Como obrero que soy, no acepto que el vago Feijóo y su PP de señoritos y señoritas me recorten el salario que gano con el sudor de mi frente, y, menos aún, me hurte los derechos laborales obtenidos justamente, no como el PP reformó la sede de la calle Génova, 13, capital del reino, sin pagar las tasa municipales, convertida en nido de Alí Babá.

Las trabajadoras y trabajadores de mi España querida nos hemos ganado nuestros derechos y garantías laborales legalmente para vivir trabajando con dignidad. Les recuerdo que somos personas con derechos, deberes y obligaciones, donde se incluyen nuestras responsabilidades como obreras y obreros —usted no sabe de esto— que cumplimos las leyes laborales y los convenios colectivos.

En España, el Derecho del Trabajo es legal, democrático y participativo por ley. Democracia participativa, ¿sabe lo que significa? Pues que es necesaria la intervención de los sindicatos de clase y de los empleadores. No se puede volver a dar un golpe de Estado contra el mercado laboral, como ya hizo M. Rajoy con la desregulación, al contravenir la Constitución de 1978, en su artículo 7.

La justicia laboral, social y el reparto justo de la riqueza está establecido a través de leyes. Trabajar gratis para los empresarios es inhumano, contra legem. Les recuerdo que la dictadura fascista de Franco terminó hace 51 años y que la esclavitud laboral hace más de un siglo. Feijóo y el PP, su chantaje, ignorancia laboral y su pretensión de derogar el Derecho del Trabajo para beneficiar a la CEOE a costa de empobrecer las relaciones laborales son inhumanos e intolerables, y no se lo vamos a permitir. Quiten sus manos sucias de los derechos laborales y sociales.

Que usted lleve toda su vida sin trabajar, sin control y sin que nadie le mida su nula producción ni le reprochen su vagancia —ni una sola propuesta objetiva para hacer oposición constructiva; la dignidad parece imposible porque su indecencia le define—. Feijóo acusa sin pruebas, con palabras miserables y como vocero de la CEOE, a más de 25.001.600 personas trabajadoras que componen la población activa, del sector privado y público, que sí cumplimos la ley a diario. Nos acusa de no cumplir las normas laborales, como hizo rodeado de empresarios, le salió el gen de masculinidad pepera y le sobro desvergüenza. Nos demuestró una vez más su inutilidad para hacer propuestas políticas constructivas. El traje le viene demasiado grande y los poderes fácticos no lo conseguirán por mucho dinero y medios que le presten o donen.

Son ustedes, los del PP, quienes no cumplen la ley. Tome nota, Feijóo: Kitchen, Gürtel, Púnica, Montoro, Almería, Cádiz, Alicante y Comunidad de Madrid y un tal Azcón. PP, CEOE y Feijóo: los derechos laborales no se tocan y la dignidad laboral menos aún, son derechos humanos universales. Dejen sus manos sucias en la cueva de Alí Babá, sede del PP, y pónganse a trabajar por España, haciendo oposición de la buena. Dejen de vaguear, por una vez, y no mezclen absentismo con las bajas laborales por enfermedad. Igual el cáncer para España es el PP. Y exijan a la CEOE que pague las horas extraordinarias: sus deudas afectan a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, señor Garamendi. Suban los salarios recogidos en los convenios colectivos a las trabajadoras y trabajadores españoles.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Se cumplen 25 años desde que los trabajadores de Sintel aprobamos en asamblea general aceptar la propuesta del gobierno y levantar el Campamento de la Esperanza, que durante 187 días estuvo instalado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esto supuso una victoria sindical incontestable que trascendió el ámbito de la empresa, alcanzando notoriedad nacional al ser recogida por los informativos de televisión.

Los hombres y mujeres de Sintel decidimos no aceptar pasivamente y sin luchar, el destino que “alguien” había decidido para nosotros y nuestras familias. Nos fijamos un objetivo, diseñamos una estrategia, elegimos un escenario, y con la bandera de la unidad y la fuerza de la razón, iniciamos nuestra lucha. Éramos conscientes de que tomábamos un camino largo, lleno de amargura y de incertidumbre, cargado de rabia, angustia y sufrimiento; sin ninguna garantía de éxito, pero con la convicción firme de que nuestra causa era justa y de que la lucha por defender el salario, el empleo y sobre todo la dignidad, merecía la pena.

Sabíamos que nos enfrentábamos al poder máximo de nuestro país (político-económico-mediático) y que corríamos el riesgo de que nuestra lucha se interpretase como un acto quijotesco, divorciado de la realidad; por eso, además del apoyo de nuestras organizaciones sindicales; necesitábamos aliados, despertar conciencias, generar una corriente de solidaridad de miles y miles de personas que se identificasen con lo que defendíamos, que se sumasen a nuestra lucha, y así impedir que la resignación y el desánimo acampasen entre nosotros.

Esta lucha sindical fue destacada por todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, precisamente por su carácter profundamente pacífico. Las manifestaciones diarias, concentraciones, intervenciones en las distintas instituciones, asambleas y todo tipo de acciones reivindicativas, siempre estuvieron presididas por el civismo y la responsabilidad. Nunca confundimos firmeza con enfrentamiento, nuestra fuerza residía en la razón de nuestras demandas y en la unidad del colectivo.

La valoración que hacemos del resultado obtenido es de victoria. Se podrán sacar muchas conclusiones, pero tal vez la más evidente es que, para luchar, es fundamental organizarse. Esta lucha de Sintel demostró que la defensa de los derechos laborales y la dignidad de la clase trabajadora puede hacerse desde la serenidad, la firmeza, el respeto y la determinación.

Un recuerdo especial para todos los compañeros y compañeras que participaron directamente en este conflicto y que ya no están con nosotros. Un abrazo para sus familias.

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Adolfo Jiménez es el presidente de la Asociación de trabajadores de Sintel

El pasado abril, en el debate anual sobre política general, el presidente Rueda puso en el punto de mira al personal de baja laboral. Desde entonces, la Xunta, la patronal y en las últimas semanas también el PP estatal de Feijóo vienen presentando como “absentismo” la demora con la que las personas asalariadas obtienen un tratamiento por parte del sistema de salud y, con ella, el alta laboral. En esta lucha de clases entre el capital y el trabajo, responsables políticos y empresariales suelen poner ejemplos de supuestos empleados de baja que realizan actividades presuntamente incompatibles con su curación.

Pero en el otro lado la justicia gallega también viene anulando despidos de personas de baja a las que se acusó de excederse a partir de informes de detectives privados y a las que las sentencias reconocen su derecho a hacer “vida cotidiana”, recordando incluso que también las empresas incumplen en ocasiones sus obligaciones.

Una sentencia del pasado mayo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el despido de un hombre con “lumbago con ciática” que fue despedido tras dos meses de baja amparándose la empresa en un informe de un detective privado. La empresa reprochó a su empleado que cortase el césped, levantase unas losas de 25 kilos, empujase una carretilla con leña o saliese de un establecimiento cargando seis botellas de agua de litro y medio.

La sentencia del TSXG comienza valorando que en este caso la dolencia no es simulada o fraudulenta, sino que “la realidad del lumbago con ciática no es discutida”. Pero también señala que la prescripción médica que tenía el trabajador era “la de no hacer esfuerzos, sin mayor concreción y sin que esté acreditada una indicación médica de reposo”. Y considera que “algunas de las conductas imputadas y acreditadas no tienen especial significación o relevancia”. Así, tras subrayar que habría que tener en cuenta la complexión del hombre para valorar el peso relativo de las cosas que levantó, la sentencia señala que cargó las losas antes de recibir la prescripción de no hacer esfuerzos o que no se tiene constancia del tipo de leña que llevaba en la carretilla.

Sí se pudo establecer el peso de las losas y de las botellas de agua, pero el tribunal señala que hay que tener en cuenta la “proporcionalidad, o no, de la decisión de despido”. “Estamos ante dos conductas puntuales y solo parcialmente objetivadas, y ello puesto que no se señalan en los hechos probados datos como, por ejemplo, la concreta distancia recorrida con las botellas”, dice la sentencia, que añade que “en este sentido conviene decir que tampoco otros incumplimientos de las personas trabajadoras o de las empresas, cuando son puntuales, constituyen una causa justificativa de la ruptura de la relación laboral”. Y pone como ejemplos “faltas de asistencia o de puntualidad de la persona trabajadora” o “retrasos en el abono de las nóminas o impagos por parte de la empresa”.

El TSXG valora también que el hombre tenía una antigüedad laboral de más de 30 años y nunca había sido sancionado, por lo que considera que “la sanción de despido no es proporcionada en atención a las circunstancias del caso concreto”. Así, la sentencia no solo anula el despido, sino que también indemniza al trabajador con 7.501 euros “por daños morales”.

También en las últimas semanas acaba de hacerse pública otra sentencia, en este caso de la sección de lo Social número 3 del Tribunal de Instancia de A Coruña, que anuló el despido de una mujer que había sufrido un ictus. Menos de cinco meses después fue despedida amparándose la empresa, igualmente, en un informe de un detective privado que la observó “llevando a cabo, con intensidad y de forma reiterada, actuaciones como permanecer sentada, caminar, pasear, subir y bajar escaleras y rampas, acudir a centros comerciales, ir de compras y portar bolsos o bolsas de tamaño generoso”. También mantenía “relaciones sociales con toda normalidad” y realizaba “trámites administrativos en oficinas públicas” o “actuaciones con su teléfono móvil”. Incluso se le reprochó que acompañaba a su hijo menor de edad hasta la parada del autobús.

Sin embargo, la sentencia hecha ahora pública considera que “las tareas que realiza la trabajadora no suponen ningún estrés, ni esfuerzo alguno, más allá de realizar funciones normales en la vida cotidiana de una madre”. “Son actividades que se pueden incluir dentro de la vida cotidiana de cualquier persona, incluida la conducción de un vehículo, y que se trata de actividades que no se acreditó que sean incompatibles con su enfermedad, ni tampoco con la curación de la misma”, subraya la sentencia.

Así, igual que en el caso anterior, la sentencia anula el despido y obliga a la empresa a indemnizar a la trabajadora con 5.000 euros por “daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales”.

La sentencia cita diversa jurisprudencia y recuerda que “cuando el trabajador está en situación de incapacidad temporal, la realización de actividades incompatibles con la recuperación o que evidencian simulación pueden suponer un despido disciplinario” por “transgresión de la buena fe contractual”. Sin embargo, para que el despido por esa transgresión de la buena fe sea procedente debe cumplir varias exigencias: que el incumplimiento sea grave; que sea culpable y la persona actúe de manera consciente y no sea un error o descuido; que exista proporcionalidad entre la conducta y la sanción teniendo en cuenta la antigüedad y trayectoria anterior del empleado; y que la empresa no “guarde” los hechos indefinidamente, sino que actúe en un plazo razonable desde su conocimiento.

Comenté en un artículo reciente que el proyecto de ley que está en sede parlamentaria tiene ahora la oportunidad de ser debatido y mejorado por los grupos parlamentarios; es el momento de demostrar más ambición en la gobernanza de la IA y pasar de un texto de mínimos a una versión más valiente. 

Como un antecedente, conviene recordar que la Unión Europea tenía previsto que en el próximo mes de agosto empezaran a aplicarse las obligaciones del reglamento de IA (RIA), para los sistemas usados en el ámbito laboral. Aunque esta norma comunitaria entró en vigor hace casi dos años, la parte relativa a su aplicación en las empresas debía comenzar dentro de pocos días. Sin embargo, Parlamento Europeo y Consejo alcanzaron recientemente un acuerdo político dentro de un paquete legislativo conocido como Omnibus Digital, en el que determinaron retrasar a diciembre de 2027 la entrada en vigor de las nuevas obligaciones en materia de sistemas de IA de alto riesgo, entre ellas las laborales.

El Gobierno, a través en esta ocasión de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado muy recientemente que ve con recelo esta demora y planea defender que la regulación de la inteligencia artificial y los algoritmos en el mercado laboral español sea más estricta y vaya más allá de los mínimos exigibles que marca el RIA a las empresas a la hora de usar todo tipo de tecnología algorítmica para objetivos como la selección de personal; la evaluación del desempeño profesional; las decisiones de promoción o despidos o la monitorización de trabajadores, entre otras cuestiones.

Con estas manifestaciones, críticas a la postura desreguladora de la UE, el Gobierno se sumaría a la posición de muchas organizaciones de la sociedad civil, que han criticado y siguen criticando esta postura liderada por Estados Unidos y, por omisión, por la Comisión Europea en materia del uso de la IA.

Llegados a este punto conviene destacar que una buena parte de las propuestas de mejora del proyecto de ley referido, preparadas para los Grupos Parlamentarios por parte de la Fundación Alternativas, coinciden con estas inquietudes manifestadas por el Gobierno de coalición.

Ante este cúmulo de informaciones que convergen en la necesidad de mejorar el proyecto de ley presentado, solamente cabe esperar de su trámite parlamentario un resultado: que se pase de las palabras a los hechos, porque a pesar de que la Comisión Europea pida tiempo, el mundo del trabajo no puede esperar.

Un primer aspecto clave de la mejora que se espera del proyecto es el de consolidar las garantías suficientes para la transparencia algorítmica y el control humano. Uno de los principios fundamentales de la IA es que sea explicable y, por tanto, hay que garantizar la posibilidad de auditar o ejercer control sobre los algoritmos, siendo lo prioritario asegurar que la decisión última antes de ser aplicado un sistema sea adoptada por un ser humano que pueda explicar, por ejemplo, cómo se ha llegado a un resultado. En el fondo de las decisiones que deben adoptar las organizaciones están los algoritmos, que son el corazón de los sistemas que se desarrollan, pero lo importante es que el cerebro del proceso siga siendo humano. Por ello es conveniente comprender bien todas las etapas, educando sobre su importancia, por ejemplo, en la rectificación de sesgos cuando se haya detectado que un programa va en contra de derechos fundamentales.

Un segundo aspecto clave que debería corregirse es el resultado de la falta de diálogo social en la versión actual del proyecto normativo. Ese ha sido, por cierto, uno de los reproches más serios del Consejo Económico y Social (CES). Por ello, otra de las mejoras sustanciales del proyecto consistiría en articular la necesaria coordinación de la Agencia Española de Supervisión de la IA y la Agencia Española de Protección de Datos, en tanto que agencias supervisoras de la IA en nuestro país, con otras instituciones. Instaurar esta coordinación supondría, por ejemplo, asegurar la participación y el seguimiento de las autoridades nacionales, económicas, laborales y sociales en sus correspondientes ámbitos y en lo relativo al desarrollo de la IA, incluyendo también a una representación de los trabajadores y de los empresarios. Esta propuesta de mejora va en la línea de propiciar, entre otras, una participación sindical informada y una coordinación real entre Inspección de Trabajo con las agencias de supervisión antes mencionadas.

Un tercer aspecto clave que habría que corregirse es el déficit en el articulado de la apertura de sistemas de coordinación de las autoridades encargadas de la supervisión y vigilancia del mercado, con los foros de consulta existentes en la Unión Europea.

Un cuarto aspecto clave es conseguir que el Gobierno garantice en la norma que finalmente resulte aprobada en el Congreso, el proceso de una negociación colectiva en el marco de lo que ya establece la norma comunitaria sobre IA.

En resumen, todo ello es lo que interpreto como una falta de valentía en la gobernanza de la IA; pero ahí está la oportunidad de que se corrija en el trámite parlamentario, pues el texto que aprobó el Gobierno de coalición progresista en el mes de mayo pasado acentúa la impresión de que es un proyecto de mínimos en su actual versión, y no incluye, curiosamente, muchas de las ambiciones explicitadas por sus distintos miembros en torno a este tema.

El poder legislativo tiene ahora la palabra.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

En su obra Chavs: la demonización de la clase obrera, el autor británico Owen Jones advertía, hace ya quince años, sobre el proceso político, mediático y cultural mediante el cual se estereotipaba a sectores de personas trabajadoras como fundamentalmente irresponsables y subvencionadas. La caricaturización despectiva estaría relacionada con la legitimación de la desigualdad, al vincular la situación económica de cada cual con un problema de conducta personal o de un estilo de vida “vicioso”, desligándola de los problemas estructurales de acceso a empleos dignos o a viviendas asequibles, y abundando en la idea moral de la culpabilización: el sistema es justo, y por tanto la pobreza o la precariedad no responden a fallas sistémicas, sino a falta de ambición y pereza personal. Meritocracia perfecta frente a inadaptados aspirantes a vivir parasitariamente del sistema.

Recordaba los trabajos de Jones al observar el tono que están adquiriendo algunos mensajes políticos y empresariales, coronados por la infame campaña de comunicación que las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han emprendido en algunos territorios de España. “Mientras unos no están, otros esperan” vincula la situación de “absentismo injustificado” con el deterioro de la calidad de la atención en la hostelería, el retraso del servicio de los técnicos de internet y, ¡ojo!, con el hecho de “que tu abuela no reciba la medicación a su hora”.

Este exabrupto llegó pocos días después de las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que, mezclando churras con merinas, gimnasia con magnesia, y el culo con las témporas, incidía en la utilización del absentismo como categoría de sospecha, acompañada de una propuesta programática implícita (aunque cada vez menos implícita) de reducción de derechos. 

Soy de la opinión de que esto no ha hecho más que comenzar, y el campo de batalla del hostigamiento va a ir in crescendo a la espera de un cambio de ciclo político, para que, bajo el gobierno de las derechas extremas y extremadas —en caso de llegar al poder—, se pongan en cuestión los niveles de protección del trabajo. Particularmente lo que tiene que ver con las prestaciones de desempleo, subsidios para personas mayores de 52 años, rentas de garantía vital como pueda ser el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones, las medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, la estabilidad contractual, además, como es obvio, del derecho a recuperar la salud en buenas condiciones.

La razón de esta ofensiva no es la existencia de una sociedad española inactiva, ociosa o subsidiada. Es todo lo contrario. El incremento de las personas activas, ocupadas, y con empleo, es constatable. Nunca ha habido más gente trabajando en España, nunca ha habido tantas personas en disposición de trabajar. La mejor evolución comparada de la economía española respecto a las de otros países de nuestro entorno tiene que ver en parte con la evolución del mercado laboral. La temporalidad en la contratación del empleo asalariado en el sector privado es menos de la mitad respecto a la que sufríamos desde finales de los años 80. Las tasas de desempleo bajan por fin de los dos dígitos, el pleno empleo empieza a ser una realidad palpable en una parte de los territorios de nuestro país, y la opción de consolidar un pleno empleo a nivel general ya no es una quimera, sino que es factible. 

Pero hay más. En la próxima década se jubilarán más de 5 millones de personas, y algo menos de 2 millones de jóvenes entrarán en el mercado laboral. La retirada paulatina de las generaciones del baby boom y su sustitución por generaciones mucho menos numerosas se ha analizado desde diversos planos (el envejecimiento, la necesidad del fenómeno migratorio), pero se suele pasar por alto otro efecto, no menor: cambian las tornas. La capacidad de negociación salarial de los españoles del futuro inmediato va a incrementarse notablemente. Las vacantes laborales con las que se van a topar muchas empresas les van a obligar a mejorar sustancialmente sus ofertas salariales, o no van a encontrar personas a las que emplear. En una situación de paro inferior al que históricamente ha tenido España, con puestos de trabajo por cubrir y la expectativa razonable de encontrar un empleo si se pierde el que se tiene, las personas trabajadoras pondrán más en valor su salud, física y mental, su bienestar, la compatibilidad y conciliación de la vida personal y profesional. 

Y ahí radica “el problema”. Buena parte del capitalismo español no está “programado” para asumir ese paradigma. ¿Recuerdan? “Esto es lo que hay. Si te gusta, bien. Y si no, tengo a doscientos esperando en la puerta para coger este curro”. 

Ante esta situación, se perfila una batería política pensada para desposeer de redes de seguridad a las clases populares, que les fuerce necesariamente a asumir empleos de mala calidad, bajos salarios, deficiente prevención de riesgos laborales, o inestabilidad contractual. La idea es demonizar los derechos de conciliación, cuidados, recuperación ante la enfermedad o actividad sindical, resignificándolos en signos de improductividad, para recuperar valores de abnegación, vínculo heroico al trabajo, asunción de la explotación como forma laboral ordinaria. “Qué tiempos aquellos en que ir al trabajo con unas decimitas de fiebre estaba bien visto, y no estos flojos, que les deja la novia y se deprimen…”. 

Se trata de reducir el poder contractual de la clase trabajadora. Se trata de ir preparando el terreno para una multimillonaria transferencia de recursos públicos y salariales a los márgenes de beneficios de las empresas, y a una desregulación del cuadro de derechos y garantías sociales que España ha ido construyendo. Y se trata de favorecer las condiciones de acumulación del capital menos productivo de nuestro país, volviendo a situar los costes laborales y la precariedad en la contratación (que nunca ha desaparecido, pese a la notable reducción de una de sus expresiones más claras como es la temporalidad), como principales ventajas comparativas de nuestro modelo económico.

El error sería mayúsculo. España tiene la oportunidad de modernizar su aparato productivo en base a ventajas comparativas diferentes, particularmente el precio de la energía, continuando con la transición energética y ecológica y acelerando la electrificación de nuestro país. El contexto geoestratégico nos “obliga” a ello. La motosierra que algunos empiezan a apuntar no solo implicaría una profunda regresión social, sino que pondría palos en las ruedas de una mejora de la productividad de nuestro país, que no puede volver a pasar por el deterioro de las condiciones laborales y la desprotección social de amplias capas de la sociedad. La simplicidad de la insultante campaña sobre el absentismo anteriormente mencionada no es solo una pasada de frenada o una provocación. Es todo un síntoma.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

Las polillas son polinizadores vitales para muchas plantas nocturnas y una fuente de alimento esencial para aves, murciélagos y otros animales. Además, son totalmente inofensivas para los humanos. En lugar de matarlas, lo ideal es ahuyentarlas utilizando elementos naturales como bolsitas de lavanda o cáscaras de cítricos.

Para evitar que lleguen a tu casa, simplemente, en España es costumbre apagar las luces interiores si tienes las ventanas abiertas, ya que son fuertemente atraídas por la iluminación.

Y perdonen que insista en eso de la polilla veraniega. Pero es que llevo ya tres o cuatro días, cuando despierto y estoy desayunando, tengo en el cristal de la ventana una cariñosa polilla, inocente, (aún no sé si macho o hembra), pero que me mira con aprecio. Y claro, ni mi café ni mis tostadas le atraen. Ahora sí, cuando toco el limón para exprimirlo y hacerme un zumo, ella (o él) extiende sus alitas y se hace querer. O al menos eso me ha parecido a mí.

Desde mi ventanal contemplo el amanecer del Mediterráneo y me acaricia la brisa del Levante (el Lebeche más bien). Pero la polilla, nada, ni se inmuta viéndome desayunar. Y yo, pasmado aún “con la ingravidez de lo onírico”, contemplo a esa polilla apalominao.

No, las polillas no pican ni muerden. Las polillas adultas que vuelan en tu casa son totalmente inofensivas. No tienen aguijón ni dientes, por lo que no pueden morderte, picarte ni transmitirte enfermedades. Su única meta en esa etapa de su vida es reproducirse. Y sus larvas (orugas) sí que hacen destrozos.

El caso es que, entre las polillas curiosas, cotidianas, y las desternillantes declaraciones de Frijolito y la defensa inútil de sus voceros políticos del PP, me entretienen la mañana y el desayuno. Principalmente esos voceros del PP (Cucarra, “Dóberman” Tellado, Ester Muñoz, Alicia García, Bendodo, Borja Sémper...

“La torpeza y falta de sentido común del líder del PP hace parecer a Vox la opción seria de la derecha”. Por eso existe una gran inquietud en el PP tras los últimos tropiezos de Feijóo: “La sensación es que vamos improvisando”. Y es que las polémicas sobre las bajas laborales y la ‘ley de nietos’, y otras sandeces, reavivan el debate sobre la estrategia de oposición: “Hay que revisar el modo de trabajo”, suena como un eco estúpido y baldío en Génova 13. Feijóo comete, en el fragor de sus discursos, diversos lapsus, errores y confusiones muy variadas y disparatadas. Y de ahí que salgan al quite los voceros del PP para “proteger” a Frijolito de sí mismo y de sus propias sandeces, sobre todo el falso moderado, Borja Sémper.

Sí, porque el Sémper que yo conocí en los años 90 era otro, más agresivo, y algo ”fachilla”, y además íntimo de Abascal. Borja Sémper, ahora, afirma que su relación con Abascal está "a prueba de bombas". No sé, eso de las “bombas” me suena mal, muy mal… Pertenecían los dos a una sección de Nuevas Generaciones del PP del País Vasco muy duras y belicosas. Alguna vez nos enfrentamos con ellos varias veces por siete calles de Bilbo o por el casco viejo de Donosti.

Se acusa a Sémper de pose "moderada": Él, que destacó por un discurso más centrado y abierto durante su etapa en el País Vasco, ha sido criticado por otros partidos, quienes consideran que su tono moderado es solo una "estética vacía". Sus detractores argumentan que, a la hora de la verdad, sus políticas o las directrices de su partido no se corresponden con esa imagen de progresismo o apertura.

También le echan en cara a Sémper muchos lapsus e interpretaciones de sus declaraciones, muy dudosas, sobre cómo defiende al PP y ataca al Gobierno de Pésanchez.

Y se empeña Sémper en “salvar” a Feijóo. Y es que el líder pepero hace lo que puede, pero es víctima de algo más serio. Cuando Asnal dijo eso del que pueda hacer que haga, tendrían que haber enviado un tutorial con una advertencia. “Uno que puede hacer algo va y lo hace, pero es totalmente absurdo y tiene efectos tragicómicos, causa el efecto contrario” ¡Ay, Frijolito, menuda encerrona te han hecho los tuyos (Asnal y PPayuso)!

En España, las polillas políticas (PP) nos atacan con sus larvas (orugas). Ahora, casi ya en año electoral, agujerean las páginas de todos los “media” para que los ciudadanos no tengamos acceso a una historia completa.

Las larvas de esas pequeñas mariposas nocturnas –polillas– no leen. El objetivo de esos bichitos no es aprender o informarse; lo suyo es destruir y dañar con tal de satisfacer su apetito voraz. Esa es su razón de ser.

Y todos los voceros del PP lo saben y lo practican cual polillas dejándonos devoradoras larvas políticas.

Estos tiros en el pie que Frijolito se pega con asiduidad y habilidad cuanto mayor es el desgaste del Gobierno, empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinantes habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos y más mandangas que “parió” el gallego.

En los mentideros de Madrid, principalmente en el Parlamento Autonómico y en el Congreso y Senado, corre como la pólvora la estrategia coordinada, o no, para horadar un nuevo liderato del PP para gobernar España, ya que lo de Frijolito no termina de cuajar.

Y es una pena (jajajaaaa) porque con contrincante como él, Pésanchez tiene más fácil el renovar una mayoría parlamentaria.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.

El bolchevismo cotiza al alza. Miren, hay gente rompiéndose la pierna para joder a la patronal. «¡Chínchate, Garamendi!», gritan los camaradas camino de quimioterapia. Frente a la CEOE acampan un trillón de lisiados; tan pronto pasa un directivo, alzan sus muñones y gritan con júbilo.

El señor que no nos preside porque no quiere anda afeando al respetable su falta de ganas. Se acabó la tibieza: del quirófano al tajo, que el país no se levanta solo. El candidato sempiterno se lo ha prometido a los patrones vascongados, no sea que resuciten el requeté. «Haya acuerdo o no», claro que sí, guapi. El Estatuto de los Trabajadores es un concepto discutido y discutible, que decía el profeta. Malvender los derechos laborales a las puertas de las elecciones, en medio de una espiral inflacionaria y con la vivienda por las nubes: finísima idea, ¡que alguien suba el sueldo a esos asesores!

«El absentismo es un cáncer que no podemos pagar». El sustantivo se le resbala, pero no le exijamos demasiado. Esperanza Aguirre, pronta al rescate, ha parido un neologismo más preciso: «bajaciones». Gente fina y ocurrente, así da gusto. En fin, que la calificación oncológica ha traído cola. Sospecho que si me detectasen un tumor, andaría deseando el alta. Como la desgracia no conoce ideologías, Borja Sémper, recién recobrado, ha tenido que matizar al superintendente; no sin antes acusar al Gobierno de embarrullar la discusión. «Es imposible abrir un debate serio en este país sin que se manipule», dice el fulano. El del «me voy porque la política se ha desprestigiado», glorioso papelón.

Siempre dispuesto a lanzarse al barro, el ministro Puente ha exigido a su edecán que le trajese el teléfono y las gafas de cerca para aportar su granito. Pantallazo de las ausencias parlamentarias del señor Núñez y el recorte de prensa de aquella vez que suspendió la campaña por lumbalgia. Combatir la bajeza con camorrismo, felicísima ocurrencia. Lo de que los trenes lleguen a su hora lo dejamos para la legislatura próxima.

Pareciera que, con el rival en la lona, el partido mayoritario de la Cámara ha decidido darse cabezazos contra el poste del ring hasta abrirse la cabeza. El debate, claro, ha enfervorecido a la opinión pública y la publicada (a mí mismo me remito), y no hay compatriota que no conozca a un primo segundo de un vecino que ha conseguido —oh, titán anticapitalista— pasarse la vida encadenando luxaciones y temblores para no dar un palo al agua. «Hay fraude», claman los empresarios prudentes. Pues persíganlos, que uno no deja de conducir por la derecha porque, de tanto en tanto, algún descerebrado se lance a la autovía en sentido contrario. No sea que con la cantinela de la picaresca y el timo de la estampita busquemos a desguazar los derechos adquiridos. Lo intentó, en otro rubro, el diputado De los Santos, elevado al escaño por sus méritos como personal shopper de la señora de Mariano (ay, si se llega a enterar el juez Peinado…). «Los transexuales nos mienten, señorías», dijo —en resumen— moviendo mucho la cara. Podría haber citado alguno de esos casos acontecidos en un ignoto rincón de Alabama tan del gusto de los que «desmontan la ideología de género», las «denuncias falsas» y otras acechanzas del maligno. Siquiera se molestó. Total, si ahora su partido es la vanguardia de los derechos LGTBI. Como si fuésemos todos idiotas y no nos acordásemos del recurso al Constitucional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este miércoles duras críticas contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras las recientes declaraciones del dirigente popular. Según detalla la información transmitida por la Agencia EFE, Sánchez ha arremetido contra Feijóo por "equiparar las bajas laborales con el cáncer", tachando de "absolutamente desafortunado" el hecho de vincular ambos términos.

Las palabras del jefe del Ejecutivo se han producido en Ankara (Turquía), donde se encuentra de viaje oficial para participar en la cumbre de la OTAN. A preguntas de los periodistas, Sánchez ha respondido directamente a las manifestaciones realizadas este martes por el líder del Partido Popular, quien abogó públicamente por abordar el "cáncer" del absentismo laboral como medida para lograr reducirlo.

Para Sánchez el debate debería centrarse en hablar de "bajas laborales" o "incapacidad temporal" en lugar de utilizar el concepto de "absentismo". El presidente argumenta que no hacerlo supone imponer un "estigma" sobre una realidad cotidiana que afecta a trabajadores "que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral".

Asimismo, el líder socialista ha considerado que referirse a este asunto en los términos utilizados por Feijóo refleja claramente "la forma de pensar" que tiene la derecha cuando se abordan cuestiones relativas a la salud y los derechos de los empleados.

Sánchez ha ido un paso más allá y ha enmarcado estas declaraciones en la estrategia general de sus adversarios políticos. El presidente ha señalado que el "planteamiento" de todo lo que se está escuchando y lo que la oposición está acordando con la "ultraderecha" en diversos Gobiernos autonómicos significa, en la práctica, "recortes, cercenar derechos y poner en cuestión conquistas" sociales y laborales.

Respecto a los intentos del PP por matizar las palabras de su líder, Sánchez ha mostrado tajante: "He leído algo así como que quizá no se habían explicado muy bien. Creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado". El presidente ha finalizado su intervención subrayando que el Partido Popular, cada vez que ha tenido responsabilidades de gobierno, "ha traído recortes, en este caso a los derechos laborales de muchísimos trabajadores de nuestro país".

Las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral han provocado un aluvión de críticas para el presidente del PP por parte del Gobierno y los sindicatos. "Que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir", dijo Feijóo, que añadió que se debe abordar el asunto "con o sin acuerdo, sentar a patronal y sindicatos y tomar una decisión".

El líder de los populares aseguró que "todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude, hay que abordar este asunto con las comunidades autónomas, el Gobierno central y la patronal y sindicatos, y si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto".

La primera en criticar las palabras del fraude ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha recordado al líder del PP que detrás de cada baja médica hay un facultativo por lo que cuando habla de fraude, de lo que está hablando es de "fraude de los profesionales sanitarios que recetan esas bajas".

"Las altas y las bajas son actos médicos", ha recalcado García, que ha tachado de "desafortunadas" las palabras del presidente del PP al "equipararlo a la palabra cáncer".

Se preguntó también Feijóo qué ocurre con un absentismo como el de nuestro país y cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando se encuentra de baja. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?", señaló, para después decir que, si la Administración pública considera que un ciudadano puede "darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones", este tipo de absentismo "no se sostiene".

También el presidente del Gobierno ha recogido las palabras de Feijóo para criticar que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", ha escrito el jefe del Ejecutivo en X, en el que ha asegurado que el Gobierno está "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla".

"Los derechos no se recortan. Se defienden", ha señalado también Sánchez, que ha contestado así a la propuesta de Feijóo ante un grupo de empresarios vascos para abordar el "cáncer" del absentismo laboral para lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical y a su cuestionamiento de que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

A las críticas se han sumado también la vicepresidenta, ministra de Trabajo y principal figura política de Sumar, Yolanda Díaz, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que han cargado este martes contra el presidente del PP.

En un mensaje publicado en su cuenta de BlueSky, Díaz ha afeado que "estar enfermo no es una elección" pero "elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es".

"Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno. No lo vamos a permitir", ha añadido.

En ese mismo sentido, Torró ha criticado en su cuenta de X que las prioridades de Feijóo consisten en ampliar los derechos del concebido no nacido "mientras se recortan para los trabajadores que enferman". "Cuanto más ultra, mayor es su despropósito".

El PSOE ha cargado contra el proyecto "ultra" de Feijóo, que "está dispuesto a pasar por encima del diálogo social y del Estatuto de los Trabajadores para imponer recortes a quienes más protección necesitan".

Por otro lado, CCOO y UGT creen que las palabras del líder popular son un "disparate". Unai Sordo ha asegurado que "mandar a la gente a trabajar enferma, reducir las prestaciones por baja que paga la empresa, aunque hayan sido pactadas entre trabajadores y empresas o presuponer un fraude masivo en las bajas, más que un programa electoral, es una declaración de intenciones".

Además, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, destacó que lo pactado en los convenios tiene "fuerza de ley" y por ello se debe "respetar": "El absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación. Meter el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias, es un disparate".

Es difícil de creer, pero los bomberos forestales son probablemente uno de los colectivos más precarizados en España, pese a tratarse de una profesión de alto riesgo y la última línea de defensa de los municipios rurales amenazados por el fuego. "¿Cuánto tiempo tienes?" es la respuesta habitual cuando se les pregunta por las condiciones en las que trabajan, con situaciones a cada cual más surrealista.

A este panorama hay que añadir los problemas de fondo que sufren desde hace décadas: sueldos irrisorios que rozan el salario mínimo, una categoría profesional no reconocida que impide saber siquiera cuántos bomberos hay en España, enfermedades profesionales no reconocidas pese a que están expuestos al 90% de las que aparecen en la ley, turnos en los que no saben cuántas horas van a trabajar y complementos de peligrosidad o nocturnidad que a menudo no se pagan.

Estos problemas no se dan en todas las regiones ni en todos los cuerpos, pero sí afectan a buena parte de los bomberos de Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y otras comunidades. La responsabilidad de estos abusos es mayoritariamente de los gobiernos autonómicos, aunque el Ministerio de Trabajo tiene tareas pendientes en la regulación de tiempos de trabajo, la prevención de riesgos laborales y el reconocimiento de enfermedades profesionales. 

Este lunes, los bomberos forestales se manifestarán en Madrid para denunciar este cóctel de abusos. A continuación se recogen cuatro testimonios de bomberos forestales, todos ellos sindicalistas, sobre cómo es su día a día.

Andoni Corrales, bombero forestal en Borja (Zaragoza), pasa su jornada en un antiguo silo de grano junto a su cuadrilla, esperando a que llegue un aviso por incendio. Las condiciones que describe son tercermundistas. "Tenemos una colonia de palomas en el tejado que lo llenan todo de cacas y también se meten ratas. Pero tenemos suerte de tener agua corriente y luz, porque otras cuadrillas de por aquí ni eso", afirma. En su primera semana, Corrales sufrió una fuerte infección que le dejó ingresado en el hospital y que atribuyeron a los excrementos de paloma.

Aun así, no es ni mucho menos la cuadrilla más precaria de su zona. En Tarazona no tienen agua corriente ni luz. "Imagínate cuando terminan una extinción de madrugada, se tienen que cambiar en la calle poniendo las luces del coche", añade Corrales. Y todavía peor es en Mesones de Isuela, donde la oficina es el campo de al lado del pueblo. "El punto de encuentro es la plaza del pueblo, y de ahí se van a la chopera. Si tienen que hacer un curso, lo dan ahí, al aire libre".

Casos como estos no son excepcionales. En zonas rurales de todo el país es habitual que los bomberos forestales que están de guardia pasen jornadas de diez horas en casetas sin electricidad ni agua potable, y mucho menos aire acondicionado. Además de incumplir las normas mínimas de salubridad, estas condiciones ponen en riesgo su salud porque tienen que lavarse y ducharse en casa, exponiéndose ellos y sus familiares al hollín y al cóctel de elementos cancerígenos que quedan adheridos a los EPI después de una intervención. En el caso de Borja, ni siquiera tienen váter y cuando necesitan ir al baño, van al campo.

Gloria Sánchez, bombera en el dispositivo de Castilla-La Mancha, señala que en su comunidad las vacantes de extinción que se abren en verano para la campaña de alto riesgo se cubren llamando a desempleados inscritos en la lista de empleo autonómica. Muchos de los aspirantes nunca han estado en un incendio.

"Con la precariedad de contratos que tenemos en GEACAM [la empresa pública de medio ambiente] se termina cogiendo a gente del SEPE y se les da un curso de extinción de incendios forestales", explica la bombera. "Por ejemplo, el año pasado dirigí una cuadrilla y tenía a un chico que entró por esta vía que no podía subirse al camión si yo no estaba, porque necesitaba vigilancia continua", añade.

Esto ocurre porque los sueldos tan bajos –a veces rozando el salario mínimo– que no hay candidatos para cubrir las plazas, a lo que se suma el requisito de vivir a 100 kilómetros del punto de reunión, lo que limita todavía más las contrataciones. En todo caso, no es una situación exclusiva de Castilla-La Mancha, sino que bomberos de otras comunidades autónomas han denunciado casos similares porque ponen en riesgo la vida de esa persona y del resto de compañeros.

Diego Fernández de Valderrama, bombero de Castilla y León destinado en Segovia, destaca otro de las quejas habituales, las de los vigilantes de incendios, que pasan toda su jornada en una torre que a menudo no tiene agua ni electricidad, y mucho menos aire acondicionado. En verano, esa salita acristalada alcanza fácilmente los 38ºC, y en invierno, puede bajar hasta los 8ºC.

"En La Pinilla se accede al puesto con una escalera de metal que no cumple con las exigencias de seguridad. Una vez arriba te pasas diez horas en una caja de cristal que solo tiene un estor para protegerte del sol", cuenta el forestal. 

"El dispositivo en Castilla y León es un desastre por todos los lados", sostiene Fernández, que recuerda que el puesto de vigilancia más importante de toda la comunidad, el de Sotillos de Sabero, que puede avistar incendios desde los Picos de Europa hasta Valladolid, lleva siete meses cerrado porque se cayó el techo y la Junta todavía no lo ha reparado. 

Alfonso Ferrero, bombero forestal de la Comunidad de Madrid contratado como personal laboral, comenta que este grupo, que es una minoría dentro del dispositivo regional, está indefinidamente sin trabajo y pasa el día en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, sin funciones.

Después de que la Comunidad de Madrid rompiese esta primavera las negociaciones para reconocer la categoría profesional de estos bomberos (clasificados formalmente en las categorías profesionales de conductores de taxi y técnicos de mantenimiento, aunque ejercen como bomberos forestales), este grupo de unos 30 efectivos rechazó acudir a sus retenes –sus puestos de avanzada– en señal de protesta y se mudaron a la sede de Las Rozas para trabajar desde allí. Sin embargo, como el Gobierno regional no les proporciona vehículos para acudir a los incendios, llevan un mes pasando allí sus guardias sin trabajo.

"En nuestros contratos pone que nuestro centro de trabajo es la Dirección de Emergencias, así que aquí venimos para que nos manden a donde haga falta, pero no nos dan medios para salir, así que aquí pasamos el día", cuenta Ferrero. También denuncia que las máscaras con las que trabajan llevan caducadas desde 2023 y que la comunidad no contabiliza los ciclos de lavado de sus trajes EPI, por lo que no hay manera de saber si también han caducado.

Un comunicado de una docena de comunidades autónomas ha sorprendido esta semana a las organizaciones de bomberos forestales, que llevan años reclamando precisamente a estas Administraciones salir del agujero de precariedad en el que están sumidos. Regiones como Castilla y León, Murcia, Aragón, Andalucía o Madrid, gobernadas por el Partido Popular, dicen estar "preocupadas ante el incumplimiento de la ley básica de bomberos forestales", y culpan al Ministerio de Trabajo de que se haya retrasado siete meses en su implantación, cuando son precisamente estas regiones las más señaladas por maltratar laboralmente a sus bomberos. Los sindicatos creen que es una maniobra de las consejerías para dilatar las negociaciones y evitar la implementación de las mejoras, que encarecerían los dispositivos.

Esta misma semana, Comisiones Obreras (CCOO) organizó una rueda de prensa para denunciar la precariedad en varias de estas comunidades. Para empezar, Castilla y León ha sido históricamente señalada por tener el cuerpo peor organizado del país, con alrededor del 70% de los efectivos subcontratados a empresas privadas, bases sin agua ni luz o falta de vehículos de extinción. Andalucía tiene retenes con el 50% de ocupación, en Murcia denuncian 12 años sin mejoras salariales, en Comunidad Valenciana hay un déficit de 250 bomberos y en Madrid, una parte del cuerpo lleva más de 1.000 días en huelga.

Sin embargo, estas doce comunidades (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) afean al Gobierno central que no haya cumplido hasta ahora su parte de la ley 5/2024. En ella, se daba un año al Ministerio de Trabajo para elaborar un reglamento de prevención de riesgos laborales para este colectivo, así como para establecer unas jornadas máximas diarias de trabajo y para actualizar el cuadro de enfermedades profesionales de los bomberos. Esos doce meses de margen terminó en noviembre de 2025 y las tres medidas siguen sin implementarse, de manera que esta temporada los bomberos seguirán trabajando con escasos avances frente al verano pasado.

La ley establece también que estas regulaciones se tienen que elaborar en coordinación con las comunidades autónomas porque comparten competencias, y es ahí donde empieza el lío en el que están sumidas las negociaciones. Las autonomías critican que el Gobierno no ha respetado el plazo legal de un año que se dio para poner en marcha los cambios y que no han sido consultadas durante el proceso.

Desde el Ministerio de Trabajo no dan crédito al comunicado donde las comunidades denuncian todo esto, difundido el pasado viernes al término de la última de las cuatro reuniones que han tenido lugar entre el Gobierno central y las consejerías sobre este asunto. "No entendemos esta reacción cuando las reuniones han sido en tono cordial y por ahora avanzan bien. Siempre hay puntos de fricción, pero para nada las negociaciones están paralizadas", afirman desde el gabinete de Yolanda Díaz. 

Las comunidades del PP que se han levantado contra el ministerio piden "reiniciar el proceso normativo" para garantizar que todas las autonomías puedan participar en él, una maniobra que alargaría indefinidamente las negociaciones y haría todavía más difícil implementar esas mejoras.

Afirman también que la versión actual del real decreto que maneja Trabajo "no incorpora suficientemente el conocimiento operativo de la extinción de incendios forestales, lo que podría provocar disfunciones relevantes en la gestión de emergencias (...), generando además inseguridad jurídica para los responsables operativos y de seguridad y salud laboral", aunque en la nota no explican qué puntos son los que preocupan del borrador.

CCOO, en la rueda de prensa de este martes, dijo que, de hecho, son las comunidades autónomas las que están torpedeando el proceso porque proteger a los bomberos significa más costes para las consejerías de Medioambiente debido a que habría que completar más turnos de trabajo, dar cursos de formación en riesgos laborales y costear más bajas por enfermedad. "Lo que se encuentra el Ministerio de Trabajo son trabas constantes. Hay un lobby de comunidades detrás que aspira a bloquearlo todo porque esto va de dinero. Cuantos más avances, más les van a costar los dispositivos".

José Manuel Alonso, portavoz de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF), también critica este intento de devolver la negociación a la casilla de salida por parte de las comunidades autónomas. "Es un bloqueo de un real decreto que vela por nuestra seguridad y nuestra salud. Y sabemos de sobra que las comunidades nunca quisieron que saliese adelante esta ley", opina.

El 21 de mayo terminó su último examen de primero de carrera. Estudia Matemáticas y ha logrado sacarlo todo, con buena nota incluso. Sabe que pagar su carrera es un esfuerzo doble para sus padres: no sólo es la matrícula, hay que sufragar la residencia, los gastos mensuales, el transporte, comer... Gastos que le permiten vivir sin grandes excesos, no es de los que se pueden permitir escapadas de fines de semana. Así que ha decidido que este verano va a trabajar: ya que no tiene que estudiar para ninguna recuperación, va a hacer su “hucha” para el año que viene.

Esta historia, real, de un chaval a punto de cumplir los 19 años, desmonta todos esos lugares comunes que han creado en torno a una generación que insisten en llamarla de cristal. Chicos y chicas a los que hemos dejado pocas posibilidades para poder creer que vivirán mejor que nosotros. Una generación que no acepta nuestros mismos códigos, nuestros mismos objetivos porque han visto que a nosotros nos ha funcionado de aquella manera. Una generación que denostamos porque no tienen las mismas prioridades que teníamos nosotros a su edad, pero es que tampoco pueden tenerlas: comprarse una casa es una quimera; independizarse suena a trampa; y ahorrar es algo que pasa muy pocos meses.

Pero es más fácil llamarles memos blanditos, como ha hecho esta semana el presidente de los empresarios manchegos. Se burlaba de su poco aguante, de que, ahora, se cogían bajas porque les había dejado la novia. Como si con eso demostraran ser poco, ¿qué?, ¿hombres? Como si priorizar su estado anímico les restara valía. Los duelos hay que comérselos, hombre. Los duelos los sufres en tu casa, en tu cuarto, a oscuras, escondido, para que nadie te vea. En la oficina, en el trabajo, pones buena cara, desconectas tu corazón y tu mente y pones el piloto automático para seguir con lo que tienes que hacer. Suena todo tan de otra época que agota...

Justo ahora que las empresas y grandes corporaciones buscan lo que se llama soft skills, aquellas habilidades que hablan más de la empatía de esa persona, de su capacidad para trabajar en equipo, de encontrar los mejores roles para cada proyecto, de entender que no es cuestión de conseguir buenos números sino de apostar y crear un propósito que haga a las empresas y a los negocios más globales, más humanos. Justo ahora, este señor se carga todo eso con dos frases y, lo peor, pone a toda una generación en la picota, volviendo a tirar de tópicos injustos. Muy injustos.

Tengo a muchos chicos y chicas de esa generación cerca. Que están peleando, a pesar de que lo tienen todo en contra por conseguir un futuro que se ajuste a su formación y a sus expectativas, las suyas, no las nuestras. Que tienen sus propias prioridades, entre ellas, la principal, ser felices. Con lo que tienen y con lo que hacen. Y que, en eso, nos están dando una lección. ¿A cuántos amigos, vecinos, gente de su edad escucha constantemente quejarse de que no tiene tiempo, de que vive estresado, cansado? Hemos normalizado un ritmo de vida y de estrés que no es sano. Y ellos, esa generación joven, tiene la valentía de poner por delante su bienestar emocional a todo lo demás. Si se tiene que coger una baja, señoro, sepa que luego volverá más centrado, más feliz, más seguro para poder afrontar las tareas que quiera encargarle. Igual debería de darle una pensadita a esa frase.

Este jueves, un trabajador de la construcción falleció en Madrid atrapado en una zanja; ayer, un operario murió al precipitarse desde 30 metros en el estadio Movistar Arena; el martes, un hombre que conducía un camión de basuras perdió la vida tras sufrir un accidente con el vehículo; el pasado sábado, otro trabajador de la construcción moría en Leganés al caer de una cubierta. Son cuatro casos en apenas una semana que se suman a los 142 fallecidos por accidente laboral que UGT contabilizaba a primeros de mayo en toda España. 

La semana trágica que cierra la Comunidad de Madrid “no es algo habitual”, explica Carlos Caminero, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, quien apunta que el año pasado fallecieron en la región 85 trabajadores, alrededor de una persona a la semana. Sin embargo, Caminero señala que es llamativa la prevalencia de accidentes mortales por caídas en altura, con respecto a lo sencillo que resulta poner medidas para evitarlo. “Siempre denunciamos que este tipo de situaciones tienen que evitarse y se tienen que poner los medios necesarios, que son muy, muy sencillos”, señala el responsable sindical. 

El trabajador fallecido el sábado en Leganés (al suroeste de Madrid) pertenecía a una subcontrata que estaba reparando una cubierta. El hombre fallecido al caer en el estadio Movistar Arena trabajaba en una empresa especializada que realizaba el mantenimiento de unas antenas para otra compañía. “En la mayoría de los accidentes de construcción que nos encontramos se trata de subcontratas que incluso llegan a estar contratadas por otras empresas que a su vez son subcontratas de la principal”, señala Caminero. Por eso desde las agrupaciones sindicales piden estrechar la vigilancia en los planes de coordinación para que todas se hagan responsables. "Hay una legislación clara de coordinación empresarial, pero nos encontramos muy a menudo con que en industria o construcción, la persona que termina sufriendo el accidente grave es de una subcontrata pequeña porque los trabajadores están más precarizados, tienen menos formación, menos medios y muchas veces van a destajo", resume el responsable de CCOO.

Aquí juega un papel la precariedad o la baja formación en algunas empresas, pero también, recuerdan desde los sindicatos, la externalización de las evaluaciones de riesgos. "Los servicios de prevención ajenos, que son los que contratan el 90% de las empresas de este país, no llegan a hacer la evaluación de riesgos obligatoria en muchos casos", señala Ruiz. De hecho, da un dato llamativo: de todas las empresas que tuvieron algún accidente mortal en 2024, un 36% no tenía hecha correctamente la evaluación de riesgos. Algo que se agrava en las empresas más pequeñas y con menos recursos.

La siniestralidad laboral en lo que va de año es "preocupante" y va más allá de una comunidad en particular, señala Patricia Ruiz, responsable de salud laboral de UGT. "Se produce un mantenimiento de los fallecimientos año tras año. Aunque hay variaciones a la baja y cambian los sectores afectados, se mantiene una estabilidad preocupante". De hecho, al revisar los datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos siete años no se ha bajado en ningún momento de los 700 fallecidos. 

En lo que va de año, la tendencia tampoco es halagüeña. En el primer trimestre, las muertes durante la jornada laboral en los centros de trabajo han aumentado un 11,5%, según los datos del sindicato. Con respecto al trimestre anterior, la evolución es de un 5%.

Si observamos las cifras de la Comunidad de Madrid, que es donde han fallecido estos cuatro trabajadores, en 2025 murieron 85 trabajadores, de los cuales 22 perdieron la vida in itinere. La mayoría (31) falleció por infartos o derrames cerebrales y el resto por accidentes como caídas o traumatismos. En lo que va de año, los datos hasta abril recogen 29 personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo.

"Hay un déficit de prevención en un doble ámbito. Por un lado, los riesgos clásicos como accidentes o caídas, que aumentan un 35% en 2026; por otro, todo lo que tiene que ver con infartos y derrames cerebrales, relacionado con el estrés, en este trimestre aumenta un 8%", señala Ruiz. En este último caso, los sindicatos señalan que faltan evaluaciones de tipo psicosocial adecuadas y que las empresas integren mecanismos para evaluar la salud mental en el trabajo.

Este es un problema que los sindicatos llevan tiempo demandando, ya que la ley de riesgos laborales vigente data de 1995 y no contempla las particularidades del mercado actual. De hecho, el Gobierno aprobó el pasado marzo un anteproyecto para reformar esta norma, y el texto está pendiente de pasar por el Congreso para su aprobación. "Hasta ahora, la salud mental y la incidencia de la tecnología están ausentes en la ley", concluyen desde UGT.

Pero el otro punto ciego es la incidencia que siguen teniendo las muertes por caídas, golpes o accidentes. Aquí ambos responsables hacen referencia a la necesidad de reforzar la inspección de trabajo para que se apliquen adecuadamente las obligaciones que ya están reconocidas en cada sector, porque son "fáciles de evitar". "Con más inspecciones y más sanciones, la siniestralidad bajaría", concluye Caminero. "En 1995 se registraban alrededor de 1.250.000 accidentes en España con y sin baja, pero en la actualidad nos movemos en casi 1,2 millones [concretamente, 1.163.047, según el Gobierno], eso nos dice que los accidentes de trabajo no se reducen", concluye Ruiz.

Para protestar por esta situación, UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Leganés, donde falleció el sábado uno de los trabajadores. Piden más medios para Inspección de Trabajo, evaluaciones de riesgos completas, más formación y que se obligue a las empresas a diseñar una planificación preventiva. "Que se adopten todas las medidas para que nadie pierda la vida por ir a trabajar", concluye el manifiesto conjunto.

La Asociación de Medios de Información (AMI), patronal de los editores de prensa diaria en España, ha presentado a los sindicatos una nueva propuesta para el VIII Convenio Colectivo estatal de Prensa Diaria que apenas modifica su oferta inicial: un incremento salarial del 0,5% –unos 7,8 euros brutos mensuales para el nivel 3, donde se concentra más del 80% de las plantillas– y una ampliación de jornada de 1.687,5 a 1.720 horas anuales. La reunión se celebró este martes, el mismo día en que varios de sus asociados participaban en el II Foro del Noroeste celebrado en Oviedo, donde la patronal presumía de avances en transformación digital, subidas en suscripciones y diversificación de ingresos.

CCOO, FesMC-UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) describen la propuesta como “absolutamente ridícula y desesperante”. Los tres sindicatos negocian desde hace meses la renovación de un convenio que rige las condiciones de trabajo de las redacciones que no tienen acuerdo propio, en su mayoría cabeceras regionales integradas en grupos como Prensa Ibérica.

La ampliación de jornada que propone la patronal —32,5 horas más al año— tiene una lógica explícita: evitar la acumulación de horas extras. Lo que no incluye la propuesta es adecuar los salarios del sector a la media estatal, que asciende a 2.618 euros brutos mensuales (31.416 anuales). Un redactor recién incorporado que aplica este convenio cobra 20.455 euros brutos anuales. Después de tres años de carrera, llega a 23.464 euros.

La oferta incluye además una propuesta para penalizar a los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal de forma recurrente. AMI quiere negociar fórmulas para que el complemento por esta causa se “minore” o “elimine” en caso de “reincidencia”. También se opone a que el plus dominical se perciba desde el primer domingo trabajado, en lugar del noveno, como establece el convenio actual.

Para justificar su posición, la patronal alega inestabilidad sectorial e incertidumbre ante el impacto de la inteligencia artificial. No menciona los 70 millones de euros que el Gobierno —con el aval de la Comisión Europea— destinará a financiar la digitalización de sus asociados, ni los más de 120 millones adicionales en ayudas y préstamos que, según UGT, suman un total superior a 190 millones de euros en distintas convocatorias.

Mientras la mesa negociadora se reunía en Madrid, representantes de los grupos integrados en AMI participaban en el II Foro del Noroeste en Oviedo, donde la prensa exhibía sus cifras de crecimiento digital. 

Los sindicatos han anunciado que trasladarán la propuesta a las plantillas para decidir los próximos pasos. El calendario de asambleas y movilizaciones que CCOO, UGT y FeSP tenían preparado sigue sobre la mesa.

UGT añade un dato que complica la posición de AMI en el contexto europeo: según una encuesta de UNI Europa, una federación sindical europea que agrupa a sindicatos del sector servicios, el 72% de los ciudadanos de la UE respalda que las ayudas públicas estén condicionadas a que las empresas beneficiarias mejoren las condiciones laborales de sus plantillas. El sindicato exige que la inversión de dinero público "se destine al fortalecimiento del tejido democrático, lo que implica garantizar salarios dignos".

Jaime Caro (Granada, 1993) es doctor en Historia Contemporánea y asesor del grupo político Sumar. Sin embargo, ha sido su experiencia en el incipiente movimiento sindical en Estados Unidos lo que ha motivado el libro que acaba de publicar: Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, 2026). Mientras estudiaba en Estados Unidos, Caro estuvo en contacto con los promotores del primer sindicato que se fraguó en la compañía de cafeterías Starbucks. Pero esta obra no habla solo de sindicalismo, también pone el foco en la sociedad norteamericana, en el rechazo histórico a este tipo de organizaciones, a las que ven como "una traición hacia la empresa". Se trata, en definitiva, de un libro que analiza la lucha obrera en los "buques insignia del capitalismo estadounidense" y donde también hay espacio para hablar de Amazon y de la industria de los videojuegos.

¿Cómo nace el libro?

Mi tesis doctoral era sobre la historia del socialismo en Estados Unidos y en las estancias que realicé contacté con los sindicatos que todavía seguían vivos. Me centraba en el Industrial Workers of the World, que es un sindicato centenario que tiene su mayor masa de militantes en Nueva York. Eso me llevó a conocer a la gente que hace una década comenzó a sindicalizar Starbucks y fracasó, pero que puso la semilla para que el intento se retomase con éxito en 2021.

¿Cómo se crea ese nuevo sindicalismo?

La historia comienza en Búfalo (Nueva York), con un sindicalista que venía de United Workers, que es el sindicato del motor, y que estaba descontento con la organización. Lo que hizo fue reclutar a ocho jóvenes, muy politizados, y planeó una estrategia de infiltración en Starbucks. Ellos no buscaban un empleo, sino intentar integrarse en la plantilla, hablar con sus compañeros, detectar cuáles eran sus carencias y buscar el momento idóneo para crear un sindicato.

Define a Starbucks como "capitalismo arcoíris", una empresa de valores liberales y progresistas, cercana al movimiento LGTBIQ+ o al Black Lives Matter. ¿Por qué el sindicalismo les inquietaba tanto?

En 2011 se decide crear un sindicato en esta compañía porque era un buque insignia del capitalismo estadounidense, pero también porque, al ser supuestamente "progre", debería reconocer a un sindicato más rápidamente. Sería como ponerla frente a un espejo.

Pero eso no pasó...

Pasó todo lo contrario. Comienza una campaña antisindical bastante grande que le lleva incluso a contratar a gente que había trabajado en recursos humanos de la CIA, el FBI y en la agencia Pinkerton, que es la mayor agencia antisindical que hay en Estados Unidos. Además, cuando las protestas del Black Lives Matter comienzan a cuestionar el sistema, entienden que ya no pueden controlar el discurso y se vuelven hostiles.

¿Y los trabajadores? ¿Qué cambia para que la sociedad se vuelva receptiva al sindicalismo?

En el momento en que la pandemia estalla y se encierra a la mayor parte de las personas en casa, son los trabajos más precarios los que se consideran esenciales. Estos trabajadores, que están jugándose la vida en el puesto de trabajo, comienzan a ser conscientes de la importancia de su actividad, a pedir medidas de seguridad y a preguntarse por qué no reciben compensaciones por riesgos o condiciones más dignas [...]. Por otro lado, la politización de los jóvenes estadounidenses, a través de otros movimientos como el ecologista, Black Lives Matter o LGTBIQ+, también ha tenido que ver.

Es paradójico que, mientras en EEUU la afiliación sindical crece, en España baja. ¿A qué cree que se debe?

Dentro de nuestra sociedad el sindicalismo ha perdido el relato. Es decir, ahora mismo no vas a un sindicato a mejorar tus condiciones de trabajo; la gente no considera que organizarse en un sindicato vaya a conseguir que mejore su posición laboral. De hecho, ahora mismo los sindicatos en España tienen tan poca vida interna que funcionan casi como asesorías, es decir, te apuntas cuando tienes un problema o necesitas que te asesoren. Y al perder esa vida interna, no han conseguido conectar con los jóvenes.

Dice en un momento del libro que el nuevo sindicalismo "nace de los márgenes". ¿Qué significa eso?

La izquierda, que había tenido el conflicto capital-trabajo como el eje definitorio, se tiene que ir a los márgenes tras la derrota del sindicalismo en los 80, y márgenes son el movimiento antirracista, el movimiento LGTBIQ+ y otros similares. Pero este nuevo sindicalismo es también una síntesis con el sindicalismo de toda la vida. En España es posible que gente que viene de las luchas de vivienda o LGTBIQ+ se integre en los sindicatos tradicionales y pueda cambiarlos desde dentro. Un ejemplo es la confluencia de luchas [formada por CNT, CGT, Ecologistas en Acción, manteros y el Sindicato de Inquilinas] que se presentó el otro día en Madrid, como un intento de integrar distintas voces.

También hay quien lee esto como una disolución del sindicalismo...

Es el debate famoso de la trampa de la diversidad, que se interpretó como que estas luchas alejaban a la izquierda de lo que ha sido su centro de gravedad, que ha sido el conflicto entre capital y trabajo. En Estados Unidos ese debate nunca se ha dado porque desde hace ya un siglo resolvieron que o todas las luchas se salvaban o ninguna se salvaba. Por lo tanto, todas las luchas tienen que ir juntas.

Reina Isabel Tejada toma el expediente y lee: "Diagnóstico de síndrome de hombro doloroso derecho secundario a ruptura parcial del supraespinoso e infraespinoso y tendinitis glenohumeral".

Levanta la mirada y traduce: “Esta obrera tiene una discapacidad parcial permanente del 32%”. 

Éste es tan solo uno de los 900 expedientes médicos con 900 historias de trabajadoras de empresas internacionales en Honduras que fabrican ropa para exportar. Lo que en ese país llaman maquilas. Reina está en una pequeña oficina en un barrio de Choloma, una ciudad de unos 300.000 habitantes, donde la industria textil es la principal actividad económica: todos tienen algún familiar trabajando ahí. 

Es la oficina de la Colectiva de Mujeres Hondureñas, la CODEMUH, liderada por María Luisa Regalado desde 1989, una mujer que aprendió a leer y escribir a los 22 años, y unas décadas después recibió el premio Lideresa de Derechos Humanos otorgado por la embajada de Canadá en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. La CODEMUH no es la primera organización que lidera María Luisa. Incluso siendo analfabeta, creó una de mujeres campesinas. Con los años, ayudó a que obreras con discapacidad adquirida por el trabajo ganaran juicios laborales y percibieran una idemnización o incluso una pensión. 

Pero el mayor de los logros de la organización y de María Luisa es que las mujeres sepan cuáles son sus derechos, que reclamarlos no es de “haragana” (vaga), ni de loca, que las pueden reubicar en otros puestos para que las enfermedades que les genera ese tipo de trabajo no empeoren. “Fue muy duro escuchar a mujeres que trabajaban en maquilas. Cómo podían trabajar 12 o hasta 24 horas. Eran mujeres del campo, eso me conectaba mucho a mí”, dice hoy la dirigente, que a pesar de no haber trabajado nunca en la maquila, sintió que ahí estaba su lucha.

La ropa que se produce en Honduras se exporta al mundo, sobre todo a Estados Unidos, y las empresas que contratan a estas mujeres son gigantes de la industria de otros países, como Canadá y también Estados Unidos. Se instalan en Choloma, en San Pedro Sula, en Villanueva, con beneficios por parte del Estado, no pagan impuestos, y emplean a jóvenes durante años hasta que dejan de ser productivas.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística de Honduras sobre comercio exterior, casi la mitad de lo que Honduras exporta va a Estados Unidos. Europa, por su parte, representa en promedio el 15,5% (449,1 millones de dólares) del total de las exportaciones hondureñas. Los principales productos son el café, el banano y los textiles. 

En el caso particular de España, según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), entre 2018 y 2024 cerca del 6% de lo que exportó Honduras a este país fue ropa.

Esta industria tiene un impacto masivo en la economía nacional: representa el 25% del PIB si se suma el consumo intermedio de bienes y servicios locales.

Choloma concentra casi el 80% de la actividad maquiladora del país. La empresa más nombrada por trabajadoras y especialistas en esa ciudad, y que tiene gran parte de la producción textil, es Gildan Activewear, de Canadá, que produce 18 marcas como Gildan, American Apparel, Comfort Colors, GOLDTOE y Peds, y emplea a unas 50.000 personas en 12 países. 

Las marcas que se producen van desde American Apparel, Fruit of the Loom o Calvin Klein a Nike y Adidas, que incluso lo comunican en sus propias páginas web de transparencia. 

Nike, por ejemplo, publica un mapa interactivo donde se puede ver por país cuáles son las empresas proveedoras. En Honduras son cuatro, de las cuales dos están en Choloma: Gildan Hosiery Rio Nance S. de R. L, y Gildan Textiles de Sula S de R L.

Adidas tiene una lista de sus proveedores principales y subcontratistas, donde aparecen muchos países, entre ellos Honduras, con la maquila Pinehurst Manufacturing GMBH. 

En el mismo documento figuran los proveedores de procesos húmedos que, según explican, son aquellos que requieren un uso intensivo de agua, como el teñido y el acabado de materiales. En ese listado aparece, de nuevo, Gildan Textiles de Sula, S. de R.L., ubicada en Choloma.

La organización Maquila Solidarity Network publica listados de las marcas y sus proveedores, donde se puede buscar por marca qué empresas son las que producen sus prendas. 

“Nosotras siempre dejamos claro, no estamos en contra de la fuente de empleo, no estamos en contra de la maquila, sino de la forma en que se implantan estas transnacionales en nuestro país. Pensando más en fortalecer sus capitales, sus ganancias a costa de la destrucción del cuerpo y la vida de las mujeres y también de los hombres que trabajan en esta industria maquiladora”, dice Reina Tejada, que luego de conocer a la CODEMUH estudió abogacía para defender los derechos de sus compañeras. 

¿Cuál es esa forma que menciona la abogada? En la maquila se trabaja en "celdas de producción", un término que remite más a lo carcelario que a una empresa textil. Así, unas deben presionar a las otras, hay rivalidad. “A esta haragana quítemela, no quiere producir”; “Haragana, muévase como se movía anoche”; “No ves que por vos vamos a perder la meta”. 

La producción se organiza en módulos: grupos de trabajadoras y trabajadores que comparten una meta colectiva y donde cada una realiza una operación muy específica dentro de la cadena de ensamblaje de una prenda. “La meta que nosotras teníamos que hacer era 479 docenas de prendas por día. En total son más de 1900 docenas a la semana. Trabajamos de lunes a jueves”, dice Fanny Mejía.

En la entrevista en la oficina de la CODEMUH, Fanny, de tan sólo 33 años, se para y muestra las secuelas, los daños de este modo de trabajo, y cuando habla siente que es como una terapia, que se desahoga. Lleva 15 trabajando, y ya cuenta con un largo historial de enfermedades laborales: “Padezco de tendinitis crónica con inflamación en el acromio en el hombro derecho y tengo una leve tendinitis en el hombro izquierdo. Y también tengo una rectificación cervical y una lumbalgia crónica”. Dice, ahora, que si Dios le diera la oportunidad de volver a nacer, la maquila sería lo último que buscaría. Pero también piensa que, con su padre que sólo hizo primer grado, y su madre cuarto grado, con bajos recursos económicos, quizá no le quedaría otra opción.

Fanny explica que en los últimos meses, su módulo –su grupo de trabajo– pasó de ser de 19 a 16 personas, pero la meta de producción sigue siendo la misma. Para compensar, le asignaron a las trabajadoras que quedaron dos operaciones en lugar de una. Por ejemplo, dice, una compañera que antes solo cerraba manga ahora también cierra cuellito: en 40 minutos tiene que completar 48 docenas de una operación y en 20 minutos, 10 docenas de la otra. Esto ocurre incluso con trabajadoras que ya tienen problemas musculoesqueléticos. 

Para el doctor mexicano Luis Manuel Pérez H. Pantoja, especialista en salud laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, la explicación es estructural. El modelo maquilador, dice, surge a nivel mundial como una forma de aumentar la tasa de ganancia, y lo logra con bajos salarios y jornadas prolongadas. La jornada 4x4 –cuatro días de trabajo, cuatro de descanso– que se presentó como un beneficio, en la práctica significó mantener la misma meta de producción en menos días. “Ahora los equipos tienen que producir lo mismo con un día menos de trabajo”, explica. Y lo que enferma no es el movimiento en sí: “Es la cantidad de movimiento y la intensidad con la que se hace”. 

Según el informe Negociando colectivamente por el trabajo decente y digno de mayo de 2022, realizado por el Dr. Mark Anner, publicado por el Centro de los Derechos Laborales Globales de Penn State y el Center for Global Workers’ Rights (CGWR), el 56% de los trabajadores de la maquila hondureña están empleados en una jornada de trabajo 4x4 o 4x3. Bajo tal horario, trabajan de 11 a 12 horas por día. “Durante los días que no están trabajando, otro turno de trabajadores ingresa a la fábrica. Esto permite a los propietarios de las fábricas mantenerlas funcionando las 24 horas del día sin tener que pagar horas extras”, explica el informe.

Ese documento a su vez menciona las enfermedades: “La intensidad del trabajo impulsada por este sistema de metas de producción, junto con los turnos largos, son las principales causas de los problemas relacionados con la salud ocupacional”. 

Pero no siempre existió el reconocimiento de lo que generaba esta forma de trabajo en el cuerpo de las mujeres. El primer hito fue en 2012, cuando la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, de México, llevó adelante un estudio sobre la salud de las trabajadoras de la maquila hondureña. El informe final vino a validar desde el ámbito científico lo que las obreras y la CODEMUH venían diciendo hace tiempo: que más del 60% tienen trastornos musculoesqueléticos ocupacionales. Estos se definían como “enfermedades o lesiones que afectan al aparato locomotor: músculos, tendones, esqueleto, bursas, cartílago, sistema vascular, ligamentos y nervios que son causadas o agravadas por la exposición laboral a factores de riesgo”.

También recogía el informe que casi el 50% tiene ansiedad, depresión, y distrés –un estado de estrés prolongado tanto en su duración diaria como a través del tiempo–. Y que a más años en la maquila, más daño: quienes llevan más de 13 años tienen una tasa de trastornos musculoesqueléticos de 70%.

Además, el informe habla de que el 87% realiza movimientos repetitivos de manos o abre excesivamente los dedos, y la espalda y los hombros son las zonas más afectadas, y que el 76% está encorvada o con el cuello flexionado. Que más de 8 de cada 10 repiten el mismo movimiento cada 30 segundos o menos, lo que se considera alta repetitividad. Y que solo el 8% trabaja jornadas de 8 horas.

El estudio se hizo en conjunto con la CODEMUH, se capacitó a las trabajadoras para hacer las encuestas a sus compañeras afuera de los parques industriales de Choloma, San Pedro Sula, Villanueva y La Lima. Lo llevaron a cabo mediante un estándar utilizado a nivel internacional para salud laboral: el cuestionario nórdico escandinavo de molestias musculoesqueléticas Kuorinka. ¿Ha tenido molestias en el cuello, en los hombros, en la dorsal o lumbar, en el codo? ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses? ¿A qué atribuye estas molestias? Con estas y otras preguntas, las propias trabajadoras relevaron a más de 520 compañeras de 49 empresas en cinco parques industriales, indagando sobre calidad de vida y trabajo doméstico, condiciones de trabajo, riesgos y exigencias laborales y niveles de depresión ansiedad y estrés.

Las respuestas confirmaron que el 78% no se levanta de su lugar de trabajo durante toda la jornada, que el 72% llega antes del horario para adelantar producción, que el 58% no habla con sus compañeras, que el 45% acorta el tiempo del almuerzo, y que el 40% no toma agua para no ir al baño. “Las condiciones de trabajo no han mejorado. Al contrario, han empeorado”, dice hoy el doctor Luis Manuel Pérez H. Pantoja, uno de los autores del estudio de la universidad mexicana.

Antes de 2012, sin el documento en sus manos como respaldo, María Luisa Regalado debía convencer personalmente a los médicos de que estos problemas no eran mentales, y que las trabajadoras estaban sufriendo. "Las máquinas viejas se dañan y se enferman" –le dijo un médico de un hospital de Choloma, hablando de los padecimientos de las trabajadoras. "No estamos hablando ni de máquinas ni de viejas. Estamos hablando de mujeres y jóvenes" –respondió ella.

Fanny Mejía lo sabe: es joven y ya tiene el cuerpo dañado: “Ellos ahora lo mandan a uno con el psicólogo y lo mandan con el psiquiatra, ya que ellos dicen de que nuestros padecimientos son mentales, que es algo que nosotras como que nos imaginamos porque nos estresamos demasiado, nos preguntan que si tenemos problemas personales”.

Pero no, no son problemas personales. En 2024, en su informe de sostenibilidad, Gildan Activewear reconoce que hubo un aumento en las lesiones laborales en Honduras. La compañía reporta un aumento de “lesiones de manos en nuestras instalaciones textiles en Rio Nance, Honduras, relacionadas con el manejo de equipos y herramientas”.

Sobre los problemas de salud de las trabajadoras, Guillermo Matamoros, gerente de la Asociación Hondureña de la Maquila, en una llamada desde Ginebra, Suiza, en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), participando de una reunión técnica sobre inteligencia artificial en la manufactura, dice: "Bueno, es un trabajo que sí tiene algunos factores de repetitivo, pero no es algo que sea crucial, no, no creo que ése sea el tema, algunas organizaciones dicen que sí hay, pero la industria aborda eso de manera muy seria y responsable".

Las maquilas emplean a trabajadoras cuando tienen de 18 a 25 años, máximo: “Y estas personas le dieron toda una vida, 20, 25 años de laborar, a empresas que después los dejan con discapacidades –dice Reina Tejada–, porque no nacieron con esas discapacidades, sino que las adquirieron producto del trabajo que realizan en la maquila por la forma en que se organiza el trabajo”.

Tener 30 años para una obrera de la maquila es ser vieja. “Por tener ya arriba de 30 años, arriba de 25 años hoy en día ya uno no lo contratan. O sea, si yo me salgo de la maquila, yo ya no puedo trabajar”, dice Fanny, y es el único momento de la entrevista en que llora.

“Al principio, solo queríamos que se respetaran nuestros derechos. Luego, la situación adquirió unas dimensiones que no habíamos imaginado”. En septiembre y octubre de 2025, Béatrice*, regidora de exteriores en cine, estuvo en huelga durante ocho semanas durante el rodaje del largometraje Quasimodo. La película, anunciada como el próximo gran éxito francés de Netflix (cuyo estreno está previsto para este otoño), está dirigido por Jean-François Richet, quien dirigió, entre otras películas, un díptico sobre el gánster Jacques Mesrine, que le valió el César al mejor director en 2009.

La larga huelga mantenida durante este rodaje, aunque limitada por el número de personas afectadas, es sintomática de las tensiones que se cristalizan hoy en día en una industria cinematográfica cada vez más frágil.

Mediapart se ha reunido con los cinco huelguistas de este proyecto producido por Radar Films, todos ellos miembros del “equipo de decoración”. Como regidores de exteriores o asistentes, se ocupan de la organización material de los rodajes fuera del estudio: búsqueda y alquiler de objetos, gestión de atrezos y coordinación de los medios logísticos necesarios para las escenas.

Los huelguistas describen condiciones de trabajo agotadoras, numerosas horas extras y retrasos en la firma de sus contratos, todo ello agravado por una falta de consideración. Han acudido a la jurisdicción laboral para reclamar la reconversión de sus contratos temporales en contratos indefinidos, el reconocimiento de la interrupción de su trabajo como un despido nulo durante una huelga, así como el pago de las horas extraordinarias. Contactada por Mediapart, la productora no ha respondido.

“Con el rodaje de Quasimodo no estamos descubriendo nada realmente nuevo; son situaciones que existen desde hace muchos años”, afirma Nicolas Yassinski, delegado general del sindicato Spiac-CGT. En el sector audiovisual francés, varios indicadores apuntan a una drástica disminución del número de contrataciones y una precarización del sector.

Un informe del Senado ya alertaba en 2023 del incumplimiento de la legislación laboral y de las tablas salariales en el sector. Es en este contexto se multiplican las movilizaciones por parte de los trabajadores del sector audiovisual y del cine.

Para los huelguistas, fueron las horas extras no pagadas las que colmaron el vaso. “69 horas para Béatrice, 20 para Daphné, 64 para Mélanie, 40 para Léa y 110 para mí”, en un periodo de entre cinco y 15 semanas, enumera Louis*, regidor de exteriores.

Afirman haber alertado a la dirección, que les habría “acusado de mentir o de organizarse mal, cuando algunos tienen 20 años de experiencia”. Un cuestionamiento que contrasta con la realidad de su implicación: “Empezamos meses antes del rodaje, somos los invisibles del cine”, dice Béatrice.

Todos afirman haber empezado a trabajar sin contrato. Béatrice y Louis dicen que “empezaron en mayo y firmaron en junio”. Son métodos de otra época: “Era habitual hace 15 años, pero hoy ya no”.

Además de estos retrasos, una parte de los huelguistas también cuestiona el marco contractual. “Me habían hablado de una película de ficción”, cuenta Béatrice. Pero descubrieron que se les aplicaba el convenio colectivo del sector audiovisual, menos favorable que el de la producción cinematográfica. Tras presentar una reclamación, se les abonó una prima a modo de compensación.

En cambio, en cuanto a las horas extras, la producción habría extraído una norma específica del convenio colectivo del cine, aplicando el sistema de horas de equivalencia, que prevé tres horas de presencia no remuneradas a la semana en un rodaje.

En julio, Béatrice envió un correo electrónico a la producción para pedir explicaciones y enumerar los problemas. En él mencionaba también que había firmado enormes cheques de fianza para algunos decorados —de hasta 22.000 euros—, mientras otros habían firmado cheques de entre 5.000 y 10.000 euros. No recibió respuesta por escrito, pero se ganó una bronca del primer asistente.

“Iniciamos la huelga el lunes 22 de septiembre, pensando que pronto se encontraría una solución”, recuerda Louis. A los regidores se les unen tres asistentes de escenografía. “No se nos respetaba”, justifica Léa*, una de ellas.

Inmediatamente se inician conversaciones con la producción. Tres días después llega una propuesta: pago de las horas extras de rodaje, un refuerzo en la dirección de producción, pero no la creación de un puesto de coordinador, que era lo que reclamaban los huelguistas. “Nos dieron a entender que, dado que no habíamos conseguido todo lo que pedíamos, seguramente no volveríamos al trabajo”, cuenta Béatrice. “Cuando lo que nunca quisimos fue parar”, insiste Louis.

La huelga se prolongó hasta el 22 de octubre. A partir de comienzos de ese mes, los trabajadores afirman también haber perdido el acceso a sus herramientas de trabajo, recuperadas por la producción. De ahí surgieron las sospechas de que habían sido sustituidos por otros trabajadores. Acudieron a la Inspección de Trabajo, que indicó no poder hacer declaraciones “para no perjudicar las investigaciones”. Al ser preguntada sobre todos estos puntos, Radar Films no respondió.

No obstante, la producción pagó los salarios correspondientes a todos los días de huelga. “Actúan como si no hubiera pasado nada en este rodaje”, comenta Louis. No no ha sido así. La movilización ha tenido cierta repercusión en el sector. Sobre todo porque, en septiembre, otro regidor de exteriores, Julien Joanny, rompió el silencio para denunciar en dos cartas abiertas las condiciones de trabajo en el rodaje de la película Les Rayons et les Ombres (Luces y sombras), de Xavier Giannoli.

Desde septiembre, la Asociación de Decoradores de Cine (ADC) organiza mesas redondas con todas las asociaciones, sindicatos y colectivos del sector. Desde entonces, se celebran reuniones para dar voz a las quejas de los trabajadores de base de la industria cinematográfica.

“Al inicio de las conversaciones, tuvimos la impresión de que los miembros de la ADC descubrían en parte nuestras condiciones de trabajo: fue una especie de electroshock”, cuenta una portavoz de la asociación Métiers associés du décor (Oficios asociados a la decoración, MAD). Pero desde “el inicio de la segunda ronda”, hace unas semanas, el sentimiento es más ambivalente: parecen perfilarse pocos cambios concretos. “Esta iniciativa y sus conclusiones no cuentan con el apoyo unánime de la ADC, pero al menos han permitido una amplia movilización y han sacado a la luz problemas comunes”, señala la asociación.

Sobre el terreno, en cualquier caso, “se nota un cierto revuelo desde el inicio de las conversaciones”, observa una portavoz de MAD. Un revuelo que se traduce en algunos avances, como la creación de partidas presupuestarias para las horas extras en algunos rodajes o el acuerdo de las productoras para cumplimentar hojas de control de horas de trabajo.

El Spiac-CGT también participa en las conversaciones con varias reivindicaciones. “El respeto del Código Laboral, de los convenios colectivos y una mejora de las condiciones de trabajo”, resume Nicolas Yassinski. Para él, la situación denunciada en el rodaje de Quasimodo demuestra que “los trabajadores ya no están dispuestos a dejarse pisotear por las productoras”, pero también que “incluso en proyectos bien financiados, las dificultades persisten: no es una cuestión de medios, sino de voluntad por parte de las productoras”.

Por parte de los huelguistas, las expectativas respecto a estas mesas redondas siguen siendo limitadas. Siguen esperando un cambio real en las prácticas, resumido sencillamente por Béatrice: “Que nunca más tengamos que movilizarnos solo para reclamar que se respete el Código Laboral”.

* Nombre ficticio

Traducción de Miguel López

La manifestación central del Primero de Mayo, que este año se ha celebrado en Málaga, ha finalizado poco después de las 14.00 horas con la reclamación de los sindicatos UGT y CCOO para mejorar los salarios, poner solución al "polvorín social" de la vivienda y defender la paz mundial, informa EFE.

La marcha ha terminado con la intervención de los secretarios generales de los dos grandes sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, quienes han remarcado la necesidad de repartir la riqueza, aumentar los salarios y poner una solución al importante problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

Los sindicatos, que cifran la participación en unas 20.000 personas, han resaltado el carácter internacional que ha tenido este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en Palestina, Gaza, Ucrania e Irán, y han expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean "las mujeres y los hombres", ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando" y ha avanzado que si los precios siguen al alza, las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

Por su parte, Unai Sordo ha asegurado que "no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes" y ha considerado que la subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias. Ha calificado como "un escándalo" la situación de la vivienda, que "condena" a la juventud: "Es un polvorín social", ha dicho.

En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de cien manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo, bajo el lema "Derechos, no trinchera. Salarios, vivienda y democracia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los avances conseguidos en los derechos de los trabajadores y ha destacado que estos han sido compatibles con unos niveles de creación de empleo récord. "Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano", ha destacado en un mensaje en redes sociales donde felicita el Primero de Mayo.

Sánchez apunta que España es el país de la Unión Europea que más crece, con 22 millones de personas ocupadas y un salario mínimo que duplica el de hace tan solo una década. "Hemos avanzado mucho subiendo el SMI, reduciendo la temporalidad, con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", añade.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que en España se va a seguir avanzando en derechos laborales y en protección social "sin dar un paso atrás". Saiz, que ha participado en la manifestación central, ha dicho a los periodistas que continuarán trabajando para que España "siga siendo un país próspero, de la mano del diálogo social". Ha recordado que "ha costado mucho llegar hasta aquí" y ha afirmado que se va a "garantizar" el crecimiento.

La oposición ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de convertir el trabajo en "una carrera de obstáculos" y ha asegurado que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

En un vídeo difundido a través de la red social X, Feijóo ha señalado que el 1 de Mayo es el día de todos los trabajadores, pero especialmente "de los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes", criticando que el Ejecutivo gane más "cuando las familias llegan con menos".

España necesita un cambio, ha dicho, "para devolver el sentido del esfuerzo" y por eso el PP hará "que valga la pena volver a trabajar"

Con la mirada puesta en la cuestión habitacional, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

Díaz ha lanzado un mensaje "alto y claro" para defender a quienes "levantan España con sus manos". Ha rechazado la "resignación" y ha pedido que la gente salga a movilizarse porque "los derechos se ganan en las calles también", y ha enviado "un mensaje de optimismo" porque el Gobierno va a "seguir trabajando para defender a la clase trabajadora" y, en materia de alquileres, lo van a "volver a hacer".

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para luchar por el derecho a la vivienda y para que el decreto "sea permanente". En el inicio de la manifestación que recorría el centro de Barcelona, Urtasun aseguraba, en declaraciones a los periodistas, que "hoy salimos a la calle con el derecho a la vivienda como cuestión central".

Sillas vacías en plena calle y una gran pancarta con el lema “Hasta que se retire” colgada en la fachada. ¿Una acción más de Greenpeace contra TotalEnergies o contra las políticas ecocidas del Gobierno? No exactamente. Desde hace un mes, numerosos empleados y activistas de la ONG ecologista han emprendido una lucha contra su propia dirección.

Denuncian el plan de despidos anunciado a mediados de marzo, cuyo objetivo es reducir en una cuarta parte la plantilla de Greenpeace Francia. Es decir, la supresión de 33 puestos de trabajo. El miércoles 29 de abril, los sindicatos convocaron una concentración frente a Greenpeace seguida de una asamblea general abierta al público. Una forma de ampliar la lucha para aumentar la relación de fuerzas en un conflicto social que se está volviendo explosivo.

Todo comienza el 10 de marzo, cuando la dirección anuncia a los órganos de representación del personal un plan de despidos (denominado oficialmente PSE, por Plan de Salvaguarda del Empleo). Este se justifica por las dificultades económicas de la ONG, que ha visto cómo el crecimiento de las donaciones se ralentizaba en los últimos años, sin poder absorber ya el aumento de los gastos. Y es que la “generosidad del público” constituye el único recurso de la asociación, que no recibe ninguna subvención pública.

Según documentos internos consultados por Mediapart, la dirección de Greenpeace Francia prevé un grave aumento del déficit en los próximos años. En los últimos cuatro ejercicios, la ONG ha cerrado tres con un ligero saldo negativo: una media de 300.000 euros de déficit en tres años, menos del 1% de sus ingresos.

Pero los presupuestos previstos y comunicados a la plantilla son bastante alarmistas. En 2027, el déficit superaría los 4 millones de euros y la situación se repetiría en los años siguientes. Según estas previsiones, la asociación agotaría en solo tres años los cerca de 11 millones de euros de tesorería de los que dispone actualmente.

Esta situación económica preocupa mucho a los empleados. De hecho, los resultados pasados y actuales de Greenpeace no son especialmente malos. La tesorería sigue siendo sólida. En el conjunto de los últimos ocho años, la ONG ha obtenido 6,4 millones de euros de resultado neto positivo.

“Llevamos años escuchando esta suave melodía austeritaria por parte de la dirección, sin que se nos facilite toda la información. Pero la realidad es clara: aunque su crecimiento disminuya, los ingresos siguen aumentando. Son los gastos los que se disparan. No es señal de una crisis económica, sino de una mala gestión”, critica Mickaël*, miembro del comité de empresa (CE).

Por parte de la dirección explican que en septiembre de 2025 se produjo un gran cambio. “La asociación se ve gravemente debilitada por una decisión sin precedentes del Tribunal de Casación de septiembre de 2025. Esta decisión supone un golpe brutal a uno de los pilares históricos de la recaudación de donativos para la asociación”, dice un comunicado. El tribunal declaró ilegal el uso de los contratos temporales habituales en la asociación.

Porque la ONG utilizaba, a nivel interno, este tipo de contrato, muy flexible, para realizar la recaudación de donativos “cara a cara” en la calle. Un método que hasta ahora constituía una gran parte de sus ingresos. De ahí que el cuestionamiento judicial de ese modelo sea motivo de preocupación para los próximos años.

Al tener que externalizar o recurrir a contratos indefinidos a tiempo parcial anuales, la recaudación cara a cara resultará más costosa. Y, dado el clima sombrío que se vive en el sector asociativo, la dirección cuenta con “unas perspectivas de recaudación más bajas”, según se puede leer en un documento interno.

“De esta situación se derivan unas previsiones plurianuales muy preocupantes […], hasta el punto de que, si no cambiamos nada, nuestras reservas se agotarán en 2029 para cubrir los déficits, lo que provocará la desaparición pura y simple de Greenpeace Francia”, asegura la dirección a Mediapart.

Con estas previsiones en mente, la dirección presenta el plan de despidos. Los empleados se han quedado “estupefactos”. “Entendíamos que había dificultades económicas, pero nunca habría imaginado un plan de despidos así, de la noche a la mañana”, confiesa Louis*, empleado desde hace varios años en Greenpeace.

Más que la situación financiera, es el método lo que indigna. “Somos conscientes de las dificultades financieras a las que se enfrenta nuestra organización desde hace varios años. […] Sin embargo, a pesar de que tenemos en cuenta la situación financiera, denunciamos el marco y los métodos en los que la dirección impone este plan social”, escriben 103 empleados de la organización en una carta abierta.

Y, además, el anuncio del plan de despidos se produce cuando está vacante la dirección general de Greenpeace. Tras la salida de Jean-François Julliard en otoño de 2025, fueron nombradas tres personas codirectoras generales de forma interina, antes de la reciente llegada de la nueva directora general, Charlotte Schneider.

“El anuncio del plan es, evidentemente, un momento muy difícil para cualquier organización, y más aún para Greenpeace, donde el colectivo es un valor fundamental que genera una gran cercanía y solidaridad entre todas y todos”, justifica Laurence Veyne, una de las codirectoras interinas. “Pero este tipo de plan está muy limitado jurídicamente. No podíamos hablar de ello antes de presentarlo a los órganos de representación del personal”.

Un argumento legalista que no cuaja. “Es una forma neoliberal de concebir el trabajo y la toma de decisiones. Parece que estuviéramos escuchando a los peores directores generales de grandes multinacionales”, critica un miembro de la asamblea estatutaria de Greenpeace Francia, un órgano de gobernanza que actúa de enlace entre los activistas voluntarios y el consejo de administración.

Para él están “gravemente pisoteados” los valores de “horizontalidad y gobernanza compartida” inherentes a la ONG. Lucas*, un empleado, tiene la misma sensación: “Que no haya habido ninguna concertación previa, ninguna reflexión colectiva, es tan escandaloso como la brutalidad de este plan de despidos”.

Una disonancia bastante compartida por todas las personas que aceptaron testificar ante Mediapart, pero que la nueva directora general parece no escuchar. En un correo electrónico dirigido a todos sus equipos, Charlotte Schneider se muestra molesta por estas críticas recurrentes.

“Leo y oigo mucho que, una vez conocida la situación, se deberían haber elaborado escenarios en colaboración con todas las comunidades. Una vez más, estoy perpleja. ¿De verdad creen que no hemos explorado todas las opciones antes de llegar a esto?”, escribe.

Un poco más adelante en el mismo correo, asume: “Un plan de despidos no se elabora conjuntamente, pero las medidas de acompañamiento, sí. […] Es lógico que este tipo de medidas, dolorosas, sean responsabilidad de la dirección, que asume las consecuencias y respeta el diálogo social y el derecho laboral”.

Es una respuesta frontal, sintomática de un conflicto que se enreda cada vez más en Greenpeace. Desde hace una semana, numerosos activistas voluntarios han decidido suspender toda forma de acción para la ONG. “Consideramos que no se dan las condiciones para llevar a cabo acciones bajo la bandera de Greenpeace, de acuerdo con los valores que defiende Greenpeace”, escriben los activistas.

“Se trata solo de algunos voluntarios. También sabemos que muchos quieren seguir y han comprendido perfectamente que, sin medidas drásticas, lo que está en juego es la propia existencia de Greenpeace”, replica Laurence Veyne.

Para intentar calmar la revuelta, la dirección anunció a principios de mes la puesta en marcha de “espacios de reflexión conjunta [destinados a] todos los empleados, sin miembros de la dirección general”. Espacios muy bien aprovechados: “Nos hemos organizado bien para intentar encontrar el máximo de soluciones para preservar el mayor número posible de puestos”, dice una empleada.

Pero otros se desilusionan rápidamente. En un correo electrónico dirigido a la dirección, los empleados solicitan una “aclaración” del proceso: “El marco propuesto habla de ajustar el plan de despidos. ¿Qué significa ajustar?” Respuesta de la dirección: “Las propuestas o ajustes han de tenerse en cuenta en la planificación actual del plan de despidos, ya que cualquier aplazamiento podría provocar un fuerte agravamiento del déficit. El consiguiente desfase en la planificación podría dar lugar a la necesidad de más despidos para recuperar el equilibrio”.

Algo que indigna a Louis*. “Esto es como la farsa de la Convención Ciudadana por el Clima de Macron. Un mecanismo para adormecer a las personas movilizadas”.

Para los empleados, la cuestión del calendario es fundamental. “Nuestra principal reivindicación, además, claro está, de la retirada del plan, se refiere a los plazos. Queremos conseguir un aplazamiento del calendario de seis meses, para disponer de tiempo real para debatir y estudiar alternativas”, explica Quitterie Czupryna, delegada sindical de Asso-Solidaires, el sindicato mayoritario en Greenpeace. La dirección ha concedido un plazo de unas semanas. “No se puede esperar más, dada la urgencia de la situación”, asegura Laurence Veyne.

Una presión desesperante, pues, además del método, el contenido del proyecto de plan de reestructuración presentado también es objeto de fuertes críticas. De hecho, se mantiene la gran mayoría de los puestos más altos —y, por tanto, de los salarios más elevados—. Los dos niveles jerárquicos más altos de Greenpeace representan cerca del 20% de la plantilla actual de la asociación.

En el plan presentado, solo el 6% de los puestos suprimidos (dos puestos) corresponden a esas categorías. Por el contrario, el 48% de los puestos suprimidos (16 puestos) afectan a los cuatro niveles más bajos, cuando estos solo representan el 26% de la plantilla de Greenpeace. “Asumimos el hecho de mantener a directivos con experiencia que asumen muchas tareas operativas y que también acompañan y apoyan a sus equipos”, explica Charlotte Schneider.

“Para mí, estamos ante un clásico conflicto de lucha de clases. Los más ricos, los que tienen el poder, deciden despedir a los más pobres”, critica el miembro de la asamblea estatutaria. “¿Por qué deberían ser las y los empleados ‘subalternos’, que no han decidido nada, quienes sufran las consecuencias perdiendo su empleo?”, se pregunta la intersindical Solidaires-CGT en un folleto difundido internamente.

En este contexto ya de por sí tenso, una información ha avivado el enfado de muchas personas. Los empleados se han enterado de que las tres codirectoras habían recibido un aumento salarial del 15% durante su interinidad, que finalizó oficialmente, al igual que el aumento, el 23 de abril.

“[Este aumento] respondía al hecho de desempeñar una doble función durante los meses de ausencia del director general. […] Pero me sorprende la instrumentalización de este símbolo para denigrar y poner en duda la honestidad de las tres codirectoras, que hoy se encuentran física y moralmente muy afectadas por las acusaciones vertidas”, escribe la nueva directora general en el correo electrónico enviado a los equipos de Greenpeace.

Las cantidades de este aumento son insignificantes en comparación con el ahorro que persigue el plan de despidos. Pero el símbolo, evidentemente, ha sentado muy mal.

Los sindicatos denuncian otro elemento del plan. Según ellos, el 75% de los representantes de personal y miembros activos de las secciones sindicales verían suprimido su puesto. Un punto que preocupa profundamente y que ha llevado a la codelegada general de Solidaires, Murielle Guilbert, y a la cosecretaria nacional, Julie Le Mazier, a escribir directamente a Charlotte Schneider. Un gesto simbólico, cuando la unión sindical Solidaires y Greenpeace llevan años luchando juntos en el seno de la Alianza Ecológica y Social.

“Nos preguntamos si esta constatación [de suprimir numerosos puestos de representantes electos o sindicalistas] no proyecta una imagen poco ‘social’ de la organización”. “No es en absoluto nuestra intención”, responde Laurence Veyne. “El plan de despidos se centra en los puestos, no en las personas. Hemos tratado de preservar los puestos que permitirán a Greenpeace seguir llevando a cabo campañas y tener impacto”.

“Queremos que se respete la democracia social, las asambleas generales de trabajadores y de representantes del personal: de hecho, es la condición para que el rescate de la organización no se haga en detrimento de los trabajadores de la asociación”, dicen los sindicalistas.

Algunos ya lo asumen: si llevan a cabo el plan de despidos, abandonarán la asociación. “Me desvincularé por completo. No tengo nada en común con la dirección, no defendemos lo mismo. ¿Cómo pretender defender la vida cuando no se es capaz de cuidar de las personas? Si el proyecto llega hasta el final, será la muerte de Greenpeace”, critica Mila*, una activista voluntaria histórica de la asociación.

Incluso entre los empleados que se han librado del plan de despidos, la cuestión surge cada vez con más fuerza. “Para mí, este plan de reestructuración pone en peligro la esencia misma de lo que es Greenpeace: una asociación militante, radical y de desobediencia civil. El único departamento que gana puestos en la reorganización presentada es el de recursos humanos. Eso dice mucho de lo que la dirección quiere construir en el futuro”, confiesa Lucas, visiblemente afectado.

Antes de plantearse marcharse, asegura que quiere “hacer todo lo posible” para que la dirección dé marcha atrás en el plan de despidos. Una postura ampliamente compartida en la asociación, aunque los métodos difieran, porque hay conflictos históricos que enfrentan a una parte de los empleados con la sección sindical.

“Esta lucha genera un momento de solidaridad interna fuerte, aunque no todo el mundo comparta las mismas formas de acción”, añade el empleado. Cartas abiertas, acciones en la sede, huelgas, peticiones, asambleas generales, fuerte implicación en los espacios “autogestionados de reflexión conjunta”, búsqueda colectiva de soluciones… En los últimos días no faltan las iniciativas.

El objetivo planteado es claro: “salvar a Greenpeace”. Aunque los métodos y las soluciones sean contradictorios, el objetivo, al menos, es compartido unánimemente en la ONG.

* Nombres ficticios

Traducción de Miguel López

Hay una brecha salarial que ya no cabe en una nómina. En España, un director general de una gran empresa gana en un año lo que una persona trabajadora con sueldo medio tardaría casi un siglo en cobrar.

Según el informe Working for the rich. The Growing Divide Between Workers and Fat Cats, elaborado por la ONG Oxfam Intermón y la Confederación Sindical Internacional (CSI) con motivo de la reivindicación del Primero de Mayo, la remuneración de los directores generales de las mayores empresas del mundo creció en 2025 un 11% en términos reales (descontando el efecto de la inflación), frente al 0,5% del salario real medio de las personas trabajadoras. Es decir, aumentó 20 veces más rápido.

El análisis estudia 1.500 grandes firmas de 33 países y concluye que un alto directivo ganó de media 8,4 millones de dólares en 2025, entre salario y bonificaciones. Una persona trabajadora media necesitaría 490 años para alcanzar esa cantidad.

La brecha se agranda al observar los últimos años: entre 2019 y 2025, los salarios reales de las personas trabajadoras cayeron un 12%, mientras que la remuneración de los directores generales aumentó un 54%. Según Oxfam y la CSI, esa pérdida equivale a haber trabajado 108 días sin cobrar desde 2019.

En España, la remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas aumentó un 16% en el último año. En 2025, esos altos directivos ganaron 98 veces el sueldo medio del país.

“La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanza unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales”, señala Miguel Alba en el informe, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam.

La organización enmarca estos datos en una economía en la que el valor generado se reparte cada vez menos entre quienes trabajan y cada vez más entre accionistas, directivos y grandes patrimonios: desde 2019, la productividad global ha aumentado un 9%, mientras los salarios reales han caído un 12%.

El informe también pone el foco en los dividendos. Oxfam y la CSI identificaron las carteras de inversión de cerca de 1.000 multimillonarios, y calcularon que en 2025 recibieron 79.000 millones de dólares en dividendos, unos 2.500 dólares por segundo.

De media, un multimillonario ganó más en dividendos en menos de dos horas que lo que una persona trabajadora percibe con su salario durante todo un año. Entre los mayores pagos figuran Bernard Arnault, propietario de la cadena de bienes de lujo LVMH, con 3.800 millones de dólares, y Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 3.700 millones.

Estos datos muestran que los beneficios empresariales no solo remuneran la inversión, sino que concentran poder económico en manos de una minoría. La riqueza de los milmillonarios alcanzó en 2026 un nuevo máximo histórico tras aumentar cuatro billones de dólares en únicamente 12 meses.

En España, la riqueza de los multimillonarios creció un 29,5% en el último año y equivale ya al 13,8% del PIB. En 2026 hay 44 multimillonarios, nueve más que en 2025, mientras la riqueza neta media de los hogares creció apenas un 3% entre finales de 2022 y finales de 2024. 

La concentración de riqueza también se refleja en la organización del trabajo. Oxfam presentó en 2024 una denuncia ante Naciones Unidas contra Amazon y Walmart por presuntas vulneraciones de derechos humanos vinculadas a vigilancia laboral, lesiones, presión sobre los ritmos de trabajo y obstáculos a la organización colectiva. 

Otro informe de la ONG, At Work and Under Watch: Surveillance and Suffering at Amazon and Walmart Warehouses, señala que el 72% de los trabajadores de almacén de Amazon y el 67% de los de Walmart afirmaron que la velocidad a la que trabajan es medida en detalle por tecnología de la empresa “siempre” o “la mayor parte del tiempo”.

El mismo documento recoge que el 75% de los trabajadores de Amazon y el 74% de los de Walmart dijeron sentir presión para trabajar más rápido. Más de la mitad aseguró que el ritmo de producción les dificulta ir al baño, y alrededor de la mitad declaró sentirse quemado por el trabajo.

Este informe, vinculado directamente al de los altos directivos y sus sueldos, muestra que la desigualdad no aparece solo en el reparto de salarios, bonus y dividendos. También se construye durante la jornada laboral, en la capacidad de una empresa para imponer ritmos, medir pausas, debilitar la organización colectiva y trasladar beneficios hacia arriba. 

Oxfam Intermón y la CSI sostienen que el problema no es solo económico. La acumulación extrema de riqueza también aumenta la capacidad de los superricos para influir en la política, los medios de comunicación y las reglas del mercado.

El informe cita la séptima ola de la Encuesta Mundial de Valores, correspondiente al periodo 2017-2022, para señalar que una parte relevante de la ciudadanía percibe que los ricos tienen capacidad para condicionar elecciones en sus países. 

La CSI desarrolla esta idea en Corporate Underminers of Democracy 2025, donde identifica a varias grandes compañías como ejemplos de poder corporativo que, según la organización, vulnera derechos sindicales y humanos, concentra poder industrial y ejerce una intensa presión política.

La confederación incluye en esa lista a Amazon, Meta, SpaceX, Palantir, Anduril, Northrop Grumman y Vanguard, y las presenta como síntomas de un fenómeno más amplio: grandes corporaciones que protegen sus beneficios mientras debilitan derechos laborales y mecanismos democráticos.

“Este análisis pone al descubierto cómo una élite económica está capturando la democracia y sus consecuencias para la clase trabajadora”, afirma Luc Triangle, secretario general de la CSI en el documento. A su juicio, las grandes corporaciones debilitan la negociación colectiva mientras altos ejecutivos y accionistas se apropian de una parte creciente de la riqueza generada. 

Ante este escenario, Oxfam y la CSI reclaman una mayor fiscalidad sobre las grandes fortunas, límites vinculantes a la remuneración de los directores generales, actualización de los salarios mínimos conforme a la inflación y fortalecimiento de la negociación colectiva.

También plantean reforzar los cortafuegos entre riqueza y política, con normas más estrictas sobre financiación de campañas, presión de los lobbies y concentración mediática. La idea de fondo es que, cuando el dinero se concentra, también se concentra la capacidad de decidir.

“Estas medidas, además de redistribuir los ingresos, pueden crear economías que recompensen el trabajo, inviertan en las comunidades y hagan rendir cuentas a los poderosos”, defiende Alba. 

El Primero de Mayo suele hablar de empleo, salarios y derechos laborales. El informe añade otra pregunta: ¿Quién se queda con la riqueza que produce el trabajo? Y su respuesta es clara: cada vez más, quienes están arriba corren a una velocidad que el resto no puede seguir.