Las elecciones en Japón no solo dejaron un triunfo arrollador para la primera ministra, Sanae Takaichi. A falta de que se publiquen los resultados definitivos este lunes, el conteo no oficial muestra que dos partidos hasta ahora minoritarios dieron la sorpresa: el antiinmigración Sanseito y el Team Mirai de un experto en inteligencia artificial (IA), informa EFE.

Estas dos nuevas formaciones de ideología opuesta, la primera bajo el lema Japón primero y la segunda No alimentar la división, han multiplicado sus resultados en la Cámara Baja del Parlamento según el recuento de la cadena pública NHK, gracias a una búsqueda de alternativas políticas.

Liderada por el ingeniero de IA Takahiro Anno, el partido Team Mirai (o 'Equipo futuro' en japonés) pasaría de no tener representación en la Cámara Baja a obtener 11 escaños en las elecciones de este domingo, un éxito que consigue igualar a partidos tradicionales apenas nueve meses después de su creación oficial.

"Nos convertimos en una opción para quienes creen que un recorte del impuesto al consumo es innecesario", expresó Anno en declaraciones a la cadena pública NHK tras las primeras estimaciones de voto, que ya le auguraban un gran avance.

Esta formación fue la única que rechazó acabar con el impuesto al consumo, la propuesta electoral faro de Takaichi a la que se adherieron el resto de partidos con ligeros cambios. Team Mirai, que hasta ahora solo contaba con un escaño en la Cámara Alta del Parlamento obtenido en 2025, eligió enfocarse en reducir las pensiones o aplicar deducciones fiscales por hijo.

El partido defiende un futuro tecnológico, orientado en la robótica e inteligencia artificial como solución a la escasez de mano de obra que está sufriendo el país, considerado como el más envejecido del mundo con casi un tercio de su población mayor de 65 años.

En el extremo opuesto, el partido ultraderechista Sanseito consolidó su ascenso con un total de 15 escaños según NHK, frente a los dos que detentaba hasta ahora en la Cámara Baja, aunque aspiraba a lograr 30.

Creado en 2020 por Sohei Kamiya e inspirando en el movimiento America First del presidente estadounidense, Donald Trump, el partido defiende un retorno a la esencia nacional frente al aumento de extranjeros y turismo que ha experimentado Japón en los últimos años.

Entre sus políticas se cuentan la de limitar el número de extranjeros y el turismo, dificultar la obtención de la residencia, o su desacuerdo contra matrimonios del mismo sexo, unas posturas que han encontrado un gran respaldo en las redes, donde el partido nació y creció, con el voto joven como gran aliado.

Ya se ha aplicado en Venezuela, en el mar Caribe y en el interior de Estados Unidos y se aplicará en otros lugares, pero lo preocupante es que ese anuncio implica que el imperio de la ley queda abolido, porque su aplicación ha resultado fallida, según los redactores de la ESN. Queda atestiguado el fin del mundo con reglas. 

El objetivo de tal reinstauración es asegurar la preeminencia de Estados Unidos desde el Ártico hasta la Antártida, es decir también sobre Groenlandia y Canadá; la preeminencia implica también, como se resalta en la ESN, “negar a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas y otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”. 

Las actuaciones concretas a realizar por Estados Unidos en el hemisferio se concretan en el plano militar, reconsiderando la presencia militar en el hemisferio, y en el plano político-económico. 

La Marina y la Guardia Costera adquieren una importancia relevante “para controlar las rutas marítimas, impedir la inmigración ilegal y el tráfico de personas y drogas”. Si ya hemos visto el despliegue de la Marina estadounidense en el Caribe, podríamos ver el mismo despliegue en los alrededores del Cabo de Hornos, en la costa groenlandesa, o frente a las costas panameñas o nicaragüenses. 

Piensan, también, los estrategas estadounidenses que es necesario “un reajuste de nuestra presencia militar global para abordar amenazas urgentes, así como realizar despliegues específicos para asegurar las fronteras y derrotar a los carteles". 

Se encomienda además a las Fuerzas Armadas estadounidenses “establecer el acceso a ubicaciones estratégicamente importantes", hay que entender que se refiere a cualquier punto del hemisferio occidental sea o no territorio estadounidense, si es necesario para la citada preeminencia en el Hemisferio. 

La importancia que la ESN otorga a las actuaciones militares en todo el mundo conllevarán sin duda un incremento importante del gasto global de los Estados Unidos, aquejado de un fuerte endeudamiento, pero nada se dice en el documento sobre este aspecto.  

Quieren los redactores de la ESN que otras naciones del hemisferio consideren a Estados Unidos como su socio predilecto a través del “reclutamiento de líderes regionales que puedan contribuir a una estabilidad en la región” y mediante “la diplomacia comercial para fortalecer nuestra economía e industria, utilizando aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”. 

Insiste la ESN en que Estados Unidos debe convencer a sus posibles socios de las ventajas de acuerdos con ellos, eliminando los costes ocultos en espionaje y seguridad que acuerdos con otros competidores conllevan, y recuerdan: "Los términos de nuestra alianzas y los términos bajo los cuales se puede tener acceso a cualquier tipo de ayuda deben estar condicionadas a la reducción de influencias externas adversarias, desde el control de instalaciones militares, puertos e infraestructuras clave para la compra de activos estratégicos”. 

La obsesión de los redactores de la ESN por eliminar la influencia de otros competidores en el hemisferio, les lleva a resaltar que “competidores no hemisféricos han realizado importantes inversiones en nuestro hemisferio tanto para perjudicarnos en el presente, como estratégicamente en el futuro. Haberlo permitido ha sido un error”. 

Pese a resaltar lo anterior, se reconoce que “cierta influencia extranjera será difícil de revertir, dadas las alianzas políticas entre ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos actores extranjeros”. 

Estados Unidos debe hacer todo lo posible para expulsar a las empresas que construyen infraestructuras en la región, según los redactores de la ESN, se entiende que empresas de esos actores extranjeros. 

El apartado dedicado a Asia en la ESN lleva el subtítulo “ganar el futuro económico y prevenir la confrontación militar". La lectura del documento nos aclarará qué entienden los redactores del documento por dicho subtítulo. 

Lo que se puede afirmar es que el protagonista del apartado es siempre China de forma directa o indirecta. Los redactores del informe dejan claro que haber permitido el desarrollo de China fue un error achacable a las administraciones estadounidenses anteriores, por lo que en la actualidad Estados Unidos debe alentar a Europa, Japón, Australia, Canadá y México a adoptar políticas comerciales que contribuyan a "reequilibrar la economía china hacia el consumo doméstico”, es decir, impedir su expansión mundial, “ya que el Sudeste asiático, América Latina y Oriente Medio no pueden absorber por sí mismas el enorme exceso de capacidad de China”. 

China ha dedicado 1,3 billones de dólares de su superávit comercial a préstamos a sus socios comerciales y eso debe terminar, vienen a decir los redactores del ESN. Europa, Japón, Corea del Sur poseen activos externos de 7 billones de dólares y deben reemplazar a los prestamistas chinos . 

Opinan también los redactores del documento que se debe poner fin a ciertas prácticas como estrategias industriales predatorias y dirigidas por el Estado; robo de propiedad industrial a gran escala y espionaje industrial; amenazas contra nuestras cadenas de suministro... No hace falta señalar quién ha sido el villano. 

El déficit por cuenta corriente estadounidense es insostenible, señalan los autores de la ESN, y por eso es necesario reequilibrar las relaciones comerciales globales. Además de incrementar la cooperación con Australia y Japón, Estados Unidos debe mejorar la relación con India y con todos los socios del Indopacífico cuyo PIB nominal es la tercera parte del mundial y crecerá notablemente en este siglo. 

Se ha comentado que la acción ilegal de Estados Unidos en Venezuela era un mensaje para China en el sentido de que podía hacer lo mismo en Taiwán. Nada más lejos de la intención de los redactores de la ESN. 

Taiwán es fabricante de semiconductores, pero su importancia estratégica radica en que proporciona acceso directo a la segunda cadena de islas y divide al noreste y sudeste asiáticos en dos frentes distintos. Dado que un tercio del transporte marítimo mundial pasa actualmente por el mar de China meridional pasa, es indudable la importancia estratégica de la isla, según los estrategas de Trump. 

[Las cadenas de islas en el Mar de China son estrategias defensivas y ofensivas, la primera constituida por Japón, Taiwán y Filipinas que busca contener la proyección naval de China hacia el Pacífico, mientras que la segunda –Marianas, Guam y Palaos– es una línea más profunda para frenar a China si se rompe la primera].  

Se trata de un asunto que exigiría una mayor profundidad de análisis, pero lo sustantivo es que la Estrategia de Seguridad Nacional resalta que “es prioritario disuadir un conflicto por Taiwán. Estados Unidos no apoya ningún cambio en el Estrecho de Taiwán; para ello es necesario construir un ejército capaz de rechazar cualquier agresión a cualquier punto de la primera cadena de islas”, y los estrategas estadounidenses piensan que es mejor no hacerlo solos por lo que solicitan a Japón y Corea del Sur que aumenten su gasto militar. 

El objetivo estratégico es impedir cualquier intento de apoderarse de Taiwán. 

Si el objetivo estadounidense es estrangular China económicamente y reducir su capacidad militar, es de temer que un conflicto a gran escala está servido.  

Puedes leer aquí la primera parte de este análisis sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.  

Son algunas de las áreas naturales protegidas más valiosas y frágiles del planeta. La Gran Barrera de Coral en Australia, con sus peces multicolores. La Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala —la selva tropical más grande de América Central—, hogar de jaguares, monos y cocodrilos. O los pantanos del Bajo Ogooué en Gabón, refugio de especies en peligro de extinción como elefantes e hipopótamos.

Estos santuarios de la biodiversidad tienen una cosa en común: aunque deberían permanecer libres de toda actividad industrial, en ellos hay infraestructuras petroleras y gasísticas. En total, 7.000 zonas de este tipo enfrentan este problema, según revela la investigación Fueling Ecocide, realizada por 13 medios de comunicación internacionales y coordinada por el colectivo de periodistas Environmental Investigative Forum (EIF) y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC). Entre esos medios está infoLibre, que publica en exclusiva esta investigación en España.

En este proyecto de un año de duración, se han comparado 315.000 zonas incluidas en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés) con datos geoespaciales de 15.000 licencias de petróleo y gas en 120 países, facilitados estos últimos por el proveedor industrial Mapstand. La investigación revela el verdadero alcance de la amenaza que las empresas petroleras y gasísticas, incluidas grandes empresas europeas como Shell, ENI y TotalEnergies, suponen para la biodiversidad en todo el mundo.

Según el análisis, 3.164 permisos de producción y exploración de petróleo y gas invaden 7.021 áreas protegidas ubicadas en 99 países. Esto representa un total de 694.000 km² cedidos a las empresas petroleras, un área más grande que países enteros como España o Francia. En algunos casos, las superposiciones son parciales, pero la mitad de estas áreas protegidas están totalmente cubiertas por licencias de hidrocarburos.

Esta situación pone en peligro áreas cruciales para el futuro climático, como las selvas tropicales de Indonesia, el Amazonas o la cuenca del Congo o varias reservas de manglares repartidas por Tanzania, Guinea-Bissau o Malasia, así como áreas marinas clave, incluido el mar del Norte de Europa.

Aunque solo una pequeña parte de esos 690.000 km² que se solapan con áreas protegidas están realmente cubiertos por instalaciones de petróleo y gas sobre el terreno, todas estas licencias representan una amenaza real o potencial para la biodiversidad. Leave it in the Ground (LINGO), una ONG que ha publicado numerosos informes sobre el tema, pidió "la prohibición inmediata de la exploración y extracción de combustibles fósiles en áreas protegidas y conservadas a nivel mundial".

Las licencias de exploración cubren 387.000 km² de áreas protegidas, más que la superficie de Alemania. Estos permisos ya pueden incluir infraestructuras y pozos de exploración. En las áreas marinas protegidas se pueden utilizar tecnologías para cartografiar los yacimientos submarinos, lo que daña diversas formas de vida marina en el proceso.

Luego están los permisos cuyo estado no está disponible en los datos de Fueling Ecocide. Y, por último, las superposiciones de licencias de producción de petróleo y gas, las que crean el mayor riesgo, que siguen siendo de un tamaño considerable, cubriendo 74.000 km² de áreas protegidas, una superficie similar a la de Irlanda.

Por impresionantes que puedan parecer, estas cifras están subestimadas, ya que los datos de 16 países, entre ellos importantes productores de petróleo como Canadá, Irán y Venezuela, eran inconsistentes y no se han podido incluir en el análisis de la investigación.

Contaminación del aire, el suelo y el agua, deforestación, daños a especies en peligro de extinción: en muchos casos, la destrucción ya está en marcha, tal y como documentan las ONG y observan sobre el terreno los reporteros de Daraj e InfoCongo, medios parte del equipo de Fueling Ecocide.

En Túnez, el mar está contaminado por fugas de petróleo procedentes de plataformas marinas en la zona protegida de las islas Kerkennah, un humedal de importancia internacional protegido por la Convención de Ramsar. También conocida como 'La Convención sobre los Humedales', la Convención de Ramsar fue adoptada en 1971 por casi el 90% de los Estados miembros de la ONU, y proporciona el marco para la conservación y el uso racional de estas zonas y sus recursos.

En la República del Congo, parte de la reserva de Tchimpounga, un santuario para los chimpancés centroafricanos, se está transformando en una zona industrial debido a una mina de potasa y un pozo de petróleo perforado por empresas chinas. "El equilibrio ecológico está amenazado: la fauna silvestre se está retirando a zonas menos protegidas, el suelo se está degradando y las vías fluviales corren el riesgo de contaminarse", afirma Placide Kaya, ingeniero forestal y activista medioambiental congoleño.

En Irak, cinco yacimientos petrolíferos propiedad de grandes empresas como TotalEnergies, ENI, BP y CNPC están contribuyendo a la desecación y contaminación de los humedales protegidos y antaño exuberantes del sur del país. Esto ha tenido consecuencias dramáticas para el medio ambiente y la fauna silvestre, así como para la población local, que ya no puede ganarse la vida con la pesca y la ganadería. Según Daraj, la situación ha empeorado desde la llegada en 2023 de la petrolera china Geo-Jade, cuyas operaciones están invadiendo los humedales de Hawizeh, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las zonas más afectadas son principalmente aquellas reconocidas internacionalmente como las más importantes para el planeta. El análisis de Fueling Ecocide muestra que dos tercios de la superficie global afectada se encuentra en áreas protegidas reconocidas internacionalmente: sitios de la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), humedales Ramsar, tierras indígenas y áreas Natura 2000 de la Unión Europea. Son alrededor de 6.300 áreas protegidas. El resto solo gozan de protección a nivel nacional.

La UICN y la UNESCO recomiendan prohibir las actividades petroleras y gasísticas en sus áreas protegidas. La UICN ha aprobado una resolución en la que se compromete a no autorizar actividades relacionadas con los hidrocarburos en las áreas protegidas de su lista, pero se trata de un acuerdo no vinculante jurídicamente. Un informe de la UNESCO de julio de 2025 muestra que hay actividades extractivas en el 24% de los sitios que esta agencia de las Naciones Unidas ha inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial.

"Los sitios del Patrimonio Mundial cubren menos del 1% de la superficie terrestre, pero albergan una quinta parte de la riqueza de especies del planeta", asegura un portavoz de la UNESCO a Fueling Ecocide. La producción de hidrocarburos en estas áreas podría provocar "daños ambientales irreversibles, socavar los medios de vida locales, erosionar las cualidades únicas que han valido a estos sitios el reconocimiento mundial [...] y poner en peligro los objetivos mundiales de biodiversidad", añade.

Los científicos advierten de que se está produciendo una "extinción masiva" de especies vivas. Y mientras los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuerza impulsora del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad también "exacerba los efectos del cambio climático", según el Consejo Científico de la COP15 sobre Biodiversidad.

De hecho, la extracción de petróleo en áreas protegidas contradice las ambiciones del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (GBF, por sus siglas en inglés) adoptado en la COP15 por 196 países en 2022. El GBF estableció el objetivo de proteger el 30% de la superficie del mar y la tierra del planeta para 2030, en comparación con el 17,6% y el 8,4%, respectivamente, que se da en la actualidad.

"El tratado del Marco Mundial de la Diversidad Biológica es legislación internacional. El gran fallo de este tratado es que no existe ningún mecanismo para garantizar su cumplimiento, a diferencia del Acuerdo de París [el tratado internacional destinado a combatir la crisis climática], que puede incluir multas. Esto es un gran problema para los ecosistemas", explica Stephen Woodley, ecólogo y consultor de la UICN. "La aplicación del derecho internacional en materia de medio ambiente sigue siendo débil: la responsabilidad recae en los distintos Estados", añade Antonio Tricarico, de la ONG ReCommon.

En este contexto, las empresas de hidrocarburos pueden eludir fácilmente sus responsabilidades medioambientales. "El valor mismo de las empresas petroleras se basa en su capacidad para asegurar los activos de producción futuros. Esta lógica de crecimiento es intrínsecamente incompatible con la transición ecológica", afirma Tricarico.

La investigación muestra que 763 empresas petroleras operan al menos un permiso que se superpone con un área protegida. Si tenemos en cuenta únicamente las licencias para producción, cuatro de las 10 primeras que más superficie de áreas protegidas ocupan son europeas. La anglo-holandesa Shell ocupa el tercer lugar, principalmente debido a sus yacimientos marinos situados en áreas protegidas del Mar del Norte. Las otras tres son las francesas Perenco y TotalEnergies —quinta y séptima— y la italiana ENI —novena—.

Varias de esas empresas, entre ellas Perenco, Energy Development Oman y la empresa emiratí Adnoc, no aplican ninguna política de "prohibición". En sus informes anuales, Shell, TotalEnergies y ENI solo se comprometen a no operar en sitios de la UNESCO, por lo que se permiten perforar en todas las demás áreas protegidas.

Ni siquiera esta mínima promesa se cumple siempre. Shell opera activos que se solapan con dos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO: la Gran Barrera de Coral en Australia y el Mar de Wadden en los Países Bajos. La empresa se ha negado a hacer comentarios ante las preguntas de Fueling Ecocide.

TotalEnergies también tiene acciones en una planta de GNL en la Gran Barrera de Coral, mientras que ENI tiene una licencia de exploración ubicada dentro de una Reserva de la Biosfera de la UNESCO: el Área Marina Protegida de Marawah en los Emiratos Árabes Unidos, que cubre 4249 km². Este archipiélago de una docena de islas, rodeado de arrecifes de coral y salpicado de bosques de manglares, alberga la segunda colonia más grande del mundo de dugongos, un mamífero marino en peligro de extinción. La extracción comercial de gas aún no ha comenzado, pero la exploración de nuevos pozos ya está muy avanzada y ENI anunció el descubrimiento de un importante yacimiento en 2022.

La empresa petrolera nacional de los Emiratos Árabes Unidos, Adnoc, cuarta en la clasificación, opera tres licencias de petróleo y gas en la misma zona. Una de ellas, Gasha, uno de los mayores proyectos de hidrocarburos del mundo, abarca una cuarta parte de la reserva de Marawah. Actualmente en construcción, este enorme proyecto incluye 11 islas artificiales, pozos, oleoductos y muelles de embarque. "Operamos bajo estrictos controles medioambientales y contamos con un historial probado de protección de la naturaleza y la biodiversidad", respondió Adnoc a esta investigación.

Ninguna de las empresas publica datos geográficos que permitan verificar sus actividades en áreas protegidas. Las grandes empresas que cotizan en bolsa, Shell, ENI y TotalEnergies, publican una lista de los solapamientos de sus licencias con estos lugares. Aun así, para el caso de estas tres grandes empresas, Fueling Ecocide ha descubierto casos de solapamientos no declarados. 

ENI, que solo informa de las licencias de explotación, enumera 32 solapamientos en su informe anual de 2024, mientras que nuestra investigación identificó 68 licencias de la empresa que se solapan con áreas protegidas. 

TotalEnergies informa de 12 proyectos que se solapan con áreas protegidas, lo que corresponde a 28 licencias según nuestros cálculos, mientras que nuestro análisis identificó 69 de esas licencias solapándose con áreas protegidas. 

La principal explicación de estas superposiciones que faltan es que las empresas no tienen en cuenta las licencias de exploración y solo informan de sus actividades situadas dentro de algunas áreas reconocidas internacionalmente, incluidas las categorías 1 a 4 de la UNESCO, Ramsar y la UICN, a pesar de que la UICN recomienda que no haya actividad industrial tampoco en las categorías 5 y 6, menos sensibles.

ENI respondió que parte de la diferencia se debe también a su metodología, que excluye las instalaciones de producción de hidrocarburos que no "se encuentran efectivamente dentro del área de intersección con un área protegida". Sin embargo, ENI reconoció implícitamente la ausencia de información detallada, señalando que "la norma ESRS E4 'Biodiversidad y ecosistemas' exige la comunicación de información a nivel agregado. Esto significa que los informes no requieren la descripción de cada activo o concesión individual".

Cuando se le preguntó sobre los solapamientos no comunicados, Shell volvió a negarse a hacer comentarios. TotalEnergies adoptó la misma metodología y respondió que nuestras cifras "no reflejan la realidad sobre el terreno", ya que corresponden a "las intersecciones teóricas de las licencias con las áreas protegidas, a pesar de que solo una pequeña parte de la superficie de estas licencias está cubierta por infraestructuras".

En Uganda, cerca de las orillas del lago Albert, TotalEnergies, su socio chino CNOOC y la compañía petrolera nacional de Uganda UNOC son propietarios de las licencias Tilenga y Kingfisher, un enorme proyecto petrolero asociado a un oleoducto de 1.443 kilómetros denominado EACOP. Las obras de construcción sobre el terreno están muy avanzadas y se prevé que la producción comience en 2026.

Tilenga, explotado por TotalEnergies, se encuentra en gran parte dentro del Parque Nacional de las Cataratas Murchison, un sitio excepcional de la UICN y Ramsar, que alberga más de 140 especies de mamíferos salvajes (antílopes, leones, elefantes, hipopótamos, jirafas, etc.), algunos de los cuales están en peligro de extinción. El proyecto es muy criticado por varias ONG ecologistas, que han demandado a TotalEnergies en Francia por supuestos daños ecológicos, algo que la empresa niega.

Según nuestros datos, las licencias de Tilenga cubren el 10% del Parque Nacional Murchison Falls, es decir, 373 km². TotalEnergies afirma que su infraestructura solo ocupa el 0,03% del área protegida, es decir, solo 1 km². El grupo afirma que tiene en cuenta "la huella física de las instalaciones y su área de influencia", pero se ha negado a explicarnos su metodología exacta.

El análisis de imágenes satelitales realizado para Fueling Ecocide por la ONG Earth Insight muestra que las cifras de TotalEnergies parecen corresponder solo a la superficie de las plataformas de perforación. Pero según Earth Insight, también se han construido 38 kilómetros de carreteras y 20 de infraestructuras de oleoductos dentro de Murchison Falls, dividiendo en dos la parte norte del parque nacional.

Una investigación de campo, publicada en septiembre de 2024 por las ONG Afiego y Friends of the Earth, concluye que el impacto negativo del proyecto sobre la fauna silvestre supera con creces el perímetro inmediato de las instalaciones de TotalEnergies. El informe indica que los elefantes, perturbados por las vibraciones y el ruido de las obras de construcción, están "destruyendo tierras de cultivo" y han matado a cinco personas entre junio de 2023 y abril de 2024. Por otra parte, la contaminación lumínica de la plataforma de perforación, visible hasta a 14 kilómetros de distancia, tiene, según se informa, efectos negativos sobre los depredadores nocturnos, como leopardos, leones y hienas. 

Preguntada por EIC, la ONG Lingo afirmó que las empresas petroleras solo tienen en cuenta la superficie de las infraestructuras en su metodología para "confundir y minimizar sus impactos negativos", ya que "parece que no están teniendo en cuenta la contaminación líquida, gaseosa y sólida que producen sus instalaciones y que llega a las zonas circundantes".

Lo mismo ocurre con las áreas marinas protegidas, donde los daños pueden extenderse mucho más allá de la pequeña superficie cubierta por las plataformas marinas. "Extraer petróleo y gas en estas áreas protegidas es una completa aberración", afirma Sara Labrousse, investigadora de ecología marina del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. "Tiene consecuencias muy perjudiciales, como los vertidos de petróleo, el ruido submarino y el tráfico marítimo, que perturban enormemente a las especies marinas".

Las empresas petroleras casi nunca dan detalles sobre el impacto de sus operaciones sobre el terreno. En sus informes anuales, Shell, ENI y TotalEnergies afirman que aplican planes de acción para la biodiversidad en las zonas protegidas, con el objetivo de "no perder nada" o incluso "ganar" en biodiversidad. Sin embargo, son ellas las que pagan a las consultoras que los redactan y estos documentos no se hacen públicos. En el caso de Tilenga, Mediapart reveló que TotalEnergies intervino para debilitar las medidas incluidas en el plan, que son insuficientes para proteger la biodiversidad.

En sus respuestas a las preguntas que EIC les ha hecho llegar, Perenco y ENI señalan que es legal operar en áreas protegidas de conformidad con la normativa nacional. Esto es cierto y plantea la cuestión de la responsabilidad de los Estados que concedieron estos permisos. "Se trata del fenómeno de los denominados 'parques de papel': áreas que están designadas sobre el papel, pero que carecen de una protección efectiva en la práctica", comenta Francesco Maletto, abogado especializado en áreas protegidas marinas de la ONG ClientEarth.

Teniendo en cuenta únicamente las licencias de producción, el país más afectado del mundo es el Reino Unido. Ha expedido 120 permisos que invaden 46 áreas protegidas, lo que supone una superposición de más de 13.500 km², debido principalmente a la explotación marítima en el mar del Norte, donde operan TotalEnergies, Shell y Perenco. La mayoría de los permisos del Reino Unido se superponen con las áreas protegidas por OSPAR, un régimen de protección que permite la explotación de petróleo y gas. 

Según las investigaciones realizadas en 2023 y 2024 por Unearthed y The Ferret, basadas en datos oficiales del Gobierno inglés, alrededor de 300 toneladas de petróleo de plataformas marinas se derramaron en áreas marinas protegidas británicas en la última década. A pesar de ello, el Gobierno del Reino Unido concedió 64 nuevas licencias en el Mar del Norte en octubre de 2023, 17 de las cuales se encontraban en áreas protegidas.

Si se tienen en cuenta todos los tipos de licencias —incluidas las de exploración— que se solapan con áreas protegidas a nivel internacional, los 10 países más afectados son, principalmente, del Sur Global, con la excepción de Rusia y Australia. Australia encabeza nuestra clasificación con unos solapamientos equivalentes a 115.400 km².

En Brasil, InfoAmazonia, medio parte de Fueling Ecocide, ha descubierto que el Gobierno ha concedido una licencia de exploración de gas que abarca el 75% del territorio indígena de Krenyê, en la sabana tropical biodiversa del estado de Maranhão, en la región administrativa de la Amazonia Legal. Según la información publicada por la empresa brasileña Eneva, se espera que las primeras perforaciones comiencen en 2026.

El permiso se expidió en 2017 a pesar de que el pueblo Krenyê había obtenido un acuerdo para la protección de estas tierras en 2016, tras años de lucha, según un documento que nos mostró su líder, el jefe Cu'tetet. La legislación brasileña prohíbe la extracción de combustibles fósiles en tierras indígenas y no se ha consultado al pueblo Krenyê sobre la concesión de la licencia.

Al ser contactada, Eneva afirma que respeta "los procedimientos legales establecidos por las autoridades competentes". La agencia nacional brasileña del petróleo nos informó de que la zona indígena no fue designada oficialmente como área protegida hasta enero de 2018, cuando ya se había concedido la concesión para la exploración de gas. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama), declaró a InfoAmazonia que la zona del bloque de gas que se solapa con el territorio indígena debe ser excluida.

Nuestra investigación también muestra que los países pobres, autocráticos y devastados por la guerra están dispuestos a ofrecer enormes territorios protegidos a las empresas petroleras. La República Centroafricana ocupa el sexto lugar en km² de superposiciones debido a dos permisos de exploración concedidos en 2013 por el antiguo dictador François Bozizé a PTIAL, una empresa petrolera controlada por Poly Technologies, una corporación armamentística propiedad del Gobierno chino. Según nuestros cálculos, estos permisos invaden 13.800 km² de siete áreas naturales protegidas de excepcional importancia ecológica, entre ellas el Parque Nacional de Bamingui Bangoran y el Parque Nacional de Manovo Gounda, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la guerra civil que siguió al derrocamiento del presidente Bozizé en 2013, PTIAL financió a grupos armados para continuar con sus operaciones, según un panel de la ONU. La licencia fue renovada en 2018 por el nuevo presidente, Faustin-Archange Touadéra, quien consolidó su poder con la ayuda del Grupo Wagner, una organización paramilitar rusa a la que se ha definido como de ideología neonazi. Desde 2024, Poly Technologies, la empresa matriz de PTIAL, ha sido sancionada por Estados Unidos y luego por la Unión Europea por vender armas a Rusia tras la invasión de Ucrania.

No está claro si se han reanudado los trabajos preparatorios para la primera operación de perforación, que se detuvo en 2018 por "razones de seguridad". Poly Technologies y el Ministerio de Minas de la República Centroafricana no han respondieron a las solicitudes de comentarios de Fueling Ecocide.

La lista de ecosistemas amenazados sigue creciendo. En la República del Congo, séptimo país de nuestra clasificación, ya hay 20 permisos petroleros que invaden 13.600 km² de 13 áreas naturales protegidas internacionalmente. El autócrata Denis Sassou N'Guesso acaba de añadir uno nuevo: el permiso Niamba, concedido en abril de 2025 por decreto a la empresa china Oriental Energy en asociación con la Compañía Nacional de Petróleo del Congo (SNPC).

Las ONG congoleñas han condenado enérgicamente esta decisión, ya que la licencia invade una zona sensible del Parque Nacional Conkouati-Douli, un área con triple protección (UICN, UNESCO y Ramsar). Sus selvas tropicales albergan la mayor biodiversidad del país, incluyendo especies en peligro de extinción como monos, elefantes y tortugas marinas.

La producción de hidrocarburos en áreas protegidas es un problema político y económico global extremadamente delicado, ya que muchos de los puntos más ricos en biodiversidad del mundo se concentran de manera abrumadora en el Sur Global, en bosques tropicales, arrecifes de coral y sabanas, mientras que la expansión de la extracción de petróleo y gas está impulsada en gran medida por empresas con sede en el Norte Global y China.

Según el Global Oil and Gas Extraction Tracker, desde 2015, alrededor del 22% de los nuevos recursos de petróleo y gas se descubrieron en América Latina y el Caribe, casi el 26% en Asia y el 12% en África. El análisis de datos de InfoAmazonia muestra que la región amazónica alberga casi una quinta parte de las reservas mundiales identificadas entre 2022 y 2024, lo que establece una nueva frontera para la industria de los combustibles fósiles.

Esta asimetría geográfica plantea cuestiones apremiantes sobre la equidad y la responsabilidad, a la vez que el objetivo de proteger el 30% de los mares y tierras del mundo choca con la falta de aplicación de políticas y la insuficiencia de compromisos corporativos. Mientras tanto, la perforación continúa. Y la naturaleza y las especies en peligro de extinción están pagando el precio.

China lanzó este lunes unas nuevas maniobras militares alrededor de Taiwán, desplegando tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance, con el fin de "disuadir" a las "fuerzas externas" que busquen "interferir" en la cuestión taiwanesa, en referencia velada a Estados Unidos y Japón.

Bajo el nombre en clave de Misión Justicia-2025, estos ejercicios, que se extenderán hasta las 18.00 horas (10.00 GMT) del martes, se concentraron en siete zonas aéreas y marítimas cercanas a la isla, donde las fuerzas chinas llevaron a cabo entrenamientos con fuego real a lo largo de la jornada.

"Esta es una firme advertencia contra las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwan y la injerencia externa, y una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China", aseguró Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército chino.

La Guardia Costera china, por su parte, anunció también la realización, a partir de este 29 de diciembre, de patrullas de "aplicación integral de la ley" en aguas cercanas a Taiwán y en los alrededores de los archipiélagos de Matsu y Wuqiu, situados frente a la costa china pero controlados por Taipéi.

En este primer día de maniobras, el Ejército chino simuló varios escenarios de conflicto, entre ellos ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas y ejercicios para lograr la "superioridad aérea regional", en los que participaron destructores, fragatas, aviones de combate, bombarderos y drones. 

En comparación con anteriores ensayos bélicos, Misión Justicia-2025 abarca áreas más amplias del Estrecho y de la costa oriental de Taiwán, lo que supone un "estrechamiento del cerco" en torno a la isla que "permitiría a las fuerzas navales y aéreas chinas aproximarse desde múltiples direcciones", afirmó Zhang Chi, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de China, al rotativo oficialista Global Times.

Los medios estatales chinos difundieron imágenes del despegue de bombarderos H-6 equipados con misiles, de buques militares efectuando fuego de artillería en aguas próximas a Taiwán y de tropas terrestres activando sistemas de lanzamiento de proyectiles de largo alcance.

"Estos ejercicios se centran principalmente en patrullas de preparación para el combate marítimo-aéreo, la toma del control integral, el bloqueo de puertos y zonas clave, y la disuasión externa tridimensional", detalló el Comando del Teatro Oriental de Operaciones en un comunicado.

Tras el anuncio de estas maniobras, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán declaró que había puesto en marcha un centro de respuesta y desplegado fuerzas "adecuadas" para "proteger la libertad y la democracia" y salvaguardar la soberanía taiwanesa.

Subrayó que el personal militar permanecerá en "máxima alerta" durante la realización de estos ejercicios: "No se subestimará la capacidad (del adversario), pero tampoco se incurrirá en una infravaloración propia", destacó en un comunicado.

Hasta las 15.00 horas (07.00 GMT) de hoy, el Ministerio había detectado 89 aeronaves de guerra, 14 buques militares y 14 embarcaciones de la Guardia Costera china operando en los alrededores de la isla, así como una flota de cuatro barcos de asalto anfibio en el Pacífico Occidental.

El presidente taiwanés, William Lai, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades de Pekín, reafirmó este lunes su intención de seguir reforzando las capacidades defensivas de Taiwán y de "elevar de forma constante el coste que supondría una agresión" contra el territorio autogobernado.

A diferencia de otras maniobras militares, Misión Justicia-2025 está expresamente dirigida a "disuadir" a "fuerzas externas", en un contexto marcado por el aumento del apoyo militar estadounidense a Taipéi y por recientes visitas de políticos japoneses de alto perfil a Taiwán.

"Las fuerzas externas que utilizan a Taiwán para contener a China y arman a Taiwán no harán sino alimentar la arrogancia del 'independentismo taiwanés' y empujar el estrecho de Taiwán hacia una situación de grave peligro bélico", advirtió el portavoz de la Cancillería china Lin Jian en una rueda de prensa. 

"Cualquier conducta perniciosa que cruce líneas rojas y provoque en el asunto de Taiwán se enfrentará sin falta a una respuesta firme por parte de China", sentenció.

La Policía de la India ha detenido este jueves a más de 600 personas en cientos de redadas en la Cachemira administrada por la India, en el marco de una nueva ofensiva contra grupos separatistas tras la explosión de un vehículo en Nueva Delhi este lunes, calificada por el Gobierno indio como un “atentado terrorista” y que dejó al menos ocho muertos, según informa EFE. 

“La Policía de Jammu y Cachemira sigue comprometida con actuar de forma imparcial contra todos los enemigos de la paz y la estabilidad”, declaró a EFE un alto funcionario policial bajo condición de anonimato, confirmando la detención de más de 600 personas en los últimos tres días. 

Según la Policía, esta ha sido una de las mayores operaciones de seguridad de los últimos años en la Cachemira administrada por la India, deteniendo a más de 600 personas en una amplia redada contra la organización islámica Jamaat-e-Islami (JeI).

Jamaat-e-Islami, antaño la mayor organización sociopolítica de Jammu y Cachemira, fue prohibida en 2019 por presunto apoyo al separatismo, poco después de que India revocara el estatus semiautónomo de la región y la reorganizara en dos territorios administrados por el Gobierno central. 

Equipos conjuntos de la Policía de Jammu y Cachemira, el Grupo de Operaciones Especiales (SOG), la Fuerza de Reserva Central (CRPF) y otras agencias de seguridad realizaron registros en casi todos los distritos del valle, con cientos de redadas simultáneas, tras recibir información de inteligencia que apuntaba a intentos de antiguos miembros y simpatizantes del JeI de reactivar la organización bajo nuevos frentes sociales o religiosos.

Las autoridades policiales informaron a EFE del decomiso de una gran cantidad de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, discos duros, documentos organizativos, libros de contabilidad y literatura presuntamente vinculada a las actividades del Jamaat. Los investigadores creen que parte del material podría revelar redes de financiación extranjera.

La macrorredada se produce tras la explosión del 10 de noviembre en el Fuerte Rojo de Nueva Delhi, que dejó ocho fallecidos. Los investigadores analizan el posible papel de tres médicos del sur de Cachemira sospechosos de mantener vínculos con grupos armados. 

La región de Cachemira, situada en el Himalaya, ha estado disputada y dividida entre India y Pakistán desde 1947, cuando ambos países obtuvieron su independencia.

Desde 1989, en la parte india de Cachemira se libra una insurgencia armada que ha causado miles de muertes, en su mayoría civiles.

Los militantes, a los que India acusa de recibir armas y financiación de Pakistán, buscan la independencia de la región o su unión con el país vecino.

Cuatro antiguos empleados del principal medio de comunicación en cuanto a investigación periodística de Kirguistán, Kloop, se sentaron en el banquillo hace unos días en Bishkek, la capital del país, acusados de conspirar para "incitar a disturbios masivos". 

Los acusados forman un grupo poco común: dos contables y dos cámaras. Los cuatro se han declarado culpables, aunque su abogado y la dirección de Kloop siguen insistiendo en que el caso se ha basado en una premisa falsa. 

En una vista judicial celebrada el 5 de agosto, la fiscalía reveló detalles de la acusación que pocos, aparte de los acusados y sus abogados, habían visto, lo que supone una desviación del procedimiento penal habitual en Kirguistán. Kaisyn Abakirov, abogado de Kloop, afirmó que gran parte del caso se basa en cinco vídeos críticos con el Gobierno, que según la fiscalía los cámaras ayudaron a producir. 

Pero esos vídeos nunca fueron publicados por Kloop. Aparecieron en Temirov Live, otro medio de comunicación de investigación desmantelado en una brutal represión un año antes, y que ahora opera desde el exilio con capacidad limitada.

La acusación también acusa a los contables de Kloop de transferir dinero a los cámaras en el marco de lo que la Fiscalía describió como investigaciones conjuntas con el periodista exiliado Bolot Temirov. Los vídeos, críticos con los responsables políticos del país, fueron presentados como intentos de "incitar a la desobediencia activa" y "a disturbios masivos".

Kloop niega que su equipo haya trabajado con Temirov Live en los vídeos señalados y sostiene que el juicio es la última fase de la ofensiva a gran escala de Kirguistán contra los medios independientes.

"La persecución penal no está vinculada a ninguna historia concreta", afirma Rinat Tukhvatshin, cofundador de Kloop. "En nuestro caso, no hay ni una sola pieza en la acusación que se haya publicado en Kloop. [...] Las autoridades kirguisas están simplemente buscando cualquier forma de causar el máximo daño al medio, a la organización y a las personas vinculadas a nosotros".

Las autoridades apenas han ocultado sus intenciones. A principios de este año, un portavoz presidencial acusó públicamente a Kloop de colaborar con Temirov para llevar a cabo "encargos especiales contra el Estado" disfrazados de periodismo.

Incluso los propios dirigentes de Kloop —que se exiliaron a comienzos de año— han acabado atrapados en la redada. Tukhvatshin ha sido imputado en un proceso penal separado, aunque, según su abogado, nunca llegó a ver la acusación. Tanto él como la redactora jefa, Anna Kapushenko, y la directora ejecutiva, Galina Gaparova, vieron cómo este verano se congelaban sus cuentas bancarias.

Antaño conocido como la "isla de la democracia" de Asia Central, Kirguistán ha sufrido un notable retroceso hacia el autoritarismo bajo la presidencia de Sadyr Japarov, un político que llegó al poder tras el levantamiento popular que derrocó al anterior Gobierno en octubre de 2020.

Desde 2022, las autoridades kirguisas han detenido a varios periodistas y cerrado medios que investigaban la corrupción en las altas esferas, incluido el propio presidente. El periodista Bolot Temirov fue despojado de su ciudadanía y expulsado del país, mientras que cabeceras como Kloop o April TV fueron desmanteladas por orden judicial.

La campaña contra la prensa independiente se reflejó en los rankings internacionales. En 2024, el país cayó más de 50 puestos en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, mientras que Freedom House y otras organizaciones también documentaron un claro deterioro.

Antes de a Kloop, le pasó a Temirov Live. En enero de 2024, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la redacción de Temirov Live y detuvieron a 11 periodistas y exempleados, entre ellos la directora del medio, Makhabat Tazhibek kyzy, esposa de Temirov. Todos fueron acusados de "incitar a disturbios masivos".

El momento no pasó desapercibido: las detenciones llegaron pocos días después de que Temirov Live publicara un vídeo en el que acusaba al ministro del Interior, Ulan Niyazbekov, de abusos de poder.

Aunque las autoridades negaron que el caso tuviera relación alguna con las investigaciones del medio, los expedientes judiciales revisados por OCCRP, consorcio de investigación del que es socio infoLibre, apuntan en otra dirección. Las transcripciones de los interrogatorios muestran a los agentes presionando a los periodistas para que revelaran cómo se armaban las historias y quién, dentro del Gobierno, podría estar filtrando información. No formularon ni una sola pregunta sobre los supuestos actos de incitación de los que realmente se les acusaba.

Las rutinas cotidianas de una redacción, como las reuniones editoriales, la edición de vídeos o el pago de salarios, fueron reinterpretadas como pruebas de conspiración. Los empleados fueron etiquetados como "cómplices y asistentes", mientras que el uso de aplicaciones cifradas, como Signal, se describió como una evidencia de que los periodistas "discutían temas negativos con el objetivo de incitar disturbios masivos". Según la versión de la Fiscalía, la propia redacción era la escena del crimen.

El caso se sostuvo en gran medida sobre informes de lingüistas convocados por los fiscales para visionar los vídeos y determinar si realmente contenían llamados a la incitación, aplicando metodologías que expertos legales han calificado de dudosas. Un análisis aseguraba que los vídeos de Temirov Live contenían "indicios de llamados a la resistencia masiva, a disturbios y, en última instancia, a un cambio de poder". Otro concluía que "no había incitación directa", pero que los vídeos tenían un tono que podía "influir en la opinión pública de manera desestabilizadora".

Los investigadores también elaboraron extensos "mapas de interacción" en los que conectaban a las fuentes, colegas y familiares de Temirov Live, presentándolos como una red de subversión.

El juicio concluyó a finales de 2024. Siete trabajadores fueron absueltos. Dos jóvenes reporteros, tras ocho meses en detención, fueron puestos en libertad condicional. Pero otros dos recibieron condenas de prisión efectivas: Tazhibek kyzy fue sentenciada a seis años y Azamat Ishenbekov, a cinco. Esta primavera, Ishenbekov fue indultado por el presidente, un recordatorio de que la libertad de prensa en Kirguistán depende ahora del capricho político.

Pero la represión no se detuvo ahí. Los métodos probados con Temirov Live pronto se perfeccionaron y se volvieron a aplicar contra Kloop.

En una tranquila mañana de miércoles de mayo de este año, la periodista de Kloop Ziyagul Bolot kyzy, de 25 años, escuchó golpes en la puerta de su casa en la ciudad sureña de Osh. En cuestión de minutos, agentes de paisano del Comité Estatal de Seguridad Nacional de Kirguistán (GKNB) entraban en su vivienda, incautándole el teléfono y el portátil. Le dijeron que sería trasladada a Bishkek para ser interrogada, pero nadie le explicó por qué.

No fue la única. Ese mismo día, el GKNB lanzó redadas coordinadas en la capital, deteniendo a otros cinco reporteros y trabajadores de Kloop. Dos más fueron arrestados al día siguiente.

"La gente está siendo retenida en régimen de incomunicación", denunció ese día el cofundador de Kloop, Tuhvatshin, en un comunicado público. "No les permitieron llamar a sus familias ni a sus abogados. Yo no lo veo como una detención. Lo veo como un secuestro".

La mayoría fueron liberados en menos de 24 horas, pero pronto reaparecieron en un vídeo producido por el GKNB difundido en redes sociales y en la televisión nacional, en el que se comprometían a romper con Kloop y pedían perdón por sus supuestas actividades "destructivas".

Dos cámaras, sin embargo, permanecieron entre rejas durante meses, mientras que a dos contables de Kloop se les prohibió salir del país.

En el momento de las redadas, las autoridades no presentaron cargos concretos. Solo más tarde quedó claro que el caso estaba vinculado a los cinco vídeos —ninguno de ellos publicado por Kloop—.

El GKNB se limitó entonces a emitir un comunicado de prensa acusando al personal de Kloop de "incitar a disturbios masivos". La declaración repetía el mismo lenguaje vago que ya se había utilizado en el caso contra Temirov Live.

Las organizaciones de derechos humanos condenaron las detenciones como parte de un patrón más amplio. "Cualquiera que diga algo crítico contra las autoridades o sus acciones es considerado ahora como alguien que llama a disturbios masivos", explicó a OCCRP Syinat Sultanalieva, investigadora para Asia Central de Human Rights Watch. "Esta es una tendencia muy peligrosa que recuerda a caminos similares en países vecinos».

Para la dirección de Kloop, el mensaje del Gobierno ha sido inequívoco —aunque aseguran que seguirán informando, pese a la presión—. "Continuaremos con nuestro trabajo", dijo Tukhvatshin. "No dejaremos de producir investigaciones. […] Como nadie puede hacerlo en Kirguistán, seremos nosotros quienes lo hagamos".

Dos periodistas kirguises que no pueden ser nombrados por motivos de seguridad han contribuido en este reportaje.

El conflicto entre Tailandia y Camboya se extendió este sábado a lo largo de la frontera común en dirección sur, entre llamadas a la contención y a alcanzar una solución pacífica por parte de ambos países, cuyos ataques mutuos se cobran al menos 32 muertos, decenas de heridos y miles de desplazados.

La contienda, de cuyo inicio Bangkok acusa a Nom Pen y viceversa, estalló el jueves, en un recrudecimiento de la histórica disputa territorial que mantienen ambas naciones, los Ejércitos de las cuales protagonizan por tercer día consecutivo hostilidades, a pesar de una aparente voluntad de querer alcanzar un cese al fuego.

La noche del viernes, las dos partes se mostraron abiertas a la propuesta de alto el fuego del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, líder del país que ostenta la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que forman parte Tailandia y Camboya.

Además, tanto Bangkok como Nom Pen trasladaron al Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró una reunión de emergencia en Nueva York la víspera para tratar la situación, su deseo de que los ataques se detengan y se alcance una solución pacífica.

Mientras que en primera instancia las hostilidades se concentraron en puntos de las provincias fronterizas de Surin, Buriram, Sisaket y Ubon Ratchathani, hoy se extendieron hacia el sur y llegaron a Trat, en el Golfo de Tailandia.

Las fuerzas camboyanas iniciaron un ataque a las 5:10 hora local (22:10 GMT del viernes), según las fuerzas navales de Tailandia, que "lograron repeler la incursión" y pusieron en marcha una nueva operación en Trat.

Ocho distritos en esta provincia y en la colindante Chanthaburi están bajo la ley marcial desde última hora del viernes, cuando fue decretada por el Comando de Defensa Fronteriza tailandés con vistas a facilitar el movimiento de tropas, policías y civiles.

La tarde del sábado, la Segunda Región del Ejército tailandés -división desplegada en el noreste del país- aseguró que Camboya perpetró ataques con artillería y lanzagranadas, así como aéreos, si bien no se registraron nuevos decesos.

Asimismo, las fuerzas tailandesas alertaron de la muerte de un general camboyano en una refriega en Phu Makheua (provincia de Sisaket), si bien las autoridades de Nom Pen no han confirmado más pérdidas.

Los enfrentamientos, en los que se han empleado cazas F-16 y cohetes BM-21, dejan 19 bajas confirmadas del lado tailandés (13 civiles y 6 militares) y 13 del lado camboyano (8 civiles y 5 soldados), así como varias decenas de heridos y cerca 180.000 desplazados.

Tanto Tailandia como Camboya elevaron la situación al Consejo de Seguridad de la ONU y, en la reunión del organismo el viernes, el representante camboyano ante Naciones Unidas, Chhea Keo, solicitó "un alto el fuego inmediato" y una "solución pacífica", según recogen medios oficialistas.

Bangkok, por su parte, condenó ante el organismo "en los términos más enérgicos posibles" la "indiscriminada e inhumana" actuación de Nom Pen.

El ministro de Exteriores tailandés, Maris Sangiampongsa, ofreció hoy una rueda de prensa en la que aseveró: "Tailandia reafirma su compromiso de resolver las disputas por medios pacíficos, con base en los principios del derecho internacional. El país está dispuesto a cooperar con la comunidad internacional para mantener la paz y la estabilidad".

El conflicto por cuestiones territoriales entre los dos países asiáticos parte del acuerdo sellado en marzo de 1907 entre el entonces Reino de Siam (actual Tailandia) y Francia, que ocupaba el territorio que ahora es Camboya, para intercambiar el control de algunas regiones y establecer una línea que definiera la frontera entre ambas naciones.

Según Tailandia, la demarcación real de la frontera se desviaba del texto de aquel tratado y la discordia, que se arrastra hasta la actualidad, ha provocado varios enfrentamientos en la historia, incluidos combates intermitentes entre 2008 y 2011 que dejaron una treintena de muertos.

La disputa se reavivó el pasado mes de mayo, cuando un soldado camboyano murió en un intercambio de disparos entre los dos Ejércitos.

Corea del Sur vota este martes para elegir a un nuevo mandatario en un clima de polarización social y política tras la destitución de Yoon Suk-yeol, mientras el gran favorito, Lee Jae-myung, enfrenta un juicio penal que podría condicionar su mandato desde el inicio, según informa EFE.

La votación tiene lugar justo seis meses después de que el expresidente decretara el estado de excepción, una medida que solo estuvo vigente durante seis horas antes de ser anulada por un Parlamento dominado por la oposición, y que el expresidente defendió alegando presuntas "amenazas antiestatales" de otras fuerzas políticas.

Yoon fue destituido definitivamente el 4 de abril por el Tribunal Constitucional, lo que supuso la segunda decisión de este tipo en la historia democrática del país y obligó a convocar elecciones anticipadas en un plazo de 60 días, según la Constitución surcoreana.

Ahora, el expresidente está procesado por insurrección y abuso de poder, y su figura ha seguido pesando sobre la campaña. Aunque abandonó el Partido del Poder del Pueblo (PPP), ha llamado a votar por su heredero político, el exministro de Trabajo Kim Moon-soo, quien ha tomado posturas contradictorias sobre la fallida ley marcial.

En este contexto, el exjefe del opositor Partido Democrático (DP) Lee Jae-myung lidera las encuestas con un 49,2% de apoyo, frente al 36,8% de Kim, según el último sondeo de Realmeter.

Lee ha prometido "cerrar la era del enfrentamiento" y reconstruir la legitimidad institucional del país. No obstante, su candidatura sigue condicionada por la reapertura de un juicio por presunta violación de la ley electoral, cuyo fallo podría llegar durante su mandato y plantear un dilema constitucional sobre la inmunidad presidencial. Sus propuestas se centran en la innovación tecnológica, la reactivación económica y el diálogo intercoreano. Planea crear un Ministerio de Clima y Energía, expandir el Ministerio de Igualdad de Género y reforzar la infraestructura digital e industrial del país.

Kim Moon-soo, por su parte, ha ofrecido un programa liberal en lo económico y alineado con EEUU en política exterior. Plantea subsidios para jóvenes y pymes, el redespliegue de armas nucleares tácticas estadounidenses en territorio surcoreano y una reforma laboral orientada a la flexibilidad.

El tercer favorito, Lee Jun-seok, del minoritario Partido Nueva Reforma (NRP), ha basado su campaña en atraer el voto de hombres jóvenes desencantados con las políticas de igualdad. Su apoyo ronda el 10%, pero ha influido en el debate público al introducir temas como la abolición del Ministerio de Igualdad y la despolitización de las relaciones intercoreanas. También concurren a los comicios Kwon Young-kook, del Partido Democrático del Trabajo (DLP), y Song Jin-ho, candidato independiente.

El nuevo presidente asumirá el cargo con múltiples desafíos inmediatos. Entre los más urgentes está el gestionar una sociedad polarizada, con una marcada división generacional y de género entre los votantes jóvenes, y afrontar las negociaciones con EEUU en torno a los aranceles "recíprocos" impuestos por la Administración Trump, que amenazan con golpear sectores clave de la economía surcoreana. Otro reto pendiente es definir una estrategia ante Corea del Norte, en un momento de creciente tensión regional y de fortalecimiento del eje Pionyang-Moscú.

La votación arrancó a las 6:00 hora local (21:00 GMT del lunes) en 14.295 centros electorales de todo el país y se prolongará hasta las 20:00 (11:00 GMT), según la Comisión Electoral Nacional. Siete horas después de la apertura de las urnas, la participación superaba el 62%, con 27,56 millones de votos registrados hasta ese momento, lo que supone 0,8 puntos más que las anteriores elecciones presidenciales y la más alta registrada hasta la fecha en el ecuador de la jornada electoral.

Un total de 44.391.871 personas están llamadas a votar, incluyendo los 15,4 millones (34,74% del electorado) que ya emitieron su sufragio durante los dos días de votación anticipada la semana pasada, un porcentaje récord desde que ese sistema fue introducido en 2014.

El nuevo presidente asumirá el cargo de inmediato tras la proclamación oficial de los resultados, sin período de transición, dado que se trata de unos comicios extraordinarios para sustituir al destituido Yoon. El recuento comenzará inmediatamente después del cierre de los colegios, y se espera que el ganador se conozca hacia la medianoche.

La Comisión Electoral Nacional estima que el escrutinio completo finalizará alrededor de las 6:00 del miércoles (21:00 GMT del martes), y convocará una reunión plenaria entre las 7.00 y las 9.00 para validar formalmente los resultados. La ceremonia de investidura se celebrará el mismo miércoles, poco después del anuncio oficial, aunque la hora exacta será confirmada una vez se conozca al nuevo mandatario.

Las principales bolsas de Asia repuntaron este martes tras la sangría que sufrieron en la víspera ante el temor a los efectos de la guerra comercial y después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, prometiera "acuerdos justos" para los países que negocien los aranceles, según recoge EFE.

La mayor remontada fue la de Tokio, donde el Nikkei escaló un 6% un día después de desplomarse un 8%, entre el temor generalizado a una recesión global, y de que Wall Street empezara a moderar sus caídas. Los principales avances en Japón los registró el sector de los semiconductores, con empresas como Disco, Lasertec, Tokyo Electron y Advantest apreciándose un 12,67%, un 8,27%, un 8,73% y un 11,82%, respectivamente.

El principal selectivo de la Bolsa de Seúl, el Kospi, sumó un 0,26% tras restar el lunes más de un 5,5%, y el Hang Seng de Hong Kong, después de sufrir en la víspera su mayor caída desde 2008 con un pronunciado 13,2%, cerró con un repunte del 1,51%.

En China, los referenciales de las plazas de Shanghái y de Shenzhen, que se dejaron el día anterior un 7,34% y un 9,66% cada uno, ganaron este martes un 1,58 % y un 0,64%, respectivamente, en medio del recrudecimiento de las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. Trump amenazó con aranceles adicionales del 50% a China si Pekín no retira los gravámenes impuestos a los productos estadounidenses, a lo que el Ministerio de Comercio del gigante asiático respondió este martes que el gigante asiático luchará "hasta el final".

El fondo estatal chino Central Huijin Investment aseguró por su parte que tiene suficiente capacidad para garantizar la estabilidad de los mercados de capitales del país asiático y reafirmó su decisión de volver a incrementar esta jornada su participación en fondos cotizados después de hacerlo el lunes. Además, numerosas empresas cotizadas chinas como Sinopec, Haier o CATL anunciaron planes para recomprar acciones como medida de estabilización.

El parqué de Taipéi se mantuvo en cambio en terreno negativo, con el índice Taiex cayendo poco más de un 4%, retroceso que se suma al desplome del 9,7% del día anterior en el marco de la guerra comercial, que resultó la mayor caída diaria de la historia en este parqué. La tecnológica taiwanesa TSMC, que domina el mercado mundial de fundición de chips, descendió un 3,77%

En Indonesia, el principal indicador del mercado bursátil, que no operaba desde el 28 de marzo, se desplomaba más de un 9% durante los primeros minutos de la sesión, lo que propició un parón de media hora conforme a una nueva regulación implantada la víspera. La bolsa indonesia había permanecido cerrada por festividad local y no operó durante la semana pasada ni este lunes, cuando las plazas globales registraron fuertes pérdidas tras el anuncio de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos.

En el resto de mercados del Sudeste Asiático, la mayoría de indicadores se movían también en terreno negativo durante la cotización, con pérdidas encabezadas por Vietnam (-7,5 %), Tailandia (-4,17 %) -ambas bolsas permanecieron cerradas el lunes- y Singapur (-1,22 %); mientras que obtenía ganancias el mercado de Filipinas (+3,15 %) y Malasia permanecía plano.

Los principales indicadores de Wall Street moderaron su caída y cerraron en terreno mixto el lunes: el Dow Jones de Industriales perdió un 0,91 % y el S&P 500 bajó un 0,23 %, mientras que el Nasdaq avanzó un tímido 0,1 %, en una moderación de las ventas considerable respecto a la apertura de la sesión.

Los principales mercados de Asia se desplomaron este lunes, con caídas históricas cercanas al 10%, ante el temor de que la guerra comercial iniciada por EEUU arrastre a una recesión global, según recoge EFE. El continente asiático ha sido una de las regiones más golpeadas por las tasas anunciadas por Donald Trump en lo que el mandatario llamó Día de la Liberación, con China , Vietnam y Camboya como los principales damnificados.

La bolsa de Tokio se hundió cerca de un 8%, mientras que el selectivo de referencia en la de Taiwán, el Taiex, sufrió el mayor descenso diario de su historia, y en China continental las caídas toparon casi el 10%.

El índice nipón Nikkei cayó un 7,83%, hasta las 2.644 unidades, lo cual supone, en puntos, su tercera mayor caída, y valores clave del parqué como la automotriz Toyota Motor o el conglomerado tecnológico Softbank se dejaron cada uno un 5,86 % y un 12,33%.

En la Bolsa de Seúl, el Kospi sufrió un desplome del 5,57%, a la vez que el tecnológico Kosdaq se dejó un 5,25%.

Para el Taiex taiwanés la sangría bursátil de este lunes en Asia fue todavía más intensa y el referencial del país se desplomó un histórico 9,7%. Los valores tecnológicos fueron los más damnificados en la Bolsa de Taiwán, que permaneció cerrada los pasados jueves y viernes, justo cuando Trump desveló sus aranceles para el mundo y Pekín contratacó con los suyos. TSMC, el mayor fabricante por contrato del mundo de semiconductores, cayó casi un 10%, pese a que los chips taiwaneses, que configuran el motor de la economía del país, han sido excluidos de las nuevas tarifas.

Las plazas chinas de Shanghái y Shenzhen, que tampoco operaron el pasado viernes, se dejaron un 7,34% y un 9,66%, respectivamente. China, país muy afectado por los aranceles de Trump, desplegó el pasado viernes una batería de contramedidas a las tarifas, tras las cuales los gravámenes impuestos a sus productos en Estados Unidos aumentarán hasta al menos un 54%.

Hong Kong cayó un 13,2 %, el mayor descenso desde 2008, y en el Sudeste Asiático Singapur lideraba las caídas registradas en las primeras horas de negociaciones, con una bajada superior al 7% del índice STI.

En Malasia, el parqué de Kuala Lumpur caía un 5,58% y, en Filipinas, la Bolsa de Manila descendía un 3,94%, mientras las plazas de Yakarta, Bangkok y Ho Chi Minh no operaron por ser festivo en sus respectivos países.

Mientras, en Oceanía, los selectivos ASX200 australiano y NZX neozelandés cerraron con bajadas del 4,23% y el 3,65% cada una.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este miércoles que su país impondrá aranceles del 34% y del 26% a las importaciones de China e India, respectivamente, en el marco de la guerra comercial por la que ha apostado, según recoge EFE. Los porcentajes aplicados, tanto a las dos mayores economías de Asia como al resto de países del mundo, se han establecido como la mitad de lo que la Casa Blanca estima que cada nación o bloque impone de media a las exportaciones estadounidenses mediante barreras arancelarias o no arancelarias.

En base a este cálculo, algunos países asiáticos serán los que recibirán el gravamen mayor. Es el caso de Vietnam a quien el presidente ordenó un arancel del 46%, Tailandia, que recibirá uno del 36%, o Taiwan, del 32%. "Tailandia y otros países aplican precios mucho más elevados, como el 60%, India el70 %, Vietnam el 75% y otros incluso más, y hasta hoy, Estados Unidos ha aplicado durante décadas un arancel del 2,5%", dijo Trump para justificar estos aranceles.

Además, otros países como Bangladés, que le puso uno del 37%, Corea del Sur, uno del 25%, o Japón, con uno 24%, también recibieron un gravamen superior al generalizado. A Sri Lanka le impuso uno del 44%, a Indonesia uno del 32% y a Malasia uno del 24%. 

Los equipos de bomberos rescataron este miércoles a dos hombres que habían quedado bajo los escombros de un hotel impactado de Naipyidó, la capital birmana, cinco días después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes el centro-norte de Myanmar, según recoge EFE.

El primer hombre permanecía atrapado en el piso inferior de un edificio de seis plantas, y fue rescatado este miércoles a través de un agujero perforado por varios efectivos que lo sacaron en brazos, según muestra un vídeo del Departamento de Servicios de Bomberos.

Consciente y aturdido, el hombre, de apariencia joven y que se encontraba tumbado a oscuras en el suelo con el torso desnudo y cubierto por el característico 'longyi' birmano (prenda que se envuelve alrededor de la cintura y llega hasta los pies), es instalado rápidamente en una camilla para trasladarlo al hospital. Minutos más tarde, a través del mismo agujero perforado entre el amasijo de escombros, los efectivos sacaron también en brazos al segundo hombre, que empezó a recibir primeros auxilios mientras los equipos de rescate aplaudían y se abrazaban.

"En el quinto día después del terremoto, una de las dos personas atrapadas en el piso inferior de un hotel de seis plantas ha sido rescatada con vida", dice el departamento de bomberos en su cuenta de Facebook, en la que indica que la otra persona atrapada falleció.

Se trata de una de las pocas historias de rescate exitoso cinco días después del seísmo, que ha dejado más de 2.800 fallecidos y por encima de 4.600 heridos, según informó este mismo miércoles la junta militar, que detenta el poder en el país desde el golpe de Estado de 2021.

Naciones Unidas y la organización Médicos sin Fronteras (MSF) subrayaron el martes que la falta de agua potable amenaza con empeorar la situación en las zonas más cerca del epicentro, como la ciudad de Mandalay o la de Sagaing (ambas a unos 17 kilómetros del mismo), con miles de personas durmiendo a la intemperie cerca de cadáveres.

Naipyidó, la capital, donde tuvo lugar este rescate, también se vio afectada. Su aeropuerto permanece cerrado a vuelos comerciales y su torre de control quedó destrozada. Según la ONU, cerca de 1.500 rescatistas de 16 países participan en las tareas de ayuda de Birmania.

El país se encuentra sumido en una guerra civil con múltiples grupos armados de la oposición desde el golpe de Estado de 2021, cuando el Ejército arrebató el poder al gobierno electo de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi. 

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el noroeste de Myanmar, y causó graves daños en varias ciudades del país además de sentirse con fuerza en la vecina Tailandia, donde varios edificios se vieron dañados y al menos uno colapsó en Bangkok, y también en el sur de China.

El Ministerio de Justicia surcoreano ha impuesto este lunes al presidente, Yoon Suk-yeol, la prohibición de abandonar el país mientras se le investiga por traición y otros cargos tras decretar la ley marcial la semana pasada. Fue la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) quien solicitó la medida al Ministerio de Justicia, según contó su máximo responsable, Oh Dong-hoon, ante la Asamblea Nacional (Parlamento).

La Policía y la Fiscalía surcoreanas investigan a Yoon como sospechoso de cometer traición, de amotinamiento y de abuso de poder, cargos que también pesan sobre varios altos funcionarios gubernamentales y militares involucrados en la polémica medida, decretada aparentemente con motivaciones puramente ligadas a la supervivencia política del presidente y a la protección de la primera dama, sobre la que pesan acusaciones de corrupción.

El CIO, un organismo creado específicamente en 2021 para asegurar una investigación más imparcial de altos cargos públicos, ha pedido a su vez a policía y fiscales que le transfieran el caso.

Tras la fracasada moción parlamentaria para destituir al jefe de Estado el pasado sábado, su formación, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), indicó que tiene intención de lograr que Yoon deje sus funciones como presidente "de forma temprana y ordenada", y que mientras "dejará de asumir sus funciones en asuntos estatales, incluyendo la diplomacia" en favor del primer ministro, Han Duck-soo.

El principal bloque opositor, el liberal Partido Democrático (PD), ha tachado el plan del PPP, que aparentemente busca minimizar en la medida de lo posible el daño que le ha infligido entre los votantes la ley marcial declarada por Yoon, de anticonstitucional y planea presentar el miércoles otra moción en el Parlamento para tratar de inhabilitar al mandatario. El PD, que consiguió solo el apoyo de tres parlamentarios del PPP el sábado, necesita ocho votos del partido gobernante para lograr la mayoría de dos tercios necesarios en la cámara para cesar a Yoon. 

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dijo este lunes que su intención es seguir en el Gobierno, después de que la coalición que lidera perdiera el domingo la mayoría parlamentaria, y mandó un mensaje ambiguo en el que apuntó a que negociará con otros partidos, según informa EFE. "Hemos recibido un juicio muy severo del pueblo japonés. De ahora en adelante vamos a analizar la situación, pero además de eso, vamos a estudiar las opciones junto a algunos de los partidos que han aumentado sus escaños", dijo este lunes en una rueda de prensa tras los comicios de la víspera.

La coalición gobernante de Japón que forman el Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Ishiba y la fuerza budista Komeito perdió su mayoría parlamentaria en los comicios generales mientras que la oposición ganó terreno, según confirmaron los resultados electorales este lunes.

El primer ministro señaló que el aumento en votos y escaños de los partidos opositores indica que "tienen la simpatía del pueblo" y añadió que "si hay algo que falte en nuestras políticas, se debe incluir las del resto". "Si carecemos de confianza, podemos ir trabajando juntos para el pueblo japonés, porque nuestro partido es el que ha ganado más votos y debemos cumplir nuestra responsabilidad", dijo el mandatario sin apuntar con qué formaciones trataría de alcanzar Gobierno.

El conservador PLD de Ishiba se hizo este domingo con 191 escaños, una aguda caída respecto a los 256 que poseía de los anteriores comicios de 2021, mientras que Komeito ganó 24, ocho menos, según el recuento de resultados que recoge la cadena estatal NHK y a falta de que se anuncien las cifras oficiales finales.

El gran triunfador de los comicios ha sido el progresista Partido Democrático Constitucional (PDC) de Yoshihiko Noda, principal fuerza de la oposición, que ha incrementado su representación parlamentaria desde los 98 escaños hasta los 148. Se trata de la primera vez desde 2009 en que el PLD pierde en unos comicios la mayoría suficiente para gobernar, ya sea en solitario o con su tradicional socio de coalición.

Algunos partidos pequeños podrían tener la llave para poder gobernar, después de que el Partido Democrático Popular, una escisión de la formación de Noda y situado en el centro-derecha, consiguiera cuadruplicar su representación hasta los 28 escaños. El conservador y populista Reiwa logró triplicar sus escaños hasta los nueve y el Partido Comunista de Japón perdió dos hasta quedarse con ocho, mientras que tres escaños recayeron el Partido de los Mayores y 12 en candidatos independientes.

Estos resultados abren un período de gran incertidumbre política para Japón. Tanto el PLD de Ishiba como el PDC de Noda han manifestado su disposición a buscar eventuales alianzas que les permitan gobernar, aunque por ahora han descartado cualquier opción de hacerlo juntos.

El índice Nikkei 225 ha cerrado la sesión de este lunes con un retroceso del 12,40% en lo que supone la peor jornada del selectivo nipón desde el 'lunes negro' de octubre de 1987 ante el temor entre los inversores de que la mayor debilidad de la economía estadounidense desemboque en recesión y fuerce a intervenir a la Reserva Federal de forma más agresiva de lo esperado, según informa Europa Press. De este modo, el índice de referencia de la Bolsa de Tokio ha despedido la primera sesión de la semana en los 31.458,42 enteros, lo que implica una caída del 19,5% en las tres últimas jornadas hábiles, incluyendo una bajada del 5,8% en la sesión del pasado viernes.

La caída de la principal bolsa asiática ha arrastrado también a los parqués de todo el mundo. El Stoxx 600, que aún los principales 600 valores europeos, cayó un 2,3% en la apertura, borrando prácticamente sus ganancias en lo que va de año. El índice francés Cac 40 perdió un 1,6%, hundiéndose aún más en territorio negativo en lo que va de año, mientras que el Dax alemán perdió un 2,3%. En España, el Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con un desplome del 2,52%, lo que le ha llevado a situarse en los 10.403,5 puntos a las 9.00 horas.

El mercado japonés acumula así tres sesiones consecutivas en rojo tras la decisión el pasado miércoles del Banco de Japón de reanudar las subidas de tipos y anunciar una reducción de los estímulos monetarios, lo que se ha traducido en un fortalecimiento del yen, que ante la debilidad de la economía estadounidense podría lastrar las exportaciones de las empresas niponas.

El resto de los principales mercados asiáticos también registraba caídas significativas en la sesión ante el temor de un debilitamiento mayor de lo esperado de la economía estadounidense tras conocer la semana pasada el enfriamiento del mercado laboral de EE.UU., lo que habría llevado a los inversores a reposicionarse ante la posibilidad de una Fed más agresiva en su respuesta monetaria.

De tal modo, el índice Taiex de la Bolsa de Taiwán ha cerrado la sesión con una caída del 8,35%, mientras que el selectivo Kospi de Corea del Sur se dejaba un 8,77%.

De su lado, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong perdía un 2,14% y el selectivo de la Bolsa de Shanghai se dejaba un 1,54%.

"Las acciones están bajo una fuerte presión y las divisas que se utilizan para el 'carry trade' siguen subiendo. En lugar de un ajuste ordenado de los tipos a algún tipo de nivel neutral, parece que la Fed podría verse obligada a realizar un ajuste más brusco de su política", han advertido desde ING Research.

"Hoy los jóvenes de Myanmar son testigos de cómo sus centros educativos, sus oportunidades vitales, se reducen a escombros", se lamenta el investigador Matt Lawrence en el último informe de Myanmar Witness, que revela hasta qué punto la educación se encuentra “atrapada en el fuego cruzado” entre el gobierno militar y los grupos disidentes, conflicto que ahoga al país desde comienzos de 2021.

Rebobinamos hasta noviembre de 2020. Myanmar, antigua Birmania británica, celebra sus segundas elecciones pretendidamente democráticas después de casi cincuenta años de dictadura militar (1962-2011). La presidenta Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz (1991), pero salpicada por las acusaciones de connivencia con el genocidio rohinyá, se prepara para la reelección de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), al frente del gobierno. No por mucho tiempo. La principal formación de la oposición, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), instrumento político del Ejército, se niega a aceptar los resultados de unas elecciones que califica de fraudulentas y privadas de libertad.

1 de febrero de 2021. El día que se constituye el nuevo Parlamento, las Fuerzas Armadas de Birmania, conocidas como Tatmadaw, protagonizan un golpe de Estado, encarcelando a Suu Kyi. El comandante en jefe de las Tatmadaw, Min Aung Hlaing, se autoproclama entonces primer ministro del país, cargo que ostenta de facto hasta el día de hoy.

La reacción civil no se hizo esperar. Miles de personas se echaron a las calles en protesta por todo el país. ¿La respuesta del nuevo gobierno golpista? Represión, arrestos y ejecuciones. La lucha política contra la junta militar se organizó en torno al recién formado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), heredero del ejecutivo depuesto, y a la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF), su brazo armado. A este conflicto central, se suma una intrincada mezcolanza de enfrentamientos étnicos y religiosos. Y es que en Myanmar coexisten 135 grupos étnicos reconocidos y cinco credos religiosos principales, divididos en siete estados y siete regiones, con un estatuto especial para la capital, Naipyidó. Sin olvidar los intereses geoestratégicos en disputa de los dos gigantes asiáticos con los que hace frontera, India y China.

Desde ese convulso comienzo de 2021, el conflicto permanece activo y la escalada de violencia no ha hecho más que recrudecerse. ¿Cómo afecta toda esta violencia endémica al ya deficitario sistema educativo? La progresiva pérdida de control territorial de la junta militar se ha traducido en su instrumentalización de la violencia contra la población civil: bombardeos indiscriminados, violaciones sistemáticas de mujeres, persecución política, tortura, campos de trabajos forzados… Así lo confirmaba en marzo el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas Andrews: "El declive de la junta militar, motivado por importantes pérdidas en el campo de batalla y una oposición ciudadana generalizada, ha llevado a una aumento vertiginoso de los ataques contra civiles, lo que subraya la necesidad de una acción internacional más contundente y coordinada".

El último informe de Myanmar Witness culmina, precisamente, una serie de investigaciones que documentan vulneraciones de los derechos humanos y daños infligidos a infraestructuras civiles protegidas por el derecho humanitario internacional: viviendas, instalaciones sanitarias, lugares de cultuto y, concretamente, centros educativos.

A partir de un análisis de fuentes abiertas, el informe evidencia daños cada vez mayores en la red educativa de Myanmar, con un total de 174 ataques a 133 escuelas y universidades desde el golpe militar hasta el 30 de abril de 2024. La mayoría, ataques aéreos, pero también con armamento pesado o como resultado de ofensivas terrestres e incendios. Además, casi la mitad han supuesto la destrucción completa o significativa de los centros afectados, provocando 64 víctimas mortales confirmadas y 106 heridos. Las escuelas de Sagaing, región considerada el epicentro del conflicto, son las que más daños han sufrido, con alrededor de un tercio de todos los incidentes, más frecuentes en las áreas fronterizas.

Estas cifras son solo una pequeña parte de la historia. Las fuentes del informe se limitan a imágenes de redes sociales y de noticias que muestran daños verificables, así como vídeos de ataques con drones, publicados por las PDF. Las fotografías seleccionadas exhiben escuelas con tejados derrumbados, estructuras quemadas y llenas de escombros, personas heridas… Un panorama desolador. Sin embargo, el propio centro de investigación reconoce la dificultad para cotejar y geolocalizar el contenido recopilado y, por tanto, ofrecer datos más completos.

Lo que sí incluye es un análisis más detallado de cuatro estudios de caso, que demuestran que la junta militar es la responsable de la mayoría de estos ataques y también de los más destructivos. "La junta es el principal impulsor de la violencia, la inestabilidad, el declive económico y la anarquía en el país", sentenciaba ya hace meses el relator especial de la ONU. Uno de los casos concretos analizados en el informe se produjo en noviembre del año pasado. Un asalto de las PDF a unidades militares de Myanmar en la Universidad de Loikaw sugiere que ambos grupos armados podrían estar utilizando las instalaciones educativas como bases, poniendo en peligro su protección en virtud del derecho internacional.

Más allá de los datos numéricos, está el presente y futuro de las víctimas del conflicto, la población civil. La destrucción de instalaciones educativas entraña el ensombrecimiento del futuro de los jóvenes y, por tanto, del país. “Atrapada en el fuego cruzado de los combates hay una generación de estudiantes a los que les están arrebatando las expectativas de acceder a la educación”, condena Lawrence. La educación es un derecho fundamental, el reservorio de la esperanza de un cambio a mejor. “Si no se protege la educación en todo Myanmar, la próxima generación corre el riesgo de dejarse llevar por el faccionalismo y la guerra, en lugar de por la esperanza y la razón”. Especialmente tras la puesta en marcha del reclutamiento forzoso de jóvenes por todo el país.

Las cicatrices de la herencia colonial nunca se han suturado y siguen abiertas, emponzoñando la sociedad y las estructuras políticas de Myanmar. Como ha ocurrido demasiadas veces con antiguos territorios coloniales, Occidente se desentiende una vez que se ha retirado, depositando la culpa en el atraso de esos pueblos empobrecidos y lejanos. La crisis en Myanmar es uno de tantos conflictos olvidados, que ya no están de moda y, como consecuencia, no tiene presencia en los medios convencionales. Lo que no se cuenta, no ocurre.

El Partido Popular de India (BJP), encabezado por el primer ministro, Narendra Modi, marcha en cabeza en las legislativas con cerca del 38,9% de las papeletas, mientras que su coalición se haría con la mayoría absoluta en el Parlamento indio, según datos publicados por la comisión electoral tras el recuento de cerca de una cuarta parte de los votos, según ha informado Europa Press.

De esta forma, el BJP se habría hecho con el 38,86% de los votos tras recabar cerca de 109 millones de votos, lo que le daría 243 escaños. La Alianza Nacional Democrática (NDA, según sus siglas en inglés) recabaría así 297 escaños, por encima de los 272 necesarios para la mayoría absoluta.

Esta coalición, de tintes derechistas y conservadores, lograría así mantener su mayoría absoluta en el legislativo, si bien perdería 51 escaños respecto a 2019, una situación provocada por el ascenso de la coalición centro-izquierdista Alianza Inclusiva para el Desarrollo Nacional de India (INDIA).

La coalición, integrada por cerca de 25 partidos que han unido fuerzas para hacer frente a Modi, va encaminada a obtener 228 escaños, lo que supondrían 98 más de los obtenidos por las formaciones que la componen durante las últimas elecciones, según los datos recogidos por la comisión electoral a través de su página web.

El principal partido de India, el Congreso Nacional Indio (INC), se habría hecho con cerca del 25% de los votos, lo que se vería traducido en 95 escaños, 42 más que en 2019. Además, el Partido Socialista sumaría el 3,83 % de las papeletas, para un total de 36 escaños, un aumento de 28 respecto a los últimos comicios.

La coalición gubernamental sufriría varapalos en los estados de Uttar Pradesh, Maharashtra, Bengala Occidental, Kerala, Punyab, y Tamil Nadu, donde INDIA acumularía un mayor número de escaños, si bien se impondría en otros como Bihar, Madhya Pradesh, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh, Odisha y la capital, Delhi, donde sumaría los siete escaños en juego.

Así, la NDA de Modi mantendría la mayoría absoluta en el Parlamento, si bien lejos de las expectativas del primer ministro, que lanzó su campaña con el objetivo de alcanzar los 400 escaños —del total de 543 que componen la Lok Sabha—, algo que reflejaban algunos de los sondeos.

De hecho, el BJP no obtendría por sí solo la mayoría absoluta de los escaños y necesitaría del apoyo de otros partidos, algo inédito en los dos mandatos previos de Modi, dado que su partido obtuvo 303 parlamentarios en 2019 y 282 en 2014. Pese a ello, figura como principal favorito a ser de nuevo primer ministro de India.

Alrededor de 642 millones de personas participaron en las elecciones parlamentarias a lo largo de los 44 días que han durado los comicios, que concluyeron el sábado. La votación se extendió durante 44 días y contó con una cifra sin precedentes de electores, entre las que hay 312 millones de mujeres, según medios locales.

Las autoridades de Taiwán han elevado este sábado a 12 muertos y más de 1.100 heridos el recuento de víctimas por el terremoto del miércoles, el más potente registrado en la isla en los últimos 25 años, si bien no se descarta que el balance de víctimas aumente, ya que casi una decena de personas siguen desaparecida, según ha informado Europa Press.

Concretamente, el Gobierno indica que, además de los fallecidos, otras 1.133 personas están heridas, ocho están desaparecidas y 636 siguen aisladas por los efectos del terremoto, recoge el Taipei Times.

El Gobierno sitúa a todos los fallecidos en el condado de Hualien, epicentro del seísmo de magnitud 7,2 que también se dejó sentir en otros países de la zona, incluso provocando avisos de tsunami. Los daños en algunas carreteras mantienen aún bloqueadas a cientos de personas.

El seísmo se dejó notar, además, en la actividad industrial, con plantas paralizadas por precaución. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), uno de los mayores fabricantes mundiales de microchips y proveedor de Apple y Nvidia, ha reactivado el 70 por ciento de sus equipos tras una parada total.

Al menos nueve personas han fallecido y más de 820 han resultado heridas por el mayor terremoto de los últimos 25 años en Taiwán, de magnitud 7,2 en la escala de Ritcher y que ha generado réplicas posteriores de hasta 6,5, según las autoridades locales y recoge Europa Press. Los servicios de emergencia han informado de que el seísmo, con epicentro a unos 25 kilómetros al sureste de Hualien, en el este de Taiwán, ha provocado importantes desperfectos en la costa oriental de la isla.

Siete de las víctimas murieron en un túnel de una zona de senderismo conocida como Dekalun Train, una zona minera de Hualien. Asimismo, otras 127 personas permanecen atrapadas en túneles o edificios en áreas alrededor esta ciudad, situada en el este montañoso de la isla, donde se han producido la mayoría de las sacudidas.

Al primer terremoto le han seguido más de una decena de réplicas -la mayor de 6,5-, todas ocurridas en el condado de Hualian y sus alrededores, en el este, y se han sentido en toda la isla. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha llegado a situar en 7,4 la magnitud del terremoto, según la escala Ritcher.

El alcalde de la ciudad de Taipéi, Chiang Wanan, ha declarado el nivel dos de respuesta por desastres y ha informado de que se han desplegado a todos los equipos de emergencia y el Bomberos. Al mismo tiempo, ha pedido precaución a la población ante posibles réplicas y los riesgos que implican los edificios afectados.

Los medios de transporte público han sido cancelados en varias de las mayores ciudades de la isla, al igual que muchos centros de trabajo y escuelas han tenido que ser desalojados.

El Centro Meteorológico de Taiwán, que había dado una alerta por tsunami, ha considerado que ya no existe el riesgo y ha levantado la misma.

El temblor también se ha podido sentir en las islas japonesas de Okinawa con una fuerza de cuatro grados, que en un principio hizo que las autoridades japonesas emitiesen un alerta por tsunami que ya ha sido retirada, según la agencia de noticias Kyodo News. Por su parte, el Instituto de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS, por sus siglas en inglés), también había alertado sobre un posible tsunami, y que ya ha retirado. Y lo mismo han hecho las autoridades de Filipinas.

Este terremoto es el más fuerte que ha experimentado Taiwán en 25 años. En septiembre de 1999, un terremoto de 7,3 grados dejó más de 2.400 muertos y 11.000 heridos.