El tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, se ha degradado este viernes a depresión tropical tras tocar tierra el jueves en Vietnam y dejar al menos cinco víctimas mortales en el país, después de su paso por Filipinas, donde las autoridades elevaron hoy a 188 el número de muertes, con 135 desaparecidos.

Las autoridades vietnamitas confirmaron que el ciclón había entrado hoy en la jurisdicción de Laos y que sus vientos bajaron a menos de 50 kilómetros por hora, después de tocar tierra anoche con vientos por encima de los 200 km/h y causar lluvias intensas e inundaciones en las provincias centrales de Gia Lai y Dak Lak.

La prensa estatal de Vietnam informó, citando portavoces gubernamentales, de que cinco personas perdieron la vida en derrumbes e inundaciones causadas por el tifón, que dejó sin techo cerca de 8.000 viviendas.

Además de los cinco fallecidos, al menos tres personas están reportadas como desaparecidas y otras seis sufrieron lesiones.

El Gobierno vietnamita confirmó que al menos 700 viviendas quedaron destrozadas por completo en ciudades costeras como la turística Da Nang y Quang Ngai, después de que subiera la marea y las olas sobrepasaran los diques.

"En algunas localidades se registraron árboles caídos, cortes de luz. Numerosas vías de comunicación quedaron temporalmente interrumpidas debido a las inundaciones", dice un reporte gubernamental.

Las autoridades suspendieron el jueves las operaciones en seis aeropuertos del centro del país, si bien este viernes han ido restableciendo los vuelos que se vieron retrasados por el mal tiempo, por el que también se había emitido una prohibición de zarpe a las embarcaciones en Gia Lai.

La agencia meteorológica de Vietnam prevé lluvias durante el viernes, cuando se espera que las autoridades actualicen el balance de daños computados.

Entretanto, sigue la búsqueda de más de un centenar de desaparecidos en Filipinas, donde las autoridades subieron hoy a 188 el total fallecidos y a casi 9.400 el número de casas dañadas por el mal tiempo.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró el jueves el estado de calamidad nacional después de que el tifón tocase tierra siete veces en el archipiélago, afectando a poco más de dos millones de personas, entre ellas unas 500.000 que quedaron desplazadas.

La isla de Cebú, con 139 fallecidos, es la zona más afectada por Kalmaegi, que cruzó entre el martes y el miércoles el país con vientos huracanados e intensas precipitaciones que impactaron a unas 360 localidades, según el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC).

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, está abocada a la liquidación. Con una deuda de 3,95 millones de euros, la viabilidad de Mollitiam, que recibió 2,2 millones en subvenciones públicas desde su creación en 2018, es “nula”, según explican fuentes de la administración concursal.

De hecho, en breve ésta comunicará al juez la “insuficiencia de masa activa” de la empresa; es decir, informará de que sus activos no cubren siquiera los gastos que genera el propio concurso. Mollitiam lleva sin funcionar desde el pasado mes de octubre, por lo que se ha quedado “fuera del mercado”, explican las mismas fuentes. “Con sólo seis meses sin actividad, una empresa de este tipo cae en la obsolescencia”, lamentan. Mollitiam sólo ha conseguido vender “a precio razonable, pero no elevado” una pequeña herramienta de ciberseguridad, llamada dotlake, que extrae “datos de la deep web, foros cibercriminales más restringidos, mercados de fraude de difícil acceso, canales y grupos de telegram y ransomsites”, según puede leerse en su página web. Sin embargo, sus programas estrella de espionaje, Invisible Man y Night Crawler, entre otros, se han quedado en un cajón. “No tienen ningún valor”, considera la administración concursal.

Tampoco ha sido posible vender la empresa a un tercero. “No ha habido interés” en el sector, añade, en adquirir al creador de unos desarrollos informáticos cuyos únicos clientes son los gobiernos y sus organismos de inteligencia y seguridad.

Precisamente la principal razón de la insolvencia de Mollitiam, antes y de su camino a la liquidación, después. son los contratos con las fuerzas de seguridad de Ecuador y Colombia que no ha podido cobrar. El primero de ellos, por importe de 2,34 millones de dólares ha sido impagado por un “intermediario”. Otras administraciones públicas en el extranjero le dejaron a deber un total de 1,54 millones de euros más, tal y como consta en las últimas cuentas que la empresa envió al Registro Mercantil, correspondientes a 2023.

Según la administración concursal, esos contratos son imposibles de cobrar. Intentarlo, contratando abogados en esos países, supondría un coste que Mollitiam no puede asumir en sus actuales circunstancias.

El principal acreedor de la empresa son sus trabajadores, 39 personas en 2023, que se han quedado en la calle y cuyas indemnizaciones por despido y salarios adeudados tendrá que pagar el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). También la Seguridad Social y Hacienda figuran en la lista de créditos. Pero el segundo mayor acreedor es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico. Mollitiam le debe 1,1 millones de euros por la parte reembolsable de las subvenciones que el CDTI le concedió y no ha podido devolver. También adeuda a la sociedad de garantía recíproca Aval Castilla-La Mancha. Según consta en el registro de subvenciones de esa comunidad autónoma, Mollitiam consiguió una ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante. El tercero en la lista es el Banco Santander, que tiene una pignoración a su favor y es, por tanto, un acreedor con privilegio especial.

En todo caso, de los 3,95 millones que suma la deuda de Mollitiam, poco más de un millón es “contingente”, no se ha concretado aún jurídicamente que el acreedor tenga derecho a ese dinero, por su cifra o por su concepto.

El impago de contratos tan cuantiosos y la muerte de uno de sus fundadores, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, llevaron a Molittiam a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo. En mayo del año pasado ya tuvo que dejar de pagar algunas nóminas, así como solicitar el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social e incluso trasladar su sede de Toledo a Madrid. Pasó de facturar 2,5 millones de euros en 2022 a perder 1,024 millones en 2023, que se sumaron a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores.

Buena parte de su éxito inicial se lo debe a sus programas espía, Invisible Man se lo vendió a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Mollitiam Industries también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita el programa Invisible Man.

Es el mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministró el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a unas ayudas de 641.827 euros abonadas por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) – y el CDTI. Este organismo público también le concedió 540.000 euros en 2022 a través de Invierte Economía Sostenible, una sociedad anónima del que es el único accionista. Y 450.000 euros más en mayo de 2021 en una operación en la que también participó el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. Finalmente, subvencionó a Mollitiam con 390.394 euros más mediante los proyectos Cien y Eureka.

La empresa de Toledo era propiedad en un 26,14% de los hermanos Alvárez, Samuel y Esther, a través de la sociedad Time to Change SL. Un tercer accionista, Antonio Ramos Varón, disponía del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó este miércoles desde Vietnam un alegato en favor del libre comercio en la jornada en la que entran en vigor los aranceles impuestos por Estados Unidos y que han provocado una guerra comercial ante la que aseguró que todos pierden y, sobre todo, los trabajadores y la clase media, según informa EFE.

Sánchez hizo esta defensa del libre comercio al inicio de la reunión que mantuvo con su homólogo de Vietnam, Pham Minh Chinh, y con la que abrió la agenda de su visita oficial al país asiático, la primera que realiza un jefe del Ejecutivo español. Tras ser recibido con honores en la Oficina del Gobierno vietnamita, ambos se reunieron junto a sus respectivas delegaciones.

Fue al inicio de ese encuentro cuando Sánchez recalcó que España y Vietnam comparten un compromiso decidido por el multilateralismo para hacer frente a los grandes retos actuales, como la emergencia climática o lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

"Somos, además, firmes defensores del libre comercio para lograr el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos", subrayó antes de advertir: "A nadie le interesa una guerra comercial. Nadie gana con las guerras comerciales". Y en esa línea, prosiguió: "Todos perdemos, y sobre todo quien pierde son los trabajadores y la clase media de nuestras sociedades".

Sánchez hizo esa cerrada defensa del libre comercio y en contra de la guerra comercial el día en que entran en vigor los aranceles impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump, que en el caso de Vietnam es uno de los más altos, el 46%, y para España es del 20%, como para el resto de países de la Unión Europea.

El gravamen a las importaciones de China, país que Sánchez visitará después de Vietnam y donde se entrevistará con su presidente, Xi Jinping, se ha elevado a un 104%. Las autoridades vietnamitas han ofrecido a Estados Unidos aranceles cero en caso de que haya una negociación entre ambos países que pueda fructificar.

El primer ministro vietnamita señaló, por su parte, que en este momento de cambios muy rápidos en el mundo existen muchos desafíos y dificultades y, por ello, valoró el multilateralismo y la unidad internacional.

Sánchez subrayó que las economías de España y de Vietnam se encuentran entre las más dinámicas del mundo y los dos países deben aprovechar esta coyuntura. Tras recordar que su visita es la primera de carácter oficial de un presidente del Gobierno español a Vietnam, recalcó que es una demostración del deseo de reforzar las relaciones y la cooperación entre ambos países.

A eso dijo que van a contribuir los acuerdos bilaterales que se van a firmar en esta jornada para avanzar hacia una relación estratégica integral y en áreas concretas como la agricultura y la pesca. Sánchez dio la enhorabuena a Vietnam por el 50 aniversario de la reunificación del país y elogió el desarrollo logrado, especialmente en los últimos años.

El primer ministro vietnamita agradeció la visita de Sánchez y mostró su convicción de que a raíz de ella va a haber una cooperación mayor bilateral hasta llegar a una asociación estratégica integral.

Tras la reunión y la firma de los acuerdos bilaterales, Sánchez mantendrá sendos encuentros con el secretario general del Partido Comunista y máximo líder del país, To Lam; el presidente de Vietnam, Luong Cuong; y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. Su visita a Hanói concluirá con una visita al Monumento a los Héroes y Mártires del país y otra al mausoleo de Ho Chi Minh, fundador del Vietnam moderno.

La firma de acuerdos tuvo lugar en la Oficina del Gobierno vietnamita. En total fueron cinco. Uno de ellos fija contactos regulares para abordar la cooperación en diversos ámbitos, otro versa sobre seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal y pesca, y un tercero enmarca la colaboración entre las escuelas diplomáticas respectivas.

Asimismo se firmó un acuerdo en el ámbito de la educación, la cultura y el deporte, y un protocolo financiero que permitirá respaldar las inversiones españolas en sectores de especial interés en Vietnam, como los transportes, las infraestructuras, la energía y el agua, mediante créditos por importe de 305 millones de euros.

La búsqueda de oportunidades para empresas españolas es precisamente uno de los principales objetivos del viaje de Sánchez a Vietnam, así como intentar reducir el gran desequilibrio en contra de España que tiene la balanza comercial entre ambos países.

Pham Minh Chinh pidió apoyo a España para ratificar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y destacó la colaboración bilateral que va a haber en materia de defensa y ciberseguridad, semiconductores e inteligencia artificial. Además, elogió a la economía española como una de las más dinámicas del mundo y aseguró que su experiencia va a servir para el desarrollo de Vietnam.

Sánchez devolvió los elogios afirmando que el país asiático se ha convertido en una potencia en el continente y tiene un protagonismo creciente, e insistió en que España quiere aumentar su presencia en Vietnam y, especialmente, en sectores como las infraestructuras ferroviarias.

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, se ha declarado en concurso de acreedores. Llegó a facturar 2,5 millones de euros en 2022, tras vender uno de sus programas estrella, Invisible Man, a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Sin embargo, el negocio de Mollitiam ha atravesado graves dificultades en los últimos dos años, que llevaron a sus gestores a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo, que ya ha nombrado un administrador.

La noticia la ha adelantado Intelligence Online, una web especializada en el mundo de las empresas y los servicios de inteligencia. Atribuye la caída de Molllitiam a las “crecientes presiones financieras” que ha sufrido la empresa toledana y a la cada vez mayor competencia de los especialistas extranjeros en ciberinfiltración que se están instalando en España, sobre todo, en Barcelona, y que le han hecho perder contratos con el Gobierno.

También señala la muerte de su fundador, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, como uno de los motivos del declive de Mollitiam. Samuel y su hermana Esther eran los socios mayoritarios de la empresa, junto con un tercer accionista, Antonio Ramos Varón.

Intelligence Online asegura incluso que los mejores ingenieros de Mollitiam han abandonado la empresa en las últimas semanas, ante la incertidumbre sobre el futuro.

Sin embargo, el motivo de la caída de Mollitiam lo detallan sus gestores en las cuentas de 2023 que facilitaron al Registro Mercantil. Ese año la empresa perdió 1,024 millones de euros, que se suman a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores. Como los fondos propios no cubren esas cifras, Mollitiam solicitó en marzo del año pasado el preconcurso de acreedores al encontrarse en situación de insolvencia inminente. Al iniciarse 2024, la tesorería de la empresa sufría un “deterioro significativo”, del que sus gestores culpan principalmente a que no han podido cobrar un contrato por importe de 2,34 millones de dólares con un cliente –“intermediario”, precisa– en Ecuador. Además, entonces también tenían sin cobrar otros contratos con diferentes administraciones públicas en el extranjero, que no mencionan, por valor de 1,54 millones de euros. Finalmente, aseguran, Mollitiam estaba pendiente de formalizar una serie de contratos menores con administraciones locales extranjeras cuya firma se demoraba por culpa de “diversos trámites burocráticos”.

El “rigor normativo” y la “confidencialidad” que exigen los contratos de software para la ciberdefensa, argumenta también la empresa, explican los retrasos tanto en la firma como en el cobro de los encargos para gobiernos, el núcleo de su negocio.

Debido a esas demoras, Mollitiam no pagó a “algunos” de sus trabajadores –de una plantilla de 39 personas– al menos la nómina de mayo del año pasado, después de que éstos “pusieran a disposición de la empresa sus salarios de forma voluntaria”, apunta. Lo mismo habían hecho los socios directores ya en marzo. Mollitiam también tuvo que solicitar un aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social. Y trasladar su sede social de Toledo a Madrid, a una oficina de la Glorieta de Cuatro Caminos, además de poner a teletrabajar a los empleados del centro manchego.

Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, a 31 de diciembre de 2023 Mollitiam sumaba 1,43 millones de euros en deudas, de los cuales 438.709 euros eran deudas con entidades de crédito. El resto lo integraban la parte reembolsable de las subvenciones públicas recibidas, así como 41.666 euros que debían a Sabadell Venture Capital –uno de los fondos de capital riesgo a los que pertenece la empresa– y otros préstamos concedidos en 2022 por Neocapital (400.000 euros) y Ultramar Capital Partners (200.000 euros) –fondos creados por Torsa Capital, otro de los dueños de Mollitiam– e Invierte Economía Sostenible (540.000 euros), sociedad anónima cuyo único accionista es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico.

De hecho, la ayuda pública ha sido un importante apoyo financiero para Mollitiam. Desde su creación hasta 2021, consiguió más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes. Para desarrollar uno de sus programas, Phoenix, la empresa de Toledo contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)– y por el Gobierno español, a través del CDTI. La subvención le fue concedida en 2019, la duración del proyecto era de dos años y el objetivo, crear una plataforma para el análisis de la información y el tratamiento de grandes volúmenes de datos (big data) obtenidos a partir de fuentes abiertas.

En mayo de 2021, el CDTI le concedió 450.000 euros en una operación para promover la innovación empresarial en la que también invirtió el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures, a su vez propietario de una participación en Mollitiam. Y le subvencionó con otros 390.394 euros a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2023 de Mollitiam.

Además, una subvención de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel de “resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a ciberataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía Feder, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones le otorgaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma Osint de inteligencia artificial”. Finalmente, recibió del Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) dos ayudas: una de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante, según consta en el registro de subvenciones de Castilla-La Mancha.

A finales de 2023, los hermanos Álvarez controlaban el 26,14% de la compañía a través de la sociedad Time to Change SL, mientras que Antonio Ramos Varón disponía en la misma fecha del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

InfoLibre se ha puesto en contacto, tanto con el administrador concursal de Mollitiam como con los tres fondos de inversión citados, para preguntarles por la situación concursal de Mollitiam, pero sólo ha respondido Sabadell Venture Capital, que mantiene el 6,8% del capital. “Nunca hemos desinvertido”, asegura.

Mollitiam Industries no sólo formaba parte de la lista de los mayores depredadores digitales de 2020, sino que también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

El mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministra el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a los 641.827 euros abonados por la Unión Europea y el CDTI.

El Departamento del Tesoro de EEUU ha sancionado al creador y dueño de Intellexa, Tal Dilian, a su esposa, Sara Aleksandra Fayssal Hamou, y a cinco de las empresas de su grupo por haber desarrollado un software espía, Predator, con el que se ha “atacado” a “funcionarios del Gobierno estadounidense, periodistas y responsables políticos”. Los abusos cometidos con Predator y los turbios negocios de la galaxia de empresas creada en torno a la israelí Intellexa y su socia francesa Nexa fueron desvelados por los Predator Files, publicados por el consorcio de medios European Investigative Collaborations (EIC), al que pertenece infoLibre. La investigación se basó en los documentos confidenciales obtenidos por el diario francés Mediapart y la revista alemana Der Spiegel, y contó con la asistencia técnica del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional.

En concreto, el proyecto desveló que el grupo franco-israelí ha vendido software espía a un puñado de dictaduras con la complicidad de varios países europeos. Entre ellas, a Vietnam, Madagascar, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. También que con Predator fue atacada la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsaola, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, así como al subdirector de la FAO, Manuel Barange, y la directora de la Agencia Europea del Clima, Paloma Aba Garrote, ambos españoles. También un académico de la Universidad de Santiago de Compostela fue objeto de un intento de espionaje con ese programa al servicio de una dictadura, en este caso, la de Vietnam. La exembajadora de Alemania en Estados Unidos, Emily Haber, y cuatro congresistas estadounidenses, así como un ministro y a un diputado albaneses integran igualmente la lista de víctimas. Además, fueron objeto de ataques la cuenta de Twitter de la redacción anglófona del canal de noticias France24 y tres periodistas de la cadena estadounidense CNN.

Ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro confirma esos ataques y sanciona a las dos cabezas visibles de Intellexa y a sus principales empresas. Lo que significa que desde este momento los bienes e intereses en EEUU de Dilian y su mujer, así como de sus empresas, están bloqueados, también de las sociedades en las que los anteriores posean al menos un 50%. Es decir, EEUU prohíbe realizar operaciones financieras con estas personas y empresas, y advierte también a los bancos que serán sancionados si las permiten.

Las empresas del grupo de Dilian sancionadas son Intellexa SA, con domicilio social en Atenas (Grecia), que exporta software espía a regímenes autoritarios, asegura el Departamento del Tesoro de EEUU. También Intellexa Limited, con sede en Dublín (Irlanda) y que actúa como “revendedor de la tecnología” de Tal Dilian. Además, se sanciona a Cytrox AD, con sede en Macedonia del Norte, que, como recuerda el Tesoro, fue el desarrollador de Predator, y a Cytrox Holdings ZRT, domiciliada en Budapest (Hungría), el desarrollador original del programa. Y a Thalestris Limited, con sede en Irlanda y que “posee los derechos de distribución del Predator y actúa como una sociedad de cartera financiera para todo el grupo”, dice el Tesoro de EEUU.

Tal Dilian, Sara Aleksandra Fayssal Hamou y estas cinco sociedades son “responsables o cómplices” de haber participado en actividades realizadas fuera de EEUU pero que constituyen una “amenaza significativa a la seguridad nacional, la política exterior o la salud económica o la estabilidad financiera” de ese país. Es así, explica el Departamento del Tesoro, porque desde su fundación, en 2019, el grupo Intellexa, gracias a Predator, ha permitido desarrollar a “regímenes autoritarios”, a los que no cita, “campañas de vigilancia masivas”.

En particular, explica que con ese software espía de “clic cero”  –no hace falta ninguna acción por parte del usuario– se hace posible la “extracción no autorizada de datos, el seguimiento de la geolocalización” y el acceso de información confidencial de los infectados, desde sus contactos hasta el registro de sus llamadas, mensajes, y grabaciones de micrófonos y cámaras. Una tecnología que están utilizando los gobiernos para “facilitar la represión y vulnerar los derechos humanos”, intimidar a opositores políticos, frenar la disidencia, limitar la libertad de expresión y vigilar y atacar a periodistas y activistas.

Además, estas campañas las han llevado a cabo no sólo las dictaduras, sino también las democracias, apunta el Departamento del Tesoro, haciendo “un uso indebido del software espía para atacar a sus ciudadanos sin la debida autorización legal”. Precisamente lo que han desvelado los Predator Files y ha quedado patente con el uso de otro software, Pegasus, en Europa y España.

Se da la circunstancia de que Intellexa desconectó los servidores que le permiten llevar a cabo los ataques con Predator sólo unos días después de que dos empresas de seguridad, Sekoia y Recorded Future, revelaran detalles sobre cómo y desde dónde los clientes de Intellexa lanzan sus operaciones. Según publicó este mismo lunes Risky Biz, ambas firmas desvelaron los dominios sospechosos que utiliza para hacer phishing e ingeniería social, así como los servidores que alojaban y enviaban Predator a los dispositivos que quería infectar.

Esta es la segunda vez en menos de seis meses que en Intellexa desconecta sus servidores. La primera fue el pasado mes de octubre, precisamente cuando los medios de EIC publicaron los Predator Files.

En cualquier caso, la sombra sobre Intellexa y Predator es antigua. La investigación de EIC demostró que, si Nexa y su aliado Intellexa han podido prosperar, es gracias a la pasividad, incluso la complicidad, de varios países europeos, a pesar de los numerosos escándalos. En 2022, Intellexa fue condenada en Chipre por recopilación ilegal de datos. Unos meses más tarde, estallaba en Grecia el escándalo Predatorgate, tras revelar la prensa que los servicios secretos habían infectado los teléfonos de decenas de personalidades, entre ellas políticos de la oposición y periodistas.

En Francia, gracias a los esfuerzos de dos ONG, se abrieron dos investigaciones judiciales desde 2013, que desembocaron en la inculpación por “complicidad en torturas”, en junio de 2021, de Nexa y sus principales directivos. Muchos de los documentos en los que se basaron los Predator Files procedían de esas investigaciones.

La galaxia Intellexa atrajo a numerosas empresas. Una de ellas fue la española Mollitiam Industries, que firmó un acuerdo de confidencialidad con la francesa Nexa en diciembre de 2019. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos, en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se ha especializado el grupo franco-israelí y que ahora ha señalado EEUU como una amenaza global.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. La investigación realizada sobre los Predator Files reveló que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

Y hace sólo unos días, el pasado 27 de febrero, Meta anunció que había eliminado las cuentas falsas en Facebook e Instagram que había creado Mollitiam para poner a prueba sus programas de software espía, con los que intenta infectar y extraer información de posibles objetivos. Según desveló Meta, la empresa española, como su hermana mayor Intellexa, se ha dedicado a atacar a “opositores políticos, periodistas, activistas anticorrupción y contra los abusos policiales en España, Colombia y Perú”.

Hugo Martínez Ballesteros es profesor en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago e investiga las repercusiones económicas del furtivismo marisquero en Galicia. Fue el tema de su tesis doctoral, que defendió en 2018. El pasado 16 de mayo un usuario de Twitter –rebautizado como X– llamado @Joseph_Gordon16 respondió a un tuit suyo de noviembre de 2022 con una pregunta: “¿Cuál es su solución para deshacerse de la tarjeta amarilla?”. Y adjuntaba un enlace. Esa URL conducía a un servidor que infecta los teléfonos móviles con Predator, el programa espía diseñado por Intellexa –un grupo de empresas con sede en Europa pero creado por antiguos ciberespías israelíes– y vendido por su socio francés Nexa. Predator puede recuperar todos los datos de los teléfonos infectados y activar a distancia el micrófono y la cámara.

Sin embargo, Martínez Ballesteros no pinchó el enlace. “El tuit me pareció raro”, explica a infoLibre. Cuando este periódico le informó de la amenaza de infección, la Universidad de Santiago, a la que pertenecen los dispositivos informáticos que utiliza el profesor para su trabajo, comprobó que el intento de intrusión había fracasado. Todos estaban limpios.

La cuenta @Joseph_Gordon16, cuya foto de perfil es la de un joven asiático con gafas, fue utilizada muy probablemente por Vietnam para llevar a cabo un ataque informático a gran escala. Así lo revelan los Predator Files, una investigación de 15 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en un informe del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional y en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel .

La investigación técnica de Amnistía constata que @Joseph_Gordon16 atacó, entre febrero y junio de este año, a 59 personas y organizaciones en Europa, Estados Unidos y Asia, entre ellas políticos de alto nivel, periodistas, académicos, así como opositores al régimen vietnamita. Se desconoce si alguno de estos intentos de infección tuvo éxito.

La sorpresa de Hugo Martínez Ballesteros al enterarse del ataque fue mayúscula. Es experto en lo que se conoce como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, pero su enfoque es exclusivamente nacional, y muy centrado en el furtivismo marisquero gallego. “Ahora voy a publicar un artículo sobre su enorme impacto económico: cuánto marisco se deja de recoger por culpa de esta actividad ilegal, qué efecto tiene en mariscadores y pescadores...”, detalla. Pero nunca ha estado en Vietnam ni ha “investigado o publicado nada relacionado con ese país, tampoco sobre las sanciones de la UE ni sobre la tarjeta amarilla”, niega categórico Martínez Ballesteros.

Sin embargo, participa en proyectos europeos e internacionales sobre pesca y suele publicar en “revistas de alto impacto”, en inglés, como Marine Policy, or Ocean and Coastal Management. “Es tan sencillo como escribir mi nombre y añadir poaching (furtivismo) o IUU fishing (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por sus siglas en inglés) en Google y aparecen mis artículos”, apunta como única razón para haber aparecido en el radar de interés de Vietnam.

La pesca es uno de los principales recursos económicos de este país del sureste asiático –es el tercer exportador mundial, con un volumen de ventas de casi 6.000 millones de dólares en 2020– y la UE, el primer importador de pescado del mundo. Sólo a la Unión Europea, Vietnam vendió pescado por valor de 777 millones de euros en 2021. Pero esta dictadura comunista también lidera las estadísticas mundiales en pesca ilegal. Al menos un 20% de sus capturas llevan esa etiqueta. En 2017, Bruselas sacó a Vietnam una “tarjeta amarilla” porque sus esfuerzos para eliminar la piratería pesquera no habían sido suficientes, una amonestación que iba a ser reevaluada el pasado mes de mayo y que está pendiente de la visita al país de una delegación europea prevista para este mismo mes de octubre. Si Vietnam sigue incumpliendo los requisitos de la UE, la tarjeta amarilla puede convertirse en roja.

Así pues, la Unión Europea fue uno de los principales objetivos del Predator vietnamita, con ataques contra la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, quien no ha querido hacer comentarios sobre el ataque informático antes de su publicación.

En el punto de mira de los vietnamitas también estuvo el eurodiputado francés Pierre Karleskind, de Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron, y presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. El 9 de febrero de 2023 apareció una notificación en su cuenta de Twitter. “¿Cómo se resolverá este asunto?”, preguntaba también @Joseph_Gordon16, adjuntando una URL que llevaba a lo que parece un artículo publicado por un think tank.

Pero el artículo era falso. Y el enlace conducía al servidor que infectaba con Predator. Como el lanzado contra Hugo Martínez Ballesteros, el ataque contra Karleskind no tuvo éxito. “No recuerdo haber visto ese tuit y haber hecho clic en él. Hice analizar mi teléfono y no estaba infectado”, declaró a Mediapart tras ser avisado por el medio francés. “No estoy sorprendido, pero sí particularmente molesto”, añadió el eurodiputado.

Por su parte, el profesor español sospecha que el ataque era más bien una “caza masiva” de posibles objetivos. De todos modos, le cuesta creerlo: “Ser objetivo de espionaje a nivel académico me parece una broma”. “En cualquier caso, representa un peligro brutal. ¿Qué demonios es esto? Pueden hacer lo que quieran. Si les interesa la pesca, bien, pero ¿y si les interesa... mi cuenta bancaria?”, se pregunta indignado.

Pero la campaña del Predator vietnamita excedía con mucho los límites académicos y geográficos europeos, apuntó muy alto. La cuenta @Joseph_Gordon16 también intentó infectar a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a la exembajadora de Alemania en Estados Unidos, Emily Haber, y a cuatro congresistas estadounidenses, así como a un ministro y a un diputado albaneses. Además, fueron objeto de ataques varios medios de comunicación, entre ellos la cuenta de Twitter de la redacción anglófona del canal de noticias France24 y tres periodistas de la cadena estadounidense CNN. Otros dos españoles figuran en la lista de objetivos. Se trata de dos altos cargos de la UE y la FAO: la directora de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea), Paloma Aba Garrote, y el subdirector general y director de Pesca y Acuicultura de la FAO, Manuel Barange. infoLibre ha preguntado a ambos por los tuits de la cuenta vietnamita.

La Comisión Europea, a través de un portavoz, responde que no tiene “pruebas de que la infección con Predator haya tenido éxito”. “La Comisión está al corriente de los informes sobre el programa espía Predator dirigido a los seguidores de cuentas de X (antes Twitter) de entidades europeas. Nos tomamos muy en serio la ciberseguridad y aplicamos políticas estrictas para proteger nuestras infraestructuras y dispositivos. Investigamos todos los incidentes”, señala. Barange, que también es profesor honorario de la Universidad británica de Exeter, no ha respondido a los intentos de este periódico de contactar con él.

El informe de Amnistía señala como probables autores de esta campaña a “agentes de las autoridades vietnamitas”. Las conclusiones de sus análisis fueron confirmadas a EIC por otras dos organizaciones de renombre mundial, que investigaron el mismo tema de forma independiente: el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que destapó el espionaje con Pegasus, y el Grupo de Análisis de Amenazas de Google (TAG). “Creemos que esta infraestructura de ataque de Predator está asociada a un actor gubernamental de Vietnam”, indició Google a EIC.

Contactados por EIC, el Gobierno de Vietnam e Intellexa no han respondido. Pero la investigación de EIC parece haber provocado una ola de pánico dentro de la empresa. Después de que EIC enviara preguntas a Intellexa a mediados de septiembre, la cuenta @Joseph_Gordon16 fue cerrada, y parte de la infraestructura técnica utilizada para hackear teléfonos con Predator fue abruptamente desmantelada. “Más del 70% de los servidores rastreados de Predator se han desconectado desde mediados de septiembre”, explica Donncha O'Cearbhaill, director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía.

En cualquier caso, la historia de esta campaña empieza mucho antes, el 31 de diciembre de 2020. Antes de Nochevieja, reinaba un ambiente de fiesta en el grupo de WhatsApp franco-israelí que reúne a ejecutivos de Intellexa y Nexa, que habían sellado su alianza el año anterior.

A las 9:48, los franceses comunican a los israelíes que han vendido Predator a Egipto. A las 13:40, el número dos de Nexa, Olivier Bohbot, anuncia una segunda buena noticia: “Contrato VN firmado. [...] Gracias a todos por vuestro apoyo”. “Wooow!!!!!”, reacciona exultante el jefe de Intellexa, Tal Dilian.

Documentos confidenciales de Nexa confirman que la empresa negoció un contrato de 5,6 millones de euros, cuyo nombre en clave es AnglerFish –nombre inglés del rape–, para vender Predator al MOPS, siglas del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam. Este ministerio, ya implicado en otros casos de piratería informática, es el órgano represivo del régimen, encargado de perseguir a los opositores y a los defensores de los derechos humanos.

Nexa tomó todas las precauciones para ocultar esta venta a una dictadura. El contrato fue negociado por la filial del grupo en Dubái, Advanced Middle East Systems (AMES). Luego utilizó como intermediaria a una empresa registrada en Hong Kong, Delsons Hong Kong Ltd, que compró Predator a AMES y luego se lo revendió al MOPS.

Delsons es propiedad de Alexis Delevaux, un ciudadano suizo que creció en Francia y luego se trasladó a Asia. Es cónsul honorario de Mónaco en Vietnam y proveedor de servicios de telecomunicaciones a varios países de la región. Correos electrónicos de 2011, revelados por Wikileaks, muestran que ya entonces trabajaba como intermediario para suministrar programas espía italianos al MOPS vietnamita.

Los registros de exportación obtenidos por Amnistía Internacional y EIC desvelan que el 1 de noviembre de 2021 Delsons entregó por avión a Vietnam, a una empresa estatal fundada por el MOPS, tres equipos informáticos valorados en 8,4 millones de dólares cuyo fabricante es AS, entre ellos un “módulo de monitorización de smartphones móviles relacionado con un software profesional”. En los documentos internos de Nexa, las siglas AS designan a su filial Advanced Middle East Systems de Dubái. La misma empresa que negoció el contrato Predator con Vietnam.

Alexis Delevaux no ha contestado a las preguntas que le ha formulado EIC. Los directivos de Nexa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, tampoco han querido precisar si suministraron o no los equipos entregados por Delsons a Vietnam, pero afirman que siempre han “respetado toda la reglamentación aplicable y obtenido las autorizaciones de los organismos de control competentes” para exportar.

Ambos precisan que Nexa transfirió a Intellexa, “a partir del tercer trimestre de 2021” todos sus contratos Predator, “antes de que fueran operativos”. Es decir, el grupo francés asegura que no desempeñó ningún papel en el ataque que supuestamente se llevó a cabo utilizando el software espía que vendió a Vietnam.

El informe de Amnistía Internacional muestra que, con 12 blancos atacados con Predator, la Unión Europea (UE) fue uno de los principales objetivos del régimen de Hanoi por culpa de la “tarjeta amarilla” que perjudicaba a sus exportaciones pesqueras y a su reputación internacional. Así, la cuenta de Twitter @Joseph_Gordon16 apuntó con URL infectadas con Predator a la Dirección General de la Comisión Europea encargada del clima, la Dirección General de Medio Ambiente y a la responsable de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva. También atacó con Predator las cuentas de Twitter de agencias especializadas como la Misión de Aguas y Océanos de la UE y de dos agencias europeas responsables de la observación marítima, entre ellas Copernicus, gestionada por la empresa francesa Mercator Ocean.

En 2022, cuando el Parlamento Europeo votó sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, los eurodiputados también adoptaron resoluciones. Con otros eurodiputados del grupo político Renew Europe, el eurodiputado y oceanógrafo francés Pierre Karleskind logró convencer al Parlamento Europeo de que aprobara una enmienda para recordar la existencia de la “tarjeta amarilla” dirigida a Vietnam por pesca ilegal. “Es una posición que no debe de haber gustado al Gobierno vietnamita”, destaca Karleskind a EIC.

Aunque el ataque contra él no funcionara, el eurodiputado dice estar decidido a actuar: “Comportarse así con un parlamentario europeo no es aceptable, es un atentado contra la democracia. Informaré a las autoridades francesas responsables de la inteligencia y el contraespionaje y, cuando se publique su artículo, convocaré al embajador vietnamita ante la Unión Europea a mi despacho de Bruselas para pedirle explicaciones. También estoy considerando la posibilidad de presentar una denuncia. Estudiaré todas las opciones, pero, como dirigente político, debo mantener la cabeza fría. Una cosa es segura: no voy a dejar pasar esto”.

Vietnam también intentó hackear a varios opositores. Uno de ellos, Khoa Le Trung, regenta una tienda de cámaras de vigilancia, situada en un callejón del Dong Xuan Center de Berlín, el mayor mercado asiático de Alemania. Khoa Le Trung, que también es periodista, presenta el sitio de noticias Thoibao.de, uno de los mayores medios de comunicación de la oposición vietnamita, que tiene 20 millones de visitas al mes.

Vietnam lo considera un enemigo del Estado. Su despacho está protegido por una puerta blindada. Recibe regularmente amenazas de muerte, por teléfono y en la vida real. “Hay gente que viene directamente a mi despacho y me dice: 'No sigas con tus reportajes porque no te conviene”. Asegura a EIC que no pinchó el enlace de la infección Predator que la cuenta @Joseph_Gordon16 le envió el 9 de febrero, respondiendo a un tuit de Thoibao.de.

Pero este ataque le preocupa mucho, porque emplea a 12 personas que viven en varios países y que firman sus artículos con seudónimos. Si las autoridades vietnamitas tuvieran acceso a su teléfono, “eso pondría en peligro la vida” de sus empleados y de algunos de sus contactos, dice Le Trung.

Khoa Le Trung está indignado por haber sido blanco de programas espía diseñados y comercializados por empresas europeas y afirma que Europa debería reforzar los controles a la exportación. “No se pueden vender sin más [tecnologías de vigilancia] a países como Vietnam”, zanja.

Vietnam incluso se arriesgó a atacar a tres senadores estadounidenses y a un miembro de la Cámara de Representantes, dos de ellos muy influyentes: el senador demócrata Chris Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y presidente de su subcomité sobre Oriente Próximo y Asia, y el republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Contactados por nuestro socio en los Predator Files The Washington Post , los portavoces de estos dos congresistas indicaron que no creían haber pinchado en las URL de la infección.

Estos ataques se producen en un momento en que las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos están mejorando, como muestra el acuerdo de asociación estratégica firmado por el presidente Joe Biden durante su visita a Hanoi el mes pasado.

El Gobierno estadounidense, que fue informado del ataque por Google, se toma el asunto muy en serio. Una fuente de la Administración Biden asegura a The Washington Post que la decisión de incluir a Intellexa en la lista negra, anunciada el 18 de julio, ya estaba en proyecto cuando se detectó la ofensiva atribuida a Vietnam en primavera, pero el ataque reforzó esta decisión.

Los congresistas estadounidenses no fueron atacados directamente por la cuenta @Joseph_Gordon16, sino a través de respuestas a tuits donde se les citaba. Dos de ellos formaron parte de una ofensiva dirigida contra Taiwán. El 13 de abril, @Joseph_Gordon16 respondió a un tuit de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-Wen, que daba la bienvenida al senador John Hoeven. Como consecuencia, ambos recibieron un tuit malicioso que contenía un artículo falso, muy bien imitado, del South China Morning Post, un famoso diario de Hong Kong.

Lo mismo le ocurrió al miembro de la Cámara de Representantes estadounidense Michael McCaul, atacado al día siguiente en respuesta a un tuit publicado por la cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán. Tsai Ing-Wen fue también el blanco personal, esta vez en solitario, de otro tuit malicioso el 21 de mayo. La presidencia taiwanesa no ha respondido a los intentos de EIC de contactar con ella.

Más allá de Taiwán, @Joseph_Gordon16 atacó a académicos, expertos y periodistas especializados en la geopolítica del Mar de China, una zona de tensión en la que China, Vietnam, Filipinas y Taiwán se disputan la soberanía de varios archipiélagos insulares. Por ejemplo, @Joseph_Gordon16 apuntó a la cuenta de CNN Filipinas, así como a tres periodistas de la famosa cadena de noticias estadounidense: dos reporteros afincados en Taiwán y Jim Sciutto, que es a la vez presentador y analista principal de temas relacionados con la seguridad nacional. Otros periodistas con base en la región también han sido blanco del Predator vietnamita.

Las motivaciones de otros ataques son más misteriosas. Es el caso de la exembajadora de Alemania en Estados Unidos, Emily Haber, que dejó su puesto el pasado mes de junio y no quiso responder a EIC “por razones de seguridad”. Tampoco está claro por qué Vietnam intentó infectar la cuenta de Twitter en inglés de France 24, que forma parte del servicio audiovisual de ultramar de Francia. El canal público de noticias fue atacado colateralmente, en respuesta a un tuit en el que se le citaba. La dirección de France 24 no ha querido reaccionar antes de la publicación de los Predator Files.

Los expertos entrevistados por EIC están sorprendidos por el modo de operar del atacante. Los hackeos a través de Twitter son poco frecuentes –el último detectado se remonta a 2015 en Kenia–, porque tienen dos grandes inconvenientes.

El primero es la imprecisión: las respuestas a un tuit se dirigen principalmente a su autor, pero también pueden interesar, y por tanto infectar, a las personas que siguen al objetivo principal. Y es aún peor cuando el ataque se dirige a la cuenta de una institución como la Comisión Europea, que emplea a más de 30.000 funcionarios, aunque Intellexa disponga de herramientas técnicas para focalizar las infecciones y limitar los daños colaterales.

Para empezar, los tuits son públicos y, por tanto, descubribles. Por eso, normalmente, los ataques se realizan de forma discreta y personalizada, a través de mensajes enviados por SMS o WhatsApp. A John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab, le sorprendió la audacia del ataque público, pero también su torpeza. “Alguien va a ser despedido por esto”, advirtió a preguntas de EIC. “Como cliente de Predator, [el autor del ataque] está claramente en el proceso de aprender de una manera dolorosa; explotar [vulnerabilidades] a través de Twitter es una pésima idea. El hecho de que eso ocurra demuestra que Predator sigue recurriendo a operadores imprudentes”.

El resultado es efectivamente catastrófico, ya que la operación ha sido detectada e Intellexa está en proceso de cerrar urgentemente una parte significativa de los servidores informáticos utilizados para llevar a cabo las infecciones.

Rastreando y analizando esta infraestructura técnica, Amnistía ha podido identificar nuevos países que probablemente utilizan Predator: entre ellos Kazajstán, Sudán, Mongolia y Angola. Es decir, cuatro regímenes autoritarios más.

Para Donncha O'Cearbhaill, director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía, “este caso demuestra que el régimen regulador de la UE no está impidiendo que se desarrollen, financien y exporten desde Europa potentes programas espía a gobiernos con un historial de abuso de las herramientas de cibervigilancia para espiar a disidentes, políticos o activistas inocentes”.

El caso de Vietnam es paradigmático. Una potencia extranjera, con un régimen dictatorial, intentó espiar a ciudadanos y altos cargos de las instituciones europeas con un software vendido... por una empresa europea.

--------------------------------------------------------------

#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

La compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa crearon una galaxia de empresas que colaboraban y se complementaban en la tarea de desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, fueran democráticos y respetuosos con los derechos humanos o no. También una empresa española, de turbio currículo, intentó integrarse en la órbita de Nexa. Se trata de Mollitiam Industries, una pequeña firma con sede en Toledo nacida en 2018, según consta en los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre,  que publica estos días una extensa investigación que desvela ventas de material de vigilancia a dictaduras con complicidad europea [ver aquí]. En el trabajo colaboran Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

Mollitiam Industries, que facturó una media de 1,12 millones de euros anuales entre 2019 y 2021, firmó un acuerdo de confidencialidad con la compañía francesa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos, en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se ha especializado la galaxia Nexa-Intellexa.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. La investigación realizada sobre los Predator Files revela que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

infoLibre ha preguntado a Mollitiam por el resultado de su acercamiento comercial a Nexa y por sus negocios en el país del sureste asiático, sin obtener respuesta. Más abajo se detallan las cuestiones que la empresa no ha querido contestar [ver La caja negra].

En cualquier caso, la dictadura vietanmita no es su único cliente sospechoso. La empresa de Toledo saltó a los titulares en marzo de 2020, cuando su nombre apareció en la lista de los 20 mayores depredadores digitales de la prensa publicado por Reporteros sin Fronteras. Compartía protagonismo con los líderes mundiales del spyware, como el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

El honor de figurar en tan dudosa compañía se lo debió Mollitiam Industries entonces a que había vendido al Ejército de Colombia la herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, destapado por la revista Semana en enero de 2020 y conocido como Carpetas Secretas, reveló que los militares colombianos habían utilizado Invisible Man, una “plataforma de penetración” diseñada por Mollitiam Industries, para “perfilar” a periodistas colombianos pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares. La empresa española vendió su software por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Según publicó la revista Wired, que pudo leer folletos promocionales de Invisible Man, éste es un producto de interceptación, capaz de acceder de forma remota a los archivos y la localización de un dispositivo e incluso activar la cámara y el micrófono sin que lo note el usuario. El spyware también incluye un keylogger, que registra las teclas pulsadas por el espiado; las contraseñas, por ejemplo. No importa el sistema operativo, el producto de Mollitiam puede tomar el control de cualquier dispositivo con Android, MacOS o Windows. Además, es “invisible” porque el ataque es indetectable para el 90% de los sistemas de seguridad. Así consiguieron los militares colombianos teléfonos, direcciones, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp y Telegram, fotos… de objetivos civiles a los que no podían investigar legalmente.

Tres años después, una filtración de correos internos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, que publicó Forbidden Stories y en la que participó también infoLibre, desveló que el Ejército de ese país había puesto en marcha otro procedimiento para adquirir una nueva herramienta de ciberespionaje. Y una de las siete empresas contactadas por las fuerzas armadas colombianas fue, de nuevo, Mollitiam Industries. De las tres que finalmente enviaron una oferta, una era la empresa de Toledo.

El objetivo del Ejército colombiano era adquirir un software de inteligencia con fuentes abiertas, lo que se conoce como Osint por sus siglas en inglés. Ese es precisamente uno de los productos estrella de Mollitiam, que publicita en su página web bajo el nombre de Phoenix: “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknets y deepwebs”.

En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos) y que firma entre otros uno de los socios de la compañía, Mollitiam da un detalle más sobre los usos de su software. Publicita que una parte de Phoenix es “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”.

Mollitiam ya trabajaba en 2021y 2022 para la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional en un proyecto conjunto con la empresa colombiana Newsat. Mollitiam Industries aportó el software Osint y dispone del 40% del capital de la unión temporal de empresas constituida en el país sudamericano y también denominada Phoenix. La licencia para transferir el material a la Policía Nacional colombiana la concedió el Gobierno español en enero de 2022. La compañía española prestará actividades de mantenimiento hasta finales de 2026.

Además, para desarrollar Phoenix, la empresa de Toledo contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)– y por el Gobierno español, a través del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación). La subvención le fue concedida en 2019, la duración del proyecto era de dos años y el objetivo, crear una plataforma para el análisis de la información y el tratamiento de grandes volúmenes de datos (big data) obtenidos a partir de fuentes abiertas.

Pero no fue la única ayuda pública que recibió Mollitiam Industries. En total, se embolsó más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes en sus cortos cinco años de vida. En mayo de 2021, el CDTI le concedió 450.000 euros en una operación para promover la innovación empresarial en la que también invirtió el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. Y le subvencionó con otros 410.394 euros a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2021 de Mollitiam.

Además, una subvención de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel de “resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a ciberataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía Feder, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones le otorgaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma Osint de inteligencia artificial”. Finalmente, recibió del Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) una nueva ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión.

Aunque Mollitiam es una empresa joven, sus promotores tienen larga experiencia en el sector de la cibervigilancia. Los socios mayoritarios, Esther y Samuel Álvarez González, ya crearon en 2007 el Grupo In-Nova, que en 2016 trabajó para el Ejército de Brasil en la formación de un grupo de élite especializado en luchar contra el cibercrimen.

Además, en 2012 es posible rastrear a la empresaria española en Perú y ese mismo año la Fundación In-Nova, que preside Esther Álvarez, firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) peruano. En 2014 Esther Álvarez viajó a Ecuador, donde expuso sus conocimientos sobre ciberdefensa. Cuatro años después, In-Nova figuraba como habilitada en el Registro de Proveedores de Bienes Estratégicos del Gobierno ecuatoriano.

De vuelta a Colombia, que es donde más clientes tienen, los hermanos Álvarez crearon la empresa In-Nova Colombia SAS, que dirige un proyecto de consultoría con el Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército (COATE). Como ya publicó infoLibre, en 2016 In-Nova participó en un proyecto de cooperación tecnológica entre España y Colombia para la transferencia de conocimiento en relación con sistemas autónomos de navegación y plataformas aéreas, con aplicación en vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones), dirigido a oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas.

También un equipo de dicha empresa realizó, a principios de febrero de 2022, una “demostración de equipos” en la Sección de Control Telemático de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de Colombia. Entre las personas a las que se autorizó la entrada a las instalaciones de la Fiscalía General estaba Samuel Álvarez.

Mientras, en España, Mollitiam vendió a la Guardia Civil en 2019 y por 302.500 euros un sistema de monitorización remota de comunicaciones desde móviles. También una herramienta para monitorizar redes sociales por 18.059, según publicó en su día El Salto. A In-Nova, el Ministerio de Defensa le adjudicó en 2015 el suministro de un prototipo de red de comunicaciones tácticas y, entre 2018 y 2022, cuatro contratos más por un importe total de 134.950 euros. Una de esas licitaciones fue para un sistema de interceptación.

La confluencia tecnológica de Mollitiam e In-Nova con Nexa es significativa. A principios de 2017, In-Nova participó en Homsec, una feria internacional que reúne en Madrid a vendedores y compradores del sector de la defensa y la seguridad nacional. En esa ocasión, según relató en detalle la prensa especializada, Samuel Álvarez mostró una tableta a la que se le había “conectado un dispositivo hardware o ‘sonda’ con el que se realizó un rastreo de las comunicaciones y dispositivos inalámbricos que se encontraban en la feria, mostrando los diferentes niveles de seguridad en función de las configuraciones y vulnerabilidades detectadas”. La sonda permitía rastrear el entorno, explorar las diferentes redes inalámbricas, tanto visibles como ocultas, así como explorar todos los dispositivos en un entorno cercano (varias decenas de metros), logrando información sobre éstos sin necesidad de interceptarlos. Por otro lado, y dentro del modo ‘misión’, de una forma sencilla de operar, se pueden construir operaciones de interceptación y captura de información de los dispositivos seleccionados”. Como revelan los Predator Files, los dispositivos de interceptación telefónica eran uno de los productos estrella de Nexa Technologies.

Es más, Invisible Man, el programa vendido a Colombia y Vietnam, y Night Crawler, que Mollitiam promociona de forma conjunta con el anterior, comparten habilidades con Predator, que puede recuperar todos los datos del teléfono, desde páginas web visitadas y correos electrónicos, hasta los mensajes cifrados de Signal o WhatsApp, e incluso contraseñas y certificados, además de activar el micrófono y la cámara. Y la interceptación es anónima, indetectable para la víctima, como en Invisible Man y Night Crawler.

Además de los hermanos Álvarez, un tercer accionista de Mollitiam es Antonio Ramos, conocido por su pasado como presentador de Mundo Hacker, un programa emitido en Discovery Max y en TVE. En abril de 2019, Ramos acudió a La Resistencia, de David Broncano., donde presumió de trabajar para los ministerios de Defensa de distintos países, que no identificó pero de los que quiso dejar claro que “siempre son países amigos de Occidente”. También aseguró que había recibido una medalla blanca al mérito policial por ayudar a desarticular una red de pederastas. En otras intervenciones públicas, afirmó que había sido asesor internacional para la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington y se presentó así: “Soy un hacker, lidero un grupo de hackers internacionales y hackeamos cosas para hacer la vida digital tanto de los ciudadanos como de las organizaciones más segura”.

Lo cierto es que, como revelan los Predator Files, no todos los clientes de Nexa, la empresa francesa a la que quería vender sus productos, eran países “amigos de Occidente”, ni éstos utilizaron sus herramientas informáticas para hacer “más segura” la vida de sus ciudadanos. Otro tanto puede decirse del uso que el Ejército colombiano dio al spyware de Mollitiam y del que es más que probable que haya hecho una dictadura como Vietnam.

Un cuarto accionista de la empresa toledana, con el 6,8% del capital, es Sabadell Venture Capital, la filial del banco que preside Josep Oliu y que se dedica a invertir en startups. Un portavoz de la entidad aseguró a infoLibre que no había tenido conocimiento del escándalo de espionaje a periodistas en Colombia porque el banco carece de “ningún tipo de control”. “No somos consejeros y nuestra inversión es puramente financiera”, explicó.

--------------------------------------------------------------

#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

El 22 de junio de 2021 a las 14:33 la vida del candidato a la presidencia egipcia Ayman Nour ya no tiene secretos para los servicios secretos de su país. Su teléfono acaba de ser infectado con Predator, un programa espía, similar a su competidor israelí Pegasus, que es capaz de succionar todos los datos del móvil y convertir el aparato en un chivato, activando el micrófono y la cámara. Ayman Nour cometió el error de hacer clic en un enlace malicioso recibido por WhatsApp, que remitía a un artículo de prensa falso redactado especialmente para él: “Turquía pide a los canales de televisión de la oposición egipcia que dejen de criticar a Egipto”.

Desde que huyó de su país justo después del golpe de Estado de 2013 que llevó al poder al dictador Abdulfatah al-Sisi, este excandidato presidencial, conocido por sus posiciones laicas y su defensa de los derechos humanos, se exilió en Turquía, donde dirige El Sharq TV, un canal de televisión crítico con el régimen egipcio.

Primero notó extraños fallos en su teléfono. Pero, cuando un canal de televisión egipcio reveló algunas de sus conversaciones privadas, empezó a temer por su vida. El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que se ha dedica a investigar las relaciones entre nuevas tecnologías y derechos humanos, probó su dispositivo y confirmó sus temores: Ayman Nour era, en efecto, víctima de Predator.

Predator Files, una investigación basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y coordinada por la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, con la asistencia técnica de Amnistía Internacional, revela que el grupo francés Nexa vendió el programa espía Predator, desarrollado por la empresa israelí Intellexa, al menos a tres autocracias: Egipto, Vietnam y Madagascar.

Los documentos a los que ha tenido acceso EIC prueban que Egipto compró por 9,4 millones de euros, en el verano de 2021, el software Predator de Intellexa, una compañía basada principalmente en Europa, pero pilotada por exprofesionales de los servicios secretos israelíes. En 2019, Intellexa selló una alianza con el grupo francés Nexa, que lleva años en el punto de mira de dos investigaciones judiciales por “complicidad en torturas” relacionadas con la venta de sistemas de vigilancia masiva por Internet a Libia y Egipto.

Jueces instructores y gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Crímenes contra la Humanidad y los Crímenes de Odio (OCLCH) de Francia han descubierto que fueron directivos de Nexa quienes cerraron la venta de Predator a los servicios secretos del mariscal Al-Sisi. “¿Quieres ir a juicio y que salga en la prensa [la existencia del contrato de Predator]? ¡Estáis locos! [...] Si volvemos a las andadas, estamos acabados, estamos muertos”, advirtió el director de Nexa, Stéphane Salies, el 3 de junio de 2021 en una conversación telefónica.

Salies también admite entonces que es perfectamente consciente de que sus clientes pueden hacer “casi cualquier cosa” con los programas de pirateo telefónico vendidos por Intellexa, visto “lo que pasó en Arabia Saudí” con el asesinato del periodista [Jamal] Khashoggi”. “Puede hacer mucho daño. [...] Basta con uno o dos errores y nos llevaríamos un fuerte bumerán en la cabeza”, avisa, claramente más preocupado por los riesgos para su negocio que por las víctimas como Ayman Nour.

Pero los Predator Files van mucho más allá del caso egipcio. Revela los métodos sin escrúpulos utilizados por las empresas que integran la alianza Intellexa/Nexa para vender potentes herramientas de vigilancia a países autoritarios como Vietnam, Madagascar, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Incluso burlando la ley, como hizo Nexa al firmar en 2020 un contrato con el mariscal Haftar en Libia, violando el embargo de armas a un régimen no reconocido por la comunidad internacional.

Hace dos años, el escándalo Pegasus, revelado por Forbidden Stories, mostró cómo se utiliza la piratería telefónica para espiar a opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Y cómo Israel utilizó Pegasus para sanear su relación con las dictaduras.

Con los Predator Files le toca ahora el turno a Europa. Intellexa se jacta en su página web de que el grupo está “regulado por la Unión Europea”, como garantía de limpieza. En realidad, por cinismo y para no dejar el campo libre a estadounidenses e israelíes, los gobiernos europeos hacen la vista gorda ante los excesos de sus empresas de cibervigilancia.

En Francia, donde Nexa gozaba de excelentes relaciones con los servicios secretos y los ministerios, la empresa incluso tenía acceso al presidente Emmanuel Macron, y utilizó a su antiguo asesor Alexandre Benalla como intermediario para intentar vender sus productos a Arabia Saudí, a pesar del asesinato de Jamal Khashoggi.

Europa se ha convertido en un refugio seguro para los vendedores de programas espía, así como en una “plataforma para su exportación a dictaduras y regímenes opresores”, según denunció el pasado mes de mayo el informe de investigación de la comisión PEGA del Parlamento Europeo, creada a raíz del caso Pegasus. El 18 de julio, el Gobierno estadounidense incluyó a Intellexa en su lista negra. Pero el informe de la comisión PEGA no suscitó ninguna reacción en Europa.

La investigación de EIC demuestra que si Nexa y su aliado Intellexa han podido prosperar es gracias a la pasividad, incluso la complicidad, de varios países europeos, a pesar de los numerosos escándalos. En 2022, Intellexa fue condenada en Chipre por recopilación ilegal de datos. Unos meses más tarde, estallaba en Grecia el escándalo Predatorgate, tras revelar la prensa que los servicios secretos habían infectado los teléfonos de decenas de personalidades, entre ellas políticos de la oposición y periodistas.

En Francia, gracias a los esfuerzos de dos ONG se abrieron dos investigaciones judiciales desde 2013, que desembocaron en la inculpación por “complicidad en torturas”, en junio de 2021, de Nexa y sus principales directivos. Muchos de los documentos en los que se basa Predator Files proceden de esas investigaciones. Los responsables de la empresa niegan los hechos de los que se les acusa. “En mi alma y en mi conciencia intento hacer el bien”, declaró el dueño de Nexa cuando le interrogaron los gendarmes.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los medios de EIC y sus socios en esta investigación por ponerse en contacto con los directivos de Intellexa, éstos no han respondido. Los responsables de Nexa enviaron una respuesta general denunciando “acoso mediático y judicial”. Dicen que siempre han respetado “escrupulosamente la normativa”. Aunque admiten haber vendido a países que “distaban mucho de ser perfectos desde el punto de vista del Estado de Derecho”, precisan que a menudo se trataba de una consecuencia de las “opciones políticas” de Francia: “En varios de los países conflictivos que menciona, no sólo obtuvimos el permiso de exportación, sino que nos limitamos a seguir la vía de la estrecha cooperación iniciada por Francia con esos mismos países”.

Las empresas y personas implicadas en la investigación impugnan los hechos que se les imputan y se benefician de la presunción de inocencia.

Todo empezó con Amesys, la antecesora de Nexa. En 2007, la empresa desarrolló para el dictador libio Muamar El Gadafi el software Eagle, el “primero del mundo” capaz de vigilar Internet “masivamente a escala de todo un país”, según presume un folleto de la propia compañía.

Oficialmente, se trata de luchar contra el terrorismo. En realidad, la Justicia francesa sospecha de que el objetivo era localizar, detener y torturar a los opositores. Los gendarmes encargados de la investigación judicial señalan que las propuestas hechas a los países clientes son “siempre muy explícitas en el aspecto de la interceptación masiva”. Por ejemplo, un folleto comercial detalla las preguntas a las que puede responder la vigilancia de Eagle: “¿Cuál es la vida digital de su población? Contactos, amigos, proveedores, socios... ¿Quién está en contacto con quién en su país?”.

Según un documento interno, Francia adquirió el sistema en 2007. Sin embargo, no se sabe con qué fin ni qué servicio lo ha utilizado. En cuanto a los primeros clientes a los que se exportó, se trata, como reveló el sitio Reflets.info, principalmente de dictaduras amigas de Francia, como Guinea, Marruecos y Gabón.

Eagle también se vendió a varios regímenes apreciados por el presidente Nicolás Sarkozy, en un contexto de casos de corrupción: Qatar, poco antes de la atribución de la Copa del Mundo de fútbol, el Kazajstán de Nursultan Nazarbayev, en la época del Kazakhgate, y Libia. La venta de Eagle es considerada por la Justicia francesa como una de las contrapartidas concedidas por Nicolas Sarkozy al coronel Gadafi en la supuesta financiación libia de su campaña electoral de 2007 por la que está siendo juzgado.

En 2011, tras la guerra en Libia y la muerte de Gadafi, la prensa reveló la existencia del sistema Eagle. La Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron una denuncia. Batallaron durante dos años contra la fiscalía, visiblemente deseosa de enterrar el caso, antes de conseguir la apertura de la investigación judicial por complicidad en tortura. El escándalo puso de rodillas a Amesys: los directivos recibieron correos electrónicos insultantes, los bancos cerraron sus cuentas, la empresa no podía contratar personal.

Así que dos de sus directivos, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, se libraron entonces con una hábil maniobra: en 2012 crearon una nueva empresa llamada Nexa, que compró el software Eagle, y lo rebautizaron como Cerebro.

Tras este sencillo ajuste, todo vuelve a ser como antes. Un documento interno muestra que, ya en 2014, Nexa consiguió contratos con varios ministerios franceses y con la DGSE –los servicios franceses de inteligencia exterior–, lo que también ayudó a la empresa a vender sus productos en el extranjero.

Nexa desarrolla sondas que interceptan voz, tráfico de internet, teléfonos por satélite, así como IMSI catchers, unos dispositivos capaces de captar teléfonos móviles en un radio de unos cientos de metros. Todos estos sistemas pueden conectarse a Cerebro, que analiza todas las interceptaciones para lograr una “vigilancia global” digna del Gran Hermano, detalla Nexa en un aterrador folleto promocional.

Es una historia de éxito. Según documentos internos analizados por Mediapart, Nexa obtuvo, entre 2012 y 2021, al menos 30 contratos en más de 20 países. Hay democracias europeas –Suiza, Austria, Alemania, también España–, pero la mayoría de los clientes son regímenes autoritarios o problemáticos: Omán, Qatar, Congo Brazzaville, Kenia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Pakistán, Jordania, Vietnam...

Preguntados al respecto por EIC, Stéphane Salies y Olivier Bohbot responden que “nunca hubo contrato y/o entrega” con algunos de estos países, sin precisar cuáles.

Durante su detención policial, los dirigentes de Nexa aseguraron que actuaban en la más estricta legalidad. “No juzgo la naturaleza democrática del cliente, confío en el gobierno que me autoriza a vender”, declaró el número tres del grupo, Renaud Roques. “Nuestras soluciones están sujetas a autorización, que examinan las autoridades francesas”, añadió el copropietario y número dos de Nexa, Olivier Bohbot.

La policía intentó comprobarlo. En julio de 2021, pidieron al SBDU, el organismo dependiente del Ministerio de Economía francés que expide las licencias de exportación, todos los permisos concedidos a Nexa en los últimos 10 años. El SBDU sólo informó de tres, para Egipto, Qatar y Singapur.

¿Cómo es posible? Predator Files demuestra que el grupo eludió a las autoridades francesas obteniendo licencias en otros países, en particular de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Cuando refundó el grupo en 2012, Stéphane Salies creó en realidad dos empresas: Nexa, en París, y Advanced Middle East Systems, en Dubái, uno de los Emiratos. Oficialmente, las dos empresas no tienen ninguna relación. En realidad, son empresas hermanas, y Advanced Systems era simplemente una “oficina de ventas” de Nexa, según aparece en sus documentos internos.

Los directivos de Nexa afirman haber creado una oficina en Dubái por razones de “proximidad con los clientes”. Un documento interno menciona más bien las ventajas “fiscales” y “estratégicas”: “Sin impuesto de sociedades, sin cargas sociales, [...] sin más problemas con la prensa, más flexibilidad en los procedimientos de exportación”.

El jefe de Nexa, Stéphane Salies, es aún más explícito en una carta de 2014 enviada al ISI, el servicio de inteligencia de Pakistán: “Las autoridades de la Unión Europea han reforzado las futuras restricciones a la exportación de tecnologías cibernéticas y de interceptación. [...] Afortunadamente, para Advanced Systems, estos problemas [...] están completamente eliminados. Toda nuestra propiedad intelectual pertenece al 100% a nuestra entidad en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que no hay [...] riesgo de que se deniegue una licencia de exportación”.

Un portavoz del Gobierno emiratí asegura a EIC que es “categóricamente falso” que haya concedido “licencias de exportación para vender programas espía”. “Los Emiratos Árabes Unidos niegan rotundamente cualquier acusación de que haya facilitado la venta de cualquier sistema de vigilancia a cualquier país”, subraya. “Los Emiratos", añade, “disponen de un marco legal de control de las exportaciones y supervisan continuamente la exportación de productos de doble uso”.

El grupo francés elige vender desde Nexa o Advanced Systems “dependiendo del país receptor”, señalan los gendarmes. En 2015, un gerente de la firma gala creía que una solicitud de licencia “iba a quedar bloqueada”. “No, aquí no, lo vendo desde Advanced Systems”, respondió su comercial con oficina en Dubái. Según una auditoría interna de los procedimientos de exportación, el acuerdo de licencia entre Nexa y Advanced Systems se envió a la SBDU, que “nunca puso objeciones a su contenido”. En otras palabras, el Ministerio de Economía parece haber autorizado de facto a Nexa a exportar desde Dubái, sin ningún control por parte de Francia.

Un ejemplo parece confirmar que el Gobierno francés hizo la vista gorda ante esta trama: el megacontrato celebrado en 2014 con Egipto. El año anterior, un golpe militar había derrocado al presidente electo Mohamed Morsi, de los islamistas Hermanos Musulmanes. El Gobierno de los Emiratos, opuesto a la Hermandad, decidió ofrecer al nuevo dictador, el mariscal Sisi, tecnologías made in France para consolidar su poder: un sistema de vigilancia masiva de las comunicaciones de voz, suministrado por Ercom –hoy filial de la también francesa Thales–, así como el software Cerebro de Nexa para la vigilancia de internet, facturado por 15,6 millones de euros.

Fue Nexa la empresa que ejecutó el contrato de principio a fin. Pero en su solicitud de licencia al SBDU, la firma francesa indica que no vendió nada y que se limitó a prestar “servicios” a Advanced Systems para instalar el sistema en Egipto. El SBDU lo validó, a pesar de que el ministerio conocía los vínculos entre ambas empresas.

En un correo electrónico enviado a los gendarmes, el director del SBDU, visiblemente avergonzado, se justificó indicando que, a diferencia de la venta de material de vigilancia, la prestación de “servicios” no está regulada; por tanto, no está sujeta a licencia y no puede prohibirse “por razones vinculadas, por ejemplo, a los derechos humanos”.

“La creación de nuestras empresas nunca tuvo por objeto eludir la legislación”. francesa, responden Stéphane Salies y Olivier Bohbot a Mediapart. “La reglamentación emiratí en materia de exportación es la misma que en la Unión Europea (los acuerdos de Wassenaar) y ya hemos recibido denegaciones de [licencias de] exportación de esta administración”, añaden.

El diagnóstico que hace la policía es serio. En un sucinto informe, considera que las solicitudes de licencia de Nexa no son lo suficientemente específicas “sobre los materiales o servicios suministrados”, en particular en lo que se refiere a las capacidades de vigilancia masiva de Cerebro. “También es importante señalar que el SBDU no solicita ninguna información adicional a estas solicitudes y acepta la mayoría de las solicitudes de Nexa “, concluyen. Contactado por Mediapart, el SBDU se negó a responder a sus preguntas.

En cualquier caso, los documentos internos a los que EIC ha tenido acceso sugieren que Nexa no parecía preocupada ni por los derechos humanos ni por el estricto cumplimiento de la normativa. Durante el tiempo en que permaneció bajo custodia, Stéphane Salies aseguró que se negaba a vender a las peores dictaduras: “Por ejemplo, si la petición fuera para Birmania [antiguo nombre de Myanmar], la respuesta sería: no, no vendería”. Los gendarmes, sin embargo, encontraron un proyecto llamado Migale con Myanmar.

En Advanced Systems, los vendedores disponían incluso de una “prima excepcional” equivalente al “4% del margen generado” si conseguían vender a tres “países de riesgo”: Irak, Afganistán y Libia, aun cuando este último país está sometido a un embargo internacional de armas. Lo que no impidió a Nexa vender material de vigilancia al mariscal Haftar, que gobierna en el este de Libia y cuyo poder no es reconocido por la comunidad internacional. Este contrato se firmó en 2020, a pesar de que la empresa francesa no había solicitado licencia.

En Nexa, las licencias de exportación las gestiona Aline B., la secretaria de Stéphane Salies. En 2015 su superior le dijo, durante su entrevista de evaluación, lo que se esperaba de ella: “Actúa como salvaguarda de las exportaciones siendo lo más inteligente posible. Contamos contigo para guiarnos, pero tu papel también es encontrar soluciones”.

El mensaje se recibe alto y claro. En octubre de 2017, el número tres de Nexa, Renaud Roques, quiso enviar un IMSI catcher a Arabia Saudí para una demostración. Para ello necesita una licencia de exportación temporal, de la que no dispone. Aline B. le responde que tiene autorización para Kenia. “Vas a Kenia con él y luego vas a Arabia Saudí. [...] Si quieres una solución, aquí la tienes”.

En 2016, Renaud Roques contó cómo se disponía a volar a Argel con una sonda de vigilancia de Internet como “equipaje facturado”, mintiendo sobre su naturaleza: “Simplemente declaramos un servidor”. Dos años más tarde, Stéphane Salies quería que uno de sus comerciales hiciera una demostración en Vietnam sin licencia. Aline B. le respondió que eso era imposible. “A menos que te arriesgues con el equipaje de mano, cosa que ya hemos hecho muchas veces”, replica su jefe.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot no contestaron a las preguntas de EIC sobre estos casos concretos, aunque indicaron que sus empresas “respetaban escrupulosamente la normativa de exportación”.

Pero surge una nueva amenaza. En 2017, la revista francesa Télérama reveló la existencia del contrato firmado tres años antes con Egipto. La Liga de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron una nueva denuncia, que desencadenó la apertura de una segunda investigación judicial por complicidad en torturas.

Stéphane Salies y Olivier Bohbot contestan al respecto que, al haber obtenido “una autorización del SBDU”, consideraban que Cerebro “podía exportarse con total normalidad”: “Tanto más en el caso de un país como Egipto, con el que las autoridades francesas ensalzaban una intensa cooperación. [...] No se puede, por una parte, autorizar y animar a una empresa a concluir un contrato con un Estado y, algunos años más tarde, perseguirla penalmente por haber concluido precisamente este contrato”.

Para Stéphane Salies, las denuncias judiciales ya son demasiado: dimite de su cargo de director general de Nexa, dejando las riendas a su socio, Olivier Bohbot. Salies sólo conserva su cargo como jefe de Advanced Systems. En 2018, se trasladó a Dubái “por problemas con los medios de comunicación”, declaró luego a la policía.

Bajo el sol de Emiratos, Stéphane Salies vive a lo grande. Gana 25.000 euros al mes y conduce un Porsche Macan y un Mercedes GT, adquiridos por 170.000 euros. También invirtió más de seis millones de euros en tres propiedades, entre ellas una casa de cuatro millones en las afueras de París y una villa de 1,5 millones en Dubái.

Además, la nueva investigación judicial no perjudica las buenas relaciones de Nexa con el poder. El número tres del grupo, Renaud Roques, participó en la campaña presidencial de Emmanuel Macron en 2017. Casualmente, dos meses después de las elecciones, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) autorizó a Nexa a “celebrar contratos [...] a nivel confidencial de defensa” con el GIC, el organismo dependiente del gabinete del primer ministro francés que supervisa las escuchas telefónicas realizadas por los servicios secretos, al margen de procedimientos judiciales.

Un año más tarde, Nexa consiguió una reunión con Emmanuel Macron y su polémico –y condenado– consejero Alexandre Benalla, y luego pidió a este último que le ayudara a vender sus productos a Arabia Saudí. Ni el Elíseo ni la SGDSN ni Alexandre Benalla han respondido a EIC sobre estos asuntos. Renaud Roques tampoco ha contestado. Stéphane Salies y Olivier Bohbot indican que no pagaron a Alexandre Benalla ni firmaron ningún contrato gracias a él.

En 2019, Nexa adquirió a uno de sus competidores, Trovicor. Son pájaros con el mismo plumaje: esta empresa, antes alemana, trasladó su sede a Dubái tras quedar al descubierto por vender sistemas de vigilancia a dictaduras como Irán y Siria. El grupo francés aprovechó la ocasión para rebautizarse como Trovicor Intelligence, con la esperanza de olvidar el nombre de Nexa, manchado por la investigación judicial sobre el contrato egipcio.

Convertida en un peso pesado europeo, Nexa está en su cénit. Al menos, en apariencia. Porque, en realidad, el año 2018 fue catastrófico para el grupo: su facturación se dividió por tres en un año, pasando de 23 a ocho millones de euros. El problema es estructural: debido al desarrollo de la encriptación en internet, Cerebro, su producto estrella, se está quedando ciego. No puede leer los mensajes cifrados. Así que Nexa debe entrar en un nuevo mercado, popularizado por la empresa israelí NSO y su software Pegasus: el hackeo de teléfonos móviles.

La salvación de Nexa vendrá de la mano de un israelí: Tal Dilian. Este antiguo oficial tiene 25 años de carrera en el Tsahal, las fuerzas armadas de Israel, primero en los comandos y luego como jefe de la mítica Unidad 81, donde trabajan los hackers de élite de la inteligencia militar israelí. Obligado a abandonar el ejército en 2003 tras ser acusado de malversación de fondos, Tal Dilian se lanza al negocio de la vigilancia. Y se establece en Europa para no estar sometido a los controles del Gobierno israelí.

El exoficial se instala primero en Chipre, donde en 2008 cofunda la empresa Circles, experta en geolocalizar teléfonos móviles. Circles acabó fusionándose con NSO, la creadora de Pegasus, tras su reventa en 2014 por 130 millones de dólares. Con varios inversores, entre ellos su amigo Oz Liv –también exjefe de la Unidad 81– y el empresario israelí Meir Shamir, funda el grupo Aliada, registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Entre las empresas que lo forman está Wispear, con sede en Chipre y especializada en infiltrarse en teléfonos vía wifi.

En 2018, Tal Dilian adquiere la nacionalidad maltesa, lo que le permite vivir en la Unión Europea. Ese mismo año, su grupo se hace con el control de Cytrox, una start-up especializada en hacking y fundada por israelíes y un húngaro en Macedonia del Norte, un pequeño país balcánico situado al norte de Grecia.

Cytrox se encontraba entonces al borde de la quiebra. Pero gracias a los fondos aportados por inversores alemanes, Tal Dilian y sus hombres consiguen comprar fallos de seguridad; es decir, vulnerabilidades presentes en el código informático del software que hace funcionar los teléfonos móviles y que permiten hacerse con su control. Así es como Cytrox consigue crear el formidable Predator.

Sin embargo, es menos potente que su competidor Pegasus, que infecta en zero-click, sin que sea necesaria ninguna acción del usuario. Predator inicialmente sólo funcionaba en one- click, si el objetivo hacía clic en un enlace malicioso.

Un documento de los Predator Files muestra que Nexa comenzó a cooperar ya en 2018 con Tal Dilian para resolver este problema. Los dos grupos desarrollaron una “furgoneta de pirateo”. Gracias a la tecnología wifi de Wispear y a un potente IMSI catcher proporcionado por Nexa, la furgoneta puede inyectar Predator en teléfonos en modo zero-click, en un radio de aproximadamente 500 metros. En el sector, es el santo grial. “Zero-click, creo que eso es lo que impulsa las ventas hoy en día”, dice el número tres de Nexa, Renaud Roques, por teléfono.

En febrero de 2019, un comunicado de prensa anuncia el lanzamiento de Intellexa, una “alianza” entre Nexa y el grupo de Tal Dilian. Su ambición es crear un líder europeo, capaz de ofrecer a los gobiernos todas las herramientas de vigilancia posibles. Seis meses más tarde, Tal Dilian declaraba, en una entrevista a la revista Forbes, que la empresa tenía como objetivo unas ventas anuales de 500 millones de dólares. En cuanto a las ventas a dictadores, afirmaba, como los traficantes de armas, que la culpa es de los clientes: “Trabajamos con los buenos. Y a veces los buenos no se comportan”.

Entonces Tal Dilian organiza, para los periodistas de Forbes, una demostración filmada de su furgoneta en una calle de Larnaca, en Chipre. “Los rastrearemos, los interceptaremos, los infectaremos”, dice refiriéndose a dos colegas apostados en el exterior. Unos segundos después, el contenido de uno de los teléfonos aparece en una pantalla dentro de la furgoneta.

El vídeo provocó un escándalo. Las autoridades chipriotas confiscaron la furgoneta y abrieron una investigación. A la empresa de Tal Dilian se le impuso una simple multa por haber robado los datos de 600 personas. El israelí abandona inmediatamente el país y establece su nueva sede en Grecia.

Los documentos de una demanda interpuesta por uno de sus antiguos socios en Israel, muestran, además, que posteriormente hizo sus actividades aún más opacas.

En el verano de 2020, su grupo cambió de nombre a Intellexa, y las sociedades operativas se transfirieron a una empresa irlandesa llamada Thalestris. Los accionistas se ocultan tras un apoderado suizo, Andrea Gambazzi, un proveedor de servicios financieros con sede en Lugano. La directora de la empresa matriz del grupo es ahora Sara Hamou, una abogada polaca que no es otra que la socia de Tal Dilian. Oficialmente, el antiguo oficial israelí ya no es el director, sino un simple “consejero” de Intellexa.

EIC ha encontrado su rastro en Suiza, en Champéry, un encantador pueblo de montaña del cantón francófono de Valais, a seis kilómetros en línea recta de la frontera francesa. Varias pistas atestiguan su presencia: invirtió en una empresa local de taxis en 2019 y el periódico municipal anunció en noviembre de 2021 el nacimiento de su hijo. En su chalé, un letrero de madera grabada reza Chez Dilian (Casa Dillian). Pero cuando los reporteros de EIC llamaron a su puerta, no estaba.

Nadie sabe con exactitud dónde vive el ex oficial israelí. En los grupos de WhatsApp creados en 2020 con los franceses de Nexa, utilizaba cuatro números de teléfono diferentes: dos israelíes, uno chipriota y otro suizo...

Para los franceses, la alianza con Tal Dilian es un regalo del cielo. Abren su libreta de direcciones para vender Predator en países donde Intellexa no “dispone de los recursos y contactos necesarios”, explicó un ejecutivo de Nexa a la policía. En 2020, los franceses han previsto “una semana completa en Macedonia”, donde tiene su sede la empresa Cytrox, la desarrolladora de Predator, “para formarse en las herramientas cibernéticas ofensivas de Intellexa y poder hacer demostraciones”.

Su primer cliente no es otro que Egipto, al que Nexa había vendido Cerebro en 2014. Mientras tanto, la feroz represión iniciada por el mariscal Al-Sisi –40.000 detenciones, 1.400 manifestantes muertos– ha sido denunciada en numerosas ocasiones por ONG de defensa de los derechos humanos, e incluso por el Parlamento Europeo. Dos informáticos de Nexa llegaron a dimitir en 2018 por “razones éticas”, porque temían que Cerebro se utilizara para perseguir a homosexuales.

Algo que no disuade en absoluto a Nexa. El 19 de septiembre de 2020, se creó un grupo de WhatsApp franco-israelí para preparar una demostración de Predator en El Cairo. Stéphane Salies, presiona: “Se trata de un cliente muy exigente con conocimientos especializados. [...] El primer pago está condicionado al éxito de la demo”.

Parece que la prueba fue un éxito. “Acabo de recibir un mensaje de nuestro agente diciendo que está firmado”, dice exultante Stéphane Salies el 31 de diciembre de 2020, en un mensaje con cuatro emojis de botellas de champán. “¡¡¡Genial!!! Feliz año nuevo”, responde Tal Dilian.

Según un documento interno, el contrato fue suscrito por Advanced Systems, empresa hermana de Nexa en Dubái, por 9,4 millones de euros. No parece haberse solicitado ninguna licencia de exportación a Francia. El cliente es el TRD, siglas del Departamento de Investigación Técnica, la división cibernética de los servicios secretos egipcios.

El TRD no hizo un buen uso de Predator. En diciembre de 2021, el laboratorio canadiense Citizen Lab reveló que los teléfonos de dos egipcios habían sido hackeados con el programa espía de Intellexa: el candidato opositor Ayman Nour y el “presentador de un popular programa de noticias” que deseaba permanecer en el anonimato.

Para entonces, los dirigentes de Nexa parecían perfectamente conscientes de los abusos que los regímenes autoritarios pueden perpetrar con Predator. El 3 de junio de 2021, Stéphane Salies indicó a su colega Renaud Roques que, para limitar los riesgos, la venta del software de infección debía ser realizada exclusivamente por la entidad Advanced Systems de Dubái: “Vamos a utilizar Advanced sólo para eso ahora”.

Salies usa el ejemplo de “lo que pasó en Arabia Saudí, hicieron un poco de lío, entre Bezos y Khashoggi”. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, había asegurado que su teléfono había sido hackeado por los saudíes. En especial, se encontraron rastros de infección en los teléfonos de los familiares de Jamal Khashoggi, el periodista brutalmente asesinado y descuartizado en 2018 en Estambul por los servicios secretos saudíes.

Stéphane Salies teme que sus propios clientes hagan lo mismo: “Puede hacer mucho, mucho daño. [...] Aunque el 90% de las veces se haga por [...] una buena causa. Basta una o dos meteduras de pata para que el bumerán te dé de lleno en la cabeza”. Pero eso no le impidió vender Predator al menos a otros dos regímenes autoritarios, Vietnam y Madagascar, en condiciones muy problemáticas.

Stéphane Salies y Olivier Bohbhot contestan ahora a EIC que su empresa Advanced Systems sólo actuó “como distribuidor/intermediario” en estos contratos y no tuvo que pedir licencia en los Emiratos: “Correspondía al fabricante del sistema solicitar las autorizaciones de exportación”.

Documentos fechados en 2020 y enero de 2021 muestran que Nexa también estaba tratando de vender software espía Intellexa en ese momento a, al menos, otros siete países, entre ellos Arabia Saudí, Qatar, Libia, Camerún, Malasia y Mauricio. No está claro si estos contratos se celebraron finalmente.

En Sierra Leona, la oferta se refería a la famosa furgoneta de pirateo, capaz de infectar teléfonos con Predator en modo zero-click. Precio propuesto: 24 millones de euros con todas las opciones. Nexa también realizó una campaña de 10,5 millones para la “extracción ofensiva de datos” en Irak, un país muy problemático dada la influencia que ejerce allí Irán.

Las escuchas telefónicas de los gendarmes también revelan que, a pesar de sus éxitos comerciales, había problemas en el paraíso de Nexa e Intellexa. En el centro del conflicto están los precios que cobran los israelíes por Predator. “En este país, son todos iguales [...] es un infierno”, se queja Stéphane Salies por teléfono. “Ya sé qué libro te voy a regalar para tu próximo cumpleaños, [...] uno que empieza por “mein” [el libro Mein Kampf, de Adolf Hitler]”, responde su colaborador Renaud Roques.

“A lo largo de mi carrera, cada vez que he tratado con israelíes, al final las cosas siempre han ido mal. [...] Tengo muchos amigos judíos con los que las cosas van bien, pero malditos sean los israelíes en los negocios...”, se justifica el dueño de Nexa. Cuando su colega sugiere atacar a Intellexa por el contrato egipcio, Stéphane Salies estalla: “¿Quieres ir a juicio y que salga en la prensa? Estás loco. [...] Oh no, si volvemos a las andadas, estamos acabados, estamos muertos”.

El 15 de junio de 2021, dos semanas después de esta conversación, los gendarmes registran la sede del grupo y los domicilios de sus principales ejecutivos. Al mismo tiempo, son interrogados bajo custodia policial. Algunos de ellos, incluido Stéphane Salies, son acusados de complicidad en torturas por la venta de Cerebro a Libia en 2007 y a Egipto en 2014.

En el caso egipcio, el tribunal de apelación anuló las acusaciones un año después, en particular porque la investigación no pudo demostrar que los opositores al régimen del mariscal Al-Sisi fueran torturados a raíz de la información recogida con Cerebro. La investigación sobre la venta de Predator a Egipto en 2020 sigue abierta.

Mientras estaba bajo custodia policial, Salies negó haber cometido delito alguno: “Es extremadamente chocante para mí encontrarme aquí y tener que responder a esta acusación. [...] Sigo firmemente convencido de que [la vigilancia] funciona por el bien general, para salvar vidas”.

El director de operaciones de Nexa, Rudy Richard, abogó por el patriotismo económico: la tecnología de Nexa “puede utilizarse para el bien o para el mal, pero no creo que la solución sea prohibirla. Porque si la prohibimos, serán los estadounidenses o los israelíes quienes lo hagan”.

Entrevistado como testigo, Nicolas Deckmyn, un ingeniero que dejó Nexa en 2019, ofreció una versión muy diferente: “Viví con ese peso durante todos esos años, el caso de conciencia era enorme [...] Después de muchos años, comprendí que nada cambiaría en términos de legislación para las herramientas de inteligencia vendidas a ciertos países no democráticos”.

Tras ser acusados por la Justicia francesa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot anunciaron que tiraban la toalla. Boss Industries, el principal holding del grupo Nexa, vendió, a partir de diciembre de 2021, su filial francesa Serpikom –especializada en escuchas forenses–, el negocio de Nexa y parte de su tecnología al grupo francés Chapsvision.

“El impacto reputacional ha sido devastador con nuestros clientes, uno tras otro han puesto a Nexa Technologies en la lista negra, así como los bancos pidiendo el cierre de nuestras cuentas”, indica la empresa francesa en su último informe financiero. En marzo de 2023, Nexa pasó a llamarse RB 42 y anunció que abandonaba el negocio de la vigilancia para especializarse en ciberseguridad.

Pero su empresa hermana en Dubái, Advanced Systems, fue vendida por Boss Industries a sus propios gestores, el principal de los cuales es... Stéphane Salies. Además, Boss Industries también conserva el control de Trovicor, establecida igualmente en Dubái.

Ambas empresas siguen activas en la actualidad: la feria de hardware de vigilancia ISS World, celebrada en septiembre de 2023 en Singapur, fue patrocinada por Advanced Systems, y Trovicor organizó dos conferencias. EIC ha podido comprobar que las dos empresas han renovado recientemente su licencia comercial ante las autoridades de Dubái y que ocupan la misma oficina en un rascacielos de la ciudad.

Preguntados al respecto, Stéphane Salies y Olivier Bohbot indican que Trovicor sigue activa, pero que Advanced Systems está “en proceso de cese de actividad”. Ambos añaden que, tras los registros e imputaciones de junio de 2021, “denunciaron” los contratos vigentes vinculados a Predator, que transfirieron a Intellexa: “Nos dimos cuenta de que las autorizaciones concedidas no nos protegían suficientemente y no constituían ninguna garantía contra las violaciones de los derechos humanos”. También explican que desde entonces han puesto fin a su cooperación con Intellexa y han cesado completamente su actividad en el ámbito del software de hackeo telefónico.

Por su parte, Tal Dilian, el hombre fuerte de Intellexa, también se ha visto salpicado por un gran escándalo: el PredatorGate en Grecia, país en el que había instalado sus oficinas tras su salida de Chipre.

Desde abril de 2022, los medios de comunicación Inside Story y Reporters United revelaron que un servicio de inteligencia griego, el EYP, había infectado con Predator a 96 personas, entre ellas el periodista de investigación Thanasis Koukakis y el líder del Pasok, Nikos Androulakis.

El director del EYP y el secretario general del Gobierno dimitieron, pero no el primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, a pesar de que el servicio de inteligencia depende directamente de su autoridad.

Finalmente se abrió una investigación judicial. Las oficinas griegas de Intellexa fueron registradas en diciembre de 2022. Pero hasta el momento no se han presentado acusaciones. La policía está bajo presión, ya que es probable que la investigación conduzca al primer ministro, reelegido el pasado mes de mayo.

A menos que la salvación venga de Bruselas: según el medio Euractiv, la fiscalía europea ha abierto una investigación sobre el caso, que este órgano no ha querido confirmar ni desmentir.

Así pues, Intellexa prosigue sus actividades discretamente. Una investigación técnica realizada por Citizen Lab concluyó a finales de 2021 que lo más probable es que Predator fuera utilizado por Armenia, Indonesia, Madagascar, Omán, Arabia Saudí y Serbia. Un nuevo informe que publicará próximamente Amnistía Internacional, y al que ha tenido acceso EIC, indica que el spyware también es utilizado por Kazajistán, Mongolia, Vietnam y Angola.

Y los abusos continúan. El 14 de septiembre, el político egipcio Ahmed Tantawi, candidato a las elecciones presidenciales previstas para finales de este año o principios de 2024, reveló que su teléfono había sido infectado con Predator. Justo cuando Tantawi se afanaba por obtener los 20.000 avales de ciudadanos egipcios necesarios para validar su candidatura, el político opositor denuncia que las autoridades se niegan a registrarlos. Durante ese proceso, y probablemente para castigar a Tantawi por haber denunciado el hackeo, el régimen egipcio ha detenido a 73 miembros de su equipo electoral, entre ellos cuatro abogados, según informó el 26 de septiembre la ONG Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales.

Esto es lo que está haciendo Egipto con Predator. Un software de espionaje diseñado en Europa y vendido por una compañía francesa a los servicios secretos del dictador Abdulfatah al-Sisi.

Las vacilaciones y divagaciones de Joe Biden en Hanoi durante su conferencia de prensa del domingo 10 de septiembre dominaron los comentarios sobre su viaje a Vietnam. Sin embargo, este viaje tiene un poderoso significado. Más de medio siglo después del alto el fuego entre Estados Unidos y Vietnam del Norte, que puso fin a una de las guerras más mortíferas y duras del siglo XX, los dos países han dado muestras crecientes de acercamiento y entendimiento.

Lo más destacado de la visita de Joe Biden fue su recepción en la sede del Partido Comunista Vietnamita (PCV), donde fue recibido por el Secretario General, Nguyen Phu Trong, dos años más joven que él. Un honor poco común para un invitado extranjero, y que encarna al antiguo enemigo.

En concreto, esta visita ha puesto de relieve el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países. Se han firmado numerosos contratos, alianzas y proyectos por valor de varios miles de millones de dólares, como el pedido de varios aviones Boeing para la compañía aérea nacional vietnamita por 7.800 millones de euros o el anuncio de cooperación en inteligencia artificial y semiconductores.

Por si fuera poco, el régimen vietnamita anunció una medida simbólica pero importante: Estados Unidos ha sido elevado al rango de "socio estratégico integral", el más alto nivel de las relaciones diplomáticas reservado hasta ahora a unos pocos países: Rusia, India, China y Corea del Sur.

El acercamiento entre ambos países no es casual. Para Estados Unidos, el objetivo es contrarrestar la influencia china en la región forjando lazos especiales con algunos vecinos de la República Popular. Tras organizar una cumbre tripartita con Japón y Corea del Sur, reforzar la cooperación militar con Filipinas y demostrar su amistad con Narendra Modi, primer ministro indio, en la cumbre del G20 en Nueva Delhi, el viaje a Hanoi ha sido un paso importante en esta estrategia para contener la influencia de Pekín.

Por parte, el objetivo es hacer hincapié en la soberanía del país frente a China, en un momento en el que han surgido tensiones recientes por la cuestión de las fronteras en el mar de China Meridional. A principios de septiembre, el gobierno vietnamita rechazó oficialmente el nuevo "mapa estándar" del gobierno chino, que reclama la soberanía sobre los dos archipiélagos de las islas Paracel Spratleys y la mayor parte del Mar de China Meridional.

Pero la cuestión principal, que no es independiente de la geopolítica, es económica. Sin decirlo abiertamente, puesto que la Casa Blanca sostiene que no se trata de "desacoplar" las economías estadounidense y china, Washington persigue una política de diversificación de sus fuentes de aprovisionamiento, es decir, una revisión completa de su cadena de suministros.

El objetivo es reducir su dependencia de las importaciones chinas, que ha acumulado durante tres décadas con un doble objetivo: aumentar la rentabilidad de las multinacionales y presionar a la baja los salarios nacionales, gracias a los productos chinos baratos. La transformación de la mayor economía del mundo en una economía de servicios, de alta tecnología y financiera sólo ha sido posible gracias a este "paso a dos" con China.

Pero esa política ha llevado a China a convertirse en el primer proveedor de Estados Unidos, por delante de sus dos vecinos, México y Canadá. En 2022, las importaciones de bienes procedentes de China ascendieron a 536.800 millones de dólares, un nivel récord, con un aumento interanual del 6,3%.

La situación es bastante embarazosa en un momento en que Estados Unidos está intensificando las restricciones a las exportaciones de productos de alta tecnología y de capital a Pekín, y el tono diplomático es ahora muy tenso.

La primera solución sería la relocalización. La administración Biden, al igual que la de Trump, ha hecho mucho hincapié en ello, pero las medidas tardan en llegar. En julio de 2023, la producción manufacturera americana estaba por debajo del nivel medio de 2017.

Las multinacionales americanas prefieren, con diferencia, buscar otros emplazamientos en países emergentes donde ya existe una capacidad de producción que puede subcontratarse y posiblemente ampliarse. Este fenómeno lleva varios años produciéndose, impulsado por el aumento de los costes salariales en China. Pero se aceleró el año pasado, cuando se hizo evidente el aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos.

Para evitar sanciones políticas, las empresas occidentales desarrollaron una estrategia conocida como "China Plus One". Mantienen sus fábricas en China, pero las duplican en otros lugares, con el objetivo último de reservar la producción china para el mercado interior.

Es un proceso necesariamente lento, pero puede que empiecen a verse los efectos. En los siete primeros meses de 2023, las importaciones americanas de bienes procedentes de China descendieron un 25% respecto al mismo periodo del año anterior.  

En términos de importaciones totales de bienes, México ha superado a China como primer proveedor de Estados Unidos entre enero y julio de este año, aumentando sus exportaciones en un 5%. Lo que da credibilidad a la hipótesis de un cambio de régimen en la cadena de suministros americana es la magnitud de esta caída de las exportaciones chinas. 

Vietnam ya se ha beneficiado enormemente de este juego global. Ya se han establecido allí un gran número de empresas surcoreanas, japonesas, taiwanesas y chinas. En 2022, entraron en el país 22.400 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representa el 5% del PIB de Vietnam, un 13,5% más que en 2021. 

Como resultado de estos flujos, la tasa de crecimiento de Vietnam en 2022 será la más alta desde 1997, con un 8,2%. Pero la naturaleza de su economía ha cambiado considerablemente. Tras abrirse al comercio internacional a mediados de los años ochenta, el país se especializó en bienes de bajo valor añadido, como textiles y calzado. Hoy en día, la industria vietnamita está más diversificada y absorbe parte de la producción china. 

Según la Oficina General de Estadística de Vietnam, el textil y el calzado representan ahora solo el 16% de las exportaciones, apenas más que los ordenadores y componentes (15,5%), los teléfonos y componentes (14,5%) y la maquinaria (12%). Apple produce ahora sus auriculares AirPods en Vietnam, junto a Samsung, que fabrica algunos de sus teléfonos, y Dell, sus ordenadores.

Sobre el papel, Vietnam lo tiene todo para salir airoso de la situación actual. Cuanto más se diversifique su economía, más posibilidades tendrá de interesar a quienes busquen implantaciones alternativas a China. Su mano de obra es bastante abundante (el país tiene 98 millones de habitantes), bien formada y educada y, sobre todo, sigue siendo muy barata. Es cierto que los salarios vietnamitas han aumentado con el crecimiento, pero siguen estando muy por debajo de sus equivalentes chinos o malasios, por ejemplo. 

El ministro vietnamita de Finanzas, Ho Duc Phoc, en una entrevista concedida al Financial Times el 3 de julio, esgrimió este argumento sin ambages en favor del atractivo del país: "Tenemos una mano de obra numerosa y barata, y eso va a seguir así seguirá durante mucho tiempo". 

Sin embargo, la competencia es feroz y se desarrolla en un contexto de difícil demanda internacional. Hay una fuerte presión sobre el gobierno vietnamita, con un régimen más colegiado que el de la vecina China, para mantener el ritmo de los nuevos desarrollos. 

Aquí es donde entra en juego el acuerdo con Estados Unidos. Y es que, a pesar de estas inversiones, Vietnam ha perdido terreno en Estados Unidos a principios de año. En los siete primeros meses, sus exportaciones cayeron un 6,2% interanual, y fue superado por Corea del Sur como sexto proveedor de Estados Unidos. La respuesta de Vietnam es importante pues Estados Unidos es ya su principal cliente, con suministros por valor de 44.000 millones de dólares, el 27% del total en 2022, frente a los 25.000 millones de dólares (15,8% del total) de China.

Pero esta estrategia también presenta dificultades. El propio Vietnam está integrado en la cadena de suministros china. Las importaciones chinas en Vietnam suponen 49.000 millones de dólares, casi un tercio del total, frente a sólo 6.000 millones de importaciones procedentes de Estados Unidos. Casi el 45% de esas importaciones son componentes informáticos y telefónicos y maquinaria. En otras palabras, Vietnam necesita a China para cumplir su papel de alternativa a China. 

Así que Vietnam no puede cortar totalmente sus lazos con Pekín. Sin duda, el gobierno pretende obtener "lo mejor de los dos mundos", beneficiándose tanto de su proximidad a China como de las inversiones americanas. Pero si las tensiones aumentan, este tipo de posición neutralista será cada vez menos defendible. Tendrá que elegir, pues será considerable la presión tanto de Pekín como de Washington. Vietnam no dispone actualmente de los medios para hacer esta elección. 

La afluencia de inversiones en el marco de la estrategia "China Plus One" no lo resuelve todo. Vietnam desea incorporarse a las filas de los países de renta alta en 2045, pero aún queda mucho camino por recorrer. Según el Banco Mundial, el PIB de Vietnam, con 408.000 millones de dólares en 2022, sigue siendo modesto.  Según la misma fuente, el PIB per cápita se sitúa en 13.000 dólares corrientes en paridad de poder adquisitivo, un 39% por debajo del nivel chino y lejos de los niveles europeos más bajos (superiores a 40.000 dólares). 

El problema es que la estrategia de desarrollo basada en las exportaciones ha mostrado ya sus límites. Tailandia y Malasia no han conseguido superar la "trampa de la renta media" en la que también parece estar sumida China. Vietnam sigue beneficiándose de la mano de obra barata, pero esto no durará. 

La subida de nivel de los productos y el desarrollo generan nuevas necesidades y aspiraciones contrarias a la lógica de la competitividad de costes. Por eso hay que lograr un avance tecnológico que compense la pérdida de competitividad en el extremo inferior de la producción. Corea del Sur y Taiwán han logrado dar este salto, gracias a la especialización y al apoyo masivo de los gobiernos.  

Con la firma de un acuerdo con Estados Unidos sobre inteligencia artificial y semiconductores, Hanói espera un desarrollo similar. Y muchos vietnamitas sueñan con un nuevo Silicon Valley. Pero la competencia es feroz y las realidades económicas duras.

Pero el sueño vietnamita podría encontrar muchos obstáculos, como VinFast, el fabricante local de vehículos eléctricos que, tras su salida a bolsa en Nueva York este verano, llegó a tener una capitalización superior a la de Ford y General Motors. Aunque la realidad de la producción del grupo se hizo patente y la cotización perdió luego el 80% de su valor. 

El periodo actual no es el que vio surgir a Corea del Sur o Taiwán en los años noventa. El crecimiento mundial es más débil y la productividad lucha por recuperarse de la crisis sanitaria. El riesgo es que, incluso en el ámbito tecnológico, un país como Vietnam siga en niveles de producción inferiores, dependientes y relativamente pobres. 

Lo cierto es que el gobierno de Hanoi no tiene otra opción real. De hecho, sus problemas no son muy diferentes de los de China. El régimen de partido único del PCV tiene que buscar un equilibrio entre su promesa de desarrollo para el pueblo y su promesa de mano de obra barata para los inversores extranjeros. Eso crea contradicciones permanentes. 

Al igual que en China, mantener los salarios relativamente bajos condujo a la creación de una burbuja inmobiliaria a finales de la década de 2010. Los promotores inmobiliarios recaudaron sumas astronómicas de dinero, cuyo reembolso dependía de que los precios siguieran subiendo. Cuando ésta se detuvo,  el año pasado, la burbuja estalló. 

Hay además otros factores que están penalizando el crecimiento del país. En primer lugar, la demanda mundial está a la baja. Las exportaciones totales de Vietnam cayeron por quinto mes consecutivo en julio, la primera vez que esto ocurre en 14 años. 

En un contexto de feroz competencia por servir de base a la producción china, el país se enfrenta a grandes retos: corrupción, burocracia y deficiencias en las infraestructuras, sobre todo en la red eléctrica, que falla mucho. Las multinacionales se quejan de retrasos y cuellos de botella. Pero al régimen le cuesta encontrar soluciones a estos problemas.

 Así pues, el crecimiento vietnamita se ha ralentizado bruscamente desde principios de año, lo que ya está provocando tensiones en el seno del PCV. De ahí el deseo de sus dirigentes de acelerar el movimiento y, claro, es en este contexto en el que debe entenderse el espectacular acercamiento a Washington. 

Detrás de esas grandes maniobras, hay muchas falsas promesas y sueños sin sentido. Estados Unidos intenta crear una "China sustituta" para mantener su propio modelo económico. Con ello pretende crear nuevas dependencias que inevitablemente plantearán las mismas dificultades que Pekín en la actualidad. 

Por parte vietnamita, se aferran a la esperanza de beneficiarse de las dificultades de China, pero olvidan que el capitalismo contemporáneo crece lentamente y que no sólo es feroz la competencia entre naciones, sino que las condiciones para el crecimiento son frágiles. En esto, se están reproduciendo en gran medida los errores de China.

Traducción de Miguel López

Las autoridades vietnamitas han confirmado este sábado una nueva variante híbrida del coronaviruscoronavirus que combina carácterísticas propias de las versiones identificadas en India y Reino Unido, ambas altamente contagiosas.

El ministro de Salud del país asiático, Nguyen Thanh Long, ha confirmado la aparición de esta nueva vertiente a partir del secuenciado genético de varios pacientes de coronavirus, según informa el medio VnExpress y recoge Europa Press. "El Ministerio de Salud tiene previsto presentar esta nueva variante del coronavirus coronavirus, todavía sin nombre, en el mapa del genoma global", ha añadido el ministro.

Este anuncio coincide en un momento en que el país ha registrado un repunte en los casos de contagio después de un mes sin notificar casos locales de transmisión. Las nuevas afecciones están vinculadas a un joven de 27 años llegado de Japón el 7 de abril y a un experto chino que entraba en el país a trabajar. Vietnam ha registrado oficialmente 6.396 casos de coronavirus y 47 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

La Policía de Vietnam ha arrestado a ocho personas por su supuesta relación con el caso del hallazgo de 39 cadáveres en el interior de un camión frigorífico en el sur de Inglaterra la semana pasada, según ha informado la prensa estatal vietnamita.

"De acuerdo con lo que hemos averiguado de los sospechosos, impulsaremos activamente investigaciones para luchar y erradicar estas redes que llevan personas ilegalmente a Reino Unido", ha afirmado Nguyen Huu Cau, un alto mando de la Policía en la provincia de Nghe An, según recoge la agencia de noticias oficial VNA.

"Lo mejor que se puede hacer ahora es afrontar las consecuencias del incidente y ayudar a las familias a recibir los cuerpos", ha explicado Cau, antes de señalar que la Policía de Vietnam está tratando los hechos como un incidente de contrabando, en lugar de un caso de tráfico de personas.

La mayoría de las víctimas eran personas originarias de las provincias de Nghe An y Ha Tinh, regiones donde hay pocas perspectivas de empleo y donde las redes de contrabando y las catástrofes naturales contribuyen a impulsar la migración a otros países.

El viernes, la Policía de Vietnam arrestó a dos personas y llevó a declarar a varias más por su supuesta implicación en la organización que habría preparado el traslado de los migrantes encontrados muertos dentro del camión localizado la localidad de Grays, en el condado de Essex, en el sur de Inglaterra. La Policía británica ha señalado que la mayoría de las víctimas mortales tenían nacionalidad vietnamita.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha informado este jueves de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, no han alcanzado ningún acuerdo en su segunda cumbre celebrada en Vietnam.

"No se ha llegado a ningún acuerdo en este momento, pero sus respectivos equipos esperan reunirse en el futuro", ha señalado Sanders en un comunicado. "Los dos líderes discutieron varias formas de promover la desnuclearización", ha aseverado.

Minutos antes, Sanders ha anunciado que se había cancelado el almuerzo de trabajo programado durante la segunda jornada de la cumbre entre Trump y Kim. La portavoz ha indicado que Trump ha adelantado dos horas la rueda de prensa programada a las 16.00 (hora local).

Tanto Kim como Trump han salido del Hotel Metropole, donde se han reunido este jueves, y se dirigen ahora a sus respectivos hoteles, lo que podría significar que que la ceremonia de firma de un acuerdo conjunto tampoco se celebre hoy.

Los líderes tenían previsto un breve almuerzo en el restaurante 'Le Club', que se encuentra en el mismo hotel en el que han celebrado las reuniones.

"Levantamiento de todas las sanciones"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha justificado la decisión de terminar anticipadamente la cumbre con Kim Jong Un, porque se llegó a la conclusión de que "no había nada bueno que firmar" y el líder norcoreano insistía en el levantamiento de todas las sanciones, algo en lo que Estados Unidos no podía ceder.

Trump ha insistido en que su cumbre de estos dos últimos días con Kim, con quien ha dicho tener "una muy buena relación", ha sido "productiva", pero "a veces hay que marcharse y esta ha sido una de ellas".

El presidente estadounidense ha explicado que Kim "quería que se levantaran las sanciones por completo" mientras que aunque está comprometido a desnuclearizar la península quería hacer concesiones por debajo de lo Estados Unidos considera adecuado. "Seguiremos trabajando y ya veremos qué ocurre", ha confiado.

En este sentido, ha señalado que Kim le prometió durante su encuentro del miércoles que no llevará a cabo más ensayos nucleares y de misiles. "Confío en él", ha asegurado, subrayando que aunque la "visión" del líder norcoreano no es la de Estados Unidos "está más cerca que hace un año".

Pese a todo, se ha mostrado convencido de que "terminaremos siendo muy buenos amigos" y ha vuelto a reiterar el "potencial tremendo" que tiene Corea del Norte. "Queremos que el país prospere pero no podíamos ceder" en lo que exigía ahora, ha agregado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario norcoreano, Kim Jong Un, han iniciado este miércoles en Vietnam su segunda cumbre tras la mantenida el pasado mes de junio en Singapur, elogiando el potencial económico de Corea del Norte.

Trump y Kim han comparecido ante la prensa estrechándose las manos y con las banderas de los dos países como telón de fondo, para a continuación proceder a sentarse en sendos sillones, desde donde han hecho unas breves declaraciones a la prensa.

Durante su intervención, Trump ha asegurado que es "un honor" reunirse con Kim tras "la muy exitosa" primera cumbre que ambos mantuvieron en junio. "Ambos estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho", ha defendido, en respuesta a quienes han puesto en tela de juicio los avances logrados en los últimos meses.

Asimismo, el presidente estadounidense ha reiterado su convicción de que Corea del Norte "tiene un enorme potencial económico, increíble, ilimitado". "Creo que tendrá un tremendo futuro para su país y que será un gran líder y estoy deseando ver cómo ocurre y ayudar a que ocurra", ha añadido, dirigiéndose a Kim.

Desnuclerización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tachado de "falsas" las informaciones que ponen en duda sus "intenciones" al verse con el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, y ha defendido que intentará cerrar "algo" sobre la desnuclearización de la península.

"Todas las informaciones (suposiciones) son falsas sobre mis intenciones en relación a Corea del Norte. Kim Jong Un y yo nos esforzaremos mucho para lograr algo sobre la desnuclerizacion", ha subrayado Trump en Twitter, poco antes del arranque formal de la cumbre en Hanói.

"Creo que China, Rusia, Japón y Corea del Sur serán de mucha ayuda", ha añadido el mandatario norteamericano, que aterrizó el martes en la capital vietnamita para asistir a una cumbre de dos días con Kim. Ambos líderes ya celebraron un primer e inédito encuentro bilateral en junio de 2018.

Trump ya se ha reunido con el presidente y el primer ministro de Vietnam, anfitriones de una cumbre EEUU-Corea del Norte de cara a la cual ambas partes han tratado de rebajar las expectativas. La desnuclerización sigue siendo el principal objetivo, aunque Washington y Pyongyang discrepan de los compromisos que serían necesarios.

La venta de armas sigue siendo un negocio muy lucrativo en España, y poco importa que los compradores de estos productos sean regímenes con escasas virtudes democráticas. Según un informe oficial elaborado por la Secretaria de Estado de Comercio, al que ha tenido acceso infoLibre, las empresas españolas vendieron el año pasado "material de defensa" por un valor de 4.346 millones de euros, la cifra más alta de la última década. Y un importante pellizco de este dinero provino de dictaduras: monarquías absolutas como la de Arabia Saudí o repúblicas autoritarias como Egipto pagaron más de 529 millones de euros en 2017 por hacerse con armas de fabricación española.

El desglose de los datos lo recoge el informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso correspondiente al año 2017. El documento, que aún no es público pero al que ha tenido acceso este diario y que elabora anualmente la Secretaría de Estado de Comercio, revela que el valor de las exportaciones de material de defensa realizadas durante el año 2017 aumentó un 7,3% con respecto al año anterior y superó por segundo año consecutivo los 4.000 millones de euros.

Más de 529 de esos millones procedieron de once países que pueden calificarse como dictaduras ya que, o bien no celebran elecciones (como Arabia Saudí u Omán), o bien tienen procesos electorales que dan como resultado victorias aplastantes del candidato en el poder (caso de Egipto, donde Abdelfatá Al Sisi ganó las últimas elecciones con el 97% de los votos, o Kazajistan, donde el presidente Nursultan Nazarbayev gobierna desde 1991 y se impuso en los últimos comicios con el 97,8% de los sufragios). Y ello pese a que la ley española prohíbe exportar armas "cuando existan indicios racionales" de que pueden ser empleadas "en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad", "exacerbar tensiones o conflictos latentes", "ser utilizados de manera contraria" a los derechos humanos o "con fines de represión interna".

El principal cliente individual de las empresas españolas de armamento fue Alemania, que gastó más de 1.213 millones de euros en comprar ocho aviones de transporte y otro material. En segundo lugar se encuentra Reino Unido, cuyo gasto ascendió a 949,8 millones de euros y que adquirió 6 aviones de transporte, y le sigue Francia, que invirtió 422 millones de euros en material de defensa español –casi todo el dinero se utilizó para sufragar la compra de tres aviones de transporte–. Según explica el propio informe, el comercio con estos tres países y con Italia (que gastó 90,3 millones de euros) "se concentró en transferencias de productos, equipos y tecnología dentro de los programas de cooperación existentes en el ámbito de la defensa", entre los que se cuentan "el caza de combate EF-2000, el avión de transporte militar A400M" o "el helicóptero Tigre".

No obstante, el cuarto mejor comprador de armas españolas en 2017 fue un país con un régimen mucho más controvertido que los socios europeos de España: Arabia Saudí. La teocracia, que gobierna con mano de hierro desde hace décadas la Casa de Saud, compró a España material de defensa por un valor de 270,1 millones de euros el año pasado pese a liderar desde 2015 una coalición internacional contra Yemen. La compra, según indica el informe, abarcó "un avión de transporte (55,5 millones de euros), repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para una aeronave de un programa de cooperación europeo, aviones no tripulados, plataformas porta morteros, granadas de mortero, munición de artillería" y equipos de vigilancia.

Omán, Kazajistan, Tailandia o Emiratos Árabes

Ningún otro de los once regímenes sin elecciones o con elecciones amañadas que compró armas a España lo hizo en la misma proporción que los saudíes. El siguiente de estos países en nivel de inversión fue Omán, otra monarquía absoluta comandada por el sultán Qabus bin Said al Said, que se gastó en 2017 un total de 72,8 millones de euros en armas españolas y otros 4,4 millones en material antidisturbios. Ese dinero le sirvió para comprar "cinco patrulleras ligeras de vigilancia costera (42,2 millones de euros), 33 vehículos todo terreno no blindados (5,5 millones de euros), repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española, lanzagranadas, munición de calibre medio, detonadores y encendedores eléctricos para mecha lenta y sistemas integrados de vigilancia aérea".

Otros 158 millones que se embolsó el sector armamentístico procedieron de tres dictaduras que hicieron en 2017 un gasto similar en material de defensa español. Kazajistan, gobernado por el exjerarca soviético Nazarbayev, gastó 54,6 millones de euros en dos aviones de transporte y repuestos. Tailandia, desde 2014 gobernada por una junta militar cuyas compras tuvieron un valor de 52,8 millones, también compró un avión militar y repuestos para aeronaves, así como "munición antiaérea y de artillería para las Fuerzas Armadas y la Marina" y "bloques de explosivo". Y Emiratos Árabes –que gobierna el emir Jalifa bin Zayed Al Nahayan–  invirtió 52,9 millones en "partes, piezas y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para aviones de reabastecimiento en vuelo, cuerpos de bombas, granadas" y otro material.

El resto de los regímenes dictatoriales a los que España vendió armas en 2017 hicieron desembolsos mucho más modestos. Egipto, por ejemplo, se gastó 12,5 millones de euros en repuestos para aeronaves, corbetas, vehículos de transporte y blindados; Catar abonó a la industria armamentística española ocho millones a cambio de "granadas de mortero" y "recambios para carros de combate"; y Vietnam se gastó más de tres millones y medio de euros en sistemas de dirección de tiro. En comparación, el gasto del resto de países es meramente testimonial: República Democrática del Congo pagó 518.000 euros; Etiopía gastó 179.852, y Cuba apenas 1.750 "en un rifle de caza para la Policía".

Turquía es uno de los mejores clientes

Además de las dictaduras, entre los compradores de armas a empresas españolas en 2017 también se encuentran países que, pese a celebrar elecciones con regularidad y con la concurrencia de múltiples partidos, han sido acusados de prácticas autoritarias, antidemocráticas o agresivas. Es el caso, por ejemplo, de Turquía, uno de los mejores clientes de la industria armamentística nacional, que gastó el año pasado nada menos que 301,4 millones de euros en dos aviones de transporte, repuestos para aeronaves, componentes de motores de buques, queroseno de aviación y municiones, entre otros productos.

Marruecos, por su parte, también fue uno de los países donde España exportó armas en 2017, aunque por un valor muy inferior: el reino alauí gastó 16,7 millones en granadas de mortero, munición antiaérea y componentes para tanques. El desembolso de Israel fue mucho menor y ascendió a 1,4 millones de euros, una cantidad similar a la que gastó Argelia, que pagó 1,7 millones a la industria armamentística española. Y Venezuela fue el destino de componentes militares por un valor de 3,4 millones de euros.

Pese a las restricciones que plantea la ley, en 2017 el Gobierno únicamente vetó cuatro exportaciones de material de defensa. Dos de ellas afectaron a Israel, que no pudo comprar a España diez caños para el desarrollo de rifles y 17 direcciones de tiro para carros de combate, mientras que otro de los vetos fue para una operación con destino a China (seis sistemas de clasificación acústica) y el último afectó a Myanmar (20 pistolas de tiro deportivo).

El informe de la Secretaría de Estado de Comercio fue remitido a las Cortes hace unos meses, y los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso tienen hasta el 17 de septiembre para elaborar un dictamen sobre el mismo. En principio, la ley obliga a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, a comparecer en la Cámara baja "para informar sobre las estadísticas", si bien fuentes del PSOE plantean la posibilidad de que Méndez no explique el documento y se limite a entregarlo, dado que es un informe elaborado por el anterior Gobierno. Grupos como Unidos Podemos se oponen tajantemente a esta opción y aseguran que exigirán que la secretaria de Estado comparezca ante la comisión.

Viajar en coche por Vietnam no deja de ser una extravagancia, tratándose como se trata del país de las motos. Es sabido que sus ciudadanos no entienden de monoplazas, biplazas y poliplazas, y a lo largo y ancho del país vimos a familias enteras a bordo de su scooter, a repartidores desafiando la ley de la gravedad e incluso, ya de noche, a una mujer que salía de un hospital con el brazo conectado a una bolsa de suero y cabalgaba una moto conducida por un propio mientras otro se montaba detrás de ella, sujetando el gotero a la altura necesaria para asegurar que el líquido fluyera.

Así que esto es lo normal…

… aunque en cuanto sales de la ciudad, el panorama circulatorio cambia.

El recorrido que proponemos es corto, unos 240 kilómetros, entre Hội An y Vịnh Mốc, pero intenso: si saben qué hay en el lugar de destino, ya comprenden a qué nos referimos. Si no… quizá puedan esperar a averiguarlo.

Sobreponiéndose al horror

Hoi (permitidnos que prescindamos de las letras vietnamitas) An es una ciudad comercial y turística, fruto de la convivencia más o menos apacible de chinos, japoneses y locales. El monumento emblemático es un puente japonés que, según cuenta la leyenda, fue construido para sujetar a un monstruo cuya cabeza imaginaban en la India, cuyo cuerpo ocupaba Vietnam y cuya cola, a la que acusaban de causar los terremotos con sus movimientos, estaba en Japón. Fue el miedo a los seísmos, que en Vietnam no son frecuentes, lo que les hizo sentar el puente sobre 12 pilastras; y por lo que pudiera servir, le añadieron años después un templo en el que un dios, en señal de fuerza, pisa a una tortuga.

No son pocos los edificios que por su interés histórico y arquitectónico merecen visita, pero antes de emprender ruta, permitidnos que os digamos que el mayor espectáculo son las gentes que en patios y casas abiertas fabrican farolillos, ofrendas, bordados de seda o sombreros de paja…

Y que no le anda a la zaga el que ofrecen, a orillas del río, los barcos-autobús que permiten pasar de una orilla a otra, cargados de gente, motos y bicis.

Pero no nos entretenemos más, tenemos que salir. No lejos de la ciudad, a unos 20 kilómetros, se elevan sobre la llanura cinco montañas de roca caliza y mármol tradicionalmente relacionadas con los cinco elementos básicos de la filosofía china: Thao Son (tierra), Thuy Son (agua), Hoa Son (fuego), Moc Son (madera) y Kim Son (metal). Y los trotamundos convertimos la subida a la pagoda de Linh Ong en una cuestión de honor. Las vistas recompensan el esfuerzo…

Sin embargo, lo peculiar del pueblo es que está lleno de talleres en los que se tallan esculturas y se componen fuentes que luego surcarán los siete mares para adornar jardines de medio mundo.

¡Seguro que han visto alguna en el jardín de un vecino o en un espacio público! La especialización viene dada, claro está, por las características del terreno. En otras zonas del país vimos pueblos enteros dedicados a la madera… Donky, por ejemplo, parece la antesala de Mercamueble.

Pero ese es otro camino, uno que ahora no queremos recorrer.

Lo que toca es acercarnos a Danang. Por lo leído, sabíamos que fue la primera ciudad en la que los marines estadounidenses pusieron pie, en 1965. Sabíamos también que el Museo Cham es excepcional por su colección de piezas pertenecientes al reino de Champa (siglos VII, VIII y IX). Cuando lo visitamos, quienes junto a nosotros lo recorrían se apoyaban en esas obras para posar, descansar, incuso vimos a alguno rascando la piedra con la uña…

Lo lógico hubiera sido que abandonáramos la ciudad por el túnel que acerca Danang y Lang Co, pero no quisimos perdernos las vistas, que nos prometieron espectaculares, que ofrece el puerto de Hai Van. Un sitio que se llama el Paso de las nubes no puede ser feo… Dicen que en los días despejados se divisan incluso las montañas de mármol, al otro lado de la bahía…

Un poco más allá, la pequeña aldea de Lang Co luce una envidiable playa que pocos disfrutan como lugar de reposo y muchos explotan como puerto pesquero. Escribimos esto, y nos corregimos inmediatamente: por lo que nos dicen, hoy en día ese litoral acoge ya resorts lujosos iguales a los de medio mundo. Pero cuando lo visitamos, y no hace tanto, el aspecto de su playa era el que una espera en un sitio así…

Lo más chocante es que no lejos del punto donde unos disfrutaban de la brisa marina y otros calafateaban su embarcación, había un cementerio colorista desdoblado en tendedero…

Sus estructuras se parecen como dos gotas de agua a las de esas construcciones de colores que los vecinos colocan en la delantera de sus hogares:

son las casas de las almas, las moradas de los antepasados.  Llegamos a Hue de noche, y en cuanto pudimos nos acercamos a la orilla del río Perfume, donde, por ser jornada festiva, el puente construido por los franceses (hay quien incluso dice que con planos del propio Eiffel) lucía iluminado, y las familias disfrutaban de los placeres de los puestos ambulantes de comida.

Es Hue una localidad magnífica Patrimonio de la Humanidad y la ciudadela, sólo un ejemplo de esa magnificencia: allí estaban la Ciudad Imperial, donde se trataban los asuntos de Estado, y en su interior la Ciudad Púrpura Prohibida, residencia del emperador y su familia.

Pero no queremos entretenernos mucho en Hue, al menos no ahora. Porque la parada final de nuestro recorrido está cercana, así que salgamos de nuevo a la carretera…

... rumbo a los túneles de Vinh Moc, un monumento a la sagacidad del hombre, y el recordatorio del horror que una guerra supone. A mediados de los años 60 del siglo pasado, en pleno conflicto bélico, los habitantes de esta zona,

sabiéndose condenados, trazaron un plan. Durante meses sacaron barro del subsuelo de su aldea para construir una ciudad bajo tierra. No hablamos de uno, ni de dos túneles: hablamos de una ciudad con sus "pisos", su "escuela", su "hospital" y su maternidad, donde nacieron 17 niños. Unas 600 personas vivieron como topos entre 1966 y 1972.

Los turistas recorren estos túneles con una extraña sensación, entre el miedo y el alivio, imaginando el horror que tuvo que ser. Suponemos que enseñarlos es buena cosa, aunque algunas de las actividades complementarias que se ofrecen en refugios similares como el de Cu Chi (prácticas de tiro) se nos antojan macabras.

De lo que la Guerra de Vietnam supuso da fe el cercano Cementerio Nacional Truong Son, en Doc Mieu: más de 10.000 tumbas…

Pero no queremos terminar con esa imagen, que tampoco aspirábamos a ocultar. Volvemos a la carretera, y nos despedimos con una made in Vietnam. A veces, el tópico es bello.

Fotografías de Ingenio de ContenidosIngenio de Contenidos

A veces el día se te cruza sin motivo aparente, como si hubieras bebido aguarrás, ladras en exceso y tratas mal a todo incauto que se te ponga delante, tu hija, tu marido, el panadero, cualquiera. El mundo ha encogido de repente, tanto que te crees que sólo tú y tus problemas caben en él y de repente zas, llega un chaval de 16 años, que encima se ha muerto el día de tu cumpleaños y te pega tremendo bofetón. Eso sentí al encontrarme con el artículo de Max Edwards, al que llegué por casualidad, como suele ocurrir cuando navegas por Internet buscando otra cosa.

El título “Tengo 16 años y hace cinco meses me diagnosticaron cáncer terminal” me indujo a pensar que sería un artículo lacrimógeno de esos que se publican para acumular muchos clics. Aun así, la curiosidad, el morbo o la inercia me llevaron a leerlo. El primer párrafo terminaba así: “Creo que es sorprendente lo fácil que es adaptarse a este tipo de noticias (la noticia de tu muerte). Después de un tiempo, aunque no niego el significado personal, la verdad es que lo importante no cambia”.

Me quedé enganchada. No sólo estaba tremendamente bien escrito. Encima decía cosas inteligentes sobre la muerte, cosas que uno rara vez escucha por boca de un adulto. Por una vez, pese a su título, no era la clásica ñoñez que puebla las listas de artículos más leídos de periódicos serios y menos serios. “Pronto me di cuenta de que da igual morirse dentro de diez años o de dos meses: en cualquier caso te despiertas, te das una ducha y te tomas un café por la mañana”. Ser capaz de banalizar el acto más temido por todo ser humano, el momento que, al margen de culturas y religiones, aterroriza a todos los habitantes del planeta, me pareció un ejercicio de sabiduría tan poco común que quise saber más sobre su autor. Sobre todo tras llegar al final de aquel texto, que publicaba The Guardian: “Pena, dolor y simpatía son emociones naturales y tienen su lugar pero para mí ha sido más efectivo el mensaje 'Deja de quejarte y asúmelo'. El estoicismo, creo, es más efectivo que la pena: un simple test de realidad que te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ayuda pensar que aunque me estoy muriendo, no todo gira alrededor de mí. Al final soy sólo uno entre 7.000 millones, un número que, como mi cáncer, seguirá creciendo y multiplicándose en los próximos meses. […] Así puedes llegar a la inevitable y extrañamente reconfortante aceptación de que todos vamos a morir: yo, tú, todos. Asúmelo”.

Pero resulta que este joven pelirrojo de York, al que su cáncer derrotó el pasado sábado, mientras yo celebraba mi cumpleaños (yo, yo, yo), no sólo ha escrito sobre su propia muerte sino sobre marxismo. Llevaba dos años escribiendo un blog titulado The anonymous revolutionary, del que recientemente se publicó un libro con el mismo nombre y el subtítulo "A Collection of communist writings". Que alguien de 16 años –15 cuando empezó el blog– se declare marxista, leninista e internacionalista me impresiona. La mayoría de la gente de su edad no tiene ni idea de lo que significan esas palabras y si Marx le suena seguramente piense que es un cantante de moda, o quizás un político trasnochado. Para Max Edwards, en cambio, era importante discutir sobre socialismo revolucionario en el contexto político de hoy, dos décadas después de la caída del muro de Berlín, cuando lo que domina el planeta es el capitalismo.

En su blog se hace preguntas, algunas sesudas, otras naíf, todas inteligentes, habla de Cuba, de Rusia, de Tsipras, de Vietnam, de China, recorre el planeta política y geográficamente y lo cuestiona todo, incluido a Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, ese que el establishment británico se empeña en tachar de "radical" y que para este inglés de 16 años era demasiado light porque aunque “ataca el capitalismo no se comprometería con la alternativa comunista”. ¿Estaba él dispuesto a ir a las barricadas para conseguir un mundo más justo? Lo mejor es su sinceridad, su honestidad, y su capacidad para cambiar de perspectiva, para reconocer sus debilidades, algo que debería servir de lección para todos esos políticos ciegos y sordos que pueblan nuestra vida diaria. En su último post Max contaba que le habían invitado a dar una vuelta en un jet privado. “A riesgo de parecerme a Donald Trump” quería demostrar que pese a criticar el capitalismo y sus consecuencias, él disfruta de muchos de los privilegios de vivir en una sociedad capitalista como uno de sus miembros aventajados. ¿Eso le convierte en un hipócrita? ¿Lo eran Marx, y Lenin, y Trotsky, todos procedentes de clases aventajadas? “Creo en la redistribución justa de la riqueza, aunque viva una vida acomodada dentro de los límites de una casa con calefacción. Para mí es fácil hablar de problemas que no sufro, aun así lo hago. ¿Me convierte eso en un hipócrita? Posiblemente. Pero quiero al menos reconocer la ironía […], reconocer que soy deshonesto, sin renunciar a la vida que vivo. Es lo más decente que puedo hacer”. A ustedes la reflexión final. 

Una docena de países de la cuenca del Pacífico, incluyendo a EEUU, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, han culminado cinco años de negociaciones con un acuerdo para sellar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que reducirá las barreras comerciales y fijará estándares comunes para la región.

El acuerdo, que afectará aproximadamente a un 40% de la economía mundial, deberá aún superar un largo proceso hasta su aprobación definitiva, incluyendo la ratificación del texto por parte del Congreso de EEUU y las autoridades del resto de países firmantes.

"Esta asociación nivela el campo de juego para nuestros granjeros y fabricantes eliminando más de 18.000 impuestos con los que diversos países gravan nuestros productos", destacó tras cerrarse el acuerdo el presidente de EEUU, Barack Obama, quien subrayó que el pacto fortalece la relación estratégica de EEUU con sus socios en la región.

"Cuánto más vendamos fuera, más trabajos altamente remunerados sostendremos en casa y esos empleos tienden a pagar mejor a los estadounidenses, puesto que las empresas exportadores pagan un 18% más que las que no lo hacen", añaden las autoridades estadounidenses al referirse el tratado de libre comercio.

"Cuando un 95% de nuestros consumidores viven fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía global", añadió Obama.

Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaró que el acuerdo representa "un gran resultado, no sólo para Japón, sino para el futuro de Asia Pacífico".

El acuerdo comercial consta de 30 capítulos que cubren diversos asuntos como el intercambio de bienes y servicios, los procedimientos aduaneros, así como medidas fitosanitarias y sanitarias, barreras técnicas de entrada o comercio electrónico.

Uno de los aspectos más controvertidos en la ronda final de las negociaciones que se han desarrollado en Atlanta desde el pasado miércoles era el de la vigencia de las patentes para la protección de la explotación de medicamentos biotecnológicos de última generación, ya que EEUU buscaba un período de 12 años de protección y otros gobiernos, como Australia o Nueva Zelanda demandaban un periodo de cinco años.

La Unión Europea y Vietnam han logrado un "principio de acuerdo" en las negociaciones para un pacto de libre comercio que aún debe superar "trabajo jurídico" a lo largo del otoño y que Bruselas espera que entre en vigor "en 2017 o principios de 2018", una vez se concluya todo el proceso de tramitación y ratificación.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en Bruselas la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, quien ha querido subrayar que no hay reservas "políticas" por parte de Vietnam, y que el tiempo para su aplicación tiene más que ver con la tramitación del lado europeo y con el cierre de detalles legales en los próximos meses, incluidas cuestiones como la resolución de litigios y la seguridad jurídica para inversores, sobre las que la UE ultima su propias normas.

El acuerdo supone la apertura de los mercados de ambas partes, aunque quedarán "protegidos" productos "sensibles" como el arroz o el atún, según ha detallado la comisaria, que también ha mencionado los vinos de Rioja como ejemplo de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

Entre las disposiciones del acuerdo figura una para proteger al mercado europeo de la producción de China, ya que prohíbe a Vietnam importar a la UE productos que hayan sido fabricados en el gigante asiático y otros países de la región, con la única excepción de Corea del Sur, porque Vietnam ya tiene con este país un acuerdo de libre comercio.

"No queremos que se convierta en el canal de entrada de productos chinos libres de impuestos", ha justificado la comisaria.

Malmström ha destacado que Vietnam es un mercado "dinámico", con 90 millones de consumidores, que ofrece oportunidades de negocio, de empleo y de inversiones para la Unión Europea, además de plantear un "nuevo modelo" de acuerdo de libre comercio entre el bloque comunitario y países en desarrollo.

Este acuerdo se produce en el marco de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP); y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), firmado originalmente por Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur, y al que ahora Vietnam también está tratando de sumarse junto a otros países como Australia, Japón, Estados Unidos, Malasia, Perú, y más recientemente, México y Canadá.

En 2014, la UE fue el segundo socio comercial de Vietnam, solo por detrás de China, y representó el 10% del comercio total en el país. También ha sido el segundo exportador, tras Estados Unidos, al captar el 18% de todas las exportaciones de Viertnam.

El PP rechaza que la relación que la UE mantiene con Vietnam, un régimen comunista de partido único, pueda constituir un modelo a seguir en las negociaciones que los Veintiocho mantienen con Cuba de cara a la normalización de las relaciones bilaterales.

Así lo ha asegurado a Europa Press el diputado conservador Teófilo de Luis, que ejerce de portavoz de su grupo en el Congreso en todos aquellos asuntos relacionados con la isla. Vietnam es el "modelo contrario" al que el PP defiende para Cuba, afirma rotundo De Luis.

El diputado se expresó en estos términos preguntado por unas recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, quien, en una entrevista esta semana en RNE, defendía que para el acuerdo de diálogo político y cooperación que la UE negocia con Cuba, hay un modelo, que es el que la UE tiene con Vietnam.

No sin las cláusulas democráticas

De Luis subrayó que el acuerdo que la UE negocia con Cuba debe incluir unas "cláusulas democráticas" sin las cuales varios países europeos se negarán a sustituir la actual Posición Común que rige las relaciones de la UE con Cuba por un nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación.

La Posición Común fue impulsada por España durante el primer Gobierno de José María Aznar. La Habana la considera una injerencia en sus asuntos internos, además de una discriminación con respecto a otros países con carencias democráticas que, a pesar de eso, tienen una relación normalizada con la UE.

En esa entrevista en RNE, García-Margallo sostuvo también que el proceso de apertura de Cuba "es absolutamente irreversible", algo de lo que estaba convencido, afirmó, desde que llegó al Ministerio en 2011. Según relató, cuando él llegó al Gobierno estaba en vigor una Posición Común de 1996, aprobada cuando "Cuba estaba aislada", pero ya en 2011 "Cuba estaba muy presente", presidía la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y tenía "apoyo de todo el ALBA, de Argentina y de Brasil".

Eso sí, el ministro subrayó la importancia de que Cuba derogue el artículo de su Código Penal que penaliza las conductas contra la Revolución, "porque eso sería una amnistía y sería la libertad de expresión y esto sería empezar a caminar". De Luis ha coincidido en este punto con el ministro, pues a su juicio la derogación de este artículo supondría una "enmienda a la totalidad" a la Constitución cubana.

El 31 de diciembre, a medianoche, los últimos soldados de las unidades de combate de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán (FIAS) abandonaron oficialmente el reino de la insolencia. Creada en diciembre de 2001 por la OTAN, en aplicación de la resolución 1386 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta fuerza cuyos efectivos han llegado a sumar, en el año 2011, hasta 131.000 militares procedentes de 49 países, de los cuales 100.000 eran norteamericanos, tenía como misión garantizar la seguridad de Kabul y alrededores y apoyar a la Autoridad Provisional Afgana. El objetivo era descubrir y destruir las numerosas bases de AlQaeda, dispersas por todo el país, y garantizar la pervivencia del nuevo gobierno elegido por Washington tras la caída del régimen talibán, derrocado en dos meses, a finales de 2001, merced a la operación Libertad Duradera llevada a cabo por EEUU y los aliados.

Tras 13 años de una guerra que se ha cobrado la vida de 20.000 civiles en Afganistán, de 3.500 combatientes de la coalición internacional y que ha costado más de 700.000 millones de dólares a las arcas de EEUU, del enorme contingente terrestre y aéreo desplegado en Afganistán solo quedarán los 12.500 soldados –de ellos, 10.800 norteamericanos– de la operación Apoyo Resuelto, dirigida a formar y a instruir a las fuerzas de seguridad afganas, pero también destinada a “asistir” en caso de necesidad “a nivel operacional”. Serán los 195.000 soldados y los 157.000 policías afganos, equipados por la coalición, los que tengan que asumir ahora prácticamente sin apoyo aéreo las tareas fundamentales llevadas a cabo desde 2001 por la FIAS.

Desde que EEUU y la OTAN acordaron en 2013 retirar todas las unidades de combate de Afganistán, las fuerzas residuales que dejaban tras de sí ha sido objeto de intensas negociaciones. El expresidente Hamid Karzai, que gobernó el país de 2001 hasta la entrada en funciones de su sucesor Ashraf Ghani en septiembre de 2014, llegó incluso a negarse a firmar el acuerdo de seguridad alcanzado con Washington el 20 de noviembre de 2013 relativo al mantenimiento de una ayuda internacional tras la salida de la FIAS. Karzai, que a esas alturas ya no podía volver a concurrir a las elecciones presidenciales y que debía su supervivencia política –y sobre todo física– a la presencia de las fuerzas de la OTAN, dejó el gobierno criticando, al menos en apariencia, la injerencia extranjera como un resistente más, aunque tardío. Quizás tuviese presente la suerte que corrió Shah Shujah, destacado gobernante emir, como él, de la tribu pastún de los Popalzai, asesinado por sus compatriotas en 1842 tras ocupar el trono de Kabul gracias a los británicos.

Sin embargo, la mayor parte de los políticos afganos eran muy partidarios del contrato de seguridad que llevaba aparejado el tratado porque consideraban prematura la retirada norteamericana y el tamaño de las fuerzas residuales previstas por el Pentágono y la OTAN, irrisoria. A su entender, las fuerzas de seguridad afganas no podrían contener el fortalecimiento de los talibanes en las provincias y aún menos oponerse a una ofensiva contra Kabul y los principales núcleos urbanos. No eran los únicos en experimentar esos temores. “Si las fuerzas norteamericanas se retiran, los talibanes necesitarán menos de un año para apoderarse de regiones estratégicas al Sur y al Este del país”, estimaba, en mayo pasado, un experto del Pentágono. “La retirada de las tropas de la OTAN es demasiada brusca”, lamentaba a principios de diciembre Abdullah Abdullah, oponente de Ashraf Ghani en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y hoy jefe del Ejecutivo. “Hace dos años, teníamos 150.000 soldados de la OTAN y muchos aviones y helicópteros. En menos de dos meses, no habrá más de 12.000. Necesitamos apoyo aéreo, para la evacuación médica de los heridos, apoyo de los servicios de inteligencia y aviones rápidos”.

La inquietud de Abdullah Abdullah y del mundo político afgano es lógica. Desde hace casi un año, los talibanes están a la ofensiva en todas partes, incluido en el centro de Kabul donde han perpetrado, estas últimas semanas, atentados sangrientos que ponen de manifiesto su audacia y la eficacia de sus redes sociales de apoyo clandestino. Y las fuerzas de seguridad afganas, pese a la importancia de sus efectivos y la parte colosal del presupuesto nacional y de la ayuda extranjera que han obtenido, distan mucho de estar preparados para hacer frente a un enemigo muy inferior en número pero muy superior en lo que a organización y motivación se refiere. Hace un mes, cuando la bandera de Estados Unidos acababa de ser izada con toda solemnidad en su cuartel general, el general Joseph Andersosn, comandante del contingente norteamericano de Kabul, no ocultaba su opinión sobre la situación. Lamentaba la debilidad del ejército y de la policía afganos y su ineptitud actual a la hora de coordinar las acciones, al tiempo que criticaba especialmente la indisciplina de los policías: “Han sido instruidos pero nueve de cada diez veces no lleva ni casco ni chaleco antibalas y no cumplen con los procedimientos”.

Otros actores u observadores ofrecen una explicación diferente –y complementaria– a la ineficacia de las fuerzas armadas afganas. “Los policías con frecuencia van al frente, donde el riesgo es mayor, mientras que los militares se contentan con ocuparse del mantenimiento y de la protección de las bases. Suele ser muy difícil dar con fuerzas afganas que den caza a los talibanes. En lugar de limpiar una zona y de mantenerla, estableciéndose en la zona para impedir que regresen, vuelven a las bases tan pronto como acaba la limpieza”, asegura un experto extranjero.

5.000 muertos en un año y 30.000 desertores en el ejército afgano

Militares y diplomáticos extranjeros coinciden en una cuestión, las fuerzas armadas afganas están expuestas a interferencias y a órdenes políticas constantes. En numerosas ocasiones, las operaciones estaban dirigidas por las principales potencias, a cuyos intereses servían. Las fuerzas de seguridad afganas, que están desmoralizadas por las importantes bajas registradas, a menudo son indisciplinadas, carecen de rangos suficientes, están mal dirigidas y tienen una estrecha dependencia del apoyo aéreo occidental. Solo este año, se han producido más de 5.000 muertos, es decir, un número de fallecidos superior al registrado en los contingentes extranjeros desde 2001. A ello hay que sumarle la tasa de deserción, muy elevada –casi 30.000 soldados se han pasado al enemigo, armas y equipamiento incluidos –y el activo contrabando de armas. Según un estudio norteamericano, los números de serie de al menos 14.000 armas entregadas al ejército afgano no figuran en los registros de las unidades regulares. El mismo documento recoge que apenas el 50% de las tropas son aptas para el combate.

Las operaciones en curso desde hace semanas en la provincia de Helmand así lo confirman. En este bastión talibán al sudoeste de Kabul, fronterizo con el inestable Baluchistán pakistaní, los militares norteamericanos y británicos retomaron hace cuatro años el control de los principales ciudades y los ejes viarios fundamentales, restableciendo una relativa seguridad. Tras su retirada en primavera, los “estudiantes de religión”, que obedecen a las consignas de la asamblea de sus dirigentes con base en Quetta (Pakistán) pasaron a la ofensiva. De modo que, privados de apoyo aéreo y de información fiable, las fuerzas afganas se esfuerzan por resistir, pese a haber sufrido importantes bajas, 1.300 miembros de las fuerzas de seguridad han sido asesinados en estos combates solo entre junio y noviembre. Los talibanes han logrado incluso llegar a la principal base del ejército en la provincia, el campo de Shorab Maidan, antiguo bastión del ejército británico, evacuado un mes antes por las tropas de ese país. “Solo se encuentra bajo control del Gobierno la carretera asfaltada de Sangin”, aseguraba a The New York Times hace unos días desde el hospital un policía herido en un enfrentamiento. “El resto es talibán. Nuestros propios oficiales venden nuestras balas a los talibanes en lugar de dárnoslas y compran casas en Lashkar Gah [capital de la provincia], dejando a sus subordinados que luchen solos”.

El empeoramiento de la situación militar, a raíz del repliegue de las fuerzas extranjeras, no es el único peligro que amenaza al régimen afgano. Elegido tras dos comicios muy cuestionados, el antropólogo Ashaf Ghani, exprofesor de Berkeley y en la Universidad Johns Hopkins, antiguo dirigente del Banco Mundial, no ha tenido otra elección que, para poner fin a la crisis política, ofrecer a su adversario político en la segunda vuelta, el exministro de Asuntos Extranjeros Abdullah Abdullah, un puesto de “jefe del Ejecutivo”, inexistente en la constitución afgana.

Pero tres meses después de la toma de posesión del nuevo jefe de Estado, el país sigue gobernado por un gabinete provisional “de unidad nacional” y los colaboradores de los dos dirigentes no logran alcanzar un acuerdo sobre la composición de Gobierno. Esta situación no facilita ni las relaciones con los donantes extranjeros, ni la puesta en marcha de un plan de recuperación económica coherente, un asunto que sin embargo es urgente. A los desacuerdos políticos se unen las rivalidades étnicas ancestrales. Ashraf Ghani contaba con el apoyo de la minoridad pastún, a la que pertenece, y con el del señor de la guerra uzbeco Rachid Dostum, que como recompensa ha sido nombrado vicepresidente. Abdullah Abdullah, próximo al comandante Massoud, tenía el respaldo de los tayikos y de los chiíes hazaras. A la hora de negociar, cada uno lucha por preservar los intereses de su clan y de sus aliados.

Heredero de una economía en ruina, que pervive gracias al gotero que representa la ayuda internacional, minada por la corrupción y el tráfico de droga, Ashraf Ghani no termina de abordar, como se evidencia, la fase de afganización de la guerra en las condiciones más favorables, puesto que las interferencias de los principales vecinos de Afganistán –Irán, pero sobre todo India y Pakistán– no contribuyen a la estabilización a la estabilización del país. Ashraf Ghani , que parece dispuesto a pasar la página de las “injerencias cruzadas” con Pakistán, en su primera salida al extranjero ha viajado a China, país del que dice esperar mucho para sacar a su país del subdesarrollo. Más tarde, a mediados de octubre, se desplazó a Islamabad para entrevistarse con el primer ministro Nwaz Sharif al que informó de su deseo de reconciliarse con los talibanes.

La lección olvidada de la guerra de Vietnam

A mediados de diciembre, días después del ataque mortal de los talibanes paquistaníes en una escuela de Peshawar, los dirigentes afganos y el general Rahell Sharif, jefe del ejército paquistaní, de visita a Kabul afirmó su intención de “combatir juntos el terrorismo”. Una cuestión no menor. En Quetta (Pakistán), la dirección de los talibanes afganos encontró refugio. Los talibanes pakistaníes instalaron, en las provincias afganas fronterizas, las bases de operaciones a partir de las cuales lanzan sus ataques contra objetivos paquistaníes. En lo que respecta al diálogo que el nuevo presidente afgano pretende reanudar con los talibanes, de momento ha de hacer frente a un obstáculo mayor: los “estudiantes de religión” denuncian todo lo que respecta a la igualdad entre hombres y mujeres en la nueva constitución afgana y rechazan formalmente el acceso de las niñas a la escuela.

Evidentemente, Barack Obama no ignora las dificultades que entraña la transición. Tampoco puede ignorar que tras la retirada soviética de 1989, bastaron tres años a los rebeldes islámicos para derrocar el régimen de Mohamad Najibullah y para hacerse con el poder. Además, no puede haber olvidado el caos sangriento en el que desembocó la retirada políticamente y militarmente mal preparada de Irak, en 2011. Un caos que actualmente se traduce en un nuevo compromiso militar internacional para tratar de contener un movimiento yihadista que controla ya una parte del territorio y atrae a miles de combatientes extranjeros.

Todo esto sucede como si, cuarenta años después de la dura derrota de la vietnamización, los estrategas norteamericanos, indiferentes a la historia, continuaran pensando que basta con suministrar dólares, armas y algunos miles de consejeros a un país para permitirle escapar a la espiral de la violencia, cuando las causas profundas del conflicto no han desaparecido. La realidad es dura. No basta con que la diplomacia y la economía de EEUU tengan otras prioridades o que la opinión pública norteamericana se canse de ver a sus soldados luchar en el otro extremo del planeta para que un régimen aliado se vea, prácticamente de un día para otro, obligado a ganar las batallas que Washington ya no quiere librar.

El ejemplo vietnamita, ampliamente documentado, es suficientemente elocuente. Seis años después de la llegada a Saigón de los 16.000 primeros “consejeros” enviados por el Pentágono, más de medio millón de soldados americanos luchaban en Vietnam cuando Richard Nixon anunció en 1969 la “vietnamización” de la guerra. Concebida bajo la Administración demócrata de Johnson y puesta en marcha por el secretario de Estado de Defensa republicano Melvin Laird, esta nueva estrategia preveía simultáneamente una retirada progresiva de las unidades de combate norteamericanas y un refuerzo simultáneo del ejército en el Sur de Vietnam. Estaba destinada a apaciguar a la opinión pública norteamericana, cansada de esta guerra lejana y de las mentiras de la Administración Nixon, sobre todo tras conocerse la matanza de My Lai de 1968. Mientras en París daban comienzo las negociaciones con el gobierno de Vietnam del Norte, Wahington había iniciado la entrega, al ejército de Vietnam del Sur, de carros de combate y de decenas de caza bombarderos, aviones de apoyo y helicópteros. Estos refuerzos se unían a los enormes medios aéreos desplegados por Washington en Vietnam del Sur y en los países vecinos.

A finales de 1971, el 60% de las unidades de combate norteamericanas habían salido de Vietnam. A principios de 1973, en aplicación de los Acuerdos de paz de París, los últimos soldados norteamericanos dejaban el país y Washington se comprometió a parar las entregas de material militar a Saigón. Con un millón de hombres y armamento moderno, el ejército de Vietnam del Sur estaba solo, sobre el terreno, ante los combatientes del Frente Nacional de Liberación y a los soldados norvietnamitas. ¿Capaz de hacer frente y de contener las tropas del enemigo comunista? Teóricamente, sí, según las estrategias del Pentágono. La ruptura del alto el fuego alcanzado en París demostraría que no. Mal dirigido, con unos medios de comunicación insuficientes, este enorme ejército corrupto, desmoralizado y mientras las deserciones se multiplicaban, iría perdiendo posiciones paulatinamente. Sobre todo porque ya no disponía de la que era su mayor baza, el apoyo aéreo norteamericano. El 30 de abril de 1975, dos años después de la salida de los últimos soldados norteamericanos, los soldados norvietnamitas y los combatientes del FNL entraron en Saigón.

Bien es verdad que Afganistán no es Vietnam, pero es inevitable ver un paralelismo inquietante en las prisas norteamericanas a la hora de repatriar a sus soldados y a la hora de movilizarse fondos y consejeros para ayudar a Afganistán, en la pobre eficacia operacional del ejército afgano, en los enfrentamientos de personas o de clanes en la cúspide del poder de Kabul o en los estragos de la corrupción. El destino de Occidente no se jugaba en Saigón como fingían creer los profetas de la guerra fría. Sin duda tampoco se va a jugar en Kabul. En las despiadadas montañas del cementerio de los imperios, lo que está en juego es el futuro de los afganos. Tras 40 años de guerra, 13 años de intervención militar internacional, ¿tendrán que sufrir el regreso del fanatismo talibán o algo peor?

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés: