El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este martes 2 de septiembre con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas,

El Govern de la Generalitat ha informado este lunes en un comunicado del encuentro, que tendrá lugar a las 16.30 horas. La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento de Illa como presidente, será a puerta cerrada.

En una entrevista simultánea en TV3 y Catalunya Ràdio con motivo del inicio del curso político, Illa ha asegurado este lunes que la reunión que mantendrá en Bruselas con Puigdemont ya "toca" para "enviar un mensaje" de que "el motor, en democracia, es el diálogo".

Puigdemont es el único expresidente de la Generalitat en activo con el que Illa no se ha reunido desde que accedió al cargo, después de que el año pasado lo hiciese con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès. El president justificó la ausencia del líder de Junts en esta ronda de reuniones en que no se reunió con él al estar todavía implicado en política activa, si bien este encuentro finalmente se producirá un año después y tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía el pasado mes de junio.

"Era el momento de hacer esto. La amnistía es constitucional, me hubiese gustado que esta reunión se produjese aquí, en el salón de la Virgen de Montserrat -en el Palau de la Generalitat-, y haberlo hecho hace bastantes meses. Lo haremos ahora, y de esta manera", ha aclarado Illa.

Salvador Illa ha reconocido que la iniciativa para reunirse con Puigdemont la ha tomado él mismo: "Voy con la idea de verme con él, como he hecho con el resto de presidentes de Cataluña, con todas las personas que han presidido la Generalitat".

Aun así, Illa no ha revelado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al corriente de este encuentro que se producirá mañana, ni tampoco ha dado pistas sobre qué temas abordarán en esta reunión. 

Por su paret, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este lunes que esta reunión "llega muy tarde" y ha recordado que su partido "la había dejado de pedir". "Esta es una reunión que habíamos dejado de pedir. Creemos que llega tarde. Pedimos explicaciones en el momento en que Illa se reunió con todos los expresidentes de la Generalitat y no quiso hacerlo (con Puigdemont) y no dio explicaciones solventes. Ha sido él quien ha pedido la reunión ahora. Por un gran respeto institucional a la presidencia de la Generalitat, la reunión se producirá", ha sostenido en declaraciones a RAC1.

El secretario general de JxCat se ha preguntado irónicamente si Illa ha pedido esta reunión a Puigdemont "después de venir de Lanzarote", en alusión al lugar en el que ha veraneado el presidente Sánchez. "Illa es un obediente sin criterio propio", ha asegurado Turull, que ha avanzado que mañana Puigdemont "escuchará" al president, pero no ha avanzado cuál será el contenido del encuentro.

Preguntado por una eventual reunión en Bruselas entre Sánchez y Puigdemont, Turull ha contestado que Junts "no pide una foto" y que cree que era "importante" en el momento de firmar el acuerdo entre JxCat y PSOE en 2023 para la investidura de Sánchez como presidente. 

La Sala de Apelación de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado en un auto la decisión del magistrado instructor de la causa por el proceso independentista, Pablo Llarena, de no aplicar la ley de amnistía al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont por el delito de malversación, ha informado EFE.

La resolución desestima los recursos de apelación contra el auto dictado por Llarena, que dispuso no aplicar la ley de amnistía a los investigados por el procés por delito de malversación de caudales públicos.

El auto del instructor fue recurrido por la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal, la acusación ejercida por Vox y las representaciones procesales de Carlos Puigdemont y el exconseller catalán Antoni Comín.

La Sala destaca que la decisión del instructor no contraviene la voluntad del legislador que introdujo en el trámite parlamentario una modificación en la ley y dispuso la inaplicación de la amnistía al delito de malversación cuando se hubiere actuado con un "propósito personal de carácter patrimonial", lo que obliga al tribunal a interpretar esa excepción.

Estima que el auto impugnado no contraviene la literalidad de la ley de amnistía porque el tenor literal de la misma "no dice, como argumentan los recurrentes, que solo puede entenderse como beneficio personal de carácter patrimonial el incremento tangible y directo del patrimonio del sujeto".

La Sala, refrendando el criterio del instructor, analiza el concepto normativo de "beneficio personal de carácter patrimonial" y considera que en él se ha de incluir tanto el incremento de los activos patrimoniales como el no detrimento del pasivo.

"Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos", explica.

En este caso para el tribunal, "los investigados se beneficiaron patrimonialmente en tanto que impulsaron personalmente el proyecto político ilegal y endosaron los gastos a la administración autonómica sin que esa iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público.

Señala que la decisión del instructor no es arbitraria ni extravagante pues "tiene sólido asidero en la interpretación de los términos literales de la norma conforme a criterios de normalidad lingüística, no es contraria a ningún valor o principio constitucional y no está en contradicción con la orientación material de la norma".

"Esta estableció una excepción singular para las personas investigadas por posibles delitos de malversación, cuyo concreto significado es el que se postula en la resolución impugnada, por más que no esté exento de dificultades", añade la Sala.

Y a juicio del tribunal la decisión del instructor "no lesiona el principio de legalidad porque lo que hace es precisar el contenido de la ley".

El Supremo considera improcedente plantear en relación con este delito una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y también descarta en este momento procesal plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que "el retorno (de la sede) de la fundación bancaria La Caixa y de Criteria demuestra que es el momento de apostar por Cataluña", y ha subrayado que "una Cataluña a pleno rendimiento es bueno para todos, para Cataluña y para España". Durante una intervención en la jornada Corresponsables, centrada en la responsabilidad social de las empresas y que se celebra este jueves en el Iese en Barcelona recogida por EFE, se ha referido así a la decisión de La Caixa y de su hólding de participadas de situar de nuevo su sede en Barcelona tras haberla ubicado en Palma desde 2017.

El president, que al igual que ayer ha celebrado este regreso, ha asegurado que el regreso de estas sedes sociales es "una buena noticia para Cataluña" y que la decisión de La Caixa y de Criteria demuestra asimismo que "la vía de los acuerdos y de la estabilidad son los mejores aliados para liderar modelos de prosperidad compartida".

Illa ha elogiado la actitud "socialmente responsable" que ha demostrado "siempre" La Caixa y ha recordado que esta entidad nació para dar respuesta a las preocupaciones sociales de los trabajadores. "Que nadie lo dude. Una Cataluña a pleno rendimiento es bueno para todos, para Cataluña y para España, ha sentenciado Illa.

Durante la jornada, el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha asegurado que el retorno de La Caixa supone una "gran satisfacción para todos" y una noticia "muy positiva", porque es un "referente mundial del sector financiero" y también en materia de responsabilidad social corporativa.

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha calificado este jueves de "muy buena noticia" el retorno a Cataluña de la sede de la Fundación La Caixa y de Criteria, y se ha mostrado convencido de que más empresas tomarán esta misma decisión "porque es la racional y lógica".

En sendas entrevistas en RAC1 y TV3, ha subrayado que la decisión tomada por la Fundación La Caixa es "estrictamente empresarial" y que obedece a "las perspectivas de crecimiento y de rentabilidad que tienen las empresas, de presente y a futuro". "No será la última. Esperamos que más empresas tomen esta decisión. Se puede esperar una vuelta progresiva de las empresas que se fueron porque responde a la vuelta a la normalidad y la estabilidad jurídica. Es un círculo virtuoso en el sentido contrario al que se dio en el 2017", ha dicho.

A su juicio, el hecho de que el paso dado por la Fundación La Caixa sea "una decisión natural" es lo que asegura "que vaya a seguir pasando". "Las empresas tienen la libertad de establecerse donde quieran y en este caso ponemos las condiciones para que sea atractivo para las empresas volver a Cataluña, y se está haciendo así bajo el mandato de Salvador Illa", ha insistido el ministro de Economía.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha mostrado convencido este jueves de que CaixaBank también acabará regresando a Cataluña y seguirá los pasos de Criteria y la Fundación La Caixa: "Lo más natural del mundo es que acabe volviendo", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Junqueras, que fue vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda en la legislatura que terminó con la declaración unilateral de independencia, ha asegurado que es compatible tener "estabilidad económica" y, al mismo tiempo, "tener la máxima ambición política del mundo".

En este sentido, ha responsabilizado al Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy de ser "quien más trabajó para que esta estabilidad no existiese" en otoño de 2017. Fueron días, ha dicho Junqueras, de "mucha presión política para conseguir que algunas empresas anunciasen un cambio en la sede social para que esto contribuyese a desestabilizar" la política catalana.

A juicio del presidente de ERC, ahora también hay "intereses políticos" por parte del PSOE y el PSC para atribuir el regreso a Cataluña de las sedes sociales a la "estabilidad".

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, y el de ERC, Oriol Junqueras, han iniciado este jueves una etapa de deshielo en sus relaciones, con una reunión en Waterloo (Bélgica) en la que han acordado impulsar "espacios de trabajo coordinado" sobre "objetivos compartidos". Así lo han anunciado en un comunicado conjunto al término del encuentro recogido por EFE, celebrado en la residencia belga del expresident y al que han asistido asimismo el secretario general de Junts, Jordi Turull, y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany.

"Este encuentro se enmarca en la necesaria e imprescindible relación entre dos partidos independentistas que, pese a las diferencias, tienen muchos objetivos compartidos", señala el comunicado.

Por ello, los máximos dirigentes de Junts y ERC "han acordado impulsar espacios de trabajo coordinado para debatir las cuestiones que afectan al futuro nacional y al progreso social de Cataluña en todos los ámbitos, e iniciar una nueva etapa de relación que contribuya a recuperar la fuerza y la iniciativa del movimiento independentista", añade el texto conjunto.

La reunión, que se ha prolongado por espacio de dos horas y media, ha sido la primera desde que Puigdemont y Junqueras recuperaron los cargos, en los últimos meses, al frente de sus respectivos partidos.

A su llegada, Junqueras ha dicho a la prensa que busca tener con Junts una relación "fluida, educada y lo más productiva posible en beneficio de Cataluña y del conjunto de la sociedad". "Estamos convencidos de que siempre es bueno tener las mejores relaciones posibles con todos los agentes sociales, económicos y políticos, y es evidente que Junts forma parte de este conjunto de agentes", ha añadido.

Al término de la reunión, ambos líderes independentistas se han marchado en un coche plateado con matrícula 1-O-2017 -una alusión a la fecha del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, ya que en Bélgica es posible personalizar las placas pagando un importe-, con Puigdemont al volante y Junqueras en el asiento de copiloto.

Puigdemont y Junqueras, cuya relación personal en los últimos años ha estado marcada por la tirantez, se vieron el pasado julio -cuando ni uno ni otro ostentaba la presidencia de sus respectivos partidos-, antes de que el socialista Salvador Illa fuese investido presidente de la Generalitat con los votos de ERC.

En el congreso que Junts celebró en octubre, Puigdemont recuperó el cargo de presidente del partido, después de haberlo abandonado en 2022, si bien desde entonces siguió ejerciendo su liderazgo desde Bélgica, sin necesidad de ostentar una responsabilidad orgánica. Junqueras, en cambio, dejó la presidencia de ERC en junio pasado, tras el último batacazo electoral de los republicanos, con intención de postularse nuevamente para el cargo en el proceso congresual del pasado otoño, del que salió victorioso al imponerse, en segunda vuelta, al candidato alternativo, Xavier Godàs.

Ya parecía extraño que tras siete años de fuga y pelea denodada para no entrar en prisión, fuera a entregarse voluntariamente el expresident Puigdemont sin ningún fin político concreto más allá de montar un cierto espectáculo el día de la investidura de un president no independentista. No negaré que entiendo humanamente su enésima huida de la justicia española, y no solamente porque el escenario de una prisión preventiva no es deseable para nadie ni por nadie sino también porque resulta verdaderamente intolerable en términos democráticos que determinados jueces del país hayan decidido violentar la voluntad popular expresada en la ley de amnistía.

Yo no sé, ni me atrevo a aventurar, si la penúltima fuga ha sido una maniobra limpia de escapismo, o bien ha contado con la connivencia por omisión de las fuerzas de seguridad y/o de sus responsables políticos, pero reconozco que esta última opción no me molestaría en absoluto por cuanto esa detención solo contribuiría a más ruido, más fuegos artificiales, y también por cuanto, como decimos los juristas, la causa de la causa es la causa del mal causado. Es decir que se persigue a un señor por un delito ya amnistiado pero no reconocido por determinada elite reaccionaria en este caso judicial.

La detención de Puigdemont, justo el día de la investidura, flaco favor haría a la constitución de un nuevo govern que llega con retraso para solucionar o, al menos, intentarlo, los no pocos problemas de la ciudadanía catalana, tanto tiempo entretenida mirando sombras chinescas que desaparecen al apretar el interruptor. Lo importante era celebrar el acto de máxima legitimidad democrática que es la reunión de un parlamento para elegir al órgano ejecutivo correspondiente.

En paralelo a los focos mediáticos, Illa, candidato a la investidura, hacia un discurso a su medida: respetuoso, pragmático, breve y sencillo, como un punto y aparte. Igual que otras veces en la historia, lo importante ha provocado menos reflexiones que lo superficial. El inicio de un nuevo tiempo en las relaciones interterritoriales en el conjunto del Estado, la pacificación de la sociedad catalana y la recuperación de los derechos civiles de todos aquellos que fueron a la vez protagonistas y víctimas del procés son de una relevancia tal que no podríamos haberlo imaginado hace apenas unos pocos años cuando asistimos a un conflicto que nos parecía insuperable.

Con respecto al futuro del soberanismo catalán al que representa Puigdemont como nadie (y así lo demostraron las urnas recientemente), no me cabe la menor duda de que se va a mantener como una minoría relevante en la sociedad catalana donde vive arraigado desde antiguo como un proyecto más romántico que práctico, más épico que programático, pero tan legítimo como cualquier otro, por cierto animado por el patriotismo casposo español. Las ideas y los sueños de cada cual deben ser respetados e irrenunciables, incluso los proyectos políticos democráticos y pacíficos que cada cual pueda sostener. Algunas posiciones publicas me recuerdan más a las viejas causas inquisitoriales que exigían rendición y humillación que a la mínima inteligencia política y respeto al diferente.

Dejemos a Puigdemont que siga su vida, a illa que gobierne y miremos hacia delante, reflexionado sobre un modelo territorial que debe ser pulido. Nuestra conformación estatal es  un modelo semifederal con enorme grado de independencia política, económica e institucional de los distintos territorios. Un sistema de conformación asimétrica en la medida en que conviven distintos grados de autonomía atendiendo a razones eminentemente históricas. A partir de ahí, los exabruptos, las performances, las exageraciones y el teatro no importan nada. Las declaraciones sobreactuadas de los políticos y las políticas de vacaciones desaparecerán con el estío y dejarán, ojalá esta vez sí, paso a un tiempo nuevo protagonizado por la política.

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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.

El presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente saliente, Pere Aragonès, han abordado el escenario socioeconómico de Cataluña para los próximos años, la situación de las finanzas de la Generalitat y el estado de las relaciones Generalitat-Estado.

Lo han hecho en la reunión de traspaso institucional de funciones, celebrada este viernes en el Palau de la Generalitat, según informan fuentes del Govern en un comunicado recogido por Europa Press.

Illa y Aragonès también han tratado temas como los principales retos en el ámbito de la seguridad que tendrá que afrontar Cataluña y las relaciones con la Unión Europea (UE).

En la reunión, que ha durado dos horas y ha sido a puerta cerrada, Aragonès ha recalcado la voluntad de dar continuidad a la defensa y el prestigio de la Presidencia de la Generalitat, por lo que ha querido hacer "un buen traspaso" para que el nuevo Govern pueda trabajar para la ciudadanía en las mejores condiciones desde el primer día.

Aragonès también ha insistido en que el gobierno republicano deja una Cataluña "mejor" que la que se encontró en 2021, porque tiene más herramientas, recursos, ámbitos de poder y de gestión, así como acuerdos políticos que avanzan en la soberanía de Catalunya, en sus palabras.

El juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha pedido a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio del Interior que informen sobre el operativo policial planificado para la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont y "sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial".

En dos providencias, recogidas por Europa Press, el magistrado del Tribunal Supremo pregunta al cuerpo policial y al Ministerio cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detección en frontera y detención, así como las órdenes posteriores que fueron cursadas para su detección en frontera y detención, después de su fuga.

Este mismo viernes, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado en declaraciones a Rac1 que éste se encuentra fuera de España y que hablará entre "hoy o mañana".

 El juez explica en sus resoluciones que ha "tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía estuvo presente ayer en Barcelona protagonizando un acto público en las inmediaciones del Parlament de Cataluña y que al finalizar el mismo logró eludir la orden de detención emitida contra él".

Es por eso que Llarena insta a los Mossos y a Interior a detallar "quiénes eran los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y los que se les encomendó su ejecución o despliegue operativo".

Hasta el momento dos mossos han sido detenidos por presuntamente ayudar a Puigdemont en su huida. El expresidente regresó a España, asistió a la concentración convocada por Junts y pronunció un discurso frente a sus simpatizantes. Después, se le perdió la pista.

La prensa internacional se ha hecho eco este jueves de la reaparición del expresidente catalán Carles Puigdemont después de que casi siete años huido de la justicia española y coincide en subrayar el fracaso que supone no haber procedido a su detención y el desafío al Estado que supone su vuelta, ha recogido Europa Press.

El medio alemán Bild utiliza en su titular el término "Putschdemont", un juego de palabras con el nombre del catalán y la palabra "Putsch", que significa "golpe de Estado" en alemán, y ha recordado que la ley de amnistía "está dividiendo a la nación".

A su juicio, el regreso del separatista es "un paso valiente" por el riesgo a ser detenido y su aparición sobre el escenario es vista como "enérgica", pero subraya el hecho de no haber sido detenido pese a la Operación Jaula, "una persecución a gran escala en la que toda Barcelona está acordonada".

También desde Alemania, uno de los países donde fue detenido Puigdemont en su huida de España, el semanario Der Spiegel incide en la detención del mosso acusado de ayudar en la huída de Puigdemont informando que "la policía solo detiene a sus propios compañeros durante la búsqueda", mientras denuncia que la Operación Jaula consiste en el levantamiento de "barricadas" en las arterias principales de Barcelona.

Por su parte, el periódico francés Le Monde escribe sobre el "dramático retorno" del líder separatista tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que define como un "fallido intento de secesión".

La televisión privada BFM TV califica la vuelta de Puigdemont a Barcelona como "regreso triunfal" y recuerda la obligación de las fuerzas del orden de "cumplir con la orden de detención pendiente" a pesar de la ley de amnistía.

También el periódico italiano Corriere della Sera coincide con Le Monde al calificar el 1-O como un "intento de secesión", pero incide en los comunicados de sindicatos policiales que hablan de la desaparición del expresidente catalán como "el Día de la Marmota" pues afirman que "el 1 de Octubre algunos mossos escoltaron al líder independentista en lugar de distanciarse de él".

La televisión italiana Rai News 24 define la Operación Jaula como un operativo organizado para "la sensacional captura de Carles Puigdemont". "La actuación policial ha provocado colas y retrasos en varios puntos de la red viaria" explica el medio italiano, que se centra en el operativo y la búsqueda de Puigdemont. Además incide en que el expresidente catalán "ya no puede contar con la inmunidad como eurodiputado".

La cadena británica BBC describe el regreso de Carles Puigdemont como "dramático". Informan sobre las reacciones de distintas figuras de la política española como Aleix Sarri e Ignacio Garriga y comenta que "la policía utilizó gas pimienta para dispersar a los partidarios de Puigdemont que se reunieron cerca del Parlamento". También habla del "desconcierto" de los medios españoles ante la huída del líder separatista después de su mítin.

The Guardian mantiene en portada el seguimiento de la fuga de Puigdemont y califica la búsqueda del líder separatista como una "caza", que finalmente no ha tenido éxito. Eso sí, el periódico no duda en contextualizar la situación dentro del panorama nacional español al advertir que "Pedro Sánchez depende del apoyo de los siete diputados de Junts, dejando al partido separatista con el poder de torpedear la legislatura".

Fuera de Europa, el periódico New York Times tilda el regreso de Puigdemont como un "desafío a la autoridad" y considera que es "un punto de inflexión" en la trayectoria política del expresidente catalán, al que denominan como protagonista de "uno de los asuntos políticos más espinosos de España".

El diario Washington Post coincide también en que la reaparición de Puigdemont es "un desafío al gobierno de España".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "responsable último" de lo sucedido con el expresidente catalán Carles Puigdemont, ha denunciado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha vigilado al líder de Junts porque el jefe del Ejecutivo "así lo ha querido" y que, por contra, se le ha puesto "una alfombra roja con las siglas del PSOE", ha informado Europa Press.

Así lo ha defendido mediante una declaración sin preguntas a la que ha dado lectura en la sede nacional del partido en la que también ha recriminado al Gobierno que guarde "silencio" después de que Puigdemont haya desaparecido tras pronunciar un discurso público a primera hora de este jueves en Barcelona.

"El Gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto", ha censurado Gamarra.

La dirigente conservadora ha destacado que el hecho de que el CNI no cumpla sus obligaciones es una "prueba" de hasta qué punto "los socialistas han desarmado al país". "El CNI no cumple su función y no controla ni vigila a Puigdemont porque Sánchez así lo ha querido", ha indicado.

Tras preguntarse si los "emisarios" del PSOE que fueron a Suiza lo hicieron para "disuadir" al expresidente o para "pactar los términos de su regreso con total complicidad política", Gamarra ha concluido que "la alfombra roja" con la que ha desembarcado en Barcelona "lleva las siglas del PSOE". "Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña", se ha lamentado a continuación.

La dirigente conservadora ha denunciado que Puigdemont ha regresado este jueves a España "en cumplimiento del trato" con el Gobierno. "Vuelve porque ahora en España, Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley", ha censurado Gamarra.

Al respecto, ha lamentado "otra humillación insoportable y otro espectáculo bochornoso" con el desfile Puigdemont por Barcelona, alertando de que esto puede suponer una pérdida en la confianza de las instituciones, aunque ha culpado a Sánchez de "una humillación consentida y alentada".

"El PP hace un llamamiento al cumplimiento de las resoluciones judiciales y al respeto a la ley y a los servidores públicos encargados de ejecutarlas. Damos también nuestro respaldo a la Justicia, para que actúe libre e independientemente y no se deje presionar por el Gobierno. Reclamamos también al Gobierno que ponga los medios y la voluntad para que los cuerpos y fuerzas de seguridad cumplan con su función", ha proclamado.

Gamarra ha continuado hablando de la investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, advirtiendo de que se trata de "la vuelta a la casilla de salida del procés" y cargando contra los pactos de los socialistas catalanes y de Sánchez.

Gamarra ha insistido en definir el regreso de Puigdemont como "espectáculo grotesco" y ha puesto en valor que si existe la posibildiad de detenerle es porque "sigue habiendo jueces en España" y porque la amnistía, "además de inconstitucional y contraria al ordenamiento europeo, es una chapuza tramposa".

Sobre la amnistía, la dirigente del PP ha recriminado a Salvador Illa que, durante su discurso en el debate de investidura de este jueves, intentara "señalar e instruir" a los jueces con la aplicación de esta medida de gracia.

La 'número dos' del PP también ha aprovechado esta declaración institucional en la sede nacional del partido para volver a cargar contra el pacto fiscal entre PSC y ERC que supondrá que Cataluña salga del régimen común de financiación y comience a recaudar el cien por cien de los impuestos.

"Sánchez mete la mano en todas las instituciones del Estado para favorecer a sus socios y ahora pretende meter la otra mano en el bolsillo de los españoles para favorecer a uno de los suyos", ha denunciado.

Por último, Gamarra ha alertado de que Sánchez está realizando "un intento de reformar en profundidad el Estado por la puerta de atrás, una mutación constitucional sobre la que no se ha consultado a los españoles y que se ha negociado a puerta cerrada entre Sánchez y sus socios".

El regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont marca un punto de inflexión en los casi siete años transcurridos desde que huyera de España el 30 de octubre de 2017, semanas después de la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Desde entonces, su defensa ha mantenido un pulso con el instructor del procés, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, como informa la agencia de noticias Europa Press.

Esta es la cronología judicial de estos casi 2.474 días de huida de la justicia española:

La imagen de este jueves —con permiso de Salvador Illa— ha sido la del expresident catalán Carles Puigdemont en Barcelona tras siete años en el extranjero. Apareció junto a la plana mayor de su partido y realizó un breve paseíllo, sin detenerse a saludar a los allí presentes y con evidente prisa por el dispositivo policial desplegado en los alrededores y que, finalmente, logró sortear. El acto fue convocado por su partido y ante 3.500 personas —según datos de la Guardia Urbana—congregadas a las puertas del Parlament, el líder de Junts apareció poco antes de las nueve de la mañana para realizar un breve discurso.

"He venido para recordarles que todavía estamos aquí porque no tenemos derecho a renunciar", fue el mensaje que lanzó al llegar al atril del escenario, situado frente al Arco del Triunfo de Barcelona. "Hace siete años que nos persiguen por querer escuchar la voz del pueblo de Cataluña, hace años que empezó una durísima represión", prosiguió el expresident, que precisamente tenía marcado el día en el calendario al ser la jornada elegida para celebrar la investidura del candidato socialista Salvador Illa, a la presidencia de la Generalitat.

En campaña electoral Puigdemont prometió que estaría presente en el pleno de la investidura —aunque no apareció por la sesión y, cuando fue su turno de votación los diputados de la bancada de Junts aplaudieron en señal de protesta— como reclamo para atraer al independentismo, pero no logró su objetivo de ser la primera fuerza.

Puigdemont buscaba ser el protagonista absoluto de la jornada y, en gran medida, lo fue. En su discurso criticó las decisiones del sistema de justicia español tras la aprobación de la ley de amnistía —pactada con el PSOE para investir al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, el pasado año— subrayando que a él todavía no se le ha aplicado la medida de gracia. "Un país en que la amnistía no amnistía, tiene un problema de normalidad democrática", subrayó, al tiempo que añadía: "No nos interesa estar en un país en el que las leyes de amnistían no amnistían. Han convertido en ser catalán en una cosa sospechosa".

Antes de finalizar su intervención, dejó un mensaje que resultó ser clave, ante los suyos: "No sé cuándo nos volveremos a ver", afirmó, ya que sobre él recae una orden de detención nacional emitida por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, después de que rechazara aplicarle la ley de amnistía al delito de malversación de caudales públicos que le atribuye. "Volveremos a decir las palabras con las que acabaré mi discurso: Visca Catalunya lliure".

Tras finalizar su intervención, Puigdemont bajó del escenario y desapareció rápidamente en un coche blanco, mientras la comitiva de Junts avanzaba hacia el Parlament. Un movimiento que pilló completamente desprevenida a la policía catalana, que inició una persecución aunque finalmente perdió al vehículo.

Los Mossos d'Esquadra habían organizado un operativo con la intención de detener a Puigdemont en cuanto hiciera el amago de entrar en el Parlament, pero no contemplaban la opción de que el expresident de la Generalitat huyera. Para ello contó, según fuentes policiales, con la complicidad dos agentes que fueron detenidos este jueves. Uno de ellos sería el titular del vehículo que los investigadores creen que utilizó para marcharse tras pronunciar un breve discurso en Barcelona. Tras comprobar que Puigdemont se les había escapado, la policía catalana activó el operativo jaula durante tres horas y media, para tratar de localizar ese vehículo.

En torno al mediodía decidieron suspender temporalmente la búsqueda ante las dificultades ocasionadas para el tráfico en Cataluña, ya que la policía catalana ha llevado a cabo controles en la ciudad condal y las principales autovías que le dan acceso, así como en las fronteras con Francia y Andorra, donde Policía Nacional y Guardia Civil han reforzado su presencia, durante toda la mañana. En una entrevista que ha concedido al Ara.cat el abogado Jordi Cabré, del equipo de defensa de Puigdemont, aseguró que el plan había salido según lo previsto porque el objetivo de Puigdemont no era “hacerse detener ni boicotear" la sesión de investidura.

Sin embargo, la estrategia de Junts sí parece destinada a que el pleno no se celebrara. Tras el parón para comer, reclamaron a la Mesa del Parlament que se suspendiera el pleno para investir a Illa hasta que no se "normalizara" la situación, aunque la portavoz Mònica Sales no aclaró por cuanto tiempo. La Mesa se reunió pero, con la mayoría de PSC, ERC y comunes decidió seguir. Una vez de nuevo en el hemiciclo, el portavoz de Junts, Albert Batet, volvió a demandar que se suspendiera esta vez alegando "una posible orden de detención" contra el secretario general del partido, Jordi Turull, que los Mossos negaron. La Mesa desdeñó de nuevo la propuesta.

Ningún dirigente de Junts reveló detalles sobre el paradero el expresident, pero la presidenta del partido, Laura Borràs, afirmó que "lo veremos pronto", mientras Batet indicaba que debería "ejercer sus derechos como diputado electo". Se desconocen cuáles son sus planes pero según apuntan algunas informaciones los Mossos ya han comunicado a Llarena que se ha fugado y no han podido localizarle.

El expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española tras el referéndum ilegal de 2017, ha anunciado este miércoles por la mañana en sus redes sociales que ha iniciado su regreso a Cataluña con intención de asistir al debate de investidura del socialusta Salvador Illa.

El líder de Junts, que estos años ha estado afincado en Waterloo (Bélgica), ya reiteró el sábado en una carta abierta publicada en redes sociales su intención de volver a Cataluña y asumió que su "detención" iba a ser "una posibilidad real en muy pocos días".

"El Parlament de Cataluña ha convocado a todos los diputados al debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Yo tengo que estar allí y quiero estar allí. Por eso he empezado el viaje de vuelta desde el exilio", ha subrayado en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

La Diputación Permanente del Parlament ha aprobado convocar el pleno de investidura de Illa para este jueves a las 10.00 horas con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de PP y Vox.

"Que yo pueda asistir al Parlament debería ser normal, que por hacerlo arriesgue una detención, que sería arbitraria e ilegal, es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas", ha recalcado.

Para Puigdemont, en "condiciones de normalidad democrática" debería ser innecesario que anunciara su intención de asistir al pleno, pero lamenta que él y el exconseller Lluís Puig, como diputados de Junts, no puedan hacerlo libremente.

"Primero porque llevamos encima una larga persecución por permitir que los catalanes votáramos en referéndum. Y segundo, porque el Tribunal Supremo se niega a obedecer una Ley de Amnistía aprobada y en vigor, y que es de obligada aplicación", ha añadido.

Esto, según Puigdemont, es un "desafío" que debe tener respuesta y afrontar, y es uno de los motivos por el que ha iniciado el camino de regreso a Cataluña, ha dicho. Es más, se ha mostrado convencido de que "no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política, un final que está contemplado en la letra y espíritu de la Ley de Amnistía".

"Si nos la creemos, y queremos que sea una ley que abarque a todo el mundo, no podemos callar ante la actitud de rebeldía, de rebelión, en que se han bunkerizado algunos jueces del Tribunal Supremo", ha sostenido.

También ha lamentado que esto "no parece que al Gobierno le preocupe mucho" y teme que al futuro Ejecutivo catalán, que previsiblemente encabezará el primer secretario del PSC, Salvador Illa, le resultará igual de indiferente, ha dicho textualmente.

"Pero hay muchos catalanes que queremos vivir en un sistema democrático pleno, que queremos gozar de lo mismo que tienen los países más democráticos del mundo, con una justicia imparcial, que no tenga agenda política, que no interfiera para impedir la voluntad popular que se expresa siempre a través de los parlamentos", ha zanjado.

El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, ha alertado de que si detienen al expresidente Carles Puigdemont —que ya ha confirmado que volverá para estar presente en el pleno de investidura de este jueves—, no puede "aceptar que el pleno se desarrolle con normalidad", por lo que, ha dicho, sería un planteamiento idóneo y adecuado aplazarlo.

En una entrevista en Vilaweb recogida por Europa Press, Rull ha señalado que hará "tanto como pueda" para impedir que un diputado pueda ser detenido en ejercicio de sus funciones, dado que la cámara del Parlament es, textualmente, democráticamente sagrada y no se puede limitar ningún derecho, en términos de privación de libertad, de ningún diputado, ha dicho.

Para ello, ha explicado hay argumentos jurídicos "sólidos", como el Estatut de Cataluña y dos protocolos aprobados y vigentes, entre otros.

El proceso de una actividad parlamentaria "no se puede interferir de ninguna de las maneras", por lo que ha afirmado que desde el momento que se convoca la investidura no se puede detener a nadie.

Al preguntarle sobre qué pasaría si las fuerzas policiales entrasen en el Parlament, ha detallado: "Si fuese así, miraría de situar al presidente Puigdemont en un lugar el máximo de seguro dentro del Parlament, que sería mi despacho. Lo tengo muy claro".

Rull ha explicado que un aplazamiento del pleno dependería de él, aunque tendría que "poder consolidar la decisión, pactarla, consensuarla con la mesa" y que hay antecedentes de plenos que se han aplazado por una situación absolutamente excepcional, como en enero de 2018, con la investidura de Puigdemont, ha dicho.

Al ser preguntado por si el aplazamiento sería indefinido, ha concretado que esto tendrá que determinarse con la mesa y con el conjunto de grupos parlamentarios: "Lo que no sería aceptable es que en una situación tan grave como la detención de un diputado no lo hiciésemos".

Sobre una posible suspensión de la sesión plenaria, ha señalado: "No quiero especular. Tendremos que ver en qué términos se produce (la posible detención de Puigdemont). Si es una detención y liberación, si es una detención con medida cautelar de prisión provisional..."

Según Rull, Puigemont, "tanto sí como no" votará la investidura, porque se aprobó una modificación del reglamento en la que hay la figura del voto delegado, ha afirmado.

Sobre si finalmente detienen a Puigdemont, ha dicho: "Es una constatación de que hay una parte del estado español que, en términos democráticos, es un estado fallido".

El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá ser detenido si regresa a España porque el juez que instruye el procés en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, mantiene activa la orden nacional de captura tras haberse negado a amnistiar la malversación. Ese mismo magistrado decidirá si ordena o no el ingreso en prisión de Puigdemont, que podría eludir la cárcel si presenta antes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pida suspender de forma cautelar dicha orden, ha informado Europa Press.

Fue el pasado sábado cuando Puigdemont reiteró a través de una carta abierta su deseo de volver para el pleno de investidura del Parlament —que se celebrará este jueves—, asegurando que su detención era "una posibilidad real en muy pocos días". Su letrado, Gonzalo Boye, aseguró a finales del pasado mes de julio que esa detención supondría el incumplimiento de la Ley de Amnistía.

Por el momento, tanto el regreso del que fuera presidente catalán como su estrategia ante los tribunales son una incógnita. Cabe recordar que Puigdemont todavía no ha presentado recurso alguno ante el TC contra el auto por el que el juez Pablo Llarena rechazó amnistiar la malversación y acordó mantener la orden nacional de detención.

El expresidente podría acudir al tribunal y solicitar como medida cautelar que se deje sin efecto dicha orden antes de abordar la negativa de Llarena a aplicar la amnistía, toda vez que aún no ha vencido el plazo para presentar recurso de amparo.

Si su defensa decide no actuar, Puigdemont podrá ser detenido una vez ponga un pie en España en virtud precisamente de esa orden, dictada en el marco de la causa del 'procés' por la que fueron condenados y posteriormente indultados la mayoría de dirigentes independentistas.

Una de las opciones de Puigdemont sería plantear un habeas corpus en caso de considerar esa detención ilegal. Una vez en poder de los agentes, el líder de Junts sería puesto a disposición judicial del juez Llarena, que le interrogaría y decidiría entonces si hay motivos para enviarle a prisión provisional. El riesgo de fuga es una de las causas para acordarla, y cabe recordar que Puigdemont ha estado huido durante casi siete años.

También juega en su contra la gravedad del delito por el que sigue procesado, la malversación, y que podría implicar una condena de hasta 12 años de cárcel. Con todo, para imponerle esa pena de prisión provisional alguna de las partes personadas debería pedírselo al magistrado. En esta causa Vox, entre otros, actúa como acusación popular y ya tiene anunciado que reclamará para el líder de Junts el ingreso inmediato en prisión.

Cabe destacar que el pasado 8 de julio Puigdemont presentó un recurso en el que pedía al juez Llarena que modificara su decisión de no amnistiar la malversación. El Ministerio Público ya se pronunció en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados. Al igual que hizo el expresidente, se amparó en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del procés, Ana Ferrer.

En este contexto, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por desobediencia y malversación. Aunque el Supremo rechazó amnistiar este último delito, aseguró que sí veía amnistiable la desobediencia, pero señaló que tenía dudas y planteó a las partes la posibilidad de consultar al Constitucional por este extremo.

La del procés no es la única causa judicial pendiente de Puigdemont. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha pedido al Tribunal Supremo —que todavía no se ha pronunciado— que investigue al expresidente por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo catalán.

Puigdemont también fue imputado el pasado mes de febrero por un presunto delito de terrorismo en el marco de la causa en la que se investigaba a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'. Sin embargo, el alto tribunal archivó la causa en julio después de que se declarase nulo todo lo actuado desde 2021 por un error de la Audiencia Nacional.

Jovent Republicà, las juventudes de ERC, han decidido avalar la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, con un "sí crítico", con lo que su diputada del Parlament, Mar Besses, votará 'sí' y le garantizará los 68 escaños (mayoría absoluta) para presidir la Generalitat, ha informado Europa Press.

Así lo han dicho en un comunicado tras la reunión del Consell Nacional de la juventudes, en que se ha debatido el sentido del voto de su diputada en la Cámara después de que la militancia de ERC ya avalara con un 53,5% el preacuerdo con el PSC.

La semana pasada, la secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, expresó su respeto por el debate interno de sus juventudes pese a mostrarse convencida de que se conseguiría un acuerdo.

Con el voto a favor de Besses, los 20 diputados de los republicanos se añadirán a los 42 del PSC y a los 6 de los Comuns, sumando los 68 escaños mínimos que se requieren en una investidura.

Este martes, el presidente del Parlament, Josep Rull, hará la ronda de consultas, y al primero que recibirá será al grupo socialista a las 9.30, seguido de ERC y Comuns —grupos que previsiblemente apoyarán a Illa—, y acabará con el resto de las formaciones de mayor a menor representación —Junts, PP, Vox, CUP y AC.

Estaba previsto que la ronda se hiciera el lunes, pero finalmente Rull pospuso el proceso un día por problemas de agenda de ERC.

Una vez garantizada la mayoría, Illa debe salvar otro escollo para su investidura: el que puede provocar una posible detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si regresa.

Esta posibilidad puede llevar al presidente del Parlament a tomar la decisión de suspender el pleno de investidura, y, aunque Rull no se ha pronunciado claramente cuando se le ha preguntado, sí ha asegurado que el único escenario que no contempla es la "pasividad".

Otra de las incógnitas, si detienen a Puigdemont, es la reacción que pueda tener ERC a la hora de mantener o no su compromiso de investir a Illa, y la reacción que tengan las organizaciones independentistas de la sociedad civil, entre las cuales ANC y Òmnium.

Hay margen para celebrar un debate de investidura hasta el 26 de agosto; en caso contrario, Cataluña debería repetir elecciones el 13 de octubre.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha rechazado amnistiar a los investigados del caso Volhov e inadmite las recusaciones presentadas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y por el jefe de su oficina Josep Lluís Alay, entre otros, para apartarlo de esta causa, en la que se investigan la presunta trama rusa del procés.

En uno de los cuatro autos consultados por Europa Press, el juez se niega a amnistiar los hechos objeto de investigación que dieron lugar a la pieza principal de Volhov, en que se incoaron diligencias por "la concesión presuntamente irregular de subvenciones públicas otorgadas por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona".

Aguirre sostiene que en la investigación han ido apareciendo indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, que "dieron lugar a la apertura de diferentes piezas separadas", entre ellas a la pieza separada número 2, bautizada como Volhov.

En esta segunda pieza separada, en la que se investiga, entre otros, al empresario y exdirigente de ERC, Xavier Vendrell, el juez asegura que se produjeron presuntos desvíos de dinero público mediante concesiones de subvenciones irregulares a entidades deportivas.

Las defensas, prosigue, no han demostrado "qué operaciones de malversación han realizado [los acusados] y han servido para financiar el procès, qué cantidades utilizaron, a quién las dieron o de quiénes las obtuvieron", por lo que a su juicio tampoco serían hechos amnistiables.

En 2020 Aguirre abrió otra pieza separada, CATmón-Igman, en la que se amplió la investigación sobre a subvenciones concedidas y tramitadas, presuntamente de forma irregular, también por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya a la Fundació CATmón y a la Asociació Acció Solidaria Igman.

En el transcurso de la instrucción de la pieza CATmón-Igman se evidencia, según el instructor, que "algunos de los investigados utilizaron el dinero recibido por la concesión de subvenciones, presuntamente irregulares, mediante su extracción en efectivo y sin que haya podido acreditarse el fin último de dichas retiradas de dinero", por lo que estas conductas tampoco quedarían amparada bajo la ley de amnistía.

En este caso, "no existe el menor asomo de que tengan relación con el fomento del independentismo catalán, con el proceso independentista", defiende Aguirre.

Por último, en junio de este año Aguirre abrió una nueva pieza por la presunta injerencia rusa, con la ley de amnistía ya en vigor, en la que señalaba a los expresidentes de la Generalitat Puigdemont y Artur Mas, entre otros, de delitos de alta traición y malversación

Sobre la solicitud del abogado de Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye, que interpuso un incidente de recusación contra el instructor alegando que Aguirre tiene "interés directo o indirecto en esta causa" y al que acusa, textualmente, de una absoluta falta de imparcialidad, el juez se opone a apartarse.

Boye pedía su recusación haciendo referencia a las manifestaciones recogidas en el auto del 21 de junio por la que pedía incoar una pieza separada de la injerencia rusa, pero también a una conversación que presuntamente Aguirre mantuvo en el ámbito privado y de la que se hicieron eco los medios de comunicación, así como por sus declaraciones en la televisión pública alemana y por las manifestaciones que hizo durante el interrogatorio a Vendrell.

El juez recuerda que ha denunciado ante la policía la divulgación de una conversación privada como una interceptación ilegal y una manipulación.

Además, señala que, el hecho de que se presentaran dos recusaciones en un breve lapso de tiempo (una por la pieza CATmón y otra por la injerencia rusa) revela "la utilización de un instrumento legal para apartar de un caso al juez predeterminado por la ley debido a que este juez está llevando a cabo una instrucción que no es del interés del recusante. Por lo tanto, existe un fraude de ley".

Aguirre rechaza apartarse argumentando que la recusación se fundamenta en unas presuntas declaraciones "realizadas en el ámbito privado, que han llegado a manos de un medio de comunicación por cauces desconocidos y presuntamente ilícitos".

Explica que esas declaraciones se hicieron públicas 6 meses después "de la fecha en la que se dice que se realizaron" coincidiendo con la desestimación de la primera recusación y justo después de haberse abierto la pieza Separada Injerencia Rusa.

El diputado de ERC Ruben Wagensberg, que huyó a Suiza por las consecuencias judiciales del procés, prevé volver a Cataluña antes del sábado junto a la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, después de que el TS haya archivado este martes el caso Tsunami contra él y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press y ha explicado que en las próximas horas hablará con Rovira para cerrar cuándo y cómo volver. "Lo tenemos que cerrar bien", ha remarcado, aunque ha reiterado la fecha del sábado o antes, ya que la secretaria general de ERC ha expresado su voluntad de asistir presencialmente a una reunión de mujeres del partido el sábado en Cataluña.

El diputado republicano, que lleva casi medio año en el extranjero, ha matizado que con su vuelta tiene una sensación "agridulce", porque hay otros políticos aún en el extranjero, como Puigdemont y el exconseller Lluís Puig.

También ha añadido que tiene varios trámites por cerrar antes de volver a Cataluña definitivamente, como dejar la casa donde vivía con su pareja, y que deben hacer un viaje con una furgoneta para recoger algunos muebles que habían comprado con la previsión de residir en el extranjero por más años.

"No sé si me siento con fuerza, pero me siento contento, me siento tranquilo y feliz", ha expresado Wagensberg, que hace meses admitió problemas de salud mental por la acusación de terrorismo que pesaba sobre él.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha instado este sábado a cerrar antes de que acabe el mes de julio un preacuerdo para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, sea con el PSC o con Junts, a quienes les ha pedido mover ficha y que cada uno exponga propuestas concretas sobre su "modelo de país", según ha informado Europa Press.

En una intervención telemática ante el Consell Nacional del partido, que ha reunido en la sede de los republicanos en Barcelona, Rovira ha avisado que ERC no quiere apurar hasta el límite máximo de las negociaciones para cerrar un pacto, el 25 de agosto, porque, dice, los acuerdos a última hora "no son buenos".

"A nosotros esta tendencia negociadora de llegar al último minuto, en el último minuto, para tener un mal acuerdo, no nos gusta", ha remarcado Rovira, y ha añadido ERC no quiere ir ni a última hora ni a último minuto porque Cataluña, remarca, no se lo merece.

Frente a dirigentes de la cúpula de la formación, Rovira ha explicado que ERC negocia tanto con PSC y como con Junts una posible investidura de la Generalitat, y que los republicanos han reforzado con más personas sus equipos negociadores para acelerar el proceso y llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

Con la prioridad puesta en una financiación singular para Cataluña, Rovira ha valorado que durante el mes de julio hay tiempo suficiente para lograr un preacuerdo sobre un concierto económico porque es un tema del que, a su juicio, se lleva hablando desde hace años: "No se ha dejado nunca, y ahora está en el centro de nuestra agenda política", ha dicho.

La secretaria general ha avisado que, si no se logra un preacuerdo para la investidura antes de que acabe julio, ERC dejará paso a que se exploren otras mayorías posibles en el Parlament, y ha citado un posible entendimiento entre el PSC y Junts, o que los socialistas reciban apoyos de PP y de Vox.

"ERC en ningún caso asumirá la responsabilidad de unas nuevas elecciones si el resto de los actores no se sientan en la mesa para el mismo nivel de propuestas y con el mismo nivel de compromiso y de voluntad política", ha añadido.

La legislatura catalana echó a andar este lunes con algunos de los ingredientes que han hecho ingobernable Cataluña en los últimos años. De un lado, y a pesar de estar en minoría en el Parlament, Junts, ERC y la CUP consiguieron hacerse con el control de la Mesa de la Cámara, una posición clave para controlar los debates que vendrán y, en particular, los ritmos que acompañarán cualquier intento de investidura. Del otro, la mesa de edad decidió, por mayoría, ignorar una prohibición expresa del Tribunal Constitucional y permitió votar por delegación al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exconsejero Lluís Puig, ambos diputados de Junts, huidos de la justicia desde 2017.

La unidad independentista obtuvo el fruto de la Presidencia de la Cámara —para el exconseller Josep Rull (Junts), uno de los políticos indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez— y el control de la Mesa (cuatro de sus siete puestos: habrá dos de Junts, dos de ERC y tres del PSC). En parte lo lograron gracias a la incapacidad de los socialistas a la hora de tejer acuerdos con otros grupos. En la segunda votación, cuando Rull competía con la aspirante socialista, Sílvia Paneque, para hacerse con la Presidencia, el candidato de Junts se benefició de la decisión del PP y de los Comuns de abstenerse.

ERC ocultó deliberadamente sus cartas con el objetivo de no dar margen a los partidos no independentistas para ponerse de acuerdo e impedir este resultado. Así lo explicó posteriormente la portavoz republicana, Marta Vilalta, reconociendo su preocupación porque se repitiese lo ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona, donde el PSC se hizo con la Alcaldía con el repelado del PP en perjuicio del independentismo.

La prioridad de Esquerra, explicó, fue pactar una mayoría independentista en la mesa con dos objetivos muy concretos que el PSC no compartía: asegurarse de que este órgano permita el voto de los diputados huidos de la justicia y que no va a impedir la tramitación de ninguna iniciativa, lo que implícitamente sugiere la posibilidad de impulsar propuestas al margen de la legalidad vigente.

La voluntad de desafiar el ordenamiento jurídico quedó patente con la decisión de la mesa de edad de permitir el voto de Puigdemont y de Puig, lo que abre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional anule la votación y obligue a su repetición. PP y Vox ya han anunciado que lo solicitarán oficialmente.

Vilalta subrayó que el acuerdo con Junts no les ata de cara a la investidura y dejó claro que lo que ocurra a partir de ahora dependerá de los acuerdos a los que se llegue. No obstante, la voluntad de dejar abierta la posibilidad de desafiar el ordenamiento jurídico en general y al TC en particular no parece que vaya a facilitar un acuerdo con el PSC, sin el cual la repetición electoral será inevitable. De hecho, Esquerra prefirió garantizar un Parlament con capacidad de desafiar las leyes españolas presidido por Junts que hacerse con la Presidencia de la Cámara, que es lo que les habían ofrecido los socialistas.

A la posibilidad de que el independentismo decida bloquear la legislatura se refirió, veladamente, la portavoz del PSC, Alicia Romero, al recordar que el independentismo, pese a haberse hecho con el control de la mesa y la presidencia del Parlamento, no tiene mayoría. Como mucho, subrayó, dispone de una “minoría de bloqueo”.

Con todo, los socialistas no quisieron hacer sangre con el acuerdo independentista ni con la actitud de Esquerra. Ahora se disponen a hablar con todos los partidos, con la única excepción de Vox y Aliança Catalana, con el objetivo declarado, insisten, de alcanzar un pacto progresista con ERC y los Comuns. Todo depende de Esquerra: si los republicanos insisten en no pactar o facilitar la elección de Illa, la repetición electoral será inevitable.

La renuncia de Oriol Junqueras a la presidencia de ERC, formalizada en la mañana del lunes, no ayuda al PSC, en la medida en que aparentemente refuerza las posiciones de los republicanos que están en contra de pactar con los socialistas. Las funciones de Junqueras las asumirá la secretaria general, Marta Rovira, hasta que se celebre el Congreso Nacional de ERC, previsto para el 30 de noviembre.

La estrategia de los independentistas no se ha visto afectada por las elecciones europeas, en las que Esquerra se desplomó del 21,2% de 2019 a un exiguo 14,8%. El partido de Carles Puigdemont, que esta vez no era el cabeza de cartel, se ha quedado en un 18%, diez puntos menos que en las elecciones europeas de 2019.

En la Cámara catalana se sientan ocho partidos: PSC (42), Junts (35), ERC (20), PP (15), Vox (11), Comuns (6), CUP (4) y Aliança Catalana (2). De momento, el único cambio relevante de la legislatura ha sido meramente simbólico. En los escaños, por primera vez desde el procés, la distribución de escaños recuperó su tradicional distribución por ideologías: los partidos progresistas ocupan el margen izquierdo del hemiciclo y los conservadores y de extrema derecha, el lado derecho. Se pone así fin a la distribución que se impuso durante el procés, con los partidos independentistas a la izquierda y los demás a la derecha.

Fuentes del Partido Popular calificaron de “duro revés” para Pedro Sánchez la elección de Josep Rull al frente del Parlament, que ellos mismos—y los Comuns— favorecieron con su abstención. “La Cámara autonómica la presidirá el mismo partido que la presidía hasta ahora: el de Carles Puigdemont. Y lo hace, junto a ERC, desafiando al TC y, por tanto, retomando el contexto de desobediencia institucional de hace siete años”. “Los socios de Sánchez ya actúan contra Sánchez en el Parlament; no será muy diferente en el Congreso de los Diputados”, vaticinan las mismas fuentes.

El PSOE, no obstante, sigue confiando en la posibilidad de que Illa saque adelante la investidura sin que esta afecte a los acuerdos que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita para sacar delante su programa en el Congreso de los Diputados, en particular los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

El exdiputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha defendido este miércoles investir al candidato del PSC, Salvador Illa, para evitar una repetición electoral que ha dicho textualmente que sería como para cortarse las venas, y ha pedido pasar a una fase de "colaboración" con los socialistas.

En una entrevista en de La 2 y Ràdio 4 recogida de Europa Press, Tardà ha valorado que tanto el PSC como ERC son las fuerzas políticas principales que representan a las "clases populares", y ha dicho que, en el nuevo escenario, ambos deben saber competir a la vez que colaboran en proyectos conjuntos.

"El partido socialista debe reconocer que no hay solución sin el independentismo, y el independentismo debe reconocer que no hay solución sin el PSC", ha subrayado Tardà, que ha defendido construir una solución conjunta para Cataluña del que nadie esté excluido y que pueda ser refrendada por los catalanes, asegura.

Ha pedido no bloquear una eventual investidura de Illa, y ha dicho que, si ERC y PSC compiten a la vez que colaboran, hay posibilidades de que vayan "construyendo un camino conjuntamente".

Tardà ha remarcado que un eventual ejecutivo del PSC se debería comprometer a mantener "las cosas buenas" que ha hecho el Govern de ERC en la última legislatura, y ha citado como ejemplos los aumentos de inversión en educación y sanidad, y el refuerzo del catalán en los medios de comunicación públicos.

Preguntado sobre un posible paso adelante del actual presidente de ERC, Oriol Junqueras, para liderar la nueva fase que pueda abrir el partido tras sus malos resultados en las elecciones catalanas, Tardà ha expresado que Junqueras, si quiere seguir, "tiene todo el derecho y se lo ha ganado".

Sin embargo, el exdiputado ha matizado que la decisión final debería hacerse a través de un congreso de ERC con una decisión que, en última instancia, debería ser refrendada por la militancia de la formación.

Tardà ha valorado que ERC debe "huir de posiciones nacionalistas, tanto españolas como catalanas", y ha reivindicado un proyecto que interpele también a las decenas de miles de personas que han inmigrado a Cataluña en los últimos años y que, dice, están comenzando a ser conscientes de que pisan una tierra catalana.

Ha reiterado que la Cataluña de las ocho millones de personas ofrece grandes retos a la catalanidad, asegura, aunque ha rechazado que los retos actuales se puedan atajar con "proyectos de la tribu para la tribu".

El exdiputado ha añadido que, actualmente, no existen las condiciones para repetir un movimiento independentista como el que hubo en 2017, en el pico del procés.