Los presidentes de Francia y Corea del Sur han acordado trabajar juntos para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz con ocasión de la primera visita de Estado de Emmanuel Macron a ese país, el pasado 3 de abril. Al igual que para muchos otros países, este paso estratégico es esencial para Seúl: más del 70% del petróleo y el 20% del gas importados por el país proceden de Oriente Medio, y la mayor parte transita por este estrecho.

En el corazón del barrio de Cheongnyangni, en Seúl, Park Young-mi está ocupada ordenando paquetes de cigarrillos, agachada detrás de la caja registradora de su tienda K-Mart. Al lado, un joven anda por la sección de fruta fresca. Debajo de las fresas, manzanas y naranjas hay cajas de bolsas de plástico, verdes y transparentes. “La semana pasada se agotó todo nuestro stock de golpe. Los clientes venían a comprar a la vez, por miedo a que los precios se dispararan o a que se agotaran y ya no pudieran tirar la basura”, cuenta la gerente. Solo pudo conseguir una caja para reponer sus existencias, ya que su proveedor también racionaba a los supermercados. Desde entonces, solo permite una compra por persona, salvo en casos de extrema urgencia.

Esas bolsas, fabricadas a partir de nafta, un derivado del petróleo, son un elemento indispensable para las familias surcoreanas. Y con razón: para clasificar eficazmente los residuos domésticos, cada hogar debe comprar esas bolsas de un color concreto, que varía según el municipio, y que se suministran en las tiendas de barrio. Los impuestos recaudados por esas ventas constituyen una de las principales fuentes de financiación del sistema de reciclaje y recogida. El precio de las bolsas de basura se fija por ordenanza municipal en cada municipio del país. Por lo tanto, ni las empresas que las fabrican ni los comerciantes pueden subir los precios a su antojo. “No hay que dejarse engañar por esa información falsa que circula por YouTube o por otros sitios, según la cual van a subir los precios. Me gustaría que la gente dejara de preocuparse por eso”, concluye Park Young-mi con una sonrisa tranquilizadora.

Varias grandes cadenas han visto dispararse sus ventas de bolsas de basura, entre un 140% y un 325% en una semana, según la agencia Yonhap. Pero el Gobierno ha asegurado que la capacidad de suministro se mantiene estable, aunque ha señalado que se había visto afectada por las compras al por mayor.

Las bolsas de basura no son lo único que preocupa a la población. Los restauradores, en su mayoría muy dependientes de la comida para llevar, se enfrentan a un aumento de los precios de los envases de plástico.

Kim Young-min, director de la empresa PowerWrap, dedicada a los envases de plástico, tendrá que subir sus precios a mediados de abril. “Nuestros clientes necesitan cajas y film transparente para envasar sus alimentos, como carne o pescado, pero no conseguimos abastecernos a tiempo. Por supuesto, debido a esto, nuestra facturación va a disminuir. Hoy en día, ni siquiera utilizamos todas nuestras máquinas, producimos poco a poco, con las existencias de las que ya disponemos.”

El coste de las materias primas utilizadas para la fabricación de sus productos, entre ellas la nafta, ya ha aumentado casi un 40%, y espera que la subida continúe. Según Kim Young-min, aunque la guerra terminara hoy, el suministro podría seguir siendo irregular durante los próximos tres meses.

En Gyeonggi-do, no lejos de un afluente del río Han y sus alamedas de cerezos en flor, se amontonan en el restaurante de pollo frito de Ahn Jung-oh (nombre ficticio) montones y montones de bebidas, entregadas envueltas en vinilo (uno de los plásticos más extendidos del mundo, producido a partir del petróleo). “He comprado el doble de mis existencias habituales, por miedo a que los costes aumenten a causa de la guerra”, dice el restaurador. Este pedido, realizado a finales de marzo al precio habitual, incluye también los envases alimentarios que utiliza.

La industria médica de Corea del Sur también depende en gran medida de esos materiales derivados del petróleo para la fabricación de agujas, guantes esterilizados, frascos de jarabe, envases de desinfectantes o bolsas de solución intravenosa. Korea Vaccine, un proveedor de productos médicos, ya ha anunciado que aumentará entre un 15% y un 20% los precios de las jeringas desechables durante los dos próximos meses.

Pero las consecuencias de la guerra en Irán y en los países vecinos para Corea del Sur no se detienen ahí. Según los expertos, se espera una crisis energética ya para finales de abril. Para frenar la subida de los precios, ya se han puesto en marcha algunas medidas, como mayores reducciones de los impuestos sobre los combustibles o incluso un límite máximo para los precios de la gasolina, el primero en casi treinta años, que, desde su implantación a mediados de marzo, ya se ha revisado al alza.

Dada su dependencia del petróleo, el país también está reactivando otras fuentes de energía. Se preveía que dos centrales térmicas de carbón que producen electricidad cerraran en junio de 2026, pero su cierre podría posponerse. Algunos reactores nucleares en mantenimiento volverán a entrar en servicio antes de lo previsto, con el fin de cubrir posibles déficits en el suministro energético.

El Gobierno demócrata de Lee Jae-myung ha instado a la población a esforzarse por ahorrar energía al máximo: se invita a los surcoreanos a duchas rápidas, a cargar el teléfono durante el día y no dejarlo enchufado toda la noche, o a utilizar la aspiradora y la lavadora solo los fines de semana.

En cuanto a los conductores de vehículos de gasolina que trabajan en el sector público, deben abstenerse de conducir un día a la semana, según el último dígito de su matrícula. Se han adaptado los horarios de trabajo de las instituciones públicas para reducir la demanda de transporte y, a largo plazo, disminuir el consumo de petróleo.

Con el fin de alinearse con la política del Gobierno, las mayores empresas privadas, como el fabricante de automóviles Hyundai o el grupo siderúrgico Posco, están aplicando ya ciertas medidas de austeridad. Animan a sus empleados a subir por las escaleras en lugar de usar el ascensor, a utilizar el transporte público o a compartir coche.

Si las reservas de petróleo del sector privado caen por debajo de un determinado porcentaje, el Gobierno ya se ha mostrado dispuesto a intervenir, gracias a las reservas almacenadas en el territorio. Pero ante las dificultades de abastecimiento, Seúl está considerando actualmente la posibilidad de adquirir los preciados recursos a Moscú.

Traducción de Miguel López

Un tribunal de Corea del Sur condenó este jueves a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol, al hallarlo culpable de insurrección por su imposición fallida de la ley marcial a finales de 2024, la cual desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática del país asiático, según informa EFE.

En la audiencia presidida por el juez Jee Kui-youn, el Tribunal del Distrito Central de Seúl calificó de "insurrección" la implementación de la ley marcial por Yoon, quien trató de paralizar la Asamblea Nacional al enviar al Ejército y fuerzas antidisturbios al Parlamento tras el decreto.

El tribunal consideró que lo que terminó siendo un estado de excepción de apenas unas seis horas tenía el propósito de "subvertir la Constitución", al obstruir las instituciones constitucionales y socavar los valores democráticos fundamentales. La corte no sentenció a Yoon con la pena de muerte que había solicitado la Fiscalía del país asiático, donde hay una moratoria de facto sobre esta condena. Además de Yoon, el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, fue sentenciado este jueves también a 30 años de prisión.  Las condenas de este jueves se suman a las pasadas contra el ex primer ministro Han Duck-soo, a 23 años de cárcel, y el exministro del Interior Lee Sang-min, a 7, por su papel en la implementación estado de excepción.

El encarcelado Yoon declaró la ley marcial en la noche del 3 de diciembre de 2024, un decreto que fue bloqueado por el Parlamento unas horas después. El exmandatario fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional, al considerar que no había indicios de una situación de emergencia que justificara el decreto. Además de la cadena perpetua de hoy, el expresidente había sido ya sentenciado a cinco años de cárcel el pasado enero por obstrucción de la justicia, en uno de los cuatro casos en los tribunales relacionados con la ley marcial presentados contra él.

Miles de manifestantes a favor y en contra del expresidente, algunos de estos últimos en lágrimas tras escuchar la sentencia, se concentraron en los alrededores del tribunal. La posibilidad de que se repita un incidente similar al del 19 de enero del año pasado, cuando seguidores de Yoon irrumpieron en el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl en rechazo a la decisión de extender su detención entonces, ha desatado la preocupación de las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y amenazó con un "incremento masivo" de aranceles para los productos chinos, en respuesta a lo que calificó como intentos del gigante asiático de “imponer controles de exportación” sobre las tierras raras.

En un largo mensaje en su red social Truth Social, el presidente republicano afirmó que China "se está volviendo muy hostil y está enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quiere imponer controles de exportaciones a todos los productos relacionados con tierras raras y a casi cualquier otra cosa que se les ocurra".

Según el presidente estadounidense, una medida de este tipo “congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países, especialmente de China”, y aseguró que diversas naciones ya han contactado a Washington “indignadas por esta hostilidad comercial”.

"No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo. Fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo", apuntó Trump.

El mandatario anunció que, dependiendo de la respuesta de China, Estados Unidos va a "contrarrestar" sus acciones: "Por cada producto que logren monopolizar, nosotros tendremos dos", dijo.

"Una de las políticas que estamos calculando en este momento es un aumento masivo de los aranceles sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos de América", agregó el mandatario.

Las declaraciones de Trump reflejan el mayor desencuentro con China desde que ambas potencias comenzaron a negociar una reducción de los aranceles tras la guerra comercial agudizada en abril pasado por el republicano.

Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso este lunes del 9 de julio al 1 de agosto la tregua arancelaria concedida a sus socios comerciales, pero fijó ya para algunos de ellos, como Japón o Corea del Sur, los gravámenes que tendrán que pagar a partir de entonces. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca recogidas por EFE, sin embargo, se mostró abierto a aplazar de nuevo la entrada en vigor de los aranceles, que anunció por primera vez en abril, si los países dan señales de querer negociar. "Diría que son firmes, pero no al 100%. Si nos llaman y, por ejemplo, quieren hacer algo diferente, estaremos abiertos a ello", explicó el presidente.

Por lo pronto, la extensión del plazo se materializó en una orden ejecutiva que, según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, servirá para que Washington tenga tiempo de negociar buenos pactos con cada país. Entre los que iban a ver aumentados sus aranceles esta misma semana se encontraba la Unión Europea como bloque.

Retrasar la fecha al 1 de agosto, según se dijo, no es un reconocimiento de la dificultad de la negociación mantenida hasta ahora, que solo ha conseguido suscribir convenios con China, el Reino Unido y Vietnam, sino un reconocimiento de que esta Administración, en palabras de Leavitt, "quiere lo mejor para el trabajador estadounidense y desea los mejores acuerdos posibles".

Trump precisó en su decreto que la decisión se toma teniendo en cuenta el estado actual de las conversaciones, recomendaciones de funcionarios de alto nivel e información adicional recibida en este tiempo.

Pero el anuncio llegó el mismo día en que Washington empezó a enviar ya misivas a algunos de sus socios con los nuevos aranceles que contempla aplicarles a partir de agosto a menos que estos eliminen sus gravámenes y barreras comerciales.

Los dos primeros fueron Japón y Corea del Sur. Las importaciones de bienes desde estos países pasarán a pagar un 25 % en Estados Unidos, un porcentaje que no cambia en el caso surcoreano respecto a lo anunciado a principios de abril y que en el japonés sube un punto.

Otra docena de países se vio con nuevos gravámenes unilaterales debido a la falta de avance en las negociaciones: Birmania y Laos con un 40%, Camboya y Tailandia con un 36%, Serbia y Bangladesh con un 35%, Indonesia con un 32%, Sudáfrica y Bosnia y Herzegovina con un 30%, y Túnez, Kazajistán y Malasia con un 25%. Indonesia, Tailandia y Sudáfrica no experimentaron cambios respecto a lo adelantado en abril, mientras que el porcentaje de Malasia subió un punto, el de Camboya se redujo trece, el de Laos ocho, el de Bosnia y Herzegovina seis, el de Birmania cuatro, el de Túnez se rebajó tres y el resto dos.

En las cartas enviadas a los líderes de cada uno de esos países, y que en un ejercicio de transparencia, según la Casa Blanca, se difundieron en la red social de Trump, Truth Social, se les advierte que si quieren abrir su mercado a Estados Unidos y eliminar sus aranceles y barreras arancelarias Washington considerará "tal vez" un ajuste a dichas cifras.

"Estos aranceles podrían ser modificados, al alza o a la baja, dependiendo de nuestra relación con su país. Usted nunca quedará decepcionado con Estados Unidos", apuntó el magnate neoyorquino en esos textos que siguieron todos el mismo esquema.

Así, Washington recalcó en sus cartas que si estas naciones incrementan sus propios aranceles sobre los bienes estadounidenses se les sumará ese porcentaje al que se acaba de anunciar, y también se recordó que ninguno de esos aranceles modifican los contemplados por sectores, como los del 50% para el acero y el aluminio. Los bienes que pasen por un tercer país para evadir un gravamen más elevado quedarán sujetos a la cifra más alta.

La Casa Blanca rechazó que los cambios en las decisiones presidenciales resten credibilidad a su palabra. Los presidentes de esos países, según Leavitt, "se tomarán las cartas en serio porque se han tomado al presidente en serio", y esa es la razón por la que el teléfono de Trump, a su juicio, "no para de sonar con líderes mundiales suplicándole llegar a un acuerdo".

Para el presidente los aranceles adelantados ya "son necesarios" para corregir años de políticas y barreras arancelarias que han provocado a Estados Unidos un déficit comercial en sus respectivos intercambios. El mandatario incidió además en que no se imponen aranceles sobre las compañías que deciden fabricar sus productos en Estados Unidos, y en esa línea se recalcó que se hará todo lo posible para otorgar las autorizaciones pertinentes a las empresas que den ese paso.

Corea del Sur vota este martes para elegir a un nuevo mandatario en un clima de polarización social y política tras la destitución de Yoon Suk-yeol, mientras el gran favorito, Lee Jae-myung, enfrenta un juicio penal que podría condicionar su mandato desde el inicio, según informa EFE.

La votación tiene lugar justo seis meses después de que el expresidente decretara el estado de excepción, una medida que solo estuvo vigente durante seis horas antes de ser anulada por un Parlamento dominado por la oposición, y que el expresidente defendió alegando presuntas "amenazas antiestatales" de otras fuerzas políticas.

Yoon fue destituido definitivamente el 4 de abril por el Tribunal Constitucional, lo que supuso la segunda decisión de este tipo en la historia democrática del país y obligó a convocar elecciones anticipadas en un plazo de 60 días, según la Constitución surcoreana.

Ahora, el expresidente está procesado por insurrección y abuso de poder, y su figura ha seguido pesando sobre la campaña. Aunque abandonó el Partido del Poder del Pueblo (PPP), ha llamado a votar por su heredero político, el exministro de Trabajo Kim Moon-soo, quien ha tomado posturas contradictorias sobre la fallida ley marcial.

En este contexto, el exjefe del opositor Partido Democrático (DP) Lee Jae-myung lidera las encuestas con un 49,2% de apoyo, frente al 36,8% de Kim, según el último sondeo de Realmeter.

Lee ha prometido "cerrar la era del enfrentamiento" y reconstruir la legitimidad institucional del país. No obstante, su candidatura sigue condicionada por la reapertura de un juicio por presunta violación de la ley electoral, cuyo fallo podría llegar durante su mandato y plantear un dilema constitucional sobre la inmunidad presidencial. Sus propuestas se centran en la innovación tecnológica, la reactivación económica y el diálogo intercoreano. Planea crear un Ministerio de Clima y Energía, expandir el Ministerio de Igualdad de Género y reforzar la infraestructura digital e industrial del país.

Kim Moon-soo, por su parte, ha ofrecido un programa liberal en lo económico y alineado con EEUU en política exterior. Plantea subsidios para jóvenes y pymes, el redespliegue de armas nucleares tácticas estadounidenses en territorio surcoreano y una reforma laboral orientada a la flexibilidad.

El tercer favorito, Lee Jun-seok, del minoritario Partido Nueva Reforma (NRP), ha basado su campaña en atraer el voto de hombres jóvenes desencantados con las políticas de igualdad. Su apoyo ronda el 10%, pero ha influido en el debate público al introducir temas como la abolición del Ministerio de Igualdad y la despolitización de las relaciones intercoreanas. También concurren a los comicios Kwon Young-kook, del Partido Democrático del Trabajo (DLP), y Song Jin-ho, candidato independiente.

El nuevo presidente asumirá el cargo con múltiples desafíos inmediatos. Entre los más urgentes está el gestionar una sociedad polarizada, con una marcada división generacional y de género entre los votantes jóvenes, y afrontar las negociaciones con EEUU en torno a los aranceles "recíprocos" impuestos por la Administración Trump, que amenazan con golpear sectores clave de la economía surcoreana. Otro reto pendiente es definir una estrategia ante Corea del Norte, en un momento de creciente tensión regional y de fortalecimiento del eje Pionyang-Moscú.

La votación arrancó a las 6:00 hora local (21:00 GMT del lunes) en 14.295 centros electorales de todo el país y se prolongará hasta las 20:00 (11:00 GMT), según la Comisión Electoral Nacional. Siete horas después de la apertura de las urnas, la participación superaba el 62%, con 27,56 millones de votos registrados hasta ese momento, lo que supone 0,8 puntos más que las anteriores elecciones presidenciales y la más alta registrada hasta la fecha en el ecuador de la jornada electoral.

Un total de 44.391.871 personas están llamadas a votar, incluyendo los 15,4 millones (34,74% del electorado) que ya emitieron su sufragio durante los dos días de votación anticipada la semana pasada, un porcentaje récord desde que ese sistema fue introducido en 2014.

El nuevo presidente asumirá el cargo de inmediato tras la proclamación oficial de los resultados, sin período de transición, dado que se trata de unos comicios extraordinarios para sustituir al destituido Yoon. El recuento comenzará inmediatamente después del cierre de los colegios, y se espera que el ganador se conozca hacia la medianoche.

La Comisión Electoral Nacional estima que el escrutinio completo finalizará alrededor de las 6:00 del miércoles (21:00 GMT del martes), y convocará una reunión plenaria entre las 7.00 y las 9.00 para validar formalmente los resultados. La ceremonia de investidura se celebrará el mismo miércoles, poco después del anuncio oficial, aunque la hora exacta será confirmada una vez se conozca al nuevo mandatario.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobó este viernes, de manera unánime, la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol, por su controvertida declaración de ley marcial, con lo que el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días. El fallo fue adoptado con el voto a favor de los ocho jueces del máximo tribunal surcoreano. Para que la destitución fuera ratificada, se requería el respaldo de al menos seis de los ocho magistrados que componen la instancia, según informa EFE.

Yoon permanecía suspendido de sus funciones desde hace más de 100 días después de que la Asamblea Nacional aprobara una moción para su destitución tras su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. El tribunal concluyó que el presidente violó la Constitución al declarar la ley marcial el 3 de diciembre y al enviar al Ejército al Parlamento para impedir que los legisladores anularan el decreto. El mandatario ha negado todos los cargos.

El fallo, leído por el presidente interino del tribunal, Moon Hyung-bae, tiene efecto inmediato y es irrevocable, por lo que Yoon queda apartado del cargo formalmente y el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de dos meses. "La crisis política no justifica las acciones tomadas. La situación en la Asamblea Nacional en ese momento no justificaba el ejercicio de poderes nacionales de emergencia", señaló Moon durante la lectura del veredicto.

En su argumentación, el tribunal subrayó que el presidente incurrió en una violación sustancial de la ley al impedir el ejercicio de las funciones legislativas. También concluyó que Yoon infringió disposiciones constitucionales al violar el derecho de los legisladores a deliberar y votar, así como su inmunidad parlamentaria.

Agregó que el presidente utilizó fuerzas armadas con fines políticos, lo que constituyó una grave transgresión de la neutralidad política del Ejército y de su deber como comandante en jefe. El proceso ha estado marcado por una fuerte polarización social y política, con protestas masivas en todo el país y encuestas que mostraban alrededor del 60 % de apoyo ciudadano a la destitución.

El principal partido opositor celebró la decisión como una "victoria del pueblo", mientras que el partido oficialista declaró que "acepta humildemente" el veredicto del tribunal. El presidente interino Han Duck-soo aseguró que el Gobierno trabajará para garantizar una transición de liderazgo sin contratiempos hasta la elección del nuevo jefe de Estado, prometiendo que no habrá vacíos en áreas clave como la seguridad nacional y la política exterior durante el periodo de interinidad.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, fue liberado este sábado de la detención en la que permanecía desde hace casi dos meses en el marco del proceso abierto en su contra por insurrección a raíz de su declaración de la ley marcial, y después de que un tribunal dictaminara que su arresto fue ilegal, recoge EFE.

Yoon abandonó antes de las 18:00 hora local (9:00 GMT) de este sábado el centro de detención en Uiwang, al sur de Seúl, donde permanecía desde hace 52 días, y fue trasladado a la residencia presidencial, según informaron los medios locales.

Su liberación tiene lugar después de que en la víspera el Tribunal del Distrito Central de Seúl anulara la detención del político y de que la fiscalía decidiera este sábado no recurrir esta decisión.

El mandatario expresó su aprecio por "la valentía y la determinación del tribunal para corregir la ilegalidad", en un mensaje transmitido a su equipo legal, y salió del centro de detención entre vítores de partidarios y políticos del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) que se habían concentrado allí.

El tribunal capitalino determinó que su arresto ha excedido el período legal y que su procesamiento se llevó a cabo fuera del plazo de detención.

Con la decisión de esta instancia, Yoon podrá afrontar en libertad tanto el proceso penal que le acusa de insurrección, el único delito al que no es inmune un presidente surcoreano y que podría depararle una pena de cadena perpetua, como el juicio político paralelo donde se decidirá si su destitución es o no definitiva.

Yoon fue detenido el pasado 15 de enero en la residencia presidencial tras un largo encaramiento entre las autoridades surcoreanas y las fuerzas de seguridad presidenciales y manifestantes partidarios del mandatario, y después de un primer intento fallido para detenerlo a comienzos de enero.

En paralelo al juicio penal, que por ahora no se ve afectado por la anulación de su detención, el mandatario aguarda a la resolución del Constitucional, que determinará en los próximos días si su destitución aprobada por el Parlamento nacional el pasado 14 de diciembre por su aplicación de la ley marcial es o no definitiva.

Yoon permanece formalmente en el cargo de presidente aunque en la práctica haya sido inhabilitado de sus funciones por la moción de inhabilitación parlamentaria y mientras el Constitucional revisa el caso.

Si la máxima instancia judicial surcoreana ratifica la destitución de Yoon, el país deberá convocar elecciones presidenciales anticipadas en el transcurso de los 60 días posteriores al veredicto.

El Partido del Poder Popular, al que pertenece Yoon, dio la bienvenida a su liberación, aunque lamentó que haya llegado "tarde", y destacó la necesidad de revisar todos los procedimientos abiertos contra el mandatario, incluido el del Constitucional.

La principal fuerza opositora, el Partido Democrático (PD), afirmó por su parte que la liberación de Yoon "es una rendición inexcusable y una declaración de lealtad al líder de una insurrección, en lugar de lealtad al pueblo", en un comunicado de su portavoz.

Parlamentarios de ambos partidos se habían concentrado este sábado en el centro de detención donde se encontraba Yoon para defender sus posturas, junto a simpatizantes de ambas fuerzas que se habían desplazado allí también desde la víspera y en medio de un amplio dispositivo de seguridad.

La crisis política en Corea del Sur desencadenada por la ley marcial ha profundizado la polarización en el país, con multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de Yoon que han continuado desde que se produjo su arresto.

 Mientras sus partidarios exigen su restitución y defienden la ley marcial, la oposición y grupos progresistas piden que se confirme su destitución.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, que permanecía detenido bajo la acusación de liderar una insurrección en el marco de su ley marcial, ha sido liberado este viernes tras aceptar un tribunal la petición que había presentado el mandatario. El Tribunal del Distrito Central de Seúl determinó que su arresto hace casi dos meses había excedido el período legal y que su procesamiento se llevó a cabo fuera del plazo de detención, según informa EFE.

La decisión judicial también puso en duda la legalidad del procedimiento realizado por la Fiscalía y la Oficina de Investigación de Delitos de Funcionarios de Alto Rango (CIO), al indicar que, al tratarse de entidades independientes, no tienen la facultad de transferirse o prolongar los plazos de detención sin una base legal que lo respalde, según la información recogida por la agencia local de noticias Yonhap.

Tras el fallo del tribunal, el mandatario enfrentará en libertad la resolución del Tribunal Constitucional sobre su juicio político tras su fugaz declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, un acto que le costó la destitución apenas once días después. Se espera que esta decisión, que determinará si su inhabilitación es definitiva o si por el contrario se le restituye en el poder, se conozca en las próximas semanas o incluso días.

Aunque fue despojado de sus funciones, Yoon sigue ostentando el cargo mientras el máximo tribunal surcoreano revisa su caso. El residente de Corea del Sur se encuentra detenido desde el 14 de enero por otro proceso judicial, en este caso penal, en el que enfrenta cargos de insurrección por los mismos acontecimientos. Este es el único delito por el cual un mandatario surcoreano no goza de inmunidad.

La crisis política en Corea del Sur ha profundizado la polarización en el país, con multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de Yoon que han continuado desde que se produjo su arresto. Mientras sus partidarios exigen su restitución y defienden la ley marcial, la oposición y grupos progresistas piden que se confirme su destitución. La creciente tensión ha llevado a un fuerte despliegue policial en Seúl para evitar enfrentamientos.

El Constitucional tiene hasta junio para decidir si confirma la destitución, aunque se espera un fallo antes de abril, debido a la inminente expiración del mandato de dos de sus ocho magistrados el día 18 de ese mes. Sin embargo, los medios locales especulan que la sentencia podría conocerse a mediados de marzo. Si el tribunal ratifica la destitución de Yoon, el país deberá convocar elecciones presidenciales anticipadas en el transcurso de los 60 días posteriores al veredicto.

El juicio penal por insurrección contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, a raíz de su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre arrancará el 20 de febrero, informó este lunes la agencia Yonhap citando fuentes legales. Los tribunales del Distrito Central de Seúl han establecido esa fecha para la primera vista preparatoria, según las citadas fuentes y ha recogido EFE.

El presidente surcoreano no tiene la obligación de estar presente en esa vista previa, puesto que se trata de un paso procesal que se lleva a cabo para revisar pruebas clave o establecer las fechas de las vistas ordinarias antes de que comience formalmente el juicio.

Yoon está acusado de conspirar con el exministro de Defensa Nacional Kim Yong-hyun y otros militares y exmilitares de incitar una insurrección declarando el estado de excepción de manera inconstitucional e ilegal, dada la ausencia de un escenario de guerra o de una crisis nacional o desastre comparable, requisitos recogidos en la Carta Magna para imponer la ley marcial.

Los fiscales alegan que Yoon y los demás enviaron tropas a la Asamblea Nacional (Parlamento) para evitar que los diputados votaran a favor de levantar la ley marcial y también a la Comisión Nacional Electoral (NEC) para revisar sus servidores informáticos ante la creencia de que había existido fraude electoral en tiempos recientes en Corea del Sur. También se les acusa de haber planeado arrestar a figuras políticas clave.

Aquellos culpables de liderar una insurrección son castigados en Corea del Sur con la cadena perpetua o la pena capital, para la cual existe una moratoria desde 1997.

De manera paralela, Yoon está encarando un juicio político desde enero en el Tribunal Constitucional, que debe decidir si ratifica o no su destitución parlamentaria del 14 de diciembre. En caso de confirmarse su cese, sería necesario convocar elecciones presidenciales adelantadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo del máximo tribunal surcoreano.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, acudió este sábado a declarar ante el tribunal que debe decidir si extender o no el arresto del depuesto mandatario, detenido por la oficina nacional anticorrupción por su fugaz declaración de la ley marcial, según informa EFE.

El vehículo que transportaba a Yoon partió poco antes de las 13:30 hora local (4:30 GMT) del Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, donde se encontraba y llegó a su destino una media hora después, escoltado por una comitiva de vehículos de seguridad que llegaron a ser zarandeados por multitudes concentradas en el camino, retransmitió en directo la agencia de noticias Yonhap.

Yoon declaró durante unos 40 minutos para explicar ante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl sus argumentos sobre la legitimidad de su imposición del estado de excepción el pasado 3 de diciembre, que le costó la destitución once días después, según informó el citado medio.

Tanto la acusación como el equipo legal del presidente invirtieron por su parte 70 minutos, respectivamente, en presentar sus alegatos.

El tribunal concluyó la audiencia tras unas cinco horas escuchando los argumentos de ambas partes, mientras en el exterior se concentraban más de 12.000 simpatizantes del presidente Yoon, coreando su nombre y ondeando banderas de Corea del Sur y Estados Unidos. Algunos rompieron a llorar, mientras otros se vieron involucrados en pequeños altercados con la policía.

Se vivieron algunos momentos de tensión creciente a medida que los manifestantes intentaban abrirse paso a empujones para intentar entrar en el recinto del tribunal, mientras solicitaban a gritos que abrieran las puertas y les dejaran ver al presidente.

"El presidente explicó y respondió fielmente sobre los hechos, las pruebas y las cuestiones jurídicas", dijo su abogado, Yun Gap-geun, a los periodistas apostados en la entrada del tribunal. "Esperaremos tranquilamente hasta que se conozca la decisión", añadió.

Yoon fue arrestado el pasado miércoles tras un largo asedio a su residencia por parte de las autoridades y el tribunal debe ahora decidir si extender el período inicial de 48 horas de detención, que se ha visto intermitentemente suspendido por los intentos de su defensa de entorpecer los procedimientos abiertos en su contra.

Está previsto que el tribunal tome una decisión al respecto como pronto la noche de este mismo sábado, o a primera hora del domingo.

De ser aceptada la solicitud, la detención de Yoon podría extenderse hasta 20 días. Si es rechazada, se espera que regrese a su residencia para seguir preparando su defensa.

La solicitud para prolongar la detención de Yoon fue presentada en la víspera por la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), el ente que lidera una investigación conjunta con la Policía y el Ministerio de Defensa sobre si su declaración de la ley marcial pudo equivaler a un intento de insurrección, el único delito ante el que un presidente surcoreano no tiene inmunidad.

Yoon, el primer presidente de la historia surcoreana en ser detenido mientras está en el cargo (pese a haber sido suspendido de sus funciones por su destitución), también había presentado un recurso para revocar su orden de detención, que fue rechazado.

En paralelo a esta investigación penal, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene abierto otro procedimiento para decidir antes de mediados del próximo mes de junio si se mantiene la destitución de Yoon o se le restituyen sus funciones.

El presidente, que se sometió a más de diez horas de interrogatorio por parte de la CIO el día de su arresto, se negó a comparecer en las dos jornadas de interrogatorio posteriores, alegando motivos de salud y que ya ha explicado suficientemente su postura, y tampoco ha comparecido hasta ahora en el Constitucional.

Yoon sostiene que su imposición de la ley marcial fue "un ejercicio de autoridad presidencial", y no un crimen.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, volvió a negarse a declarar este viernes en la tercera jornada de interrogatorio bajo arresto dentro de la investigación abierta por su fugaz declaración de la ley marcial, mientras las autoridades buscan extender la orden judicial para mantenerlo detenido, que expira este viernes, según informa EFE.

Yoon, arrestado el pasado miércoles tras un largo asedio de las autoridades a la residencia presidencial, continuó una jornada más negándose a cooperar con las autoridades que investigan si cometió un posible delito de insurrección con su declaración del estado de excepción el pasado 3 de diciembre.

El presidente, que fue inhabilitado el día 14 de diciembre por el Parlamento nacional, no compareció tampoco en la citación fijada este viernes por la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), que lidera una investigación donde también participan la policía y otros organismos estatales.

"El presidente no comparecerá hoy ante el ministerio público porque explicó suficientemente su postura a los investigadores en el primer día de interrogatorio y no vemos motivos ni necesidad de responder a las preguntas en un interrogatorio", dijo el equipo legal de Yoon en un comunicado remitido a la prensa.

Yoon permanece retenido en el Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, cerca de las instalaciones de la CIO, desde su arresto el miércoles que tuvo lugar tras las negociaciones entabladas por las autoridades con el servicio de seguridad del presidente, que habían tratado de bloquear el segundo intento de ejecutar la orden de arresto. 

El presidente ya eludió la citación a declarar ante las autoridades anticorrupción en la víspera, alegando motivos de salud, y tras haberse sometido a más de diez horas de interrogatorio el miércoles.

Yoon, el primer presidente de la historia surcoreana en ser detenido mientras está en el cargo, también había presentado un recurso ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl para tratar de revocar la orden de detención en su contra, que fue rechazado por esa instancia en la víspera.

La Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios tiene previsto solicitar una nueva orden judicial para extender la detención de Yoon este mismo viernes, antes de que el mandato vigente para el arresto temporal expire a última hora del día.

La CIO había obtenido una orden para el arresto temporal del líder conservador durante un plazo de 48 horas con vistas a interrogarlo, y de ser aceptada su nueva solicitud ante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la detención formal de Yoon podría extenderse hasta 20 días.

En caso de ser declarado culpable de insurrección, el líder conservador, al que se ha prohibido salir del país, podría afrontar una cadena perpetua o incluso la pena capital, aunque sobre esta última existe una moratoria en el país desde hace casi 40 años.

En paralelo a esta investigación penal, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene abierto otro procedimiento para decidir antes de mediados del próximo mes de junio si se mantiene la destitución de Yoon o se le restituyen sus funciones.

El mandatario también se ausentó el pasado martes en la primera vista oral de ese procedimiento -aunque esto no impidió al Constitucional seguir adelante con el mismo-, y parece estar tratando de bloquear las diligencias abiertas en su contra por todos los medios legales a su disposición.

Corea del Sur está sumida en la peor crisis política de su historia reciente desde la declaración de ley marcial y el caos que la sucedió. Pocas horas después de ser anunciada la medida fue tumbada por el Parlamento, dominado por una oposición a la que el presidente había acusado de actuar como "fuerzas norcoreanas", y que posteriormente votaría la destitución del mandatario.

Estados Unidos, principal aliado en materia de seguridad de Seúl, ha criticado que Yoon recurriera a esa medida excepcional sin justificación suficiente, y ha alertado del riesgo de que Corea del Norte pueda tratar de sacar partido del momento de inestabilidad e incertidumbre que atraviesa el país vecino.

Este mismo viernes, Corea del Norte advirtió de que intensificará sus medidas de defensa, después de que el Sur, Estados Unidos y Japón realizaran el pasado miércoles unas maniobras aéreas combinadas en las que participaron dos bombarderos estratégicos B-1B estadounidenses.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, evitó este jueves declarar en el interrogatorio ante las autoridades, durante la segunda jornada bajo detención en el marco de la investigación sobre si cometió un delito de insurrección con su fugaz declaración de la ley marcial, según informa EFE.

Yoon, quien fue arrestado en la víspera tras un largo asedio de las autoridades a su residencia, donde permanecía atrincherado y protegido por el servicio de seguridad presidencial (PSS) desde que fue destituido por el Parlamento nacional a mediados del mes pasado, continuó así negándose a cooperar con los investigadores.

La segunda jornada de detención y de interrogatorios infructuosos a Yoon por parte de la oficina anticorrupción tuvo lugar el mismo día en que el Tribunal Constitucional procedió con la segunda audiencia formal del procedimiento paralelo en el que se decidirá si su destitución es o no definitiva.

A comienzos de la jornada, el equipo legal de Yoon notificó a la oficina anticorrupción que encabeza la investigación que el mandatario no iba a asistir a la primera sesión de interrogatorios del día por motivos de salud, aplazándose esta a una hora posterior del jueves. El líder conservador tampoco quiso presentarse a esta nueva sesión.

"El presidente Yoon no se encuentra bien y explicó completamente su postura, así que no hay nada más por lo que deba ser interrogado", dijo el abogado Yun Gap-geun en declaraciones a la agencia de noticias Yonhap.

El mandatario también había rechazado hablar con las autoridades en la víspera, primera jornada en la que estuvo bajo detención y en la que pasó la noche en el Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, cerca de las instalaciones de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO).

Oficiales de este organismo buscan obtener respuestas de Yoon con un cuestionario que ocupa más de 200 páginas, y contemplan ahora forzar su comparecencia ante los investigadores, para lo cual están haciendo las comprobaciones legales necesarias, según indicaron en declaraciones a los medios.

Mientras Yoon evitaba presentarse en la sede de la CIO y permanecía detenido en Uiwang, simpatizantes del presidente se manifestaron en torno a las instalaciones de la oficina anticorrupción.

Yoon y sus abogados han cuestionado la legalidad de la orden de detención bajo la cual fue arrestado en la víspera, y han presentado un recurso sobre la misma ante un tribunal de Seúl. El mandatario está bajo investigación de la CIO, la policía y otros organismos por un supuesto delito de insurrección ligado a su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, el único al que no es inmune un presidente surcoreano, así como por abuso de poder.

La oficina anticorrupción tiene 48 horas para interrogar a Yoon desde su detención a las 10:33 hora local del pasado miércoles, y puede solicitar una orden para prolongar la detención hasta 20 días. En caso de ser declarado culpable de insurrección, el líder conservador, al que se ha prohibido salir del país, podría afrontar una cadena perpetua o incluso la pena capital, aunque sobre esta última existe una moratoria en el país desde hace casi 40 años.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur, por su parte, decidió proceder este jueves con la segunda vista oral del juicio sobre la destitución del presidente, pese a su incapacidad para personarse a declarar tras ser detenido en la víspera.

La corte rechazó posponer la vista, tal y como habían solicitado los abogados de Yoon, que parecen estar tratando de bloquear las diligencias abiertas en su contra por todos los medios. Yoon ya se saltó la primera vista del juicio el pasado martes, mientras permanecía refugiado en su residencia antes de ser arrestado.

Pese a haber sido suspendido de sus funciones por parte de la Asamblea Nacional, Yoon permanece de facto al frente del país mientras el Constitucional delibera sobe su inhabilitación, y es el primer presidente de la historia surcoreana en ser detenido mientras está en el cargo. El Constitucional tiene de plazo hasta el próximo mes de junio para determinar si se mantiene la destitución o se le restituyen sus funciones.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, fue detenido este miércoles para ser interrogado sobre su declaración fallida de la ley marcial a comienzos del mes pasado, y después de un tenso y prolongado asedio de las autoridades a la residencia donde permanecía atrincherado, según informa EFE.

El de este miércoles es el rocambolesco último episodio hasta la fecha de la profunda crisis política que atraviesa el país desde que Yoon decidió declarar por sorpresa la ley marcial hace 43 días, acusando a la oposición, que cuenta con mayoría parlamentaria, de actuar como "fuerzas pronorcoreanas".

La detención de Yoon es la primera en la historia del país a un presidente en el cargo, aunque el mandatario conservador quedó inhabilitado el pasado 14 de diciembre por el Parlamento nacional, cuando salió adelante la moción puesta en marcha por la oposición tras el estado de excepción declarado por el presidente.

El operativo para tratar de detener a Yoon comenzó a prepararse a las 3:20 de la madrugada local y, antes del amanecer en Seúl, unos 3.200 efectivos de la policía y decenas de oficiales de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) y otros organismos fueron desplegados en la residencia presidencial.

Semejante despliegue iba destinado a lidiar con el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS), un cuerpo independiente de otras fuerzas del orden nacionales y que responde directamente ante el mandatario, y que ya había logrado bloquear un intento previo de arresto el pasado día 3 en otro tenso encaramiento con las autoridades que también duró varias horas.

El dispositivo policial también contaba con medio centenar de antidisturbios ante los más de 6.000 simpatizantes de Yoon que se congregaron en torno a la residencia oficial con la idea de impedir físicamente el acceso al recinto ubicado en Yongsan, en el centro de Seúl.

A las 5:10, oficiales de la policía y la fiscalía del Estado presentaron ante el servicio de seguridad presidencial que protege el recinto la orden de arresto para el mandatario emitida por un tribunal.

Durante las dos horas siguientes, se vivieron los momentos de mayor caos cuando varios intentos de penetrar en el recinto presidencial fueron bloqueados por las cadenas humanas conformadas por el PSS, las barricadas de vehículos y alambre de espino colocadas por ese servicio y por parlamentarios del partido gobernante de Yoon, todo ello mientras se intensificaban las protestas de partidarios del presidente en los alrededores.

Pasadas las 7:00 de la mañana, la policía consiguió entrar en el recinto empleando escaleras portátiles para superar sus vallas y fueron rebasando otros perímetros de seguridad hasta entrar en el edificio principal de la residencia, donde comenzaron las negociaciones con el equipo legal de Yoon y el PSS.

Yoon fue finalmente detenido a las 10:33 después de que su equipo legal anunciara que accedía a comparecer ante la oficina anticorrupción. El mandatario había rechazado acudir a convocatorias previas para declarar ante este organismo, lo que motivó la orden de arresto emitida por un tribunal.

Ya bajo custodia de las autoridades, Yoon se negó a declarar durante las dos primeras horas y media de su interrogatorio en la sede de la CIO en Gwacheon, al sur de la capital, según dijo un funcionario de esa agencia.

Sin embargo, mientras tenía lugar el interrogatorio el perfil oficial del mandatario en las redes sociales publicó una carta suya escrita a mano en la que defendía su declaración de la ley marcial, una medida que según dijo "no es un crimen, sino un ejercicio de autoridad presidencial para superar una crisis".

Poco antes se había publicado otro mensaje suyo grabado en vídeo en el que afirmaba que había decidido comparecer ante las autoridades para evitar un potencial "derramamiento de sangre" y pese a tratarse de una "investigación ilegal".

La oficina anticorrupción tiene 48 horas para interrogar a Yoon y puede solicitar una orden para prolongar la detención. Está previsto que el aún presidente permanezca detenido en el Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, cerca de la sede de la CIO.

Yoon es investigado por un supuesto delito de insurrección ligado a su declaración de la ley marcial, el único al que no es inmune un presidente surcoreano, así como por abuso de poder.

En caso de ser declarado culpable de insurrección, el líder conservador, al que se ha prohibido salir del país, podría afrontar una cadena perpetua o incluso la pena capital, aunque sobre esta última existe una moratoria en el país desde hace casi 40 años.

En paralelo a la investigación penal por la que fue arrestado este miércoles, el Tribunal Constitucional tiene abierto otro procedimiento en el que debe decidir antes de mediados de junio si la inhabilitación de Yoon es definitiva o si por el contrario es restituido en el cargo. 

Las autoridades surcoreanas cancelaron este viernes la operación para detener al presidente del país, Yoon Suk-yeol, para interrogarlo por haber decretado la ley marcial en diciembre ante la obstrucción de su servicio de seguridad en su residencia en Seúl.

Un portavoz de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) informó a medios que la operación se canceló hacia las 13:30 hora local (4:30 GMT), después de que 30 agentes de este organismo y 50 policías se encararan durante unas tres o cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se ha negado a facilitar el acceso al interior de la vivienda.

"En cuanto a la ejecución de la orden de arresto hoy, ante el punto muerto persistente, hemos determinado que era virtualmente imposible ejecutar la orden y estábamos preocupados por la seguridad de las personas sobre el terreno debido a la obstrucción para ejecutarla", explicó el portavoz en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.

El portavoz explicó que se estudiarán ahora otras medidas y añadió que lamentan "profundamente la actitud del sospechoso, que no acató los procedimientos legales".

Tras superar un primer control militar en el perímetro del recinto, el equipo de agentes del CIO y policía se encaró con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a aceptar como válidas las órdenes de arresto temporal y registro obtenidas el martes después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar en relación a su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

Los seguidores del presidente congregados cerca de su residencia, en torno a unos 1.200 según la policía, celebraron la noticia con vítores.

La policía ha desplegado un nutrido contingente que incluye 2.700 agentes sobre el terreno en las cercanías de la residencia presidencial, situada en el barrio de Hannam en Seúl, para evitar altercados.

Los abogados de Yoon han solicitado una orden judicial para anular la orden de detención argumentando que solo la Fiscalía puede solicitar ese tipo de arresto, y han insistido en que es "ilegal" tras conocer que las autoridades estaban dentro del recinto.

En caso de que puedan arrestarlo, el equipo conjunto formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional, dispone de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una orden para prolongar la detención si lo cree necesario.

Yoon, al que se ha prohibido salir del país, fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si lo restituye o lo cesa definitivamente.

Hwang Dong-hyuk escribió su primera versión de El juego del calamar, entonces un proyecto de película, en 2008. Tardó más de una década en encontrar quien la produjera, hasta que se cruzó con una Netflix que quería expandirse internacionalmente, entre otros mercados en el de Corea del Sur.

El guionista y director, formado en California además de en su país natal, se involucró de una manera tan intensa en el desarrollo de la serie que ya es famosa su pérdida de seis dientes por el estrés. Ahora afirma que finalmente fueron aún más.

Los problemas no cesaron tras el éxito brutal de la primera temporada en todo el mundo. Netflix había comprado la serie como lo que llaman en la plataforma un original. Es decir, se quedan con todos los derechos y pagan una cantidad fija a los creadores. Se convirtió en este caso en dueña única de la serie más vista en su historia.

Nada de porcentajes sobre los visionados, nada de compartir el éxito si ocurre. Como los participantes en el macabro juego protagonista en la serie, Hwang Dong-hyuk acumulaba deudas y esa primera venta a Netflix no le dejó apenas dinero.

El coreano ya había sido autor de varias películas de éxito, con la particularidad de que ha triunfado en géneros muy distintos entre si. Tras varios cortos debutó en el largometraje con el drama Mi padre. Triunfó en la cartelera de su país con una película que denunciaba abusos en un internado de personas con sordera, Silenced. Su comedia Miss Granny tuvo todavía más éxito. Y de ahí un nuevo salto, esta vez al género bélico histórico con La fortaleza.

A pesar de su brillante carrera, un proyecto al que dedicó un año y que no consiguió financiación le llevó a endeudarse a la vez que su madre y su abuela también se veían enredadas en préstamos que no podían devolver.

En sus épocas sin trabajo, Hwang pasaba el tiempo en cafés librerías en los que se familiarizó con historias de juegos de supervivencia y Battle Royale. Así se llama a la modalidad en la que se enfrentan muchos jugadores hasta que solo queda uno o una en pie.

Incapaz de imaginarse a si mismo portando armas como suele hacerse en esos cómics, le llegó la idea de los juegos infantiles, los únicos que conocía por experiencia. Con estos elementos creó El juego del calamar. Una lucha por la supervivencia combinada con un capitalismo feroz que va dejando un reguero de desesperados capaces de todo.

En declaraciones a The Guardian, Hwang afirmó en su día que “la serie está motivada por una idea sencilla, luchamos por nuestras vidas en unas circunstancias muy desiguales”. Su critica al capitalismo no es profunda, según afirma, sino muy básica.

Por supuesto, el capitalismo es el ganador de El juego del calamar. Netflix lo ha convertido en un concurso que emitió en su plataforma, en un videojuego y en una actividad en directo, El juego del calamar: The experience, que puede visitarse en Madrid, entre otras ciudades, pagando entre veinte y setenta euros.

Y su creador lo está rentabilizando en dos nuevas temporadas, la que acaba de estrenarse en Netflix y la tercera y en principio última que estará disponible en 2025. No se descartan secuelas de la franquicia, aunque aún no están tampoco confirmadas.

Esta segunda temporada pierde mucho del factor sorpresa absoluta de la primera, aunque mantiene la fuerza icónica de la propuesta y profundiza en algunas emociones y en la presentación de personajes.

Pasamos de ser asombrados testigos de lo que ocurre a involucrarnos en la lucha contra la organización de los sádicos juegos. Se abre el abanico de los protagonistas y se repiten algunas claves de la primera temporada convertidas en fórmula, como que el protagonista, Gi-hun, encuentre un viejo amigo o que un organizador se infiltre entre los concursantes.

Se introduce una novedad en la mecánica de los juegos, se puede votar si pararlos o seguir y se respetará lo que diga la mayoría. Hwang Dong-hyuk añade a su crítica al capitalismo la de la creciente polarización con esta votación. Según afirma “estamos en la era del nosotros contra ellos”.

Su visión del mundo se ha oscurecido respecto a la que tenía cuando creo la serie. En su opinión, los conflictos binarios se multiplican. Cada grupo tiene que estar en contra de los diferentes. Hay una absurda y constante demanda de elegir bando en cualquier asunto.

El punto de partida de esta temporada es la fugaz escena en la que se vio al jefe de los malos en la entrega anterior. Era hermano de un policía que es de los pocos personajes que sobrevivieron a la primera entrega y repiten ahora. A partir de ahí, el personaje interpretado por Lee Byung-hun se convierte en protagonista junto a Lee Jung-jae, hilo conductor y alma de la serie. Ambos son grandes estrellas en Corea.

Entre los secundarios se recoge un costumbrismo desquiciado capitalista. Aparece la trabajadora precaria con duras condiciones en un parque de atracciones, el ludópata como adicto estrella del sistema, o los jóvenes que invierten en criptomonedas sin conocimientos financieros.

Por su parte, Hwang, ha regresado, como el protagonista de su historia, al lugar del crimen. Al que le costó media dentadura. Ha vuelto a dirigir y producir las temporadas dos y tres. Las ha escrito prácticamente solo pese a contar con más medios y un equipo de guion en las primeras fases de documentación y organización.

Se percibe cierto placer en su agobio en las declaraciones presentando esta tanda de episodios. Explica que se ha apoyado en la enorme anticipación y las expectativas puestas sobre la continuidad de la serie. Le ha motivado desafiar a quienes decían que ya no podría hacer una entrega a la altura de la primera.

A BBC le confirmó claramente que ha hecho esta segunda temporada por dinero. No ha trascendido la cantidad que cobró entonces, pero ahora se ha asegurado una tajada mayor en un título que se calcula que ha dado a Netflix unos 783 millones de euros.

En una de sus entrevistas promocionales, para Entertaiment tonight, Hwang, explica el éxito de los llamados kdramas (dramas provenientes de Corea) por ser capaces de concentrar todas las emociones humanas.

“Creo que el triunfo de las historias de mi país es que buscan que la audiencia ría, llore y se enfade, todo al mismo tiempo”, señala. Él mismo recrea esa receta en esta temporada, acentuando el humor, la desesperación y la injusticia en sus tramas.

Netflix ha apostado por Corea del Sur, y ha dedicado millones a producir ficción en el país asiático. Sin embargo, según BBC, los creadores se sienten utilizados y la relación con la plataforma se ha convertido en amor-odio. Acusan a la plataforma de forzarles a vender sus derechos y por tanto les incapacitan para obtener beneficios cuando se logra un éxito.

Se trata de un problema mundial. Las plataformas han acabado con los porcentajes de beneficios para los autores. Los surcoreanos afirman que su anticuada ley de derechos de autor no les protege. Se han organizado en un colectivo tanto actores, como guionistas, directores y productores.

El boom de la ficción en las plataformas esconde mucha precariedad y problemas en el sector de la producción. Lo que a veces vemos como grandes éxitos son miniseries de cuatro, seis u ocho episodios que no permiten tener equipos de trabajo con continuidad.

Un tribunal de Seúl aprobó este martes la solicitud de un equipo conjunto de investigación para detener de manera temporal al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por su breve imposición de la ley marcial, convirtiéndose en el primer presidente surcoreano en ejercicio en enfrentar un arresto, según informa EFE.

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl emitió la orden contra Yoon -acusado de planear la fallida declaración de ley marcial del 3 de diciembre, orquestar una insurrección y abusar de su poder- después de que el mandatario haya ignorado tres citaciones para ser interrogado al respecto.

Tras obtener la orden judicial, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) cuenta ahora con 48 horas para mantener detenido a Yoon para interrogarlo. En ese periodo puede solicitar otra orden para extender el arresto en caso de que quiera seguir interrogando al mandatario.

Un funcionario del CIO indicó en declaraciones que recoge la agencia Yonhap que la orden obtenida es válida durante una semana y que aún no se ha decidido cuándo ejecutarla.

En todo caso, persisten la incertidumbres sobre si la CIO puede ejecutar la orden, ya que el Servicio de Seguridad Presidencial ha impedido que los investigadores entren tanto en el complejo de la oficina presidencial como en la residencia oficial de Yoon para realizar registros aprobados por el tribunal.

A su vez, los abogados del presidente indicaron que técnicamente solo la Fiscalía puede solicitar este tipo de ordenes de arresto y que han presentado un escrito para tratar de anular el edicto.

Uno de los letrados de Yoon, Yun Gap-geun, afirmó al realizar el anuncio ante los medios que las órdenes de arresto y registro de la oficina y la residencia presidencial emitidas son "ilegales e inválidas" porque los solicitantes -el equipo formado por la oficina anticorrupción, la policía y el Ministerio de Defensa- no tienen potestad para investigar los cargos de insurrección de los que se acusa a Yoon. Yun también indicó que el equipo de asesores legales del Yoon pedirá al Tribunal Constitucional que revise la constitucionalidad de la orden emitida.

Aunque Yoon tiene inmunidad presidencial frente al procesamiento penal, el privilegio no se extiende a los cargos de insurrección, que en Corea del Sur acarrea la cadena perpetua o la pena capital (sobre la que existe una moratoria desde 1997) para aquellos a los que se considera líderes de una revuelta de este tipo.

El anuncio supone la primera vez en la historia democrática del país asiático en que un presidente aún en el cargo encara la posibilidad de ser detenido.

Yoon fue destituido el pasado 14 de diciembre por la Asamblea Nacional (Parlamento), lo que lo ha despojado momentáneamente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente.

La solicitud alega que Yoon lideró una insurrección y abusó de su cargo al declarar el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al ejército que impidiera a los diputados del Parlamento votar en contra de su decisión para revocarla. Los parlamentarios finalmente lograron votar en contra de la ley marcial, aparentemente gracias en parte a la negativa de mandos militares intermedios a cumplir órdenes, lo que obligó al presidente a rescindir el estado de excepción a las pocas horas de decretarla.

Yoon ha negado las acusaciones argumentando que su declaración de la ley marcial fue un "acto de gobernanza" que buscaba advertir a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, contra lo que ha descrito como un abuso del poder legislativo que busca minar al Estado y apoyar al régimen de Corea del Norte, con quien el Sur está técnicamente en guerra.

El Parlamento surcoreano aprobó este viernes una moción presentada por la oposición para destituir a Han Duck-soo, primer ministro y presidente en funciones desde hace apenas dos semanas, ahondando la crisis institucional en la que está sumida el país desde la declaración de la ley marcial a principios de mes, según informa EFE.

La inhabilitación de Han, que había heredado las funciones del también destituido Yoon Suk-yeol, supone la primera vez en democracia que Corea del Sur cesa a un jefe de Gobierno y de Estado interino e implica que el cargo lo ostentará desde hoy de manera provisional el ministro de Finanzas y vice primer ministro, Choi Sang-mok.

La iniciativa fue aprobada por 192 votos a favor, el número total de escaños que suma la oposición, y contó con el boicot del gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP).

Minutos antes de producirse la votación, el presidente del Parlamento surcoreano, Woo Won-sik, anunció que la destitución de Han se haría efectiva si la moción resultaba aprobada en la cámara por mayoría simple, lo que deparó la enfurecida protesta de los diputados del PPP.

La formación gobernante reclamaba que, al tratarse de un presidente interino, la votación debía usar el mismo baremo -dos tercios del Parlamento, una proporción que no ostenta la oposición- que se emplea para aprobar la destitución de un presidente en Corea del Sur.

Sin embargo, el liberal Partido Democrático (PD), principal formación opositora que presentó la moción y a la que pertenece Woo, venía defendiendo que en el caso de Han debía usarse la misma métrica que se emplea para cesar al resto de miembros del Gabinete, la mayoría simple. 

El PD presentó ayer una moción para inhabilitar a Han después de que éste dijera que no aprobaría nombramientos de nuevos jueces para el Tribunal Constitucional, tal y como le exigía la oposición, hasta que los dos principales partidos alcanzasen un acuerdo con respecto a los tres magistrados que deben ocupar los sillones vacantes del máximo tribunal surcoreano.

El Constitucional está juzgando a Yoon Suk-yeol por su declaración de la ley marcial del pasado 3 de diciembre, y tiene hasta el 11 de junio para ratificarla o no.

De no cubrirse esas tres vacantes en el tribunal, los seis magistrados que integran actualmente la Corte deben aprobar unánimemente el cese para que éste se haga efectivo.

El PD está tratando de garantizar que la destitución de Yoon quede finiquitada lo antes posible para que así se convoquen unas elecciones presidenciales anticipadas en las que sería claro favorito.

El PPP parece estar buscando en cambio dilatar al máximo el proceso ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda ratificar pronto una sentencia por violar la ley electoral que pesa sobre el líder de los liberales, Lee Jae-myung, que quedarían descabezados de cara a las elecciones. 

El cese de Han aboca ahora al país asiático a una incertidumbre aún mayor, puesto que la oposición ha dicho que seguirá presionando al Gobierno y al partido gobernante para que renueve el Constitucional y apruebe investigaciones especiales contra Yoon y la primera dama y que seguirá presentando cuantas mociones de destitución sean necesarias hasta conseguirlo.

La Fiscalía ha imputado al exministro de Defensa surcoreano Kim Yong-hyun un delito de insurrección por su papel en la imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

La Fiscalía ha acusado formalmente a Kim, detenido desde hace semanas, de abusar de su poder y de desempeñar un papel "integral" en una insurrección, lo que marca la primera acusación en el caso tras la declaración fallida del estado de excepción decretada por el presidente Yoon Suk-yeol.

Los fiscales creen que Kim recomendó a Yoon, en conversaciones que se habrían iniciado a principios de este año, que declarara la ley marcial y dirigió el despliegue de tropas en las oficinas de la Asamblea Nacional (Parlamento) y la Comisión Electoral Nacional (NEC) durante esa noche.

La aprobación este sábado de la moción para destituir al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, acaba con once días de crisis y cerco político y judicial sobre el mandatario, tras su declaración de la ley marcial que sumió al país en el mayor caos político de su historia democrática reciente, según informa EFE.

Desde que el mandatario anunciara por sorpresa el estado de excepción el martes 3, se han sucedido las presiones políticas en contra del mandatario, objeto también de investigación de las autoridades surcoreanas y cuya inhabilitación ha llegado finalmente tras una serie de maniobras de la formación gobernante, el Partido del Poder Popular (PPP), que ha tratado de controlar los tiempos para apartar del poder a Yoon.

Estos son los principales acontecimientos desde la ley marcial:

- El presidente declara la ley marcial de emergencia para proteger el "orden constitucional" de actividades "anti-estatales" de las que el mandatario acusa al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), al que tildó de "fuerzas pronorcoreanas".

- Comienzan a congregarse ciudadanos frente a la Asamblea Nacional para protestar contra la declaración de la ley marcial y reclamar la dimisión de Yoon, desafiando el decreto militar que prohíbe todas las actividades políticas, incluidas las manifestaciones.

- El presidente del propio partido gobernante de Yoon, Han Dong-hoon, califica de "errónea" y la ley marcial y afirma que trabajará para "detenerla junto al pueblo"

- 190 diputados que lograron acceder a la Asamblea antes del despliegue del cordón policial y militar bajo la ley marcial, o que consiguieron sortearlo, votan una resolución para levantar el estado de excepción.

- Yoon anuncia la retirada de la ley marcial siguiendo lo establecido por la Constitución, que obliga al Ejecutivo a levantar esa medida extraordinaria si así lo requiere el parlamento. 

- El Partido Demócrata y otras cinco formaciones opositoras anuncian la presentación de una moción parlamentaria para la destitución del presidente, al considerar que su ley marcial fue "una clara violación de la Constitución".

- Yoon acepta la dimisión de su ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien asume así la responsabilidad por haber ordenado a las tropas infiltrarse en la Asamblea y tomar este órgano.

- La policía surcoreana abre una investigación sobre Yoon y altos cargos militares tras las denuncias que les acusan de cometer delitos de traición con la aplicación de la ley marcial.

- El líder del partido gobernante pide suspender "de inmediato" al presidente de sus funciones, tras conocerse que el mandatario ordenó los arrestos de los principales líderes políticos, incluyendo al propio Han, durante la ley marcial.

- Yoon se reúne con líderes de la formación gobernante, tras lo cual un portavoz de esa fuerza afirma que el partido mantiene su posición de rechazar la moción contra el presidente.

- El presidente pide disculpas al pueblo surcoreano por los inconvenientes provocados por la ley marcial -aunque no por decretarla- y afirma que dejará en manos de su partido su poder y la estabilización de la situación política.

- La moción para inhabilitar a Yoon fracasa por la falta de cuórum en la Asamblea, después de que la amplia mayoría de los diputados del partido gobernante boicotearan su votación.

- El exministro surcoreano de Defensa Kim Yong-hyun es arrestado por la vía urgente por decisión de la fiscalía, en el marco de la investigación sobre la ley marcial.

- El Ministerio de Justicia impone a Yoon la prohibición de abandonar el país mientras se le investiga por traición y otros cargos.

- El Parlamento surcoreano aprueba una investigación especial contra el presidente, y respalda unos presupuestos generales recortados para 2025 de cara a aumentar la presión sobre el partido gobernante, que sigue negándose a apoyar la destitución de Yoon.

- El exministro de Defensa es arrestado formalmente acusado de insurrección por asistir al presidente a declarar la ley marcial. Poco antes de conocerse la orden de detención formal, trata de suicidarse pero es interrumpido por funcionarios de la prisión.

- La Policía surcoreana registra la Oficina Presidencial y sedes policiales como parte de su investigación sobre la imposición de la ley marcial.

- Yoon pronuncia un desafiante discurso en el que justifica su decisión de decretar la ley marcial para "salvar" la democracia en su país.

- La oposición registra una nueva iniciativa parlamentaria para tratar de inhabilitar al presidente.

- A raíz del discurso de Yoon, el líder del partido gobernante afirma que las capacidades del presidente deben "quedar suspendidas a través del proceso de destitución" y pide ahora a sus diputados votar de acuerdo a sus propias convicciones.

-El partido de Yoon anuncia minutos antes de votarse la moción para destituirlo que su postura oficial es la de no apoyar su inhabilitación. En los días previos siete de sus diputados han dicho que votarán a favor de echarlo, por lo que solo haría falta un voto adicional de la formación gobernante para la destitución. 

- La moción para inhabilitar a Yoon es aprobada por 204 votos a favor y 85 en contra, por lo que al menos 24 de los 108 diputados del partido del presidente han apoyado sacarlo del poder. Yoon queda de inmediato despojado de sus poderes, que asume de manera interina el primer ministro, mientras el Constitucional deberá deliberar durante un plazo máximo de seis meses sobre si ratifica o no la destitución del presidente.

El Parlamento surcoreano aprobó este sábado la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de septiembre y lo hizo con el apoyo de diputados de la formación del mandatario. Los 300 diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) participaron en el proceso, que se saldó con 204 votos a favor de la moción presentada por la oposición para destituir a Yoon, 85 en contra, tres abstenciones y ocho papeletas nulas, según informa EFE.

Para aprobar la moción eran necesarios al menos 200 votos a favor para lograr una mayoría de dos tercios en la cámara y, aunque el voto es secreto, al menos 12 diputados del conservador y gobernante Partido del Poder Popular (PPP) han debido apoyar la destitución, puesto que los partidos de la oposición suman en total 192 escaños.

En un mensaje grabado en su residencia, Yoon dijo este sábado que hará "lo mejor para el país hasta el final" y defendió una vez más su decisión de haber declarado el estado de excepción el pasado 3 de septiembre y pidió al Gobierno que se ocupe con esmero de sus funciones. "Aunque estoy haciendo una pausa en este momento, el viaje que he emprendido en pos del futuro del pueblo durante los dos últimos dos años y medio no debería detenerse", explicó el mandatario.

"Cargaré con todas las críticas, los ánimos y el apoyo que he recibido, y haré lo mejor para el país hasta el final", añadió. También instó a los dos principales partidos surcoreanos a evitar "las políticas imprudentes y beligerantes".

La incertidumbre en torno al resultado se mantuvo hasta el final, con el PPP celebrando durante horas una reunión a puerta cerrada para fijar una postura oficial y el encuentro concluyendo minutos antes del inicio de la votación con el anuncio de que la formación oficialmente no apoyaría la moción. Queda claro tras conocerse el escrutinio que no todos los escaños de la formación -siete ya habían dicho públicamente que votarían a favor de echar a Yoon- han votado de acuerdo a esa postura oficial.

Tras el conteo, Yoon queda despojado de sus funciones y el primer ministro, Han Duck-soo, asume ahora de manera interina la jefatura de Estado y Gobierno a la espera de que el Tribunal Constitucional determine en un plazo máximo de 180 días si el presidente violó o no la Carta Magna cuando declaró la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

Si el Constitucional determina que así fue, Yoon sería el segundo presidente en ejercicio en ser inhabilitado en democracia en Corea del Sur después de que la también conservadora Park Geun-hye fuera apartada del poder y encarcelada en 2017 por una compleja trama de corrupción. El liberal Roh Moo-hyun fue también destituido por el Parlamento en 2004 por un supuesta violación de la ley electoral, aunque el máximo órgano judicial surcoreano falló dos meses a favor de restituirlo como presidente.

Fuera de la Asamblea Nacional en Seúl miles de personas congregadas para exigir la destitución de Yoon han mostrado su alegría al conocer el resultado de la votación agitando los bastones luminosos que se suelen usar en los conciertos de K-Pop y que se han convertido en un símbolo de estas protestas.

"Hemos logrado una victoria histórica para la democracia gracias a todos los que se han reunido en frente de la Asamblea Nacional y han defendido con pasión la Constitución y la democracia", explicó el portavoz parlamentario del opositor y liberal Partido Democrático (PD), Park Chan-dae, en declaraciones que recoge la agencia Yonhap, tras aprobarse la moción.

A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurreción. Este último es el más grave de ellos e incluso puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997). 

El cerco sobre el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, en el marco de la investigación sobre su declaración de la ley marcial la semana pasada se estrecha cada vez más después de que este martes el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, intentara suicidarse tras ser detenido por su responsabilidad en la asonada, según informa EFE.

Al mismo tiempo, la oposición tenía previsto presentar una segunda moción parlamentaria, después de que la primera fracasara el pasado sábado, para tratar de destituir al presidente, una posibilidad que cobra cada vez más enteros ya que varios diputados del partido gobernante han indicado su intención de participar esta vez en la votación.

A última hora del martes, pocas horas antes de que un juzgado emitiera una orden para su detención formal, el exministro de Defensa, que había sido detenido de urgencia el fin de semana, se trató de quitar la vida antes de que funcionarios del centro de detención Dongbu de Seúl lo impidieran. Kim, considerado una pieza clave del plan para decretar el estado de excepción en el país asiático, se encuentra ahora en una celda especial y su vida no corre peligro, según portavoces del centro de detención.

Los fiscales, que consideraban que había peligro de que Kim -que aparentemente cambió varias veces de teléfono y eliminó conversaciones en la aplicación Telegram tras el estado de excepción- destruyera pruebas lo acusan de insurrección y abuso de poder para obstruir el ejercicio de derechos básicos en las seis horas en que la ley marcial estuvo vigente entre el martes y el miércoles de la semana pasada.

Con el arresto formal de Kim se cree que las pesquisas en torno al presidente, al que se investiga también por insurrección y al que se ha prohibido salir del país, pueden ganar tracción.

En ese sentido, la policía registró este miércoles en la capital surcoreana varias sedes policiales -y arrestó a los principales responsables de la Agencia Nacional de Policía y la Policía Metropolitana de Seúl- además de la Oficina Presidencial, donde encaró resistencia por parte del servicio de seguridad presidencial para acceder al despacho del mandatario.

Los agentes buscaban, entre otras cosas, las minutas de la reunión que celebró el Gabinete de Yoon antes de proclamar la ley marcial el pasado 3 de diciembre, un encuentro que duró apenas cinco minutos y del que al parecer no hay registros detallados, según aclaró después el Ministerio del Interior.

Por su parte, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango dejó la puerta abierta a pedir el arresto urgente sin orden judicial del presidente dada la gravedad de los posibles delitos que se le atribuyen a Yoon, que, entre otras cosas, está acusado de insurrección.

Los presidentes en Corea del Sur no pueden ser enjuiciados durante su mandato, con la excepción del delito de insurrección, definido como el cometido por un individuo o individuos que emplean "violencia con el propósito de usurpar el territorio nacional o subvertir la Constitución"

La ley estipula que aquellos que participan en una insurrección pueden ser castigados con penas que van de un mínimo de cinco años de prisión a la cadena perpetua o la pena de muerte (sobre la que existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997).

Las declaraciones de militares involucrados en la implementación de la ley marcial comienzan a arrojar algo de luz sobre los roles que jugaron el presidente y el exministro de Defensa durante el estado de excepción.

En su declaración el martes ante el comité parlamentario de Defensa, Kwak Jong-eun, que hasta el pasado viernes era el comandante de los "boinas negras", la unidad de operaciones especiales que fue enviada a la Asamblea Nacional, contó que el propio Yoon le dijo por teléfono "forzad las puertas y sacad a los parlamentarios a rastras" para evitar que los diputados votaran a favor de revocar la ley marcial.

Kwak añadió que, por su parte, el ministro de Defensa le dijo también por teléfono que "no podía haber de 100 a 150 diputados dentro del Parlamento" para que así no hubiera quorum en el legislativo y la ley marcial pudiera seguir vigente.

El excomandante explicó que los mandos sobre el terreno acordaron que estas ordenes era ilegales y que depararían derramamiento de sangre, por lo que no las acataron. También indicó que Kim ya le dio órdenes para que estuviera preparado para una situación de emergencia nacional el 1 de diciembre, dos días antes de decretarse la ley marcial.

La principal formación opositora, el liberal Partido Democrático (PD), tiene previsto presentar este miércoles mismo una nueva moción parlamentaria para destituir a Yoon que sería registrada formalmente mañana y votada el sábado.

La oposición ya anunció su intención de seguir intentando inhabilitar a Yoon después de que el sábado una primera moción fuera boicoteada por el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), que ha dicho que abogará por lograr una dimisión "ordenada" de Yoon en torno a la primavera.

Sin embargo, varios diputados del PPP han anunciado su intención de participar esta vez en la votación y se cree que podrían acabar sumando así los ocho sufragios que necesita la oposición para que Yoon sea apartado de su puesto.