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Miles de personas protestan en Madrid por la crisis de la vivienda: "No es un bien de mercado, es un derecho"

el Negocio inmobiliario

Un sitio donde vivir para sobrevivir: ocho testimonios de personas atrapadas en el laberinto de la vivienda

Varias personas durante una acción protesta para evitar la compra del edificio Tribulete 7, a 3 de febrero de 2024, en Madrid (España).

La vivienda se ha convertido en un problema con muchas aristas. A la dificultad de acceso por la elevación de los precios, se han sumado factores como los conflictos vecinales que están provocando contratos como los turísticos y los temporales; o el que fondos de inversión o sociedades inmobiliarias se hayan convertido en activos agentes del mercado de la vivienda junto a los multipropietarios, provocando en ocasiones el desalojo de vecinos que no pueden luchar contra Goliat.

infoLibre ha hablado con varias personas afectadas por alguna de las caras del poliédrico asunto de la vivienda: trabajadores, vecinas que soportan a diario los inconvenientes de los pisos turísticos, estudiantes, propietarios y mujeres desalojadas de sus hogares. Todos cuentan sus historias, con la esperanza de que algo cambie.

Con plaza, pero sin casa

A Andrés le ha sacudido lo que a priori era una buena noticia. Pretende mudarse desde el municipio madrileño de Getafe a Cádiz capital, donde ha conseguido una plaza para trabajar en la Administración General del Estado. Tiene 24 años y será administrativo, “con un sueldo de más de 1.500 euros” al mes. Pero no encuentra en su lugar de destino “un alquiler de larga duración para poder estar más de 10 meses en el mismo piso”. “Me quieren obligar a irme en verano a otro sitio para poder ponerlo de alquiler turístico”, denuncia. No puede renunciar a la plaza que “se ha ganado” porque se quedaría en el paro. “En el peor de los casos, me tendré que alejar de mi centro de trabajo e irme a otros municipios como Puerto Real o El Puerto de Santa María pero, por lo que me han dicho, la cosa está muy parecida por allí…”, anota.

Está “agobiado” porque es probable que tenga que incorporarse a su puesto a mediados de noviembre y, “por un lado, están los procedimientos administrativos que tienes que hacer para poder tomar posesión de la plaza, y, por otro, el lío de dónde voy a vivir”, explica. “Cuando tenga la confirmación al cien por cien del puesto en Cádiz, tendré un mes para hacerlo todo y me estoy encontrando con que, en la zona, el 90% de los pisos son de alquiler de temporada y es todo muy difícil”, lamenta. Admite que el proceso le ha “generado ansiedad” al estar “sin saber muy bien dónde” va a “poder vivir en estos meses, pese a ser un trabajador con un salario medio”. De hecho, le parece “dramático” el que “ya dé un poco igual el sueldo que tengas”. “Los alquileres en Cádiz están entre 800 y 900 euros, acercándose al precio de Madrid, pero es que además está el problema del tipo de contrato de alquiler”, explica.

No está solo. El 38% de los españoles ha experimentado angustia o ansiedad ante la perspectiva de perder su vivienda y verse obligado a regresar al domicilio familiar, según un estudio sobre vivienda y salud mental elaborado por GAD3 para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Un estrés que es más común entre los encuestados que viven de alquiler, quienes también sufren soledad y depresión.

La opción de un médico, una habitación y transporte público

El proceso de exploración del mercado desactivó las expectativas de Pep. Es médico residente y ha optado por pagar 575 euros por disponer de una habitación en un piso que comparte con otra persona para no destinar más de la mitad de su sueldo a la vivienda. Trabaja en el barrio de El Raval, el más poblado de los que conforman el distrito de Ciutat Vella en Barcelona. “Quería un sitio que estuviera a una media hora en transporte público”, algo que no parece descabellado, “pero hay muy pocos pisos por debajo de los mil que no estén en la periferia”, asevera. Hasta en el que gasta su tiempo por fin llegó “no porque fuera el mejor, sino porque era el menos malo”, ironiza.

Por el camino se topó con quienes pedían “precios más altos de los que ponían en el anuncio”. Pretendían subirlo anualmente o reclamaban “hasta dos meses por adelantado, con lo que había que pagar 3.000 euros sólo para entrar a vivir en una habitación”, detalla. Él ya no tiene que escudriñar portales, pero sabe que en la actualidad “se subarriendan habitaciones, se hacen contratos de meses”, se intentan “vender habitaciones muy pequeñas, en las que las que meter una cama individual y una mesa es complicado”, al ser del espacio de un trastero. “En Barcelona la situación está tremenda, y el hecho de que todo esto no esté regulado hace que suban los precios a la gente que estamos buscando un sitio donde vivir para sobrevivir, para que sea nuestra residencia habitual. El mercado está infladísimo”, cierra. De hecho, la capital condal es la ciudad española más cara para arrendar una habitación, con un coste medio de 565 euros mensuales, según un informe de Idealista con datos relativos al segundo trimestre del año.

“Los vecinos de toda la vida”, en extinción

M. A. tiene 66 años y nació en la casa en la que habita en la calle Preciados de Madrid, que se ha convertido en territorio hostil para “los vecinos de toda la vida”. Vive en un edificio con siete pisos, aunque, tres son locales comerciales. El suyo es el quinto. El sexto está destinado a alquiler habitual, el cuarto lo han arrendado estudiantes, y los propietarios del tercero y el segundo los han dedicado al alquiler turístico y temporal. “Esto era una casa de vecinos normal, de las de siempre, pero se han ido vendiendo los pisos, han entrado los turísticos y nos han fastidiado”, se lamenta. “Ha habido hasta ‘camas calientes’ porque sus dueños sólo quieren dinero”, afea.

Enumera con cierta resignación las preocupaciones que ese tipo de negocios le han provocado. “Lo primero es la inseguridad. No sabes con quién te puedes encontrar por la escalera o en el ascensor. Estás vendida”, comenta. A lo que hay que añadir “los ruidos y las molestias” que provocan “constantes llamadas a la Policía”. Es más, relata que una vez tuvo que indicarle ella misma a los agentes donde están los apartamentos turísticos porque “había un inglés borracho perdido por la escalera”. Lo desenreda: “Sus compañeros le habían escrito en un antebrazo la dirección de la calle a donde tenía que ir, pero no el piso, e intentó meter la llave en todos, hasta que alguien llamó a la Policía al pensar que querían entrar en su casa”, recuerda. Las fiestas en el inmueble son habituales. “Hemos tenido una temporada en la que a las 12 de la noche empezaban los cumpleaños felices. Luego la basura la dejan por cualquier lado del edificio y eso genera olores, bichos… Vemos colillas cerca del ascensor, en un inmueble con las escaleras y otras muchas cosas de madera. Hay llamadas al telefonillo y a la puerta a todas horas e incluso usan una buhardilla de almacén y suben y bajan un carrito con sábanas, toallas, cosas de limpieza… A veces se les ha caído por la escalera”, aporta.

El trasiego de gente y maletas es ya parte del bloque. Y además M. A. sabe lo que son las “presiones” para que se marche. “En las reuniones de la comunidad me dicen que por qué no me voy al campo a vivir más tranquila”, cuenta. Pero no tiene intención de hacerlo: “No me van a decir dónde tengo que vivir. Son ellos los que están haciendo algo ilegal”, sentencia. Cerca de 351.400 viviendas turísticas salpican España, según la última actualización de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los vecinos que sufren sus efectos no entran en la estadística. 

'Casting' entre los estudiantes “desesperados”

Hay otros damnificados por la situación del mercado inmobiliario: los estudiantes. Marina comenzó a buscar alquiler en la capital madrileña el pasado marzo y descubrió que “en barrios obreros como Usera, Villaverde, Aluche o Carabanchel, pisos de dos o tres habitaciones no bajaban de los 900 o los 950 euros” y con que “se publicaban anuncios en los portales inmobiliarios que apenas duran unas horas”. Hechas las primeras cribas, “de 100 mensajes que envías, igual consigues que te contesten diez, y luego los propietarios organizan los días de visitas y es un casting para elegir quién se queda con el piso”. Tuvo que pasar por unos cuantos. Lo referido es “en el caso de que los propietarios sean particulares”, porque “los requisitos de las agencias” son de partida “imposibles para un estudiante”, constata. Para arrancar, les solicitan “ingresos que rondan los 2.000 euros y avales”. “Hay algunas –encadena– que te piden una entrada de cuatro mensualidades, dos para la agencia, que es ilegal, pero te las piden igual, una de fianza y otra de gastos de alta de suministros”. “Es imposible cumplir esas condiciones, si eres estudiante, y es que más del 90% de las ofertas son de agencia”, se queja. Ella compagina estudios de idiomas y una oposición. En su caso el rastreo acabó bien: comparte piso con otra compañera en el barrio de Aluche. “Pero por familiares de familiares de familiares, por los contactos, porque al final conoces a alguien”, matiza. “Como lo intentes hacer a través de los portales inmobiliarios o de agencias, no se puede”, manifiesta.

Desde otro punto del mapa de España, Málaga, un propietario, N. M., confirma que “hay muchos estudiantes que están desesperados” y que al colgar el anuncio de su inmueble en una página web tuvo “un aluvión de llamadas en menos de una hora”. Su vivienda tiene tres habitaciones y está situada en una avenida bien conectada con el centro de la ciudad por lo que la arrienda por 800 euros, que no es un precio muy elevado, tratándose de la capital malagueña. Es más, asegura que, “en varias ocasiones”, le han llegado a “ofrecer más” para poder quedarse con la casa e incluso en alguna “el doble, para que fuera para un joven y un amigo”. No lo aceptó. A N. M. lo que le preocupa es “dar con gente normal” que no le “destroce la vivienda”. Afirma que no quiere “enriquecerse con ella”, pero tampoco que le suponga “una carga o un quebradero de cabeza”. Cree que “ha acertado” con sus inquilinos y puede que ellos hayan tenido suerte con él.

Cuando acabas en la calle

La vivencia de Zohra y su familia se ha hecho pública porque ha decidido darle visibilidad de la mano del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El pasado 24 de julio, ella, su marido y su hijo de nueve años fueron desahuciados de la casa que moraban desde hacía una década en el barrio madrileño de Lavapiés, pese a que un grupo de personas bloqueó la puerta para intentar impedir el desalojo y un activista por el derecho a la vivienda incluso se colgó en el vacío del patio del bloque. Zohra y su familia sobreviven con una pensión y el Ingreso Mínimo Vital, por lo que habían demandado un alquiler social que nunca llegó y que se suspendiera el desalojo, al cumplir con los requisitos de vulnerabilidad exigibles. Pero, según el sindicato, no pudo demostrar que su casero es un gran tenedor “que posee 27 pisos”. En la calle, el Samur Social les ofreció una alternativa habitacional en Las Caracolas, un centro de acogida temporal formado por cubículos prefabricados en los que cada familia dispone de una habitación sin cocina en la que pasar unas cuantas semanas. Pero los han expulsado de ahí igualmente para enviarlos a una pensión, a la que han arribado con los nervios hechos un nudo. Zohra tiene una barrera: la lengua, no habla bien castellano. Y un miedo: que "le quiten a su hijo", según quienes la están acompañando en su batalla.

Lola, con 50 años, ha afrontado con su madre, de 79, un informe de vulnerabilidad oficial y una pensión no contributiva de 500 euros, otro desalojo. El propietario vendió el que era su edificio en Getafe a una sociedad y transmitió a los vecinos que "finalizaban los contratos". Se inició entonces un proceso judicial que terminó en desahucio, fechado para el pasado 11 de septiembre. Intentaron un aplazamiento, pero un juez lo denegó.

La madre de Lola pasó más de una década en su ya antigua casa y más de 70 años en la misma barriada. Ha soportado, según su hija, escenas “muy crueles”. Lola no pudo “ni entrar a recoger” sus “cosas” cuando se produjo un desahucio en el que “no se hizo ni inventario”. Al menos han hallado una solución habitacional gracias a su red familiar: un primo de Lola les ha ofrecido una vivienda a la que se han traslado las dos, hasta que ella vea como su madre "se va adaptando”. “Todo ha sido agotador y de vez en cuando le dan bajones”. Y todavía no ha acabado, el día siguiente al desahucio, el juez “admitió a trámite el recurso” que habían interpuesto. ¿Qué herramientas tenemos realmente los ciudadanos para defendernos”, se pregunta. Y engarza: “Hay gente con 87 años a la que le está pasando esto. Igual hay mujeres que cobran 1.200 o 1.400 euros, pero tampoco se van a poder quedar en sus casas porque, en cuanto compran el edificio, les meten la finalización del contrato y punto”, proclama rotunda.

El reto de emanciparse  

Mabel, en Palma de Mallorca, ha tenido que destruir universos domésticos construidos. “Me ha costado mucho y ha sido triste”, indica a este periódico. Se refiere a que se ha visto obligada a pedir a una inquilina con la que han "mantenido una relación de 15 años” que deje la casa por la que “ha pagado puntualmente la renta” que acordaron porque la “necesitaba” para su hijo. “Trabaja y quiere emanciparse para vivir con su pareja, pero como los alquileres en esta ciudad están por las nubes y por menos de 900 a 1.500 euros no encuentras nada, hemos tenido que recurrir a esa casa familiar, pero con pena por la inquilina”, reitera. Habla apretando lo dientes y agrega que su hijo ha explorado la compra, “pero no puede dar la entrada que le han pedido los bancos”, sintetiza.

“Hay una inversión de fuera de la isla muy importante y un tercio de la vivienda está siendo comprado en muchos casos por fondos de inversión para especular y dedicarlo al negocio del alquiler turístico. Los demás estamos pagando las consecuencias”, concluye. El precio de la vivienda libre se encareció un 5,7% en el segundo trimestre de 2024, hasta los casi 1.896 euros por metro cuadrado, el importe más alto registrado desde el tercer trimestre de 2009, según la última información difundida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La Comunidad de Madrid y Baleares se colocaron por encima de los 3.000 euros por metro cuadrado, que no se alcanzaron aún en otros enclaves del país. Números en los que quedan fagocitadas las ilusiones de muchos.

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