Desde su nacimiento en 1988, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha sido uno de los principales impulsores de la cooperación para el desarrollo como política pública de nuestro país. Estas relaciones internacionales están en constante evolución, en tanto que el acontecer global está en permanente cambio pero, también a nivel interno. infoLibre abordará todos estos retos en un contexto de creciente tensión internacional y crisis climática este viernes 4 de abril a las 13.00 horas en un evento que se podrá seguir de manera online a través de las cuentas de este medio en YouTube y X.

El acto contará con la participación del director de AECID, Antón Leis y estará guiado por el director y la subdirectora de infoLibre, Jesús Maraña y Marta Jaenes. Además, tendrá lugar una mesa redonda con personalidades como Lucía Prieto, directora de la Dirección de Acción Humanitaria , Marta Blanco, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE, Nacho Esteve, que pertenece a la junta de gobierno de la Coordinadora de ONGD y Chema Vera, director ejecutivo de Unicef. 

Actualmente la AECID afronta una gran reforma, dada la ley aprobada en 2023 que aborda puntos como la coordinación operativa y la necesidad de mejorar el análisis de la actualidad, el refuerzo de la respuesta humanitaria y el refuerzo de algunos principios como la transparencia.

Entre todos estos retos, las prioridades de la Agencia deben estar alineadas con las de los países receptores y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la ONU. Y con todos estos cambios, se espera que las nuevas tecnologías jueguen un papel fundamental para tejer nuevas redes de alianza, atraer al talento y medir los resultados de manera periódica.

El presupuesto de la AECID ha alcanzado los 700 millones de euros, duplicándose desde 2021, un incremento refleja la firme apuesta por combatir el hambre, apoyar a los refugiados y promover la estabilidad global.

Hace casi seis años, cuando Pedro Sánchez aterrizó en la Moncloa, parte importante de la ciudadanía situaba la corrupción como uno de los principales problemas de España. Sólo hay que echar un vistazo al barómetro del CIS previo a la moción de censura que desalojó del Gobierno a un PP que acababa de ser condenado en la Gürtel como responsable civil a título lucrativo. Entonces, casi cuatro de cada diez españoles señalaban hacia esta lacra al ser preguntados por los grandes retos del país. Con el paso de los años, esa preocupación se ha ido reduciendo. Ahora, se sitúa en el 4,9%. Pero los continuos escándalos alrededor de la compra de material sanitario durante la pandemia –el último, el llamado caso Koldo– amenazan con incrementar de nuevo la preocupación.

La llegada de los socialistas al Ejecutivo vino acompañada de un discurso de tolerancia cero contra esta lacra. Al fin y al cabo, se venía de una época profundamente marcada por el continuo goteo de escándalos alrededor de la formación conservadora. Y había llegado el momento, decían desde las filas socialistas, de limpiar las instituciones. De ahí que la lucha contra la corrupción se convirtiese en uno de los ejes centrales de su propuesta política. Y en uno de los pilares sobre los que se sostuvo el acuerdo que suscribieron PSOE y Unidas Podemos para que echase a andar el primer Gobierno de coalición desde la Segunda República. El problema es que todavía hoy aún quedan pendientes algunas tareas para seguir avanzando en esta materia.

Transparencia Internacional (TI) ya advirtió hace un mes que nuestro país estaba estancado en materia anticorrupción. "El estancamiento de este año, unido al descenso de los dos anteriores, pone de manifiesto las dificultades en las que aún se encuentran las políticas públicas para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción", señalaba la organización en su último informe anual, que situaba a España bastante por detrás de otros países de su entorno –Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Bélgica o Francia– en esta materia. Sólo un mes antes, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, más conocido como Greco, había afeado que nuestro país siguiese sin cumplir totalmente sus recomendaciones para combatir esta lacra.

Uno de los pasos que se dieron durante la pasada legislatura para intentar atajar este tipo de prácticas fue la aprobación de la ley para la protección de los denunciantes de corrupción. La norma, que llegó con retraso –la directiva europea de la que partió todo debía haber sido traspuesta a mediados de diciembre de 2022–, prevé la puesta en marcha de canales internos de recepción de denuncias de corrupción en empresas privadas de más de medio centenar de trabajadores, en partidos políticos, en sindicatos, en organizaciones empresariales y en todas las entidades que integran el sector público. Además, contempla sanciones de hasta un millón de euros para quienes tomen represalias contra los denunciantes.

Pero un año después de su entrada en vigor, con varias elecciones de por medio, la norma sigue sin estar desarrollada por completo. Aún no se ha creado la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que tiene entre sus funciones gestionar un canal externo de denuncias de irregularidades –informaciones que este mismo organismo se encargará de investigar– o adoptar las medidas pertinentes de protección del alertador. Además, tiene potestad sancionadora, es decir, es la encargada de castigar las posibles represalias que sufran los denunciantes. En resumen, los alertadores no disponen aún de una autoridad externa a la que dirigirse y que les proteja salvo en aquellas comunidades que crearon un organismo de este tipo con una ley autonómica.

Otra de las "reformas" que TI considera necesarias para "reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público" es la de la Ley de Transparencia. La renovación de esta norma fue uno de los compromisos que se incluyeron en el acuerdo de coalición que dio el pistoletazo de salida a la pasada legislatura. Durante todo este tiempo, se han registrado algunos movimientos. Así, se puso en marcha una consulta pública en la que algunos colectivos se pronunciaron sobre los problemas que tiene la actual norma: desde límites de acceso a información demasiado generales a los incumplimientos o la falta de medios del Consejo de Transparencia. Pero la reforma de la ley, que diez años después aún no cuenta ni con un reglamento, sigue todavía pendiente.

El adelanto electoral también impidió que llegase a tiempo la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, con la que se quería cubrir el vacío existente en nuestro país alrededor de los lobbies. El anteproyecto, que fue llevado en primera vuelta al Consejo de Ministros, determinaba cómo debía ser la relación de las personas influenciables de la Administración General y el sector público con aquellos que trabajan para estos grupos. Además, contemplaba la creación de un registro público sobre las actividades de los mismos o las reuniones mantenidas con personal público. E impedía que ex altos cargos pudiesen ejercer en los dos años siguientes a su salida "actividades de influencia" sobre materias de las que se hubieran hecho cargo.

La puesta en marcha de una normativa para regular los lobbies fue uno de los objetivos que se incluyeron en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024. Pero no el único. En dicho documento también se recogía la necesidad de establecer un "nuevo sistema de prevención de conflictos de intereses más completo y acorde con la Administración actual". Y, de hecho, el Gobierno ya informó en su momento al Greco que tenía intención de aprobar una Ley de Prevención de Conflictos de Interés de los Empleados Públicos: "El objetivo de la reforma legislativa es modificar el régimen general aplicable a todos los empleados públicos y funcionarios y establecer un nuevo régimen más estricto para los asesores". Se celebró una consulta pública. Pero nada más se volvió a saber.

La Comisión Europea ha publicado este martes la lista de 19 grandes plataformas digitales, entre ellas Tiktok, Twitter, Amazon, Facebook y Google, que deberán informar con mayor transparencia de los sistemas algorítmicos que aplican y cumplir el resto de nuevas normas de la Unión Europea para reforzar el control sobre los servicios digitales, según informa Europa Press.

"La razón de ser de las nuevas reglas es garantizar que la tecnología esté al servicio de la sociedad en la que vivimos y no al revés", ha advertido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado para presentar el listado de las entidades cubiertas.

La Ley europea de Servicios Digitales aportará "transparencia" y una "significativa rendición de cuentas" tanto a las plataformas como a los motores de búsqueda, al tiempo que facilitará a los consumidores tener un "mayor control" sobre su actividad online, ha destacado la vicepresidenta comunitaria.

Para ello, los servicios comunitarios han identificado las 17 plataformas y dos motores de búsqueda de "muy gran tamaño", es decir, con más de 45 millones de usuarios activos mensuales, que disponen ahora de un plazo de cuatro meses para ajustarse a las obligaciones que establece la nueva legislación comunitaria.

El objetivo, apunta Bruselas, es que proteger y dar más poder a los usuarios de Internet -también a los menores- de modo que sean los propios servicios designados quienes "evalúen y mitiguen los riesgos sistémicos y ofrezcan herramientas sólidas de moderación de contenidos".

Las compañías designadas son Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube y Zalando. Como motores de búsqueda tan solo han sido incluidos Bing y Google Search.

Por las nuevas normas, estas entidades deberán informar con claridad a los usuarios del motivo por el que se les recomienda determinada información y éstos podrán darse de baja de los sistemas que se creen al hacer un perfil.

Los usuarios también podrán denunciar fácilmente contenidos ilícitos y las plataformas tendrán que tramitar sus denuncias con diligencia. Mientras que no podrán aparecer anuncios que se basen en datos sensibles del usuario como pueden ser su origen étnico o sus opiniones políticas.

Otra de las claves es la protección del menor con exigencias como que las plataformas deban adaptar el diseño de sus sistemas para garantizar un alto nivel de privacidad, protección y seguridad de los menores, al tiempo que queda prohibida la publicidad personalizada y o la basada en perfiles para menores.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha afirmado que el opositor ecuatoguineano Julio Obama Mefuman, quien tenía ciudadanía española, falleció "a causa de una enfermedad" en un hospital de la localidad de Mongomo y ha recalcado que fue sentenciado tras "un juicio justo", según informa Europa Press.

"Informamos a la comunidad internacional que Julio Obama Mefuman, un ecuatoguineano que participó en la frustrada intentona golpista del 27 de diciembre de 2017 y que recibió un juicio justo, ha fallecido en un hospital de Mongomo a causa de una enfermedad que venía padeciendo", ha dicho el ministro de Exteriores ecuatoguineano, Simeon Oyono Esono.

"Guinea Ecuatorial quiere salir al paso para desmentir la información publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, porque carece de fundamentos. Expresamos por tanto, nuestro más sentido pésame a su familia por esa perdida irreparable", ha resaltado el ministro de Guinea Ecuatorial a través de su cuenta en la red social Twitter.

La reacción de Malabo ha llegado después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación convocara el lunes al jefe de la delegación de Guinea Ecuatorial en Madrid para pedirle que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjo la muerte del opositor.

Obama Mefuman falleció el domingo en la prisión de Oveng Azem (Mongomo), en la que se encontraba recluido junto al también español Feliciano Efa Mangue, según denunció su partido, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R). Su muerte tuvo lugar menos de dos semanas después de que se supiera que la Audiencia Nacional está investigando a tres altos cargos del Gobierno de Teodoro Obiang Nguema, uno de ellos hijo suyo, en relación con el presunto secuestro y posterior tortura de estos dos españoles.

Los cuatro fueron capturados en Yuba, la capital de Sudán del Sur, el 15 de noviembre de 2019 y posteriormente trasladados en un avión presidencial a Guinea Ecuatorial. Aquí, además de haber sido torturados fueron condenados a largas penas de cárcel, de 90 años en el caso de Efa Mangue y de 70 en el de Obama Mefuman, por su presunta participación en un intento de golpe de Estado.

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la nueva norma que obligará a las grandes empresas europeas a contar con una cuota de al menos un 40% de mujeres en los puestos directivos a más tardar en junio de 2026, cumpliendo así el último trámite para la adopción formal de una directiva que la Comisión Europea trató ya de sacar adelante hace una década pero chocó entonces con las reservas de países como Alemania, según informa Europa Press.

Las grandes empresas deberán tomar medidas para cumplir con este objetivo y otros de transparencia en materia de contratación a más tardar en junio de 2026, de acuerdo a la nueva directiva que ha sido adoptada en segunda lectura por la Eurocámara y que no se aplicará a compañías con menos de 250 empleados.

Entre las claves de la directiva están las multas "efectivas, disuasorias y proporcionadas" que los Estados miembro deberán prever para las empresas que incumplan la obligación de llevar a cabo procesos de contratación abiertos y transparentes.

Asimismo, los tribunales podrán anular el nombramiento de toda junta directiva que incumpla los principios de la nueva normativa comunitaria que establece que al menos el 40% de los puestos de director no ejecutivo o el 33% de todos los puestos de director estén ocupados por personas del género menos representado antes del final de junio de 2026.

En todo caso, la regulación acordada entre los Veintisiete y la Eurocámara defiende que el mérito debe seguir siendo el criterio clave en los procesos de selección y obliga a las empresas cotizadas a informar a las autoridades nacionales de la representación de hombres y mujeres en sus consejos de administración y a explicar las razones en caso de que no cumplan los requisitos.

También deberán ofrecer una información clara y de fácil acceso en su página web de la proporción de representación en sus puestos directivos y de los planes en marcha para llegar a los objetivos en caso de que no los hayan alcanzado aún.

"Eliminamos uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para llegar a la cima de las empresas: las redes informales masculinas", ha destacado una de las ponentes de la posición de la Eurocámara, la socialista austríaca Evelyn Regner.

La otra ponente, la socialista holandesa Lara Wolters, ha añadido que a lo largo de los diez años que la UE ha tardado en sacar adelante esta reforma los consejos de administración de las grandes empresas europeas "continuaron dominados por hombres", mientras que en aquellos países en los que ya se introdujeron cuotas obligatorias "muchas más mujeres ascendieron".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado que con la nueva directiva "se haga añicos" el techo de cristal que hasta ahora "impedía a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad", un paso que a juicio de la política alemana supone un momento "verdaderamente histórico y conmovedor".

El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPI) ha presentado una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, para que divulgue "en detalle" las muertes totales en la isla durante 2017 para constatar de una vez la cifra real de fallecidos por el huracán 'María', que oficialmente se mantiene en 64 aunque organizaciones civiles sospechan que rebasa el millar.

La demanda se ampara en la obligación que tienen las agencias del Gobierno de "compartir la información solicitada", que comprende los certificados de defunción impartidos desde el 18 de septiembre, la fecha de la llegada del huracán a la isla, así como las peticiones de entierro y cremación solicitadas a las funerarias y agencias gubernamentales.

La organización Latino USA mantiene que, entre septiembre y octubre del año pasado, es decir, durante el paso del huracán se registraron 1.194 fallecidos más que en el mismo periodo del año anterior. La organización está convencida de que este incremento tan grande se debe al huracán.

"Los documentos, materiales e información solicitadas por el CPI son originados, conservados o recibidos por una dependencia del Estado Libre Asociado. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita", indica el recurso legal.

"La ausencia de información veraz y a tiempo sobre las personas muertas tras el huracán 'María' ha generado gran desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas", ha declarado la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

"Es urgente", ha añadido, "que veamos y analicemos esta información, antes de que llegue una nueva temporada de huracanes que nos encuentre a ciegas sobre qué acciones tomar para evitar las muertes".

En el Informe Interino de Cumplimiento publicado este miércoles, el GRECO afirma que España aún no ha dado pasos para cumplir cuatro de las once recomendaciones de diciembre de 2013 para prevenir la corrupción en el poder legislativo y en el judicial, y que las otras siete se han cumplido solo parcialmente.

En un comunicado, Transparencia Internacional lamenta que ese organismo internacional se haya visto obligado a "poner en evidencia a España" una vez más. Su presidente, Jesús Lizcano, ha indicado que el informe "viene a poner de manifiesto la desidia del Gobierno y de los partidos políticos y grupos parlamentarios para abordar de una forma contundente, inequívoca y coordinada el importante problema de la corrupción".

La corrupción, cuestión de Estado

Según Lizcano, "es realmente urgente" cambiar el marco legislativo en España para "realizar reformas legales e institucionales como las que pide el Consejo de Europa", que también son demandadas por la sociedad civil.

Por ello, TI ha vuelto a instar a las formaciones políticas a que "se pongan a la altura de los ciudadanos" y consideren la corrupción como "una cuestión de Estado" para poder llegar a un pacto integral que luche contra estas prácticas.

Transparencia Internacional ha enviado a los partidos un conjunto de veinte propuestas para un código de buenas prácticas parlamentarias, además de medidas para reforzar la autonomía e independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno o sobre la regulación legal de los lobbies, ámbitos en los que el GRECO aconsejó a España hacer reformas.

Si bien TI ha señalado que algunas de esas propuestas están incluidas en la proposición de Ley Integral contra la Corrupción y para la Protección de los Denunciantes, que fue presentada por Ciudadanos y se está tramitando en el Congreso, ha añadido que hay otros muchos aspectos relacionados con la transparencia, la prevención y la lucha contra la corrupción que no están aún en la agenda legislativa.

Transparencia Internacional España (TI-España), en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP), ha realizado un nuevo estudio sobre el nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (lugar común de publicidad de los contratos a nivel nacional), en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado.

Comparando con los estudios realizados en enero y julio de 2016 y en marzo de 2017, TI-España subraya que en octubre de este año se ha percibido una "cierta mejora" en el nivel de transparencia de una gran parte de las instituciones públicas españolas, tanto Ayuntamientos, como Comunidades Autónomas, Parlamentos, Diputaciones Provinciales y Universidades públicas.

Así, en el último estudio realizado se ha constatado que el 45 % de los 110 grandes Ayuntamientos siguen incumpliendo con la obligación de publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), mientras que 61 de ellos sí lo hacen, frente a los 56 que lo hacían en mayo. En 2016, únicamente eran 29 en enero y 33 en julio los que cumplían esta obligación legal.

En el caso de las Comunidades Autónomas, en el último análisis realizado son 13 las que cumplen con sus obligaciones de transparencia, el 76 % del total -en marzo eran 10, seis en julio de 2016 y tres en enero del pasado año-.

Pese a esta evolución positiva, desde TI-España consideran que la proporción de las incumplidoras con la normativa legal, el 24 % (cuatro Comunidades Autónomas), sigue siento "alta".

Respecto a los 19 parlamentos -Congreso, Senado y las 17 cámaras autonómicas-, son menos de la mitad, un 47 por ciento, los que cumplen con la norma de publicar los contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, destacando además, según TI-España, que tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja continúan incumpliendo con la normativa.

En este caso, la cifra de Parlamentos cumplidores, nueve, no ha variado en este último análisis con respecto al anterior, el de mayo. Sí ha aumentado la transparencia respecto a 2016, cuando cumplían la normativa cinco de ellos.

En lo que se refiere a las Diputaciones Provinciales, el pasado mes de octubre eran 33 de las 45 diputaciones las que cumplían la normativa, es decir, el 73 por ciento del total.

A pesar de la mejoría en los datos -32 cumplidoras en mayo y 18 en enero y julio de 2016-, desde TI-España han subrayado que "más de la cuarta parte" de las diputaciones siguen incumpliento este mandato legal.

Finalmente, en lo que se refiere a Universidades públicas, en octubre eran 40 los centros universitarios que cumplían con esta obligación legal, frente a las 36 de mayo, las 33 de julio de 2016 o las 30 de enero del pasado año.

Este 78 % de Universidades cumplidoras, destaca TI-España, es el porcentaje más alto en cuanto a nivel de cumplimiento entre los cinco colectivos de instituciones públicas analizadas.

TI-España considera que el nivel de incumplimiento legal de las entidades públicas españolas es "todavía abultado e inaceptable", por lo que ha reclamado que todas las instituciones públicas cumplan "en el menor breve plazo posible esta obligación legal".

Consejo de Transparencia

En otro orden, Transparencia Internacional España, junto a Access Info y Civio, han reclamado al Consejo de Transparencia ejemplaridad y transparencia en la contratación de abogados externos.

Según explican, desde el primer conflicto en los tribunales ante el Gobierno, a finales de 2015, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha encontrado con una coyuntura no prevista: su representación legal estaba encomendada a la Abogacía del Estado, pero también la de sus oponentes, los Ministerios.

El Gobierno decidió optar por que los abogados del Estado representaran a los Ministerios y el CTBG tuvo que buscar su propia representación legal. Según estas organizaciones, la primera vez que ocurrió algo así, en el proceso contra RTVE, y según el propio CTBG, tuvieron solo unos días para encontrar abogado y optaron por contratar "de forma directa a una con vínculos profesionales previos con la directora del organismo".

"Han pasado casi dos años desde entonces y, durante este tiempo, dos personas han ido representado al CTBG en decenas de litigios y bajo el mismo sistema de contratación directa", han denunciado Access Info, Transparencia Internacional España y Civio, quienes critican además que no se haya respondido a las múltiples preguntas planteadas al CTBG sobre esta cuestión desde julio.

Pese a que hay dictámenes del Consejo de Estado y de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre algunas partes de este proceso que establezcan que se cumplen las condiciones legales, las tres organizaciones consideran que "ciertas actuaciones pueden dejar en mal lugar a un organismo que debe ser garante de la transparencia y, por lo tanto, ejemplar ante este tipo de situaciones".

"Las organizaciones firmantes consideramos que el CTBG debe comunicar, de forma abierta, qué ha pasado y cómo se pretende resolver. Además, debe publicar en su lista de contratos estos servicios, incluyendo nombre de los representantes legales, cantidades y procedimiento judicial (ahora mismo lo publica en una lista de gastos inferiores a 1.000 euros, pero sin nombres de los destinatarios)", finalizan.

Los importes de esos contratos hacen que la ley no obligue al CTBG a hacerlos públicos, pero creemos que, dada la situación, el Consejo debe ir más allá de los mínimos que marca la norma para

Transparencia Internacional España ha elaborado 75 propuestas para "reforzar" la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción en el mundo del deporte, entre las que se incluye la reforma de la Ley 10/1990 del Deporte. En opinión de esta organización, la normativa vigente "no permite dar respuesta" al escenario actual de competiciones deportivas ni a los casos de corrupción aflorados en el sector los últimos años.

Las 75 propuestas han sido realizadas por una Comisión de Integridad y Prevención de la Corrupción en el Deporte, que fue creada por Transparencia Internacional para este fin, y que está integrada por representantes de distintas entidades para este fin. El documento, ha señalado el presidente de esta organización, Jesús Lizcano, pretende realizar una aportación "útil" desde la sociedad civil al sector deportivo y a las instituciones relacionadas con él.

En rueda de prensa, Lizcano ha dicho que es "necesario" reforzar la transparencia, el control social y la participación ciudadana en el ámbito del deporte. Asimismo, la abogada especialista en derecho deportivo Nefer Ruíz ha manifestado que las propuestas buscan "llegar a un control interno y externo de la normativa".

Además de la reforma de la ley 10/1990 del Deporte, la Comisión también propone prohibir a los clubes participar en competiciones si no disponen de un código de buenas prácticas o no cumplen las obligaciones legales de transparencia. Concretamente, recomienda aplicar "importantes sanciones deportivas" para aquellas instituciones que pongan "trabas o se nieguen a colaborar y dar información" en las investigaciones relacionadas con corrupción.

Asimismo, recomienda instar a todos los clubes y federaciones a proporcionar la información financiera relevante en sus páginas web conforme a la Ley de Transparencia. Y ve necesario que se publiquen todos los contratos y documentación "de relevancia económica" especialmente cuando se reciban subvenciones o ayudas públicas.

Observatorio para la transparencia en el deporte

En este sentido, la Comisión experta propone la creación de Observatorio para la Transparencia e Integridad en el deporte que sea independiente de la Administración Pública. Y la constitución de un Comité de expertos en materia de buen gobierno deportivo para "unificar las mejores prácticas y recomendaciones en la materia (...) y las compilara en un Código" que resulte aplicable a todas las entidades.

Además, ve necesaria la creación de canales de denuncias en las instituciones y entidades deportivas, así como promover incentivos para denunciar actos de corrupción dentro y fuera de las instituciones deportivas. Informa Europa Press.

Por otro lado, solicita la elaboración de un plan formativo para deportistas profesionales y de elite con el fin de detectar, prevenir y, en su caso, alertar acerca de prácticas contrarias a la integridad del deporte. Además, apuestan por campañas "específicas" de concienciación y educación para deportistas.

Dopaje y control de apuestas deportivas

La Comisión creada por Transparencia Internacional propone sancionar a los clubes, asociaciones o instituciones que "no han puesto las medidas suficientes" para evitar el dopaje de sus deportistas; así como desarrollar formación para los deportistas sobre los riesgos de alterar con sustancias su cuerpo y las consecuencias futuras. Asimismo, apuesta por crear mecanismos de "presión" sobre los patrocinadores para ser "tajantes" a la hora de sancionar a deportistas sancionados por dopaje.

Asimismo, la organización quiere conseguir "el compromiso por escrito en forma de declaración jurada de deportistas" sobre su no participación en apuestas, e incluso la inclusión de cláusulas concretas en sus contratos. Y también propone "educar y fomentar" a través de cursos y conferencias a jugadores, entre otras personas, de los "problemas" que genera la práctica de apuestas deportivas y los amaños de partidos para el desarrollo del deporte, tanto amateur como profesional.

Por último, propone "propiciar una distribución más equilibrada" del dinero público destinado al deporte, con una "mayor aportación" a los deportes no profesionales y menos subvencionados por entes privados.

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen GobiernoConsejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha admitido que, dos años después de la puesta en funcionamiento del Portal de Transparencia, el nivel de peticiones de acceso a información es "bajísimo", porque "no hay más de 10 al día", y lo ha achacado a la falta de una campaña institucional para difundirla y a los obstáculos que existen en el Portal.

"La calidad de la transparencia que tiene la Administración General del Estado en este momento es francamente mejorable", ha dicho en una entrevista con Europa Press.

Arizmendi ha pedido comparecer en el Congreso y en el Senado para presentar la Memoria de la institución y, además, denunciar que tras la entrada en vigor de la ley no hubo una campaña adecuada para fomentar que los ciudadanos pidan información, y reclamar una nueva campaña porque ha habido apenas 6.000 en dos años. "Cuando se aprobó la ley, por fin después de 40 años de democracia, había que haber puesto lonetas en la Puerta del Sol, en los autobuses... pero hubo una campaña de cuñas en radio entre el 28 y el 31 de diciembre, la gente estaba comiendo el turrón y no se enteró, y no se hicieron más", ha lamentado.

También quiere más personal y que se faciliten las peticiones para que todo el mundo pueda hacerlas. En lugar de una solicitud con firma electrónica en el Portal, cree que debería bastar un correo electrónico o un correo postal.

Este 10 de diciembre se cumplen tres años de la aprobación de la Ley de Transparencia, dos desde que se abrió el Portal y comenzó a funcionar el Consejo y un año desde que la transparencia es obligatoria para comunidades autónomas y ayuntamientos. En el balance, Arizmendi subraya como positivo que "toda la Administración está en transparencia" y las instituciones están en marcha.

"La parte cualitativa no se cumple"

"Pero la parte cualitativa no se cumple", ha lamentado. De entrada, ha señalado que aunque el Portal tiene muchos datos, "datos no es igual a información" y "el ciudadano no quiere entrar en un marasmo donde hay cantidad de información que no comprende y en el que es difícil navegar, sino respuestas sencillas a problemas sencillos".

Arizmendi lamenta que el lenguaje del portal "está hecho por y para funcionarios" y denuncia el "inmenso problema del acceso", porque para pedir información hay que tener una "firma electrónica avanzada", o bien pedir una clave temporal, que obliga a desplazarse a una oficina, o una permanente, que se pide en la plataforma de la Agencia Tributaria y que obliga a facilitar una cuenta bancaria, lo que no ofrece "mucha confianza" al usuario, "ni tiene mucha relación".

Según ha dicho, "hace cuatro o cinco meses" Presidencia le informó de que trabajaban en un sistema más simple, con claves concertadas como las que usan los bancos, pero para Arizmendi eso sigue siendo insuficiente, porque eso obliga a tener un móvil. Y además, cree que el Gobierno "no ha demostrado que tenga intención de hacerlo rápido".

Para mejorar la situación, espera que se encargue al propio Consejo la redacción del reglamento de la ley, que aún está pendiente, y que se apruebe una excepción a la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, para que no haga falta firma electrónica avanzada para solicitar información pública.

Además, confía en que en la nueva legislatura "de negociación, de trabajo conjunto" esté muy presente la transparencia. Y eso que, a su juicio, "en política la transparencia se usa como envoltorio", porque todos los partidos la predican en sus mítines y programas pero luego no están a la altura.

"La transparencia es molesta"

A su modo de ver, está claro que "la transparencia es molesta, le encanta a todo el mundo siempre que sea la del otro" y la Administración "ha vivido mucho tiempo en una situación de confort", porque era la "dueña de la información, e información es poder".

También asume que en España hay que trabajar en la cultura de la transparencia: "Nunca nos han enseñado que preguntar es de buena educación democrática". Eso sí, ha añadido que no puede "culpar a la ciudadanía de que no participen mucho" porque no ha habido formación ciudadana", de manera que la gente "no sabe que hay una ley que le permite saber por qué el polideportivo de al lado de su casa lleva nueve años sin acabarse".

Frente a quienes hablan de un clima de "posverdad", Arizmendi sí cree que vivimos una época "de exigencia de la verdad". "En España pasa mucho menos, porque en España nos quejamos en el bar y luego a la hora de hacer la pregunta somos timoratos", añade, antes de admitir que, desde luego, no ayuda que para preguntar se solicite un número de cuenta corriente. De cara al Presupuesto de 2017, ha asegurado que ella no quiere "dinero", sino "gente" para poner en marcha sus proyectos, teniendo en cuenta que ahora mismo sólo trabajan en el Consejo 19 personas, de las que seis son personal directivo y el resto auxiliar.

Impedir que surjan mediciones "como setas"

Para 2017, ha dicho, el "gran proyecto" es poner en marcha un instrumento de medición, seguimiento y control del cumplimiento de la ley, que esté a disposición de todas las instituciones de forma gratuita. Según ha explicado, a la sombra de la ley han surgido consultoras y empresas que se ofrecen a medir el cumplimiento pero, a su juicio, no se puede "permitir que crezcan como setas instrumentos de medición que se paguen y que te saquen guapo".

El Consejo ha pactado la metodología con las comunidades autónomas y tiene ahorrados 200.000 euros para poner en marcha el aplicativo, que debería servir para 48.000 instituciones y entidades, pero el propio Consejo no tiene "ni un informático".

Según ha explicado, ese instrumento servirá para que las instituciones se autoevalúen y mejoren sus prácticas, compitiendo en "términos positivos". En estos momentos, el único incentivo para que se cumpla la transparencia es "el coste reputacional".

Para Arizmendi, "el coste reputacional importa" y de momento las resoluciones del Consejo se cumplen, pero cree que este órgano debería poder imponer "medidas coercitivas", porque eso reforzaría su autoridad. "En países como Chile el no dar reiteradamente una información es capaz de quitarle el sueldo al responsable, que suele ser el director general, durante cuatro meses", ha relatado.

También quiere crear un "procedimiento preventivo de resolución temprana de conflictos" para intentar evitar los recursos ante los tribunales. El Consejo ha gastado este año más de 20.000 euros en abogados privados para hacer frente a recursos judiciales frente a sus resoluciones, ya que la Abogacía del Estado sólo le representa frente a los ciudadanos, no frente a la Administración.

"Nos cogió con el pie cambiadísimo, no pensábamos que nos fuera a ocurrir", ha admitido. En este punto, ha defendido que el Consejo es el órgano que interpreta la ley y quiere abrir la puerta al diálogo, no "ir directamente a los tribunales a cuestionar las cosas" en "la plaza pública". "Antes de ir a los tribunales, a lo mejor los convencemos y no nos gastamos dinero en esto", ha proseguido.

Con todo, a la luz de la experiencia acumulada, cree que los jueces están dando indicios de ser "pro transparencia" en general y están sentando jurisprudencia en sentencias en las que se reconoce que "la transparencia y la información es la norma y el límite es la excepción".

El presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano Álvarez, mostró su confianza en que la Conferencia Episcopal Española (CEE), con la que esta pasada semana firmó un acuerdo de colaboración, alcance en los próximos dos años la nota "máxima" en nivel de transparencia y confía en que todas las diócesis españolas cumplan con el compromiso de crear sus propios portales de transparencia, informa Europa Press.

"Habremos de medir en el futuro el nivel de transparencia de la CEE a través del progresivo cumplimiento de este convenio, y lógicamente esperamos que la calificación sea la máxima posible en este terreno", explicó Lizcano en declaraciones a Europa Press. Si bien, destacó que, por lo que han podido apreciar durante la redacción del convenio, la CEE ya viene esforzándose desde hace dos años por ser más transparente.

Uno de los compromisos más importantes del acuerdo, en cuanto que ofrecen mucha información a los ciudadanos, son los portales de transparencia de las 70 diócesis españolas y Lizcano espera que el cien por cien de ellas lo pongan en marcha ya que el convenio se debatió en el Pleno de la Conferencia Episcopal y contó con la aprobación de los propios obispos.

Asimismo, el acuerdo establece que la CEE deberá desarrollar unos manuales de buenas prácticas, algunos de ellos destinados a "prevenir eventuales prácticas irregulares, como pueden ser el blanqueo de dinero y otras posibles actuaciones ilícitas o ilegales".

"Aunque los manuales no están acabados, por lo que vamos conociendo son bastante detallados y van a poder así resultar muy eficaces desde el punto de vista preventivo de este tipo de prácticas, ya que la prevención es sin duda la mejor solución si la comparamos con la adopción de sanciones para hechos ya consumados", subrayó.

Para Lizcano, es muy importante que una organización como la CEE haya dado el paso hacia una mayor apertura informativa con la firma de este convenio, en un momento como el actual en el que los ciudadanos demandan a las instituciones públicas y privadas que sean más transparentes.

Además, considera que independientemente de la confesionalidad de los ciudadanos, "siempre es de interés conocer lo que hace, cómo lo hace y lo que gasta una institución como la CEE, dado que, además, una parte importante de sus recursos la aportan los propios ciudadanos".

A Lizcano no se le "pasa por la cabeza" que la CEE incumpla los compromisos asumidos en el acuerdo pero en el "hipotético" caso de que lo hiciese, una situación que cree "muy improbable", está previsto en el texto del convenio la extinción del acuerdo.

Entre las instituciones que han firmado convenios con Transparencia Internacional se encuentran el Consejo General del Poder Judicial –órgano que integra a los 5.300 jueces activos en España–, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española –que aglutina a los 83 Colegios de abogados existentes en España– o el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Por el momento, el acuerdo con la Conferencia Episcopal marca un precedente ya que hasta ahora no hay suscritos convenios similares con instituciones eclesiales en otros países. Por ello, Lizcano no descarta que quizá en un futuro inmediato otras conferencias episcopales o instituciones eclesiales se pongan en contacto con ellos.

La ONG Transparencia Internacional publicará en su página web los seis informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre las condiciones del terreno en el que se levantará el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca), también conocido como cementerio nuclear o ATC.

La entrega y divulgación de estos documentos es consecuencia de la resolución emitida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimaba parcialmente la reclamación presentada por la ONG y obligaba así al CSN a remitir los informes.

El presidente de organización, Jesús Lizcano, ha confirmado a Europa Press que este miércoles les llegaron los seis informes,cuatro más de los requeridos: "Vamos a ver qué nos mandan y después lo vamos a colgar. Mañana mismo si puede ser", ha asegurado.

En concreto, se instaba al regulador a entregar informes geotécnicos e hidrogeológico sobre la idoneidad y condiciones de seguridad del emplazamiento elegido para el ATC y que sirvieran para la adopción de la propuesta de dictamen técnico (de la Universidad de Cantabria), así como un informe de la empresa URS sobre las condiciones de los terrenos que podría presentar dudas sobre la idoneidad del lugar escogido.

España presenta ciertos riesgos de corrupción en materia de Defensa, sobre todo debido a la escasa "vigilancia parlamentaria" sobre esta materia, la ausencia de investigaciones "exhaustivas" ante posibles irregularidades y la falta de transparencia en las cuentas públicas, según revela un informe de la ONG Transparencia Internacional. En concreto, el riesgo es "moderado".

Para llegar a esta conclusión, la ONG ha examinado determinados aspectos que afectan a la materia, como por ejemplo la "vigilancia legislativa". En este sentido, asegura que el Congreso debate los planes generales de Defensa y autoriza acuerdos militares internacionales y despliegue de misiones, si bien reprocha que el Parlamento "no juega un papel importante en lo referente a la Directiva Nacional de Defensa del país".

Por este motivo, Transparencia Internacional recomienda que la Comisión de Defensa participe en mayor medida en este asunto y que se acometan los "cambios necesarios en la Directiva para el Plan Militar y el concepto de estrategia militar, que no ha sido renovada desde 2009".

España no ha realizado ninguna evaluación exhaustiva

En cuanto a las posibles irregularidades que puedan surgir en los organismos del sector de la Defensa, la ONG recuerda el caso del exteniente Luis Gonzalo Segura, quien denunció corruptelas en el Ejército de Tierra, y critica que "España aún no ha realizado ninguna evaluación exhaustiva de los riesgos de corrupción" en sus Fuerzas Armadas.

Así, Transparencia Internacional aconseja "llevar a cabo una doctrina operativa que identifique dichos riesgos" así como "proporcionar formación al personal militar y altos mandos" con el objetivo de "garantizar un personal crítico e independiente preparado para vigilar y advertir de lo ocurrido durante las misiones, especialmente las de paz, y en la contratación, donde se hallan las mayores tasas de corrupción en el sistema de Defensa".

Sobre los presupuestos anuales, la ONG aprecia "falta de transparencia" porque la Comisión de Defensa tiene "dificultades" para examinarlos. En este sentido, considera que el desglose de las cuentas públicas "no es el más adecuado", pues "no se detallan los importantes gastos militares ni los fondos utilizados de forma extrapresupuestaria", que incluso son "incluidos en los presupuestos de otros ministerios" como Industria, Economía o Asuntos Exteriores.

Desviación de las cuentas

Asimismo, Transparencia Internacional denuncia que existe una diferencia de un 14% de media entre el presupuesto y el dinero que finalmente se gasta, llegando a un 30% algunos años.

Ante esta situación, ve recomendable publicar los presupuestos de Defensa de una manera más comprensible y que reflejen la financiación que se realiza mediante otras partidas diferentes de estas cuentas. Es más, sugiere que el Gobierno "dependa menos de los fondos reservados" y que procure que la financiación para las misiones internacionales sea "calculada con mayor exactitud para minimizar las disparidades".

La división española de Transparencia Internacional ha lanzado este lunes un reto a los partidos políticos que compiten en las elecciones generales del 20 de diciembre para que asuman cuarenta medidas concretas contra la corrupción, entre las que figuran el compromiso de despolitizar las instituciones, limitar los mandatos de políticos y cargos públicos, y de suprimir los aforamientos en lo que se refiere a delitos de corrupción.

Según el catedrático Jesús Lizcano, presidente de Transparencia España, la actitud de los partidos ante la corrupción se ha convertido en una variable que determina el sentido de voto y las formaciones políticas deben tomar nota y no ser "insensibles". A su juicio, en nuestro país rige una partitocracia donde los partidos tienen extendida su presencia en todos los organismos e instituciones, y en cambio las encuestas reflejan que están alejados de los ciudadanos y que no gozan de credibilidad.

Estas 40 medidas, que inicialmente eran más de 150, han sido elaboradas pluralmente por una Comisión de Medidas legales y sociales contra la corrupción, creada en el seno de la ONG e integrada por 34 miembros pertenecientes a la Universidad, la Judicatura, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, organismos antifraude y las Fuerzas de Seguridad.

Organismos estatales y autonómicos

Por un lado, exigen un compromiso para despolitizar la elección de los miembros de las principales instituciones del país (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y sus equivalentes autonómicos), así como prohibir que se nombre a políticos para formar parte de órganos reguladores y de control.

Además, abogan por eliminar el aforamiento de políticos en caso de investigaciones judiciales por delitos relacionados con corrupción (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, etc.), delitos contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social y/o delitos de fraude de subvenciones/ayudas públicas.

Del mismo modo, plantean prohibir que una persona que se encuentre investigada judicialmente o haya sido condenada por delitos relacionados con la corrupción pueda concurrir a cualquier tipo de lista o proceso electoral.

Transparencia Internacional también aconseja establecer límites temporales claros y precisos para el ejercicio de todos los cargos públicos, y especialmente en el seno de instituciones y organismos especialmente relevantes para la causa pública, como pudieran ser los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, con el fin de "evitar riesgos de corrupción y la generación de redes clientelares".

Basta de cargos 'a dedo'

Y, mientras un político ejerza cargo público, creen que debería desvincularse de su cargo en el partido y no tener responsabilidades políticas o económicas en la organización, con la excepción del presidente del Gobierno.

En la Administración, hacen hincapié en profesionalizar la gestión pública en función del mérito y la capacidad y proponen eliminar los sistemas de libre designación, limitar los puestos eventuales, e imponer un "régimen estricto" de incompatibilidades de los altos cargos públicos, a los que exigen dedicación exclusiva con la única excepción de tareas académicas. Y frente a las "puertas giratorias", piden ampliar de dos a cinco años el plazo de incompatibilidad que rige para los cargos cesantes.

Por otro lado, recomiendan un "aumento urgente" de efectivos en las carreras judicial y fiscal hasta alcanzar la media de la Unión Europea (21 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 11 que hay en España).

En el ámbito de la represión, quieren introducir en el Código Penal el delito de Enriquecimiento ilícito y que se pueda exigir responsabilidad civil solidaria a los partidos políticos y dirigentes cuyos cargos hayan sido condenados por corrupción.

Apoyo al denunciante

Estas son otras de las medidas planteadas:

–Establecer incentivos tanto en el sector privado como a los funcionarios, para la denuncia de casos de corrupción, permitiendo "programas de clemencia" para funcionarios públicos y particulares implicados que colaboran con la justicia.

–Incluir un régimen sancionador en la Ley de Transparencia.

–Aplicar los principios de la transparencia a las fundaciones de los partidos políticos

–Comprometerse a no efectuar operaciones con países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales. Su incumplimiento será causa de renuncia.

–Regulación por Ley de los Lobbies o "grupos de interés" y su vinculación con el sector público, estableciendo medidas de transparencia y de control en sus relaciones con los cargos públicos, y creación de un Registro público obligatorio, on line y abierto, de todos sus integrantes y actividades básicas en este terreno.

–Revocar la doctrina de Hacienda de 2014 de asumir como legales las donaciones presuntamente ilegales.

–Control de los flujos directos o indirectos de las subvenciones públicas, especialmente cuando las subvenciones son recibidas por sociedades públicas, que escapan del control administrativo.

–Eliminación del sistema de libre designación de los secretarios, interventores y tesoreros de Administración Local, pasando a basarse su designación en los principios de publicidad, mérito y capacidad, para evitar que sean elegidos por los propios cargos electos a los que van a controlar.

Estas 40 medidas se añaden a las 60 que Transparencia Internacional presentó y envió a los partidos políticos el pasado 9 de octubre, así como a las doce medidas que la organización que preside Jesús Lizcano ya había propuesto antes en 2014 a los partidos, que estos aceptaron mayoritariamente y algunas de las cuales ya son realidad en la legislación española, como la prohibición de condonación de deuda a los partidos y la tipificación como delito de la financiación ilegal.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska anunció este miércoles que hará público su patrimonio en el portal de transparencia de éste órgano. Por el momento, es el único de los consejeros no obligados a hacerlo que pondrá sus datos a disposición del público, mientras que otros miembros del órgano de gobierno de los jueces critican la medida.

A lo largo del día los veinte vocales del CGPJ recibieron un correo electrónico de la secretaría general en el que se les informaba de la subida al portal de transparencia de los datos patrimoniales del presidente, Carlos Lesmes, del propio secretario y de los cinco miembros de la Comisión Permanente, que son los que tienen capacidad de hacer contrataciones. Son los únicos obligados a publicar esta información en función de un acuerdo dictado con Transparencia Internacional.

Fuentes del Consejo señalaron a Europa Press que, por el momento, el único que ha manifestado de su intención de unirse voluntariamente a esta iniciativa ha sido Grande-Markaska, que pondrá sus datos a disposición del secretario en los próximos días. Tanto el juez como su marido llevan depositando su declaración de la Renta en el Consejo desde el año 2013.

Otros critican esta medida "estética y de maquillaje"

Otros vocales manifestaron a Europa Press que tras recibir el e-mail con la propuesta, en el que se incluye la ficha sobre declaración de patrimonio a rellenar, aún se están pensando si harán públicos los datos.

En un sector del Consejo la medida ha sido muy criticada al entender que es meramente "estética y de maquillaje" y no logra más que un efecto "perverso" y de "morbo" entre los ciudadanos. La verdadera transparencia, según estos consejeros, sería lograr que todos los miembros del CGPJ se enteraran de los acuerdos de su Permanente o la pluralidad en la toma de decisiones.

En otros ámbitos se critica que la medida se haya adoptado en función de un acuerdo con una ONG, como es Transparencia Internacional, y no en cumplimiento de una ley orgánica, que es como debería realizarse este tipo de informaciones a la ciudadanía. No entienden las prisas por adelantarse unos días a lo que señala la Ley.

Lesmes ha hecho público su patrimonio, que es de 372.700 euros, y también se han colgado los datos de los vocales de la Comisión Permanente, y del secretario de la institución. Es la primera vez que esta información se hace pública y se hace además antes de que la Ley obligue a publicarla el próximo 1 de octubre.

Se trata de una ficha individualizada en la que pueden verse diferentes conceptos, como los bienes inmuebles –se señalan 321.839,10 euros del valor catastral–, depósitos en cuenta corriente o de ahorro  –7.000 euros– acciones y participaciones en el capital social –104.000 en acciones y participaciones en capital social y otros 15.000 euros bajo el epígrafe demás bienes– y derechos en contenido económico, que hace referencia a vehículos según han informado fuentes del Consejo.

Lesmes cobra un sueldo anual de 130.000 euros según se refleja en el citado portal de transparencia, y en el momento de su cese se le pagarán otros 208.000 euros. Los vocales de la Permanente cobran un sueldo cercano a los 113.000 euros anuales.

La ficha es la misma que deben cumplimentar los altos cargos de la Administración General del Estado, fue aprobada por la Comisión Permanente el pasado 2 de julio e incluye el valor económico de bienes inmuebles urbanos y rústicos, saldo total de las cuentas bancarias, créditos, préstamos o deudas, acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones, certificados de depósito y otros valores mobiliarios y automóviles.

A partir del próximo 1 de octubre, cuando entre en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tanto el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ como los veinte vocales de este órgano y su secretario general están sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares.

En un comunicado, la organización destaca el mal desempeño de Italia, Portugal y España, "tres de los principales países" de la Eurozona que han sufrido la crisis (Italia obtiene una puntuación del 20 por ciento, España 21 y Portugal 23). En concreto, avisa de que en ellos es "donde las prácticas de lobby y los vínculos estrechos entre el sector público y el financiero se consideran más riesgosas".

Es más, el informe, titulado'El lobby en Europa: influencia encubierta y acceso privilegiado, afirma que las iniciativas de reforma del sector financiero "a nivel nacional y en el ámbito de la UE se han visto frustradas y debilitadas, en gran parte debido al intenso lobby impulsado por el sector financiero en Europa". Entre los países que no han sido objeto de análisis está Grecia.

El país con mejor puntuación es Eslovenia (con un 55 por ciento), único que aprueba junto a Lituania (50 por ciento) y la Comisión Europea (53 por ciento). El siguiente en la tabla es Reino Unido con un 44 por ciento. Entre los 19 países europeos evaluados, sólo siete regulan el lobby, por lo que, según Transparencia Internacional, "se produce una influencia prácticamente sin restricciones de los intereses comerciales en la vida cotidiana de los europeos".

La organización admite que el lobby es un "aspecto integral de toda democracia dinámica" pero los "múltiples escándalos que se han producido en Europa" demuestran que hacen falta normas claras para que un grupo reducido de actores poderosos no domine las decisiones políticas en beneficio propio.

El informe analiza las prácticas de lobby y estudia si existen salvaguardas para asegurar que se ejerza de manera transparente y ética. Además, examina si hay suficientes mecanismos para permitir un acceso justo y equitativo de los ciudadanos y grupos de interés a quienes toman las decisiones políticas.

Puertas giratorias

Por otro lado, denuncia, en concreto, que ninguna institución ni ningún país de la UE controla "adecuadamente el fenómeno de las puertas giratorias", es decir, el traspaso entre el sector público y el privado. En este sentido, destaca que legisladores están en general exentos de restricciones y de "periodos de cuarentena".

Según el informe, en Portugal, el 54% de todos los cargos ministeriales han sido ocupados por profesionales del sector bancario, desde que se instauró la democracia en el país en 1974.

Asimismo, destaca que en Francia se permite a los parlamentarios dedicarse a realizar lobby y consultoría mientras desempeñan una función pública, y en Portugal y España "se observa una situación similar" –en España necesitan el visto bueno de la Cámara para compatibilizar el escaño con alguna actividad privada–.

Para la viceprsidenta de Transparencia Internacional, Elena Panfilova, "las prácticas de lobby desleales y poco transparentes son uno de los riesgos de corrupción fundamentales que enfrenta actualmente Europa".

Por eso, la organización pide tanto a los países como a las instituciones una regulación "sólida" de "alcance amplio y exhaustivo" que abarque tanto a los 'lobbistas' como a sus destinatarios.

Además, pide crear obligatorios de 'lobbistas', con información detallada sobre las organizaciones o los clientes a quienes representan, las decisiones y los responsables públicos a quienes pretenden influir y los recursos que destinan para ello.

En tercer lugar, reclaman que se cree una "huella legislativa" que permita identificar el camino recorrido por una propuesta, incluyendo las aportaciones externas y los contactos entre grupos de presión y legisladores o funcionarios.

Para hacer frente a las "puertas giratorias", propone establecer "períodos de cuarentena" mínimos que deban transcurrir antes de que funcionarios públicos y cargos electos puedan desempeñar funciones de lobby.

Por último, la organización pide que todas las personas, organizaciones y empresas que pretendan influir en políticas públicas publiquen "de manera proactiva" información sobre sus actividades, así como los gastos correspondientes, incluida la documentación enviada a responsables públicos, sus contribuciones y vinculación política.

Con una nota de seis y medio (65 puntos sobre los 100 posibles), la Comunidad de Madrid ha sido, durante 2014, la menos transparente de España, según ha anunciado esta mañana la ONG Transparencia Internacional en la presentación del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas 2014 (INCAU). Con dicha calificación experimenta una caída de siete puntos y medio respecto al último ejercicio, realizado en 2012, y una disminución de 15 puntos si atendemos a los resultados publicados en 2010.

Si atendemos a la media global de las 17 comunidades autónomas, podemos ver que la presidida por Ignacio González se encuentra muy atrasada respecto al grado de transparencia. Madrid se se sitúa casi 24 puntos por debajo del global, que este año ha estado en 88,6 puntos, rozando el sobresaliente.

Si prestamos atención al apartado que analiza la información sobre la comunidad autónoma, Madrid suspende con 47, 6 puntos, muy lejos de los 91,6 de la media general. Las relaciones con los ciudadanos y la sociedad tampoco ha sido su punto fuerte, obteniendo un notable bajo frente a la media general situada en el sobresaliente.

Para calcular el índice, que se evalúa atendiendo a 80 indicadores diferentes, se realiza una valoración previa que se envía a las diferentes comunidades autónomas, que tienen un plazo corto de tiempo para intentar mejorar su situación. En dicha valoración previa, la Comunidad de Madrid sólo cumplía positivamente 26 de estos, consiguiendo mejorar su resultado de cara a la publicación definitiva, en la que cumplió positivamente con 52 de los indicadores valorados.

Castilla y León, Cataluña y País Vasco han subido al podio de las CCAA con mayor grado de transparencia de toda España, consiguiendo 100 puntos. Sin embargo, en la parte baja de la clasificación, Murcia (78,8) y Canarias (80) han acompañado a Madrid en el grupo de comunidades menos transparentes de España, aunque con puntuaciones bastante superiores a esta.

Mejora generalizada

Al igual que ocurrió en los resultados del INCAU relativos al año 2012, las CCAA han vuelto a mejorar sus resultados globales, superando los 79,9 puntos obtenidos en 2012 y los 71,5 del año 2010.

"No hay duda de que algunas de las leyes de transparencia aplicadas están mejorando los resultados", sentenció el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los integrantes del comité de dirección de la ONG, Manuel Villoria. Además ha agregado que "ahora corresponde a la sociedad civil hacer su trabajo. Controlar la eficiencia y honestidad de nuestras administraciones".

Falta transparencia económico-financiera

De todas las áreas analizadas, la transparencia económico-financiera es la que presenta una menor puntuación media (76 puntos), aunque muestra una mejoría frente a anteriores ejercicios.

Sin embargo, la transparencia en materias de ordenación del terrirorio, urbanismo y obras públicas, así como las relaciones con los ciudadanos y la sociedad han obtenido buenos resultados globales, con puntuaciones medias generales de 95 puntos en el caso de la primera y 94,1 atendiendo a la segunda.

El Congreso, el Senado y los diecisiete parlamentos autonómicos analizados por Transparencia Internacional (TI) aprueban el test de transparencia elaborado por la organización. El Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR), presentado la mañana de este lunes, apunta el interés de las instituciones por mejorar la información y la transparencia que ofrecen desde sus plataformas a los ciudadanos. 

Con una puntuación de 98.8 sobre 100, Cantabria se sitúa en el número uno de los parlamentos más transparentes, seguida por Navarra y el Senado. En la cola aparece Murcia con una calificación de 42 puntos, justo por debajo de Canarias y Baleares. Son las tres únicas instituciones que, según los datos de TI, no superan el umbral del aprobado. Del total de 19 instituciones analizadas, el Senado ocupa el tercer puesto y el Congreso, el décimo.

El IPAR tiene dos objetivos: evaluar el nivel de transparencia de los 19 parlamentos presentes en España –los 17 autonómicos y las dos Cámaras de las Cortes– e impulsar el aumento de la información pública por parte de cada uno de ellos, explican en la organización. Desde que Transparencia Internacional España iniciara la evalución provisional en diciembre de 2013, "ha habido un incremento de la transparencia y la mayor parte de las instituciones han mejorado su índice", señala Jesús Lizcano, miembro del comité ejecutivo de TI-España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. La puntuación media inicial del conjunto de parlamentos fue de 25,6, mientras que la calificación definitiva se sitúa en 64,1 puntos. "La transparencia no cuesta nada salvo que haya algo que ocultar", subraya Lizcano ante esta mejora. 

Para llevar a cabo el IPAR, la organización ha evaluado seis áreas diferentes: información sobre el parlamento, información sobre el funcionamiento y la actividad parlamentaria, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros e indicadores de las nueva Ley de Transparencia. El área relativa a la transparencia económica-financiera es "el área pendiente" de estas instituciones, recalcan desde TI: con una media de 49,2, el grueso de los parlamentos no alcanzan el aprobado. 

Desde la ONG recuerdan que el informe valora la cantidad de información accesible para los ciudadanos, pero no su calidad. Transparencia Internacional "no tiene la capacidad de comprobar si los datos que publican estas instituciones son reales o no", puntualiza Lizcano. "Desde TI perseguimos aumentar la transparencia, esto disminuye las posibilidades de fraude y corrupción; defendemos la transparencia como un derecho del ciudadano", añade Antonio Garrigues, miembro del comité ejecutivo de la ONG. Recuerda, además, que TI no tiene ningún medio para sancionar a las instituciones que no publican información básica para la sociedad o no cumplen con los requisitos de transparencia.