De acuerdo con el INE, aproximadamente el 50% de los matrimonios que se celebran en España acaban en divorcio. Los datos son similares en otros países occidentales. Por ejemplo, Thaler y Sunstein (2021:33) nos informan de que “entre el 40% y 50% de los matrimonios terminan en divorcio en los Estados Unidos, aunque el porcentaje concreto es difícil de afinar”. Estos autores emplean el caso del divorcio, precisamente, como uno de los ejemplos que ilustra a la perfección uno de los sesgos más comunes del ser humano: lo que ellos denominan el sobre-optimismo. El sobreoptimismo implica que uno siempre piensa que lo va a hacer mejor de lo que luego realmente lo hace. El sobreoptimismo es típico de los profesores: todos pensamos que somos mejores docentes de lo que luego nos señalan las encuestas de evaluación de la docencia. También es típico de los novios: evidentemente, nadie se casa pensando en que se va a divorciar, a pesar de que todo el mundo conoce aproximadamente las cifras arriba señaladas, y todo el mundo conoce, además, gente que está divorciada a su alrededor (de hecho en algunos entornos lo que es difícil es encontrarse con gente que no lo esté).

En este contexto, surge la pregunta: ¿tiene sentido realizar acuerdos prenupciales? Para Thaler y Sunstein, la respuesta es evidente: sí que tiene sentido. Para entender su posición, tenemos que hacer un breve excurso sobre cómo funciona el cerebro humano. Aquí los autores se basan en otro premio nobel de economía (Thaler también lo es), recientemente fallecido, Daniel Kanhneman, cuyo libro base recomiendo encarecidamente (Pensar rápido, pensar despacio, Edit. Debate, 2011). De acuerdo con Kanhneman, nuestro cerebro funciona con dos Sistemas: llamémoslos Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 es el sistema intuitivo; el Sistema 2 es el reflexivo, el racional. La mayor parte del tiempo los humanos operamos, de acuerdo con este autor, con el Sistema 1, no necesitamos la puesta en funcionamiento del Sistema 2. Pero en algunas ocasiones sí que necesitamos tirar del Sistema 2. Por ejemplo, para elaborar este artículo el Sistema 1 me ha dicho, de manera intuitiva, que debería escribir sobre los acuerdos prenupciales y la racionalidad. Pero para elaborar el artículo, he tenido que poner en funcionamiento mi Sistema 2 y reflexionar seriamente lo que quiero escribir para no meter demasiado la pata.

Pues bien, lo que dicen Thaler y Sunstein es que los enamorados, antes de casarse, operan bajo el influjo del Sistema 1. El amor es un sentimiento, o una sensación, que tiene mucho más que ver con la intuición que con la razón. No sabemos por qué, pero nos volvemos locos por Juan o por Berta, y aunque la razón nos dice “aparta de mi este cáliz”, hay algo que nos mueve directamente hacia esa persona, nuestro objeto de deseo. Siendo esto así, Thaler y Sunstein nos dicen que compensemos el Sistema 1 con el Sistema 2. De esta manera, al “dejar” que la parte reflexiva de nuestro cerebro entre en funcionamiento en una cuestión tan espinosa como es el amor, entonces podemos compensar de alguna manera las locuras a las que nos puede llevar el Sistema 1. Una forma de hacer entrar en funcionamiento en este terreno al Sistema 2 es, precisamente, la de pensar en acuerdos prenupciales, a través de los cuales le demos vueltas de manera más fría a las consecuencias de la decisión que estamos tomando, a la sazón, la de contraer matrimonio con Juan o con Berta.

Bruce Ackerman, en un libro cuya lectura también recomiendo encarecidamente (“The Postmodern Predicament”, 2024) reacciona furibundamente frente al “Nudging” de Thaler y Sunstein. De hecho, le dedica a la cuestión ni más ni menos que unas 20 páginas de su libro. Para Ackerman, Thaler y Sunstein están “trágicamente equivocados”, y de seguirse sus recomendaciones, “saltarán en pedazos las vidas de millones de personas alrededor del globo”. La crítica de Ackerman tiene varios niveles: uno, más general, y otro mucho más teórico e interesante. Desde un punto de vista más general, Ackerman dice que negociar un acuerdo prenupcial es algo así como echar un jarro de agua fría a una persona que se está levantando tranquilamente por la mañana. Es decir, el acuerdo prenupcial “estropea” el momento. Pero más allá de ello, lo que Ackerman señala es que el ejemplo del acuerdo prenupcial plantea una cuestión de mucho más calado: la de cómo resolver nuestra relación con el futuro, el riesgo, y la incertidumbre. Desde la perspectiva de Ackerman, la fórmula de Thaler y Sunstein promociona una buena dosis de “tecnocracismo” en la regulación de la conducta social. En efecto, para elaborar un acuerdo prenupcial uno tiene necesariamente que consultar a un abogado, y los abogados somos los técnicos del Derecho. Es decir, convertimos una cuestión “vital”, como es la relación entre dos personas, en una cuestión “técnica”, que va a ser fruto del acuerdo y negociación sobre la base de un tipo de racionalidad muy específica, que es la jurídica. Mejor, por tanto, evitar este tipo de comodificación y fiarse de las “esferas de intimidad” en las que cada persona está involucrada: la familia, los amigos, etc. Es decir, frente al tecnicismo de la solución jurídica, deberían prevalecer soluciones que apunten al sentido común y la razonabilidad.

No sé si tienen sentido los acuerdos pre-nupciales o no; pero lo que sí sé es que el “paternalismo libertario” de autores como Thaler y Sunstein abre una brecha en el liberalismo (progresismo diríamos en Europa) de consecuencias que pueden ser importantes, teniendo en cuenta que los autores han vendido ya 1.5 millones de libros en todo el mundo. El debate queda, en cualquier caso, abierto.

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Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

El número de divorcios y separaciones en España en 2023 ha experimentado un descenso de 5,3% y se sitúan en una tasa de 1,7 por cada 1.000 habitantes. En total, el pasado año se disolvieron 80.065 matrimonios, según datos del INE y como ha informado Europa Press.

En total se divorciaron 76.685 parejas (-5,7%) y otras 3.380 se separaron (+5,3%). Los divorcios representaron el 95,8% y las separaciones el 4,2%. Por tipo de resolución, 47.588 casos se resolvieron por sentencia, 20.147 por decreto y 12.360 por escritura pública.

Un total de 1.718 divorcios fue de parejas entre personas del mismo sexo (el 2,2% del total). De ellos, 832 fueron de hombres y 886 de mujeres. Además, hubo 91 separaciones (2,7% del total).

El 81,6% de los divorcios en el año 2023 fueron no contenciosos y el 18,4% contenciosos. El 59,9% lo fueron por sentencia (frente al 61,2% del año anterior), el 25,2% por decreto (25,9% en 2022) y el 14,9% por escritura pública (frente al 12,9%).

Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración media de 16,4 años, similar a la del año anterior. El 32,0% de los divorcios se produjeron después de 20 años de matrimonio o más. El 21,4% entre cinco y nueve años después, el 16,7% entre 10 y 14 años, el 15,7% entre 15 y 19 años, el 10,8% entre dos y cuatro años y el 3,3% en menos de dos años.

El mayor número de divorcios entre cónyuges de diferente sexo tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres. La edad media de las mujeres en los procedimientos de divorcio fue de 46,2 años. En los hombres fue de 48,7 años.

En el 79,6% de los divorcios de diferente sexo ambos cónyuges eran de nacionalidad española. En el 12,3% uno tenía nacionalidad extranjera y en el 8% ambos eran extranjeros.

Atendiendo al estado civil de los cónyuges de diferente sexo cuando contrajeron el matrimonio, la mayoría eran solteros. En el caso de los varones, el 9,4% eran divorciados y el 0,4% viudos. En las mujeres, el 9,9% eran divorciadas y el 0,5% viudas.

El 46,2% de los matrimonios correspondientes a las resoluciones de divorcio no tenían hijos—menores o mayores dependientes económicamente—. El 42,6% tenían solo hijos menores de edad, el 3,7% solo hijos mayores de edad dependientes económicamente y el 7,4% hijos menores de edad y mayores dependientes económicamente. El 23,5% tenía un solo hijo (menor o mayor dependiente económicamente).

En el 50,7% de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo había hijos menores sobre los que otorgar la custodia. En el 3,5% de estos divorcios la custodia se otorgó al padre, en el 47,8% a la madre, en el 48,4% fue compartida y en el 0,3% se otorgó a otras instituciones o familiares. Por primera vez, en 2023 los casos de custodia compartida superaron a aquellos en los que la custodia se otorgó a la madre.

En el 54,5% de los casos de divorcio de cónyuges de diferente sexo se asignó una pensión alimenticia. En el 54,9% el pago de la pensión alimenticia correspondió al padre, en el 3,6% a la madre y en el 41,5% a ambos cónyuges.

En el 7% de los divorcios de cónyuges de diferente sexo se fijó una pensión compensatoria. En el 90,2% de ellas el pago de esta fue asignado al esposo. En lo que concierne a la presentación de la demanda, en el 72,4% de los casos de divorcio de diferente sexo fue presentada por ambos cónyuges, en el 18,0% por la esposa y en el 9,6% por el esposo.

Por comunidades autónomas, Ceuta ha registrado la mayor tasa de divorcios por 1.000 habitantes (2,4), frente a Melilla donde se ha situado en 1,1 divorcios por cada 1.000 habitantes. Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Cataluña y Galicia tienen una tasa de divorcio por encima de la media nacional (1,7%).

El año 2021 ha vuelto a marcar un mínimo histórico en número de nacimientos en España tras registrarse un total de 336.811, la cifra más baja contabilizada desde que se tienen datos, en 1941, según el informe Movimiento Natural de la Población del INE, con datos provisionales del año pasado y publicado este miércoles, recogido por Europa Press.

Esta cifra de nacimientos supone una caída de un 1,3% con respecto a los números registrados en 2020 (unos 4.500 niños menos), y mantiene la tendencia a la baja que el INE ha registrado en la última década, solo interrumpida en 2014. De hecho, el informe determina que, en la última década, desde el año 2011 la cifra de nacimientos ha descendido un 28,6%.

En cuanto a las muertes, se redujeron un 8,7% en 2021, en relación a las contabilizadas en 2020, el año más trágico de la pandemia del covid-19. En total, fallecieron 450.687 personas, alrededor de 43.000 menos que en 2020.

De este modo, el año pasado volvió a haber más muertes que nacimientos en España, lo que supone un saldo vegetativo negativo de 113.023. Tal y como señala el informe, esta diferencia entre nacimientos y defunciones es la segunda más negativa desde que existen datos, en 1941, es decir, hace 80 años. Sólo la supera las 151.812 personas de 2020.

El número de medio de hijos por mujer se mantiene en 1,19, al igual que en 2020 y uno de cada 10 nacimientos fue de madres de más de 40 años, cinco puntos más que hace una década. De este modo, la edad media de la maternidad en España alcanzó un nuevo máximo en 2021, con 32,6 años frente a los 28,5 años de 1985.

A pesar del descenso de muertes en 2021, en el primer cuatrimestre de 2022 han vuelto a aumentar. Tal y como adelanta el INE, en datos recogidos por Europa Press, en las primeras 21 semanas del año ya se han contabilizado 138 fallecimientos más (192.822) que en el mismo periodo de 2021 (192.684).

Por el contrario, frente a la caída de nacimientos en 2021, el INE detecta un aumento de éstos en los que va de 2022, con respecto al año anterior: la estimación para lo que va de año es de 105.576, frente a los 104.467 del mismo periodo de 2021.

Mientras, las esperanza de vida aumentó en 0,73 años hasta los 83,1, con 85,8 años de media para las mujeres (0,77 más) y 80,2 para los hombres (0,65).

Otras de las cifras que el organismo es el aumento en un 63% del número de matrimonios en 2021, con respecto a 2020, 147.823. De ellos, un 83,3% fueron civiles frente al 16,7% de católicos.

Concretamente hubo 123.012 matrimonio civiles, con un crecimiento del 51,9% en 2021. Mientras, hubo 24.607 matrimonios religiosos, pero su aumento fue del 15% ya que estuvieron muy afectado por la pandemia.

El número de nulidades, separaciones y divorcios en 2016 ha permanecido prácticamente establece con respecto al ejercicio anterior aunque con una ligera tendencia a la baja(-0,1%). En números absolutos, fueron registrados 101.294 casos, lo que supuso una tasa de 2,2 por cada 1.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lo que sí ha aumentando en casi cuatro puntos fueron las custodias compartidas en el caso de las parejas con hijos a su cargo, que fue otorgada al 28,3 % de las parejas.

El número de divorcios aumentó, por contra, un 0,3%, mientras el de separaciones disminuyó un 6,4% y el de nulidades un 18,8%. Por tipo de resolución, 67.944 casos se resolvieron por sentencia, 26.998 por decreto, y 6.352 por escritura pública.

Por tipo de proceso, se produjeron 96.824 divorcios, 4.353 separaciones y 117 nulidades. Los divorcios representaron el 95,6% del total, las separaciones el 4,3% y las nulidades el 0,1%

restante.

El 76,6% de los divorcios en el año 2016 fueron de mutuo acuerdo, mientras que el 23,4% restante fueron contenciosos. En el caso de las separaciones, el 85,1% lo fueron de mutuo acuerdo y el 14,9% contenciosas.

En cuanto a la duración media de los matrimonios hasta la fecha de la resolución, ésta fue de 16,3 años, cifra ligeramente superior a la de 2015. Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración media de 16,1 años, mientras que la de los matrimonios separados fue de 21,6 años. Por su parte, el tiempo medio transcurrido entre el matrimonio y la declaración de nulidad fue de 7,7 años.

El 31,6% de los divorcios se produjeron después de 20 años de matrimonio o más, y el 22,2% entre cinco y nueve años. En el caso de las separaciones, el 49,2% de los matrimonios tuvo una duración de 20 o más años, y el 14,8% entre 15 y 19 años.

El 75,1% de los divorcios se resolvió en menos de seis meses (frente al 75,3% en 2015). Por su parte, en el 8,1% de los casos la duración fue de un año o más (7,7% en 2015). El 83,5% de las separaciones se resolvieron en menos de seis meses (frente al 85,3% en2015), mientras que el 4,8% tardó un año o más (3,8% en 2015).

La duración media de los procedimientos fue de 4,7 meses en 2016, ligeramente superior a la del año anterior, que fue de 4,6 meses.

El mayor número de divorcios y separaciones en 2016 entre cónyuges de diferente sexo tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y 49 años, En el caso de las mujeres, edad media fue de 44,4 años (44,2 años en los divorcios, 48,6 en las separaciones y 40,9 en las nulidades). En el de los hombres, la edad media fue de 46,8 años (46,7 años en los divorcios, 51,2 en las separaciones y 42,0 en las nulidades). Estas edades medias fueron similares a las registradas en 2015.

El 84,2% del total de divorcios registrados en 2016 tuvo lugar entre cónyuges de nacionalidad española. En el 10,0% uno de los cónyuges era extranjero y en el 5,8% ambos cónyuges eran

extranjeros.

En cuanto al estado civil de los cónyuges cuando contrajeron el matrimonio, la mayoría eran solteros. En el caso de los varones, el 7,1% eran divorciados y el 0,4% viudos. Entre las mujeres, el 7,7% eran divorciadas y el 0,5% viudas.

Aumenta casi cuatro puntos la custodia compartida

El 43,0% de los matrimonios correspondientes a las resoluciones de separación o divorcio no tenían hijos -menores o mayores dependientes-. Este porcentaje fue similar al del año anterior. El 47,2% tenían solo hijos menores de edad, el 4,6% solo hijos mayores de edad dependientes económicamente y el 5,2% hijos menores de edad y mayores dependientes. El 26,3% tenía un solo hijo --menor o mayor dependiente''.

En el 57,6% de los casos (cónyuges de diferente sexo) se asignó una pensión alimenticia, cifra similar a la del año anterior (57,5%). En el 72,7% el pago de la pensión alimenticia correspondió al padre (75,9% en 2015), en el 4,8% a la madre (4,5% en el año anterior) y en el 22,5% a ambos cónyuges (19,6% en 2015).

La custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 66,2% de los casos, cifra inferior a la observada en el año anterior (69,9%). En el 5,0% de los procesos la custodia la obtuvo el padre (frente al 5,1% de 2015), en el 28,3% fue compartida (24,7% del año anterior) y en el 0,5% se otorgó a otras instituciones o familiares.

Por comunidades autónomas, la ciudad autónoma de Ceuta (2,7) registró la mayor tasa de divorcios, separaciones y nulidades por cada 1.000 habitantes. Castilla y León y Extremadura (1,7) presentaron las menores tasas.

Por encima de la media del 2,2 se encuentran también la Comunidad Valenciana y Cataluña, ambas con el 2,5; 2,4 en Canarias; 2,3 en Asturias. POr debajo, figuran Melilla, La Rioja, Murcia, Comunidad de Madrid, Cantabria y Andalucía con el 2,1; Galicia (2); País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón (1,9).

El Juzgado de lo Social 1 de Almería ha resuelto este jueves que no hay "causa de imposibilidad" ni material legal para ejecutar el fallo del Tribunal Supremo (TS) que da la razón a la profesora de Religión Resurrección Galera, despedida en el curso escolar 2001-2002 después de contraer matrimonio civil con un hombre divorciado, y ha acordado que debe ser readmitida, según ha informado Europa Press.

La magistrada Otilia Fornieles desestima así  los argumentos esgrimidos en la vista celebrada el pasado 25 de abril para decidir sobre el incidente de ejecución presentado por la abogada de la docente por el Obispado de Almería y el Ministerio de Educación, que solicitaron que se decretase la "readmisión imposible" invocando el artículo 286 de la Ley de la Jurisdicción Social al entender que no queda "otra solución" que dar por "extinguida la relación laboral" con el abono de los salarios de tramitación establecidos acorde a lo que se fija en el citado artículo.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes judiciales, que han precisado que tanto el Ordinario diocesano como el Estado han interpuesto un recurso de reposición contra el auto mientras que la letrada de Resurrección Galera ha elevado escrito en el que pide al juzgado que concrete un plazo máximo para que se dé cumplimiento a la resolución que obliga a su readmisión.

El abogado del Obispado de Almería, Luis Docavo, sostuvo en la vista que el obispo "no está obligado a otorgar" la autorización que "necesitaría" el Ministerio para proceder a la contratación de Galera y apeló al "principio de laicidad" que establece la "total independencia" del Estado y de las confesiones religiosas en materias que son "propias de su competencia".

"Ese principio reconoce el derecho de las autoridades religiosas a autorizar la contratación de los profesores de Religión y ese encargo es de naturaleza estrictamente religiosa, depende de la conciencia de la autoridad religiosa y, en ese sentido, el Estado tienen una capacidad muy limitada de intervenir", argumentó para remarcar que es "una actuación de naturaleza religiosa como la elección de un párroco o del horario de las misas, que nadie piensa deba ser fijado por el Subdelegado del Gobierno".

En esta línea, indicó que los requisitos de idoneidad de los profesores de Religión se extiende al comportamiento de los citados profesores que "transmiten unos valores también a través de su testimonio personal y su profesión de fe".

El abogado del Obispado apuntó, asimismo, que existían "otros argumentos" que avalarían su tesis y aludió al hecho de que la plaza que ocupó la docente despedida en el CEIP Ferrer Guardia de La Cañada, en la capital, está en la actualidad cubierta por dos profesores "con contratación indefinida que quedarían desplazados".

"El otro argumento es de justicia material ya que el asunto se remonta a 2001, llevamos 17 años, que es tiempo suficiente para resolver, y tiene pinta de que pueden pasar bastantes más, por lo que se dan las circunstancias del artículo 286 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para decretar la readmisión imposible por razones de índole material y judicial", concluyó.

El ministerio, "imposibilitado"

Por su parte, el abogado del Estado trasladó que el Ministerio de Educación, "pese a haber mantenido la competencia en esta materia" en la comunidad autónoma andaluza, se veía "imposibilitado" para contratar a Galera "por una sencilla razón: no se le ha concedido la missio canónica".

"Sin la propuesta del Ordinario diocesano y en tanto no se proponga esa contratación, el Estado está atado, vinculado al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979 que tienen categoría de tratado internacional y no puede proceder, por tanto, a la contratación por nulidad del despido al existir una norma supralegal, de rango superior al Estatuto de los Trabajadores", precisó.

"No hay argumento legal para la no readmisión"

La abogada de la profesora, Amalia Robles, del sindicato CCOO, rebatió los argumentos expuestos por el resto de las partes personadas en el procedimiento esgrimiendo el artículo 283 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para requerir que se reponga a Resurección Galera en su puesto de trabajo y se le abonen los salarios de tramitación al no concurrir en el caso "ninguno de los supuestos incluidos en el artículo 286".

"La sentencia del Tribunal Supremo es clara: tiene que ser readmitida porque no existe causa legal que lo impida" ha señaló Robles, quien reprochó al Obispado de Almería y al ministerio su "testarudez" al "negarse a cumplir" y "no querer acatar las sentencias" tanto del Tribunal Constitucional (TC) como del Supremo. Para la letrada, el TS, en su sentencia, "concede" a la profesora despedida de manera nula "la missio canónica", por lo que el Ministerio "no tiene argumento legal" para no cumplir la sentencia ya que "tiene derecho a incorporarse a su puesto y a que la Junta ponga un centro escolar".

El Ministerio de Justicia ha renovado un año más la encomienda de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para desatascar las solicitudes de nacionalidad española por residencia. Ya es el cuarto acuerdo que el Gobierno firma con los registradores desde 2012, cuando Alberto Ruiz-Gallardón suscribió el primero. Entonces la tarea encomendada consistió en desbloquear una lista de espera de 400.000 expedientes acumulados. Pero si bien en los dos primeros años los registradores cumplieron su cometido sin contraprestación económica alguna, en 2015 cobraron cuatro millones de euros por despachar 150.000 expedientes y por los 75.000 del último encargo el ministerio les pagará este año dos millones más.

Ésta es la primera vez que la encomienda –una especie de adjudicación directa de una administración pública a otra, y el Colegio de Registradores es una corporación de derecho público– la firma la Dirección General de los Registros en lugar de la Subsecretaría de Justicia. Esta dirección general la encabeza un registrador de la propiedad, el último es Javier Gómez Gálligo. Una orden ministerial de abril de 2015 faculta a la Dirección General de los Registros para realizar encomiendas de gestión “en el ámbito de la modernización tecnológica del Registro Civil”. Precisamente el área que ha incendiado la controversia entre el ministerio y buena parte de los registradores desde que se acometió la digitalización de los registros públicos y salieron a concurso las plataformas informáticas necesarias.

Los motivos alegados por Justicia para repetir la encomienda con el Colegio de Registradores son idénticos a los de años anteriores: “La escasez de medios técnicos y humanos con los que cuenta el ministerio”. Además, “el número de solicitudes presentadas anualmente para adquirir la nacionalidad por residencia se mantiene”. Así que el retraso en la tramitación de los expedientes había provocado el “colapso” tanto en la Dirección General de los Registros y del Notariado como en el resto de los departamentos de la Administración afectados, admite el ministerio en la misma resolución del 14 de marzo pasado que publicó la encomienda a los registradores. Desde octubre de 2012 éstos han tramitado más de 700.000 expedientes.

En cualquier caso, el retraso en la gestión de estas solicitudes persiste, puesto que los 1.200 registradores que hay en España sólo se ocuparán de las presentadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015. Las que se cursaron partir de esa fecha quedarán en manos de la Dirección General de los Registros y el Notariado, que a partir de esa fecha debe asumir toda la instrucción de los expedientes, en virtud del decreto de noviembre de 2015 que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad. Para esa nueva tarea, el ministerio está “adaptando una aplicación utilizada en Extranjería”, según CCOO.

Los funcionarios del Registro Civil se reivindican

Al menos hasta el 30 de junio de este año, las solicitudes pueden seguir presentándose en papel en las 8.000 oficinas del Registro Civil repartidas por toda España. Pero desde esa fecha sólo podrá hacerse electrónicamente. CCOO ha remitido una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que le pide que suprima ese límite temporal del 30 de junio, cuando en principio está previsto que finalice la vacatio legis –periodo desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor– de tres años y prorrogada por otros tantos, de la Ley del Registro Civil de 2011.

También reclama para el Registro Civil la competencia exclusiva sobre la tramitación de los expedientes de nacionalidad. Los funcionarios del Registro temen que la entrada en vigor de la ley de 2011 signifique el cierre de sus oficinas y el fin de la gratuidad de las gestiones que hasta ahora se llevan a cabo en ellas. Además, CCOO exige a Catalá que aclare las “discrepancias” entre sus declaraciones públicas a favor del “carácter público y gratuito” del Registro Civil y el borrador del anteproyecto de ley que lo va a reformar y que establece la clausura gradual de las oficinas, de forma que sólo se mantenga una por comunidad autónoma.

Según explica el sindicato en su larga carta al ministro, son numerosas las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo por el retraso en la resolución de los expedientes –hay solicitudes de 2010 sin concluir en 2016, por ejemplo–. Otras muchas han llegado a los tribunales de lo contencioso en forma de demandas, puesto que el silencio administrativo, transcurrido un año desde la solicitud de la nacionalidad, implica la denegación de la solicitud. En muchos casos, asegura el sindicato, los expedientes se resuelven de forma defectuosa, por lo que ahora también se ha encargado a los registradores que los revisen. Una función ésta que realizaban hasta ahora los funcionarios del Registro Civil y que, a su juicio, “permite reducir el número de solicitudes incompletas que se remiten a la Dirección General de los Registros y el Notariado [que dicta resolución concediendo o denegando la nacionalidad]”.

En cumplimiento de las dos primeras encomiendas de gestión, los registradores mercantiles y  de la propiedad digitalizaban los documentos necesarios para conseguir la nacionalidad, también pedían a las comisarías los certificados de antecedentes penales y a los ministerios de Interior y Presidencia –al CNI, el servicio de inteligencia– informes que acreditaran el tiempo de residencia del solicitante así como su “buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. Luego los remitían a la Dirección General de los Registros y el Notariado para que ésta elevara al ministro su propuesta de resolución.

Pero, desde 2014, con la tercera encomienda de gestión, los registradores dejaron de digitalizar los documentos, que hasta ese momento los funcionarios de los registros civiles de toda España debían remitir al número 540 de la calle de Alcalá, sede de los Registros de la Propiedad de Madrid. A partir de entonces, la Dirección General de los Registros se encargó de escanear e indexar los documentos, lo que ralentizó aún más la tramitación de las solicitudes. Los funcionarios del Registro Civil piden que se les deje a ellos hacer esa tarea. Pero en su lugar, protestan, el ministerio negocia con los colegios de abogados, procuradores, gestores administrativos y graduados sociales para que estos profesionales presenten directamente las solicitudes de forma telemática. A diferencia del servicio que ofrece el Registro Civil, abogados y gestores sí cobran por prestarlo, apunta CCOO. Y obtener la nacionalidad tampoco es gratis. Cuesta entre 185 y 306 euros: 100 euros por la tasa que cobra el ministerio, 85 euros por el examen sobre “valores históricos, constitucionales y socioculturales de España” y 124 euros por el examen de castellano en el Instituto Cervantes.

Vaciamento de competencias

Los funcionarios de los registros se oponen igualmente a que su trabajo lo lleven a cabo a partir de ahora los letrados de la Administración de Justicia –antes secretarios judiciales–. La intención del ministerio es que sean éstos quienes asuman las funciones en materia de matrimonios civiles, ahora en manosde los jueces de paz y jueces de primera instancia adscritos a los registros civiles . Además, a partir del próximo 30 de junio, los notarios también podrán tramitar actas previas a la celebración de los matrimonios civiles, otra de las competencias que deja de ser exclusiva de los registros civiles y los juzgados de paz.

El Ministerio de Justicia asegura que está negociando con los grupos políticos cambios en la Ley del Registro Civil para adaptarla a las exigencias de la era digital. “El Registro Civil debe ser digital, centrado en el ciudadano, y debe ofrecer nuevas prestaciones acordes con los servicios públicos del siglo XXI, con mayor accesibilidad –24 horas al día los siete días de la semana–, ahorrar desplazamientos y facilitar a las administraciones compartir información”, anunció Justicia tras su última reunión con los sindicatos. Los funcionarios del Registro Civil sospechan que, en el camino hacia el servicio digital, la pérdida de atribuciones sea sólo el principio de la privatización.

Así, con la nueva ley, que permite a los notarios y a los secretarios judiciales la tramitación de bodas y divorcios, se registraron seis bodas y casi 13 divorcios al día. En el caso de los divorcios, las parejas deben cumplir con una serie de requisitos como que hayan pasado al menos tres meses de la celebración del matrimonio, que el divorcio o la separación haya sido de mutuo acuerdo y que no haya hijos menores que dependan de ellos.

En el caso de los matrimonios, según recuerda el Consejo General del Notariado, la función del notario comienza tras la tramitación del expediente matrimonial por el Registro Civil, aunque a partir del 30 de junio de 2017 los notarios se encargarán también de la realización de este expediente, junto con la celebración de la boda.

Por autonomías, Madrid fue la primera comunidad en divorcios (1.100), seguida por Andalucía (898) y Cataluña (576). En bodas, la comunidad con más matrimonios celebrados ante notarios es Cataluña, con 500, seguida de Andalucía y Madrid.

Además, en algunas comunidades la cifra de divorcios triplicó e incluso cuadruplicó a la de bodas, como es el caso de Castilla y León (41 bodas y 151 divorcios); Murcia (54 bodas y 157 divorcios); Baleares, (27 bodas y 105 divorcios); Extremadura (15 bodas y 57 divorcios); La Rioja (6 bodas y 33 divorcios) o Navarra (6 bodas y 28 divorcios).

El documento recoge que, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, se presentaron 28.728 demandas de divorcio y 1.495 demandas de separación, un 13,2% menos que las disoluciones matrimoniales llevadas a cabo durante el mismo periodo del año 2015, en el que se produjeron 33.015 demandas de divorcio.

Del total de demandas de divorcio, 17.035 fueron de mutuo acuerdo, lo que representa una disminución interanual del 13,1 %; y las otras 11.693 fueron contenciosas, un 12,9 % menos que en 2015.

Cataluña y la Comunidad Valenciana tuvieron la tasa más alta de disoluciones matrimoniales: 0,74 por cada mil habitantes. Le siguen Canarias (0,69); Asturias, Illes Balears y Murcia (las tres con 0,68) y Andalucía (0,66); todas ellas por encima de la media nacional, que es de 0,65.

Abogados de Familia asegura que los litigios por ruptura entre parejas no casadas han aumentado

La presidenta de la Asociación Estatal de Abogados de Familia (AEAF), María Dolores Lozano, atribuye este descenso en las rupturas matrimoniales durante el primer trimestre del año a la crisis económica y aseguró que la litigiosidad "ha aumentado", pues abundan las parejas no casadas con hijos que acuden a los tribunales y no salen en las estadísticas.

Lozano advirtió que hay que tener en cuenta que la coyuntura económica ha provocado la bajada de la tasa de nupcialidad, lo que explicaría la caída de rupturas matrimoniales.

En este sentido, apuntó que "ha habido descenso en separaciones y divorcios, pero no en la litigiosidad, porque lo que sí ha aumentado con la crisis son los procedimientos de modificación de medidas", como el régimen de custodia, la manutención o las pensiones compensatorias, al cambiar la situación económica para uno o ambos miembros de la pareja.

Lozano conluyó que las cifras de divorcios volverían a aumentar en España cuando mejorasen los indicadores económicos.

La Iglesia católica, así como los musulmanes, judíos y evangélicos, tendrán que inscribir a partir de ahora a sus ministros de culto que puedan celebrar actos con efectos civiles, como las bodas, según un Real Decreto por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Las entidades religiosas inscritas podrán anotar en el Registro de Entidades Religiosas a sus ministros de culto que ostenten residencia legal en España. En todo caso, deberán anotarse aquellos ministros de culto que estén habilitados para realizar actos religiosos con efectos civiles", establece.

Así, será una posibilidad para aquellas Iglesias, confesiones o comunidades religiosas inscritas que lo soliciten y de carácter obligatorio para aquellas que tengan capacidad de celebrar o certificar actos con efectos civiles como las bodas, es decir, la Iglesia católica, los musulmanes, los judíos y los evangélicos, confesiones que tienen Acuerdos con el Estado español.

Además, según la Ley de Jurisdicción Voluntaria, a partir de 2017 tendrán validez civil los ritos religiosos de casamiento de mormones, ortodoxos, testigos de Jehová y budistas en España, por lo que, a partir de entonces, estas confesiones también deberán inscribir a sus ministros de culto.

Según señala el Ministerio de Justicia, la opción de inscribir a los ministros de culto "ha venido siendo reclamada por las propias entidades religiosas que querían disponer de la seguridad que ofrece la anotación registral".

No obstante, en el caso de la Iglesia Católica, esta obligación supondría registrar el nombre de todos sus sacerdotes ya que todos pueden celebrar bodas. Fuentes de la Conferencia Episcopal reconocen a Europa Press que no va a ser tarea fácil porque no sólo los párrocos ofician los enlaces, sino que pueden delegar esta misión en diáconos o sacerdotes de la misma u otra diócesis, es decir, que al final habría que registrarlos a todos 

Según el Código de Derecho Canónico, los párrocos tienen encomendada la función de celebrar los matrimonios pero tanto el párroco del lugar como el ordinario puede delegar esta función en un sacerdote o diácono, incluso de manera general, es decir, para todas las bodas que tengan lugar en ese templo. No se especifica que los sacerdotes deban ser de la diócesis por lo que también pueden ser de otros países.

Además, donde no haya sacerdotes ni diáconos, el obispo diocesano, previo voto favorable de la Conferencia Episcopal y obtenida licencia de la Santa Sede, puede delegar esta misión en laicos.

Musulmanes, judíos y evangélicos

Mientras, para musulmanes, judíos y evangélicos no será complicado registrar a sus ministros de culto que pueden oficiar bodas, según señalan.

En este sentido, el responsable de la Comisión Islámica de España y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary, explicó a Europa Press que los musulmanes tienen una docena de imames nombrados para oficiar bodas en toda España y, por tanto, no les resultará difícil anotarlos en el registro. Según precisó, desde 1968 se han celebrado miles de matrimonios por el rito musulmán en España.

También se muestran conformes con la medida desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). Su secretario ejecutivo, Mariano Blázquez, afirma que "no es complicado" y que ellos ya tienen un censo con los ministros de culto designados por cada grupo de iglesias. Concretamente, estima que hay unas 1.500 personas designadas para celebrar bodas en toda España, de las que hasta un 15% son mujeres.

Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) precisa que, aunque las cifras van variando, hay aproximadamente un rabino por cada comunidad, en total, entre siete y diez en toda España que pueden oficiar matrimonios.

Federaciones, seminarios y monasterios

Además de los ministros de culto y las propias Iglesias, confesiones y comunidades religiosas, podrán inscribirse en el Registro sus federaciones, congregaciones, asociaciones con fines religiosos, seminarios o centros de formación de sus ministros de culto, centros superiores de enseñanza teológica o religiosa, comunidades monásticas y órdenes y sus institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica.

Respecto al procedimiento de inscripción de Iglesias, confesiones o comunidades religiosas, se ha incorporado con carácter potestativo o voluntario que la fundación o establecimiento en España sea avalada por un número mínimo de personas.

Otra novedad es la obligación de inscribir a los titulares de los órganos de representación de las entidades religiosas que en la normativa anterior era voluntario para las entidades.

Notorio arraigo

Por otro lado, el Gobierno aprobó otro Real Decreto para regular la declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en España estableciendo unas condiciones para obtener esta declaración.

Entre los requisitos, las entidades deberán: Llevar inscritas en el Registro 30 años en España o 15 años si acreditan 60 años de antigüedad en el extranjero; acreditar su presencia en, al menos, diez comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla; tener 100 inscripciones o anotaciones en el Registro de Entidades Religiosas; contar con una estructura y representación adecuada; y acreditar su presencia y participación activa en la sociedad española.

Asimismo, el Real Decreto regula el procedimiento administrativo por el cual puede perderse la condición de notorio arraigo por modificación sustancial de las circunstancias requeridas para la obtención de la misma.

Las demandas de divorcio y separaciones han experimentado un descenso en 2013 del 1,7% respecto al año anterior, pasando de 126.996 a 124.797, mientras que suben las nulidades un 8,5%, de 164 a 178, según los datos que ha dado a conocer este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El año pasado se presentaron 70.326 demandas de divorcio de mutuo acuerdo, un 0,3 % menos que en 2012, mientras que las demandas de divorcio no consensuado fueron 47.609, un 3,5 % menos que en el ejercicio anterior. También las estadísticas relativas a las separaciones reflejan un descenso: del 2,1 % en el caso de las consensuadas (4.631) y del 6,9 % en las contenciosas (2.231).

En cualquier caso, el CGPJ señala que las separaciones vienen disminuyendo ininterrumpidamente desde la entrada en vigor de la Ley 15/2005 por la que se modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separaciones y divorcios.

Por territorios, Extremadura y Murcia son las únicas comunidades autónomas en las que el año pasado se registró un incremento tanto de los divorcios de mutuo acuerdo como de los no consensuados. En cuanto a las separaciones, solo en Navarra se incrementaron tanto las separaciones consensuadas como las contenciosas.

Los datos anuales revelan, sin embargo, que todos los procedimientos de medidas en procesos de separación o divorcios, así como en los relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales experimentaron un incremento, que puede obedecer, según el CGPJ, a los efectos de la crisis económica.

El efecto de las tasas judiciales

Así, en 2013 se iniciaron 7.943 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 14,9% más que el año anterior; y 30.511 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, un 7,6% más. En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se iniciaron 13.849 consensuados (15,2% más) y 25.191 no consensuados (8,2% más).

En cualquier caso, el incremento de los procedimientos contenciosos, tanto de modificación de medidas como de guardia y custodia de hijos no matrimoniales, ha sido el más bajo de los últimos años, lo que puede deberse, al menos en parte, al efecto de las tasas judiciales.

Cuarenta años después, unos muñecos de espuma sintética y felpa siguen dando lecciones de humanidad a quienes alardean de civismo, en concreto, en defensa de los derechos civiles de las personas homosexuales. Y además, en portada. Con motivo del reciente reconocimiento del matrimonio homosexual en todo Estados Unidos, que derogará la ley federal que define dicha relación exclusivamente como la unión entre dos personas de distinto sexo, Epi y Blas, aquella cítrica pareja conocida por sus aventuras y desventuras fruto de la convivencia en Barrio Sésamo, ha sido la imagen elegida para el próximo número de The New Yorker como homenaje al fallo de la Corte Suprema en favor de las parejas del mismo sexo.

De espaldas. Acurrucados. Uno reposa la cabeza y otro abraza a su compañero. Ambos descansan y contemplan la televisión atentamente, donde aparecen los nueves jueces que aprobaron este “histórico” fallo –como lo calificó el presidente Barack Obama en su cuenta de Twitter– que reconoce los mismo derechos entre gays y heterosexuales.

La portada, titulada Un momento de felicidad, ha sido diseñada por Jack Hunter. “Es muy emocionante ser testigo de cómo la actitud hacia los derechos de los homosexuales han evolucionado a lo largo de mi vida”, comentó el ilustrador a la revista. “Es genial para nuestros hijos, un momento que debemos de celebrar”.

Epi & Blas: ¿iconos gays?

La sexualidad de los acólitos Ernie & Bert –nombre real de la pareja animada en su versión original– siempre ha sido objeto de controversia en el imaginario colectivo. Como en numerosos títulos de programas televisivos y películas taquilleras, a la inseparable pareja limón-naranja se le ha tildado de algo “más que amigos”.

De hecho, en agosto de 2011, un activista impulsó una campaña en la plataforma social Change.org y en Facebook para presionar a los productores de la serie y que permitieran a la conocida pareja casarse en Barrio Sésamo. La iniciativa tuvo tal acogida que los responsables del espacio (Sesame Workshop) decidieron emitir un comunicado para aclarar que Epi y Blas son los "mejores amigos" y que se concibieron para "enseñar a los preescolares que las personas pueden ser buenas amigas de aquellas que son muy diferentes a ellas mismas". “Aunque se identifiquen con personajes masculinos, se trata de marionetas y como tales no tienen ninguna orientación sexual”, concluyeron.

Como en aquella conocida escena en la que Epi, ya en la cama junto a Blas, insiste y persiste en su “mucha sed”. Blas, harto de escucharle “repetir y repetir”, se levanta hasta en tres ocasiones para acercarle un vaso de agua. “¡Qué buena persona es Blas! No sabes cuánto te lo agradezco. ¡Eres muy amable!”, le agradece, también insistentemente, Epi. Una fuerte amistad cuyo único fin ha sido siempre el de enseñar a millones de niños y niñas a saber querer y ser queridos. Por igual.

José Luis Rodríguez Zapatero sale en ocasiones de las catacumbas. En muy contadas ocasiones. En las últimas semanas se ha dejado ver algo más. Alguna entrevista. Alguna aparición en alguna presentación de un libro. Alguna participación en algún curso. Pero el expresidente ha medido sus palabras, ha procurado meterse en pocos jardines. Su partido, mientras, ha mantenido una posición ambivalente: defensora de su legado en derechos sociales, autocrítica con la gestión del último mandato socialista. 

Sin embargo, esta semana Zapatero se encontrará con su legado y con su herencia. Primero, este martes, en una conferencia organizada por el Club Siglo XXI, invitado por su presidente, el exministro del PP Eduardo Zaplana. El exjefe del Gobierno pone fin así al curso político de la entidad, echando el cierre al ciclo Un balance de 35 años de democracia. ¿Continuidad o reforma? en el que ya participó José María Aznar hace dos semanas. Pero es poco previsible que Zapatero, a diferencia de su antecesor, lea la cartilla a Mariano Rajoy o a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Delante de él tampoco tendrá a su sucesor en el PSOE. La hora de la charla, las 20 horas, dificulta, según Ferraz, un despliegue mayor de cargos, porque coincide con el pleno del Congreso en el que se votará el pacto europeo. De modo que la delegación socialista estará encabezada por Elena Valenciano. Con ella, entre otros dirigentes, Purificación Causapié, Inmaculada Rodríguez-Piñero y María González Veracruz, secretarias federales de Igualdad, Economía y Participación, Redes e Innovación. 

El recuerdo de la pionera

El domingo próximo, en plena semana del Orgullo Gay, Zapatero reaparecerá por segunda vez en la misma semana, y en un acto de homenaje de su partido. Lo anunció ayer lunes la propia Valenciano en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente. El PSOE, dijo, concederá el I Premio Carmen Cerdeira al expresidente, como reconocimiento a su "apuesta decidida por los matrimonios entre personas del mismo sexo", que impulsó en su primer Gobierno.

Cerdeira, eurodiputada, senadora, concejala y abogada, falleció en 2007. Y fue la que puso en marcha los grupos de trabajo, dentro del PSOE, a favor de la diversidad, "con las personas de minorías étnicas" y la primera que trabajó con los colectivos de gays y lesbianas. Así que el galardón reconocerá, a partir de ahora, a instituciones y personalidades que se hayan distinguido "por su defensa de los derechos civiles, la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación".  

Zapatero se lleva así un primer tributo público de la dirección federal de su partido, en un tema nada controvertido para los suyos. Y al que además no encontró reproche alguno el Tribunal Constitucional, tras una larga lucha del PP contra los derechos de los homosexuales.