fue una jornada todavía más intensa, con 26 superaciones de ese umbral en un solo día.

Si la cifra llega a superar los 240 microgramos en Madrid, se habría activado el nivel de alerta, aunque nunca se ha alcanzado ese límite en la ciudad. De todas formas, concentraciones mucho menores de ozono también son dañinas para la salud y la Organización Mundial de la Salud recomienda una exposición máxima al ozono de 100 microgramos durante un máximo de cuatro días al año durante una exposición de ocho horas al día.

El problema es que aunque se llegasen a alcanzar los altísimos valores de un escenario de alerta, la ciudad de Madrid —y la Comunidad— no tienen un protocolo para frenar los picos de ozono. La normativa indica que si se superan los 240 microgramos "se convocará la Comisión de Calidad del aire de la ciudad", donde "podría valorarse la adopción de ciertas actuaciones concretas como la prohibición de determinadas actividades al aire libre (especialmente deportivas) principalmente entre la población de riesgo". Por tanto, esas medias llegarían cuando el daño ya está hecho, y en la ley no se valora actuar sobre la fuente de ese ozono, el tráfico rodado. Por otra parte, si lo que se registra es un umbral de aviso a la población, como el de esta semana, el Ayuntamiento manda un SMS a los vecinos que lo han pedido previamente y lo anuncia en su web. También publica un aviso en una cuenta específica de X con menos de 10.000 seguidores, pese a tener una cuenta oficial del consistorio con 860.000 seguidores.

Esta situación llevó este martes a Más Madrid a presentar una proposición para desarrollar un protocolo para evitar estos picos de ozono cuando se puedan prever con tiempo. También plantean mejorar la comunicación a la población de estos episodios y estudiar cómo el cambio climático agravará los niveles de ozono. "La calidad del aire en Madrid ha mejorado estos años gracias al plan de Manuel Carmena, pero todavía no se ha actuado sobre el ozono y hay que tomar medidas para proteger a la población", señala a infoLibre Esther Gómez, concejala de Más Madrid.

Sin embargo, la propuesta se quedó en un cajón porque ni Partido Popular ni Vox ni la apoyaron. "Lamentablemente no tuvo mucha repercusión porque la alcaldía se aferra a que los datos de contaminación han mejorado. Eso está muy bien, pero hay que seguir trabajando. Este año será el segundo peor de la última década en concentración de ozono, y seguirá creciendo en los siguientes por el cambio climático", añade Gómez.

El concejal de Medioambiente del PP, Borja Carabante, argumentó en el pleno que por su parte ya estaba todo hecho. "Tenemos los mejores registros de la serie histórica en calidad del aire", apuntó, y reclamó que la elaboración de un plan contra el ozono es responsabilidad del Gobierno central. Carabante también sacó pecho de que la reducción de la contaminación —de dióxido de nitrógeno y de micropartículas, no de ozono— es gracias al plan Madrid 360, una reelaboración del plan Madrid Central elaborado durante la alcaldía de Más Madrid que intentó desmantelar sin éxito el alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida.

Desde Ecologistas en Acción critican que el protocolo actual contra el ozono es muy insuficiente y piden mirar a ciudades como Valladolid o París, que activan restricciones al tráfico en caso de alerta. "En 2020 y 2021 no se superó ni una sola hora el umbral de información por ozono porque se redujo el tráfico por la pandemia. Está bien claro lo que hay que hacer, fomentar el transporte público y limitar los coches", opina Juan Bárcena, responsable de Calidad del Aire de Ecologistas. 

El ozono es un gas altamente oxidante que, al inhalarse, a corto plazo genera irritación e inflamación en los pulmones y los ojos, incrementa el estrés y la ansiedad, y puede agravar otras enfermedades, Mientras que a largo plazo puede producir problemas crónicos en el sistema respiratorio, cardiovascular y endocrino. Un equipo liderado por Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III, estimó que, a corto plazo, la exposición al ozono provocó entre 2000 y 2009 unas 500 muertes prematuras al año en España. Mientras que la Agencia Europea de Medioambiente estima que en España se producen unos 2.400 fallecimientos al año por ozono.

“Canarias tiene un límite” y lo gritará este sábado 20 de abril de manera simultánea en las ocho islas del archipiélago en una manifestación apoyada por numerosos grupos sociales y organizaciones como Ben Magec–Ecologistas en Acción. Así quieren denunciar que la actividad turística ha alcanzado un punto insostenible.

Según el manifiesto de la marcha, el 35% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, con un desempleo del 20% y una creciente dificultad para acceder a una vivienda digna. Es “una sociedad que ha sido dejada a la deriva”, explica Eugenio Reyes, miembro de Ecologistas en Acción. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevan denunciando esta situación desde 2012. "Es un modelo que sigue la misma pauta de especulación" que existe desde el boom inmobiliario de la década de los 2010, declara Inma Évora, miembro de la la asociación. "Se invirtió todo en viviendas protegidas que quedaron a merced de los bancos", señala.

Ahora, la apuesta por el turismo ha puesto en riesgo a la población local que se ha visto obligada a aceptar fundamentalmente trabajos que "relacionados con la hostelería y el turismo y están muy mal pagados", añade Évora. "Para los canarios, vivir en Canarias se está volviendo imposible, llevamos años viviendo bajo el umbral de la pobreza" y desde el Gobierno, dicen, no llegan soluciones.

Pablo Díaz, desde Ecologistas en Acción explica que la situación se ha vuelto insostenible. Especialmente en territorios como La Palma, donde la situación de la vivienda es ya especialmente difícil, tras la explosión del volcán Tajogaite en 2021, que arrasó con muchísimas viviendas. Una "situación que todavía ha recrudecido más el problema".

Dentro de este malestar generalizado, la población joven se ha visto especialmente afectada, sin posibilidades de encontrar un trabajo digno al margen del sector. Muchos de ellos se han sumado a una huelga de hambre que permanece activa desde el pasado jueves, “están poniendo su cuerpo por el territorio”, dice Reyes. Piden que se detenga la construcción hotelera y que desde el gobierno pongan en marcha la ecotasa y la moratoria turística. Pero, "hacen oídos sordos", dice Díaz. Hace solo un par de días una de las manifestantes tuvo que ser atendida por una hipoglucemia grave.

Los proyectos turísticos también comprometen la conservación de espacios naturales protegidos. Entre estos proyectos polémicos se encuentran los hoteles Oliva Beach y Tres Islas en Fuerteventura, construidos sobre las Dunas de Corralejo, las últimas dunas de Canarias que se extienden a lo largo de 18 kilómetros cuadrados. Ambos tienen una orden de demolición "una victoria del colectivo ecologista", dice Díaz. Sin embargo, el Gobierno de Canarias "en vez de proteger el espacio público y natural, han presentado un recurso para defender los intereses de la cadena RIU".

El Hotel La Tejita y el Hotel Cuna del Alma en Tenerife, aun en construcción, también han sido objeto de controversia por su impacto ambiental y su posible incumplimiento de las regulaciones. Pero, a pesar de las advertencias sobre la insostenibilidad del modelo actual, las asociaciones denuncian que la clase política y el empresarial continúan impulsando un crecimiento turístico sin límites, “el nuevo gobierno sigue liberalizando suelo" y priorizando los intereses comerciales sobre el bienestar de la población local y el respeto al medio ambiente, dice Reyes. La situación en las islas es crítica con “espacios naturales saturados y casi colapsados hay un sentimiento de sobrecarga general” en el territorio.

Una problemática que no afecta solo a las zonas costeras, donde el sector turístico es especialmente importante, el territorio rural del interior también esta comenzando a vivir las consecuencias de la expansión hotelera. "Vienen y se construyen villas rústicas, casi todas con capital de personas no residentes", explica Díaz. "Al residente tampoco se le dan facilidades para construir, pero para inversores extranjeros siempre hay puertas abiertas"

Todo esto “podrá generar riqueza, pero esa riqueza no se queda aquí” afirma Isabel Ramos, miembro de Ecologistas en Acción. Las grandes empresas hoteleras compran los terrenos que antes se usaban para la agricultura "para construir grandes hoteles y villas". La realidad es que “la agricultura no puede competir contra el turismo”. Díaz denuncia que no hay una planificación seria para fomentar este sector", priorizándose siempre al sector turístico y descartando las quejas de los muchos que se están viendo afectados por la situación de masificación en las Canarias, "hay que cambiar el rumbo".

Muchas islas se enfrentan, además, a cortes en el suministro del agua en un contexto de emergencia hídrica, “en Lanzarote son semanales y hay pueblos que se han pasado semanas sin agua”. La solución que se propone es crear desaladoras que "son totalmente insostenibles", afirma Díaz. Todo esto para sostener una saturación de población y “llevar agua a campos de golf que ni siquiera están construidos”, añade Ramos.

A estas reivindicaciones se han querido unir también otras ciudades tanto del ámbito nacional como internacional como Málaga, Granada, Madrid, Barcelona, Berlín o Londres, que también celebraran sus respectivas manifestaciones.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU anunciaron este martes una ofensiva contra Repsol por publicidad abusiva y lavado de imagen. Las tres organizaciones civiles entienden que sus anuncios sobre los biocombustibles que monopolizan su web y sus gasolineras confunden al cliente, que no es consciente de que buena parte de ese diésel y gasolina está producido mayoritariamente con aceite de palma que fomenta la deforestación de Indonesia. Según se lee en la argumentación jurídica de las dos denuncias, Repsol ha importado entre enero de 2019 y marzo de 2023 al menos 538.589 toneladas de aceite vegetal de este país. Con este argumento, ecologistas y consumidores presentaron la semana pasada una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia y otra ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo.

El informe pericial ha sido elaborado por el grupo de investigación internacional FIND, que sitúa a Repsol como el mayor productor de hidrobiodiésel de España y el quinto mayor de Europa en 2020. Este biocombustible se produce con grandes cantidades de aceite de palma que procede de plantaciones masivas de planta de palma en el sureste asiático, y es el principal responsable de la tala de bosques en Indonesia, Malasia y otros países de la zona. "Hemos hecho multitud de campañas contra Nestlé y la industria agrícola en Indonesia, pero la realidad es que la mayoría del aceite de palma que importa la Unión Europea va para combustibles", afirma Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques en Greenpeace España.

Por países, España es el mayor importador de aceite de palma de la Unión, y Repsol es la empresa española que más lo consume, debido produce grandes cantidades de biocombustibles para la aviación y, cada vez más, para vender en gasolineras. Para poner en perspectiva el tamaño de las importaciones de aceite de palma de Repsol, entre 2019 y 2022, la Unión Europea importó en total 11,2 millones de toneladas de aceite de palma de Indonesia, según la ONG Transport & Environment.

El negocio de los biocombustibles es la respuesta del sector petrolero a la transición energética, que trata de acabar con el consumo de diésel y gasolina convencional, y la idea de estas multinacionales es sustituir poco a poco la venta de carburantes basados en petróleo por otros basados en fuentes renovables. Sin embargo, la inmensa mayoría de los biocombustibles que se venden ahora se fabrican a partir de aceites o etanol que se extraen de vegetales, como la soja, el maíz, el girasol o la palma, por lo que compiten con la alimentación humana y promueven la deforestación. Además, sustituir ecosistemas de bosques y selvas por estos cultivos reduce la capacidad de la naturaleza de absorber CO₂ de la atmósfera. En resumen, los ecologistas denuncian que un coche que quema un biocombustible hecho de aceite de palma contamina hasta tres veces más que un turismo con un diésel o gasolina estándar.

No hay dudas en el sector petrolero de que los biocombustibles basados en aceites vegetales no son el futuro, por eso en los últimos años han comenzado a vender biocarburantes modernos, los llamados biocombustibles de segunda generación. Estos se elaboran con restos agrícolas que no llegan a los supermercados, con aceites de cocina usados o con desechos urbanos, y tienen una huella de carbono muy inferior a sus predecesores, pero todavía son residuales porque son caros de producir. "Repsol tiene ahora una campaña muy importante que publicita la venta de combustibles 100% renovables, pero el porcentaje que fabrican con aceites de cocina usados debe ser absolutamente mínimo. Denunciamos que no hay una diferenciación entre los biocombustibles de primera y segunda generación, y confunden al consumidor", opina Josep Hurtado, del equipo jurídico de Ecologistas en Acción.

infoLibre ha consultado a Repsol qué porcentaje del biocombustible que vende ahora en España es de segunda generación, pero ha declinado contestar. La petrolera se limita a defender que las demandas de las organizaciones civiles "tratan de desprestigiar una solución que la Unión Europea considera válida" y "de confundir a la sociedad, cuando la materia prima que se emplea está regulada por la normativa, supervisada y certificada". Desde la petrolera también apuntan que este año han puesto en marcha en Cartagena una refinería de combustibles bio que procesa exclusivamente residuos orgánicos para producir al año 250.000 toneladas de biocarburantes. Pese a la transformación que promete Repsol, la investigación realizada por las organizaciones verdes y CECU señala que Repsol "continúa activa en el comercio de aceite de palma con contratos de futuros para la adquisición y venta de miles de toneladas".

En cuanto al propósito de la demanda, las organizaciones creen que la publicidad de Repsol vulnera la Ley General de Consumidores, la Ley General de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal. La investigación no tiene un plazo determinado, según los denunciantes, aunque esperan que la interpuesta por la vía del Ministerio de Consumo tenga una resolución más temprana, en unos pocos meses. Fuentes de este ministerio han afirmado a infoLibre que para la Dirección General de Consumo "se trata de un tema prioritario" y le dedicarán "mucha atención".

La batalla judicial de estas organizaciones contra Repsol llega apenas dos meses después de que Iberdrola, la mayor eléctrica del país, denunciase a Repsol también por lavado verde de imagen, ante un juzgado de Santander. Paralelamente, Iberdrola presentó una reclamación ante Autocontrol, el órgano formado por las empresas del sector que regula la publicidad en España, y precisamente este martes emitió su dictamen, dando la razón a Repsol y desestimando cada una de las alegaciones de la eléctrica. Ángel Soto, de Greenpeace, no teme que la primera victoria de Repsol en este caso afecte al resto, ya que "Autocontrol es lo menos neutral que puede haber". "Se juntan los publicistas con las empresas y deciden qué se puede decir en los anuncios. Es poner al zorro a cuidar de las gallinas", resume.

14 de marzo de 2023. De visita oficial a las fallas de València, José Luis Martínez Almeida se comprometió a organizar una mascletà en Madrid si la por entonces candidata del PP a la Alcaldía de la ciudad del Turia, María José Catalá, se convertía en regidora. Ahora, casi un año después de esta promesa en plena precampaña electoral antes de los comicios municipales del 28M y tras la victoria de ambos, el Ayuntamiento de Madrid cierra estos días los últimos flecos para llevar a cabo un evento en el que se utilizarán 307 kilos de pólvora, que suponen más de 3.000 detonaciones durante unos siete minutos. La fecha elegida es este mismo domingo 18 de febrero a las 13 horas. Y el lugar es el Puente del Rey, que pasa sobre el río Manzanares y se encuentra en pleno corazón del parque de Madrid Río, una de las zonas verdes más importantes de la capital.

Sin embargo, a menos de 72 horas, este acontecimiento encierra más dudas que certezas, sobre todo después de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid admitiese una denuncia de la protectora de animales Salvando Peludos. La jueza tendrá que decidir este viernes si la suspende de forma cautelar o no.

Lo único claro que hay a estas alturas de la partida es la fuerte oposición a la celebración de la mascletà que reúne a la izquierda pero también a colectivos vecinales y ecologistas que están intentando paralizar esta celebración. ¿Los motivos? Por un lado, la poca transparencia sobre el festejo y, por otro, la elección de la localización en Madrid Río con todos los riesgos medioambientales que acarrea.

"Estamos totalmente en contra. Esta festividad en la Comunitat Valenciana tiene un carácter popular, aquí no. Es una celebración totalmente artificial y que vamos a pagar con dinero público", explica en conversación con infoLibre el presidente de la Asociación de Vecinos de Manzanares- Casa de Campo, Alberto Colomo, que apunta que este evento "se inserta en la política de hacer de Madrid una ciudad de cartón piedra". Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), su presidente Enrique Villalobos reconoce que tiene "lógica" que se quiera "hacer guiños a otras ciudades y culturas" pero "otra cosa distinta es que detrás hay otras motivaciones". 

Motivaciones a las que pone nombre y apellidos desde la oposición a Almeida. Desde Más Madrid y el PSOE denuncian que no existe expediente administrativo de la celebración de la mascletà y que el Ayuntamiento ha ocultado su coste hasta última hora y también los informes de impacto ambiental y económico.

Contactado por infoLibre, el Ayuntamiento de Madrid remite a la rueda de prensa de la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, de este mismo jueves tras la Junta de Gobierno. "Tengan la tranquilidad de que se conocerán todos los costes. Son polémicas artificiales", afirmó sin entrar en más detalles al tiempo que apuntó que se cumplen "todos los requisitos técnicos" y que "se está finalizando todo el expediente". 

No obstante, este viernes, el consistorio ha hecho público el contrato municipal, que se formalizó el martes, es decir, 24 horas antes de que la vicealcaldesa asegurase que se estaba "finalizando". En total, el Ayuntamiento pagará 45.980 euros, impuestos incluidos, de dinero público a la empresa Pirotecnia valenciana S.L, que realizará los servicios de diseño, creación, producción, transporte, instalación, montaje, disparo y posterior desmontaje del espectáculo pirotécnico.

La formación liderada por Rita Maestre en el consistorio madrileño califica la mascletà como un "absoluto desastre y un chanchullo más de Almeida". "El PP se cree que el Ayuntamiento es su cortijo", defendió este mismo jueves la portavoz de Más Madrid que apuntó además que "no tiene ni un solo papel en regla" y que su respuesta es "insultarnos y echarnos la culpa". 

Desde el PSOE reconocen que esta situación es habitual en el Ayuntamiento de Madrid y que han presentado ya dos preguntas sobre la ausencia de información del contrato sin éxito: a la primera respondieron que no había expediente y a la segunda ni contestaron. "A tres días, tendríamos que tener información", defienden fuentes socialistas a infoLibre que recuerdan que esta mascletà es "una promesa electoral y no una reivindicación de la cultura valenciana". La propia portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, aseguró este mismo jueves que la ciudadanía "no tiene que pagar las fiesta del PP por haber ganado las elecciones". 

"Toda la parte administrativa está cogida por alfileres", argumenta Enrique Villalobos que apunta que, mientras las cosas que "quiere el alcalde se hacen con mucha prisa", los vecinos sufren "la exquisitez administrativa" que les obliga a pedir cualquier tipo de permiso con "mucha anticipación". "Este derecho de pernada es poco acertado para una ciudad moderna. Es un feo para la ciudadanía", señala el presidente de FRAVM. 

Más allá de la falta de transparencia, oposición, vecinos y ecologistas coinciden en el daño medioambiental que trae de la mano la mascletà para una zona que tiene la calificación de Zona Verde Singular. La pirotecnia afectará gravemente a la biodiversidad de Madrid Río, especialmente a las aves, pero también a los animales domésticos de los residentes en los alrededores que "se verán expuestos a un estrés completamente injustificado por el ruido que genera esta celebración", según detalla un manifiesto de los vecinos de los barrios Puerta del Ángel y Casa de Campo, y la Plataforma Salvemos la Casa de Campo.

Por ello, y como vía administrativa tras el recurso ante la justicia de la protectora de animales Salvando Peludos, desde Ecologistas en Acción han denunciado esta mascletà ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y han pedido su paralización "en tanto no se lleve a cabo una evaluación objetiva de los impactos del espectáculo sobre la fauna" ya que se trata de un "espectáculo es incompatible con la conservación de la biodiversidad presente en los espacios naturales y naturalizados aledaños, que incluye numerosas especies de aves protegidas". Asimismo, señalan que esta celebración podría contravenir tanto las leyes regionales como las estatales de protección de la fauna. 

Contactada por infoLibre, la ONG es optimista, no tanto con una paralización, pero sí con un cambio de escenario. "La Comunidad de Madrid no suele ser receptiva", reconoce su portavoz en Madrid, Yago Martínez, que sostiene que "la movilización y la presión vecinal" pueden ser claves para lograr un traslado de última hora. "No estamos en contra de la mascletà, si no de la localización", defienden desde Ecologistas en Acción. 

Desde el Ayuntamiento, la vicealcaldesa defendió en rueda de prensa que eventos similares se celebran en otras ciudades sin problemas y recordó que "en València, en la Nit del Foc, se dispararon 1.500 kilos en desde el Jardín del Turia ―a la altura de la Ciutat de les Arts i les Ciències― sin que se informara de ninguna afección". Inma Sanz aprovechó en este momento para recordar que el Ayuntamiento de Manuela Carmena celebró en la zona un espectáculo pirotécnico sobre el puente de Toledo para festejar el solsticio de invierno, un evento que fue "absolutamente asumible" por la oposición. Lo que no mencionó la vicealcaldesa es que se celebró en diciembre de 2016 antes del inicio de la renaturalización del Manzanares en 2017 con la reapertura de varias compuertas que convertían el río en un desagüe. 

"Entiendo su nerviosismo pero lo que tiene que hacer la vicealcaldesa es dar explicaciones de cómo piensa celebrar un evento así", contestó minutos más tarde la propia Rita Maestre por alusiones. Desde Más Madrid insisten en que será una "catástrofe ambiental en pleno inicio de la época de cría de la fauna de Madrid Río", mientras que desde el PSOE también recuerdan lo que sufren los animales por otras experiencias ante este tipo de festejos similares. 

Pero no sólo es un riesgo para los animales ya que la localización elegida, el Puente del Rey, se trata de un espacio que está pegado a la Casa de Campo que es Bien de Interés Cultural. Desde las distintas asociaciones vecinales se ha preguntado a la Dirección General de Patrimonio si el evento cuenta con su visto bueno como requisito indispensable para su celebración.

Además, los vecinos también apuntan a que la pirotecnia afecta negativamente a las personas con trastornos del espectro autista y a embarazadas. Y que, a 72 horas de su celebración, aún no hay un plan de movilidad previsto. "Habrá mucha gente que se acerque a verlo y habrá más dificultades para aparcar y se saturará el transporte público", explica Enrique Villalobos que asegura que, sumando el ruido, "aquel día no habrá quien viva en el barrio". 

Por todo ello, asociaciones vecinales y ecologistas preparan ya protestas para este fin de semana. El sábado, Anima Naturalis convoca una concentración frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, al tiempo que recoge firmas para paralizar este evento. "Es terrible que en pleno siglo XXI se siga promocionando la pirotecnia sabiendo que el ruido afecta a animales y personas sensibles", argumentan desde la ONG.

El mismo domingo, las asociaciones vecinales de Manzanares-Casa de Campo, Puerta del Ángel y Príncipe Pío y la plataforma Salvemos la Casa de Campo se concentrarán en la zona para impedir que se celebre. "Vamos a intentar parar este sinsentido", concluye Alberto Colomo. 

* Esta información ha sido actualizada este viernes a las 10.15 horas después de que el Ayuntamiento de Madrid hiciese público el contrato municipal para llevar a cabo la mascletà.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado entrar a valorar si se esta produciendo una lesión de derechos fundamentales por la gestión de la contaminación por americio y plutonio en Palomares (Almería), y ha inadmitido el recurso de amparo interpuesto por Ecologistas en Acción tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que concluyó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "no es competente" para ejecutar el Plan de Rehabilitación, pero sin precisar a que organismo le corresponde, según ha informado Europa Press.

La Sala Segunda no aprecia, tras examinar el recurso, que exista "especial trascendencia constitucional" en el asunto planteado, y acuerda archivar las actuaciones sin más trámite, según recoge la providencia de 25 de enero, consultada por Europa Press.

Ecologistas en Acción sostiene que la sentencia del Supremo, cuya nulidad pedía, vulnera tanto el derecho a la tutela judicial efectiva, "como el derecho a la salud, a un trato no degradante y al medio ambiente", por lo que, según ha anunciado el abogado José Ignacio Domínguez, el siguiente paso es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo.

El colectivo solicita que se declare la "urgencia" de afrontar la remediación de la contaminación en la zona y se indique qué organismo debe hacerlo y que se determine si construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para dar destino a los 6.000 metros cúbicos que se obtengan de limpiar un total de 50.000 metros cúbicos de tierra.

Para solicitar amparo, remarcó la "especial trascendencia social" de "un caso único" en la historia de España, "del que afortunadamente no existe precedente" y que, casi seis décadas después de que se produjese el accidente nuclear, "aún está pendiente de solución". Apuntó, asimismo, que era "preciso sentar jurisprudencia" sobre "la legalidad o no" de la "investigación" sobre las "consecuencias de la radiactividad en la salud, sin contar con el consentimiento de las personas sometidas a experimentación que se llevó a cabo con el Proyecto Indalo, vigente hasta el año 2009".

En su escrito elevado al Constitucional, el colectivo recogía que el voto particular del fallo confirmado en casación por el Supremo, calificó estas "prácticas" como "laboratorio a cielo abierto" y afirmaba que las autoridades de España y de EEUU se habrían dedicado a "investigar las consecuencias de la radioactividad en la salud y en el medio ambiente en general sin adoptar ninguna medida paliativa".

"La primera y única medida para paliar la contaminación radiactiva ha sido el vallado de gran parte de la zona contaminada que culminó en 2011, pero a fecha de hoy siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado por donde transitan libremente las personas y el ganado sin que el Consejo de Seguridad Nuclear haya adoptado medida alguna", aseguraba.

En su recurso, exponía que los "sucesivos gobiernos" han utilizado como "disculpa" para no limpiar la radiactividad en Palomares la necesidad de disponer de un "almacén nuclear definitivo apto para guardar este material radiactivo de larga duración", pese a que "todos los cementerios radiactivos que hay en España son temporales".

"Todas las centrales nucleares tienen en sus proximidades un ATI, pero ningún gobierno ha considerado necesario construir uno Palomares, prefiriendo utilizar como excusa el desinterés de los EEUU por llevarse el plutonio", argumentaba al tiempo que reprochaba que el Tribunal Supremo "omitiese" en su sentencia pronunciarse "sobre lo que era un pedimento fundamental" del pleito.

Por último, señalaba que el accidente ocurrido en Palomares tras la colisión en el aire de dos aviones de las Fuerzas Aéreas de EEUU en 1966, "fue mal gestionado" desde un principio, "ocultando el problema y utilizando a la población, a la fauna silvestre y doméstica, y al medio ambiente en general para experimentar los efectos de la radiactividad".

"El Tribunal Supremo no ha valorado ni interpretado en la sentencia las normas alegadas y los pedimentos fundamentales, lo que nos causa indefensión", concluía para interesar que ordenase retrotraer este procedimiento para dictar una nueva sentencia. Paralelamente, y según anunció Domínguez, Ecologistas en Acción va a solicitar por segunda vez a la Audiencia Nacional (AN) que obligue al Gobierno a fijar plazo para ejecutar la limpieza.

Domínguez alude a la declaración de intenciones firmada en 2015 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el exsecretario de Estado de EEUU John Kerry, que "no sirvió de nada" y a los "avances" para limpiar anunciados en mayo de 2023 tras el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo norteamericano, Joe Biden.

"Tampoco se ha hecho nada", subraya, al tiempo que critica el "silencio" que mantiene el Gobierno al respecto "pese a las promesas que hicieron diciendo que estaban ya reuniéndose para limpiar" la contaminación.

Los últimos resultados hechos públicos en el marco del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la población (PVRA) de Palomares indican que, de los casi 400 análisis realizados por Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) a muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, así como sedimentos y agua, revelaron concentración de actividad de americio y de plutonio un total de 112. No obstante, en todos estos casos, los valores detectados "son inferiores a los niveles de referencia" que están fijados en el citado plan.

Según el Ciemat, los valores de concentración de actividad hallados son "similares" a los obtenidos en años anteriores, por lo que le lleva a concluir que "la evolución temporal del nivel de contaminación" en la última década, durante el periodo 2010-2021, "se ha mantenido estable".

Corría el año 1983 y a muchos kilómetros de la Unión Europea, en las Islas Fiyi, un activista climático necesitaba una toalla. Estaba de paso en este idílico paraje natural y aprovechó su estancia para hacer surf, uno de sus pasatiempos favoritos. Al terminar, quiso secarse con una toalla limpia y, para conseguirla, se adentra en el lujoso hotel Beachcomber, uno de los más solicitados de la región. Cuando la encontró, vio algo que le escandalizó. En el lugar donde el hotel dejaba las toallas limpias había un cartel que rezaba: “Salva nuestro planeta. Cada día se utilizan miles de litros de agua para lavar toallas usadas solo una vez”. Un mensaje aparentemente perfecto que mostraba el compromiso del hotel con el medio ambiente pero que omitía un detalle: el Beachcomber estaba realizando en ese momento unas obras de ampliación que iban a provocar un impacto tremendo en el ecosistema de la zona, uno mucho mayor que el de lavar unas cuantas toallas de más.

Ese activista era el investigador Jay Westerveld que, años más tarde e inspirado por ese suceso, sería el padre del término greenwashing. Una palabra que ilustra una práctica habitual en las empresas de todo el mundo que consiste en vender productos o servicios como verdes o ecosostenibles cuando o no lo son realmente u ocultan alguna práctica perjudicial para el medio ambiente llevada a cabo por la empresa. Una técnica de lavado de imagen muy rentable, pero a la vez muy dañina para los consumidores a la que ahora la Unión Europea se quiere enfrentar y, en última instancia, prohibir.

“Hay muchos tipos de greenwashing: la más básica es directamente mentir sobre el producto, indicando que tiene unas características que después no tiene, pero no es la única. Una de las más empleadas es el maquillaje, que se produce cuando las empresas usan palabras como ‘bio’ o ‘eco’ para vender productos que no son tan sostenibles como dicen. De hecho, muchas empresas muy comprometidas son reticentes a utilizar este tipo de palabras como ‘economía circular’ porque ahora mismo están vacías de contenido”, apunta Pedro Turro, cofundador de la agencia de marketing especializada en comunicación sostenible, Verdes Digitales. 

Turro pone de ejemplo clásico de greenwashing las toallitas biodegradables, cuyos fabricantes presumen de que se pueden tirar por el retrete mientras ocultan como esos productos necesitan realmente mucho tiempo para poder descomponerse. Sobre este tipo de de prácticas ha puesto el foco el Parlamento Europeo y con su Directiva para el empoderamiento de los consumidores en la transición verde, la cual fue aprobada este pasado miércoles con una mayoría abrumadora, 593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones

“Vamos a poner orden en esta jungla”, adelantaba al presentar la iniciativa en Estrasburgo la eurodiputada Biljana Borzan, ponente de la directiva y miembro del grupo de los socialdemócratas en el Europarlamento. La elección de la palabra para calificar el mercado de productos supuestamente verdes no era casual, y describe perfectamente una situación que, como reflejó un informe elaborado por la propia Unión Europea, se parece mucho a la ley de la selva. “Ahora mismo sí que existen organismos públicos que pueden sancionar este tipo de prácticas, pero tienen muy pocos recursos, así que en la mayoría de los casos se acaban quedando en meras reprimendas que no llegan a las sanciones económicas”, explica Turro. De hecho, el ambientólogo Jaume Enciso ya apuntaba en el libro Alerta: Greenwashing que, precisamente, el factor que más animaba a las empresas a usar este tipo de prácticas era la legislación laxa y permisiva que existía con respecto al greenwashing.

En ese documento, la Comisión y las diferentes autoridades nacionales analizaron centenares de afirmaciones relacionadas con la ecología realizadas por diferentes empresas en su publicidad. De ellas, el 42 % de estas resultaron ser “exageradas, falsas o engañosas, y podían considerarse prácticas comerciales desleales” . Además, en el 60% de los casos, las empresas que publicitaban sus proyectos como verdes no facilitaban ningún tipo de prueba accesible para respaldar sus etiquetas.

¿Y cómo poner orden en la jungla? La respuesta que ha dado Bruselas a esta pregunta tiene muchas aristas. Lo más básico será prohibir todo tipo de etiquetas o afirmaciones que se basen en alegaciones generales difíciles de comprobar. Así, calificaciones como 'verdes', 'natural', 'ecológico' o '0 emisiones' desaparecerán de las etiquetas de los mercados europeos si no están sujetos a sistemas de certificación medioambiental. “Si no se prueba, no se podrá usar”, afirmó la eurodiputada Borzan durante su declaración en rueda de prensa tras la aprobación de la directiva.

Otra de las prohibiciones de la Unión Europea vendrá en los sistemas de compensación de emisiones. “En un sector tan contaminante como el de las aerolíneas nos encontramos muchas veces con etiquetas como ‘paga un euro más y plantaremos un árbol para compensar nuestras emisiones’. Este tipo de prácticas ya han sido muy criticadas por la comunidad científica, que ha dicho muchas veces que si las aerolíneas quieren cuidar el medio ambiente, no tienen que plantar árboles, sino contaminar menos”, explica Sara Bourehiyi, activista de Ecologistas en Acción. Igualmente, estas empresas no podrán usar publicidad que incluya anuncios como “vuelos neutros para el clima”, afirmaciones que Europa considera directamente falsas y que van contra la evidencia científica. 

Otro aspecto en el cual pone el foco la directiva son en etiquetas tales como 'climáticamente neutro para 2025' o, 'sin emisiones en 2030', las cuales tendrán que ser auditadas y deberán basarse en objetivos visibles y un plan de ejecución claro. “Muchas veces, las empresas presumen de haber reducido sus emisiones un 20%, pero no indican con respecto a qué se calcula o a qué momento. Además, en la mayoría de los casos, ese decrecimiento en las emisiones no significa que el producto se transforme en verde o ecológico. Ahora, la Unión Europea va a obligar a tener un sistema de referencia para poder comparar ese producto”, indica el cofundador de Verdes Digitales. 

La Directiva para el empoderamiento de los consumidores también recoge, además del greenwashing, importantes avances en materia de obsolescencia programada. En este sentido, incluye la prohibición de publicitar un producto con una vida útil mayor de la que es en realidad, como reparable cuando no lo es o, directamente, incluir en él piezas que favorezcan una durabilidad menor.

Aunque la legislación ya ha sido aprobada, hará que esta nueva norma funcione a pleno rendimiento, debe ser complementada con otra directiva, llamada Sobre alegaciones ecológicas, que aún se está debatiendo. Esta última desarrollará aspectos más específicos sobre el marco general que ya ha establecido lo aprobado este miércoles en el parlamento.

Sin embargo, la ratificación de la Directiva sobre alegaciones ecológicas podría demorarse hasta después de las elecciones europeas de junio, y, por tanto, dependería de la nueva composición del Parlamento para salir adelante. “Nosotros hemos hecho todo lo posible, la otra directiva aún se está negociando y no se ha llegado aún a un acuerdo concreto, pero confiamos en que venga a reafirmar el trabajo que hemos hecho”, explicaba la eurodiputada socialdemócrata a preguntas de los periodistas.

Pese a ese hecho, la directiva es, para Ecologistas en Acción, un paso adelante en el combate del greenwashing: “Nos da más herramientas a los consumidores para identificar estas prácticas y así ser capaces de elegir. El greenwashing está en todas partes y es bueno que se comience a legislar para que las empresas se contengan un poco más. Que toda la Unión Europea se haya puesto de acuerdo en algo así es muy positivo”, comenta Bourehiyi. Sin embargo, también temen que las empresas puedan usar mecanismos para eludir estas nuevas normas comunitarias.

Javier Andaluz (38 años, Barco de Ávila) es el representante de la organización Ecologistas en Acción en la cumbre del clima de Dubái, donde estos días presiona junto a decenas de otros activistas para que la COP28 cierre con un acuerdo a la altura de la emergencia climática. Andaluz es licenciado en Ciencias Ambientales y experto en Derechos Humanos, y ha acudido a las últimas ocho cumbres climáticas de la ONU, aunque cree que la de Emiratos está siendo especialmente tensa por la apabullante presencia de lobistas del petróleo. Según explica, el impacto de estos empresarios es más evidente que nunca, mientras que las organizaciones civiles se sienten completamente apartadas de la cumbre. 

¿Cómo ha acogido un país como Emiratos Árabes, uno de los grandes exportadores de petróleo, a los activistas climáticos?  

Es evidente a quién se le está dando más voz y a quién menos, y es a las empresas por encima de las organizaciones civiles. De hecho, en esta cumbre las ONG no están teniendo el espacio que merecen ni están siendo respetadas. Este fin de semana hicimos una acción en solidaridad con Palestina y el espacio que ocupamos y en el que íbamos a hacer más reivindicaciones apareció levantado y en obras al día siguiente. No sabemos muy bien las razones, pero este es el juego al que tenemos que enfrentarnos aquí. 

Otra cosa que nos parece especialmente grave es que cuando vino el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no hizo un evento con las organizaciones de la sociedad civil, o con países del Sur Global. Lo que hizo es un gran evento con CEPSA y con Maersk, una de las mayores navieras, para promocionar un proyecto de hidrógeno verde que a todas luces está sobredimensionado y que es precisamente un ejemplo de por qué no podremos usar el hidrógeno verde para otros usos.

Este martes hemos conocido que ha habido un récord de lobistas de las energéticas en la COP. ¿Sentís a esos grupos de presión en el día a día?

De hecho, los organizadores han sido tan descarados que les han dado espacios y estands, por no hablar del dinero que ponen estas compañías para patrocinar desplazamientos, regalos, ponentes... todo para hacer un lavado de imagen. España, por ejemplo, va a dar voz en su pabellón a Iberdrola –a través del Grupo de Crecimiento Verde– para aportar soluciones al cambio climático, cuando estas empresas son precisamente las responsables de él. Siempre ha habido lobistas en la cumbre, pero antes no tenían tanto acceso ni capacidad para hacer estos grandes eventos que solo son un lavado verde. 

¿A qué te refieres con que han dado espacios a las energéticas en la cumbre?

En la COP hay una parte de feria, como podría ser Fitur en España, donde se les da espacio a los nucleares, a los del gas, al petróleo... Por ejemplo, hemos visto a la Gas Alliance, los grandes productores de gas camuflados en una organización, tener un estand en la COP con la excusa de que se están descarbonizando, pero la realidad es que no son capaces de asumir lo que tienen que hacer porque va contra su modelo de negocio.

Las empresas petroleras o energéticas no vienen de cara con su nombre. En el caso de España, no veremos carteles de Repsol o de Iberdrola, sino un espacio patrocinado por empresas renovables, pero es que estas empresas también están en el negocio del gas o del petróleo. No dicen que son Exxon, TotalEnergies, Naturgy... sino que son un panel de expertos que envuelven con un nombre bonito.

El caso español es el Grupo de Crecimiento Verde, que son las empresas energéticas históricas del país. Ojalá se reconviertan, pero no es su voz la que tiene que ser escuchada porque lo que vienen a promover son las falsas soluciones, como la nuclear o la captura de carbono. Incluso el hidrógeno verde, que tiene un papel muy pequeño y limitado en la transición energética y que, en vez de usarse para reconvertir procesos industriales, se maximiza en megaproyectos. 

Este domingo se publicó que el presidente de la COP ponía en entredicho que haya que acabar con el petróleo para reducir el calentamiento climático, ¿cómo sentaron estas palabras entre los asistentes?

Vemos que a la presidencia se le está cayendo la careta. Los emiratís ven la cumbre como una oportunidad para potenciar su imagen de país y demostrar que son una economía moderna, que están dispuestos a enfrentar la emergencia climática. Durante los meses anteriores a la cumbre hicieron mucho trabajo para que todo saliese bien, pero ya empezamos a ver la realidad de un país que está profundamente enganchado a los combustibles fósiles y que no quiere acabar con ellos.

La presidencia nos está intentando distraer para cambiar el acuerdo del fin a los combustibles fósiles por un compromiso de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética, pero para nosotros es un engaño. Se quieren centrar en esto porque va a generar una enorme rentabilidad a un montón de empresas, pero por mucho que instalemos paneles solares y molinos, si no acabamos con el petróleo no acabaremos con la emergencia climática.  

Ya han pasado seis días de cumbre, ¿crees que ha habido algún avance relevante?

Bueno, esta primera semana es un poco rara porque no han llegado todavía los equipos de alto nivel y hasta la semana que viene no veremos realmente qué se puede lograr de la cumbre. Los documentos que ha publicado por ahora la presidencia recogen todas las posiciones, pero no van hacia ninguna posición concreta. Cada país dice en los plenarios lo que quiere conseguir, pero nadie está haciendo el esfuerzo de ver cuáles son las ideas predominantes para construir un consenso. El momento de la verdad será la semana que viene, donde veremos si se avanza en las negociaciones, pero lo que nos llega por ahora es que hay más bloqueos de los que los organizadores nos dejan ver, y que se vuelven a distanciar los bloques.

Lo que sí tenemos estos días son muchos compromisos voluntarios. Anuncios de que se van a enfrentar al metano, a reducir las emisiones en la agricultura..., pero nadie obliga a quienes firman estos pactos a ponerlos en práctica. De hecho, es algo que ya hemos visto en las últimas cumbres: muchas alianzas que luego quedan en agua de borrajas porque ningún órgano los supervisa. 

¿Cuál es la actitud de los delegados que te cruzas por los pasillos? ¿Hay optimismo por lo que se pueda pactar este año?

Habitualmente los delegados son optimistas y siempre dicen que están logrando avances... pero todavía es demasiado pronto. Por ahora las organizaciones civiles estamos presionando y nos mostramos reticentes a los anuncios, mientras que el sector de los combustibles fósiles y la nuclear son superoptimistas y se sienten ganadores.

El otro día se pactó triplicar la capacidad global de la energía nuclear y tenemos un montón de lobistas contentísimos de haber colado esta falsa solución en las negociaciones. Mientras que países petroleros se sienten muy a gusto porque la cumbre los protege más que a las organizaciones civiles.

Para nosotros la sensación ahora es de sobrecarga y saturación, con una enorme cantidad de delegados, muchísimos lobistas... Tenemos problemas de acceso a espacios y las a negociaciones, a la vez que muchos políticos se están dedicando a hacer eventos de greenwashing o publicidad política más que en trabajar en los acuerdos. 

“No somos un sector de mafiosos o de depredadores ambientales. La mayoría hace las cosas bien o muy bien”. Quien así se expresa es Pedro Mora, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras españolas. Su opinión está en las antípodas de lo que piensan las principales organizaciones ecologistas sobre los empresarios mineros: depredadores ambientales sin ninguna duda, especuladores una parte de ellos y peleados con las leyes casi todos. Para mostrar sus acusaciones han lanzado el Observatorio Ibérico de la Minería, donde se recogen un centenar de casos de “vulneraciones y malas prácticas” en España y Portugal.

Ambas partes están de acuerdo, eso sí, en un hecho fundamental: se está produciendo una resurrección de la minería, centrada esta vez en la extracción de minerales metálicos como el litio, el cobre, el grafito o el wolframio.

España se quedó sin minas de este tipo en los años ochenta, pero ahora ya están operativas una quincena que explotan minerales incluidos en la lista de “materias primas críticas” de la Unión Europea. Son componentes cruciales para la transición ecológica diseñada por la UE, porque los necesitan los vehículos eléctricos y los molinos eólicos. Pero también están en móviles o portátiles y se utilizan en la fabricación de armas o en el sector aeroespacial. La UE tiene una dependencia casi absoluta del exterior, ya que ni extrae esas materias primas, ni las procesa para adaptarlas a su uso industrial. China, y en menor medida Rusia, son quienes controlan el negocio de esos metales que luego se consumen en los 27 Estados de la Unión.

Para terminar con esta situación, las instituciones comunitarias están impulsando un Reglamento, que está previsto que entre en vigor a principios de 2024 y que plantea abrir nuevas minas en suelo europeo, facilitar la financiación a las empresas mineras y acortar los tiempos de concesión de los permisos medioambientales. Tres objetivos que aplaude el lobby minero, que ha mantenido más de mil reuniones con funcionarios y cargos de la UE para influir en el Reglamento. Y que provocan un rechazo frontal de las organizaciones ecologistas.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

El discurso oficial defiende que la demanda de materias primas críticas se disparará en los próximos años. “La demanda de minerales para su uso en ve­hículos eléctricos y almacenamiento de baterías se estima se multiplicará por treinta en 2040. El litio experimentará el crecimiento más rápido, con un aumento de la demanda de más de 40 veces seguido por el grafito, cobalto y níquel (entre 20-25 veces) y las tierras raras (siete veces)”, se puede leer en la Hoja de ruta sobre materias primas minerales aprobada por el Gobierno español en 2022. Un documento que propone, entre otras medidas, fomentar “el aprovechamiento de los recursos minerales domésticos bajo están­dares medioambientales y de sostenibilidad europeos”. Hablando en plata: abrir nuevas minas en España.

La industria está alineada con este discurso. “Hay que ser honestos: si necesito algo en mi sociedad, tengo que intentar producirlo en mi sociedad. No es ético que miremos para otro lado, tenemos que intentar abastecernos con nuestros criterios sociales y de sostenibilidad”, indica Pedro Mora. Ello significa “explotar nuestros recursos al máximo posible”, abriendo nuevas minas en España.

Pedro Mora pone sobre la mesa otra cuestión que denuncian con frecuencia las patronales mineras, lo que se conoce como el efecto Nimby (iniciales en inglés de “not in my backyard”, que podría traducirse como “no en mi patio trasero”). El razonamiento es el siguiente: todos queremos nuestro móvil de última generación, pero nos oponemos a las minas de las que se extraen las materias primas que lo hacen funcionar si están cerca de nuestra casa, mientras cerramos los ojos a que se obtengan en países lejanos donde se explota a los trabajadores y no existen normas de protección del medio ambiente.

“La realidad es que esos ecologistas que se oponen a abrir cualquier mina en España, luego no van a África o a China a oponerse a que abran las minas allí. Están aceptando que haya un impacto mayor fuera de Europa, donde no se extrae con los criterios de sostenibilidad de Europa, lo que no parece muy razonable si de lo que se trata es de defender el planeta”, señala Mora, uno de los cargos de la Fundación Minería y Vida.

Esta acusación indigna a Adriana Espinosa, de Amigos de la Tierra, una de las organizaciones más implicadas en la lucha contra la nueva minería junto a Ecologistas en Acción. Sostiene Espinosa: “En primer lugar, es falso que un incremento de la extracción minera en Europa lleve aparejada una reducción en el sur global. Lo que se busca es incrementar la extracción en Europa y también la importación de países del sur global de forma más diversa, para reducir la dependencia de China. En segundo lugar, hay que matizar lo de que las regulaciones son más exigentes en Europa. Las regulaciones sobre el papel lo son, pero las empresas incumplen de forma sistemática la legislación medioambiental. En tercer lugar, no es cierto que no defendamos las luchas contra las minas en otros lugares. Amigos de la Tierra, por ejemplo, pertenece a un movimiento global que defiende los mismos objetivos en todas partes. En cuarto lugar, está el tema clave del modelo de consumo, que es adonde nos gustaría llevar la conversación”.

Lo que plantea Adriana Espinosa es, de hecho, una enmienda a la totalidad: nadie ha demostrado que se necesiten nuevas minas y, en todo caso, si se necesitasen sería para intentar mantener un modelo de consumo que en realidad es insostenible. “¿Necesitamos abrir nuevas minas? El Gobierno español no ha realizado esa cuenta. Lo que realmente necesitamos para empezar es el Excel con las cuentas, que de momento no existe. No se ha calculado la demanda de minerales asociada a las políticas de transición energética en España”, critica Espinosa.

Con Excel o sin él, lo que tiene claro la activista de Amigos de la Tierra es que estamos ante una crisis ecológica y climática “sin precedentes”, y que “nos están vendiendo como transición energética algo que no lo es”.

El sector del transporte acapara el 60% de las necesidades previstas de minerales como el litio, según los informes oficiales que manejan las instituciones comunitarias. “¿Cambiar un coche de gasolina por uno eléctrico de verdad es una transición ecológica?”, se pregunta Espinosa. Ella misma responde: “Cambiar los modelos de movilidad sí que sería una transición”.

Una movilidad basada en el transporte público y en medios como la bicicleta es una de las principales alternativas que defienden los ecologistas para reducir la demanda de minerales metálicos. Pero hay otras. Por ejemplo, incrementar la utilización de los minerales secundarios potenciando el reciclaje y la minería urbana (extraer los metales de los residuos y no de la naturaleza). O alargar la vida útil de todos los aparatos eléctricos y electrónicos, terminando así con la obsolescencia programada.

“La transición ecológica tal cual la ha diseñado la UE, basada en el crecimiento ilimitado, no es sostenible ni viable. Tampoco es justa, porque no es reproducible a nivel global”, concluye Espinosa.

La expectativa de una mayor demanda está multiplicando ya los proyectos de nuevas minas en diferentes países europeos, pero las autoridades comunitarias quieren acelerar ese proceso con dos medidas que se contemplan en el Reglamento: reducir a un máximo de dos años el plazo para conseguir todos los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.

Pedro Mora considera fundamental que en el Reglamento se reduzcan los plazos. Un proyecto para abrir una mina puede prolongarse entre 8 y 12 años, según sus cálculos, “y una parte muy importante se consume en la obtención de las licencias ambientales. Y también, en muchas ocasiones, en la judicialización del proceso, que lo retrasa y genera inseguridad jurídica”.

Además, el representante de Minería y Vida destaca que hay sectores sobre los que existe menos control: “Si uno compara la presión social sobre los impactos que genera la minería y la agricultura, es evidente que es mucho mayor sobre la minería. Somos un sector hiperregulado en la UE. Y eso está bien, porque nos garantiza seguridad como sociedad. Pero esa elevada regulación no puede derivar en retrasos injustificados en el desarrollo de proyectos”.

En cuanto a la financiación, Mora explica que las empresas mineras no reclaman dinero directamente para la extracción, sino que piden “apoyo institucional para la investigación geológica y condiciones favorecedoras para el desarrollo tecnológico, que son muy caros. Hay que hacer grandes inversiones no sólo en la mina, también en los procesos industriales para dar valor añadido a los minerales”.

Para Adriana Espinosa, experta en minería de Amigos de la Tierra, la pretendida reducción de los plazos para obtener permisos se puede definir en tres palabras: “Es una barbaridad”.

Dos años para obtener permisos puede parecer un plazo más que suficiente a ojos de un lego en la materia, pero Espinosa defiende que no es así: “Realizar un estudio de impacto ambiental, cuando se trata de megaproyectos mineros, es algo muy complejo. Y muchas veces las empresas hacen estudios incompletos, inexactos o incluso fraudulentos, por ejemplo fraccionando un proyecto para así evitar la evaluación de impacto ambiental al no sobrepasar cada parte los umbrales determinados. Luego, la Administración necesita tiempo para evaluar el estudio y existe una falta importante de medios, empezando por personal que realice esas evaluaciones. Y en tercer lugar están las comunidades afectadas, que también necesitan tiempo para estudiar el proyecto y exponer su postura. Todo ese proceso, si se quiere hacer bien, lleva mucho más de dos años”.

Joám Evans es miembro de Ecologistas en Acción. Además de compartir los argumentos de Espinosa sobre el peligro de reducir los tiempos para la obtención de los permisos, pone en duda “el mantra” de que el sector minero está hiperregulado. “En la práctica, las empresas mineras casi nunca cumplen con la legalidad. Siempre tienen problemas en cuyo origen está su afán por reducir al máximo el coste de las operaciones, lo que termina provocando problemas medioambientales”, señala.

En cuanto a la posible financiación pública, Evans asegura que en ningún caso debe financiarse ni la exploración ni la extracción porque ello “produce una competencia desleal de los metales primarios, que inundan así los mercados con precios mucho más baratos en relación con los metales secundarios”. Estos últimos son los que se obtienen tras un proceso de reciclaje. “El dinero público debería destinarse a la recuperación de metales, incluidos los residuos mineros abandonados, que en el caso de España podrían satisfacer la demanda durante muchos años”, indica.

La demanda de mayor financiación pública por parte de las empresas conecta, según Evans, con otro problema del sector: la especulación. “Muchos proyectos mineros solo son viables con dinero público. Y quieren generar la expectativa de que obtendrán un canal de financiación privilegiada”, asegura.

Ecologistas en Acción elaboró en 2019 un informe, titulado Minería especulativa en España, en el que denuncia que “compañías mineras junior sin apenas capital utilizan los recursos minerales como garantía para la especulación”, lo que les permite “parecer sólidas y con beneficios inminentes cuando en realidad sus proyectos son poco más que castillos en el aire”. En la industria minera se distingue entre tres tipos de empresas: major, medianas (mid-tier en inglés) y junior. Las major son multinacionales cuyos beneficios proceden básicamente de la explotación de las minas, mientras que las junior son pequeñas firmas que suelen centrarse en proyectos de exploración geológica que conlleva un alto riesgo financiero.

En principio, podría parecer que esa especulación afecta únicamente a quienes invierten en proyectos mineros luego fallidos. Allá ellos con su dinero. Pero Evans sostiene que tiene implicaciones más amplias porque la minería especulativa “genera explotaciones low cost que provocan problemas constantes”. Las empresas ahorran “en todas las etapas: desde la fase inicial de elaboración de los proyectos, que a veces son malísimos, hasta la fase final, cuando muchas veces no se hacen cargo de la regeneración de la zona y dejan costes enormes para las generaciones futuras. Los beneficios se los quedan las empresas, pero los pasivos los asumimos todos nosotros”.

Existe, según Evans, un segundo problema: “Ese afán especulativo lleva a que a veces las empresas pretendan saltarse trámites o incumplir las leyes para ahorrar costes, con los riesgos consiguientes de corrupción. Te pongo un ejemplo reciente: en 2019 se presentó un proyecto para abrir una mina de litio en Ourense, conocido como Alberta I. Aunque parezca increíble, la Xunta de Galicia estaba tramitando el proyecto sin la evaluación de impacto ambiental. Esa combinación de una empresa que no quiere gastar y una Administración cómplice es una receta para el desastre medioambiental”.

Pedro Mora, de la Fundación Minería y Vida, rechaza rotundamente el panorama que dibujan los ecologistas. “Me rebelo contra esa idea. Hay especulación entre algunas junior, pero la mayoría de las junior no son especulativas”, defiende.

Que la minería tiene mala imagen es algo que admiten las propias empresas, aunque lo consideren algo injusto. Esa es una de las razones que ha llevado a las patronales a crear la Fundación Minería y Vida. “Hemos vivido de espaldas a la sociedad y no hemos explicado todo lo que hacemos. La imagen que queda son las cuatro noticias de cosas que se hacen mal y no las otras 996 que se hacen bien. Debemos ser más abiertos y transparentes”, argumenta Mora.

A las empresas les preocupa lo que denominan “licencia social para operar”, es decir, lograr el visto bueno de la comunidad donde se encuentra la mina, igual que obtienen las licencias medioambientales de las Administraciones. “Tenemos que valorar la sensibilidad del entorno social. La minería tiene ventajas claras, responde a unas demandas que existen en la sociedad, pero también tiene impactos. Y hay que afrontarlos desde el principio”, señala Mora.

En ese afán por cambiar su imagen, desde Minería y Vida también reclaman apoyo público: “Necesitamos que la Administración comunique lo que hacemos bien. Es importante que la sociedad entienda que debemos explotar nuestros recursos para reducir la dependencia de países que no respetan los mismos valores sociales que nosotros y para generar cadenas de valor propias que permitan nuestra reindustrialización, creación de empleo estable y de calidad y generación de riqueza”.

En el mundo ecologista se percibe con escepticismo esa proclamada preocupación empresarial. “La licencia social es un eufemismo para determinadas prácticas de ingeniería social como el greenwashing. Si las empresas cumpliesen con la legislación no tendrían que estar preocupadas por la licencia social. No se trata de que la gente esté contenta, sino de que la gente esté callada”, critica Joám Evans.

Adriana Espinosa, por su parte, plantea una pregunta clave: ¿la licencia social para operar incluye el derecho de las comunidades a decir no? Ella tiene clara la respuesta: “Nosotras defendemos que ese derecho a decir no a una mina existe, que hay que considerar la soberanía sobre los recursos de las comunidades donde se encuentran dichos recursos. Pero ni las instituciones ni las empresas están en esa lógica. Lo que buscan a toda costa es obtener esa licencia social y les da igual cómo conseguirla. Con propaganda, por ejemplo hablando de la creación de puestos de trabajo que luego siempre son muchos menos de los anunciados, con coerción blanda o dura, o con métodos de greenwashing”.

Siete años después de la reforma del río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid, la vida se ha abierto paso en un río que durante décadas esquivaron los vecinos. Algunos árboles alcanzan ya los veinte metros, se han avistado más de un centenar de especies de aves e incluso algunos afortunados pueden cruzarse los zorros que bajas desde el monte de El Pardo. Santiago Martín Barajas, encargado del río Manzanares de Ecologistas en Acción, fue uno de los artífices de este proyecto, que la organización ofreció gratis al Ayuntamiento de Madrid cuando gobernaba Manuela Carmena (Más Madrid) y que todavía hoy, con un gobierno del PP, tiene el apoyo unánime del consistorio. El ingeniero agrónomo y activista ambiental reconoce que la recuperación del tramo urbano del Manzanares ha sido "mucho más rápido de lo esperado", y ahora tratan de replicar los resultados en una veintena de ríos de todo España.

La renaturalización de los ríos consiste en devolver el cauce a su estado original, dentro de lo posible, para tratar de recuperar las platas y los animales que desaparecieron por la transformación de las ciudades tras la revolución industrial. Este miércoles se han reunido en Madrid, convocados por Ecologistas en Acción, numerosos expertos que participan en este proceso, y coinciden en que esta tendencia es imparable en España porque la población abraza la llegada de la naturaleza al centro de las urbes. El caso del Manzanares es seguramente el ejemplo de mayor éxito de una reparación de un río contaminado en el país, aunque ya hay otras ciudades como Melilla o Barakaldo que tienen obras en marcha, y Ecologistas ya ha preparado 20 proyectos en 13 comunidades.

Estos dosieres los prepara personalmente Santiago Martín Barajas junto a otro ingeniero de montes de la organización y con apoyo de ecologistas locales, y los ceden a los ayuntamientos para que los ejecuten. "Las ciudades europeas se instalaron junto a los ríos para aprovecharlos, pero dejaron de ser útiles y pasaron a ser casi un estorbo, especialmente los pequeños. Pero en los años 90 se dieron cuenta de su importancia no solo para la naturaleza, también para la salud. El Manzanares anima cada día a decenas de miles de personas", afirma Barajas. En la mesa redonda también estuvo Elena Pita, directora de la Fundación Biodiversidad, también apuntó a la que la recuperación del cauce original del río evita inundaciones. "Las ciudades se han diseñado sin tener en cuenta la naturaleza y eso las ha hecho tremendamente vulnerables", dijo la representante de este organismo público.

La obra millonaria de Madrid ha sido una referencia que ha animado a muchos ayuntamientos a seguir sus pasos, aunque antes ya se hicieron obras de este tipo en ciudades como León (río Bernesga) y en Brugos (río Arlanzón). El caso del Manzanares demostró que incluso un río con poca agua y destrozado tras décadas convertido en una piscina, podía recuperarse en cuestión de meses. Hasta 2017, el cauce a su paso por la capital estaba regulado por varias compuertas que estancaban en agua y convertían el río en un desagüe de la ciudad y un nido de mosquitos en verano. Solo hizo falta abrir todas las presas y acondicionar el lecho para que volviese la vegetación. Ya hay 10.000 árboles en el tramo urbano y el agua pierde el 60% de los nitratos y fósforos al pasar por este filtro natural. "Sale de la ciudad más limpia de lo que entra”, apunta Barajas. Con ello también regresaron las aves (121 especies), los mamíferos (nutrias, erizos, zorros…) y los peces (el barbo y el gobio, entre otros). "Volvieron incluso especies de peces autóctonas que desplazaron a las invasoras, el primer caso en el que ocurre esto en España", añade el experto.

También asistieron al encuentro las concejales de Medioambiente de Barakaldo y de Getafe, dos ciudades que trabajan con Ecologistas en Acción para renaturalizar sus ríos. Las administradoras, ambas del PSOE, coincidieron en que sus urbes han vivido durante muchos años "de espaldas" a sus ríos porque el agua era sinónimo de malos olores y contaminación. Barakaldo está encajonada entre tres ríos que durante el siglo pasado estaban rodeados de los altos hornos, que usaban el agua para refrigerar las fábricas. En Getafe, los vecinos nunca se han sentido conectados con el Manzanares porque está a las afueras de la ciudad, pero el Ayuntamiento quiere ahora acondicionarlo como una zona de paseo, y está proyectado levantar allí el mayor bosque de ribera más grande de Europa y una calzada romana.

La financiación de estas obras corre luego a cargo de los presupuestos municipales, aunque reciben ayudas millonarias de diferentes fuentes. El Ministerio de Transición Ecológica publicó en julio la estrategia nacional de restauración de ríos, que pretende recuperar y conectar 3.000 kilómetros de ríos, con 400 millones de euros para renaturalización urbana. La Fundación Biodiversidad también ha dado otros 195 millones de fondos europeos a 74 proyectos desde 2021, y reiteran que el interés es muy grande en España: recibieron 393 propuestas, pero el presupuesto se agotó mucho antes. El coste es uno de los elementos que se trató en la jornada, ya que recuperar un río urbano supone dedicar permanentemente recursos para controlar el caudal del agua, su composición química y limpiar la basura que caiga al cauce.

Los ecologistas también aprovecharon para hacer un llamamiento a alcaldes de toda España que tienen ríos completamente obsoletos. Por ejemplo, el fondo del río Zarpadiel a su paso por Medina del Campo se cubrió por completo con cemento y ahora está literalmente muerto. También se construyó a ambas orillas y no se respetó la llanura de inundación que permite que una riada no inunde la ciudad. Durante el coloquio se señalaron además varios casos de cauces que en la segunda mitad del siglo XX que se convirtieron en canales urbanos: el río Isuela a su paso por Huesca y el Vinalopo, en Elche. Además de acabar con la biodiversidad del río, estas obras de cemento absorben el calor y anulan la función del río de refrescar y enfriar la ciudad en verano, advierten los expertos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido en su Pleno de este martes suspender de forma cautelar el derribo de la Isla de Valdecañas, el complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Pleno ha acordado la medida cautelar solicitada como parte de los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la Isla de Valdecañas.

Las mismas fuentes señalan que la votación se ha resuelto por seis votos a favor y cinco en contra, aprobando así la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo.

Fue el pasado noviembre cuando la corte de garantías admitió a trámite los recursos planteados contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que dio la razón a Ecologistas en Acción-CODA, ordenando demoler el complejo urbanístico en su totalidad.

El punto de partida de este litigio se sitúa en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta a la Isla de Valdecañas y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.

El TS confirmó las resoluciones del TSJ, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.

Sin embargo, en 2022, el alto tribunal, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.

Ecologistas en Acción ha reclamado al Gobierno una reforma del mercado eléctrico que no suponga "una estafa para muchas familias" y que garantice, entre otras medidas, una tarifa social justa y un abastecimiento mínimo de energía, según informa Europa Press.

La ONG ha presentado este martes un informe en el que plantea un nuevo sistema eléctrico que aborde de manera integral las crisis social, energética y climática con medidas a corto a medio y a largo plazo que ponga freno a la "estafa del mercado marginalista de fijación de precios" puesta de manifiesto por la subida del precio del gas durante 2022 y la subida del precio de la electricidad, que han generado "enormes beneficios caídos del cielo" a las grandes empresas y que ha "disparado" el precio a los consumidores.

Así, recuerda que en enero de 2021, con Filomena, el precio de la electricidad alcanzó los 70,28 €/MWh; pero a partir de abril de 2021 los precios comenzaron a subir, llegando en marzo de 2022 a un precio final medio de la demanda nacional de 300€/MWh y en agosto de ese mismo año, de 250€/MWh. Sin embargo, considera que la "excepción ibérica" ha sido "solo un parche" que ha reducido artificialmente el coste de la electricidad.

No obstante, Ecologistas insiste en que la propuesta de reforma del mercado eléctrico no puede abordar en exclusiva el sistema de fijación de precios diferenciado por fuentes, sino que es necesaria una reforma más amplia de todo el sistema eléctrico.

En su propuesta de nuevo sistema eléctrico plantea medidas como reducir el precio de la electricidad, impulsar una tarifa social que garantice el acceso a una tarifa social justa y un abastecimiento mínimo de energía, mientras se avanza en mecanismos de tarificación justos.

También reclama una auditoría de los costes reales de la electricidad y de la deuda adquirida durante años y lograr un suministro eléctrico más eficiente que esté adecuado a los límites del planeta, donde la gestión de la demanda ocupe un papel central.

El informe de la ONG considera necesario acercar la producción a los lugares de consumo y facilitar las iniciativas ciudadanas frente al modelo centralizado de las grandes industrias eléctricas a través de una alta penetración del autoconsumo.

Para lograrlo propone rescatar de forma inmediata a las poblaciones más vulnerables para lo que tendrían que destinarse 51.000 millones de euros, 5.000 de esos millones para subvenciones directas y los 46.000 restantes para una línea de crédito a bajo interés.

En definitiva exige una reforma integral del sistema eléctrico oligopólico con más de 20 años de existencia, "injusto y especulativo, basado en producción con tecnologías fósiles, para pasar a un modelo 100 por cien renovable, democrático y donde el autoconsumo, las comunidades energéticas y el sector público tengan un papel central".

La joven activista medioambiental Greta Thunberg y varias decenas de personas han tenido que ser desalojadas este lunes de la sede del Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega, en Oslo, cuyas puertas había bloqueado en protesta por la construcción de unas turbinas eólicas en territorio indígena, según informa Europa Press.

"Esta es una vergüenza internacional que no solo afecta a Noruega. Hay una lucha global por los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. (...) No podemos combatir el cambio climático a expensas de los derechos de los pueblos indígenas", ha denunciado Thunberg, en declaraciones al diario noruego Aftenposten.

Varios edificios gubernamentales de la capital también han sido objetivo de las protestas de los activistas, que denuncia la presencia de dos parques eólicos, cuya construcción en la región de Trondelag se realizó en detrimento de los derechos de la comunidad sami y sus zonas de pastoreo, según el Tribunal Supremo.

Las protestas pacíficas se vienen dando desde la madrugada de este lunes, con varios desalojos y con algunos activistas encadenándose. El jefe de la Policía, Brian Skotnes, ha dicho que no hay intención de arrestar a nadie, si bien controlarán las entradas para que la gente pueda acudir a sus puestos de trabajo.

El Gobierno de Noruega recomendó el fin de semana a los empleados de varios ministerios que trabajaran desde casa y ya este lunes han emitido un comunicado recordando a los manifestantes que si bien pueden "expresarse", las protestas "no puede realizarse a expensas del trabajo de los ministerios o la seguridad".

En octubre de 2021, el Tribunal Supremo falló a favor de una demanda presentada contra dos parques eólicos —uno de ellos el de Storheia, el más grande de Noruega— en el distrito de Fosen, en Trondelag, al considerar que ponía en riesgo el pastoreo de renos y con ello se infringía el derecho de la comunidad sami a ejercer sus tradiciones.

Por ello, han solicitado que estos dos parques sean desmantelados y la vuelta al estado natural de la región. Mientras tanto, el ministro de Petróleo y Energía, Terje Aasland, ha pedido más tiempo para que las autoridades puedan poner en marcha medidas con las que ambas realidades puedan convivir.