Jaime Caro (Granada, 1993) es doctor en Historia Contemporánea y asesor del grupo político Sumar. Sin embargo, ha sido su experiencia en el incipiente movimiento sindical en Estados Unidos lo que ha motivado el libro que acaba de publicar: Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, 2026). Mientras estudiaba en Estados Unidos, Caro estuvo en contacto con los promotores del primer sindicato que se fraguó en la compañía de cafeterías Starbucks. Pero esta obra no habla solo de sindicalismo, también pone el foco en la sociedad norteamericana, en el rechazo histórico a este tipo de organizaciones, a las que ven como "una traición hacia la empresa". Se trata, en definitiva, de un libro que analiza la lucha obrera en los "buques insignia del capitalismo estadounidense" y donde también hay espacio para hablar de Amazon y de la industria de los videojuegos.

¿Cómo nace el libro?

Mi tesis doctoral era sobre la historia del socialismo en Estados Unidos y en las estancias que realicé contacté con los sindicatos que todavía seguían vivos. Me centraba en el Industrial Workers of the World, que es un sindicato centenario que tiene su mayor masa de militantes en Nueva York. Eso me llevó a conocer a la gente que hace una década comenzó a sindicalizar Starbucks y fracasó, pero que puso la semilla para que el intento se retomase con éxito en 2021.

¿Cómo se crea ese nuevo sindicalismo?

La historia comienza en Búfalo (Nueva York), con un sindicalista que venía de United Workers, que es el sindicato del motor, y que estaba descontento con la organización. Lo que hizo fue reclutar a ocho jóvenes, muy politizados, y planeó una estrategia de infiltración en Starbucks. Ellos no buscaban un empleo, sino intentar integrarse en la plantilla, hablar con sus compañeros, detectar cuáles eran sus carencias y buscar el momento idóneo para crear un sindicato.

Define a Starbucks como "capitalismo arcoíris", una empresa de valores liberales y progresistas, cercana al movimiento LGTBIQ+ o al Black Lives Matter. ¿Por qué el sindicalismo les inquietaba tanto?

En 2011 se decide crear un sindicato en esta compañía porque era un buque insignia del capitalismo estadounidense, pero también porque, al ser supuestamente "progre", debería reconocer a un sindicato más rápidamente. Sería como ponerla frente a un espejo.

Pero eso no pasó...

Pasó todo lo contrario. Comienza una campaña antisindical bastante grande que le lleva incluso a contratar a gente que había trabajado en recursos humanos de la CIA, el FBI y en la agencia Pinkerton, que es la mayor agencia antisindical que hay en Estados Unidos. Además, cuando las protestas del Black Lives Matter comienzan a cuestionar el sistema, entienden que ya no pueden controlar el discurso y se vuelven hostiles.

¿Y los trabajadores? ¿Qué cambia para que la sociedad se vuelva receptiva al sindicalismo?

En el momento en que la pandemia estalla y se encierra a la mayor parte de las personas en casa, son los trabajos más precarios los que se consideran esenciales. Estos trabajadores, que están jugándose la vida en el puesto de trabajo, comienzan a ser conscientes de la importancia de su actividad, a pedir medidas de seguridad y a preguntarse por qué no reciben compensaciones por riesgos o condiciones más dignas [...]. Por otro lado, la politización de los jóvenes estadounidenses, a través de otros movimientos como el ecologista, Black Lives Matter o LGTBIQ+, también ha tenido que ver.

Es paradójico que, mientras en EEUU la afiliación sindical crece, en España baja. ¿A qué cree que se debe?

Dentro de nuestra sociedad el sindicalismo ha perdido el relato. Es decir, ahora mismo no vas a un sindicato a mejorar tus condiciones de trabajo; la gente no considera que organizarse en un sindicato vaya a conseguir que mejore su posición laboral. De hecho, ahora mismo los sindicatos en España tienen tan poca vida interna que funcionan casi como asesorías, es decir, te apuntas cuando tienes un problema o necesitas que te asesoren. Y al perder esa vida interna, no han conseguido conectar con los jóvenes.

Dice en un momento del libro que el nuevo sindicalismo "nace de los márgenes". ¿Qué significa eso?

La izquierda, que había tenido el conflicto capital-trabajo como el eje definitorio, se tiene que ir a los márgenes tras la derrota del sindicalismo en los 80, y márgenes son el movimiento antirracista, el movimiento LGTBIQ+ y otros similares. Pero este nuevo sindicalismo es también una síntesis con el sindicalismo de toda la vida. En España es posible que gente que viene de las luchas de vivienda o LGTBIQ+ se integre en los sindicatos tradicionales y pueda cambiarlos desde dentro. Un ejemplo es la confluencia de luchas [formada por CNT, CGT, Ecologistas en Acción, manteros y el Sindicato de Inquilinas] que se presentó el otro día en Madrid, como un intento de integrar distintas voces.

También hay quien lee esto como una disolución del sindicalismo...

Es el debate famoso de la trampa de la diversidad, que se interpretó como que estas luchas alejaban a la izquierda de lo que ha sido su centro de gravedad, que ha sido el conflicto entre capital y trabajo. En Estados Unidos ese debate nunca se ha dado porque desde hace ya un siglo resolvieron que o todas las luchas se salvaban o ninguna se salvaba. Por lo tanto, todas las luchas tienen que ir juntas.

Reina Isabel Tejada toma el expediente y lee: "Diagnóstico de síndrome de hombro doloroso derecho secundario a ruptura parcial del supraespinoso e infraespinoso y tendinitis glenohumeral".

Levanta la mirada y traduce: “Esta obrera tiene una discapacidad parcial permanente del 32%”. 

Éste es tan solo uno de los 900 expedientes médicos con 900 historias de trabajadoras de empresas internacionales en Honduras que fabrican ropa para exportar. Lo que en ese país llaman maquilas. Reina está en una pequeña oficina en un barrio de Choloma, una ciudad de unos 300.000 habitantes, donde la industria textil es la principal actividad económica: todos tienen algún familiar trabajando ahí. 

Es la oficina de la Colectiva de Mujeres Hondureñas, la CODEMUH, liderada por María Luisa Regalado desde 1989, una mujer que aprendió a leer y escribir a los 22 años, y unas décadas después recibió el premio Lideresa de Derechos Humanos otorgado por la embajada de Canadá en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. La CODEMUH no es la primera organización que lidera María Luisa. Incluso siendo analfabeta, creó una de mujeres campesinas. Con los años, ayudó a que obreras con discapacidad adquirida por el trabajo ganaran juicios laborales y percibieran una idemnización o incluso una pensión. 

Pero el mayor de los logros de la organización y de María Luisa es que las mujeres sepan cuáles son sus derechos, que reclamarlos no es de “haragana” (vaga), ni de loca, que las pueden reubicar en otros puestos para que las enfermedades que les genera ese tipo de trabajo no empeoren. “Fue muy duro escuchar a mujeres que trabajaban en maquilas. Cómo podían trabajar 12 o hasta 24 horas. Eran mujeres del campo, eso me conectaba mucho a mí”, dice hoy la dirigente, que a pesar de no haber trabajado nunca en la maquila, sintió que ahí estaba su lucha.

La ropa que se produce en Honduras se exporta al mundo, sobre todo a Estados Unidos, y las empresas que contratan a estas mujeres son gigantes de la industria de otros países, como Canadá y también Estados Unidos. Se instalan en Choloma, en San Pedro Sula, en Villanueva, con beneficios por parte del Estado, no pagan impuestos, y emplean a jóvenes durante años hasta que dejan de ser productivas.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística de Honduras sobre comercio exterior, casi la mitad de lo que Honduras exporta va a Estados Unidos. Europa, por su parte, representa en promedio el 15,5% (449,1 millones de dólares) del total de las exportaciones hondureñas. Los principales productos son el café, el banano y los textiles. 

En el caso particular de España, según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), entre 2018 y 2024 cerca del 6% de lo que exportó Honduras a este país fue ropa.

Esta industria tiene un impacto masivo en la economía nacional: representa el 25% del PIB si se suma el consumo intermedio de bienes y servicios locales.

Choloma concentra casi el 80% de la actividad maquiladora del país. La empresa más nombrada por trabajadoras y especialistas en esa ciudad, y que tiene gran parte de la producción textil, es Gildan Activewear, de Canadá, que produce 18 marcas como Gildan, American Apparel, Comfort Colors, GOLDTOE y Peds, y emplea a unas 50.000 personas en 12 países. 

Las marcas que se producen van desde American Apparel, Fruit of the Loom o Calvin Klein a Nike y Adidas, que incluso lo comunican en sus propias páginas web de transparencia. 

Nike, por ejemplo, publica un mapa interactivo donde se puede ver por país cuáles son las empresas proveedoras. En Honduras son cuatro, de las cuales dos están en Choloma: Gildan Hosiery Rio Nance S. de R. L, y Gildan Textiles de Sula S de R L.

Adidas tiene una lista de sus proveedores principales y subcontratistas, donde aparecen muchos países, entre ellos Honduras, con la maquila Pinehurst Manufacturing GMBH. 

En el mismo documento figuran los proveedores de procesos húmedos que, según explican, son aquellos que requieren un uso intensivo de agua, como el teñido y el acabado de materiales. En ese listado aparece, de nuevo, Gildan Textiles de Sula, S. de R.L., ubicada en Choloma.

La organización Maquila Solidarity Network publica listados de las marcas y sus proveedores, donde se puede buscar por marca qué empresas son las que producen sus prendas. 

“Nosotras siempre dejamos claro, no estamos en contra de la fuente de empleo, no estamos en contra de la maquila, sino de la forma en que se implantan estas transnacionales en nuestro país. Pensando más en fortalecer sus capitales, sus ganancias a costa de la destrucción del cuerpo y la vida de las mujeres y también de los hombres que trabajan en esta industria maquiladora”, dice Reina Tejada, que luego de conocer a la CODEMUH estudió abogacía para defender los derechos de sus compañeras. 

¿Cuál es esa forma que menciona la abogada? En la maquila se trabaja en "celdas de producción", un término que remite más a lo carcelario que a una empresa textil. Así, unas deben presionar a las otras, hay rivalidad. “A esta haragana quítemela, no quiere producir”; “Haragana, muévase como se movía anoche”; “No ves que por vos vamos a perder la meta”. 

La producción se organiza en módulos: grupos de trabajadoras y trabajadores que comparten una meta colectiva y donde cada una realiza una operación muy específica dentro de la cadena de ensamblaje de una prenda. “La meta que nosotras teníamos que hacer era 479 docenas de prendas por día. En total son más de 1900 docenas a la semana. Trabajamos de lunes a jueves”, dice Fanny Mejía.

En la entrevista en la oficina de la CODEMUH, Fanny, de tan sólo 33 años, se para y muestra las secuelas, los daños de este modo de trabajo, y cuando habla siente que es como una terapia, que se desahoga. Lleva 15 trabajando, y ya cuenta con un largo historial de enfermedades laborales: “Padezco de tendinitis crónica con inflamación en el acromio en el hombro derecho y tengo una leve tendinitis en el hombro izquierdo. Y también tengo una rectificación cervical y una lumbalgia crónica”. Dice, ahora, que si Dios le diera la oportunidad de volver a nacer, la maquila sería lo último que buscaría. Pero también piensa que, con su padre que sólo hizo primer grado, y su madre cuarto grado, con bajos recursos económicos, quizá no le quedaría otra opción.

Fanny explica que en los últimos meses, su módulo –su grupo de trabajo– pasó de ser de 19 a 16 personas, pero la meta de producción sigue siendo la misma. Para compensar, le asignaron a las trabajadoras que quedaron dos operaciones en lugar de una. Por ejemplo, dice, una compañera que antes solo cerraba manga ahora también cierra cuellito: en 40 minutos tiene que completar 48 docenas de una operación y en 20 minutos, 10 docenas de la otra. Esto ocurre incluso con trabajadoras que ya tienen problemas musculoesqueléticos. 

Para el doctor mexicano Luis Manuel Pérez H. Pantoja, especialista en salud laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, la explicación es estructural. El modelo maquilador, dice, surge a nivel mundial como una forma de aumentar la tasa de ganancia, y lo logra con bajos salarios y jornadas prolongadas. La jornada 4x4 –cuatro días de trabajo, cuatro de descanso– que se presentó como un beneficio, en la práctica significó mantener la misma meta de producción en menos días. “Ahora los equipos tienen que producir lo mismo con un día menos de trabajo”, explica. Y lo que enferma no es el movimiento en sí: “Es la cantidad de movimiento y la intensidad con la que se hace”. 

Según el informe Negociando colectivamente por el trabajo decente y digno de mayo de 2022, realizado por el Dr. Mark Anner, publicado por el Centro de los Derechos Laborales Globales de Penn State y el Center for Global Workers’ Rights (CGWR), el 56% de los trabajadores de la maquila hondureña están empleados en una jornada de trabajo 4x4 o 4x3. Bajo tal horario, trabajan de 11 a 12 horas por día. “Durante los días que no están trabajando, otro turno de trabajadores ingresa a la fábrica. Esto permite a los propietarios de las fábricas mantenerlas funcionando las 24 horas del día sin tener que pagar horas extras”, explica el informe.

Ese documento a su vez menciona las enfermedades: “La intensidad del trabajo impulsada por este sistema de metas de producción, junto con los turnos largos, son las principales causas de los problemas relacionados con la salud ocupacional”. 

Pero no siempre existió el reconocimiento de lo que generaba esta forma de trabajo en el cuerpo de las mujeres. El primer hito fue en 2012, cuando la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, de México, llevó adelante un estudio sobre la salud de las trabajadoras de la maquila hondureña. El informe final vino a validar desde el ámbito científico lo que las obreras y la CODEMUH venían diciendo hace tiempo: que más del 60% tienen trastornos musculoesqueléticos ocupacionales. Estos se definían como “enfermedades o lesiones que afectan al aparato locomotor: músculos, tendones, esqueleto, bursas, cartílago, sistema vascular, ligamentos y nervios que son causadas o agravadas por la exposición laboral a factores de riesgo”.

También recogía el informe que casi el 50% tiene ansiedad, depresión, y distrés –un estado de estrés prolongado tanto en su duración diaria como a través del tiempo–. Y que a más años en la maquila, más daño: quienes llevan más de 13 años tienen una tasa de trastornos musculoesqueléticos de 70%.

Además, el informe habla de que el 87% realiza movimientos repetitivos de manos o abre excesivamente los dedos, y la espalda y los hombros son las zonas más afectadas, y que el 76% está encorvada o con el cuello flexionado. Que más de 8 de cada 10 repiten el mismo movimiento cada 30 segundos o menos, lo que se considera alta repetitividad. Y que solo el 8% trabaja jornadas de 8 horas.

El estudio se hizo en conjunto con la CODEMUH, se capacitó a las trabajadoras para hacer las encuestas a sus compañeras afuera de los parques industriales de Choloma, San Pedro Sula, Villanueva y La Lima. Lo llevaron a cabo mediante un estándar utilizado a nivel internacional para salud laboral: el cuestionario nórdico escandinavo de molestias musculoesqueléticas Kuorinka. ¿Ha tenido molestias en el cuello, en los hombros, en la dorsal o lumbar, en el codo? ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses? ¿A qué atribuye estas molestias? Con estas y otras preguntas, las propias trabajadoras relevaron a más de 520 compañeras de 49 empresas en cinco parques industriales, indagando sobre calidad de vida y trabajo doméstico, condiciones de trabajo, riesgos y exigencias laborales y niveles de depresión ansiedad y estrés.

Las respuestas confirmaron que el 78% no se levanta de su lugar de trabajo durante toda la jornada, que el 72% llega antes del horario para adelantar producción, que el 58% no habla con sus compañeras, que el 45% acorta el tiempo del almuerzo, y que el 40% no toma agua para no ir al baño. “Las condiciones de trabajo no han mejorado. Al contrario, han empeorado”, dice hoy el doctor Luis Manuel Pérez H. Pantoja, uno de los autores del estudio de la universidad mexicana.

Antes de 2012, sin el documento en sus manos como respaldo, María Luisa Regalado debía convencer personalmente a los médicos de que estos problemas no eran mentales, y que las trabajadoras estaban sufriendo. "Las máquinas viejas se dañan y se enferman" –le dijo un médico de un hospital de Choloma, hablando de los padecimientos de las trabajadoras. "No estamos hablando ni de máquinas ni de viejas. Estamos hablando de mujeres y jóvenes" –respondió ella.

Fanny Mejía lo sabe: es joven y ya tiene el cuerpo dañado: “Ellos ahora lo mandan a uno con el psicólogo y lo mandan con el psiquiatra, ya que ellos dicen de que nuestros padecimientos son mentales, que es algo que nosotras como que nos imaginamos porque nos estresamos demasiado, nos preguntan que si tenemos problemas personales”.

Pero no, no son problemas personales. En 2024, en su informe de sostenibilidad, Gildan Activewear reconoce que hubo un aumento en las lesiones laborales en Honduras. La compañía reporta un aumento de “lesiones de manos en nuestras instalaciones textiles en Rio Nance, Honduras, relacionadas con el manejo de equipos y herramientas”.

Sobre los problemas de salud de las trabajadoras, Guillermo Matamoros, gerente de la Asociación Hondureña de la Maquila, en una llamada desde Ginebra, Suiza, en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), participando de una reunión técnica sobre inteligencia artificial en la manufactura, dice: "Bueno, es un trabajo que sí tiene algunos factores de repetitivo, pero no es algo que sea crucial, no, no creo que ése sea el tema, algunas organizaciones dicen que sí hay, pero la industria aborda eso de manera muy seria y responsable".

Las maquilas emplean a trabajadoras cuando tienen de 18 a 25 años, máximo: “Y estas personas le dieron toda una vida, 20, 25 años de laborar, a empresas que después los dejan con discapacidades –dice Reina Tejada–, porque no nacieron con esas discapacidades, sino que las adquirieron producto del trabajo que realizan en la maquila por la forma en que se organiza el trabajo”.

Tener 30 años para una obrera de la maquila es ser vieja. “Por tener ya arriba de 30 años, arriba de 25 años hoy en día ya uno no lo contratan. O sea, si yo me salgo de la maquila, yo ya no puedo trabajar”, dice Fanny, y es el único momento de la entrevista en que llora.

“Al principio, solo queríamos que se respetaran nuestros derechos. Luego, la situación adquirió unas dimensiones que no habíamos imaginado”. En septiembre y octubre de 2025, Béatrice*, regidora de exteriores en cine, estuvo en huelga durante ocho semanas durante el rodaje del largometraje Quasimodo. La película, anunciada como el próximo gran éxito francés de Netflix (cuyo estreno está previsto para este otoño), está dirigido por Jean-François Richet, quien dirigió, entre otras películas, un díptico sobre el gánster Jacques Mesrine, que le valió el César al mejor director en 2009.

La larga huelga mantenida durante este rodaje, aunque limitada por el número de personas afectadas, es sintomática de las tensiones que se cristalizan hoy en día en una industria cinematográfica cada vez más frágil.

Mediapart se ha reunido con los cinco huelguistas de este proyecto producido por Radar Films, todos ellos miembros del “equipo de decoración”. Como regidores de exteriores o asistentes, se ocupan de la organización material de los rodajes fuera del estudio: búsqueda y alquiler de objetos, gestión de atrezos y coordinación de los medios logísticos necesarios para las escenas.

Los huelguistas describen condiciones de trabajo agotadoras, numerosas horas extras y retrasos en la firma de sus contratos, todo ello agravado por una falta de consideración. Han acudido a la jurisdicción laboral para reclamar la reconversión de sus contratos temporales en contratos indefinidos, el reconocimiento de la interrupción de su trabajo como un despido nulo durante una huelga, así como el pago de las horas extraordinarias. Contactada por Mediapart, la productora no ha respondido.

“Con el rodaje de Quasimodo no estamos descubriendo nada realmente nuevo; son situaciones que existen desde hace muchos años”, afirma Nicolas Yassinski, delegado general del sindicato Spiac-CGT. En el sector audiovisual francés, varios indicadores apuntan a una drástica disminución del número de contrataciones y una precarización del sector.

Un informe del Senado ya alertaba en 2023 del incumplimiento de la legislación laboral y de las tablas salariales en el sector. Es en este contexto se multiplican las movilizaciones por parte de los trabajadores del sector audiovisual y del cine.

Para los huelguistas, fueron las horas extras no pagadas las que colmaron el vaso. “69 horas para Béatrice, 20 para Daphné, 64 para Mélanie, 40 para Léa y 110 para mí”, en un periodo de entre cinco y 15 semanas, enumera Louis*, regidor de exteriores.

Afirman haber alertado a la dirección, que les habría “acusado de mentir o de organizarse mal, cuando algunos tienen 20 años de experiencia”. Un cuestionamiento que contrasta con la realidad de su implicación: “Empezamos meses antes del rodaje, somos los invisibles del cine”, dice Béatrice.

Todos afirman haber empezado a trabajar sin contrato. Béatrice y Louis dicen que “empezaron en mayo y firmaron en junio”. Son métodos de otra época: “Era habitual hace 15 años, pero hoy ya no”.

Además de estos retrasos, una parte de los huelguistas también cuestiona el marco contractual. “Me habían hablado de una película de ficción”, cuenta Béatrice. Pero descubrieron que se les aplicaba el convenio colectivo del sector audiovisual, menos favorable que el de la producción cinematográfica. Tras presentar una reclamación, se les abonó una prima a modo de compensación.

En cambio, en cuanto a las horas extras, la producción habría extraído una norma específica del convenio colectivo del cine, aplicando el sistema de horas de equivalencia, que prevé tres horas de presencia no remuneradas a la semana en un rodaje.

En julio, Béatrice envió un correo electrónico a la producción para pedir explicaciones y enumerar los problemas. En él mencionaba también que había firmado enormes cheques de fianza para algunos decorados —de hasta 22.000 euros—, mientras otros habían firmado cheques de entre 5.000 y 10.000 euros. No recibió respuesta por escrito, pero se ganó una bronca del primer asistente.

“Iniciamos la huelga el lunes 22 de septiembre, pensando que pronto se encontraría una solución”, recuerda Louis. A los regidores se les unen tres asistentes de escenografía. “No se nos respetaba”, justifica Léa*, una de ellas.

Inmediatamente se inician conversaciones con la producción. Tres días después llega una propuesta: pago de las horas extras de rodaje, un refuerzo en la dirección de producción, pero no la creación de un puesto de coordinador, que era lo que reclamaban los huelguistas. “Nos dieron a entender que, dado que no habíamos conseguido todo lo que pedíamos, seguramente no volveríamos al trabajo”, cuenta Béatrice. “Cuando lo que nunca quisimos fue parar”, insiste Louis.

La huelga se prolongó hasta el 22 de octubre. A partir de comienzos de ese mes, los trabajadores afirman también haber perdido el acceso a sus herramientas de trabajo, recuperadas por la producción. De ahí surgieron las sospechas de que habían sido sustituidos por otros trabajadores. Acudieron a la Inspección de Trabajo, que indicó no poder hacer declaraciones “para no perjudicar las investigaciones”. Al ser preguntada sobre todos estos puntos, Radar Films no respondió.

No obstante, la producción pagó los salarios correspondientes a todos los días de huelga. “Actúan como si no hubiera pasado nada en este rodaje”, comenta Louis. No no ha sido así. La movilización ha tenido cierta repercusión en el sector. Sobre todo porque, en septiembre, otro regidor de exteriores, Julien Joanny, rompió el silencio para denunciar en dos cartas abiertas las condiciones de trabajo en el rodaje de la película Les Rayons et les Ombres (Luces y sombras), de Xavier Giannoli.

Desde septiembre, la Asociación de Decoradores de Cine (ADC) organiza mesas redondas con todas las asociaciones, sindicatos y colectivos del sector. Desde entonces, se celebran reuniones para dar voz a las quejas de los trabajadores de base de la industria cinematográfica.

“Al inicio de las conversaciones, tuvimos la impresión de que los miembros de la ADC descubrían en parte nuestras condiciones de trabajo: fue una especie de electroshock”, cuenta una portavoz de la asociación Métiers associés du décor (Oficios asociados a la decoración, MAD). Pero desde “el inicio de la segunda ronda”, hace unas semanas, el sentimiento es más ambivalente: parecen perfilarse pocos cambios concretos. “Esta iniciativa y sus conclusiones no cuentan con el apoyo unánime de la ADC, pero al menos han permitido una amplia movilización y han sacado a la luz problemas comunes”, señala la asociación.

Sobre el terreno, en cualquier caso, “se nota un cierto revuelo desde el inicio de las conversaciones”, observa una portavoz de MAD. Un revuelo que se traduce en algunos avances, como la creación de partidas presupuestarias para las horas extras en algunos rodajes o el acuerdo de las productoras para cumplimentar hojas de control de horas de trabajo.

El Spiac-CGT también participa en las conversaciones con varias reivindicaciones. “El respeto del Código Laboral, de los convenios colectivos y una mejora de las condiciones de trabajo”, resume Nicolas Yassinski. Para él, la situación denunciada en el rodaje de Quasimodo demuestra que “los trabajadores ya no están dispuestos a dejarse pisotear por las productoras”, pero también que “incluso en proyectos bien financiados, las dificultades persisten: no es una cuestión de medios, sino de voluntad por parte de las productoras”.

Por parte de los huelguistas, las expectativas respecto a estas mesas redondas siguen siendo limitadas. Siguen esperando un cambio real en las prácticas, resumido sencillamente por Béatrice: “Que nunca más tengamos que movilizarnos solo para reclamar que se respete el Código Laboral”.

* Nombre ficticio

Traducción de Miguel López

La manifestación central del Primero de Mayo, que este año se ha celebrado en Málaga, ha finalizado poco después de las 14.00 horas con la reclamación de los sindicatos UGT y CCOO para mejorar los salarios, poner solución al "polvorín social" de la vivienda y defender la paz mundial, informa EFE.

La marcha ha terminado con la intervención de los secretarios generales de los dos grandes sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, quienes han remarcado la necesidad de repartir la riqueza, aumentar los salarios y poner una solución al importante problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

Los sindicatos, que cifran la participación en unas 20.000 personas, han resaltado el carácter internacional que ha tenido este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en Palestina, Gaza, Ucrania e Irán, y han expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean "las mujeres y los hombres", ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando" y ha avanzado que si los precios siguen al alza, las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

Por su parte, Unai Sordo ha asegurado que "no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes" y ha considerado que la subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias. Ha calificado como "un escándalo" la situación de la vivienda, que "condena" a la juventud: "Es un polvorín social", ha dicho.

En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de cien manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo, bajo el lema "Derechos, no trinchera. Salarios, vivienda y democracia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los avances conseguidos en los derechos de los trabajadores y ha destacado que estos han sido compatibles con unos niveles de creación de empleo récord. "Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano", ha destacado en un mensaje en redes sociales donde felicita el Primero de Mayo.

Sánchez apunta que España es el país de la Unión Europea que más crece, con 22 millones de personas ocupadas y un salario mínimo que duplica el de hace tan solo una década. "Hemos avanzado mucho subiendo el SMI, reduciendo la temporalidad, con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", añade.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que en España se va a seguir avanzando en derechos laborales y en protección social "sin dar un paso atrás". Saiz, que ha participado en la manifestación central, ha dicho a los periodistas que continuarán trabajando para que España "siga siendo un país próspero, de la mano del diálogo social". Ha recordado que "ha costado mucho llegar hasta aquí" y ha afirmado que se va a "garantizar" el crecimiento.

La oposición ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de convertir el trabajo en "una carrera de obstáculos" y ha asegurado que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

En un vídeo difundido a través de la red social X, Feijóo ha señalado que el 1 de Mayo es el día de todos los trabajadores, pero especialmente "de los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes", criticando que el Ejecutivo gane más "cuando las familias llegan con menos".

España necesita un cambio, ha dicho, "para devolver el sentido del esfuerzo" y por eso el PP hará "que valga la pena volver a trabajar"

Con la mirada puesta en la cuestión habitacional, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

Díaz ha lanzado un mensaje "alto y claro" para defender a quienes "levantan España con sus manos". Ha rechazado la "resignación" y ha pedido que la gente salga a movilizarse porque "los derechos se ganan en las calles también", y ha enviado "un mensaje de optimismo" porque el Gobierno va a "seguir trabajando para defender a la clase trabajadora" y, en materia de alquileres, lo van a "volver a hacer".

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para luchar por el derecho a la vivienda y para que el decreto "sea permanente". En el inicio de la manifestación que recorría el centro de Barcelona, Urtasun aseguraba, en declaraciones a los periodistas, que "hoy salimos a la calle con el derecho a la vivienda como cuestión central".

Sillas vacías en plena calle y una gran pancarta con el lema “Hasta que se retire” colgada en la fachada. ¿Una acción más de Greenpeace contra TotalEnergies o contra las políticas ecocidas del Gobierno? No exactamente. Desde hace un mes, numerosos empleados y activistas de la ONG ecologista han emprendido una lucha contra su propia dirección.

Denuncian el plan de despidos anunciado a mediados de marzo, cuyo objetivo es reducir en una cuarta parte la plantilla de Greenpeace Francia. Es decir, la supresión de 33 puestos de trabajo. El miércoles 29 de abril, los sindicatos convocaron una concentración frente a Greenpeace seguida de una asamblea general abierta al público. Una forma de ampliar la lucha para aumentar la relación de fuerzas en un conflicto social que se está volviendo explosivo.

Todo comienza el 10 de marzo, cuando la dirección anuncia a los órganos de representación del personal un plan de despidos (denominado oficialmente PSE, por Plan de Salvaguarda del Empleo). Este se justifica por las dificultades económicas de la ONG, que ha visto cómo el crecimiento de las donaciones se ralentizaba en los últimos años, sin poder absorber ya el aumento de los gastos. Y es que la “generosidad del público” constituye el único recurso de la asociación, que no recibe ninguna subvención pública.

Según documentos internos consultados por Mediapart, la dirección de Greenpeace Francia prevé un grave aumento del déficit en los próximos años. En los últimos cuatro ejercicios, la ONG ha cerrado tres con un ligero saldo negativo: una media de 300.000 euros de déficit en tres años, menos del 1% de sus ingresos.

Pero los presupuestos previstos y comunicados a la plantilla son bastante alarmistas. En 2027, el déficit superaría los 4 millones de euros y la situación se repetiría en los años siguientes. Según estas previsiones, la asociación agotaría en solo tres años los cerca de 11 millones de euros de tesorería de los que dispone actualmente.

Esta situación económica preocupa mucho a los empleados. De hecho, los resultados pasados y actuales de Greenpeace no son especialmente malos. La tesorería sigue siendo sólida. En el conjunto de los últimos ocho años, la ONG ha obtenido 6,4 millones de euros de resultado neto positivo.

“Llevamos años escuchando esta suave melodía austeritaria por parte de la dirección, sin que se nos facilite toda la información. Pero la realidad es clara: aunque su crecimiento disminuya, los ingresos siguen aumentando. Son los gastos los que se disparan. No es señal de una crisis económica, sino de una mala gestión”, critica Mickaël*, miembro del comité de empresa (CE).

Por parte de la dirección explican que en septiembre de 2025 se produjo un gran cambio. “La asociación se ve gravemente debilitada por una decisión sin precedentes del Tribunal de Casación de septiembre de 2025. Esta decisión supone un golpe brutal a uno de los pilares históricos de la recaudación de donativos para la asociación”, dice un comunicado. El tribunal declaró ilegal el uso de los contratos temporales habituales en la asociación.

Porque la ONG utilizaba, a nivel interno, este tipo de contrato, muy flexible, para realizar la recaudación de donativos “cara a cara” en la calle. Un método que hasta ahora constituía una gran parte de sus ingresos. De ahí que el cuestionamiento judicial de ese modelo sea motivo de preocupación para los próximos años.

Al tener que externalizar o recurrir a contratos indefinidos a tiempo parcial anuales, la recaudación cara a cara resultará más costosa. Y, dado el clima sombrío que se vive en el sector asociativo, la dirección cuenta con “unas perspectivas de recaudación más bajas”, según se puede leer en un documento interno.

“De esta situación se derivan unas previsiones plurianuales muy preocupantes […], hasta el punto de que, si no cambiamos nada, nuestras reservas se agotarán en 2029 para cubrir los déficits, lo que provocará la desaparición pura y simple de Greenpeace Francia”, asegura la dirección a Mediapart.

Con estas previsiones en mente, la dirección presenta el plan de despidos. Los empleados se han quedado “estupefactos”. “Entendíamos que había dificultades económicas, pero nunca habría imaginado un plan de despidos así, de la noche a la mañana”, confiesa Louis*, empleado desde hace varios años en Greenpeace.

Más que la situación financiera, es el método lo que indigna. “Somos conscientes de las dificultades financieras a las que se enfrenta nuestra organización desde hace varios años. […] Sin embargo, a pesar de que tenemos en cuenta la situación financiera, denunciamos el marco y los métodos en los que la dirección impone este plan social”, escriben 103 empleados de la organización en una carta abierta.

Y, además, el anuncio del plan de despidos se produce cuando está vacante la dirección general de Greenpeace. Tras la salida de Jean-François Julliard en otoño de 2025, fueron nombradas tres personas codirectoras generales de forma interina, antes de la reciente llegada de la nueva directora general, Charlotte Schneider.

“El anuncio del plan es, evidentemente, un momento muy difícil para cualquier organización, y más aún para Greenpeace, donde el colectivo es un valor fundamental que genera una gran cercanía y solidaridad entre todas y todos”, justifica Laurence Veyne, una de las codirectoras interinas. “Pero este tipo de plan está muy limitado jurídicamente. No podíamos hablar de ello antes de presentarlo a los órganos de representación del personal”.

Un argumento legalista que no cuaja. “Es una forma neoliberal de concebir el trabajo y la toma de decisiones. Parece que estuviéramos escuchando a los peores directores generales de grandes multinacionales”, critica un miembro de la asamblea estatutaria de Greenpeace Francia, un órgano de gobernanza que actúa de enlace entre los activistas voluntarios y el consejo de administración.

Para él están “gravemente pisoteados” los valores de “horizontalidad y gobernanza compartida” inherentes a la ONG. Lucas*, un empleado, tiene la misma sensación: “Que no haya habido ninguna concertación previa, ninguna reflexión colectiva, es tan escandaloso como la brutalidad de este plan de despidos”.

Una disonancia bastante compartida por todas las personas que aceptaron testificar ante Mediapart, pero que la nueva directora general parece no escuchar. En un correo electrónico dirigido a todos sus equipos, Charlotte Schneider se muestra molesta por estas críticas recurrentes.

“Leo y oigo mucho que, una vez conocida la situación, se deberían haber elaborado escenarios en colaboración con todas las comunidades. Una vez más, estoy perpleja. ¿De verdad creen que no hemos explorado todas las opciones antes de llegar a esto?”, escribe.

Un poco más adelante en el mismo correo, asume: “Un plan de despidos no se elabora conjuntamente, pero las medidas de acompañamiento, sí. […] Es lógico que este tipo de medidas, dolorosas, sean responsabilidad de la dirección, que asume las consecuencias y respeta el diálogo social y el derecho laboral”.

Es una respuesta frontal, sintomática de un conflicto que se enreda cada vez más en Greenpeace. Desde hace una semana, numerosos activistas voluntarios han decidido suspender toda forma de acción para la ONG. “Consideramos que no se dan las condiciones para llevar a cabo acciones bajo la bandera de Greenpeace, de acuerdo con los valores que defiende Greenpeace”, escriben los activistas.

“Se trata solo de algunos voluntarios. También sabemos que muchos quieren seguir y han comprendido perfectamente que, sin medidas drásticas, lo que está en juego es la propia existencia de Greenpeace”, replica Laurence Veyne.

Para intentar calmar la revuelta, la dirección anunció a principios de mes la puesta en marcha de “espacios de reflexión conjunta [destinados a] todos los empleados, sin miembros de la dirección general”. Espacios muy bien aprovechados: “Nos hemos organizado bien para intentar encontrar el máximo de soluciones para preservar el mayor número posible de puestos”, dice una empleada.

Pero otros se desilusionan rápidamente. En un correo electrónico dirigido a la dirección, los empleados solicitan una “aclaración” del proceso: “El marco propuesto habla de ajustar el plan de despidos. ¿Qué significa ajustar?” Respuesta de la dirección: “Las propuestas o ajustes han de tenerse en cuenta en la planificación actual del plan de despidos, ya que cualquier aplazamiento podría provocar un fuerte agravamiento del déficit. El consiguiente desfase en la planificación podría dar lugar a la necesidad de más despidos para recuperar el equilibrio”.

Algo que indigna a Louis*. “Esto es como la farsa de la Convención Ciudadana por el Clima de Macron. Un mecanismo para adormecer a las personas movilizadas”.

Para los empleados, la cuestión del calendario es fundamental. “Nuestra principal reivindicación, además, claro está, de la retirada del plan, se refiere a los plazos. Queremos conseguir un aplazamiento del calendario de seis meses, para disponer de tiempo real para debatir y estudiar alternativas”, explica Quitterie Czupryna, delegada sindical de Asso-Solidaires, el sindicato mayoritario en Greenpeace. La dirección ha concedido un plazo de unas semanas. “No se puede esperar más, dada la urgencia de la situación”, asegura Laurence Veyne.

Una presión desesperante, pues, además del método, el contenido del proyecto de plan de reestructuración presentado también es objeto de fuertes críticas. De hecho, se mantiene la gran mayoría de los puestos más altos —y, por tanto, de los salarios más elevados—. Los dos niveles jerárquicos más altos de Greenpeace representan cerca del 20% de la plantilla actual de la asociación.

En el plan presentado, solo el 6% de los puestos suprimidos (dos puestos) corresponden a esas categorías. Por el contrario, el 48% de los puestos suprimidos (16 puestos) afectan a los cuatro niveles más bajos, cuando estos solo representan el 26% de la plantilla de Greenpeace. “Asumimos el hecho de mantener a directivos con experiencia que asumen muchas tareas operativas y que también acompañan y apoyan a sus equipos”, explica Charlotte Schneider.

“Para mí, estamos ante un clásico conflicto de lucha de clases. Los más ricos, los que tienen el poder, deciden despedir a los más pobres”, critica el miembro de la asamblea estatutaria. “¿Por qué deberían ser las y los empleados ‘subalternos’, que no han decidido nada, quienes sufran las consecuencias perdiendo su empleo?”, se pregunta la intersindical Solidaires-CGT en un folleto difundido internamente.

En este contexto ya de por sí tenso, una información ha avivado el enfado de muchas personas. Los empleados se han enterado de que las tres codirectoras habían recibido un aumento salarial del 15% durante su interinidad, que finalizó oficialmente, al igual que el aumento, el 23 de abril.

“[Este aumento] respondía al hecho de desempeñar una doble función durante los meses de ausencia del director general. […] Pero me sorprende la instrumentalización de este símbolo para denigrar y poner en duda la honestidad de las tres codirectoras, que hoy se encuentran física y moralmente muy afectadas por las acusaciones vertidas”, escribe la nueva directora general en el correo electrónico enviado a los equipos de Greenpeace.

Las cantidades de este aumento son insignificantes en comparación con el ahorro que persigue el plan de despidos. Pero el símbolo, evidentemente, ha sentado muy mal.

Los sindicatos denuncian otro elemento del plan. Según ellos, el 75% de los representantes de personal y miembros activos de las secciones sindicales verían suprimido su puesto. Un punto que preocupa profundamente y que ha llevado a la codelegada general de Solidaires, Murielle Guilbert, y a la cosecretaria nacional, Julie Le Mazier, a escribir directamente a Charlotte Schneider. Un gesto simbólico, cuando la unión sindical Solidaires y Greenpeace llevan años luchando juntos en el seno de la Alianza Ecológica y Social.

“Nos preguntamos si esta constatación [de suprimir numerosos puestos de representantes electos o sindicalistas] no proyecta una imagen poco ‘social’ de la organización”. “No es en absoluto nuestra intención”, responde Laurence Veyne. “El plan de despidos se centra en los puestos, no en las personas. Hemos tratado de preservar los puestos que permitirán a Greenpeace seguir llevando a cabo campañas y tener impacto”.

“Queremos que se respete la democracia social, las asambleas generales de trabajadores y de representantes del personal: de hecho, es la condición para que el rescate de la organización no se haga en detrimento de los trabajadores de la asociación”, dicen los sindicalistas.

Algunos ya lo asumen: si llevan a cabo el plan de despidos, abandonarán la asociación. “Me desvincularé por completo. No tengo nada en común con la dirección, no defendemos lo mismo. ¿Cómo pretender defender la vida cuando no se es capaz de cuidar de las personas? Si el proyecto llega hasta el final, será la muerte de Greenpeace”, critica Mila*, una activista voluntaria histórica de la asociación.

Incluso entre los empleados que se han librado del plan de despidos, la cuestión surge cada vez con más fuerza. “Para mí, este plan de reestructuración pone en peligro la esencia misma de lo que es Greenpeace: una asociación militante, radical y de desobediencia civil. El único departamento que gana puestos en la reorganización presentada es el de recursos humanos. Eso dice mucho de lo que la dirección quiere construir en el futuro”, confiesa Lucas, visiblemente afectado.

Antes de plantearse marcharse, asegura que quiere “hacer todo lo posible” para que la dirección dé marcha atrás en el plan de despidos. Una postura ampliamente compartida en la asociación, aunque los métodos difieran, porque hay conflictos históricos que enfrentan a una parte de los empleados con la sección sindical.

“Esta lucha genera un momento de solidaridad interna fuerte, aunque no todo el mundo comparta las mismas formas de acción”, añade el empleado. Cartas abiertas, acciones en la sede, huelgas, peticiones, asambleas generales, fuerte implicación en los espacios “autogestionados de reflexión conjunta”, búsqueda colectiva de soluciones… En los últimos días no faltan las iniciativas.

El objetivo planteado es claro: “salvar a Greenpeace”. Aunque los métodos y las soluciones sean contradictorios, el objetivo, al menos, es compartido unánimemente en la ONG.

* Nombres ficticios

Traducción de Miguel López

Hay una brecha salarial que ya no cabe en una nómina. En España, un director general de una gran empresa gana en un año lo que una persona trabajadora con sueldo medio tardaría casi un siglo en cobrar.

Según el informe Working for the rich. The Growing Divide Between Workers and Fat Cats, elaborado por la ONG Oxfam Intermón y la Confederación Sindical Internacional (CSI) con motivo de la reivindicación del Primero de Mayo, la remuneración de los directores generales de las mayores empresas del mundo creció en 2025 un 11% en términos reales (descontando el efecto de la inflación), frente al 0,5% del salario real medio de las personas trabajadoras. Es decir, aumentó 20 veces más rápido.

El análisis estudia 1.500 grandes firmas de 33 países y concluye que un alto directivo ganó de media 8,4 millones de dólares en 2025, entre salario y bonificaciones. Una persona trabajadora media necesitaría 490 años para alcanzar esa cantidad.

La brecha se agranda al observar los últimos años: entre 2019 y 2025, los salarios reales de las personas trabajadoras cayeron un 12%, mientras que la remuneración de los directores generales aumentó un 54%. Según Oxfam y la CSI, esa pérdida equivale a haber trabajado 108 días sin cobrar desde 2019.

En España, la remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas aumentó un 16% en el último año. En 2025, esos altos directivos ganaron 98 veces el sueldo medio del país.

“La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanza unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales”, señala Miguel Alba en el informe, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam.

La organización enmarca estos datos en una economía en la que el valor generado se reparte cada vez menos entre quienes trabajan y cada vez más entre accionistas, directivos y grandes patrimonios: desde 2019, la productividad global ha aumentado un 9%, mientras los salarios reales han caído un 12%.

El informe también pone el foco en los dividendos. Oxfam y la CSI identificaron las carteras de inversión de cerca de 1.000 multimillonarios, y calcularon que en 2025 recibieron 79.000 millones de dólares en dividendos, unos 2.500 dólares por segundo.

De media, un multimillonario ganó más en dividendos en menos de dos horas que lo que una persona trabajadora percibe con su salario durante todo un año. Entre los mayores pagos figuran Bernard Arnault, propietario de la cadena de bienes de lujo LVMH, con 3.800 millones de dólares, y Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 3.700 millones.

Estos datos muestran que los beneficios empresariales no solo remuneran la inversión, sino que concentran poder económico en manos de una minoría. La riqueza de los milmillonarios alcanzó en 2026 un nuevo máximo histórico tras aumentar cuatro billones de dólares en únicamente 12 meses.

En España, la riqueza de los multimillonarios creció un 29,5% en el último año y equivale ya al 13,8% del PIB. En 2026 hay 44 multimillonarios, nueve más que en 2025, mientras la riqueza neta media de los hogares creció apenas un 3% entre finales de 2022 y finales de 2024. 

La concentración de riqueza también se refleja en la organización del trabajo. Oxfam presentó en 2024 una denuncia ante Naciones Unidas contra Amazon y Walmart por presuntas vulneraciones de derechos humanos vinculadas a vigilancia laboral, lesiones, presión sobre los ritmos de trabajo y obstáculos a la organización colectiva. 

Otro informe de la ONG, At Work and Under Watch: Surveillance and Suffering at Amazon and Walmart Warehouses, señala que el 72% de los trabajadores de almacén de Amazon y el 67% de los de Walmart afirmaron que la velocidad a la que trabajan es medida en detalle por tecnología de la empresa “siempre” o “la mayor parte del tiempo”.

El mismo documento recoge que el 75% de los trabajadores de Amazon y el 74% de los de Walmart dijeron sentir presión para trabajar más rápido. Más de la mitad aseguró que el ritmo de producción les dificulta ir al baño, y alrededor de la mitad declaró sentirse quemado por el trabajo.

Este informe, vinculado directamente al de los altos directivos y sus sueldos, muestra que la desigualdad no aparece solo en el reparto de salarios, bonus y dividendos. También se construye durante la jornada laboral, en la capacidad de una empresa para imponer ritmos, medir pausas, debilitar la organización colectiva y trasladar beneficios hacia arriba. 

Oxfam Intermón y la CSI sostienen que el problema no es solo económico. La acumulación extrema de riqueza también aumenta la capacidad de los superricos para influir en la política, los medios de comunicación y las reglas del mercado.

El informe cita la séptima ola de la Encuesta Mundial de Valores, correspondiente al periodo 2017-2022, para señalar que una parte relevante de la ciudadanía percibe que los ricos tienen capacidad para condicionar elecciones en sus países. 

La CSI desarrolla esta idea en Corporate Underminers of Democracy 2025, donde identifica a varias grandes compañías como ejemplos de poder corporativo que, según la organización, vulnera derechos sindicales y humanos, concentra poder industrial y ejerce una intensa presión política.

La confederación incluye en esa lista a Amazon, Meta, SpaceX, Palantir, Anduril, Northrop Grumman y Vanguard, y las presenta como síntomas de un fenómeno más amplio: grandes corporaciones que protegen sus beneficios mientras debilitan derechos laborales y mecanismos democráticos.

“Este análisis pone al descubierto cómo una élite económica está capturando la democracia y sus consecuencias para la clase trabajadora”, afirma Luc Triangle, secretario general de la CSI en el documento. A su juicio, las grandes corporaciones debilitan la negociación colectiva mientras altos ejecutivos y accionistas se apropian de una parte creciente de la riqueza generada. 

Ante este escenario, Oxfam y la CSI reclaman una mayor fiscalidad sobre las grandes fortunas, límites vinculantes a la remuneración de los directores generales, actualización de los salarios mínimos conforme a la inflación y fortalecimiento de la negociación colectiva.

También plantean reforzar los cortafuegos entre riqueza y política, con normas más estrictas sobre financiación de campañas, presión de los lobbies y concentración mediática. La idea de fondo es que, cuando el dinero se concentra, también se concentra la capacidad de decidir.

“Estas medidas, además de redistribuir los ingresos, pueden crear economías que recompensen el trabajo, inviertan en las comunidades y hagan rendir cuentas a los poderosos”, defiende Alba. 

El Primero de Mayo suele hablar de empleo, salarios y derechos laborales. El informe añade otra pregunta: ¿Quién se queda con la riqueza que produce el trabajo? Y su respuesta es clara: cada vez más, quienes están arriba corren a una velocidad que el resto no puede seguir. 

Desde que tengo uso de razón, el Primero de Mayo ha sido para mí un día en el que mirar al futuro, para frecuentar Il sol dell'avvenire, por acordarme ahora de la deliciosa película de Nanni Moretti.

De la mano de mi padre, quien veía en cada Primero de Mayo la oportunidad de tomar aire e impulso para construir una sociedad más habitable para la gente corriente, para los que trabajan. Sus Primeros de Mayo eran los días con más trabajo del año, donde la reivindicación se mezclaba con los afectos y la camaradería, construyendo esa atmósfera única que se forma cuando la solidaridad se hace palpable en calles y plazas abarrotadas de trabajadoras y trabajadores.

Años después soy yo quien doy la mano a mi hija para recorrer las calles que ahora se convierten para mí en un recuerdo emocionado de Suso Díaz, el sindicalista de hierro, soldado, con la robustez con la que se unen los metales en Astano, a la memoria colectiva de la clase trabajadora de nuestro país.

El presente de este Primero de Mayo es muy diferente de cualquier otro. España ha completado la gran transformación del trabajo. No es solo que sea más, sino que es mejor. Tenemos la tasa de temporalidad más baja de nuestra historia, que por fin está en los parámetros europeos; más trabajo indefinido que nunca, que llega a las mujeres y a los jóvenes que antes quedaban fuera del empleo de calidad. Hemos desplegado normas ambiciosas y adelantadas a cualquier otro país para proteger a los y las trabajadoras del cambio climático. Fuimos pioneras en dar acceso a los representantes de los trabajadores al funcionamiento laboral de los algoritmos, porque no aceptamos que el trabajo del siglo XXI nos obligue a retroceder a las condiciones del s. XIX. Hemos hecho que los ERTE sean una alternativa real al despido. Hemos reconocido la ciudadanía laboral a las empleadas de hogar y a los artistas. La protección por desempleo ha mejorado sustancialmente y los trabajadores extranjeros que viven con nosotras podrán acceder a la integridad de sus derechos dejando atrás años de intolerables abusos y explotación.

Pero yo jamás vine a un Primero de Mayo a mirar para atrás, sino a conquistar el futuro, a pedir más y a reivindicar avances para quienes crean la riqueza en un país, que no son otros que los trabajadores y las trabajadoras.

El Primero de Mayo, como se recordará, fue instituido por Largo Caballero como fiesta nacional para “solemnizar” la conquista de la jornada de ocho horas.

No es posible que 95 años después de Largo Caballero las ocho horas de trabajo diario sigan constituyendo una referencia y, lo que es peor, que no se cumplan porque muchas empresas siguen basando su rentabilidad en la execrable práctica de no pagar horas extraordinarias y aumentar ilegalmente la jornada de sus trabajadores. Solo un registro digital y al que pueda acceder la Inspección de Trabajo puede resolverlo. Los que defraudan lo saben y por eso lo quieren evitar a toda costa. Nosotras también lo sabemos y no vamos a parar hasta que esté en el BOE.

Hoy es también un día profundamente democrático. La democracia se vive y se siente en la calle y por eso mismo se percibe todavía más su ausencia en las empresas. En los lugares donde pasamos un tercio de nuestras vidas no podemos decidir. Cuenta más un fondo buitre dedicado a desguazar una industria que la opinión de la plantilla que lleva media vida en la empresa. Tenemos derecho a decidir porque la democracia no se frena en seco en la puerta de la oficina o del supermercado y porque es un estándar europeo frente al que España es una anomalía. No estábamos condenados a ser el país con más temporalidad de la UE al igual que no estamos condenados a sufrir un sistema autoritario de relaciones laborales.

Y no olvidemos que son precisamente las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país quienes sufren en primera persona la dificultad de acceso a una vivienda digna, porque no tienen herencias, sino salarios con los que no cabe afrontar las exigencias de los especuladores.

Pero el Primero de Mayo es también un día para no olvidar la fragilidad de lo que tenemos.

Hasta que llegamos al Gobierno, el PP permitía despedir trabajadores enfermos. Que nadie dude de que lo volverán a hacer: Rueda propone perseguir trabajadores de baja y algunos dirigentes patronales se ríen de quienes no pueden ir a trabajar hablando de “bajaciones”. Y, mientras tanto, las CCAA gobernadas por la derecha privatizan la sanidad y privan a los trabajadores de un diagnóstico y una curación rápida.

Hoy el SMI es de 1.221 euros. Lo hemos subido año a año, alguno de ellos con mucho esfuerzo. El PP lo congeló en dos ocasiones. ¡Congeló un SMI de 641 euros! Hoy Feijóo nos dice sin ambages que las subidas del SMI son “indiscriminadas”… mañana ya sabemos qué nos espera.

Nuestras conquistas, las que ya hemos logrado y las que vamos a lograr, no son eternas. Cada gobierno autonómico que queda en manos de la ultraderecha bicéfala de PP y Vox las pone en peligro persiguiendo a los sindicatos, primer paso antes de criminalizar la huelga y la acción sindical, como cuando el PP se dedicó a meter huelguistas en la cárcel con el Código Penal en la mano, el Código Penal que afortunadamente nosotras hemos derogado.

Pero toda esta sinrazón que siempre se dirige frente a los mismos, frente a la clase trabajadora de nuestro país, no nos hace perder la esperanza porque sabemos de dónde venimos y sabemos dónde encontrarnos: en las calles, las plazas y las grandes avenidas para clamar que ¡Viva el Primero de Mayo!

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Yolanda Díaz es Vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.

El Primero de Mayo no es una fecha más ni se ajusta a calendarios electorales: responde a algo más profundo, la defensa de los derechos como base de la democracia. Este año volvemos a las calles con una idea clara —derechos, no trincheras; salarios, vivienda y democracia— que es una guía de acción.

Conviene recordar lo conseguido. En los últimos años, el diálogo social y la negociación colectiva han permitido reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar el salario mínimo, demostrando que el mercado de trabajo puede ordenarse con reglas más justas.

Pero, precisamente por eso, el debate se abre. La economía crece, pero no se reparte con la misma intensidad: el encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes básicos ha tensionado a las familias, mientras los beneficios empresariales han resistido. Esa brecha sitúa de nuevo los salarios en el centro. No como una demanda coyuntural, sino estructural: la subida del salario mínimo ha sido imprescindible, pero insuficiente si no se traslada a los convenios. La negociación colectiva debe permitir recuperar lo perdido y avanzar hacia salarios más justos, como base de una mayor cohesión social.

En paralelo, la vivienda ha dejado de ser solo un problema social para convertirse en un factor determinante de desigualdad. La dificultad de acceso a un hogar digno afecta ya a amplias capas de la población trabajadora. Cuando el trabajo no garantiza condiciones básicas de vida, el problema trasciende lo individual. Aplicar el principio constitucional de que la riqueza está al servicio del interés general exige intervenir también en este ámbito.

Al mismo tiempo, asistimos a intentos de reorientar el debate hacia marcos que fragmentan en lugar de resolver. La llamada “prioridad nacional” no es solo una simplificación: es una forma de discriminación. Discriminar en función del origen, establecer jerarquías entre personas, decidir quién merece derechos y quién no, es incompatible con la Constitución y con cualquier democracia digna de ese nombre.

No estamos ante un matiz ideológico, sino ante una quiebra del principio de igualdad. Porque cuando se legitima la discriminación, lo que se erosiona no es solo la situación de quienes la sufren directamente, sino el conjunto del sistema de derechos. Hoy se señala a unos; mañana pueden ser otros.

Además, esa lógica no es inocente. Enfrentar a trabajadores y trabajadoras entre sí, enfrentar generaciones o dividir a las personas por su procedencia responde a una estrategia muy concreta: debilitar la capacidad de defensa colectiva y permitir que la riqueza se concentre en pocas manos. Dividir a la clase trabajadora no solo empobrece; degrada la convivencia y abre la puerta a un deterioro progresivo de la democracia.

Por eso, reconocer derechos a quienes ya forman parte de nuestra realidad laboral —también mediante procesos de regularización— no es solo una exigencia ética: es una obligación democrática. Negarlos equivale a amparar la explotación, a tolerar relaciones laborales sin garantías y a consolidar una competencia a la baja que perjudica al conjunto de la clase trabajadora. Garantizarlos es, por el contrario, la única forma de ordenar el mercado de trabajo sobre bases justas y equilibradas.

A estas tensiones se suma el impacto de la transformación tecnológica. La inteligencia artificial puede abrir espacios de mejora en la productividad, pero también está siendo utilizada para justificar procesos de ajuste. La experiencia histórica aconseja cautela: sin mecanismos de redistribución, el progreso técnico tiende a ampliar las desigualdades. De lo que se trata no es de frenar la innovación, sino de orientarla.

El contexto internacional añade un grado adicional de complejidad. La erosión de las normas que regulan las relaciones entre Estados, los conflictos abiertos y la competencia por recursos estratégicos tienen consecuencias directas sobre las economías nacionales. No es un escenario externo: incide en los precios, en la estabilidad y en las condiciones de vida.

En ese marco, alinearse con dinámicas de confrontación impulsadas por intereses ajenos no es una decisión neutra. No solo implica asumir costes económicos en forma de inflación o inestabilidad. Supone también situarse en posiciones que, en demasiadas ocasiones, acaban siendo compatibles con vulneraciones graves de derechos humanos y con la destrucción de sociedades enteras. La experiencia reciente demuestra que esas decisiones terminan repercutiendo negativamente en el propio país.

Ante todo ello, el sindicalismo mantiene una función esencial. No como una estructura heredada, sino como un instrumento activo para ordenar el cambio. Los derechos laborales que hoy consideramos básicos no surgieron de forma espontánea; son el resultado de procesos sostenidos de organización y negociación.

El Primero de Mayo sigue cumpliendo esa función: recordar que el progreso no se mide solo en términos de crecimiento, sino en su capacidad para traducirse en bienestar compartido. Mantener esa exigencia es, probablemente, una de las tareas más relevantes del presente.

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Este Primero de Mayo la agenda más estrictamente sindical y la sociopolítica confluyen necesariamente. Porque pocas veces se percibe con tanta nitidez el vínculo entre las reivindicaciones ligadas a los salarios o el tiempo de trabajo y otras como la evolución de los precios de la vivienda, o las consecuencias del desorden que las extremas derechas traen al mundo en forma de guerras, inflación o inestabilidad.

Desde CCOO venimos advirtiendo del riesgo que supone que, en un país como España, en el que los datos macroeconómicos evolucionan mejor que en el resto de grandes economías europeas, tal situación no llegue al conjunto de los hogares. Y es que pese a tener el récord de personas trabajando, haber mejorado notablemente la estabilidad en la contratación, el desendeudamiento de las familias, o incluso los salarios nominales, la evolución de algunos precios estrangula las economías de millones de personas, cuyos sueldos son insuficientes para afrontar los costes de la vida. Si se presume de bonanza macroeconómica, pero esta no llega a los bolsillos de la gente, se produce descontento en crecientes segmentos de las clases populares, que perciben una desconexión entre su realidad cotidiana y los discursos oficiales. Y más si vivimos en medio de la constante tergiversación y confusión de datos, mensajes y marcos de referencia.

La negociación colectiva es una herramienta clave en la distribución económica, porque ahí se disputan los salarios de muchos millones de personas. CCOO no va a permanecer impasible ante la desidia patronal para abordar un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. En él hemos situado, junto a la UGT, una propuesta de incremento salarial de entre el 4 y el 7%, pensando en los sectores cuyos salarios están muy por debajo de la media del país, y que continúan estancados y perdiendo poder adquisitivo en un contexto de incremento de márgenes empresariales. Si no hay distribución salarial, habrá conflicto. La primera huelga de Glovo en España, tras la laboralización e incipiente sindicalización del sector, la convocada en las gasolineras, o la de Educación Infantil pueden empezar a ser una tónica general que el sindicato impulsará con medidas audaces.

Pero este Primero de Mayo pretende señalar también cuáles son los precios que ahogan a la clase trabajadora y por qué se disparan. Y obviamente hay que hablar del de la vivienda. Hoy es el problema que más fractura a la sociedad española y que requiere de un compromiso interinstitucional mucho más ambicioso que los planes hasta ahora conocidos. Son necesarias dos millones de viviendas a precios asequibles en la próxima década para que nadie tenga que emplear más del 30% de sus ingresos para acceder a una necesidad básica como es contar con un espacio en el que habitar. No hay soluciones únicas ni mágicas. Hay que hacer varias cosas, todas a la vez, durante un tiempo prolongado, y con una inversión del 1% del PIB. Construir sí, pero a precios asequibles con distintas fórmulas de promoción. Limitar precios de alquiler en zonas tensionadas, pero también movilizar vivienda vacía combinando precios que puedan pagar los inquilinos e inquilinas y programas públicos que garanticen el estado del inmueble o favorezcan la rehabilitación de fincas con criterios de sostenibilidad energética. Y, por supuesto, enfrentar los nuevos usos de las viviendas como infraestructuras turísticas o como un mero instrumento de especulación de grandes tenedores o fondos de inversión.

De igual manera, el deterioro de la calidad percibida en los servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad, está incrementando los costes para las familias y es una inflación de la que nadie habla. Hoy la tardanza en muchas citas de atención primaria, especializada y pruebas diagnósticas, está fomentando la suscripción de seguros sanitarios privados. Las consecuencias de esta estrategia consciente de deterioro de los servicios esenciales son no solo una creciente desigualdad y segregación social, sino que una parte creciente de las nóminas de las clases trabajadoras terminan en las cuentas de resultados de entidades privadas que hacen negocio con la salud. Pero lógicas similares subyacen con la escasez de plazas en la Formación Profesional, o la proliferación de universidades privadas que se especializan –muchas veces sin la calidad necesaria– en títulos superiores y másteres, a los que acceder cuesta cada vez más. Es un proceso de ingeniería social, que legitima la trampa antiimpuestos, pues las familias agobiadas por el incremento de los costes de la vida, y por unos servicios públicos que no responden a sus necesidades, acaban avalando a quien les “regala” nimias reducciones fiscales en el IRPF, con las que hacer frente a los gastos derivados de la insuficiente inversión en esos servicios públicos. Se alimenta así el círculo vicioso vinculado al capitalismo de amiguetes, y el expolio de recursos públicos desde la gestión cautiva de servicios privatizados en sus partes lucrativas.

Todo este proceso, además, no se da en medio de una crisis de ingresos públicos, sino después de unos años en los que las transferencias de recursos desde la administración central a las comunidades autónomas han batido récords, y están sirviendo para financiar el deterioro gradual y parcial de nuestro Estado de bienestar. Mientras se renuncia a la condonación de la deuda autonómica y a renovar el modelo de financiación, se hace populismo fiscal desde numerosas CCAA, y se imputan responsabilidades al Gobierno central. La izquierda tiene que darle una pensada a este modelo, convertido en una trampa para osos…

Por todo ello, este Primero de Mayo la defensa de los servicios públicos y la financiación y fiscalidad justas continúa en primera línea. Junto con la subida de los salarios, son elementos centrales para hacer frente al incremento de los precios.

Y si de proteger rentas hablamos, las medidas adoptadas por el Gobierno de España ante la espiral inflacionaria tras la guerra abierta en Oriente Medio son parciales e insuficientes. Si las tensiones en torno al estrecho de Ormuz se mantienen o se agravan, no va a bastar con medidas fiscales para los sectores primeramente impactados por el incremento de precios de los carburantes o los fertilizantes. Serán necesarias medidas para apoyar a las familias cuya cesta de la compra básica supone un porcentaje enorme de sus ingresos. Una transferencia focalizada de 300 euros a 10 millones de rentas cuyos ingresos están por debajo de la media tendría un coste incluso inferior a lo que supusieron las subvenciones a los carburantes tras la invasión de Ucrania, que tuvo un efecto en la contención de precios, pero fue una medida regresiva y que benefició más a las rentas más altas.

Se suele hablar del riesgo de la extrema derecha para la garantía de la democracia o los derechos civiles y sociales. No hay tal riesgo. Es una realidad. Ya está aquí. Y su expresión es Trump gobernando la primera potencia militar del mundo. Las consecuencias empiezan a estar claras. Caos, desorden, incertidumbre, represión, jibarización del Estado de derecho, guerra y empobrecimiento.

Hoy la extrema derecha ya tiene apellidos. Son fertilizantes más caros, combustibles más caros, productos de alimentación básicos más caros. Estamos en medio de una guerra global, que a veces se convierte en convencional, con víctimas y muertos.

Los EEUU de Trump consideran que estaban perdiendo la posición como hegemón mundial respecto a China, en el contexto de la globalización de una economía-mundo que los propios EEUU impulsaron. Y han decidido romper el tablero. Hoy la globalización y el multilateralismo se repliegan. De las ventajas comparativas propias de aquella globalización neoliberal que suponía (o eso decían) el fin de la historia, a una fragmentación del mundo donde cada actor principal pretende mantener el control vertical sobre todos los puntos críticos de la nueva y vieja economía: energía, materias primas, minerales estratégicos, comercio, etc.

Y en esa fragmentación, crecientemente militarizada, la Administración Trump ha decidido que Europa sobra. Por tanto, hacer saltar por los aires la UE, con la colaboración de las quintas columnas serviles que hoy son las extremas derechas, es el objetivo para que cada país individualmente tomado se someta a un vasallaje del nuevo Nerón.

Hoy es fundamental repolitizar estratégicamente la cuestión europea, que no es una cuestión de burócratas. Es decidir si se apuesta por la subalternidad o por la autonomía estratégica. Si apostamos por modelos energéticos que reduzcan nuestra dependencia exterior o por modelos que fortalezcan nuestra soberanía industrial y permitan a España alcanzar el pleno empleo. Y ello conlleva debates incómodos pero necesarios sobre cómo fortalecer nuestra seguridad, en un contexto donde el eje atlántico se desvirtúa o incluso puede saltar por los aires.

No habrá una legitimidad social para la integración europea si no se consigue revitalizar una vieja correlación: Europa tiene que ser su modelo social. La democracia es tener una cita médica a tiempo, educación para todas en igualdad de condiciones, cubrir las contingencias de la vida de forma colectiva, y no desde la lógica de la ley de la selva o del bote salvavidas.

El sindicalismo europeo debe revitalizarse y España debe huir de actitudes pasivas de antaño y reforzar el protagonismo. La siguiente cita será en junio. De momento, este Primero de Mayo: Derechos, no trincheras.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

Verano de 2020. En medio de una pandemia mundial sin precedentes, muchas trabajadoras del hogar seguían cuidando, atravesadas por la incertidumbre, para velar por la salud de los más vulnerables. Lo hacían, muchas veces, sin contrato y sin la protección necesaria, en unas condiciones de precariedad que, en un contexto de crisis sanitaria, ponían en riesgo su vida. Algo así sucedía también con los repartidores que no dejaron de pedalear para llevar comida a domicilio. Y con las jornaleras que continuaron labrando la tierra en el peor de los escenarios. Fue también a partir de entonces cuando los trabajadores de los sectores más precarizados empezaron a ser escuchados. La organización colectiva comenzaba a dar sus frutos.

Los repartidores, las jornaleras, las camareras de piso, los manteros y las trabajadoras del hogar se han organizado utilizando sus propios medios, confrontando la atomización propia de sectores inestables y al margen de unos sindicatos que no habían sabido entender sus necesidades. 

Eulalia Corralero guarda un recuerdo nítido sobre todo el proceso de organización. La camarera de piso que empezó a trabajar a los 14 años habla ya desde su particular retiro, la consecuencia última de toda una carrera profesional marcada por condiciones extremas. "Tengo una incapacidad permanente por una artritis reumática, sobrevivo con 600 euros al mes", comparte en conversación con este diario. "Es la misma situación de muchas mujeres en trabajos feminizados", se apresura a señalar, habituada a conjugar la primera persona del plural para subrayar que sus circunstancias son en realidad estructurales e idénticas a las que soportan sus compañeras. 

Corralero prestó sus manos para poner las bases de las primeras organizaciones de camareras de piso. Fue una de las fundadoras de Las Kellys en una zona tan simbólica como Lloret de Mar, donde el turismo se inserta como parte de la identidad del litoral, una bandera que ha ondeado siempre ajena a las condiciones de quienes la sostienen. "Nos movió la necesidad de dar un paso al frente y decir que no podíamos seguir trabajando empastilladas y con dolores de por vida", rememora hoy.

Algo similar anida en la memoria de Ana Pinto, quien empezó a trabajar en el campo con 16 años. "Hace ya mucho tiempo", asiente al otro lado del teléfono. La organización, en su contexto, vino acelerada por una denuncia colectiva: la de un grupo de trabajadoras de origen marroquí que decidieron hace ahora ocho años poner el foco en los abusos sexuales y laborales a manos de sus empleadores. "Entonces veníamos sufriendo cada vez más normas abusivas, el señalamiento, los despidos y los castigos", rememora. "Estábamos muy cabreadas por cómo nos estaban tratando y entonces llegó la denuncia de las compañeras". 

Pinto pone el acento en el contexto: menciona el auge del movimiento feminista en aquel momento, con las huelgas y manifestaciones masivas, pero también los precedentes sembrados por las kellys y los riders. "Era un momento de mucha ebullición y sentimos que debíamos aprovechar esa oportunidad, ya que las compañeras habían sido valientes". Así se dio vida a Jornaleras en Lucha.

Para aquel entonces, el colectivo Territorio Doméstico ya contaba con un puñado de años de experiencia a sus espaldas. Nació hace ahora dos décadas, como suele nacer la rabia colectiva: fruto de la conversación cotidiana de quienes sufren la explotación en sus carnes. Las trabajadoras del hogar se encontraban en los parques y en las plazas, ponían nombre al agotamiento, a los malos tratos y a los despidos improcedentes. Lo hacían con infinita cautela, pero reconociéndose en sus compañeras y creando espacios seguros. 

Rafaela Pimentel fue una de sus impulsoras. "No teníamos redes ni gente conocida dentro de la privacidad del hogar", cuenta hoy. Tras unas jornadas sobre el empleo en el hogar, varias de las trabajadoras se juntaron en el centro social autogestionado Eskalera Karakola, en Madrid. "Comenzamos a escucharnos, a hablar de lo que nos pasaba y así surgió". Enseguida aquel fervor se tradujo en la constitución del colectivo, encaminado a pelear por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. "Queríamos encontrarnos, sostenernos, acuerparnos –como decimos nosotras– y acompañarnos en toda esta lucha". 

También Lamine Sarr habla de las redes, invisibles pero sólidas, que precedieron al Sindicato de Manteros. "Lo que hicimos nosotros fue formalizar una organización que ya existía de manera informal", asevera. Los trabajadores ya estaban presentes en las calles, continúa, ya hablaban entre ellos, ya se apoyaban y se ayudaban. Así que, en realidad, la organización "ya existía, porque existía la solidaridad".

Si en algo coinciden los trabajadores que han decidido organizarse de forma autónoma es en su crítica unánime a los sindicatos mayoritarios. El grueso de las voces consultadas introducen también un matiz: la valía de los militantes de base que sí han intentado cambiar las cosas, pero su incapacidad frente a una estructura que no tiene en cuenta a quienes se encuentran en los márgenes. 

"Les ha costado mucho entender que esta nueva forma de trabajar hay que abordarla con nuevas estrategias". Habla Felipe Díez, uno de los fundadores de Riders X Derechos. "Los sindicatos no han logrado ver que la manera de entrar y organizarse aquí es distinta", asiente a preguntas de este diario e incide en que se trata de un sector con "bajísima remuneración, con un porcentaje alto de personas migrantes y que no cuenta con una estructura sindical". 

En ese contexto, los sindicatos mayoritarios "han sido tristemente lentos" e incluso cuando lo han intentado, "siempre se han encontrado con un tope interno que tiene que ver con los altos mandos y con una estructura sindical que no pretende cambiar las cosas ni arriesgarse". A los riders, asiente el exrepartidor y hoy investigador, lo que les ha quedado es "la autoorganización y trabajar con sindicatos alternativos". 

Al mismo punto llega Pimentel. "La relación ha sido muy difícil", reconoce, porque "no han visto el trabajo del hogar y de los cuidados como tal". Y por eso, añade, las trabajadoras han buscado sus propias herramientas. "Nosotras creemos en la acción sindical, pero los sindicatos mayoritarios trabajan sin darnos la palabra ni escucharnos", lamenta. Ellas, denuncia la activista, sencillamente no caben ahí. Pero sí han encontrado cobijo en "los sindicatos pequeños", con quienes han podido encontrar espacios de escucha. Este Primero de Mayo, Territorio Doméstico saldrá a las calles en una convocatoria conjunta con  otros colectivos y organizaciones sindicales minoritarias.

Algunas de las experiencias narradas por las trabajadoras reflejan un desencanto latente con los sindicatos clásicos tras años militando. Es el caso de Corralero. "Los sindicatos no habían hecho nada por las camareras de piso. Todas habíamos ido a huelgas, a manifestaciones, estábamos sindicadas, pero no habíamos conseguido nada", relata, tras haber permanecido cerca de dos décadas afiliada a Comisiones Obreras. "Cuando se negociaban los convenios, las mejoras eran más sustanciosas para los hombres que para nosotras, siempre íbamos a la cola. Ahí nos dimos cuenta de que la manera de conseguir cosas era organizarnos nosotras mismas". 

Pinto lo dice claro: "La relación ha sido más nefasta que con los empresarios". Aunque la jornalera reconoce que a día de hoy han conseguido normalizar la interlocución con algunos de ellos, señala que en un primer momento estuvieron "totalmente abandonadas". Tanto es así que no era extraño encontrarse con situaciones rocambolescas, como la elección de un delegado sindical que era a su vez "el encargado que venía por la mañana y te decía que o apretabas o te ibas a la calle". 

Y así, con el viento en contra, los y las trabajadoras decidieron moverse. "Fue complejísimo", reconoce el que fuera repartidor, precisamente porque "sabías que dar la cara significaba quedarse sin tu trabajo". En un contexto de precarización e invisibilidad, trabajadores como él se preguntaban cómo decirle a un compañero que se sumara a una huelga "trabajando 16 horas al día, sin papeles y con hijos que mantener". Son, clama, las condiciones perfectas para que nadie se organice. Pero los riders lo hicieron. Y pronto llegarían las movilizaciones, el foco mediático y las reuniones con líderes políticos. 

Díez echa la vista atrás y reconoce sentir orgullo, pero no aparta la mirada de las muchas fallas que siguen asolando al sector. "Los problemas estructurales se mantienen. Ahora se contrata, pero sigue habiendo trabajo informal y la organización algorítmica sigue funcionando igual. Las condiciones no son buenas y el despido sale gratis".

Para Sarr, el mayor de los éxitos ha sido "cambiar la narrativa". "Cuando se hablaba del top manta, se pensaba en personas violentas que no querían trabajar. Ahora es distinto: se piensa en el colectivo y en la lucha antirracista que estamos haciendo". Todos los logros, asiente el trabajador, se han conseguido "gracias a la organización".

Todas las personas entrevistadas coinciden en algo: la satisfacción de haber alzado la voz y de que ahora sean más quienes no tienen miedo a organizarse. Corralero habla del "empoderamiento de las camareras de piso", mujeres que siempre habían estado "con la cabeza gacha, mirando el suelo para limpiar". Eso es, precisamente, lo que más orgullo le hace sentir. "Esto puede ser una profesión digna, pero tiene que ser valorada". 

Igual que ella, Pimentel mira a sus compañeras tras haber dado un paso al lado, dejándoles el testigo y con la certeza de haber hecho un buen trabajo. "Para muchas, el orgullo que tenemos es que cada vez hay más compañeras que se organizan".

Pinto lo tiene claro: "Vengo de familia jornalera. Hemos sufrido mucho en los tajos, no solo yo, sino también mis compañeras, mis vecinas, mi madre, mis amigas. Ahora podemos decir que no tienen la libertad de hacer lo que les dé la gana, porque estamos luchando por nuestros derechos. Nosotras mismas y teniéndolo todo en contra", sentencia.

“Papá, quiero dejar de estudiar”. Con esta frase tan simple, corta y directa me despedí de los estudios. Como tantos otros, como tantas otras, como casi todos. Me consideraba un estudiante no demasiado brillante en general, pero muy apasionado en lo que me interesaba. Buenas notas en Historia, Filo y Lengua, y ceros coma cinco en Mates y todas esas ciencias llamadas duras… durísimas. Transcurrían los últimos coletazos de los gobiernos felipistas y el pesimismo, sumado a la desesperanza, se apoderaba de la juventud. La verdad es que cundía cierta resignación en la clase obrera en general. Como ahora. Malos tiempos para la lírica, que dirían Golpes Bajos. “Papa, quiero dejar de estudiar”, solté, sin pensarlo demasiado y bastante seguro de mí mismo, pero temiendo una reprimenda por parte de mi progenitor. Reprimenda que nunca fue. Mi padre me miró a los ojos y me dijo: “Pues, chaval, a currar. Pero no mañana ni pasado: ¡a currar para siempre!” Qué mareo, vaya desilusión, qué miedo… Es el destino, pensé, la maldición de Adán que caía sobre mí como una losa pesada e inexorable. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, parecía decir mi padre… Dios. 

Sin saberlo, en ese momento estaba siendo expulsado del paraíso: el paraíso de la infancia, de la inocencia, del mundo feliz. Nada raro, nada nuevo, nada que no le pasase a casi todo hijo de vecino. En Cornellà tenemos un dicho: “Quien no llora no mama”, pero si no trabajas ya puedes llorar todo lo que quieras, que no hay leche para amamantar a tanta boca. Pasó el tiempo. Pasé por el aro. Lo pasé hasta mal e incluso bien mientras pasaba, y me di cuenta de que no se acababa el mundo; de hecho, siguió girando tal vez con más velocidad desquiciante, imparable, sin compasión. Eso hizo que me hiciera mayor de golpe. Y la verdad es que desde entonces sigo siendo mayor; joder, cada vez más y más. Pero… De repente, un golpe de suerte: un boleto de lotería premiado, el jackpot en el Bellagio, el sueño de todo trabajador cumplido y, ¡zas!, retorno al Edén. El caprichoso destino me dio la oportunidad de trabajar en algo mágico: hacer música. En serio, hacer canciones para la gente es mágico, la mejor sensación que se pueda sentir. Hubiera sido facilísimo caer en la tentación de Satán. No hay nada más tentador que pensar: eres bueno, tío… qué cojones, eres el mejor, eres el puto amo; te lo mereces porque te lo has currado. Pero mi padre, que para mí es Dios, no me había traído al mundo para eso. En el mundo de mi padre no cabe tal ensoñación. Nadie trabajó más que Él. Nadie le va a vender ese humo de la meritocracia ni le va a convencer de que es posible salir de tu clase social solo con esfuerzo. Que sí, que es necesario… bla, bla, bla. Nadie. Además, mi padre no ve Instagram ni falta que le hace. El reino de mi padre no es de este mundo. En la época en la que Él era joven, época de luchas y cambios sociales, se coreaba en las manis un lema que no me ha pasado desapercibido: “El hijo del obrero, a la universidad”. La que sirve como ascensor social, la que valora el esfuerzo, la que premia, la que hace sentir orgullosos de sus hijos a tantos padres obreros que habían perdido la fe en este mundo de mierda. La que nos ha dado los mejores profesores y profesoras, que también venían de su propia Cornellà y hoy dan clases magistrales a tantas personas que escuchan boquiabiertas el auténtico saber, sin aspavientos, sin provenir de ningún paraíso. 

Este artículo no pretende contar la historia de quien escribe. No es literatura sapiencial ni nada parecido a la autoayuda. Pretende reivindicar ese espacio común que está para que todos y todas mejoremos como especie. Afortunados y desafortunados, de aquí y de allí, ricos y pobres. Solo permítanme que me dé el gustazo de cerrar los ojos y regocijarme en el viejo lema… como un mantra, que lo coree mentalmente como en las manis del pasado: “El hijo del obrero, a la universidad… El hijo del obrero, a la universidad…”.

*David Muñoz es la mitad de Estopa.

“¿Por qué implicarte en el trabajo cuando tu jefe te tiene tan poca consideración?”. Yacine fue contratado por Nike como vendedor en la región de Île-de-France con un contrato temporal en diciembre de 2024, y luego con un contrato indefinido, a tiempo parcial, en febrero de 2025. “Pero, en realidad, no firmé el contrato hasta cinco días después. Presionaba a los jefes todos los días para que se dieran prisa y me dejaran firmarlo”.

Las primeras semanas fueron muy cansadas. “Aunque no haya clientes, tenemos que estar de pie, en el mismo sitio. Las pausas se permiten a partir de seis horas de trabajo seguidas. Con mis turnos de cinco horas, no tenía derecho a ellas”. Entre su trabajo de recepcionista de hotel y sus 25 horas semanales en Nike, sufría y su médico acabó diagnosticándole una hernia discal. Su empleador, aunque estaba informado, no adaptaba su puesto.

Rápidamente, los dolores se intensificaron y Yacine empezó a faltar al trabajo. En marzo de 2025, la sorpresa: aunque solo había estado ausente dos días ese mes, solo recibió 145 euros de remuneración. “Ese dinero no es el salario, sino el pago atrasado de una prima de enero. De hecho, faltaban más de 1.000 euros en mi nómina”.

“Iba al curro cabreado”, cuenta Yacine. Y no era el único. “La dirección me dijo que se trataba de un error, pero que lo único que podían hacer por mí, en ese momento, era solicitar un anticipo de mi próximo salario. Finalmente, Recursos Humanos me comunicó que me acababan de hacer una transferencia urgente de 1.000 euros”.

Desde entonces, cada mes recibe nóminas que considera “incomprensibles”. “Hay errores a menudo, correcciones que aparecen meses después… Cada mes, a través de una delegada del personal, advertimos a la dirección”.

En julio de 2025, en una carta a la que hemos podido acceder, la dirección lo reconoce: “Ha habido dificultades operativas con las nóminas que le han causado molestias… Hemos identificado que el origen de este mal funcionamiento era un problema de integración entre los sistemas de Nike y los de nuestro gestor de nóminas.” Demasiado tarde. Yacine, hastiado, solicitó la extinción de su contrato.

Mismo periodo, mismo patrón. Malek (ficticio) fue contratado como dependiente en una tienda en París en enero de 2025 y, desde el primer mes, el pago del salario está mal. Recibe una cantidad de 80 euros, luego una “transferencia excepcional” de 1.000 euros. Según su testimonio escrito, los errores de pago siguieron hasta junio de ese año, lo que provocó “graves consecuencias en su situación personal: retrasos en el pago del alquiler, imposibilidad de pagar ciertas facturas y deterioro de la salud mental”.

A pesar de sus numerosas gestiones ante Recursos Humanos, “no le ofrecieron ninguna solución”. “La responsable local de Recursos Humanos tardaba con frecuencia entre dos y tres semanas en responder a mis solicitudes”, añade. Cuando en marzo de 2025, se enfadó por la situación, ella le respondió: “Puedo entender su enfado y la frustración por su situación, pero el tono que utiliza no es aceptable.” Y el empleado, contrariado, comenta: “El tono empleado tenía como único objetivo recordar las obligaciones legales del empleador.”

Para Caroline (ficticio), trabajadora con contrato temporal, la situación se volvió rápidamente insoportable: “Mis nóminas parecen ficticias, con importes incoherentes, incluso alucinantes, lo que hace imposible cualquier trámite administrativo o personal. Me resulta difícil justificar mis ingresos ante las autoridades fiscales… o encontrar una vivienda, ya que estas nóminas no son creíbles para las agencias o los propietarios.” Ella también alertó a Recursos Humanos en varias ocasiones pero no sirvió de nada. “Me siento desamparada y mi jefe, aunque está implicado y dispuesto a ayudarme, no tiene ningún interlocutor directo.”

Preguntada en detalle por los errores en las nóminas o en los pagos, Nike respondió que “en Francia, varios sistemas y herramientas de Nike han evolucionado en los últimos años, lo que ha requerido ajustes para garantizar el buen funcionamiento de los nuevos procesos”, reconociendo “que este tipo de transición puede resultar perturbadora” y disculpándose “por las molestias ocasionadas”. Y aseguró que la empresa ha puesto en marcha “medidas complementarias para reforzar sus sistemas, aclarar los modos de funcionamiento y consolidar la fiabilidad operativa”.

La ligereza con la que Nike gestiona las remuneraciones es uno de los temas que más se repiten en el orden del día del comité de empresa (CE) de la multinacional desde hace más de dos años. Según la dirección, de enero a septiembre de 2024, se registraron 27.604 reclamaciones de empleados, de las cuales “4.000 estaban relacionadas con problemas importantes, principalmente sobre la nómina”.

En el CE de mayo de 2024, la consultora EY presentó una auditoría sobre estos temas, tras detectar numerosos errores en las nóminas de los meses anteriores. Todo el equipo de People Solution, plataforma digital que sirve de interfaz entre los empleados y la dirección, fue enviado desde Ámsterdam por este motivo.

Y es que los directivos que gestionan los procedimientos franceses están en Países Bajos, sede europea de Nike. En Francia, el departamento de Recursos Humanos se ha ido reduciendo progresivamente hasta quedar en la mínima expresión. “Tratamos con gente que no conoce ni los procesos ni las leyes de Francia”, lamenta Enzo, secretario del CE. “Los plazos de respuesta son muy largos y no siempre adecuados”.

En esa reunión, y en las que la siguieron hasta finales de 2024, cada directivo aportó sus comentarios para explicar los numerosos errores en las nóminas: llegada de nuevas herramientas digitales, servicios mal sincronizados, gerentes insuficientemente formados, servicio de gestión de litigios desbordado… Pero al final, lo cierto es que los empleados son los que pagan las consecuencias.

En el CE de mayo de 2024, Klara Tornyaine, directora de nóminas de Nike en Europa, Oriente Medio y África, precisó que, en los cinco meses anteriores, en Francia, “uno de cada tres nuevos empleados no cobró a tiempo, porque los datos no se introdujeron antes de la fecha límite”. Es decir, que el 30% de los nuevos empleados sufrieron un retraso en el pago porque la información sobre ellos no se introdujo a tiempo en el sistema. Al ser preguntada sobre esta elevada cifra y sobre su política de “fecha límite”, Nike no respondió.

En Nike, los “atletas” y otros “entrenadores”, sobrenombres profesionales para referirse a vendedores o gerentes, deben registrarse ellos mismos en el sistema “WorkDay” para poder cobrar. Lo que lleva a Klara Tornyaine a afirmar: “El empleado que no facilite sus datos completos solo puede culparse a sí mismo por no haber cobrado, ya que no hemos podido realizar el pago por falta de información”.

Pero eso no es todo: los trabajadores temporales a los que se les prorrogó el contrato también sufrieron “una mala sincronización entre el departamento operativo y los servicios financieros”, ya que las prórrogas fueron “consideradas como fin de contrato por error”, indica la empresa. En este caso, una vez más, los empleados no recibieron a tiempo lo que se les debía y tuvieron que luchar por cobrarlo.

Incluso cuando dejan la empresa, los trabajadores tienen dificultades para hacer valer sus derechos. Enzo precisa que “algunos se marchan y reciben su finiquito cinco o seis meses después”. La directora de RRHH de Nike Francia confirmó ante los representantes del personal que “desde hace años hay problemas con los documentos de salida”. A modo de recordatorio, según el Estatuto de los Trabajadores, el documento de baja debe entregarse el último día de trabajo y es obligatorio para inscribirse en el paro.

También durante un CE en 2024, un representante del sindicato CFDT planteó otro problema “relativo a los certificados solicitados por la caja primaria del seguro médico, que el empleador no transmite correctamente”. “Eso provoca errores y retrasos en el pago a los empleados, ya que los certificados son erróneos o no se envían a tiempo”, lamentó.

La dirección reconoció la existencia de “problemas persistentes” y prometió que estaban “en proceso de solución”. Eso bastó para exaltar a los asistentes, empezando por el secretario del CE, quien aseguró que “estos problemas se vienen planteando desde hace más de un año y, a pesar de las promesas de trabajar en ello, poco parece haber cambiado sobre el terreno”. Desde entonces, el tema ha vuelto a figurar en numerosas ocasiones en el orden del día del CE.

Del mismo modo, algunos accidentes laborales se declaran a veces mucho después del plazo máximo de 48 horas previsto por la ley. En diciembre de 2024, la Caja Primaria de Seguro Médico (CPAM) escribió a una trabajadora que estaba de baja para indicarle que su empleador aún no había realizado los trámites necesarios, más de un mes y medio después de su accidente. A pesar de los numerosos recordatorios de la dependienta, el empleador no envió finalmente los documentos necesarios hasta febrero de 2025. Unos meses de demora que dejaron a la trabajadora en una situación de total precariedad.

Nike, al ser preguntado sobre este caso concreto, así como sobre los retrasos y errores en las declaraciones a la CPAM, tampoco respondió, pero indicó que la empresa está comprometida con “actuar de manera responsable y respetando las leyes y normativas locales”.

Pero para las personas perjudicadas no hay nada previsto. En octubre de 2024, la dirección se negó a cualquier compensación, pero prometió contratar a una consultora para trabajar en la gestión de las bajas por enfermedad. Al mes siguiente, la consultora enviada desde los Países Bajos realizó una presentación con cifras. “En los últimos seis meses, el 13% de los casos relacionados con la enfermedad se tramitaron en más de tres días, a menudo debido a problemas de corrección”.

En Ámsterdam, el equipo que gestiona todas las reclamaciones de los empleados, incluidas todas las consultas, está compuesto por ocho personas, de las cuales dos se dedican a Francia. “De julio a septiembre de 2024, debido a la rotación de personal, un solo analista tramitó alrededor de 750 tickets [reclamaciones, ndr] al mes, de los cuales 400 correspondían a bajas por enfermedad”.

La consultora detalló el proceso que falla con tanta frecuencia: el responsable en Francia recibe la baja por enfermedad y debe enviarla a través de una plataforma a un equipo en los Países Bajos. Ese equipo “comprueba su conformidad” y luego se pone en contacto con el responsable francés, quien debe, finalmente, introducir la ausencia en otro sistema.

“El sistema no gestiona bien las prórrogas de las bajas”. Todo un rompecabezas con numerosas complicaciones. Las bajas por enfermedad recibidas después de que finalice el mes no pueden integrarse y deben tramitarse manualmente, siempre desde Países Bajos.

En septiembre de 2025, el CE aprobó una resolución para que una consultora especializada llevara a cabo una investigación interna sobre la gestión y las condiciones de trabajo en la empresa. La dirección hizo todo lo posible para echar abajo el proyecto.

En primer lugar, demandó al CE ante los tribunales, alegando que no existía ningún riesgo grave que justificara el recurso a un consultor autorizado. El jueves 18 de diciembre de 2025, las infracciones de la legislación laboral cometidas por Nike se expusieron ante el tribunal de París. La abogada del CE señaló, en particular, los “numerosos problemas con las nóminas” y “la mala gestión de las bajas por enfermedad”. Por su parte, la abogada de Nike desestimó las acusaciones y, en cambio, criticó a Mediapart por haber revelado, unas semanas antes, los entresijos del gigante de equipamiento deportivo. Una defensa que, al parecer, no convenció al tribunal, ya que dio la razón al CE el 3 de febrero de 2026.

Posteriormente, Nike intentó desalentar la realización de ese peritaje durante la reunión del CE del 12 de febrero. La directora de RRHH cuestionó “la pertinencia de un peritaje de tal envergadura” y propuso “una alternativa: la creación de grupos de trabajo”. La mayoría de los representantes se opuso y se mostró sorprendida de que llegara esta propuesta tras años de diálogo social bloqueado.

A raíz de ello, la dirección de Nike volvió a llevar a su CE ante los tribunales, cuestionando esta vez el alcance del peritaje, al considerar que debía limitarse a estudiar únicamente la situación de las tiendas, y no lo que ocurre en la sede central. La empresa también solicitó que determinados documentos de la inspección y de medicina del trabajo no pudieran ser examinados en el marco del peritaje. El 9 de abril, el tribunal volvió a desestimar las peticiones de Nike.

Nike, al ser preguntada sobre esos varapalos judiciales, se ha limitado a indicar que su “prioridad sigue siendo el acompañamiento de sus colaboradores, la implantación de procesos de trabajo fiables y conformes, y el mantenimiento de un diálogo abierto y constructivo con los órganos representativos del personal”.

Traducción de Miguel López

Las más de 120 plazas vacantes que dejó el bloqueo por el PP de la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial ya están cubiertas. El Gobierno se ha comprometido a crear 500 nuevas unidades judiciales (a las que se sumarán otras 500 el año próximo), el mayor incremento jamás registrado, y se ha puesto de acuerdo con el Consejo para convocar las oposiciones y los concursos de méritos necesarios para seleccionar al nuevo personal –jueces de carrera y juristas de reconocido prestigio– que las ocupen. Una vez puestas en marcha esas dos empresas, el órgano de gobierno de los jueces pretende abordar la que se intuye como más delicada: regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura debe cumplir y medirla con criterios objetivos.

El único instrumento del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza, como ocurrió recientemente con el presidente del Tribunal de Instancia de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro González Mariscal de Gante. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Sin embargo, la medición del número de asuntos que soporta cada juez es equívoca, según fuentes del Consejo. En primer lugar porque el procedimiento de entrada de nuevos asuntos (demandas, denuncias, querellas, recursos...) incumple sistemáticamente las normas de registro, provocando que, en ocasiones se apliquen tres o cuatro números a un mismo procedimiento, según esas mismas fuentes, que aseguran que muchos órganos no recurren a las herramientas de las que disponen (de acumulación de procesos, por ejemplo) para aliviar la litigiosidad masiva. Pero, además, en algunas jurisdicciones como la civil o la social, gran número de casos acaban en desistimiento o en conciliaciones previas al proceso. La prueba es que de los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, procedentes de cada órgano judicial, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones. La "sobrecarga de trabajo", sin embargo, es una queja recurrente de la carrera. En los últimos años, al menos dos jueces han logrado que el Consejo les indemnice con varias decenas de miles de euros (más de 200.000 en uno de los casos) tras alegar patologías psiquiátricas derivadas del exceso de papel.

El primer paso hacia la regulación de las cargas de trabajo conforme a criterios objetivos se dio en el Pleno del Consejo del pasado 25 de marzo. Los 10 vocales del sector conservador, la presidenta Isabel Perelló y ocho de los 10 consejeros progresistas (otros dos se opusieron) sacaron adelante una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permite al órgano de gobierno de los jueces establecer "indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta" relacionados con factores como "carga de trabajo, presión organizativa, tiempos de respuesta, complejidad [de los asuntos] y demás elementos relevantes". El objetivo es que esos umbrales mínimos de trabajo, inicialmente previstos para asegurar la salud de los jueces, sirvan también como orientación para otras finalidades como refuerzos, responsabilidad disciplinaria e incluso la retribución por objetivos. El plan ya ha sido comunicado a las asociaciones judiciales.

Está por ver cómo aceptará la carrera ese nuevo sistema de medición del desempeño. Porque la función judicial da una extraordinaria libertad a sus miembros para decidir el trabajo que asumen, la cantidad de juicios y demás señalamientos que celebran e incluso el tiempo que pasan presencialmente en su órgano de destino. Muchos lo compatibilizan con actividades formativas (autorizadas o no) que les proporcionan algunos ingresos extra. En el Consejo dan por seguro que el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial con estos cambios, cuando esté definitivamente aprobado, se recurrirá. Así que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.

En cualquier caso, fuentes del Consejo aseguran que, tanto conservadores como la mayoría de los progresistas y la presidenta, consideran que estas medidas, junto con el gran incremento de plantilla –500 unidades judiciales, el mayor en democracia– que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, ayudará a aliviar el sobreesfuerzo que, según los últimos datos, afecta a 1.369 juzgados y tribunales (de los 4.223 que hay en España) y que se da de manera especialmente intensa en 452, la mayoría situados en las grandes capitales. También el secular atasco judicial. Según las estadísticas del CGPJ, uno de cada tres órganos recibe más trabajo del que debería, pero solo en uno de cada 10 la situación es especialmente grave.

Amantes del papel, la carpeta de cartón azul marino, el bolígrafo BIC, punta fina y punta normal, los sobres de lengua-pegada y el sello Tarifa A de 0,96, el Consejo de Estado ha decidido oponerse al registro digital de jornada.

En España, solo en 2025, 441.000 personas trabajaron gratis más de cinco horas semanales. Cinco horas invisibles, sin cotizar a la Seguridad Social, que no podrán contabilizarse a ningún efecto. Derechos laborales que quedan reducidos a un sinfín de tecnicismos y dos tesis recurrentes: “cargas para las pymes” y “complejidad técnica”.

El registro diario de jornada se introdujo en marzo de 2019. En ese mismo momento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió a los Estados miembros la implantación de un sistema de registro “objetivo, fiable y accesible”. Y el decreto planteaba su digitalización obligatoria y universal dado que era la única manera de garantizar algo semejante. Es evidente que los sistemas en papel son susceptibles de adulteración o doble registro.

Más allá de las cuestiones procedimentales, posibles problemas de adaptación, ámbito excesivamente generalista de aplicación o tiempos acelerados de implementación, en esencia, el Consejo de Estado considera que la exigencia de un soporte digital resulta muy costosa para las PYMES y que puede violar el derecho a la intimidad de los trabajadores.

La Agencia Española de Protección de Datos dice que la geolocalización solo debe usarse cuando sea imprescindible y que el consentimiento del trabajador no puede entenderse libremente prestado en una relación laboral. Y en el ámbito de la protección de datos se plantean, además, reservas al acceso remoto permanente a los sistemas informáticos privados o al de los representantes de los trabajadores a su registro completo. El Consejo de Estado admite que el TJUE (S. 30 de mayo de 2013) no se opone al acceso inmediato si resulta necesario y respeta el principio de proporcionalidad, pero entiende que esto requiere de cobertura legal y no debe abordarse por la vía reglamentaria.

La cuestión es que las jornadas especiales de trabajo llevan regulándose por Real Decreto desde hace más de treinta años y nadie se ha pronunciado hasta este momento. Lo único que ha cambiado es que ahora ya no se usará el papel. Así de sencillo. Repentinamente, esta radical transformación requiere de una tramitación parlamentaria que, con el actual mapa político, equivale a enterrar la reforma por siempre jamás.

La paradoja es que el Consejo de Estado avala el objetivo, reconoce el problema, acepta que el sistema actual es deficiente y manipulable, pero rechaza el único instrumento jurídico disponible para solucionar las cosas. Y el Ministerio de Economía ha encontrado en este informe la excusa perfecta para apuntarse al ralentí. Ya sabemos que lo ideal hubiera sido una ley de reducción de jornada, pero también sabemos que el Congreso la tumbó en septiembre del año pasado con los votos del PP, Junts y Vox… que ahí siguen.

Dicho esto, nadie duda del argumento de la protección de datos, pero solo tiene sentido si se utiliza para blindarse frente al poder empresarial o estatal, no para garantizar la opacidad de quienes incumplen sistemáticamente la ley. Y estamos hablando de eso, de fragilidad frente al abuso porque quien trabaja en condiciones de asimetría de poder tiene menos capacidad de documentar y reclamar su tiempo de trabajo. No se trata únicamente de eficiencia inspectora… de inspeccionar por inspeccionar. De hecho, por eso hay también brecha de género en el registro de jornada. Los datos de la EPA 2025 muestran que el 52,1% de las mujeres que realizan horas extraordinarias lo hacen sin remuneración, frente al 46,7% de los hombres.

Por lo demás, el recurso a la vulnerabilidad de las PYMES empieza a ser ya un clásico, como si las personas que trabajan en empresas pequeñas carecieran, por definición, de derechos laborales. Evidentemente, nadie pide que una pescadería con dos empleados implante un sistema de ciberseguridad militar en dos días, pero tampoco se puede dejar que la mayor parte de nuestro tejido empresarial funcione al margen de la ley. Las PYMES no pueden alimentarse de un tiempo robado como no pueden incumplir sus obligaciones con la Seguridad Social, la prevención de riesgos laborales o el pago de un salario mínimo. Se estima que el coste de implementar el sistema digital será de 291 euros anuales por empresa en años sucesivos al primero y no parece mucho frente a los 3.200 millones de euros que unos pierden y otros ganan, en horas no retribuidas.

El artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores habilita expresamente al Gobierno a “establecer especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”. Si bien ningún sector profesional se libra de esta silenciosa transferencia del trabajo al capital, dado que sanidad y servicios sociales, industria manufacturera, comercio, educación, transporte, hostelería y construcción acumulan el 70% del total de horas extraordinarias semanales del país… ¿superaría todos los obstáculos un Decreto que circunscribiera el registro digital obligatorio a esos siete sectores? ¿Se podría reformular el proyecto circunscribiéndolo a los sectores con peculiaridades, diferenciando por sectores y territorios, incorporando las salvaguardas de protección de datos y ampliando los plazos de su entrada en vigor? Esto es lo que sugiere Cruz Villalón en un artículo reciente.

Sea como fuere, lo cierto es que el Consejo de Estado es un órgano consultivo, no vinculante, no elegido democráticamente, que está frenando, de facto, la aplicación de una obligación ya establecida en la ley, exigida por el derecho europeo y demandada por los sindicatos mayoritarios de nuestro país. Su dictamen allana el camino a los recursos contenciosos que las empresas decidan interponer y refuerza la posición de quienes no quieren un registro efectivo. El Gobierno debería encontrar una fórmula jurídica que permitiera aprobar un registro digital para acabar con las miles de horas de trabajo que nadie registra, nadie paga y nadie cuenta.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según informa EFE.

Durante su intervención en las jornadas de eldiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. 

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

El Tribunal Supremo ha condenado al Banco de España por vulnerar el derecho a la libertad sindical al negarse a convocar la comisión paritaria prevista en el convenio colectivo solicitada por varios sindicatos, según informa EFE.

En una sentencia fechada el pasado 5 de febrero a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social estima parcialmente un recurso presentado por el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España, al que se habían adherido Agrupación Grupo Directivo (AGD), CCOO y UGT contra una fallo de junio de 2024 de la Audiencia Nacional.

Lo que ha abordado el Supremo es la posible vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva derivada de dos actuaciones del Banco de España. 

La primera es la puesta en marcha de un procedimiento de modificación voluntaria de jornada y horario -ampliación de 38 a 40 horas semanales- dirigido de forma masiva al personal con puestos de jefatura mediante pactos individuales al margen de la representación legal de los trabajadores. La segunda es la negativa reiterada del Banco de España a convocar la Comisión Paritaria Interpretativa del Convenio Colectivo para tratar la citada controversia.

El Supremo da por buena la actuación del organismo en lo relativo a la modificación de las jornadas de trabajo, pero considera que sí se vulneró la libertad sindical al no convocar la comisión paritaria.

Los sindicatos alegaban que la falta de convocatoria por el Banco de España de la comisión paritaria prevista en el convenio constituye una vulneración de su derecho a la libertad sindical. La sentencia considera probado que los sindicatos pidieron la convocatoria de la comisión paritaria, a lo que el Banco de España se negó.

Para el Supremo, la conducta de la empresa, que denegó "de forma reiterada e indebida" el derecho de información y consulta reclamado por los representantes de los trabajadores a través del comité de empresa implicó una vulneración del derecho de los sindicatos y por tanto una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical.

Por todo ello, condena al Banco de España a celebrar la reunión de la comisión paritaria solicitada y a abonar al Sindicato Autónomo de Trabajadores una indemnización de 6.000 euros.

Desde hace unos meses todas las mañanas, al salir de casa, me cruzo con Rocío, que desde las 8 h está en el portal empezando su jornada. Inicia el trabajo organizando y dándole una pasada al bajo donde está la salida a la calle. Es la zona más concurrida y por defecto la más sucia. Luego carga todos los enseres en el ascensor y sube hasta la planta sexta. Y de ahí va ordenando, recogiendo, barriendo y fregando en orden, descendiendo concienzuda, piso a piso. Un día me la encontré en mi rellano y la invité a un café. Lo toma solo, corto, con un poquito de azúcar. Desde entonces, cada vez que me la encontraba la invitaba a un café que ella recibía muy agradecida. Un día la vi con el labio fruncido y una expresión patente de dolor. "¿Qué te pasa, Rocío? ¿Estás bien?". "Ay, señora, estoy muy triste. Murió mi papá. He perdido a mi papá. Ya no lo voy a ver más. Y yo estoy aquí y no he podido ir a despedirle. Y ya no lo voy a ver más, nunca más". Desconsolada, aterrizó en mis brazos llorando.

Rocío no pudo ir a ver a su padre porque, si sale de España, quizás no pueda volver a entrar nunca más. Rocío no tiene papeles. Llegó a este país hace tres años desde Perú con un visado de turismo. Su hija mayor estaba aquí trabajando y vino a visitarla con su marido. Dos meses antes habían matado de un tiro a su sobrino, que trabajaba en un taxi. Así que vinieron y se quedaron a probar suerte. Ella era cocinera y repostera en Perú. Aquí friega portales. De la mañana a la noche cuida los espacios comunes de casas de vecinos y oficinas. En España, son miles las mujeres que sostienen nuestra vida cotidiana sin que el Estado las reconozca plenamente como sujetos de derechos. La regularización no es un gesto administrativo. Es la frontera entre poder despedirse de un padre o sufrir el duelo en los brazos de una conocida circunstancial.

Hablamos de "migración irregular" en abstracto. En muchos de los imaginarios es un hombre joven racializado. Pero la realidad tiene otro rostro: según las estimaciones recientes, más del 58% de las personas en situación administrativa irregular en España son mujeres. Mujeres entre 30 y 50 años, en su gran mayoría latinoamericanas, que trabajan —o intentan trabajar— en el sector que sostiene la vida: los cuidados. Limpian portales y casas, cuidan a las personas mayores y dependientes, cocinan, abrazan y quieren a los más pequeños.

España envejece con rapidez. Más del 20% de la población supera los 64 años y la tasa de dependencia no deja de aumentar. Al mismo tiempo, el mercado laboral exige disponibilidad total y jornadas largas. Esa tensión entre cuidados crecientes y tiempo escaso no la ha resuelto el Estado; la han resuelto, en gran medida, mujeres migrantes. Según la Fundación porCausa en su análisis de la irregularidad de 2023, el 27% del empleo informal de la población migrante se concentra en las actividades del hogar. Dentro del Sistema Especial de Empleados de Hogar, donde el 94% son mujeres, casi la mitad son extranjeras. No se trata de un fenómeno marginal: es una columna vertebral.

Pero esa columna está construida sobre la precariedad. La asociación Territorio Doméstico denuncia jornadas de hasta 16 horas, contratos inexistentes, salarios hasta un 60% inferiores a la media del resto de actividades. Se estima que unas 40.000 mujeres trabajan como internas, viviendo en el domicilio de sus empleadores; nueve de cada diez son extranjeras. El régimen de internas, que en teoría resuelve la conciliación de las familias contratantes, en la práctica puede convertirse en aislamiento, dependencia absoluta y vulnerabilidad extrema. La irregularidad administrativa no es un detalle burocrático: es el mecanismo que abarata el coste del cuidado.

Hace unas semanas saltaba a las portadas el caso de Julio Iglesias por las denuncias de abusos sexuales de varias empleadas internas que habían trabajado para él. Este tema que sonaba lejano está lejos de serlo. Mas de la mitad de las trabajadoras migrantes del hogar de nuestro país encuestadas por Territorio Doméstico afirma haber sufrido acoso o violencia sexual en el trabajo, pero el 91% no denuncia por miedo a ser expulsada. El miedo funciona como un contrato implícito. El silencio se convierte en condición de permanencia. Así se sostiene un sistema que permite a muchas familias conciliar, mientras otras mujeres asumen el coste emocional y físico de esa conciliación.

La regularización cambiará ese equilibrio de poder. No solo porque permitirá firmar contratos y cotizar —algo que, según el último estudio de Funcas, incrementará unos 3.300 euros anuales la aportación fiscal neta por persona a través de impuestos y cotizaciones—, sino porque desactiva el arma más eficaz de la explotación: la amenaza. Con papeles, el miedo pierde fuerza. El estatus legal evita que denunciar sea un salto al vacío. La movilidad laboral se amplía con derechos reconocidos y permitirá homologar títulos, aspirar a otros sectores, abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda sin intermediarios ni abusos.

La regularización no es necesaria por una cuestión de caridad. Es un acto de coherencia democrática y racionalidad económica. Una democracia sólida necesita que quienes sostienen su vida cotidiana formen parte plena del contrato social. Un país que envejece necesita cuidados. Un sistema de pensiones tensionado necesita cotizantes. La pregunta nunca fue si podemos permitirnos regularizar. El debate era si podíamos seguir sosteniendo nuestro bienestar sobre la vulnerabilidad jurídica de otras personas, principalmente otras mujeres.

Desde que lloramos juntas aquel día en el portal, Rocío y yo somos colegas. De tanto en tanto me trae alguna cosa riquísima que ha cocinado: alfajores, magdalenas, galletitas de chocolate. También he probado su causa peruana y sus empanadas. Yo le seguía sacando café hasta que un día me miró con cariño y un poco de compasión y me lo devolvió. "No tomo café, que me pone muy nerviosa y me dan palpitaciones". Me di cuenta de que llevaba meses aceptándolo por cortesía. Nunca se me ocurrió que fuera así. La regularización no creará la pertenencia de Rocío: la reconocerá. Y nos permitirá, como sociedad, cuidar a quienes llevan años cuidándonos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

La Fiscalía de Milán (norte de Italia) ordenó este miércoles la intervención judicial de la filial italiana de la empresa de reparto británica Deliveroo por la presunta explotación laboral de miles de riders, a quienes se les habrían aplicado condiciones salariales por debajo del umbral de la pobreza, informa EFE.

La medida, de carácter urgente, se produce tras una investigación liderada por el fiscal Paolo Storari, quien ya ordenó recientemente una intervención similar contra la filial de la española Glovo en Italia, Foodinho.

La investigación, recogida por los medios locales, apunta a que Deliveroo habría ofrecido salarios por debajo del umbral de la pobreza, aprovechándose del estado de necesidad de entre 300 y 20.000 trabajadores en Italia. La acusación sostiene que los repartidores percibían remuneraciones que, en ciertos casos, resultaban "inferiores hasta en un 90% respecto al umbral de pobreza y a la contratación colectiva".

Según el auto de 60 páginas del fiscal, la empresa adoptó una "política que reniega explícitamente de las exigencias de respeto a la legalidad", perpetrando este modelo de negocio desde hace años.

Algunos de los testimonios de repartidores recogidos en el documento describen jornadas de hasta once horas diarias, siete días a la semana e ingresos de entre 3 y 4 euros por entrega.

Asimismo, denuncian control constante a través de GPS y un sistema de algoritmos que penaliza las ausencias o la baja productividad.

El pasado 19 de febrero, el juez de instrucción de Milán, Roberto Crepaldi, validó la medida de Storari sobre Foodinho, empresa a la que se le acusa también de contratar mano de obra en condiciones de explotación aprovechando el estado de necesidad de los empleados.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado que se pueda disfrutar con flexibilidad el permiso de cinco días para el cuidado de familiares por enfermedad, accidente u hospitalización, sin necesidad de que su inicio se vincule necesariamente al comienzo del evento del que depende, informa EFE.

El Supremo, en sentencia fechada el 4 de febrero, aboga por dejar margen a una distribución racional del permiso que permita "una asistencia planificada y más eficaz" de la persona necesitada de ella.

La sentencia rechaza el recurso de casación planteado por el grupo empresarial RACE, después de que la Audiencia Nacional diera la razón a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que plantearon un conflicto colectivo ante la nota interna emitida por la empresa, en la que avisaba de que el mencionado permiso se disfrutaría desde el primer día laborable a partir del suceso que lo ocasionara.

La Audiencia Nacional declaró dicha nota contraria a derecho y estableció que el comienzo del permiso no podía estar vinculado a la fecha del hecho causante.

El Supremo ha confirmado esta sentencia, argumentando que una interpretación en sentido contrario implicaría "a todas luces una devaluación de su potencial protector".

Añade que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo aplicable ni la directiva comunitaria contienen criterio alguno relativo al momento en que pueda hacerse efectivo el derecho al permiso.