El Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias que abrió contra 29 sociedades vinculadas con el Grupo Restalia --incluidas 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger-- a raíz de una denuncia presentada por varios franquiciados por presuntos delitos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado ha concluido que "la denuncia contiene un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social, o la hacienda pública, e incluso de blanqueo de capitales".

En la resolución, firmada ayer lunes, el instructor ha precisado que los argumentos recogidos en la denuncia "no son sino valoraciones interesadas y muy subjetivas de los denunciantes que no permiten un riguroso análisis".

La causa tenía su origen en una denuncia interpuesta por los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados en la que se acusaba al Grupo de causar un supuesto perjuicio de unos 19 millones de euros a varios franquiciados. Según los denunciantes, Restalia y los responsables de las empresas habrían, entre otras cosas, ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable el proyecto.

En 10 folios, el instructor ha hecho un repaso de la denuncia presentada en junio de 2022. En este sentido, ha recordado que los franquiciados --"a través de un extenso escrito" y de "una ingente cantidad de documentos"-- aseguraron que desde el Grupo Restalia habían operado como una "organización criminal" que, mediante "engaño", les hizo firmar contratos de franquicia, logrando así la entrega de ingentes cantidades de dinero.

Según consta en la resolución, los denunciantes precisaron que el engaño se había producido porque les habían ocultado "de manera deliberada" la existencia de acuerdos con los proveedores que harían que las franquicias resultaran "inviables" y porque les hicieron creer que los negocios de restauración darían unos beneficios que en verdad nunca serían factibles.

Respecto al presunto delito de estafa, el juez ha señalado que no ve "elementos de juicio que permitan entender que haya existido engaño alguno" por parte del Grupo Restalia hacia los denunciantes.

"Lo que ha existido son negocios que por múltiples causas no han funcionado, pero que escapan al control de la parte denunciada y que no constituyen un caso de responsabilidad penal de la misma", ha zanjado.

Al hilo, el juez ha considerado "rechazable" que "se pretenda sostener una imputación de estafa sobre la base de que el franquiciado debe tener un precio de venta al público de los productos marcado por el franquiciante, o que los proveedores han de ser los que establezca el franquiciante, o que el franquiciado debe acatar los cambios del menú por caso que se establezcan a nivel de todo el territorio nacional".

Además, ha recalcado que "es normal y no puede reputarse como engaño el que el franquiciante presente de la mejor manera posible, con las cifras más presentables y las expectativas máximas sus negocios".

En el marco de la resolución, el instructor ha incidido en el hecho de que los denunciantes "no son meras personas físicas ignorantes del mundo de los negocios", sino personas que quieren "dedicarse profesionalmente a la restauración, a una gestión empresarial, etcétera". "Se presume en los denunciantes la capacidad básica y elemental para entender el negocio que se les propone y las grandes cifras que comporta", ha añadido.

Al margen, el titular del Juzgado ha hecho referencia al informe pericial que encargó en el marco del procedimiento y en el que se menciona que, en los casos concretos de los denunciantes, todos "se vieron afectados al poco de iniciarse la actividad de franquicia por la epidemia del Covid 19".

Así las cosas, ha asegurado que tal acontecimiento "por sí solo es apto como para echar por tierra las expectativas más precisas y conservadoras de negocio, pues particularmente en el ámbito de la restauración, la epidemia supuso una merma radical en sus facturaciones".

Además, el instructor ha recordado que un "gran número" de franquiciados de The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña o La Sureña Blue actualmente "siguen abiertos al público" con una actividad lo suficientemente rentable como para mantenerse en el negocio.

El recurso contra la sentencia que considera que el pazo de Meirás es propiedad del Estado continúa tramitándose con la personación de un heredero más de la familia Franco, Francisco Franco Martínez-Bordiú, según informa Europa Press.

"Por tener o poder tener interés directo y legítimo en el resultado de este litigio", según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en base a la providencia emitida este lunes por la sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña y que descarta la nulidad de las actuaciones tras el "error" detectado en relación con la propiedad de unas fincas.

El tribunal indica en la providencia que el heredero que se da por personado en la causa ha asumido "como propio todo cuanto se ha actuado y resuelto hasta la fecha en el presente procedimiento, así como lo que pueda resolverse en un futuro a resultas de actuaciones procesales ya implementadas".

De acuerdo con esa decisión del heredero, los magistrados indican que "no procede acordar sobre la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo ante el Juzgado de Primera Instancia", señala en referencia al fallo que condenó a los Franco a la devolución del Pazo de Meirás y que los herederos del dictador recurrieron ante la citada Audiencia.

En la providencia, contra la que puede interponerse recurso de reposición, el tribunal señala que se considera "necesaria" la presencia como demandado del heredero de la familia Franco.

"En cuanto, aparentemente, sigue siendo el titular registral" de catorce fincas del Pazo de Meirás, pues "no consta su traspaso a Pristina, S.L.".

El Estado ya había descartado, según confirmó a Europa Press la Delegación del Gobierno, la posibilidad de que hubiese alguna posibilidad de una nulidad en estos momentos pese a haberse detectado un "error" en cuanto a la propiedad de los Franco.

El Ayuntamiento de Sada (A Coruña) también dio por "aclarado y solventado" este asunto con la documentación aportada por la representaicón de los Franco. A su vez, la representación de los Franco había descartado la posibilidad de pedir la nulidad por esta cuestión.

El 18 de mayo de 2020, una coalición de sindicatos, entre ellos el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), presentaba una denuncia contra el grupo McDonald's por “acoso sexual sistemático” ante la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que se encarga de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social en todo el mundo). Según los denunciantes, se trata de la primera denuncia de “acoso sexual generalizado en una empresa multinacional” en función de los principios directores del organismo internacional.

Los testimonios recabados por los sindicatos van desde comentarios sexistas hasta agresiones físicas a las empleadas en Australia, el Brasil, Chile, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. “Se constata la existencia de un problema que no es sólo cosa de algunos garbanzos negros. Se trata de algo cultural, incluso sistémico en la empresa”, añade Nicholas Allen, coordinador internacional del SEIU, una de las principales organizaciones sindicales del sector servicios de EEUU.

Dos años antes, en septiembre de 2018, un año después del inicio del movimiento MeToo, empleadas estadounidenses de McDonald's ya daban la voz de alarma. Se manifestaron en más de diez estados de EEUU contra el acoso sexual en los restaurantes de comida rápida del gigante norteamericano. “¡Toma tu hamburguesa, toma tus patatas fritas, quita las manos de mi culo!”, cantaban por las calles de St. Louis (Misuri).

En Estados Unidos, como en Francia, la mayoría de los restaurantes son franquicias. Esto permite a McDonald's eludir cualquier responsabilidad. McDonald's Francia, contactado por Mediapart (socio editorial de infoLibre), no ha respondido a nuestras numerosas preguntas sobre su sistema de franquiciado, pero sin embargo nos indicó que “dentro de la marca, las competencias, la motivación y las cualidades profesionales siguen siendo reconocidas con independencia del género, origen o incluso trayectoria académica y profesional... Todos nuestros clientes, cuando abren la puerta de un restaurante, ven que nuestros equipos son el reflejo de una Francia diversa y el espejo de los territorios en los que estamos presentes. Nuestros restaurantes, y esto es algo inherente a todos nuestros equipos, son lugares de tolerancia y donde convergen todas las culturas y orígenes”.

“Se trata de una batalla permanente aquí, en Estados Unidos”, dice Bryce Covert, periodista de The Nation que sigue de cerca el acoso sexual en McDonald's. “La cadena siempre remite a la franquicia, pero es McDonald's quien decide qué ropa usan los empleados, cómo se hace la comida, qué comunicación se mantiene con los clientes, a veces incluso tienen control directo sobre las horas de trabajo o la nómina. Ejercen tanto control sobre los restaurantes que no pueden asegurar que no tengan ninguna responsabilidad en lo que pueda pasar allí”.

El 28 de julio de 2020, en un artículo titulado McDonald's, un verdadero problema de acoso sexual, la periodista se hizo eco del testimonio de varias trabajadoras, que describían el calvario sufrido en el trabajo, testimonios que se parecen como dos gotas de agua a los recabados en Francia.

En su investigación, Bryce Covert habla de los cambios que la delegación estadounidense de McDonald's realizó a raíz de las protestas de los empleados: “En respuesta a la presión, la empresa anunció el año pasado un nuevo programa de formación sobre acoso sexual que aplicaría de forma paralela a una formación sobre violencia en el trabajo, intimidación y prejuicios inconscientes en establecimientos propiedad de la empresa y que ‘está a disposición de los franquiciados', según un portavoz de la empresa. También dijo que había ‘mejorado’ su política de prevención de la discriminación, del acoso y de las represalias y puesto en marcha una línea telefónica gratuita para atender las preocupaciones de los empleados. Pero estos cambios son insuficientes, insistieron los abogados de los trabajadores”.

“Si los trabajadores tuvieran derecho a organizarse, habría muchos menos asuntos de este tipo”, advierte Nicholas Allen. “En los países donde el nivel afiliación sindical es más importante es donde tenemos conocimiento de una menor violencia de género y sexual. McDonald's no responde claramente a esta petición y se limita a comunicar. Y no es suficiente”.

Cada vez se alzan más voces en este sentido, y la lucha colectiva de los empleados de la cadena podría comenzar por luchar contra la violencia sexista y sexual, “que es casi una cultura corporativa en McDonald's”, acusa Anne-Laure (nombre supuesto), ejecutiva de la sede central de McDonald's en la localidad francesa de Guyancourt.

En 2015, dos trabajadoras de la sede francesa denunciaron el acoso moral que supuestamente sufrían por parte de su jefe. Mediapart ha tenido acceso a un informe de investigación de la inspección de trabajo que data de 2016. La inspectora de trabajo entiende que "doña B." sufrió acoso moral y en sus conclusiones añade: “De manera más general, se desprende del carácter casi unánime de los testimonios de las mujeres que don R. adopta un comportamiento claramente diferente hacia las mujeres que no parece justificado por consideraciones objetivas (vigilancia desmedida, reproches frecuentes y aparentemente injustificados)”.

La dirección, lo mismo que los restaurantes, minimizó el malestar de las trabajadoras. En las conclusiones presentadas por la directora de Recursos Humanos, con quien también nos pusimos en contacto, se afirma que existen “desavenencias mutuas”. “Como supervisor, don R. podría haber sido más proactivo a la hora de tratar de poner remedio las desavenencias mutuas”, resume la responsable de Personal.

El desafío es importante, dado el tamaño de la empresa. La expansión del gigante americano de la comida rápida, en las ciudades y zonas comerciales de Francia, parece no tener límites. McDonald's Francia cuenta a día de hoy con cerca de 1.490 restaurantes y se enorgullece de ser el “principal reclutador de jóvenes en Francia”, empleando a más de 74.000 personas... o casi. Según las cifras de McDonald's, el 80% de los restaurantes están en manos de franquicias, más de 310 de ellos. Una multitud de pequeños jefes sobre los que el gigante estadounidense descarga su responsabilidad como empleador. Como media, los franquiciados tienen entre 4 y 5 restaurantes.

“Mientras todo va bien, estamos todos unidos y trabajamos juntos. Pero tan pronto como algo sale mal, el franquiciado es quien decide deshacerse de la persona o del gerente causante del problema. Cuando el problema es el franquiciado y su gerente, entonces no pasa nada y McDonald's Francia se lava las manos”, confía una antigua empleada del holding que posee el multifranquiciado Yvan Dupuis-Bardinal, en Nîmes.

Si bien McDonald's ha llevado al extremo la taylorización del trabajo, si bien cada hamburguesa y cada pepinillo saben más o menos iguales en todos los restaurantes de Francia, el gigante de la comida rápida deja de lado su intervencionismo cuando se trata de las condiciones de trabajo de los empleados. Como coordinador internacional de la SEIU, Nicholas Allen cree que, en todo el mundo, “McDonald's está tratando de trocearlo todo lo más posible. El propósito de la franquicia es minimizar su responsabilidad legal. Y en Estados Unidos, está aún menos regulado que en Francia, no existe un verdadero derecho laboral o de contratos”.

A McDonald's le gusta trocear su negocio como trocea los tomates, muy finos. Por ejemplo, hay restaurantes en París gestionados directamente por el grupo. Sin embargo, con el fin de reducir al mínimo su responsabilidad jurídica, McDonald's ha decidido crear cuatro entidades diferentes para sus restaurantes parisinos. McDo París Norte, McDo París Sur, McDo Este Parisino y McDo Oeste Parisino.

Hay muchos franquiciados que hacen muy bien los deberes y trocean al máximo. Por ejemplo, Bernard Simmenauer, en la región de Tours, posee 18 restaurantes y otras tantas empresas, a las que hay que añadir el holding. Un imperio en el que los empleados no tienen voz ni voto en un proceso por el que se pirra McDonald's.

En 2017, la asociación React publicó un informe detallado sobre el sistema de McDonald's en Francia y detalló el truco: “Un restaurante de McDonald's es una empresa legalmente distinta de las demás. Pero es muy raro que un solo restaurante emplee a más de 50 empleados equivalentes a tiempo completo. Así, un franquiciado puede contar con una veintena de restaurantes y emplear a más de mil asalariados, aplicando la legislación laboral que rige en las empresas de menos de 50 empleados. Mientras nadie reclame el reconocimiento de un grupo de empresas –llamado “unidad económica y social”–, estos restaurantes se considerarán unidades autónomas y jurídicamente distintas”.

“Su división tiene dos fines, debilitar a los sindicatos y pagar menos impuestos”

Este sistema permite a la mayoría de los restaurantes de McDonald's no contar con un comité de empresa, que sólo son obligatorios en empresas con 50 o más empleados. Adiós a los delegados sindicales, a las negociaciones anuales y al pago de incentivos. “Su división sirve para dos cosas, para debilitar a los sindicatos y para pagar menos impuestos”, opina Anne-Laure, que trabaja en la sede central en Guyancourt.

Ante esta injusticia, Eva Joly y el sindicato CGT emprendieron acciones legales. En diciembre de 2015, los miembros del comité de empresa de McDonald's Oeste Parisino, que en ese momento contaba con 900 empleados y 16 restaurantes, presentaron una denuncia por fraude fiscal y apropiación indebida, denuncia presentada por Eva Joly, entonces eurodiputada y abogada de Los Verdes.

En 2016, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF, por sus siglas en francés) abrió una investigación preliminar encomendada a investigadores de la Oficina Central de la Policía Judicial Especializada en Fraude Fiscal (OCLCIFF). Contactada por Mediapart, la PNF indica que la investigación sigue en curso.

“Lo que queremos es un juicio penal. Queremos una audiencia pública, para que los empleados puedan estar presentes. El perjuicio son años de participación empresarial que no se ha distribuido dado que la empresa no ha declarado beneficios”. Efectivamente, oficialmente, la compañía estaría en déficit. Este déficit se crea artificialmente por las tasas que McDonald's Francia pagaría a otra filial del grupo en Luxemburgo, país que ofrece condiciones fiscales de oro a las grandes empresas.

En enero de 2014, se le preguntó al expresidente de McDonald's Francia sobre esto en Capital y finalmente se rindió: “¡No hay nada malo en la optimización fiscal”. En enero de 2020, McDonald's rompió la barrera de los 100.000 millones de dólares de ventas, y sólo en Francia, las ventas ascendieron a 5.100 millones de dólares, según las cifras de 2018.

En 2019, Leïla Chaibi, diputada europea del Francia Insumisa, por iniciativa de una comisión de investigación ciudadana sobre McDonald's, visitó varios restaurantes para escuchar a los empleados. “Está todo pensado para que no exista organización colectiva de los trabajadores, lo que les permite precarizar las condiciones de trabajo. McDonald's es, en primer lugar, contratos muy precario, contrato indefinidos a tiempo parcial con un gran margen horario, pocos derechos y una alta rotación”. La asociación React estima que la tasa de rotación en McDonald's es del 88%, muy por encima de la media nacional del 13%.

“Los empleados de McDonald's de todo el mundo tienen la misma quemadura en el antebrazo, la quemadura causada por la parrilla. El Big Mac de París y de Nueva York sabe igual. Una entidad, una identidad y, sin embargo, su sistema de franquicia lo fragmenta todo. Fui a la zona de Roan y a 20 km de allí, había una diferencia salarial del 30%”, recuerda.

La compartimentación se hace entre los restaurantes de una franquicia, y luego entre las franquicias. La empleada de la oficina central, Anne-Laure, incluso cree que McDonald's hace todo lo posible por dividir a los empleados de los restaurantes de los de la oficina central.

Desde la sede de McDonald's Francia, en Guyancourt, Anne-Laure cuenta las presiones diarias, las denuncias penales y laborales que no dejan de multiplicarse, la externalización a marchas forzosas de todo un departamento y el clima de terror que reina en la sede, tal como documentaron nuestros colegas de StreetPress (véase la Caja Negra). “La dirección hace todo lo posible por que los trabajadores enfadados de la sede central y los de los restaurantes no se junten. Sin embargo, trabajamos para la misma compañía y en el mismo clima nocivo. El día que logremos movilizar a todos los que han sufrido por la gestión de McDonald's, en los restaurantes y en la sede central, entonces la cadena tendrá mucho que temer”.

“En la sede, por lo menos tenemos la WAM que promueve la discriminación positiva, WAM de Women at McDonald's”, ironiza Anne-Laure. Los miembros de este club cerrado son elegidos por la dirección. “Y sólo hay unas pocas mujeres y en altos niveles de responsabilidad”, explica la ejecutiva, que asegura que no hay empleadas sin cargos ejecutivos con representación en el WAM. Concretamente, las mujeres que ocupa cargos de responsabilidad se reúnen de vez en cuando e invitan a otras mujeres, como la exministra Rachida Dati o la empresaria Sandra Le Grand, a quienes encuentran inspiradoras. En esta conferencia “animada, llena de risas e intercambios”, esta última “definió la ambición de hoy”, según se puede leer en su web. El evento se clausuró con la firma de su libro #Ambición, “ante participantes que estaban bastante satisfechos con la conferencia que habían podido presenciar”.

“Todo pura comedia”, espeta Anne-Laure. “En términos de acciones concretas para la igualdad de género en McDonald's, no se está haciendo nada”. Preguntado por el WAM, McDonald's no ha respondido. “Nuestra vigilancia es total para luchar eficazmente contra comportamientos inaceptables, contra cualquier discriminación sexual, de género y de origen”, responden desde la dirección, a preguntas de Mediapart.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Una familia española puede ahorrar una media de 909 euros al año en la cesta de la compra dependiendo del establecimiento en el que compre, lo que supone casi la quinta parte del gasto anual en alimentación de un hogar medio (unos 4.783 euros al año), según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el coste de la cesta de la compra.

Por cadenas, Supermercados Dani es la más barata, seguida de Cash & Fresh, Alcampo, Familia y Supeco, mientras que Sánchez Romero, Ulabox y Sorli Discau son las más caras.

Según la OCU, las ciudades donde más barato resulta hacer la compra son Almería y Puertollano, seguidas de Ciudad Real, Jaén, Vigo, Logroño, Burgos, Granada y Sevilla. Por el contrario, Palma de Mallorca, Barcelona, Badalona-Santa Coloma y Teruel son las más caras.

Por comunidades autónomas, La Rioja y Galicia son las comunidades más baratas para hacer la compra, en tanto que Cataluña y Baleares son las más caras.

El informe, que analiza casi 164.000 precios de una cesta de 233 productos de 1.137 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional e Internet, concluye que los consumidores pueden ahorrarse 909 euros al año si eligen los establecimientos más baratos de su ciudad, cifra 24 euros inferior a la del año anterior debido al ligero aumento en la homogeneidad y la convergencia de las cadenas.

Un directivo de Carrefour ha acudido este miércoles como imputado en la primera de una decena de querellas por estafa, coacciones y amenazas que han interpuesto otros tantos de sus franquiciados en juzgados de toda España. A la espera de que todas ellas se acumulen en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, su titular ha celebrado la primera vista, en la que el querellante es un extrabajador de Carrefour durante 30 años que se arruinó tras tres años y medio de gestionar un supermercado en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El ejecutivo, responsable de las franquicias de proximidad de la enseña francesa, Jesús Bermejo, ha culpado a la mala gestión del franquiciado, Manuel Ramírez, del cierre del establecimiento. Según han explicado a infoLibre fuentes del caso, Bermejo aseguró que el franquiciado “no respetaba la política de la empresa y tenía la tienda sucia”. Por su parte, una de las trabajadoras del supermercado declaró que las cuentas no salían “desde el primer momento”, y que pidió soluciones y ayuda a Carrefour, pero no obtuvo ninguna. El juez, por su parte, reclamó a la empresa de distribución que justificara sus acusaciones contra el franquiciado aportando las comunicaciones internas entre ella y el empresario, así como los requerimientos que Carrefour le hubiera hecho por esa gestión irregular. También deberá probar que el franquiciado recibió formación durante tres semanas en una tienda de Gandía (Valencia) tal como afirma la marca, pero niega el empresario de L’Hospitalet.

Según el directivo, Carrefour prolongó la mala situación del supermercado durante más de tres años por el hecho de que el franquiciado era un antiguo trabajador de la compañía. Según el querellante, parte de su finiquito como empleado constituyó la ayuda para abrir el establecimiento cuando se le advirtió de que iba a ser despedido. Además, tuvo que reunir 300.000 euros de financiación, explica su abogada, Marian Reyes. “Ahora, tras perder 150.000 euros, Carrefour le ha ejecutado el aval que tuvo que firmar al abrir el supermercado y ha perdido su casa”, lamenta.

Para el juicio, el franquiciado había reclamado la declaración de tres directivos de Carrefour, pero sólo acudió Jesús Bermejo. De modo que la abogada va a solicitar ahora al juez que acudan también el ejecutivo que firmó el contrato con Manuel Ramírez y el director general de Carrefour en España, Ignacio Cobo.

También demandas civiles

Jesús Bermejo aseguró al juez que desconocía la existencia de otras querellas contra su empresa por problemas con los franquiciados. Pero lo cierto es que ya se tramitan una veintena de demandas civiles, además de la decena de querellas criminales. En total, asegura el despacho de abogados Themis, los franquiciados de Carrefour Express reclaman a la multinacional más de 46 millones de euros, entre medio millón y un millón de euros por afectado.

Unos 80 franquiciados de Carrefour Express han denunciado al grupo de distribución por engañarles en los contratos que, según, explican, incluían información falsa sobre el negocio. De ellos, 61 han conseguido ya acuerdos extrajudiciales que han supuesto la condonación de la deuda que mantenían con la empresa e incluso una indemnización de entre 300.000 y 500.000 euros cada uno. El resto es esa veintena que sigue adelante con sus procedimientos en los tribunales. Es decir, Carrefour ha pagado ya entre 18 y 30 millones de euros para zanjar los conflictos con sus franquiciados.

La compañía francesa, por su parte, niega tener constancia de ninguna denuncia, y menos aún de esos acuerdos extrajudiciales.

Inversión cuantiosa, consentimiento viciado

Para abrir un Carrefour Express, un franquiciado debe hacer una inversión cuantiosa, medio millón de euros. Aunque no paga canon de entrada sí que tiene que hacer frente más tarde a un conjunto de cánones diversos, que pueden suponer hasta 15.000 euros mensuales: un canon logístico –un porcentaje de la facturación, que puede suponer unos 8.000 euros–, un canon informático –por el software– y un canon de enseña–otro tanto por ciento–. Los franquiciados de Carrefour con los que ha hablado este periódico explican que, después, carecen de control alguno sobre los pedidos. “Te facturan por cosas que no pides”, se quejan.

En consecuencia, alegan los franquiciados, su consentimiento en el contrato estaba “viciado” por un “proyecto previo de negocio falso y una previsión de ventas irreal”.

En los últimos cuatro años, Carrefour Express, la enseña de supermercados de proximidad del grupo francés, ha abierto 238 nuevas franquicias y cerrado 98, el 41%, según las cifras facilitadas por Themis Abogados. El grupo precisa que en estos momentos tiene abiertos un total de 550 supermercados Carrefour Express.

El restaurante que la cadena Tommy Mel’s tiene en Alcalá de Henares (Madrid) despedirá a sus nueve trabajadores. Así se lo ha comunicado este martes a la plantilla el dueño de la hamburguesería, que explota en régimen de franquicia y se ha declarado en concurso de acreedores.

El empresario ha planteado a sus empleados un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción. “Nos ha remitido al Fogasa”, explica Raquel, una de las empleadas que dio a conocer en un vídeo difundido en las redes sociales el impago de sus nóminas. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es el organismo del Ministerio de Empleo que paga los salarios debidos y las indemnizaciones por despido en caso de que una empresa se declare insolvente o entre en concurso de acreedores. Pero esos pagos están limitados a una cuantía que duplica el Salario Mínimo Interprofesional y con un máximo de 120 días. Los nueve empleados de la hamburguesería trabajaban a tiempo parcial, de jueves a domingo. Y sus nóminas eran semanales, con un número distinto de horas en cada una de ellas que el empresario cambiaba a voluntad. Al mes cobraban entre 400 y 600 euros.

Las trabajadoras del Tommy Mel’s de Alcalá temían el cierre de la hamburguesería desde el momento en que la pasada semana no les proporcionaron el horario de ésta. “Este fin de semana estamos trabajando gratis”, aseguraban en un vídeo grabado desde la misma cocina del restaurante el pasado domingo. Aunque la cadena aseguraba este lunes que su franquiciado había llegado a un acuerdo con la plantilla el pasado jueves y que ya había hecho el ingreso de las nóminas, las trabajadoras indican que de momento sólo han cobrado tres personas el último sueldo.

No rescatará la hamburguesería

Los nueve empleados tienen contratos de apoyo a los emprendedores, por lo que su periodo de prueba es inusualmente largo, un año. Si no lo superan, la ley permite al empresario despedirlos sin indemnización. De la plantilla, únicamente un trabajador tiene cuatro años de antigüedad, otro tres y medio y el resto, “sólo unos meses”. La franquicia abrió en el centro de Alcalá de Henares en noviembre de 2013. Es decir, sólo un empleado se mantiene desde que se inauguró el negocio. “El dueño dice que no han dejado de perder dinero desde el comienzo”, lamenta Raquel. Según explica, el empresario ha pedido a Tommy Mel’s que se haga cargo de la hamburguesería, pero la enseña se ha negado. La marca posee un total de 37 restaurantes, de los que sólo nueve son propios; el resto, franquicias.

Pese a las malas noticias recibidas esta tarde del empresario, el objetivo declarado de la plantilla es mantener los puestos de trabajo. Para ello Raquel y sus compañeros van a seguir grabando vídeos y difundiéndolos en las redes sociales, en un último intento por conjurar la adversidad.

Mientras los gestores de DIA intentaban convencer a posibles inversores y analistas, en su Capital Markets Day tanto en Madrid como Londres, del brillante futuro que espera a las acciones de la cadena de distribución, los franquiciados que la culpan de su ruina reanudaban una ya larga batalla contra la enseña de supermercados de bajo coste. Las asociaciones que los agrupan han identificado hasta el momento 441 tiendas cuyos franquiciados han tenido que abandonar el negocio tras sufrir graves problemas con la marca. Según los datos que han podido recopilar entre los afectados, señalan que hay 35 tiendas por las que han pasado 91 franquiciados. Es decir, cada supermercado ha tenido casi tres franquiciados de media desde 2011.

En algunos casos, la rotación ha sido mucho mayor. Una tienda de Barcelona ha tenido ocho franquiciados en 10 años. Otra en A Coruña llegó a los 12, puesto que hubo dos de ellos que no duraron más de seis meses.

DIA niega estas cifras. No facilita datos de rotación en sus tiendas, pero asegura que la antigüedad media de sus franquiciados es de seis años y que algunos de ellos llevan más de 12 con la enseña. También explican que la cadena no podría soportar que un 19% de sus tiendas estuvieran cerradas durante el tiempo que media entre el abandono de un franquiciado y la entrada del siguiente. Según las asociaciones de afectados, en la actualidad 16 de esas 441 tiendas se encuentran cerradas.

En efecto, la salida de un franquiciado puede demorarse hasta cuatro meses “porque DIA tarda mucho tiempo en mandar la documentación, facturas, etcétera, que se le pide, antes de devolverle las llaves”, explican Ángela Pérez y Elías Carcedo, abogados que han llevado en los tribunales algunos casos contra la cadena de distribución. En ocasiones DIA también se niega a hacer un inventario de las mercancías, añaden los letrados.

DIA reconoce que mantiene abiertos 10 litigios con antiguos franquiciados, de los que ha ganado tres en primera instancia. Al tiempo, ha entablado pleitos contra 15 de sus antiguos socios comerciales, a quienes reclama 1,7 millones de euros. Por su parte, los franquiciados llevan dos años con una querella en un juzgado de Vic (Barcelona). Una veintena de perjudicados están a la espera de que el nuevo juez al frente empiece a pedir testimonios. Este juzgado intentó que la Audiencia Nacional se hiciera cargo del caso, dado el alto número de afectados y su extensión por todo el territorio nacional. En vano: no consideró que el perjuicio económico tuviera el alcance nacional que la ley exige para declararlo de su competencia. Según DIA, este grupo de franquiciados le adeuda 925.000 euros. “Ocho de ellos ya han firmado un acuerdo de resolución y liquidación”, explica un portavoz de la empresa.

Por el contrario, en otras ciudades, como Alicante, a DIA no le ha ido tan bien. La cadena franquició el supermercado que tenía en un mercado de propiedad municipal a uno de sus empleados, a quien cedió el uso del local pese a que la concesión que había obtenido del Ayuntamiento se lo prohibía.  El consistorio abrió expendiente y sancionó a DIA por este motivo. El franquiciado se negaba a devolver a la empresa las llaves del establecimiento –donde se guardaban bienes propiedad del primero– y el juez le dio la razón: la cadena pretendía conseguir el local antes de que se hubiera dilucidado el objeto del pleito. Tras la quiebra del franquiciado, la empresa le reclamaba en el juzgado una deuda de 71.275 euros.

En la Audiencia Provincial de Madrid también se dirime el caso de una trabajadora de DIA a la que la cadena le puso ante la disyuntiva de ser despedida o quedarse con la tienda en la que estaba empleada. Cuando reclamó a la empresa porque las cuentas no eran las prometidas, DIA le ofreció una segunda tienda en lugar de la primera. Pero finalmente no fue así, asegura Ángela Pérez. “Nos dijeron que ambas tiendas iban de la mano y que no podían resolver la primera”, detalla. La empresa le reclama una deuda de 181.573 euros.

Cuenta de explotación falsa

Los franquiciados que demandan a DIA dicen ser víctimas de una estafa. Aseguran que la cuenta de explotación que les enseñan antes de firmar es falsa. Forma parte de la información precontractual que el franquiciador está obligado por ley a entregar a sus futuros asociados y, según la ley, debe estar basada en datos reales. Además, la empresa les promete un margen del 13% que nunca llega a alcanzarse. El contrato que se les facilita es un “contrato tipo, sin cantidades ni fechas”, un documento cerrado cuyos términos no pueden negociar, detallan.

A fin de hacerse con la tienda, los que DIA llama “operadores locales” deben abonar un canon de entrada de 12.000 euros y suscribir un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Una inversión cuantiosa, por tanto. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata, explican los denunciantes. Más adelante, cuando el supermercado cierra por culpa de las pérdidas, los franquiciados descubren que el inventario no se corresponde con la realidad y que siempre deben dinero a DIA, decenas de miles de euros, por mercancía que no sabían que tenían.

Los problemas de gestión comienzan pronto. DIA fija los precios, lo que es ilegal. Los numerosos cupones descuento acumulables que la cadena distribuye a sus clientes, las ofertas “pague dos, llévese tres”, los “superprecios”… obligan a los franquiciados a vender a pérdida. Ellos adquieren a la empresa la mercancía a un precio determinado, pero la tienda termina vendiéndola a un precio muy inferior al cliente que acude con sus múltiples cupones. E, incumpliendo su propio manual de franquicias, la cadena no reembolsa los descuentos a los asociados, que deben asumir la pérdida.

Los franquiciados con que ha hablado este periódico explican que llegaron a duplicar la facturación del supermercado respecto a las ventas de la tienda cuando era gestionada directamente por la cadena. Pero los 6.000 euros mensuales de beneficio que les prometió DIA no aparecían por ninguna parte. “Por el contrario, cuanto más vendes, más pierdes”, resumen.

Transforma 243 de sus tiendas propias en franquicias

Por el contrario, la cadena de supermercados argumenta que sólo en España ha pasado de 1.005 a 2.147 franquicias de la marca DIA –tiene otras como las tiendas de perfumería Clarel– desde 2010. Es decir, ha más que duplicado el número de locales franquiciados en seis años, de forma que, en la actualidad, el 60% de las tiendas DIA en los cinco países donde está presente –España, Portugal, Argentina, Brasil y China– son de este tipo. En España equivalen al 52% de sus establecimientos. Esos números le sirven a DIA para presumir de ser “la primera franquiciadora de España y la tercera de Europa en el sector de la distribución”. Sólo el año pasado DIA transformó 243 de sus tiendas propias en franquicias.

Además, la cadena sostiene que su política de relación con las franquicias se basa en “la veracidad de la información difundida y el cumplimiento de los acuerdos suscritos” con los socios, así como en su “independencia jurídica y patrimonial”. “La resolución de discrepancias está basada”, continúa la empresa en su última memoria anual, “en la buena voluntad, la comunicación y la negociación de ambas partes, favoreciendo el diálogo y las soluciones de conciliación”. Finalmente, se remite a una encuesta a sus franquiciados que la consultora Nielsen elabora cada año, según la cual el 48% de ellos “se encuentran satisfechos respecto a las expectativas iniciales puestas en el negocio”.

No obstante, DIA reconoce que ha cerrado en España y Portugal –no proporciona datos de España en solitario– 33 tiendas sólo en el cuarto trimestre de 2016 y otras 10 en el primer trimestre de este año porque “sus niveles de rentabilidad no eran satisfactorios”. El número de supermercados del resto de sus enseñas –La Plaza/El Árbol y Clarel– cerrados el año pasado asciende a 131. A esta clausura de tiendas atribuye el informe de resultados del primer trimestre de 2017 la caída de las ventas en un 2,7% sufrido por DIA hasta marzo.

Los bajistas al acecho

Al mismo tiempo que la cadena de supermercados informa de sus planes de futuro a inversores y analistas, bate récords en Bolsa como el valor con mayor porcentaje de capital en manos de bajistas de España y casi de Europa. Los bajistas son inversores que apuestan por la caída de las acciones de una empresa. Normalmente se trata de fondos de alto riesgo o hedge funds, que especulan con acciones que toman prestadas a otros inversores. En el caso de DIA, el 24,35% de su capital se encuentra en manos de estos especuladores. Hace un año poseían el 11,49%. Para hacerse una idea del volumen, basta con recordar que el Banco Popular, intervenido hace unas semanas, terminó con sólo el 12% de su capital en manos de bajistas. Y desde que empezó 2017 las posiciones cortas en el accionariado de la cadena se han disparado un 58%.

Este tipo de inversores centran su interés en empresas en las que advierten debilidades. Creen que el valor de sus acciones caerá bien porque tienen problemas financieros o prevén que pueden padecerlos en el futuro, bien porque piensan que no van a ser capaces de cumplir sus objetivos. Un portavoz de DIA explica a infoLibre que la empresa no comenta el comportamiento de los mercados y apunta que otras marcas del sector de la distribución, como Carrefour, Marks&Spencer o Tesco también han sufrido el ataque de los bajistas.

“A costa de sus franquiciados”

Un informe de JP Morgan ya alertaba en 2015 sobre algunas posibles flaquezas del modelo de negocio de DIA que igualmente barruntan los bajistas.

“El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe, “históricamente han operado con una media de casi el 1% de margen de EBIT que puede desaparecer fácilmente después de dos años de ventas en superficie comparable negativas”. No ganan dinero pese a que “gestionan ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita los costes de personal, de residuos y por robos. En el primer caso, al tratarse de autónomos o emprendedores, “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”.

Así, las ventas en superficie comparable de las franquicias superan en 200 puntos básicos a las que generan las tiendas propias de la cadena. A juicio de JP Morgan, se trata de un “comportamiento muy negativo”. El informe tacha de “contrario al sentido común” que, cada vez que DIA abra una tienda, el margen de EBITDA crezca; es decir, que un negocio menos intensivo en capital –la franquicia– produzca mayores márgenes. JP Morgan concluye que la cadena de supermercados consigue esos márgenes anormalmente altos “a costa de sus franquiciados”. No duda en afirmar que los “canibaliza”.

La batalla de los franquiciados contra Carrefour se recrudece. A la veintena de demandas civilesveintena de demandas civiles que se tramitan en estos momentos en los juzgados, se les añaden ahora las querellas criminales por estafa, amenazas y coacciones, que pueden rozan la decena. En total, asegura el despacho de abogados Themis, los franquiciados de Carrefour Express reclaman a la multinacional más de 46 millones de euros, entre medio millón y un millón de euros por afectado.

Se da la circunstancia de que tres de los querellados se enfrentan a la inminente ejecución de los avales que constituyeron al firmar los contratos con Carrefour, de entre 50.000 y 80.000 euros cada uno. Es el Banco Sabadell la entidad financiera que se los reclama, pese a estar sus clientes inmersos en un procedimiento penal, advierte Themis, que apela a su derecho a obtener una “tutela cautelar” para evitar ejecuciones fraudulentas. “Carrefour no acredita que se trate de una deuda real, no existen facturas”, explica el despacho, “ni está acreditado el incumplimiento de la obligación del franquiciado”. La multinacional francesa no ha querido contestar a las preguntas de infoLibre sobre sus problemas con los franquiciados.

Pero el litigio es más amplio. Unos 80 franquiciados de Carrefour Express han denunciado al grupo de distribución por engañarles en los contratos que, según, explican, incluían información falsa sobre el negocio. De ellos, 61 han conseguido ya acuerdos extrajudiciales que han supuesto la condonación de la deuda que mantenían con la empresa e incluso una indemnización de entre 300.000 y 500.000 euros cada uno. El resto es esa veintena que sigue adelante con sus procedimientos en los tribunales. Es decir, Carrefour ha pagado ya entre 18 y 30 millones de euros para zanjar los conflictos con sus franquiciados.

Según ha publicado economíadigital.es, la empresa ha tenido que crear un “comité de emergencia”, denominado Comité de Tiendas en Dificultad, para gestionar los cierres de las tiendas y afrontar la ola de demandas de los franquiciados. Lo integran los responsables de riesgos operacionales, la dirección de explotación, expansión, recursos humanos, gestión y riesgos y recobros.

Para abrir un Carrefour Express, un franquiciado debe hacer una inversión cuantiosa, medio millón de euros. Aunque no paga canon de entrada sí que tiene que hacer frente más tarde a un conjunto de cánones diversos, que pueden suponer hasta 15.000 euros mensuales: un canon logístico –un porcentaje de la facturación, que puede suponer unos 8.000 euros–, un canon informático –por el software– y un canon de enseña–otro tanto por ciento–. Los franquiciados de Carrefour con los que ha hablado este periódico explican que, después, carecen de control alguno sobre los pedidos. “Te facturan por cosas que no pides”, se quejan.

En consecuencia, alegan los franquiciados, su consentimiento en el contrato estaba “viciado” por un “proyecto previo de negocio falso y una previsión de ventas irreal”.

Igual que en DIA

Las denuncias de los franquiciados de Carrefour Express son muy parecidas a las hechas públicas también por los de otras cadenas como DIA, que afronta demandas no sólo en España –un juzgado de Vic (Barcelona) tramita los casos de decenas de afectados–, sino también en Portugal, Argentina, Brasil y Francia. Aseguran que la cuenta de explotación que les enseñan los responsables de DIA es falsa. También que les prometen unos márgenes que nunca llegan a alcanzarse. Después, al igual que en Carrefour, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata.

En los últimos cuatro años, Carrefour Express, la enseña de supermercados de proximidad del grupo francés, ha abierto 238 nuevas franquicias y cerrado 98, el 41%, según las cifras facilitadas por Themis Abogados. El grupo precisa que en estos momentos tiene abiertos un total de 550 supermercados Carrefour Express.

El nuevo equipo directivo de Vitaldent ha negado los supuestos "abusos, coacciones y amenazas" de los que se quejan una veintena de clínicas franquiciadas, diseminadas por toda la geografía española, por negarse a subrogar sus contratos.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press el nuevo director general de Vitaldent, Javier Martín, que esta tarde presidirá en Tenerife el primer encuentro con franquiciados junto al resto del nuevo equipo directivo para presentar el plan de trabajo que ha diseñado la compañía para los próximos años.

Javier Martín explicó que desde febrero hasta noviembre de 2016, cuando se validó la operación de adquisición de Vitaldent por parte de la empresa JB Capital Markets SV SAU, de Javier Botín, se ofreció a los franquiciados la posibilidad de extender el contrato de franquicia en vigor durante 18 meses y sumarse al nuevo proyecto.

Sin embargo, alrededor de cuarenta franquiciados decidieron no adherirse a esta adenda contractual y quedaron ligados por decisión judicial al anterior propietario de los contratos de franquicia, por lo que tienen que ponerse al día de las responsabilidades y las deudas contraídas, precisó Martín.

El director general ha apuntado que la compañía, siguiendo las decisiones judiciales, sigue prestando los servicios de contrato de franquicia porque los contratos "siguen siendo legalmente válidos".

Segunda fase

El nuevo equipo directivo ha transmitido "la ilusión y las ganas por hacer algo único y diferente en el sector odontológico", al tiempo que ha destacado el compromiso que ha adquirido la dirección con la marca y con los pacientes que atiende Vitaldent en la Península y las islas.

Javier Martín indicó que una vez finalizada la primera etapa de transición, se inicia una segunda fase con la puesta en marcha de un plan de acción específico, empezando por Canarias porque es "una plaza muy importante en el universo Vitaldent por su dimensión y por la especificidad de su modelo de negocio".

Este plan de acción forma parte de un paquete de medidas que la nueva directiva va a compartir en una reunión con directores de clínicas y franquiciados de Vitaldent en las islas, que consiste en la puesta en marcha de una serie de prácticas para poder ejecutar en la clínica desde el punto de vista médico y comercial.

También contempla un refuerzo de todas las acciones de marketing –tanto local, como masivo– a través de los canales de comunicación habituales (televisión, radio y vallas exteriores) y finalmente un plan de consecución de objetivos para el siguiente semestre.

El director general ha señalado que el objetivo principal es consolidar a la compañía como líder del sector en España e Italia, desarrollando para ello su estructura organizativa y red de clínicas en ambos países.

"Trabajaremos para que Vitaldent sea reconocida en el futuro como un referente de calidad, compromiso, dedicación y buen hacer para los millones de personas que han pasado y pasarán por nuestras clínicas", indicó.

'Caso Colman'

Con esta nueva etapa, Vitaldent trata de recuperar la actividad tras el escándalo protagonizado por el anterior dueño, Ernesto Colman, pero en cualquier caso el nuevo director general quiere dejar claro que "no existe un caso Vitaldent; existe un caso Colman".

En este sentido, aclaró que si bien todavía hay un supuesto caso de fraude que está siendo investigado por la Audiencia Nacional relativa al anterior propietario, "nunca ha existido un impacto reputacional sobre la marca sobrevenido por una mala praxis, ni por ninguna de las prácticas realizadas en las clínicas Vitaldent".

Así, la nueva campaña de comunicación de la compañía viene a reforzar el modelo de negocio de la empresa, llamando a la acción a los pacientes, y sin olvidar que Vitaldent ha tenido en los últimos veinticinco años más de siete millones de clientes.

El director general añadió que Vitaldent es, probablemente, la decana del sector empresarial, pues no hay ninguna estructura en cadena con tanta antigüedad, y destacó que la compañía ha demostrado que cuenta con un modelo de negocio sostenible y que está basado en una buena praxis realizada durante años.

La prueba más evidente, según Javier Martín, es que cuando JBC adquirió la empresa en 2016, ésta estaba en tasas de rendimiento respecto al año anterior del 40%, y en estos momentos está en tasas del -10%, lo cual arroja "unos primeros síntomas de recuperación del negocio basado en la confianza de los pacientes".

En cualquier caso, señaló que han transcurrido más de doce meses desde que surgiera el escándalo en la franquicia y "la normalidad es lo que impera en las clínicas, pues el apellido Botín siempre genera confianza para los pacientes y los trabajadores que forman parte del universo Vitaldent".

Unos 80 franquiciados de Carrefour Express han denunciado al grupo de distribución por engañarles en los contratos que, según, explican incluían información falsa sobre el negocio. De ellos 61 han conseguido acuerdos extrajudiciales que han supuesto la condonación de la deuda que mantenían con la empresa e incluso una indemnización de entre 300.000 y 500.000 euros cada uno. El resto, una veintena, sigue adelante con sus procedimientos en los tribunales. Es decir, Carrefour ha pagado ya entre 18 y 30 millones de euros para zanjar los conflictos con sus franquiciados.

Los de Carrefour Express se suman así a la lista de franquiciados que han terminado en los tribunales tras denunciar las prácticas de cadenas de franquicias. Pero, a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, con los 200 franquiciados que han demandado a la cadena de supermercados DIA acudiendo a la vía penal, los de Carrefour Express han optado por la civil, y parece que con mucho mayor éxito.

En total, el despacho Themis Abogados de Valencia, que lleva buena parte de los casos, asegura que va a reclamar entre medio millón y un millón de euros por cada franquiciado de Carrefour Express. “La mayoría son negocios de autoempleo familiar, el 40% de ellos dirigidos por mujeres y otro 25% por jóvenes emprendedores menores de 25 años que solicitaron un aval a la familia”, detalla.

Según denuncian los afectados, la información sobre el negocio que Carrefour tiene la obligación de proporcionar a cada nuevo franquiciado antes de firmar el contrato incluía cifras irreales: nunca llegaron a cumplirse las previsiones ni de ventas ni de beneficios. Por tanto, aducen en sus demandas, el consentimiento del franquiciado está “viciado”. Y recalcan que fue un engaño “intencionado”, permitido por una legislación que no les protege.

Un portavoz de Carrefour ha asegurado a infoLibre que la empresa “no tiene constancia de ninguna denuncia, y menos aún de esos acuerdos extrajudiciales”.

En los últimos cuatro años, Carrefour Express, la enseña de supermercados de proximidad del grupo francés, ha abierto 238 nuevas franquicias y cerrado 98, el 41%, según las cifras facilitadas por Themis Abogados. El grupo precisa que en estos momentos tiene abiertos un total de 550 supermercados Carrefour Express.

Cánones de 15.000 euros y sin control de pedidos

Las denuncias de los franquiciados de Carrefour Express repiten las hechas públicas por los de otras cadenas como DIA. En su caso, también afronta demandas en Portugal, Argentina, Brasil y Francia. En España es un juzgado de Vic (Barcelona) el que lleva los casos de decenas de afectados. Aseguran que la cuenta de explotación que les enseñan los responsables de DIA es falsa. También que les prometen unos márgenes que nunca llegan a alcanzarse. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata.

Para abrir un Carrefour Express, un franquiciado debe hacer una inversión cuantiosa, medio millón de euros. Aunque no paga canon de entrada sí que tiene que hacer frente más tarde a un conjunto de cánones diversos, que pueden suponer hasta 15.000 euros mensuales: un canon logístico –un porcentaje de la facturación, que puede suponer unos 8.000 euros–, un canon informático –por el software– y un canon de enseña –otro tanto por ciento–. E igual que ocurre en DIA, explican los franquiciados de Carrefour con los que ha hablado este periódico, carecen de control alguno sobre los pedidos. “Te facturan por cosas que no pides”, se quejan.

También franquiciados de Yves Rocher, Foster's Hollywood o YoigoYoigo, los helados Llao Llao, y Mail Boxes Mail Boxes–envíos de paquetería– o Restalia  –100 montaditos, La Sureña, The Good Burger– han acudido a los tribunales para denunciar las prácticas abusivas de sus franquiciadores, tras constituirse en asociaciones y plataformas.

No hay ley de franquicias

La proliferación de denuncias extiende la sospecha sobre un modelo de negocio que reduce al mínimo el riesgo para el franquiciador y lo carga sobre un tercero. Más aún, cuando la crisis y las campañas gubernamentales a favor del emprendimiento han empujado a muchos a autoemplearse a falta de otras expectativas laborales.  En España el contrato de franquicia carece de regulación legal. No existe una norma específica. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista únicamente le dedica un artículo, que se ha desarrollado en tres decretos-ley posteriores, uno de ellos para crear el Registro de Franquiciadores en 1998. En teoría, todas las empresas están obligadas a enviarle información de los locales que abren y cierran, pero los datos públicos se limitan al número de los establecimientos propios y franquiciados. Y no siempre están actualizados. El registro, dependiente del Ministerio de Economía, tampoco vigila o sanciona a la empresa que no manda información o que envía datos falsos, una competencia que el registro delega en las comunidades autónomas.

Por su parte, los franquiciadores se defienden asegurando que los pleitos judiciales son mínimos, que su modelo de negocio es transparente y rentable, y que los malos resultados son producto de la falta de implicación del franquiciado o de su falta de pericia empresarial.

Sin embargo, la firma JP Morgan vino a dar la razón a los descontentos, en concreto a los de DIA, en un informe para inversores. Según su análisis, el modelo de negocio de la cadena de supermercados, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que DIA consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.

En España funcionan 1.114 franquicias, que facturaron en 2016 casi 20.000 millones de euros. Según el informe anual sobre el sector que elabora Tormo Franquicias Consulting, emplean a 340.000 trabajadores.

Una denuncia de los franquiciados de las clínicas Vitaldent ha terminado con la cúpula de la empresa en los calabozos. Acusan a la empresa de Ernesto Colman de obligarles a pagar en metálico para engañar a Hacienda. Pero no han sido los primeros que se han levantado contra su franquiciador, en teoría su socio. Las quejas de autónomos y pequeños empresarios, embarcados en el negocio de explotar la marca de otro, se suceden según las franquicias van extendiendo su red. También se han intensificado en los últimos años de crisis, cuando más ha encogido el consumo y más personas han creído ver en el autoempleo una escapatoria al paro.

La última y más numerosa está a las puertas de la Audiencia Nacional y la acometen más de un centenar de franquiciados de los supermercados DIA. Aunque en los juzgados también se encuentran o se han encontrado otras enseñas tan familiares para el consumidor como Yves Rocher, Foster's Hollywood Yves Rochero YoigoYoigo. En otras como Llao Llao, Mail Boxes Mail Boxes–envíos de paquetería– o Restalia  –100 montaditos, La Sureña, The Good Burger– sus franquiciados han empezado a constituirse en asociaciones y plataformas para luchar por sus derechos y combatir lo que consideran prácticas abusivas de las marcas.

Independientemente de la enseña, e incluso del sector, las denuncias de los franquiciados son casi calcadas. La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha expulsado a Vitaldent de forma cautelar por vulnerar el código deontológico de las franquicias, que obliga a “una gestión saneada y transparente”. Pero lo cierto es que las prácticas reveladas por los franquiciados despiertan sospechas sobre un modelo de negocio que reduce al mínimo el riesgo para el franquiciador y lo carga sobre un tercero. Es la fórmula perfecta si lo que se busca es una expansión rápida de la marca. Grupo Zena  –Burger King, La Vaca Argentina, Domino's Pizza, Cañas y Tapas– cuenta con 490 establecimientos; Restalia reparte 500 restaurantes en nueve país; Llao Llao nació en 2009 y dice estar presente en 28 países. En noviembre anunciaba la apertura de 70 tiendas de helados en Japón este año.

Plan de negocio ficticio, imposición de proveedores

En las demandas judiciales contra DIA, Yves Rocher o Foster's Hollywood, por ejemplo, los denunciantes aseguran que el plan de negocio que el franquiciador está obligado a proporcionar al franquiciado es ficticio. Una simulación, a veces un documento tipo, el mismo para todas las tiendas, que contiene previsiones de clientes y de beneficio irreales. En DIA prometen unos márgenes del 13% que jamás se alcanzan, aseguran los afectados.

En el caso de un restaurante de Foster's Hollywood en Ávila, el plan de negocio preveía 36.000 comensales al año, en una ciudad que no supera los 55.000 habitantes. Tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia Provincial de Ávila consideraron abusivas las condiciones del contrato de Foster's Hollywood con sus franquiciados abulenses, que habían dejado de pagar el canon al que estaban obligados por falta de ingresos. La cadena de hamburgueserías es una más de las enseñas propiedad del Grupo Zena, que en 2014 pasó de las manos del fondo de capital riesgo CVC a los de Alia Capital Partners y el líder latinoamericano de la restauración Alsea.

Ese mismo año la Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia (CNMC) le abrió expediente por imponer a sus franquiciados todos los proveedores de productos y servicios, además de fijar los precios que éstos debían ofrecer al público. Ambas prácticas infringen la competencia. La CNMC aún no ha resuelto el expediente, abierto por una denuncia del Servicio de Defensa de la Competencia de Castilla y León.

No existe una ley de franquicias

El caso es que el control es escaso. De hecho, en España el contrato de franquicia carece de regulación legal. No existe una norma específica. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista únicamente le dedica un artículo, que se ha desarrollado en tres decretos-ley posteriores, uno de ellos para crear el Registro de Franquiciadores en 1998. En teoría, todas las empresas están obligadas a enviarle información de los locales que abren y cierran, pero los datos públicos se limitan al número de los establecimientos propios y franquiciados. Y no siempre están actualizados. El registro, dependiente del Ministerio de Economía, tampoco vigila o sanciona a la empresa que no manda información o que envía datos falsos, una competencia que el registro delega en las comunidades autónomas.

En DIA e Ives Rocher los franquiciados aseguran que no tienen ningún control sobre los pedidos que adquieren. El sistema informático lo administra la marca, no ellos. Los pedidos se cobran siempre, con independencia de si la tienda vende la mercancía y el franquiciado no puede modularlos en función de sus necesidades. Así pues, el franquiciado, no el consumidor, se convierte en el cliente de la marca, protestan. En ambas empresas, pero también en las marcas del grupo Restalia, la obligación de proporcionar ofertas al consumidor final o precios muy bajos termina por minar los ingresos del franquiciado. “Nos obligan a vender a pérdida”, resumen. Otra práctica prohibida por la ley.

“Algunos no quieren trabajar”

Abrir una clínica de Vitaldent exige una inversión cuantiosa, 280.000 euros. Para estrenarse con 100 Montaditos hacen falta 150.000 euros y pagar un canon de entrada de 30.000 euros más. En Mail Boxes es necesario poner sobre la mesa 55.000 euros. DIA pide un canon de entrada de 12.000 euros, así como un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Pero la mayoría de las franquicias son mucho más modestas: la inversión media es de 68.900 euros, según el informe La franquicia en cifras 2015, elaborado por Mundofranquicia Consulting. Muchos de los denunciantes son despedidos de sectores ajenos al mundo del comercio o de la empresa en general, que han capitalizado su prestación de desempleo, invertido sus ahorros, hipotecado su casa para “emprender”. Y lo han pagado con la ruina, se lamentan.

En general, más del 50% de los emprendedores no consigue superar los dos primeros años de actividad. Es más, según las organizaciones de autónomos, el mayor índice de “mortandad” se produce en el primer año.

Los franquiciadores se defienden asegurando que las “disconformidades”, y por tanto los pleitos judiciales, son mínimos, que su modelo de negocio es transparente y rentable, y que los malos resultados son producto de la falta de implicación del franquiciado o de su falta de pericia empresarial. Hace sólo unos días, el propietario de las tabernas Lizarrán se ponía “a disposición de sus franquiciados”, tras el cierre de todos sus locales en Galicia y de cinco de ellos sólo en Madrid, según publicó economíadigital.es. “Algunos no quieren trabajar suficientemente, otros tenían una pésima ubicación, aunque algo de culpa tendrá la empresa por no haber sabido seleccionar adecuadamente a los franquiciados”, explicaba.

“El franquiciado apenas tiene beneficios”

Sin embargo, la firma JP Morgan vino a dar la razón a los descontentos, en concreto a los de DIA, en un informe para inversores que publicó el pasado mes de febrero. Según su análisis, el modelo de negocio de la cadena de supermercados, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que DIA consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.

“El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe. No gana dinero pese a que “gestiona ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita como ejemplo los costes de personal, de residuos y por robos. Por ejemplo, al tratarse de autónomos o emprendedores, los franquiciados “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas de JP Morgan, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”. El 60% de las 7.583 tiendas de la cadena son franquicias.

En España funcionan 1.114 franquicias, que facturaron en 2015 un total de 18.667 millones de euros. Según el informe anual sobre el sector que elabora Tormo Franquicias Consulting, emplean a 341.966 trabajadores.

Cientos de franquiciados de DIA llevan años intentando que los jueces atiendan sus reclamaciones contra la cadena de supermercados, a la que acusan de haberles estafado y arruinado. No sólo en España, donde están a la espera de que la Audiencia Nacional decida si se hace cargo de sus demandas, sino también en Portugal, Argentina y Brasil. Aunque muy lejos de los intereses de los franquiciados, la firma de inversión JP Morgan les dio la razón en casi todas sus quejas en un informe que publicó el pasado mes de febrero sobre la firma de distribución. Según su análisis, el modelo de negocio de DIA, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas en superficie comparable menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que la cadena consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.

El informe hizo caer la acción de DIA en Bolsa cuando se publicó: JP Morgan alertaba sobre la caída de ventas de la cadena. En los nueve primeros meses de este año, la facturación en España ha descendido un 2,6%, un 6,1% en Portugal y un 0,4% en Brasil. Pero su análisis sobre el comportamiento de la empresa con sus franquiciados pasó inadvertido en el parqué. Pese a que describe una operativa que, además de ser peligrosa para la propia cadena –ésa es la tesis del documento–, ha arruinado a decenas de familias en España.

Los analistas del banco de inversión aseguran que el margen de Ebitda de DIA –un parámetro que mide la rentabilidad del negocio– es el más alto de su sector en Europa. Alcanzó en 2014 un 12,9%. Al tiempo, tiene la peor evolución en ventas en superficie comparable –tiendas que llevan abiertas un año–, con un descenso de casi el 7% en los últimos seis meses de 2014. Empresas similares como Booker en Reino Unido o Eurocash en Polonia no llegan al 5% de margen en sus franquicias. En estas dos cadenas, además, los franquiciados consiguen un margen mayor que el franquiciador con sus tiendas propias. Es lo que JP Morgan considera un modelo normal. “Creemos que un negocio de franquicias sostenible es aquél donde los franquiciados ganan dinero”, resume.

Sin embargo, no es eso lo que ocurre en DIA. “El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe, “históricamente han operado con una media de casi el 1% de margen de Ebit que puede desaparecer fácilmente después de dos años de ventas en superficie comparable negativas”. No ganan dinero pese a que “gestionan ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita los costes de personal, de residuos y por robos. En el primer caso, al tratarse de autónomos o emprendedores, “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”. Y la suma de ambos factores –menores costes, ningún beneficio– se traduce en esos márgenes tan altos.

Aquí JP Morgan coincide con el relato que hacen los franquiciados que se han querellado por estafa contra DIA. Aseguran que llegaron a duplicar la facturación del supermercado respecto a las ventas de la tienda cuando era gestionada directamente por la cadena, pero nunca llegaron a ver los 6.000 euros de beneficio que les prometieron. “Por el contrario, cuanto más vendes, más pierdes”.

Si la tienda no vende, el problema es del franquiciado

De hecho, JP Morgan acude a las cifras facilitadas por la propia cadena de supermercados para confirmar su análisis: las ventas en superficie comparable de las franquicias superan en 200 puntos básicos a las que generan sus tiendas propias. A su juicio, se trata de un “comportamiento muy negativo”. El informe tacha de “contrario al sentido común” que, cada vez que DIA abra una tienda, el margen de EBITDA crezca; es decir, que un negocio menos intensivo en capital –la franquicia– produzca mayores márgenes. “El margen bruto de DIA creció en España 60 puntos básicos en 2013, a pesar del constante aumento en el número de sus franquicias”, apuntan los analistas. Por el contrario, calculan que el crecimiento de las tiendas asociadas debería haber reducido el margen bruto en casi 40 puntos cada año.

JP Morgan atribuye el fenómeno a los menores costes y mínimos beneficios de las tiendas franquiciadas, por un lado, y a una premeditada y muy complicada estrategia de precios “ampliamente basada en promociones y vales descuento”, por otro. El único objetivo de esta política es, precisamente, maximizar los márgenes brutos.

Los franquiciados culpan precisamente al cúmulo de cupones descuento, ofertas del tipo “pague dos, llévese tres” y superprecios de que terminen vendiendo a pérdida. Denuncian que los franquiciados, con sus pedidos, se convierten en los verdaderos clientes de DIA, en lugar de los consumidores que compran en los supermercados.

Los analistas de JP Morgan lo confirman cuando comparan la estrategia de DIA con la de una cadena francesa, Leader Price, y advierten de que la española lleva camino de repetir sus mismos errores. Leader Price encadenó ocho años de ventas negativas; DIA lleva dos. Ambas empresas, explica el informe, obtienen su margen bruto de las ventas a sus franquiciados. Y consideran que “el desapalancamiento operativo de la caída de ventas no es problema suyo, sino de otro, del franquiciado”. Su estrategia se centra únicamente en “abrir cuantas más tiendas mejor”.

Pérdida de competitividad

Para JP Morgan, se trata de una operativa equivocada que ha conducido a la pérdida de competitividad de DIA. El documento reproduce un estudio de la OCU que analizó los precios de una cesta básica y una cesta económica en los principales supermercados españoles. DIA es un 22% más caro que Alcampo, un 9% más caro que Lidl, un 5% más caro que Mercadona y un 2% más caro que los hipermercados Carrefour en la cesta económica, que excluye los productos frescos y recoge los 79 artículos más baratos. Otro tanto ocurre con la cesta básica, con 146 productos incluidos frescos. Sólo Eroski, Carrefour Market y El Árbol –adquiridos por DIA– la superan en precios.

El resultado es parecido si se mide la densidad de ventas. La de DIA es de 3.300 euros por metro cuadrado, muy por debajo de los 5.000 euros de Lidl y de los 9.500 euros de Mercadona. A juicio de los analistas de JP Morgan, la cadena que preside Ana María Llopis debería reducir márgenes y centrarse en aumentar las ventas bajando los precios.

DIA es uno de los mayores franquiciadores del mundo en su sector. Cuenta con una red de 7.583 tiendas repartidas por cinco países: España, Portugal, Brasil, Argentina y China. Se retiró de Grecia, Turquía y Francia. De ellas, 5.880 llevan la marca DIA –también posee otras enseñas, como La Plaza, DIA Maxi, DIA Fresh, Clarel o Minipreço en Portugal. El 60% son franquicias. La cadena reduce a “disconformidades puntuales” las quejas de los franquiciados y subraya que sufre un nivel de litigiosidad bajísimo”.

A Ricardo Currás, consejero delegado de la cadena de supermercados DIA, le gusta repetir que los franquiciados son “los mejores embajadores” de su marca. En la publicidad que dirige a quienes oferta sus tiendas cita los cinco valores de la empresa: “Eficacia, iniciativa, respeto, equipo y cliente”. Hay cientos de franquiciados en todo el mundo, sin embargo, cuya experiencia con la cadena de supermercados no puede estar más alejada de la eficacia y el respeto. Una treintena de ellos han presentado en España querellas por estafa y falsedad documental, algunos también por apropiación indebida, coacciones y amenazas e incluso delito informático. Son antiguos asociados de Barcelona, Girona, Vizcaya, Villarreal (Castellón), Madrid, Logroño… A los que se añaden otros 164 en Argentina, donde han denunciado a DIA ante el Juzgado Nacional en lo Criminal número 32 de Buenos Aires por una “maniobra defraudatoria a gran escala”.

También en Portugal, Brasil y Francia antiguos asociados de la cadena han recurrido a los tribunales por lo que consideran “cláusulas abusivas” y por obligarles a vender a pérdida, entre otras prácticas ilegales. La cadena, uno de los mayores franquiciadores del mundo, cuenta con 7.583 tiendas, 876 más que hace un año tras adquirir 570 al Grupo Eroski y El Árbol. De ellas, 5.880 llevan la marca DIA. Casi el 60% son franquicias. En los últimos 12 meses, destaca el último informe trimestre remitido por la multinacional a la CNMV, el número de tiendas con este formato ha crecido un 16%: 568 más desde septiembre de 2014.

“Entre tantas tiendas puede haber alguna disconformidad puntual, pero el nivel de litigiosidad es bajísimo”, responde un portavoz de DIA. Según explica, la cadena respeta “la legalidad vigente”, su “transparencia” es total como empresa que cotiza en Bolsa y pertenece al Íbex 35 y siempre ha colaborado con las autoridades cuando se le ha requerido información sobre sus prácticas de franquicia. Las denuncias contra DIA han llegado tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como a la Comisión Europea. Bruselas remitió a los afectados españoles y portugueses a sus respectivas autoridades de competencia, y éstas, a su vez, a los juzgados de lo Mercantil.

Cuentas de explotación falsas

Las prácticas que denuncian los franquiciados en los cinco países donde opera –los ya citados más China– son idénticas. En España DIA propone a sus propios empleados hacerse cargo como franquiciados de un supermercado que la cadena hasta ese momento ha explotado directamente. “Vamos a cerrarlo, te despedimos y con la indemnización nos pagas el canon o el alquiler del local”, suele ser la oferta según relatan los perjudicados. Aunque entre los denunciantes también hay trabajadores despedidos de cualquiera de los sectores perjudicados por la crisis que han capitalizado la prestación por desempleo para abrir su propio negocio. O muchos particulares que han invertido sus ahorros e hipotecados sus casas para convertirse en “emprendedores” abriendo una franquicia.

En las querellas a las que ha tenido acceso infoLibre, los denunciantes aseguran que, para empezar, la cuenta de explotación que les enseñan los responsables de DIA es falsa. Forma parte de la información precontractual que el franquiciador está obligado por ley a entregar a sus futuros asociados y, según la ley, debería estar basada en datos reales. Además, les promete un margen del 13% que nunca llega a alcanzarse. El contrato que se les facilita es un “contrato tipo, sin cantidades ni fechas”, un documento cerrado cuyos términos no pueden negociar y que a algunos les apremiaron a firmar “en un bar o en una cafetería”. Para asesorarles, hubo a quien le impusieron una determinada gestoría, denuncian.

A fin de hacerse con la tienda, los que DIA llama “operadores locales” deben abonar un canon de entrada de 12.000 euros y suscribir un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Una inversión cuantiosa, por tanto. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata. “En el primer llenado de la tienda, que coincide con tu día de apertura, los camiones llegan y descargan la mercancía, y no te dejan comprobar el pedido”, explican los denunciantes. Más adelante, cuando el supermercado cierra por culpa de las pérdidas, los franquiciados descubren que el inventario no se corresponde con la realidad y que siempre deben dinero a DIA, decenas de miles de euros, por mercancía que no sabían que tenían.

Los problemas de gestión comienzan pronto. DIA fija los precios, lo que es ilegal. Los numerosos cupones descuento acumulables que la cadena distribuye a sus clientes, las ofertas “pague dos, llévese tres”, los “superprecios”… obligan a los franquiciados a vender a pérdida. Ellos adquieren a la empresa la mercancía a un precio determinado, pero la tienda termina vendiéndola al cliente que acude con sus múltiples cupones a un precio muy inferior. E, incumpliendo su propio manual de franquicias, la cadena no les reembolsa los descuentos a los asociados, que deben asumir la pérdida. Las campañas de Navidad, por ejemplo, se convierten en una pesadilla: panetones y roscones de reyes servidos en una cantidad que no les han dejado controlar terminan a precios de saldo en las estanterías en apenas unos días.

Duplican las ventas pero no hay beneficios

Los franquiciados con que ha hablado este periódico explican que llegaron a duplicar la facturación del supermercado respecto a las ventas de la tienda cuando era gestionada directamente por la cadena. Pero los 6.000 euros mensuales de beneficio que les prometió DIA no aparecían por ninguna parte. “Por el contrario, cuanto más vendes, más pierdes”, resumen.

Según las querellas, los inspectores de DIA conminan entonces a los franquiciados, alarmados por la falta de resultados, a invertir más dinero para seguir haciendo pedidos. Y no dudan en instarles a solicitar nuevos créditos, a no pagar a los empleados o incluso a despedirlos. “Los clientes de las tiendas asociadas de DIA no son los consumidores, sino los franquiciados”, denuncian, “los financiamos nosotros”. En apenas uno o dos años terminan arruinados, la cadena les ejecuta los avales y les reclama miles de euros por unas mercancías que, a veces, ni siquiera han estado en sus tiendas.

Pero el supermercado no cierra. Le sucede otro franquiciado o DIA lo recupera como tienda propia.

El portavoz de la cadena no ha querido contestar en detalle a este catálogo de prácticas, que no es exhaustivo. Según los querellantes, DIA impone condiciones distintas a sus tiendas propias y a las franquiciadas. A éstas les sirve productos a punto de caducar o deteriorados, por ejemplo. Si un franquiciado protesta por la situación, se le reduce el margen sin que él lo sepa. En los albaranes de la mercancía se les incluye el pago de la luz, una tarifa plana que el asociado abona aunque la factura está a nombre de la empresa. Al menos en un caso, el franquiciado pagaba el alquiler del local cada mes, por importe de un 0,5% de las ventas, con una parte de su indemnización por despido como encargado de una tienda propia de DIA. Ahora Hacienda le reclama el IRPF por una cantidad que, en realidad, jamás cobró.

Del autoempleo a la ruina

La franquicia es un sistema de venta inventado en Estados Unidos y que explotó en España a partir de los años 90. Mediante un contrato mercantil, una empresa, el franquiciador, cede a otra o a un autónomo el derecho a explotar su modelo de negocio, utilizando su marca bajo una serie de condiciones y a cambio de una contraprestación económica. Es un buen sistema para que las empresas crezcan de forma rápida minimizando riesgos y costes. En teoría, si el franquiciado gana, el franquiciador también. Si no es así, se produce un abuso.

La crisis económica y el aumento del paro han empujado a muchos al autoempleo. Incluso el Gobierno ha puesto mucho empeño y recursos en fomentar el “emprendimiento” como fórmula para escapar al paro. Y las franquicias aparecen como un modelo de negocio con menos riesgo, porque se apoya en marcas reconocidas y asentadas. No siempre ocurre de esa manera. Por ejemplo, las empresas franquician las tiendas menos rentables, nunca las que más venden. En muchos casos, terminan convirtiéndose en fórmulas para “comprar” un puesto de trabajo, donde el franquiciado ni siquiera se asigna un sueldo.

A las puertas de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional está a punto de decidir si acepta encargarse de la querella colectiva que 20 antiguos franquiciados repartidos por varias comunidades autónomas han presentado en un juzgado de Vic (Barcelona). Le piden a DIA una fianza por responsabilidad civil de cinco millones de euros. En Madrid, el abogado Marcos García Montes ha presentado otra querella por estafa y prepara al menos dos más. Está a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie para pedir que acumule todas las demandas presentadas en España. En ese momento se les unirán los casi 80 miembros de AsafrasAsafras, la asociación que agrupa a los franquiciados que se consideran estafados por la cadena.

Además, en Villarreal (Castellón) el juzgado instruye desde 2013 la querella por estafa de un despedido del sector del azulejo que capitalizó la indemnización cobrada del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tras cerrar su empresa para hacerse con un supermercado de DIA. Tuvo que cerrar en febrero de 2012. Su sucesor al frente de la tienda echó el candado la semana pasada.

En julio de 2014 García Montes ya interpuso otra querella colectiva, en representación de 28 franquiciados de toda España ante la misma Audiencia Nacional. El juez Javier Gómez Bermúdez la rechazó porque no consideró que 28 afectados fueran una “generalidad” de personas perjudicadas económicamente. Pero ni siquiera entró en el fondo del asunto.

Evasión fiscal y blanqueo en Argentina

Mientras, en Argentina, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten no sólo ha presentado una querella por estafa sino que, además, prepara una denuncia por evasión fiscal agravada y otra por encubrimiento y blanqueo de dinero ante la Unidad de Información Financiera, adelanta a infoLibre. Además, ha demandado a DIA ante los juzgados de lo Social porque, según la ley argentina, los franquiciados pueden ser considerados “trabajadores encubiertos”, los que en España se conocen como falsos autónomos.

En el país austral, la cadena española también se ha visto implicada en una operación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el equivalente a la Agencia Tributaria. Se la acusa de evadir impuestos por importe de 1.400 millones de pesos, 134,8 millones de euros.

En Portugal, Afeda, la asociación que agrupa a los franquiciados de DIA –allí bajo la marca Minipreço– cifra en cerca de 1.000 las quiebras que en los últimos años han provocado los abusos contractuales de la cadena. DIA posee cerca de 300 tiendas asociadas; por cada una de ellas han pasado en los últimos años dos o tres franquiciados, asegura el portavoz de Afeda, Paulo Jaloto. En Portugal los afectados empezaron en 2010 a presentar demandas civiles que aún siguen tramitándose. Antes de acabar este año, además, Afeda presentará una demanda colectiva en nombre de una decena de franquiciados. “Vamos a pedir hasta 600.000 euros de indemnización por tienda”, avanza Jaloto.

Las denuncias contra DIA han llegado ante las autoridades de competencia portuguesas, la Agencia Tributaria, la Procuradoria Geral de la República –el equivalnente a la Fiscalía española– e incluso la Agencia de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) por prácticas comerciales abusivas, enumera Paulo Jaloto.

Condenas por emplear a falsos autónomos en Brasil

En Brasil, los problemas de las franquicias se han discutido en la Asamblea legislativa del Estado de São Paulo. Allí también se acusa a DIA de fraude laboral en los mismos términos que en Argentina. Las demandas han terminado en un buen número de condenas, que declaran nulos los contratos de franquicias y reconocen el “vínculo laboral” entre los falsos autónomos y la cadena española. Según Jaloto, se les reconoció ese carácter en un total de 190 tiendas, lo que le supuso a la multinacional una multa de 20 millones de euros.

En 2009 DIA llegó a un acuerdo con la fiscalía por el que se comprometía a no suscribir contratos mercantiles en lugar de laborales para estas tiendas, y a liquidar en un plazo de ocho meses los que ya tenía firmados. También se comprometía a explotar los supermercados propios con personal contratado. Fue condenada a pagar una indemnización de 300.0000 reales, unos 72.500 euros.

Pero la multinacional ha incumplido el acuerdo con unos 200 trabajadores hasta 2014, según explica el diputado por São Paulo Carlos Gianazzi, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), en un escrito enviado el pasado febrero al Departamento Central de Investigación y Acción Penal y a la Procuradoria Geral de Portugal.

Finalmente, en Francia fueron una cincuentena de franquiciados los que acudieron a los tribunales en 2013, de ellos unos 20 de la región de París. DIA se desprendió de su negocio francés en diciembre de 2014 vendiendo a Carrefour los 800 supermercados que poseía en el país vecino.

Problemas con Hacienda

En cualquier caso, los litigios por sus franquicias no son los únicos que tiene abiertos la multinacional española. También en Francia, la Agencia Tributaria local le reclama 4,46 millones de euros por el redondeo del IVA entre 2006 y 2008. En Brasil, Hacienda le exige 77,65 millones de euros por “el reflejo de los movimientos de mercancías y su repercusión en inventarios”, según el informe anual que DIA presentó en la CNMV. Y debe otros 13,34 millones por impuestos correspondientes a los “ingresos por descuentos recibidos de proveedores”.

Tras ser inspeccionada, a la Hacienda española tuvo que abonarle en 2014 un total de 6,71 millones de euros por el impuesto de sociedades de 2008 a 2010. En 2013 pagó 21,4 millones más por la liquidación del mismo impuesto correspondiente al ejercicio de 2003.

Caída de ventas en España, un millón para Currás

En los primeros nueve meses del año DIA ganó 104 millones de euros, un 52,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, lastrada por el coste de la compra de los 570 supermercados de Eroski y El Árbol. Las ventas de sus tiendas DIA en España han caído un 2,6%. Aún más, un 6,1%, en Portugal. Y en Brasil, un 0,4%. Por el contrario, en Argentina han crecido un 46,9% y un 21,7% en China.

En 2014, el consejero delegado de la multinacional, Ricardo Currás, cobró en sueldos y retribución variable un total de 971.000 euros, un 3,6% más que el año anterior. Su presidenta no ejecutiva, Ana María Llopis, 149.000 euros, según el informe de remuneraciones remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los 10 miembros del consejo de administración se repartieron ese año 1,87 millones de euros. Y sus nueve altos ejecutivos, 4,98 millones de euros.

La compañía estadounidense de restauración McDonald's ha decidido elevar a 10 dólares la hora el salario mínimo de los trabajadores de los establecimientos que gestiona en Estados Unidos, así como conceder vacaciones pagadas a aquellos empleados que lleven más de un año en la compañía, según informa en un comunicado.

En concreto, a partir del 1 de julio, el salario más bajo que tendrá un empleado de los restaurantes no franquiciados de McDonald's, con categoría de hasta responsable de restaurante, se ajustarán hasta superar en un euro el sueldo mínimo marcado por las autoridades, en torno a nueve euros.

Además, a partir de esa fecha los empleados de la cadena de comida rápida tanto a jornada completa como parcial que lleven al menos un año trabajando en la empresa comenzará a recibir vacaciones pagadas.

Por ejemplo, un empleado que trabaje de media 20 horas semanales tendrá derecho a recibir aproximadamente 20 horas de vacaciones pagadas al año. Si el trabajador decide no disfrutar de estos días, la compañía le pagará las horas trabajadas.

En concreto, más de 90.000 empleados, que equivalen a aproximadamente el 10% de la plantilla de los restaurantes de McDonald's en todo el mundo, se beneficiarán de estas dos mejoras. La compañía recuerda que los más de 3.100 establecimientos franquiciados que tiene en el país toman sus propias decisiones sobre la remuneración de empleados.

Más ayudas a la educación

Por otro lado, McDonald's ha decidido ampliar su oferta educativa, que realiza a través del programa Archways to Opportunities, con ayudas para la matrícula universitaria y educación secundaria gratuita, medidas de las que podrán disfrutar los empleados tanto de sus establecimientos propios como de los franquiciados.

"Hemos estado trabajando en un amplio paquete de beneficios para nuestros trabajadores, la gente que lleva nuestra marca a la vida diaria de nuestros clientes en los restaurantes de Estados Unidos", subrayó el presidente y consejero delegado de McDonald's, Steve Easterbrook.

En este sentido, añadió que la empresa ha escuchado las propuestas de sus empleados y ha descubierto que, además de subidas salariales, descansos pagados y ayuda financiera para completar sus estudios supondrán un cambio real en sus carreras y sus vidas.

El gigante saudí, que compró la cadena Blanco –ahora SuiteBlanco– hace poco más de un año, encargó un estudio a la consultora Deloitte para medir las ventajas, básicamente fiscales, de trasladar el negocio al emirato árabe, donde no existen impuestos sobre la renta, ni sobre las ventas, el patrimonio y el capital. Tampoco se pagan aranceles comerciales. Según fuentes del comité de empresa, los responsables de la cadena les hablaron este jueves de “internacionalizar” la compañía, “integrando ciertos departamentos en la estructura del grupo”, que se reparte entre Reino Unido, Dubai y Arabia Saudí. De hecho, los departamentos de Comercio Internacional y de Expansión ya operan desde el emirato.

Arabia Saudí, con 42 tiendas, se ha convertido en el segundo mercado de Blanco después de España –donde tiene 119 locales–. Y sus planes de expansión incluyen Egipto, Jordania, Filipinas, Kazajistán. En EEUU planea abrir el próximo otoño siete nuevas tiendas.

Mientras, en España, la cadena ya ha empezado a franquiciar tiendas, un sistema que le permite minimizar riesgos, en Aranjuez (Madrid), Puigcerdá (Girona) y Almendralejo (Badajoz). Al tiempo, cerrará las de Alicante, Barcelona, Bilbao, Elche, Ibiza, Madrid, Valencia, San Sebastián, Santander y Santiago de Compostela. El objetivo es “maximizar eficiencias”, según consta en el comunicado que la empresa hizo público al terminar la reunión con los representantes sindicales.

Casi cuatro millones de pérdidas en sólo dos meses

En principio, la llegada de Alhokair en enero de 2014 supuso un respiro para la cadena textil, que se encontraba en concurso de acreedores. El acuerdo de compra, por importe de 40 millones de euros, incluía un compromiso de los saudíes para mantener la plantilla, después de que en agosto de 2013 un primer ERE pusiera en la calle a 771 trabajadores.

Sin embargo, Blanco ha cerrado el primer año de gestión saudí con unas pérdidas de casi 17 millones de euros. Sólo en enero y febrero de este año, los números rojos ascienden a 3,9 millones. Y las previsiones para este ejercicio que la empresa ha puesto sobre la mesa, contando con una hipótesis optimista de ventas y excluyendo el ERE, alcanzan los nueve millones de pérdidas.

Si el consumo repuntó el año pasado, Blanco no lo ha notado: las ventas de 2014 fueron inferiores a las de 2013, cuando la empresa se encontraba al borde de la quiebra. También han empeorado los márgenes de venta. Sólo la campaña publicitaria de noviembre, con la exnovia de Cristina Ronaldo, Irina Shayk, en los carteles, consiguió animar la facturación al acabar el año, explican fuentes del comité.

Cambio de condiciones laborales“El problema de la empresa es la dirección”

, argumentan los representantes sindicales. El fundador de la cadena textil, Bernardo Blanco, perdió el control sobre la compañía al venderla a los saudíes, pero siguió al frente de ella como director general. Y hacia él apuntan los trabajadores a la hora de exigir responsabilidades por los malos resultados. Bernardo Blanco ha puesto en venta las principales tiendas de la marca, que gestiona a través de Inversiones Blasol, en concurso de acreedores desde el pasado noviembre. Se trata de las situadas en la calle de Goya de Madrid, la calle de Ercilla de Bilbao, y la de Pelayo en Barcelona.

UGT y CCOO ya han anunciado su intención de movilizar a la plantilla contra los despidos, por los que la empresa ha ofrecido indemnizaciones de 20 días por año trabajado, el mínimo legal. A los que conserven su puesto de trabajo también les esperan sorpresas. A quienes queden en las oficinas, la cadena quiere cambiarles el horario. Y a los dependientes de las tiendas se les modificará el actual sistema de comisiones. Blanco ya intentó cambiarlo en 2013, pero la Audiencia Nacional falló a favor de los sindicatos y la obligó a mantener el sistema original.