La noticia se dio a conocer en Marruecos la tarde del 16 de marzo y se extendió como la pólvora: a partir de medianoche, el precio del combustible subiría 2 dirhams (0,2 euros), y el gasóleo —de lejos, el más utilizado— alcanzaría casi los 13 dirhams (1,2 euros) el litro. Ante la inminencia de la subida, en las gasolineras de las grandes ciudades del reino se formaron inmediatamente interminables colas de coches y camiones.

A diferencia de Túnez y Marruecos, cuyas necesidades energéticas se cubren en más de un 94 % mediante importaciones, Argelia y Libia se perfilan como los grandes beneficiarios de la guerra en Oriente Medio, tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Libia, a pesar de contar con importantes reservas de petróleo (49.000 millones de barriles) y sólidos recursos de gas, sigue lastrada por la inestabilidad política y los problemas de seguridad. Eso dificulta las previsiones en materia de cooperación energética con Europa, a pesar de sus ventajas geográficas. No es exactamente el caso de su vecina Argelia.

Miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Argelia, principal productora de gas de África, está a punto de superar a Catar, cuya producción es sin embargo el doble, con 200.000 millones de metros cúbicos al año. Desde el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, la estrategia diplomática de Argelia se inscribe en la continuidad “realista” desarrollada desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

La crisis con los Emiratos Árabes Unidos, el país árabe más cercano a Israel, que se venía gestando desde hacía varios años y que había llevado al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, a calificarlos de “mini Estado que gesticula mucho”, parece hoy totalmente olvidada.

El ministro de Asuntos Exteriores argelino, Ahmed Attaf, al recibir el 1 de marzo a los embajadores de los Estados árabes atacados por Irán, les sorprendió con esta posición: “la plena y total solidaridad de Argelia con los países árabes hermanos que han sido blanco de agresiones militares, recordando el rechazo categórico de [su] país a cualquier atentado contra su soberanía nacional y su integridad territorial”. Según Ahmed Attaf, Argelia “siempre se mantiene al lado de sus hermanos árabes frente a estas inadmisibles violaciones [iraníes]”.

Los recursos de gas y petróleo, que ya se utilizan como fuente de ingresos para mantener una frágil paz social, están a punto de convertirse en una palanca diplomática, orientada esencialmente hacia la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Desde que el gigante petrolero Qatar Energy, atacado por misiles iraníes, suspendió la producción del complejo de Ras Laffan (el 20 % de la oferta mundial de gas natural licuado, es decir, 77 millones de toneladas al año), las miradas de los dirigentes europeos se han dirigido inmediatamente hacia Argelia.

Durante su última visita a Argel, el 24 de marzo, la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, no se anduvo con rodeos: “Hemos decidido reforzar nuestra ya muy sólida cooperación a través de nuestros líderes nacionales en la materia [la empresa italiana Eni y la argelina Sonatrach – ndr], trabajando en nuevos frentes como el gas de esquisto o la exploración offshore”, declaró junto al presidente Tebboune. “[Argelia es] fiel a sus compromisos, dado que somos un socio estratégico y de confianza de Italia y de Europa en general”, añadió el dirigente argelino.

Desde ese día no ha parado el trasiego diplomático europeo en Argel. Las tensiones en torno al Sáhara Occidental no han cambiado nada al respecto.

En efecto, a Giorgia Meloni le siguió, el 26 de marzo, José Manuel Albares, jefe de la diplomacia española, cuyas declaraciones fueron igual de directas: “Reforzamos la cooperación, incluida la económica y en los ámbitos del gas y la energía. El tratado de amistad, buena vecindad y cooperación [suspendido en junio de 2022 tras la postura de Madrid, favorable a Marruecos, sobre el Sáhara Occidental – ndr] está plenamente en vigor.”

El gas argelino solo representa el 12 % de las importaciones de gas de la UE, que se redujeron entre 2022 y 2025, pasando de 41.000 a 39.000 millones de metros cúbicos. Pero, según un informe citado por RFI, desde el inicio del conflicto se han disparado, alcanzando las 462.000 toneladas durante las dos primeras semanas de marzo, frente a unas 265.000 toneladas durante las dos primeras semanas de febrero, lo que supone un aumento del 74 %. Ante esta situación, los dirigentes argelinos se disponen a impulsar la producción.

Un plan de inversión de cerca de 52.000 millones de euros, anunciado en febrero por Sonatrach, justo antes del inicio de la guerra, tiene como objetivo aumentar su producción de 100.000 a 200.000 millones de metros cúbicos de aquí a 2030. Las reservas argelinas se estiman en 4,5 billones de metros cúbicos de gas natural y 12.200 millones de barriles de petróleo. A esto se suma una ventaja geográfica: Argelia se encuentra en el corazón del Magreb, una región a las puertas de Europa.

Pero la región se encuentra entre las menos integradas económica y políticamente, con rivalidades de liderazgo en las que uno de los motores sigue siendo la cuestión del Sáhara Occidental, que se remonta a medio siglo. “A pesar de los últimos avances bastante prometedores en este asunto, bajo el patrocinio de Estados Unidos, ni Marruecos ni Argelia han mostrado su deseo y su voluntad de avanzar hacia un Magreb más integrado. ¡Qué desperdicio!”, lamenta el economista Fouad Abdelmoumni, contactado por teléfono.

No obstante, las posiciones de Argel y Rabat son prácticamente idénticas en su desaprobación de los ataques iraníes contra “los países árabes hermanos”, evitando cuidadosamente al mismo tiempo denunciar los de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica. Ciertamente, la reacción de Marruecos parece en consonancia con sus alianzas tradicionales y nuevas, tanto con respecto a los países del Golfo como a Israel, que mantiene con el reino unas relaciones privilegiadas desde la firma, a finales de 2020 en Rabat, de los Acuerdos de Abraham.

Por el contrario, la postura argelina cristaliza una forma de ruptura progresiva en su diplomacia y una voluntad de diversificar sus socios económicos. Argel, sin dejar de preservar sus relaciones con la Unión Europea y sin llegar a la normalización con el Estado hebreo, se aferra a su proximidad realista con Washington, que se traduce, en particular, en una cooperación militar creciente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Como recordatorio, gracias a Estados Unidos, Argelia decidió no votar en octubre de 2025 en contra de la resolución de la ONU que reconocía el proyecto de autonomía marroquí como la única opción para resolver el problema del Sáhara Occidental. Y, también bajo presión de Washington, se vio obligada a participar, junto con Mauritania, en las negociaciones secretas entre Marruecos y los independentistas saharauis.

Omar Brouksy es periodista y profesor de ciencias políticas en Marruecos. Fue redactor jefe del Journal hebdomadaire (ahora cerrado) y periodista de la AFP. Es también autor de Mohammed VI derrière les masques. Le fils de “notre ami” (Mohamed VI detrás de las máscaras. El hijo de “nuestro amigo”, edit. Nouveau Monde Éditions, 2014) y de La République de Sa Majesté. France-Maroc, liaisons dangereuses (La República de Su Majestad. Francia-Marruecos, relaciones peligrosas (edit. Nouveau Monde Éditions, 2017).

Traducción de Miguel López

Argelia ha sido durante las últimas dos décadas el principal proveedor de gas natural de España, y el Gobierno aspira a que esta relación se estreche para capear la crisis energética. Sin embargo, parece que no va a poder garantizarse un suministro mucho mayor del actual porque la tubería que une los dos países ya funciona prácticamente al 100% de su capacidad. Una segunda opción es incrementar las compras de gas licuado por barco (conocido como GNL), pero Argelia tiene la mayor parte comprometido con otros compradores. A esto se suma que Italia, que ha perdido su suministro de Catar, busca desesperadamente comprar más combustible al país norteafricano.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visitó esta semana el país norteafricano en un encuentro que llevaba meses programado, pero que ha ganado un enorme protagonismo por la crisis energética derivada de la guerra en el Golfo. Tras reunirse con el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, y con el ministro de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, Albares dijo este jueves que “Argelia es un suministrador de gas fiable y constante con el que tenemos una larga tradición de suministros que queremos profundizar y renovar”.

De la reunión salió el compromiso de llevar a pleno rendimiento la tubería Medgaz, que conecta ambos países a través del Mediterráneo y que tiene capacidad para mover 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año (o 10 bcm, en la jerga del sector), una cuarta parte de las importaciones anuales de gas de España. En realidad, el gasoducto lleva operando prácticamente al 100% de su capacidad desde enero de 2026, un ritmo no visto en la última década y un 10% superior al año pasado.

Por mucho que el Medgaz funcione a pleno rendimiento, España necesita mucho más combustible en los próximos nueve meses. El mercado global de gas licuado acaba de perder el 20% de su suministro diario por el cierre del Estrecho de Ormuz. A esto se suma que el 31 de diciembre de este año, todos los países europeos deben dejar de importar gas ruso. España importó el año pasado de Rusia el 11,4% de su gas, y de Catar, el 3%.

Ese déficit difícilmente se compensará con nuevas importaciones de Argelia. Con la conexión Medgaz ya a pleno rendimiento, la única solución está en los barcos metaneros, un negocio que Argelia explota, pero donde hay poco margen de crecimiento. Fuentes del Ministerio de Exteriores señalan, de hecho, que esta vía comercial no ha estado sobre la mesa en la visita del ministro Albares.

El año pasado España importó por barco 1,9 bcm de gas natural de Argelia, según datos de Kpler, una empresa de seguimiento de metaneros, lo que equivale al 20% de lo que España recibió por tubería de ese país. El problema es que las compras de GNL dependen de acuerdos que hay que negociar continuamente en un mercado abierto y global (el conocido como mercado spot), de manera que cualquier país dispuesto a pagar más por ese combustible se puede hacer con el cargamento. A esto se suma que Argelia ya tiene acuerdos a largo plazo para vender GNL a Turquía, Francia e Italia. Según Gonzalo Escribano, experto en Energía del Real Instituto Elcano, de los 14,5 bcm de GNL que Argelia vendió en 2024, solo 4,5 bcm fueron en spot.

Los expertos tampoco creen que Argelia vaya a incrementar su producción de gas natural a corto plazo, porque es un país que históricamente ha tenido muchos problemas para mejorar su infraestructura gasista, pese a ser una potencia energética global. "El gas argelino lleva muchos años siendo una decepción. No creemos que los flujos de gas argelino vayan a aumentar de forma significativa a corto plazo", opina Andreas Schroeder, director de Análisis Energético de ICIS, una consultora energética.

Alun Davis, investigador principal de gas en Europa de la consultora S&P, también ve otras piedras en el camino. Primero, que la demanda de gas de su propia población está creciendo rápidamente y se ha comido el escueto incremento de producción que ha logrado tener desde 2020, por lo que cada vez tiene más dificultades para exportar. Segundo, que en este momento los precios del GNL en el mercado spot de Asia son más elevados que en Europa, de manera que ahora tiene un incentivo mayor para vender su gas a Asia antes que a España.

A estos problemas se suma la enorme presión y competencia que ejerce Italia. Este país importó el año pasado el 32% de su gas licuado desde Catar, un país que no va a poder exportar GNL en varios meses por los bombardeos de Irán. De hecho, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este miércoles Argelia con el mismo objetivo que Albares.

Italia lleva cuatro años mejor posicionada que España para adquirir gas argelino tras la fuerte disputa diplomática que se produjo entre Argel y Madrid alrededor del Sáhara Occidental. El conflicto ha quedado enterrado esta semana gracias a la visita del ministro español de Exteriores, pero el daño sobre el sector energético se mantiene. Aquel choque supuso el cierre del gasoducto Argelia-Marruecos-España, una segunda conexión entre la Península Ibérica y Argelia que tenía una capacidad de exportación similar a Medgaz.

Tras esa ruptura, parte de los envíos cancelados se redirigieron hacia Italia, que cuenta con una tubería con Argelia (TransMed) cuatro veces mayor que la española, capaz de enviar anualmente 39 bcm de gas natural. A través de ese gasoducto se enviaron el año pasado 20,2 bcm de gas, según Energy Intelligence, de manera que Italia podría incrementar un 100% esas importaciones sin recurrir a barcos metaneros.

Alun Davis opina que esa ventaja es crucial en la carrera entre España e Italia por el gas argelino. "Dado que Italia es, en esencia, el único mercado con capacidad de importación disponible a través del gasoducto desde Argelia, y que los precios del mercado italiano suelen ser más altos que los españoles, cabría esperar que Italia se beneficiara de cualquier posible aumento de las exportaciones que Argelia pudiera generar", valora el experto.

Schroeder, analista de ICIS, advierte también de que aunque Italia y España sean socios, no se puede esperar que los dos países vayan a cooperar en estas conversaciones. "Italia se enfrenta a una escasez de gas porque es el país europeo más dependiente de Catar. Tendrá que asegurarse de garantizar los volúmenes de suministro a corto plazo y su prioridad no será ayudar a sus vecinos ni a otros países de la UE en momentos de crisis", opina.

No obstante, la agencia Bloomberg asegura que la visita de Meloni tuvo un resultado limitado. Sonatrach, la compañía gasista nacional de Argelia, comunicó a Italia que si quiere comprar más GNL tendrá que hacerlo en el mercado spot, pagando el sobreprecio que tiene ese combustible sobre el que se vende en contratos a largo plazo. 

Envueltos en bufandas con los colores de la bandera verde y blanca, con ululeos y al grito de ¡Viva Argelia!, los diputados de la Asamblea Popular Nacional aprobaron la nueva ley “que penaliza el colonialismo”. Los 27 artículos fueron aprobados por unanimidad por la cámara baja del Parlamento argelino el 24 de diciembre. A raíz de ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés calificó esa ley de "iniciativa manifiestamente hostil".

“La única iniciativa hostil es la agresión francesa contra Argelia y los crímenes cometidos durante 132 años”, replica Zakaria Belkhir, diputado del Movimiento de la Sociedad por la Paz (partido islamista conservador), que participó en la redacción de la ley.

La aprobación del texto se produce en plena crisis diplomática con Francia, en un contexto de tensiones en torno al movimiento separatista cabil exiliado en París, el MAK, y pocas semanas después de la condena en apelación del periodista Christophe Gleizes a siete años de prisión.

Pero centrarse en las tensiones diplomáticas haría olvidar las “razones más profundas” que motivaron esa aprobación, según el historiador argelino Hosni Kitouni. “Una gran parte de la opinión pública argelina es muy sensible a algunas de estas reivindicaciones”. Recuerda que estas disposiciones “forman parte del alegato argelino desde hace mucho tiempo”. “Esta ley es el resultado de un proceso iniciado en 1984”, fecha en la que se mencionó por primera vez en el Parlamento la criminalización de la colonización.

En la década de 2000, los diputados argelinos presentaron tres proyectos de ley en este sentido, que terminaron en nada. Para Hosni Kitouni, la declaración de Emmanuel Macron en Argel en 2017, en la que calificó la colonización de crimen contra la humanidad, incluso reavivó la esperanza de “ver por fin a Francia adoptar una política memorialista más atenta a las expectativas de Argelia”.

Esperanzas frustradas por una “política de gestos decididos soberanamente por el Elíseo”, según el historiador. En enero de 2023, Macron excluyó definitivamente la posibilidad de presentar disculpas oficiales a Argelia. La ley aprobada el 24 de diciembre retoma esta exigencia, añadiendo la solicitud de reparación por “daños materiales y morales” o la restitución de los archivos conservados en Francia, líneas rojas que París se ha negado hasta ahora a cruzar.

Al día siguiente de la votación, la prensa argelina se hizo eco del entusiasmo de la opinión pública. "El colonialismo francés criminalizado", titulaba en portada el diario francófono El Moujahid, mientras que el periódico en árabe El Khabar elogiaba el "consenso nacional" en torno a la ley. Por su parte, los periodistas de Al Jazeera destacaban el entusiasmo de las reacciones en las redes sociales argelinas.

“Tenemos un nacionalismo arraigado en nuestros jóvenes, un orgullo por la lucha por la liberación nacional”, explica el periodista independiente Abdou Semmar, quien señala, sin embargo, que la aprobación popular no significa en absoluto resentimiento hacia Francia. El columnista también recuerda que “en el pulso con París, la historia es una carta legítima que se puede jugar”.

Sin embargo, según Abdou Semmar, el texto no está exento de defectos. El artículo 19, por ejemplo, prevé la criminalización de las declaraciones que elogien la colonización, castigándolas con penas de prisión y la privación de los derechos civiles. Una disposición que da al régimen argelino, presidido por Abdelmadjid Tebboune, la posibilidad de “asimilar a los opositores a partidarios de la Francia colonial” y bloquea cualquier lectura crítica de la historia de la colonización y la guerra.

El periodista también lamenta la falta de precisión de la ley sobre los mecanismos que deberían permitir una estimación del importe de las reparaciones reclamadas a Francia.

De hecho, la principal novedad que aporta esta ley será su carácter vinculante para el Estado argelino. En teoría, las instituciones, y en particular el Gobierno, deberán esforzarse a partir de ahora por alcanzar los objetivos fijados en el texto. Aunque, en la práctica, la obtención de reparaciones por los perjuicios de la colonización francesa parece aún un horizonte lejano.

La confusión memorialista es total desde que en el verano de 2024 fueron congelados por Argel los trabajos de la comisión mixta de historiadores creada en 2023, y siguen suspendidos hasta la fecha. Por lo tanto, no se esperan negociaciones en el marco de esta nueva ley, ni sobre las medidas más concretas, como la restitución de los “restos de los símbolos de la resistencia”, ni siquiera sobre su artículo 11, que se refiere a la limpieza de las regiones del Sáhara contaminadas por los ensayos nucleares franceses.

El texto aprobado por la Asamblea Popular Nacional también se inscribe en “un momento crucial de la evolución de las mentalidades en África”, caracterizado por “un impulso de la juventud en favor de una justicia reparadora”, según analiza el historiador Hosni Kitouni.

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre, Argel acogió, bajo los auspicios de la Unión Africana (UA), una conferencia internacional sobre los crímenes del colonialismo. Diplomáticos y académicos de África y el Caribe suscribieron una declaración en la que recomendaban la puesta en marcha de una “estrategia de reparación basada en la justicia” que incluyera “compensaciones por las riquezas saqueadas”.

La idea de las reparaciones coloniales se formalizó por primera vez en la conferencia de Accra, en Ghana, en noviembre de 2023. La declaración de Argel se someterá a votación en la 39ª cumbre de la UA, en febrero de 2026.

En junio de 2025, Francia fue interpelada ante la ONU por comunidades nigerinas que exigían reparaciones por las masacres cometidas durante la conquista de su región en 1899. Una vez más, en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas con Niamey.

Pero París no es, ni mucho menos, la única capital europea expuesta a las exigencias de justicia reparadora. Desde 2021, Alemania es objeto de presiones diplomáticas por parte de Namibia para que asuma la responsabilidad del genocidio de los herero y los nama (1904-1908), por lo que Windhoek reclama ahora a Berlín una compensación económica.

Alemania se ha declarado dispuesta a financiar proyectos de desarrollo en el país, pero ha eludido la cuestión de las reparaciones. Del mismo modo, Francia ha explicado que sigue "abierta al diálogo bilateral" con Níger, sin abordar el tema de las indemnizaciones.

En Argelia, mientras que los canales diplomáticos con Francia están prácticamente cerrados, el régimen no tiene ningún interés en abandonar su posición de adalid de la justicia reparadora africana. “Esta ley tendrá inevitablemente repercusiones y abrirá el camino”, asegura el diputado Zakaria Belkhir, quien considera que el próximo objetivo de Argelia será ahora “orientarse hacia una legislación internacional”.

Traducción de Miguel López

La resolución de la ONU del 31 de octubre de 2025 sobre el futuro del Sáhara Occidental, bastante favorable a Marruecos, no podía llegar en mejor momento: un mes antes, el régimen de Mohammed VI se enfrentaba a unas protestas sociales cuya naturaleza y magnitud nadie había previsto. Impulsadas por miles de jóvenes, comenzaron el 27 de septiembre en varias ciudades del reino y continuaron durante casi una semana, para ir perdiendo fuerza progresivamente.

Con la aprobación de esta resolución, que reconoce el proyecto marroquí de autonomía en el Sáhara Occidental como “base de las negociaciones, sin condiciones previas” con los independentistas del Polisario, apoyados por Argelia, la diplomacia marroquí ha logrado un importante objetivo estratégico: relegar a un segundo plano la opción del referéndum, que podría conducir a la independencia de la “República Árabe Saharaui Democrática”, favoreciendo un proyecto que podría garantizar una cierta soberanía de Marruecos sobre este territorio del tamaño de media Francia.

Pero la forma en que se redactó la resolución (exclusivamente por Estados Unidos) y la aprobación con once votos a favor y tres abstenciones (Rusia, China y Pakistán), sin que Argelia participara en la votación, obliga a relativizar el éxito diplomático de Marruecos: una victoria, sin duda, pero una “victoria incompleta”.

Aunque el texto de la ONU reconoce, en un primer momento, el proyecto de autonomía marroquí como base para las negociaciones sin condiciones previas, “olvida” sin embargo incluir la famosa fórmula “bajo soberanía marroquí”, cuyo peso jurídico y relevancia diplomática no son desdeñables.

En un segundo párrafo, la resolución pide a ambas partes, Marruecos y el Frente Polisario, que busquen una solución “mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”. Ahora bien, uno de los mecanismos jurídicos fundamentales para la aplicación del principio de autodeterminación no es otro que el referéndum, y Marruecos considera hoy esa opción “obsoleta” y la rechaza de pleno, a pesar de que fue el rey Hassan II (1929-1999) quien la puso sobre la mesa de la ONU en 1981.

Incluso el enviado especial del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, no dudó en matizar, en una rueda de prensa en Bruselas el 5 de noviembre, lo que muchos consideraron una victoria de la diplomacia marroquí: “La resolución 2797, en sus párrafos cuidadosamente redactados, establece un marco para las negociaciones. No prescribe un resultado predeterminado”.

Eso explica sin duda la decisión de prorrogar una vez más por un año el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), cuando solo debía ser por tres meses.

En realidad, la redacción de esta resolución, que parece decir mucho pero no lo suficiente, refleja la aspereza de las negociaciones, incluso de los regateos que precedieron a la versión definitiva, entre el bando de los “aliados” de Marruecos (Estados Unidos y Francia) y el de los “amigos” de Argelia (Rusia y, en menor medida, China) para llegar a una redacción mínimamente consensuada. Pero si bien este ejercicio fue acrobático, el resultado no carece de interés: a pesar de todo, parece vislumbrarse una pequeña luz al final del túnel para resolver políticamente un conflicto que dura ya medio siglo.

La resolución refleja también, y sobre todo, el peso del apetito por el Magreb y el Sáhara Occidental, un territorio rico en recursos naturales, especialmente fosfatos, minerales, potencial eólico y solar y, según se dice, reservas de petróleo y gas.

En este sentido, Estados Unidos es el primero en frotarse las manos, que ocupa un lugar destacado en lo que parece un inmenso bazar, embrionario pero cargado de promesas económicas. En un discurso triunfalista pronunciado el 31 de octubre, día de la aprobación de la resolución, convertido en fiesta nacional en Marruecos, el rey Mohammed VI evocó explícitamente este paso, al tiempo que dio prioridad implícita a su aliado americano: “Se ha extendido ampliamente el reconocimiento de la soberanía económica del reino sobre sus provincias del sur después de que grandes potencias económicas como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, España y la Unión Europea decidieran fomentar las inversiones en estas provincias y promover los intercambios comerciales con ellas”.

Según las declaraciones de los diplomáticos estadounidenses, realizadas tanto antes como después de la aprobación de la resolución, el despliegue económico en el Magreb debe inscribirse, en primer lugar, en una lógica de equilibrio entre los dos “hermanos enemigos” y en un entorno regional apaciguado. “Washington está trabajando activamente para alcanzar un acuerdo de paz entre Marruecos y Argelia, cuya firma está prevista para dentro de dos meses”, declaró a la cadena americana CBS, seis días antes de la votación de la ONU, el enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff.

En Rabat, la voluntad de apaciguamiento se expresa al más alto nivel del Estado y figura en casi todos los discursos reales, incluido el del 31 de octubre: “Invito a mi hermano, su excelencia el presidente Abdelmadjid Tebboune, a un diálogo fraternal sincero entre Marruecos y Argelia para que, una vez superadas nuestras diferencias, sentemos las bases de unas nuevas relaciones basadas en la confianza, la fraternidad y la buena vecindad.”

A estas nuevas circunstancias se suma otro factor: la crisis política y diplomática que dura desde hace más de un año entre Francia y Argelia, creando un vacío que sin duda reforzará aún más la presencia americana en el Magreb. Los últimos dardos lanzados por el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, a su predecesor, Bruno Retailleau, que había convertido el sentimiento antiargelino en un tema electoralista, reflejan un cambio de rumbo, incluso el comienzo de una revisión de la diplomacia francesa hacia su antigua colonia.

“Tengo orígenes pieds-noirs y creo que me aprecian en Argelia, país con el que siempre he trabajado mucho, tanto cuando estaba al frente de la DGSI como cuando era coordinador de inteligencia”, afirma en una reciente entrevista concedida a La Tribune dimanche. La alusión de Laurent Nuñez a las elecciones de 2027 y, por extensión, a su predecesor, no puede ser más explícita: “Mi nombramiento ha sido bastante bien recibido [en Argelia]. Los comentarios en los medios de comunicación decían: es alguien más moderado, más abierto al diálogo, que también está más cerca del presidente de la República. Y además no soy miembro de ningún partido, no tengo una postura política, no aspiro a nada para 2027.”

Por invitación de su homólogo argelino, está prevista incluso una visita de Laurent Nuñez a Argel en diciembre.

En el palacio El-Mouradia, sede de la presidencia argelina, sigue soplando frío y calor para posicionarse mejor en lo que parece una “pax americana” con reflejos muy plateados: “La cuestión del Sáhara Occidental es un caso de descolonización. No voy a abandonar el Sáhara Occidental”, advirtió el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, una semana antes de la votación de la resolución de la ONU, ante una audiencia de altos mandos que aplaudían con entusiasmo cada una de sus frases.

Pero el 18 de noviembre llega el momento de la distensión. El tono cambia: ese día, la diplomacia argelina declara estar dispuesta a “apoyar cualquier iniciativa de mediación” entre el Polisario y Marruecos, para buscar una “solución justa, duradera y definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental […] de conformidad con todas las resoluciones de la ONU”. ¿Incluida la última? “Incluida la última”, asegura el ministro argelino en una rueda de prensa.

En ese caso, ¿sobre qué base podría llevarse a cabo esa mediación? ¿Sobre la base del proyecto de autonomía marroquí, tal y como prevé la primera parte de la resolución, o bien según el principio de autodeterminación “del pueblo del Sáhara Occidental”, tal y como indica la última versión del texto de la ONU, lo que supone la celebración de un referéndum? Estas preguntas siguen ahí, a la espera de respuestas menos ambiguas.

El statu quo que ha congelado este asunto durante más de un siglo parece tener aún un largo camino por delante, lo que, en última instancia, convendría a todos. Incluidos los “hermanos enemigos” del Magreb.

Traducción de Miguel López

Traducción de Lydia Vázquez Jiménez  

Editorial Cabaret Voltaire (2025) 

"Algunos saben que he vuelto de entre los muertos. Que sobrevivo a mi degüello para contabilizar a las víctimas. Y a sus verdugos". Habla la mujer con la cabeza en vilo porque se la cortaron, con un arma roma que no permitió rematar la ejecución, la nochevieja de 1999. Dice la mujer sin voz, porque le cercenaron las cuerdas vocales, apagaron sus sílabas y el vocabulario se le quedó adentro. Cuenta la mujer con dos nombres que significan amanecer: Fayr, antes de su asesinato parcial, y Aube, cuando, al día siguiente, le zurcieron la cabeza pendular al cuello serrado y la adoptó una enfermera voluntaria. "Me siento dividida en dos cuerpos, en dos lenguas". Y en dos existencias. "Nací el 21 de abril de 1994… Y volví a nacer el 1 de enero de 2000, cuando me salvaron la vida, o media vida, tras la masacre de 1001 personas en la región". Fayr tenía cinco años cuando la quisieron matar. Con veintiséis, Aube narra el atentado, sus causas y sus derivadas.

Una marca imborrable. La cicatriz de una "sonrisa diabólica" de diecisiete centímetros cosida en su garganta. Y una cánula para respirar. Muestran el terror sufrido. La prueba que la incardina en el glosario de víctimas de una guerra civil en Argelia. "Yo soy la prueba viviente de que esa guerra que duró una década fue real, de que fue sangrienta". La década negra: 1992-2002. El enfrentamiento de "los militares recelosos y los barbudos de Dios", los Tangos islamistas y los Charlies del ejército. Se desató cuando el presidente del país durante catorce años, Chadli Benjedid, dimitió en enero de 1992. Antes, el poder obstaculizó la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación. Otro autor argelino, el excomandante Yasmina Khadra, esboza los porqués en Los corderos del Señor. Un militante del FIS explica: "El pueblo optó por nuestros principios y nuestra ideología. Pero el Poder latrocrático se niega a rendirse a la evidencia. De manera deliberada ha elegido jugar con fuego. Y por esa razón, hoy le proponemos nosotros el fuego del infierno". Los enemigos son "todos los que lleven quepis: gendarmes, policías, militares".

A la familia de Fayr no le concierne esa enumeración uniformada. Posee una pequeña granja en Had Chekala, un aduar en el noroeste de Argelia, próximo al Mediterráneo. Carecen de bando. "Ni siquiera nosotros sabíamos dónde ubicarnos en ese vaivén entre la vida y la muerte". Sin embargo, les acusan de complicidad con los terroristas, que trazan el espanto desde sus escondites en las montañas. Penetran a cuchillo en las poblaciones. El último día de 1999 degollaron al padre, a la madre y a la hermana de esta niña, Taimucha, ocho años, y los animales. El tajo no separó la cabeza del tronco de Fayr. Sí rebanó su alma, hendida por la culpa de subsistir ella y no su hermana, "como si fuera el carnero de sustitución", en referencia al ovino que Abraham inmoló en vez de a su hijo Isaac. (La novela se desarrolla en torno a la fiesta musulmana del sacrificio del cordero). Además de a sus parientes, los fanáticos arrasaron esa noche siete aldeas, decapitaron doce tribus. Retazaron los cuerpos, imposible definir qué resto pertenecía a quién. "No pudieron pegar los trozos de mis padres para enterrarlos. Es más, nunca se enterró a nadie por completo". La guerra genera más desastres aún si es civil. 

Mutilado su lenguaje exterior, su conciencia la atormenta. "¿Por qué debería tener el privilegio de renacer de entre 200.000 muertos?". Solo cabe una respuesta: para dar fe de cuanto hicieron los religiosos y militares dogmáticos. Un grito de la garganta cercenada contra el olvido que pactaron las mezquitas y los cuarteles. Kamel Daoud propone Huríes como el alarido de las víctimas frente al aullido de sus verdugos que, saciados de sangre, atrancaron una fosa común con la Ley de concordia civil en 2005. "Los asesinos se reconciliaron con los asesinos". Esa norma castiga con hasta cinco años de cárcel a quien mencione los años del horror. "El olvido es la misericordia de Dios, pero también es la injusticia de los hombres" que, después de precintar la memoria, "no sabe distinguir entre el bien y el mal".  

Las huríes son, en el islam, las mujeres que acogen en el paraíso a los mártires y justos de la tierra. Aube está embarazada. "Sé que eres una niña, mi Hurí". Concebida con un "pescador, medio enano, un poco tonto", que cumple su obsesión de emigrar a España. Conversa con su feto, "tú eres el acontecimiento que nunca imaginé". No quiere que nazca. Idea abortar para negar a su hija un mundo donde los hombres ejercen de dioses y las mujeres padecen sus mandamientos. "Te ahorro nacer para ahorrarte morir a cada instante… Te mataré por amor… para salvarte". Evitar la vida que le aguarda a la vida que borbotea en su vientre.                                                                                         

La hermana asesinada de Aube tendrá la última palabra sobre el sacrificio de la hurí nonata. La madre y su criatura viajan por territorios que, primero, desoló la guerra y, luego, el silencio. Se encaminan a la aldea donde los filos alargaron el odio y acortaron las vidas. "Soy una sombra que regresa a la escena del crimen de hace veintiún años". Daoud lo denomina El Lugar Muerto, la ‘Comala’ de Juan Rulfo y su Pedro Páramo. Compartirán trayecto con un librero que ni lee ni escribe. Otra víctima del conflicto, capaz de vincular cualquier número con un reguero de matanzas. Viajante en una furgoneta destartalada, contador de historias criminales. Testimonios sin evidencias. Al contemplar el costurón y el tubo en la garganta de Aube, descubre el contraveneno del olvido. "Yo seré tu voz y tú serás mi prueba".

La joven se encuentra una villa de miseria donde dos décadas antes le desollaron el habla y perdió la primera vida. El imán y jeque y carnicero ha vendido burro por cordero a quienes celebran la fiesta mahometana del sacrificio. Metáfora de la ignorancia que avergüenza a los pobladores de un ámbito sin recuerdos. "No saben nada. No saben de dónde vienen, quiénes son, quién es el hijo y quién es la madre de quién. Es un pueblo maldito". Solo Aube conoce su pasado, cuando se llamaba Fayr y tenía una hermana, que habita entre los muertos. El espacio yerto donde Taimucha desentrañará el sentido de sus destinos. "Debía vivir por las dos para que tu muerte no fuera en vano".

Vacía o fundada. Cómo calificará la justicia la denuncia presentada contra Kamel Daoud por una víctima auténtica de aquella guerra en Argelia. Saâda Arbane, treinta y tres años, paciente de la psiquiatra casada con el escritor, se identifica con Aube. La siente como su espejo: la cicatriz, la cánula, el embarazo, algunos tatuajes… Dice que siempre rechazó que otros relataran su dolor. El autor, cronista del conflicto en Le Quotidien d’Oran, alega que le han inspirado varios personajes reales. Insinúa que, detrás de la querellante, está el régimen argelino, que ha prohibido publicar Huríes allí. El relato ha abierto la polémica sobre las fronteras para apropiarse de la privacidad ajena. Asunto pendiente. 

El camusiano Daoud se cobija en Francia después de vivir como extranjero en su país. Escribe contra la peste de la amnesia dictada. Descifra los murmullos de esa nada y los engasta en sílabas. Y, después de todo, la historia ocultada le susurra la palabra final.

* Prudencio Medel es periodista.

El Gobierno ha confirmado que el ciudadano español retenido "contra su voluntad" en el norte de África ha sido liberado, han informado fuentes de Exteriores y recoge EFE. Según las fuentes, los servicios diplomáticos y de inteligencia españoles han trabajado "activamente" en coordinación con los de la zona "para resolver rápida y positivamente el caso".

La confirmación de Exteriores se produce después de que el martes un portavoz del Frente de Liberación del Azawad (FLA), grupo independentista tuareg del norte de Mali, Mohamed Elmaouloud Ramadane, avanzara a EFE que el rehén español había sido puesto en libertad este lunes y entregado a las autoridades argelinas.

De acuerdo con un comunicado que difundió este grupo tras conseguir liberarlo, este ciudadano español, cuya identidad corresponde a las iniciales G.G.N, se encontraba "en muy buen estado de salud" y habló con sus familiares antes de haber sido entregado "oficialmente" a las autoridades argelinas, con quienes estuvieron en contacto durante toda la operación.

G.G.M. fue secuestrado el pasado 14 de enero en el sur de Argelia y trasladado al territorio del Azawad (norte de Mali) por sus captores, afiliados a una red de crimen organizado que opera en la región del Sahel. Su puesta en libertad, ha explicado el Frente de Liberación del Azawad, que condena el crimen organizado y el terrorismo en todas sus formas, se llevó a cabo gracias a una operación realizada por una de sus unidades de seguridad, junto con negociaciones conducidas por "personas de buena voluntad".

Este secuestro junto al de una ciudadana austríaca el pasado 11 de enero cerca de la oficina de Cáritas en Agadez, en el norte de Níger indica, según analistas de la zona, un repunte de los secuestros económicos en esta región de África. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este jueves por la noche el secuestro de un ciudadano español en el norte de África. Fuentes oficiales del departamento que dirige Juan Manuel Albares han informado de que "distintas fuentes fiables confirman que un ciudadano español se encuentra actualmente retenido contra su voluntad en el norte de África".

"El Gobierno trabaja activamente para esclarecer todos los aspectos y lograr su resolución", han informado las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Según informaron a EFE dos fuentes próximas a la investigación, un ciudadano español ha sido secuestrado en el sur de Argelia por parte de miembros de un grupo yihadista.

Aunque a primera hora de este jueves la información disponible apuntaba a que la víctima podría tratarse de una mujer que hablaba español, finalmente las fuentes consultadas han confirmado que es un hombre.

Las alarmas saltaron a última hora de la tarde de este miércoles cuando informaciones consistentes y fiables procedentes de Argelia aseguraban que una turista española había sido secuestrada por integrantes del Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS). Según esas informaciones, los secuestradores liberaron a las personas que se encontraban con la española en la frontera con Argelia antes de entrar en territorio de Malí y ésta se quedó como rehén.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informa de que la amenaza terrorista, la presencia de grupos criminales y el riesgo de secuestros están presentes en el Sahel y desaconseja el desplazamiento por esa zona. En el Sahel actúan grupos de carácter yihadista, como el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), leal a la red terrorista Al Qaeda, y el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), la marca del ISIS en la zona.

El Gobierno español está investigando el secuestro de una mujer en el sur de Argelia por parte de miembros del Estado Islámico por si pudiera ser española, han informado a EFE fuentes gubernamentales. Al parecer, la secuestrada habla español pero de momento no se ha podido confirmar su nacionalidad, han añadido las fuentes.

Las alarmas saltaron a última hora de la tarde de este miércoles cuando informaciones consistentes y fiables procedentes de Argelia aseguraban que una turista española había sido secuestrada por integrantes del Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS).

Según esas informaciones, los secuestradores liberaron a las personas que se encontraban con la española en la frontera con Argelia antes de entrar en territorio de Malí y ésta se quedó como rehén.

Los bancos argelinos levantaron este jueves todas las restricciones impuestas hace dos años por Argel para el comercio exterior con España, como sanción por la crisis derivada del cambio de posición de Madrid con respecto el Sáhara Occidental, confirmaron a EFE fuentes locales.

"Los bancos intermediarios autorizados deberán tener en cuenta que las operaciones de domiciliación bancaria para operaciones de comercio exterior desde y hacia España deberán tramitarse de acuerdo con la normativa cambiara vigente", informó en una circular este miércoles el Banco Central de Argelia, lo que permite desde este jueves las operaciones bancarias para la exportación e importación.

Una fuente portuaria recordó en declaraciones a EFE que los trámites de importaciones de pollo y carne ya fueron autorizadas con España desde el principio de este año "y ahora han oficializado las importaciones" del resto de productos, un trámite que la ABEF bloqueó en 2022 tras la suspensión el 8 de junio del Tratado de Amistad con España. El bloqueo nunca afecto a la exportación de gas argelino a España, que se mantuvo con plena normalidad.

Con esta medida, se normalizan las relaciones comerciales con España después de que retomaran las diplomáticas tras el nombramiento de un nuevo embajador ante Madrid a finales del año pasado. La Cámara de Comercio de Alicante adelantó, por su parte, que reanuda las misiones comerciales a Argelia, tras autorizar la banca argelina las transacciones comerciales entre ambos países.

Al tiempo que se consolidan las relaciones con España, Argel ha entrado en otra crisis con Francia desde que su presidente, Emmanuel Macron, mostrara su apoyo al plan marroquí sobre la excolonia española como "única base" para solucionar el conflicto. "Ya abiertas todo tipo de derogaciones con España, con Francia todo está bloqueado", confirmó una fuente portuaria. "Las importaciones que se hacían vía Francia están actualmente bloqueadas y se reanudaron las importaciones con Valencia y otros puertos españoles", explicó la misma fuente.

El exembajador francés, Xavier Driencourt, dijo este miércoles que Argel ordenó bloquear las domiciliaciones para el comercio con Francia a partir de este martes, una medida similar a la que ahora levantará con España.

Pasma la intensidad con la que sectores bien identificados en nuestro país abordan el devenir del régimen venezolano, mientras obvian debates democráticos mucho más cercanos, con un impacto directo sobre nuestra realidad y seguridad a múltiples niveles. Argelia es un actor importante para España, pero sus recientes comicios presidenciales, marcados por la represión y plagados de irregularidades, apenas sí han suscitado interés ni debate. Aliada de Rusia, Irán y Venezuela, la “nueva Argelia” de Tebún ha ahogado la contestación del Hirak y aprueba leyes liberticidas para hostigar y reprimir con el fin de mantener un status quo militar que amenaza incluso la estabilidad de sus vecinos del norte.

El grueso de los regímenes políticos del mundo no es ni rotundamente democrático ni absolutamente autoritario. Estos se sitúan en una vasta zona gris, siendo difícil su asimilación con alguna de las categorías tradicionalmente establecidas por la Ciencia Política. Por tanto, en el concierto mundial de naciones abundan los “regímenes híbridos”, en función de la presencia y peso de diferentes variables. Desde la caída del Muro de Berlín, la literatura especializada ha dado buena cuenta de pseudo democracias, democracias de fachada, delegativas, electorales, iliberales, defectivas, parciales, autoritarias o semi-democracias; pero también de autoritarismos competitivos, electorales, semiautoritarios, sultanismos electivos y regímenes autocráticos electorales. 

La etiqueta “dictadura” oculta un amplio abanico de posibilidades y resulta harto caricatural para aludir a complejas realidades. Allende la simplificación impuesta por el relato de ciertos partidos, el franco deterioro de la calidad democrática venezolana merece un debate de mayor calado que el promovido en España por sectores bien identificados. Sin negar el interés que suscita este tipo de ejercicios, la atención no debería limitarse a realidades elegidas de forma harto interesada. Nuestras élites y medios de comunicación convendrían en atender con igual celo el devenir de regímenes mucho más cercanos, cuyas evoluciones son fuente objetiva de inquietud por el impacto a nivel geopolítico, económico, de seguridad, social y demográfico, entre otros.

Frente a las once horas que puede durar el vuelo entre Madrid y Caracas, apenas 45 minutos separan a Alicante del aeropuerto Ahmed Ben Bella de Orán, cuyo barrio de Sidi El Ouari conserva los vestigios de los españoles orígenes de la urbe, al igual que el dialecto árabe local, impregnado de hispanismos. Ni la geografía, ni la historia, ni acuciantes realidades y desafíos comunes han redundado en un digno interés por su escrutinio presidencial. Apenas algunas informaciones, crónicas y fútiles análisis en contados soportes. ¿No nos inquieta la suerte de Argelia? ¿Hace Exteriores gestiones para liberar a cientos de activistas encarcelados? ¿Concederá el gobierno de Sánchez asilo a los opositores Karim Tabbou y Fethi Ghares? ¿Se contemplan presiones para poner fin al hostigamiento de los ciudadanos molestos al poder en liza? 

Argelia es un actor importante para España, siendo clave en la política de seguridad y en la gestión de los flujos migratorios provenientes de África. Hasta el cambio de posición del gobierno español sobre el Sáhara Occidental, la cooperación con Argel ha permitido mantener en cifras bajas la inmigración irregular procedente de sus costas. Tras la quiebra de la relación, Argelia dejó de aceptar las devoluciones de inmigrantes irregulares desde España, produciéndose una reconfiguración de las rutas de la migración subsahariana. España no ha sido un destino importante para la migración argelina, que prefiere asentarse en Francia, aunque sí ha habido un aumento de las llegadas irregulares de argelinos a las costas españolas por encima de los marroquíes.

Sin mentar el rol de los hidrocarburos y otros motivos acuciantes, la sola cuestión migratoria –devenida central en el relato de nuestros políticos– debería hacer de Argelia un objeto de atención privilegiado, objetivamente muy por encima de Venezuela. Para júbilo de sus dirigentes, su mascarada electoral argelina ha pasado desapercibida en España y en Europa, apresurándose las cancillerías para felicitar al vencedor, como Macron, que transmitió sus “mejores deseos de éxito” al vencedor. Sin condenas internacionales, la Autoridad Nacional Independiente de Elecciones (ANIE) proclamó la victoria del presidente saliente, Abdelmayid Tebún, con un 94,65% de votos. Nadie en España ni Bruselas puso en tela de juicio lo irreal del casi 50% de participación que sancionó la ANIE, cuando un rápido cálculo sobre las cifras vertidas da cuenta de apenas un 23%, sin incluir votos blancos y nulos, ni tomar en consideración regiones, como Cabilia, que no alcanzaron ni dos dígitos.

El candidato del Ejército Nacional Popular, el cuasi octogenario Tebún, pretendía una reelección que hiciese olvidar su victoria de diciembre de 2019, cuando el escrutinio fue boicoteado por una gran la mayoría de la población, siendo elegido en la primera vuelta con tan solo un 58,13% de sufragios. Estas elecciones eran la ocasión para Tebún de evidenciar un incremento de su popularidad, que no se produjo, por mucho que la agencia oficial y el canal público de televisión, la APA y la ENTV respectivamente, multiplicasen los mensajes de felicitación al vencedor para distraer la opinión pública del revés sufrido. 

De unos 24 millones de argelinos llamados a las urnas, 19 millones no votaron. La semana de las elecciones, la prensa daba buena cuenta de la llegada a España de 800 harraga (“quemar”, textualmente, como se denomina a aquellos que carbonizan sus documentos de identidad al llegar irregularmente a Europa) en precarias embarcaciones desde las costas argelinas. Parece que muchos prefieren jugarse la vida a votar, dando buena cuenta la abstención del descrédito del régimen y el mediocre balance de Tebún, quien no aportó mejoras, resultando un jefe de Estado aún más frágil e impopular. 

En el reino de Tebún y su mentor, el general-mayor Chengriha, los precios seguirán subiendo, la improvisación será la norma, al igual que los grandilocuentes anuncios, los precarios subsidios para mantener una maltrecha paz social y en modo alguno cesará la represión. El boicot se presenta como una enmienda a la totalidad del régimen por parte del pueblo. Una victoria del espíritu del Hirak (“movimiento”, literalmente) sobre una “República Democrática y Popular de Argelia” erigida por un ejército refractario al cambio y a la apertura. Un rechazo sin aspavientos de una mascarada electoral que refrenda la profunda ruptura que existe entre el pueblo y la casta militar, política y económica que mantiene subyugado al país de mayor extensión del continente africano tras la partición de Sudán, con ingentes recursos y potencialidades.

El Hirak, que masiva y pacíficamente invadía viernes tras viernes las principales capitales argelinas exigiendo la marcha de Buteflika, primero, y ulteriormente un cambio de régimen sobre los principios de democracia y libertad, empezó a ser objeto de persecución a partir del verano de 2019. Las autoridades se apoyan en un arsenal jurídico, reforzado en 2021, que asimila al “terrorismo” y al “sabotaje”, cualquier llamamiento a “cambiar el sistema de gobernanza por medios no convencionales”. “Una definición tan difusa que da pie a los medios de seguridad a un amplio margen de maniobra para el arresto de los contestatarios”, lamentaba en noviembre de 2023 la informadora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos del hombre en Argelia, Mary Lawlor. Un arsenal jurídico que, para alimentar el clima de terror, consiente que los imputados permanezcan en detención provisoria antes de un juicio, que puede tardar meses. 

“Ofensas al presidente de la República”, “publicación de falsas informaciones”, “afectación del orden público”, “atenta contra la unidad nacional”, “ofensas a la moral del ejército”, “apología del terrorismo”, “propagación del discurso de odio”, “incitación a tumultos no violentos”, los cargos son múltiples y variados al encuentro de quienes molestan al régimen, que pueden ser condenados a meses o años de prisión. Las redes sociales también están bajo estrecha vigilancia. Un post en Facebook durante la campaña publicado por Yacine Mekireche le valió su interpelación, el 6 de agosto, al igual que le había ocurrido en abril, cuando este rendía homenaje a Masinisa Guermah, joven de 18 años muerto a manos de la Gendarmería en Tizi Uzú durante la primavera bereber de 2001. 

“Zaki” Hanache, activista argelino refugiado en Canadá, enumera a quien suscribe estas líneas incontables interpelaciones, interrogatorios en comisaria y arrestos con fines intimidatorios durante la campaña. Antiguos militantes de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), disuelta en enero de 2023 por decisión judicial tras 38 años de existencia, en las cárceles argelinas hay más de 225 prisioneros de opinión, si bien el número pudiera ser sustancialmente mayor, ya que las familias tienen miedo de comunicar los arrestos por miedo a mayores represalias. Domesticados rotativos críticos y de gran difusión como El Watan, El Khabar y Liberté, los medios de comunicación, las redes sociales y la calle, cuyo rol fue decisivo en el auge del Hirak, han sido neutralizados. En ausencia de contrapoderes, campa a sus anchas Tebún, la cabeza visible del régimen militar.

A su disposición Ejército, Gobierno, Parlamento y cuerpos constituidos, el sindicato oficial (UGTA), el otrora partido único, Frente de Liberación Nacional, y una pléyade de organizaciones satélite, las patronales, cofradías religiosas y organizaciones de la “familia revolucionaria”. Aun así, se conformó una imponente máquina de campaña a cuyo frente se situó el titular de Interior, Brahim Merad, en una maniobra no irregular a ojos de la instancia electoral. Además, hasta trece candidaturas fueron descalificadas por la comisión de los comicios, desestimando la Corte Constitucional recursos posteriores. Por supuesto, los medios de comunicación públicos se pusieron al servicio de Tebún, que protagonizó un único acto de campaña en Constantina a sabiendas de que competía solo.

Las escenas de millones de argelinos desfilando pacíficamente reclamando democracia resultan extemporáneas en la Argelia de 2024. El Hirak logró trastocar los planes del régimen, evitando una cuarta reelección de Buteflika, nacido en 1937 e incapacitado tras un accidente cerebrovascular, y la adopción de una nueva carta otorgada que, bajo cubierta de liberalismo, ha facultado una restauración autoritaria. La revisión constitucional parapeta al régimen de derivas análogas al Hirak, proclamando que el ejército tiene la misión de “preservar los intereses vitales y estratégicos del país” (artículo 30.4), limitando los derechos y libertades fundamentales al “respeto de las constantes nacionales” (artículo 34.2) y legitima la intromisión castrense en la vida política. 

Se desata entonces una lógica represiva sobre las libertades individuales, de prensa (detención del director de Maghreb Émergent, Ihsane El Kadi, condenado a siete años de prisión, a modo de ejemplo), de asociación (disolución judicial de la LADDH), de consciencia (cierre de hasta 42 iglesias solo en 2023) y persecución y hostigamiento de todo tipo de organizaciones políticas en nombre de la seguridad del Estado (como ocurre con el Movimiento por la Autonomía de la Cabilia de Ferhat Meheni), quedando los partidos políticos marginalizados de facto, a todos los niveles. 

Íntima aliada de Rusia, Irán y Venezuela, esta “nueva Argelia” de Tebún, que se marcaba como objetivo la “ruptura con el antiguo régimen”, apenas ha logrado renovar el personal político de primera línea. Los protagonistas en tiempos pretéritos están muertos, en prisión o huidos en el extranjero, a imagen de Abdeslam Buchuareb, ex ministro de Industria que, condenado en Argelia a 100 años de cárcel por corrupción, reside en Francia. Pero la arquitectura del poder sigue siendo la misma que en tiempos de Buteflika, cuando gobernaba con apoyo del Estado-mayor del ejército y los todopoderosos servicios de inteligencia. “Estado civil y no militar”, proclamaba el Hirak a sabiendas de la naturaleza de un régimen impermeable al cambio, cuya realidad y devenir no suscita debate alguno entre sus vecinos al norte, tan ocupados en ordenar países mucho más lejanos.

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David Alvarado es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La Unión Europea apenas cuenta con yacimientos de petróleo y gas, excepto los offshore del Mar del Norte y algunos en Rumanía; el holandés de Groninga, el mayor del continente, acaba de ser clausurado. Por ese motivo, se ha convertido en el mayor importador de gas natural del mundo: necesita comprar fuera el 83% del que utiliza. En 2023 trajo en barco un total de 120.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado; el resto, hasta los 400.000 millones que consumen los Veintisiete, le fue suministrado a través de gasoductos. El 21% de la electricidad y el 38% de la calefacción, tanto doméstica como industrial, se genera y funciona con gas.

Europeas son también algunas de las mayores petroleras y gasistas del mundo, cuyo negocio de extracción se extiende por África, Asia y América. Entre ellas se cuentan las españolas Repsol y Cepsa. La compañía presidida por Antonio Brufau es una de las 20 mayores compañías del sector. En 2022, además, encabezó el Íbex 35 en facturación –34.809 millones de euros–, espoleada por la guerra de Ucrania. La casi centenaria Cepsa, hoy propiedad de Mubadala Investment Company, el fondo soberano de Abu Dabi, y del fondo de inversión estadounidense The Carlyle Group, presume de ser la mayor petrolera europea que no cotiza en Bolsa.

Ambas compañías explotan yacimientos en Argelia, de donde procede el 5% del gas que compra Europa y el 42% del que adquiere España. Repsol posee también pozos en Libia y hasta 2021 los tuvo en Irak. En marzo de 2023 Cepsa vendió a la francesa TotalEnergies su negocio en Abu Dabi. Por lo que su negocio en la zona que comprende África del Norte y Oriente Próximo se limita ahora a sus cuatro yacimientos en el desierto argelino.

Es más, las dos españolas trabajan juntas, asociadas con la italiana ENI, la estadounidense Occidental Petroleum y la indonesia Pertamina, para extraer crudo en Ourhoud, el segundo mayor yacimiento de Argelia. Además, Repsol explota desde 2017 junto a la alemana Wintershall el yacimiento de gas Reggane Norte, así como los de Menzel Ledjmet Nord y El Merk junto con la indonesia Pertamina.

A su vez, Cepsa opera en solitario otros tres campos en medio del desierto: Rhoude El Khrouf, Bir El M’Sana y Timimoun II. En los yacimientos argelinos, las españolas comparten el negocio con la estatal Sonatrach, porque en el país norteafricano los hidrocarburos son propiedad del Estado, que licita y adjudica los contratos.

Sonatrach, un auténtico gigante del sector, figura como la undécima petrolera más grande del mundo y como la principal empresa de Argelia: de su actividad depende el 26% del PIB del país. También es la compañía que más gas ha quemado en sus yacimientos durante la última década. Una práctica que en inglés se llama flaring y que proporciona a los pozos de petróleo y gas esas características llamaradas constantes que adornan las antorchas en altura donde se produce la combustión. Se trata de un mecanismo utilizado como sistema de seguridad –aunque no únicamente por ese motivo– para aliviar la presión en las explotaciones. No sólo en los pozos donde se extraen tanto el crudo como el gas, también en las refinerías o en las plantas de regasificación, por ejemplo.

La quema en antorcha es muy contaminante. El gas natural –metano– debe salir del circuito, y puede hacerlo tal cual, directamente a la atmósfera, lo que se denomina venteo. Como se sabe, el metano es el principal gas de efecto invernadero: atrapa 84 veces más calor en la atmósfera que el dióxido de carbono (CO₂) durante 20 años. También puede quemarse, transformándolo en su mayor parte en CO₂. En ese caso se emite mucho menos metano, pero la combustión produce óxido nitroso, hollín, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles… todos ellos contaminantes perjudiciales para la salud humana –pueden provocar problemas respiratorios, cáncer y hasta partos prematuros–, la flora y la fauna.

De 2012 a 2022, Sonatrach quemó 97,26 billones de metros cúbicos de gas (bcm), lo que se tradujo en unas emisiones de 235 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente o CO₂e [el CO₂e es el resultado de multiplicar la masa de los gases de efecto invernadero por su potencial de calentamiento global, obteniendo así su valor equivalente en dióxido de carbono]. Así lo revela la investigación Burning Skies, conducida por la red de periodismo de investigación medioambiental EIF (Environmental Investigative Forum) junto con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), así como la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica). Utilizando datos geográficos y de satélite proporcionados por el Grupo de Observación de la Tierra del Payne Institute for Public Policy y la ONG medioambiental Skytruth, completados con una investigación en fuentes abiertas, Burning Skies ha vinculado miles de señales de combustión a más de 650 infraestructuras petrolíferas y de gas situadas en 18 países de África y Oriente Próximo. Así se han estimado las emisiones de 2012 a 2022, y atribuido a las empresas operadoras, por cada yacimiento petrolífero, planta de gas natural licuado (GNL) o refinería.

Esas cantidades convierten a Sonatrach en la primera empresa contaminante del norte de África y Oriente Próximo, incluso por delante de otros grandes como BP, ENI y Exxon. Daraj, socio de EIC en esta investigación, ha preguntado a Sonatrach por estas cifras, pero el gigante argelino no ha querido hacer ningún comentario.

A su vez, Argelia es el sexto país del mundo y el segundo país de la región donde más gas se quema en antorcha, con un total de 102,19 billones de metros cúbicos, que se convirtieron en 260,6 millones de toneladas de CO₂e en la última década. Representan el 20% de las emisiones de toda la región. En la zona sólo le gana Irak, con 158,63 bcm de gas quemado y unas emisiones de 400,4 millones de toneladas de CO₂e, de acuerdo con las estimaciones de Burning Skies.

Los números son aún más sangrantes si se tiene en cuenta que en Argelia la ley prohíbe la combustión rutinaria de gas en antorcha desde 2019, aunque ya en 2005 se habían aplicado restricciones, también al venteo. En teoría, sólo se puede quemar gas previa autorización, en determinados casos y con límites temporales. Desde 2019, además, se gravan con impuestos ambas prácticas: unos 90 dólares por cada 1.000 metros cúbicos quemados o venteados. La ley incluso prevé sanciones en caso de incumplimiento –750 dólares diarios–, pero no se sabe de que se haya impuesto nunca ninguna.

De esas cifras récord de gas quemado, una parte es responsabilidad de Repsol y Cepsa. En Argelia, las dos empresas españolas han emitido 2,7 millones de toneladas de CO₂e, tras arder 1,02 bcm de gas desde 2012 hasta 2022, según los análisis de EIC. En concreto, Repsol ha quemado 0,12 bcm, que se convirtieron en 0,3 millones de toneladas de CO₂e. Las cantidades de Cepsa son superiores: 0,94 bcm de gas combustionado y 2,4 millones de toneladas de CO₂e emitidas. Repsol comenzó a quemar en Ourhoud y Reggane Norte sólo en 2017.  Curiosamente, el año en que más gas quemaron ambas compañías fue el último, 2022: los yacimientos de Cepsa doblaron combustión y emisiones respecto al año anterior, mientras que los de Repsol las multiplicaron por 28. Para hacerse una idea del volumen de gas que se vierte a la atmósfera, desperdiciando el recurso y contaminando el entorno, bastan un par de comparaciones. Los 0,2 billones de metros cúbicos de gas que ambas compañías quemaron en 2022 en Argelia equivalen al consumo de luz y calefacción de las viviendas de toda la provincia de Bizkaia en un año, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en Bizkaia hay 563.000 viviendas.

Si las comparaciones se aplican a las cifras de toda la década, el billón de metros cúbicos de gas que Cepsa y Repsol quemaron en Argelia habría sido suficiente para cubrir durante un año el consumo de luz y calefacción de 2,5 millones de hogares españoles, a razón de una media de 400 metros cúbicos por vivienda. Ese es el número de hogares de toda la Comunidad de Madrid, según el censo de 2021 del Instituto de Estadística madrileño.

Finalmente, si lo que se comparan son las emisiones contaminantes, los 2,7 millones de toneladas de CO₂e expulsadas por Cepsa y Repsol en la última década en Argelia equivalen a las producidas por la industria y la construcción de toda España en un solo año, 2022, según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus Cuentas Ambientales. Pero también se acercan a las emisiones conjuntas anuales de las ciudades de Alicante y Castellón, que suman más de medio millón de habitantes, según los respectivos inventarios municipales de emisiones de gases de efecto invernadero. Y superan la cantidad de CO₂ generada por Sevilla y Zaragoza, que rozan, cada una, los 700.000 habitantes.

En España, Cepsa y Repsol también queman gas en antorcha. En sus refinerías. La decena de las que funcionan en el país emitieron en 2022 un total de 9,6 millones de toneladas de CO₂e, un 6% más que el año anterior, tal y como recoge la última edición del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio de Transición Ecológica. El informe otorga a estas emisiones una “relevancia significativa”.

Del total expulsado por las refinerías, 3,9 millones son “emisiones fugitivas”, generadas en la extracción o procesamiento del petróleo y el gas y que no se aprovechan. Estas han crecido nada menos que un 203% desde 1990, debido a que las refinerías procesan cada vez más crudo. De esos 3,9 millones de toneladas de CO₂e, el 7%, 0,27 millones, procedió de la quema en antorcha, según el inventario de Transición Ecológica. Es decir, todas las refinerías de España emiten casi la misma cantidad de CO₂e que Repsol desde las antorchas de sus dos yacimientos de Argelia. Repsol es la propietaria de cuatro de ellas y una quinta –Tarragona– la comparte al 50% con Cepsa, que a su vez posee otras tres. BP tiene una más, en Castellón.

Ambas petroleras –también la estatal Sonatrach– están adheridas a la iniciativa del Banco Mundial Zero Routine Flaring by 2030, que tiene como objetivo suprimir la quema de gas en antorcha para ese año. Por tanto, informan de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los informes de gestión que publican cada año, y de la parte de éstas que atribuyen tanto a la combustión de gas como al venteo.

En el informe de 2023, Repsol reconoce unas emisiones de 0,7 millones de toneladas de CO₂e procedentes de las antorchas de sus explotaciones en todo el mundo, cuatro veces más de las que produce mediante venteo. También cifra en 0,38 millones de toneladas la cantidad de gas que quemó ese año. Da más detalles en sus respuestas al cuestionario del Carbon Disclosure Project (CDP), que mide el impacto ambiental de las mayores empresas del mundo y que la compañía cuelga en su página web. Dice que la combustión en antorcha representa el 4% de sus emisiones de alcance 1 –las que se producen directamente en la actividad normal de la empresa–. Y que el 43% de ellas procede de los yacimientos de petróleo y gas, 0,24 millones de toneladas; el resto, de las refinerías.

Pero no desglosa sus emisiones por regiones. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones de EIF y EIC, sólo en Argelia las antorchas de los yacimientos en los que participa Repsol emitieron en 2022 casi una tercera parte de las producidas en todos los campos y refinerías que tiene repartidos por el mundo, si ésa fuera la cifra real de sus emisiones.

En el caso de Cepsa, su último informe anual reconoce unas emisiones mundiales de 0,07 millones de toneladas de CO₂e en 2022, muy lejos de las 0,3 millones de toneladas sólo en Argelia que resultan de las estimaciones de EIF y EIC. En 2023, la cifra es aún menor: 0,04 millones. En sus repuestas al cuestionario de CPD, Cepsa asegura que su quema de antorcha no es “relevante”, por lo que carece de un “objetivo cuantitativo específico” para reducir esa práctica industrial. Aun así, cifra en un 2,2% –la mitad que Repsol– la cuota que el flaring tiene en su cómputo total de emisiones de alcance 1 –directas– y 2 –las indirectas, generadas por la energía suministrada a la compañía–. Cepsa reconoce que en 2023 han aumentado precisamente esas emisiones porque ha crecido la actividad de sus refinerías. En las españolas, sus emisiones de alcance 1 el año pasado sumaron más de tres millones de toneladas de CO₂e, a las que añade 733.097 toneladas de sus plantas petroquímicas de Palos de la Frontera (Huelva) y Puente Mayorga (Cádiz).

A diferencia de Repsol, Cepsa sí desglosa sus emisiones por territorios. En Argelia sólo reconoce unas emisiones globales de alcance 1 de 84.800 toneladas de CO₂e y de 25.861 toneladas de alcance 2. Un total de 110.661 toneladas de CO₂e que proceden tanto de las antorchas como de fugas.

Las estimaciones realizadas por EIF y EIC, por tanto, confirman que las cifras de emisiones que facilitan las petroleras están infraestimadas.

Así, la BBC publicó en septiembre de 2022 una investigación basada en datos del Banco Mundial, que utiliza satélites para monitorizar las emisiones de gases de efecto invernadero de los pozos petrolíferos y de gas. Según sus indagaciones, las empresas no habían declarado casi 20 millones de toneladas de CO₂e procedentes de la quema de gas en antorchas en 2021. Las mismas emisiones, destacaba la televisión británica, que producen 4,4 millones de vehículos en un año.

Otra investigación, realizada por Environmental Defense Fund (EDF), una organización estadounidense de defensa del medio ambiente, reveló en 2021 que las empresas emiten 3,5 veces más metano de lo que comunican a la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de EEUU (EPA). Al menos las que trabajan en la Cuenca Pérmica, “el mayor campo petrolífero del mundo”, 222.739 kilómetros cuadrados entre el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México. Para llegar a esa conclusión, utilizaron satélites y helicópteros con cámaras de infrarrojos. Y descubrieron que el 11% de las antorchas funcionaba mal: el 5% estaban apagadas y el resto no quemaban correctamente el gas. Casi el 60% fallaba más de una vez a la semana.

Es más, aunque las petroleras declaran que las antorchas queman el 98% del metano con el que se las alimenta, la investigación de EDF desveló que, en realidad, no ardía más que el 91%. Y no es una diferencia pequeña: una reducción de sólo un punto porcentual en la eficiencia de las teas se traduce en un aumento del 50% de las emisiones resultantes, asegura el Banco Mundial.

“En otros países del mundo, las antorchas son aún más ineficientes, queman por debajo del 91% del gas”, advierte Daniel Zavala-Araiza, investigador de EDF y de la Universidad de Utrecht. La industria, explica, asume ese 98% de eliminación del metano, pero si, además, “las teas se apagan, el flujo de metano se mantiene y las empresas no informan de las incidencias, las emisiones reales son altísimas”.

infoLibre ha preguntado a Cepsa y Repsol por la discrepancia entre las cifras publicadas en sus informes anuales y los resultados de Burning Skies. Cepsa dice que no puede analizar los datos de la investigación de EIC, porque “desconoce” cuáles son sus fuentes –pese a que se le especificaron–. La empresa no ha respondido a las preguntas sobre cuestiones específicas que se le ha enviado y que se reproducen al final de esta información. Se limita a afirmar que cumple “con toda la normativa y regulaciones vigentes en los países que opera”. Y, en Argelia, en concreto, cumple con la ley relativa a actividades de hidrocarburos.

“Todas nuestras instalaciones cuentan con el preceptivo estudio de impacto ambiental conforme a los requerimientos legales exigidos por la normativa vigente de los respectivos países”, añade la petrolera. Cepsa sólo ofrece una explicación genérica de lo que eso significa: ”Identifica y caracteriza los valores naturales” de las zonas afectadas por la actividad de sus instalaciones, evalúa los potenciales impactos ambientales y establece “medidas preventivas y correctoras”.

Repsol, por su parte, sólo incluye en sus cálculos de emisiones los yacimientos en los que es operador, pero no aquéllos en los que tiene una participación accionarial. Ese “criterio operacional”, explica, “no es un cómputo de Repsol”, sino “una metodología reconocida por el GHG Protocol [elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible] y ampliamente utilizada en el sector del petróleo y el gas”. De esta forma, excluye de su cómputo los yacimientos de Argelia –Reggane Norte, Menzel Ledjmet Nord, El Merk y Ourhoud– y Libia –El Sharara– en cuya propiedad participa junto con otras compañías públicas y privadas. Como aduce que su participación accionarial es minoritaria, Repsol argumenta que “es el operador el que tiene el control y, por tanto, el poder de decisión” sobre las medidas que deben tomarse para reducir la quema de gas en antorcha y las emisiones contaminantes. Eso sí, la petrolera declara su “compromiso” para “tratar de influir en las decisiones” de sus socios en los yacimientos donde no es el operador.

Sin embargo, en su página web Repsol publicita ampliamente su larga presencia en Argelia, un país que considera “estratégico”, así como los “proyectos de explotación” en los que “participa” la compañía: “La producción media de Repsol en Argelia en 2023 es de más de 60.000 barriles/día (el 2% de la producción neta global del grupo), de los que cerca del 60% es gas”.

De hecho, la petrolera española posee el 36% de Groupement Reggane Nord, el operador de Reggane Nord; el 35% de Ourhoud y el 32% de Akakus Oil Operations, operador del bloque NC-186 en El Sharara, en Libia, según aparece en su página web.

La extracción de petróleo y gas en el norte de África es sólo una pequeña parte del negocio tanto de Repsol y Cepsa. En la década que ha analizado EIC, la compañía de Brufau también ha explotado yacimientos en Estados Unidos, Reino Unido, Noruega –en el mar del Norte – Bolivia y Perú. En 2022 vendió los de Canadá y Ecuador, en 2021 los de Vietnam, Malasia e Irak. Según los datos de emisiones del Banco Mundial, donde más gas ha quemado Repsol en esa década ha sido en Malasia –1,7 bcm–, tal y como reconoce además en sus respuestas al cuestionario de CDP, seguido de sus pozos en aguas británicas del Mar del Norte –1,6 bcm–. Finalmente, entre 2012 y 2018, quemó 0,03 bcm de gas en Casablanca, la única plataforma petrolífera de España, situada en la costa de Tarragona.

Cepsa también tiene yacimientos en Malasia, donde quemó 0,8 bcm de gas en la década, además de Tailandia, según recoge la estadística del Banco Mundial. A partir de 2022 ha vendido explotaciones en Abu Dabi, Colombia y Perú.

Pese a las iniciativas internacionales y las promesas de los gobiernos y las compañías adheridos a ellas, la quema de gas en antorcha no se ha reducido de forma significativa en los últimos 10 años, tal y como reconoce IOGP (International Association of Oil & Gas Producers), la asociación que reúne a las principales petroleras del mundo. De hecho, en 2023 el flaring creció un 7% respecto al año anterior, alcanzando los 148 billones de metros cúbicos, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial publicados en su más reciente informe de seguimiento. Además, se trata del mayor volumen de los últimos cinco años. Lo que se traduce en unas emisiones contaminantes de 381 millones de toneladas de CO₂e. El Banco Mundial también admite que la reducción de la quema en antorcha “se ha estancado en la última década”.

Sin embargo, empresas como Repsol prometen reducir esta práctica contaminante –y antieconómica– en un 50% en 2025 respecto a 2018 y suprimirla por completo en 2030. La IOGP culpa a “la falta de infraestructuras, la distancia a los mercados, las limitaciones de la inversión de capital y la ausencia de un marco reglamentario eficaz y efectivo” del escaso brío con que las petroleras se dedican a acabar con las antorchas y a aprovechar el gas que ahora se despilfarra.

Por el contrario, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), sostiene que el 40% de las emisiones de metano podría evitarse “sin ningún coste neto”, porque el coste de las medidas de reducción es inferior al valor de mercado del gas natural. En precios máximos, además, desde la invasión rusa de Ucrania. Según sus cálculos, harían falta 100.000 millones de dólares hasta 2030 para recortar las emisiones de metano, menos del 3% de los ingresos netos obtenidos por la industria del petróleo y el gas en 2022.

Porque la tecnología para acabar con la quema en antorcha existe, explican a infoLibre los expertos consultados. Aun así, la reutilización del gas que ahora arde en las teas “no es sencilla”, precisa José Antonio García Fernández, profesor de Ingeniería Química de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. “El caudal que llega a la antorcha es variable, por lo que no resulta manejable, hace falta un caudal constante para su aprovechamiento energético, para producir electricidad o para su consumo”, explica. De forma que habría que cambiar los procesos para reducir las emisiones variables de gases combustibles. Tratándose de un mecanismo de seguridad, apunta, “si hay un problema en la planta, la única forma sencilla de solucionarlo es enviar el gas a la antorcha”.

No sólo es lo más fácil. Ocurre también que el gas asociado a la extracción de petróleo es un recurso que no interesa –sólo interesa el crudo– y se quema. Fue lo que desveló la investigación emprendida en 2022 por el equipo de Luis Guanter, catedrático de Física Aplicada en la Universitat Politècnica de València y experto en el uso de satélites para detectar y medir las emisiones de metano. Descubrieron que la estatal Pemex quemaba sistemáticamente el gas en una plataforma de la costa de Campeche, en el Golfo de México, a razón de 100 toneladas por hora.

La combustión rutinaria de gas quedó al descubierto gracias al apagón que sufrieron las antorchas de ese yacimiento durante 17 días en diciembre de 2021. Los satélites detectaron entonces las emisiones de metano que se liberaban directamente a la atmósfera desde las teas, inactivas quizá por una avería en las instalaciones. La cantidad de gas fue tal que, sólo en esos 17 días, se expulsó a la atmósfera el equivalente al 3% de las emisiones anuales de México.

En su informe anual, Repsol dice que está “buscando soluciones viables técnica y económicamente para minimizar la quema rutinaria de gas cuanto antes”. Pero en la encuesta de CDP explica que la reducción conseguida en el último año se debe, principalmente, a que ha vendido los yacimientos más intensivos en flaring, en Malasia y Ecuador. Es decir, ya no están en su inventario… pero siguen contaminando en el de la malaya Hibiscus Petroleum y la canadiense New Stratus Energy.

Este periódico ha preguntado a ambas petroleras por las medidas que están adoptando para reducir la quema de gas en antorcha. Repsol asegura que ya ha alcanzado, antes de la fecha prevista –2025–, la reducción prometida de flaring en un 50% respecto a 2018. Y, a fin de llegar al nivel cero de emisiones para 2030, dice que buscará “soluciones para medir de forma más precisa” las emisiones –con drones y avionetas– y separar las quemas rutinarias de las que no lo son. También para reutilizar el gas y generar calor o electricidad en el propio campo, reinyectarlo o darle una salida comercial. La petrolera no contestó a infoLibre qué porcentaje de sus quemas son rutinarias, pero según las estadísticas del Banco Mundial, éstas superan el 57%. Una cifra muy alejada del 1,7% declarado por BP o del 17,5% de TotalEnergies.

Pese a sus buenas intenciones sobre el papel, la petrolera española fue multada en diciembre de 2023 por la North Sea Transition Authority (NSTA) con la mayor sanción que el organismo había impuesto hasta ese momento, 160.000 libras –191.530 euros–, por quemar y ventear 73 toneladas de gas sin permiso en Fulmar, en el Mar del Norte.

Por lo que respecta a sus refinerías en España, Repsol dice haber instalado “uno o más compresores de recuperación de gas para reutilizarlo como combustible”. Y Cepsa menciona que tiene tres proyectos para “maximizar la recuperación de energía y minimizar la cantidad de gas que se quema”, pero no precisa más. También asegura que ha reducido 15.000 toneladas de CO₂ por refinería con las medidas que ha puesto en marcha.

En otros países, como en Congo, se está reconduciendo el gas asociado a la extracción del petróleo para alimentar centrales eléctricas, asegura la IOGP, mientras Petronas captura ahora el gas que antes ardía en sus campos offshore en Indonesia. En Argelia, el Banco Mundial elogia la reducción del 5% conseguida en 2023, la mayor de todos los países, y que atribuye a los proyectos de recuperación de gas puestos en marcha en el campo de Hassi Messaoud, el mayor del país, así como en otros de Tiguentourine, Ohanet y Tin-Fouye-Tabankart.  

El enfoque de Noruega es distinto. Desde los años 90 grava con impuestos a las empresas que operan en el mar del Norte y queman o ventean gas: 65,35 euros por tonelada de CO₂ quemada y 1,17 euros por metro cúbico venteado o emitido. Con semejante desincentivo económico, la quema en antorcha de gas de Noruega equivale ahora al 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las plataformas del Mar del Norte, mientras que la del Reino Unido en la misma zona representa el 25%, según denuncia el Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Cinco veces más, por tanto, pese a que los campos offshore británicos producen la mitad de barriles de petróleo que los noruegos.

En noviembre de 2023, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo acordaron un reglamento de emisiones de metano en el sector energético que prohíbe tanto la quema como el venteo rutinarios de gas desde el mismo momento en que entre en vigor. Pero no prohíbe las importaciones de gas o petróleo que se hayan producido superando determinados límites de emisiones. Sí que establece que, a partir de enero de 2027, sólo se puedan firmar contratos de suministro si el combustible fósil se ha extraído fuera de la UE cumpliendo los mismos requisitos de medición y control de emisiones impuestos a las empresas europeas.

El problema es que el reglamento no fija ningun límite de emisiones ni de intensidad de metano en la producción del gas y el petróleo. La Comisión lo hará más adelante y las empresas no tendrán que cumplirlo hasta 2030. Estados Unidos, en cambio, sí lo ha hecho ya, recuerda Daniel Zavala-Araiza, y ese límite, apunta, puede servir de referencia para la UE.

“Es insuficiente”, critica el reglamento Marina Gros, de Ecologistas en Acción. No sólo porque no fije un objetivo concreto de reducción de emisiones, añade, sino porque tampoco contempla una estrategia para el abandono de los combustibles fósiles. Es más, Gros advierte de que establece plazos demasiado dilatados: hasta 2026 no habrá una base de datos común sobre emisiones, hasta 2028 las empresas no estarán obligadas a informar de la intensidad de metano de su producción y hasta 2030 no tendrán que demostrar que cumplen con ese límite de emisiones.

Ecologistas en Acción también considera “débiles” las sanciones a las petroleras incumplidoras, que se dejan a la elección de los Estados miembros. Sólo se especifica que las multas deberán ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Y censura que el reglamento no amplíe a las importaciones las medidas que sí deben cumplir las empresas en la UE sobre la quema en antorcha y el venteno, así como sobre detección y reparación de fugas.

Zavala-Araiza, en cambio, defiende un “sano escepticismo” sobre la eficacia del reglamento. “Por primera vez habrá datos reales, recogidos de forma independiente, gracias a los satélites y no proporcionados por la industria, que permitirán poner metas claras de reducción de emisiones”, asegura el investigador. A su juicio, se trata de una “revolución de datos”, necesaria para abordar la emergencia climática.

El investigador de EDF elogia que la UE esté “demostrando liderazgo” y “mandando señales” a otros mercados, como el asiático, al utilizar su poder de compra como primer importador mundial: “Es un cambio de paradigma”.

Al tiempo, alaba los impuestos disuasorios aprobados por Estados Unidos y Noruega. “Supone un cambio de mentalidad: los productores [de petróleo y gas] ya no miden en metros cúbicos, sino en dólares o coronas”.

Queman el cielo, el medio ambiente y la salud humana. Las grandes petroleras europeas occidentales, como BP, ENI, TotalEnergies y Shell, figuran entre los 10 empresas que más contaminan quemando gas en las antorchas de los yacimientos que explotan en África y Oriente Próximo. Así lo revela la investigación Burning Skies, conducida por la red de periodismo de investigación medioambiental EIF (Environmental Investigative Forum) junto con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), así como la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica).

La quema de gas en antorcha –flaring en inglés–, una práctica habitual de las petroleras, que prenden fuego al exceso de gas natural de sus yacimientos de hidrocarburos, depósitos y refinerías, tiene costes demoledores para la población y la biosfera, además de ser uno de los principales productores de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de los combustibles fósiles, con graves repercusiones en el cambio climático.

Según el último informe anual del Banco Mundial, la quema de gas en antorcha emitió 381 millones de toneladas de CO₂e en todo el mundo en 2023. El CO₂e es el resultado de multiplicar la masa de los gases de efecto invernadero por su potencial de calentamiento global, obteniendo así su valor equivalente en dióxido de carbono. Esta enorme cantidad representa el 1% de las emisiones globales, más que las emisiones anuales de un país como Francia –315 millones– para el mismo año, según la Base de Datos Europea de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global.

Pese a su volumen, las llamas tóxicas de las grandes petroleras no han sido visibles hasta ahora, debido a la falta de transparencia de las empresas. Los datos disponibles sólo ofrecen las emisiones totales por países. Algunas petroleras que se han adherido a las iniciativas del Banco Mundial y del Carbon Disclosure Project (CDP), sí declaran sus cifras de combustión en todo el mundo, pero no dan más detalles.

Por primera vez, la investigación Burning Skies revela las responsabilidades individuales de las grandes petroleras que están detrás de esta perniciosa práctica.

Utilizando datos geográficos y de satélite proporcionados por el Grupo de Observación de la Tierra del Payne Institute for Public Policy y la ONG medioambiental Skytruth, completados con una investigación en fuentes abiertas, este proyecto ha vinculado miles de señales de combustión a más de 650 instalaciones petrolíferas y de gas situadas en 18 países de África y Oriente Próximo. Así se han estimado las emisiones de 2012 a 2022, y atribuido a las empresas operadoras, por cada yacimiento petrolífero, planta de gas natural licuado (GNL) o refinería.

En estas dos regiones, se ha asignado un volumen estimado de emisiones totales de 1.370 millones de toneladas de CO₂e durante esta década a las petroleras que las producen. Las europeas son las que más contaminan, con un 33% de las emisiones, por delante de las empresas de Oriente Próximo (31%) y Norteamérica (14%).

Cinco grandes petroleras europeas figuran entre las 10 más contaminan con sus antorchas, de acuerdo con las estimaciones de Burning Skies: la británica BP ocupa la segunda posición con 133 millones de toneladas de CO₂e  emitidas entre 2012 y 2022, seguida de la italiana ENI –121 millones–. La francesa TotalEnergies es la quinta –63,4 millones–, la franco-británica Perenco es la sexta –50 millones– y la holandesa-británica Shell es la séptima –47 millones–.

El gigante petrolero estadounidense ExxonMobil ocupa el cuarto puesto, con 90 millones de toneladas de CO₂e . Pero el mayor contaminador con diferencia en estos 18 países es la empresa estatal argelina Sonatrach: su quema de gas en antorcha emitió 235 millones de toneladas de CO₂e  en una década, casi cuatro veces más que TotalEnergies.

Contactada por Daraj, Sonatrach no ha hecho ningún comentario sobre estos resultados. Por su parte, TotalEnergies indicó a Mediapart que la utilización de “imágenes por satélite”, como se ha hecho en Burning Skies, es “muy poco precisa en comparación con las mediciones in situ” y puede dar lugar a “sobreestimaciones”, pero la empresa no ha facilitado sus propias estimaciones para cada uno de los yacimientos que explota.

En los yacimientos de petróleo y gas, pero también en las infraestructuras donde se almacenan hidrocarburos, se acumula un exceso de gas natural, compuesto sobre todo por metano, que precisa ser liberado. En algunos casos, por motivos de seguridad, para evitar explosiones. La primera solución es liberarlo al aire, una práctica llamada venteo –venting en inglés–, que es devastadora, ya que el metano atrapa 84 veces más calor que el CO₂ durante 20 años.

Como alternativa, la quema en antorcha consiste en prender fuego al metano, lo que se considera mejor para el clima, al convertir la mayor parte del gas en CO₂. Sin embargo, la antorcha sigue generando enormes niveles de emisiones, además de producir un cóctel tóxico de compuestos volátiles, óxidos de nitrógeno y partículas finas, conocido por sus funestos efectos: no sólo contaminan el aire, sino también el suelo y el agua. Además, ponen en peligro la salud de millones de personas que viven cerca de las zonas de combustión, provocando enfermedades respiratorias y cutáneas, cánceres y nacimientos prematuros. Según un estudio publicado en el Journal of Public Economics, las patologías empiezan a aumentar incluso en poblaciones situadas a 90 kilómetros de las llamaradas.

Las redacciones asociadas en esta investigación Daraj, NRC Handelsblad, SourceMaterial, Oxpeckers y la plataforma estadounidense Mongabay visitaron siete países distintos –Irak, Kurdistán, Egipto, Túnez, Argelia, Nigeria y Angola– para informar sobre el destructivo impacto de la quema de gas en las poblaciones locales, con zonas residenciales enteras expuestas a sólo 10 kilómetros de las teas tóxicas operadas por grandes petroleras como BP, ENI, Shell o TotalEnergies.

Sin embargo, algunas de estas compañías señalan a las propias poblaciones. A preguntas del periódico holandés NRC Handelsblad sobre la exposición de quienes residen cerca de sus yacimientos en Nigeria, Shell declaró que su “derecho de paso” había sido “invadido” por las comunidades locales. “Muchas de nuestras instalaciones de producción de petróleo y gas no estaban situadas originalmente en zonas densamente pobladas”, indicó Shell. “Seguimos trabajando con los gobiernos estatales y otras partes interesadas para disuadir a las comunidades de invadir las zonas operativas”.

A pesar de las promesas de gobiernos y petroleras, la lucha contra la quema de gas en antorcha ha sido hasta ahora un fracaso. Según el Banco Mundial, las emisiones de las teas aumentaron un 7% en 2023 con respecto al año anterior, y no se ha producido ningún descenso desde 2010. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que la quema de gas en el mundo “no va por buen camino” para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Es “urgente” tomar medidas, insta el último informe del Banco Mundial, publicado en junio de 2024: “Lo que hace recaer en los operadores la responsabilidad de garantizar que el petróleo y el gas se produzcan de la forma más limpia posible durante la transición energética”.

Pero el problema se agrava aún más si se tiene en cuenta que las antorchas son, además, un gran despilfarro: se quema gas para nada, pese a que ya existe una tecnología madura para recuperar el metano y utilizarlo en la generación de electricidad. Un recurso muy necesario en los países de África y Oriente Próximo estudiados en esta investigación, que sufren una gran escasez de electricidad. Según el Banco Mundial, el volumen de metano quemado alcanzaría para “abastecer de electricidad a toda el África subsahariana”.

Según el Banco Mundial y la AIE, bastarían inversiones por valor de 200.000 millones de dólares para reducir las emisiones de metano bruto y poner fin a la quema rutinaria. Una cifra que equivale sólo al 5% de los beneficios de explotación anuales del sector de los combustibles fósiles (cuatro billones de dólares en 2022).

Las grandes petroleras han introducido sistemas para reducir la quema en algunos de sus yacimientos, pero siguen mostrándose reacias a invertir a gran escala. Porque quemar en antorcha es más barato, y la recuperación del metano puede afectar a la producción de petróleo.

“El caudal que llega a la antorcha es variable, por lo que no es gestionable. Se necesita un caudal constante para producir electricidad”, explica José Antonio García Fernández, catedrático de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. “Cuando investigamos el flaring en Irak con la BBC, un ingeniero nos dijo que, debido a estos problemas de presión, para recuperar más gas hay que reducir la producción de petróleo, pero las petroleras optan por preservar la producción», explica Aidan Farrow, científico senior de la unidad científica internacional de Greenpeace.

Según Farrow, la principal razón de que haya fracasado la reducción de las emisiones de gas quemado es la “falta de una legislación que realmente tenga fuerza y consecuencias”. Así lo confirma también Burning Skies.

Los datos de esta investigación revelan que, durante la última década, las compañías petroleras emitieron un volumen estimado de 451 millones de toneladas de CO₂e  en nueve países africanos donde la quema está prohibida por ley o autorizada sólo excepcionalmente, desde hace pocos años: República del Congo, Angola, Camerún, Gabón Nigeria, Ghana, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Argelia. Más de la mitad de estos volúmenes –263 millones de toneladas– han sido emitidos por grandes petroleras occidentales como TotalEnergies y BP.

Se demuestra así que estos países en desarrollo son bastante indulgentes con las petroleras, contraviniendo el espíritu de sus propias leyes, para maximizar los ingresos y la producción. La situación no es mejor en los países donde la quema en antorcha no está regulada o lo está de forma deficiente, como Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

Además, la Unión Europea, que es el mayor importador de hidrocarburos del mundo, lleva mucho tiempo haciendo la vista gorda. El pasado 13 de junio entró en vigor un nuevo reglamento comunitario destinado a atajar las emisiones de metano del sector energético, que los activistas medioambientales consideran decepcionante.

El reglamento prohíbe tanto el venteo como la quema en antorcha en el territorio de la UE, salvo excepcionalmente por razones de seguridad. Pero el texto es mucho más laxo con las importaciones. Se prohibirá vender en Europa petróleo y gas cuya intensidad de metano sea demasiado alta, aunque sólo a partir de agosto de 2030, y la intensidad máxima de metano no se definirá hasta 2029. En resumen, no hay garantías de que la UE vaya a imponer que los hidrocarburos importados sean tan limpios como los producidos en su territorio.

En la actualidad, la lucha contra la quema se basa en gran medida en iniciativas internacionales voluntarias activadas por el Banco Mundial, cuya eficacia es muy cuestionable.

La Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas (GFMR por sus siglas en inglés), lanzada en 2023, está compuesta por gobiernos, organizaciones multilaterales y compañías petroleras, que se comprometieron a aportar 255 millones de dólares en “nuevas subvenciones”. Pero se trata de una fracción ínfima de los 100.000 millones de dólares necesarios, según el propio Banco Mundial, para acabar con la quema rutinaria, es decir, la combustión continua de gas y no sólo por razones de seguridad.

El programa insignia del Banco Mundial, denominado Iniciativa Quema Rutinaria Cero (ZRF, por sus siglas en inglés), se puso en marcha en 2015. Ha sido respaldado por gobiernos y empresas petroleras, incluidos los principales operadores de quema que aparecen en esta investigación, excepto la francesa Perenco. Todos ellos se comprometieron a poner fin a la quema rutinaria para 2030.

Pero en sus declaraciones al Banco Mundial las siete petroleras europeas –BP, ENI Equinor, Repsol, Shell, TotalEnergies y Wintershall– revelan que, por término medio, sólo el 32% de su quema es “rutinaria”. Es decir, que, aun respetando su compromiso, la gran mayoría de sus emisiones seguirán en el aire.

Las diferencias entre las cifras sobre quema rutinaria que publican las empresas son tan grandes que ponen en duda la exactitud de su metodología. A pesar del enorme nivel de emisiones, BP considera que sólo el 1,7% de sus quemas son ordinarias, y TotalEnergies sólo el 17,5%, mientras que ENI y Repsol declaran al Banco Mundial que superan el 50%.

Estos números también parecen contradecirse con un estudio publicado por la AIE, que afirma que el 66% de las quemas en todo el mundo son rutinarias. Preguntado por EIC, Tomás de Oliveira Bredariol, analista de política energética y medioambiental de la AIE, explica que el estudio define la combustión rutinaria como las antorchas “que funcionan más del 85% del tiempo”. “Las empresas”, precisa, “pueden considerar una definición diferente”.

Zubin Bamji, director de Global Flaring and Methane Reduction (GFMR), calcula que la quema rutinaria representa una media de “aproximadamente el 70% de la quema” en todo el mundo. Según Bamji, se han declarado tasas de hasta el 100% en Níger y Camerún, pero del 0% en Dinamarca o Arabia Saudí.

Lo cierto es que, a día de hoy, no existe ni una definición común ni una verificación independiente de los volúmenes de quema rutinaria. Una carencia muy conveniente para las grandes petroleras.

“Lo que necesitamos es hacer un seguimiento de la quema con mediciones y controles directos, y ya tenemos ahora todas las herramientas para hacerlo”, comenta Daniel Zavala-Araiza, investigador de la ONG Environmental Defense Fund (EDF) la Universidad de Utrecht. “Y más allá de este problema de definición de la combustión rutinaria, es la quema en su conjunto lo que hay que reducir de forma significativa”.

Las compañías petroleras también tienden a subestimar su responsabilidad. Todas las grandes empresas europeas declaran únicamente los volúmenes de emisión de los activos que operan, sin incluir los yacimientos en los que son socios minoritarios, a pesar de que obtienen beneficios de ellos.

Uno de los ejemplos más llamativos es Rumaila, en el sur de Irak, el yacimiento petrolífero más contaminante de esta investigación, con más de 105 millones de toneladas de CO₂e quemadas entre 2012 y 2022. El gigante petrolero británico BP considera que no tiene ninguna responsabilidad, aunque posee el 47,63% de Rumaila y figura como operador en el registro petrolero iraquí durante este periodo.

Incluso teniendo en cuenta sólo los activos operados, también observamos discrepancias entre los resultados de Burning Skies y las declaraciones de algunas grandes petroleras europeas, lo que sugiere que infradeclaran sus emisiones.

En el caso de las cifras de emisiones de BP, estimamos que, sólo en los 18 países analizados, las emisiones atribuidas a la empresa duplican las declaradas por BP en todo el mundo. La petrolera británica explicó a SourceMaterial que está “trabajando para gestionar y reducir la quema en antorcha” en los activos que explota, pero rechazó comentar esta discrepancia. En el caso de ENI, Burning Skies estima unas emisiones de CO₂e 2,8 veces superiores a las emisiones mundiales declaradas por la empresa. Contactada por Domani, ENI informó al cabo de 10 días de que los datos originales que Burning Skies había utilizado “no permiten identificar individualmente los activos y asociarlos al operador correspondiente” y pidió revisar la lista de yacimientos que la investigación había tenido en cuenta. Tras facilitársela, la empresa italiana respondió que “algunos activos no están explotados o se encuentran fuera del perímetro de ENI”, pero no especificó cuáles.

Por si fuera poco, dos estudios científicos recientes consideran que las estimaciones de emisiones de la quema en antorcha, medidas en CO₂ equivalente, podrían ser en realidad mucho más altas de lo que se pensaba. Los estándares científicos utilizados por el Banco Mundial –que también se utilizan en esta investigación–, consideran que el 98% del metano enviado a la antorcha se quema, lo que se denomina “eficiencia de combustión”.

Los cambios en esos índices de eficiencia pueden tener un gran impacto en los cálculos: si se quema menos gas, las emisiones de metano serán mayores y hay que recordar que el metano tiene un efecto en el calentamiento global mucho mayor que el CO₂. Para el Banco Mundial, una eficiencia de combustión del 92% implica un 30% más de emisiones equivalentes de CO₂.

Así, un primer estudio, realizado en 2021 por la ONG Environmental Defense Fund (EDF), midió la eficiencia de combustión en condiciones reales en la Cuenca Pérmica, la mayor zona de producción petrolífera de Estados Unidos, utilizando satélites y helicópteros con cámaras infrarrojas. El estudio reveló que las empresas emiten 3,5 veces más metano del que declaran a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU.

Un segundo estudio, publicado en 2022 en la revista académica Science y realizado en tres regiones petrolíferas de EEUU, confirmó estos resultados y descubrió que se quema el 91% del metano, en lugar del 98%. Lo que sugiere una “subestimación sustancial” de las emisiones reales de las antorchas.

“En otros países del mundo, las antorchas son aún más ineficaces, ya que queman menos del 91% del gas”, advierte Daniel Zavala-Araiza. “Además, ocurre que si las antorchas se apagan, el flujo de metano se mantiene y las empresas no informan de los incidentes, las emisiones reales son altísimas”, añade.

Otro factor agravante es la producción de hollín por la quema de gas. Estas finas partículas, también conocidas como carbono negro, se consideran 1.500 veces más potentes que el CO₂e y proceden de la combustión incompleta de combustibles fósiles. La Unión Europea de Geociencias considera que se puede atribuir a la combustión en antorcha puede el 40% de los depósitos anuales de carbono negro en el Ártico, que se cree se liberarán durante el deshielo en un futuro próximo. Sin embargo, debido a la falta de datos sobre la eficiencia de las antorchas en todo el mundo, el carbono negro no se tiene en cuenta en las actuales normas de información sobre combustión de gas en los yacimientos petrolíferos.

“Es importante reducir la quema en antorcha y las fugas de metano, pero dudo que el problema pueda resolverse sólo con inversiones y tecnología”, critica Aidan Farrow, el científico de Greenpeace. “Deberíamos tener una visión más amplia. El problema de la combustión en antorcha demuestra que debemos abandonar el uso de combustibles fósiles”, zanja.

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Esta investigación forma parte de la serie Burning Skies: Behind Big Oil's toxic flames, llevada a cabo por el consorcio mundial de periodistas de investigación medioambiental EIF, en colaboración con la red European Investigative Collaborations, a la que pertenece infoLibre, y sus socios Daraj, SourceMaterial y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism. Esta serie ha contado con el apoyo de JournalismFund Europe.

El presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, que ganó las presidenciales de este sábado, y los dos otros candidatos que concurrieron, Abdelali Hassani y Youcef Aouchiche, denunciaron en un comunicado conjunto "ambigüedad, contradicción y vaguedad" en los resultados provisionales de las elecciones. "Las cifras anunciadas por el jefe de la autoridad (electoral) contradicen el contenido de las actas de recuentos y concentración de votos entregadas por los comités electorales", indicó una nota publicada la noche del domingo y firmada por los tres candidatos que recoge EFE.

La Autoridad Electoral Nacional Independiente (ANIE) anunció este domingo la victoria de Tebboune con un 94,65% de los votos, seguido del islamista Hassani (3,17%) y el socialista Aouchiche (2,16%).

Sin aclarar el porcentaje de la participación final, la ANIE se limitó a ofrecer cifras de votantes: 5.329.253 de argelinos que optaron por Tebboune de los 5.630.196 argelinos que ejercieron su derecho a voto este sábado, lo que supondría un 23% del electorado. Previamente, la ANIE había anunciado un confuso dato de participación del 48% que denominó "promedio de tasa de participación", que según analistas se trataba de la media de los porcentajes de las 58 provincias argelinas.

Los tres candidatos alertaron de la "ambigüedad y contradicción en las cifras anunciadas de tasas de participación", así como "del comunicado" de los resultados provisionales "en el que faltaban la mayoría de los datos básicos".

El partido islamista Movimiento de la Sociedad por Paz (MSP), de Hassani, aseguró que el número de votos recibidos superaba los 300.000, mientras que el presidente de la ANIE, Mohamed Charfi, anunció un total de 178.797 votos.

El Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) convocó una rueda de prensa este lunes para dar su valoración sobre los resultados y adelantó que había recibido más de 214.000 votos, según sus actas, por encima de los 122.146 votos anunciados. 

El presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, ganó sin sorpresas las presidenciales anticipadas celebradas este sábado con el 94,65% de los votos y un promedio de participación del 48%, según el recuento oficial que recoge EFE.

En segundo lugar quedó el candidato islamista del Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), Abdelali Hassani, con el 3,17% de los votos, seguido de Youcef Aouchiche del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) con 2,16%, informó Autoridad Electoral Nacional Independiente (ANIE) en rueda de prensa.

Las elecciones en Argelia son de doble ronda cuando no se alcanza mayoría en la primera vuelta, pero el país nunca ha celebrado una segunda votación. 

Argelia celebra este sábado elecciones presidenciales anticipadas pendiente de la participación, tras registrar el índice más bajo de su historia en las últimas de 2019, y ante la que pocos dudan que el actual presidente, Abdelmajid Tebboune, será reelegido, según informa EFE.

La oposición considera que serán unos comicios "de trámite" en los que el presidente compite con el islamista Abdelali Hassani y el socialista Youcef Aouchiche, dos discretos candidatos aunque representan formaciones con base nacional: el Movimiento de la Sociedad por la Paz (MPS), segundo partido del Parlamento, y el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), fundado en 1963. 

En total, 24.351.551 argelinos están llamados a las urnas: 23.486.061 en Argelia y otros 865.490 residentes en el extranjero, que comenzaron a votar el pasado lunes, de una población total de 46,7 millones. El 47% de los electores son mujeres y el 36% de ellos, menores de 40 años.

Las elecciones de 2019 estuvieron marcadas por el Hirak, el pacífico y masivo movimiento de protestas que forzó la retirada de Abdelaziz Bouteflika, después de dos décadas en el poder, y provocó dos suspensiones electorales (abril y julio) que retrasaron los comicios hasta diciembre. 

Las elecciones en Argelia son de doble ronda, cuando no se alcanza mayoría en la primera vuelta, pero el país nunca ha votado en doble vuelta como se prevé en esta ocasión.

Los índices de participación en las presidenciales han caído desde 2009 (74%) hasta alcanzar su dato más bajo en 2019 con el 39,8% de los votos.  Los procesos electorales celebrados durante el mandato de Tebboune también registraron una alta abstención, tanto el referendo constitucional de 2020 como las elecciones legislativas de 2021 que solo movilizaron al 23% del electorado.

Durante la campaña, los partidos opositores más críticos y sin representación institucional apenas se han manifestado ni para pedir el boicot, como predominó en 2019, y la líder progresista Zoubeida Assoul, que fue excluida de la lista final de candidaturas, llamó a la participación pero con la papeleta en blanco. 

Once partidos políticos, entre ellos el Frente de Liberación Nacional (FLN) que lidera la política argelina desde la independencia del país en 1962, apoyan la candidatura independiente de Tebboune.

Nacido en 1945 en Mechería, su primer mandato destacó por una aparente estabilidad política y económica, una imagen de "manos limpias" contra la corrupción y la redistribución de los altos ingresos que Argelia consiguió al incrementar las exportaciones de hidrocarburos en medio de la crisis energética europea. 

De perfil tecnócrata, Tebboune ocupó la cartera de Vivienda y Comunicación en gabinetes de Buteflika (1999-2019) y una breve jefatura de tres meses de Gobierno en 2017, cuando se enfrentó al clan del influyente expresidente. Cambió el Hirak, que resistió durante sus primeros meses de Gobierno, por un programa de reformas hacia una "Nueva Argelia" que quiere completar en este segundo mandato, y que no convence a los críticos que denuncian un retroceso de libertades en el país. 

Después de 29 años de boicot, el islamista moderado MPS, con amplia implantación nacional, presentó como candidato a Hassani, su secretario general aunque no su verdadero líder, que sigue siendo su predecesor, Abderrazak Makri. De 57 años, este ingeniero de obras públicas y exdiputado define a su formación como "la primera opositora" al Gobierno (con 68 de los 407 diputados por detrás del FLN) pero "en positivo". 

En entrevista con EFE, defendió el papel del MSP en la instauración del "multipartidismo" en Argelia (1988) y aseguró que la competición del sábado no está "cerrada", pese a las predicciones de victoria de Tebboune. 

Aouchiche (1983, Boghni), el más joven de los candidatos y secretario de FFS, aunque no su cara más visible, votará el sábado en la rebelde región de su Cabilia natal, de mayoría bereber y la provincia más abstencionista de toda Argelia. Preocupado por el retroceso de las "libertades democráticas" en Argelia, la liberación de "presos políticos y de opinión" constituye "el corazón" de su programa, dijo en entrevista con EFE.

Aouchiche, que apuesta por un cambio "pacífico", cree que la medida es necesaria para "instaurar un clima de tranquilidad y de concordia nacional", que posibilite las reformas anunciadas y considera que "la abstención no es la alternativa". 

La población del sur en el Sáhara, de mayoría tuareg, ha comenzado a votar en urnas intinerantes, mientras que la mayoría del país más grande de África, concentrada en las urbes de la costa mediterránea, está llamada este sábado a acudir a los colegios electorales a partir de las 7.00 (6.00 GMT), ante un manifiesto desinterés popular.

En 2023, según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), creada para gestionar y coordinar la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras externas, la ruta migratoria del Mediterráneo central, la que lleva directamente a Italia, contabilizó 157.479 llegadas, un 49% más que el año anterior. Una cifra muy superior a la de la ruta de África occidental (la que parte, sobre todo, de Mauritania) y a la del Mediterráneo Occidental (la que lleva a España desde el Magreb, en particular a través de Marruecos), con 40.403 y 16.915 llegadas, respectivamente.

La estrategia de la primera ministra italiana, la neofascista Giorgia Meloni, ha dado la vuelta a esas cifras, que se nutren sobre todo de los cientos de miles de personas desplazadas por los diferentes conflictos que asolan el Sahel, entre los cuales ha cobrado especial protagonismo en los últimos años el de Malí. En lo que va de año, las llegadas a través de la ruta del Mediterráneo central se han desplomado. Apenas se han contabilizado 7.576 migrantes entre enero y julio (3.236 argelinos, 2.980 marroquíes, 772 de nacionalidad desconocida, apenas 210 malienses y 157 guineanos). 

¿Cómo lo ha conseguido? Poniendo en marcha un generoso programa de cooperación con los países de los que parten las embarcaciones (Túnez, Argelia y Libia) por valor de 5.500 millones de euros, casi el doble de todo lo que España dedica a cooperación en el mundo. El Gobierno no ha facilitado a infoLibre cifras sobre lo que destina a África en materia de migraciones (seguridad, formación, cooperación y promoción empresarial).

Meloni presentó su estrategia en enero en formato “plan de desarrollo para África” en una cumbre de líderes del continente celebrada en Roma. Formalmente, busca crear empleos y oportunidades en origen en África y disuadir a sus jóvenes de realizar migraciones peligrosas a través del mar Mediterráneo, a partir de proyectos piloto en áreas como educación, atención médica, agua, saneamiento, agricultura e infraestructura energética. A cambio, los países receptores se comprometieron a impedir el paso a los migrantes, en su mayoría originarios del Sahel.

En mayo, Meloni convocó a los gobiernos de Túnez, Argelia y Libia para reducir la llegada de migrantes irregulares a través del Mediterráneo central. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, acogió en la capital italiana a sus homólogos de estos tres países con el objetivo de conseguir “una reducción de los flujos ilegales” de migrantes. La “prioridad estratégica”, señaló abiertamente Piantedosi, “debe ser trabajar para reforzar la estabilidad de las fronteras terrestres, empezando por la zona del Sahel”. Una forma de expresar lo que no deja de ser una externalización de fronteras para impedir el paso a los migrantes a cambio de recursos económicos.

El país del norte de África con el que las autoridades italianas han estrechado más sus relaciones en el ámbito migratorio este último año es Túnez. Meloni lo ha visitado hasta en cuatro ocasiones en menos de un año, siempre con la cuestión migratoria en el centro de las conversaciones. La última tuvo lugar en abril.

Los migrantes que ahora ya no pueden viajar a través de esa ruta —Túnez, Argelia y Libia lo impiden— buscan ahora alcanzar Europa partiendo de las costas de África Occidental y llegando hasta las Islas Canarias, la travesía más peligrosa del mundo. El resultado ha sido un incremento sin precedentes de la llegada de cayucos, con 21.620 personas solo entre los meses de enero a julio, siempre según datos de Frontex. La mayoría vienen de Malí (9.319), huyendo de la guerra. Les siguen los migrantes de Senegal (4.302), Marruecos (2.001) y Mauritania (1.815), a los que hay que sumar 1.452 cuya nacionalidad se desconoce.

Los 5.500 millones que Italia ha puesto a disposición de Túnez, Argelia y Libia a cambio de que estos países impidan el tránsito de migrantes hacia sus costas dan una idea de lo limitado del esfuerzo económico del Gobierno español con el mismo objetivo. Pedro Sánchez anunció 300 millones para Mauritania el pasado mes de febrero, a la vista de que los migrantes que ya no pueden viajar a través del Mediterráneo central lo intentan ahora a través del Atlántico. Una suma sustancialmente menor que la italiana.

El problema no tiene, de momento, un horizonte de solución. Las medidas que Pedro Sánchez impulsa estos días en su gira por la zona (este martes en Mauritania y miércoles y jueves en Gambia y Senegal) solo pueden dar resultados, si lo consiguen, muy a largo plazo, reconocen fuentes del Ejecutivo.

La más importante de ellas, la llamada migración circular (programas de migración legal a demanda de empresas españolas con formación y compromiso de retorno), apenas alcanza, de momento, a 17.400 migrantes de Marruecos, Colombia, Honduras, Ecuador, Senegal, Argentina y Uruguay. Por poner un ejemplo (el Gobierno no ofrece más datos), de la zona que está visitando Sánchez, apenas 141 senegaleses han tenido la oportunidad de beneficiarse del programa.

En cualquier caso, no es útil para la situación actual, porque este programa ha sido diseñado para migrantes económicos y no para los refugiados malienses que huyen de la violencia en su país. Ellos son ahora mismo el grueso de los que se suben a los cayucos, rumbo a Canarias: no tienen alternativa para buscar refugio.

La llegada de migrantes al archipiélago se ha ido desacelerando, pero todo el mundo da por hecho que volverá a dispararse en otoño, cuando las condiciones en el Atlántico favorezcan la travesía. Mientras tanto, el Gobierno continúa sin resolver la reubicación de casi 6.000 niños y niñas llegados a Canarias cuyo traslado a la Península está bloqueando el Partido Popular.

Para complicar más las cosas, en los últimos días ha aumentado significativamente la presión migratoria sobre Ceuta, un suceso que el Gobierno se esfuerza en desvincular de la voluntad de Marruecos, a pesar de que todo indica que no sería posible sin la colaboración —por omisión— de las autoridades del país.

La ciudad autónoma ha experimentado en los últimos días la llegada de cientos de migrantes a nado, en una situación que recuerda el caos vivido en mayo de 2021, cuando Rabat presionó al Gobierno español para que cambiara de postura sobre el Sáhara, facilitando la llegada de más de 8.000 personas de forma irregular.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, reconoció este lunes que la ciudad vive una situación de presión migratoria “extrema”, con una media de intentos de entrada de 500 personas diarias procedentes de Marruecos y Argelia. Tan solo este pasado domingo lo intentaron 1.500 personas. La media de devoluciones al día, según Pérez, oscila entre las 150 y las 200 personas, en virtud del convenio que permite a las autoridades españolas trasladar de regreso a su país a los varones marroquíes que llegan de forma irregular a Ceuta.

La posición del Gobierno no ha variado. Reivindica como propio el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, así como el apoyo a “políticas de integración” que pongan en valor la contribución de los extranjeros a la riqueza de España. “Si hoy tenemos más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social”, recordó este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, “también es gracias a esos trabajadores que vienen de fuera de nuestro país”. “Dentro de esos más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, el 13,5% son personas que han venido de fuera”.

Con todo, explicó Alegría, la política de inmigración del Gobierno incluye “claramente una política de cooperación” con los países de origen y tránsito que, por diversos medios, policiales y de promoción económica, tratan de desincentivar la migración irregular. “Muchas veces ese desafío se fragua a miles de kilómetros de nuestras costas. Y es fundamental incrementar esas políticas”.

La precariedad de la posición del Ejecutivo en esta materia volvió a quedar de manifiesto este martes en el Congreso. Sánchez salvó in extremis tener que explicar, en sesión extraordinaria en la Cámara Baja, su política migratoria, tras un triple empate en la Diputación Permanente. La petición del PP contó con el apoyo de Vox y Junts y la abstención de Podemos.

El debate sobre el combate y la identidad de la boxeadora Imane Khelif ha mezclado demasiadas cosas, imagino que de manera interesada, para que cada parte pueda mantener sus posiciones y utilizarlas contra la otra.

Una cuestión es la identidad y otra la competición, y no creo que sea bueno para ninguno de los dos temas mezclar distintos elementos y, por ejemplo, defender la identidad sin considerar su posible impacto en la competición, como no lo es establecer una competición sin tener en cuenta circunstancias que la puedan afectar, estén o no relacionadas con factores asociados a la biología y a la identidad.

La competición deportiva está organizada sobre una serie de elementos que permitan su desarrollo en condiciones de igualdad para quienes participan en ella. Lo vemos en las diferentes categorías que se establecen, entre ellas la categoría basada en la edad (desde pre-benjamín, de 8 años o menos, hasta senior, de 20 años o más). También hay diferencias por el sexo, distinguiendo entre competiciones femeninas, masculinas y mixtas, por la participación individual o en equipos, por peso dentro de un mismo deporte, especialmente en las competiciones de lucha, por la presencia de alguna discapacidad que afecte a la práctica del deporte, referencia que ha llevado al desarrollo de todo el deporte paralímpico… Nadie puede ver en esa manera de organizar las distintas competiciones una forma de discriminación para quienes no formen parte de cada uno de los grupos definidos.

El objetivo es partir de unas condiciones similares para que antes de la competición, durante el entrenamiento, se pueda desarrollar la forma física y mental que permita competir con quienes dentro de la variabilidad del grupo tengan unas condiciones superiores al resto de las personas que forman parte de la competición, puesto que ninguna de las categorías que se establecen generan una homogeneidad física entre todos sus miembros.

De hecho, si comprobamos la situación observamos que en las pruebas de velocidad la mayoría de los triunfos son de atletas negros, y no por casualidad, sino porque es frecuente entre ellos tener una mayor proporción de fibra lisa en su musculatura, la cual se contrae de forma más rápida. Otros grupos étnicos africanos, en cambio, tienen unas características en su estructura ósea y en el consumo de oxígeno durante su metabolismo, como ocurre con los atletas de las regiones de Etiopía y Kenia, que los hace especialmente competitivos en las pruebas de resistencia. También podríamos recurrir a la altura para entender que un jugador o jugadora de gran estatura tiene ventajas para la práctica del baloncesto o del voleibol, o a otros deportes donde la ventaja esté en la fuerza física, haciendo de los más fuertes un grupo con más facilidad para alcanzar los objetivos, o de los de mejor pulso para las pruebas de puntería.

En ninguno de estos casos se plantea una exclusión de los deportistas aventajados, y las razones son varias, fundamentalmente dos:

La situación es diferente cuando el factor que influye en el rendimiento no forma parte del grupo que compite en la categoría establecida, ni se puede compensar con las estrategias y entrenamientos habituales, mucho más si dicho factor actúa de manera determinante en el deporte en cuestión.

El caso de la boxeadora argelina Imane Khelif, como el de otras personas que tengan algún factor que no forme parte de las características del grupo en el que compite, debe analizarse dentro de lo que es el marco que define la competición.

La solución no puede limitarse a decir “es mujer” o “es hombre” para que encaje en una de las categorías establecidas (masculina o femenina) y dejar al margen el factor que modifica su rendimiento deportivo, que son los niveles elevados de testosterona derivados del “síndrome androgénico” que tiene, sin que se hayan dado más detalles sobre el mismo. Si la situación es esa, lo que ha de analizarse es cómo influye en la competición para que todas las participantes de su misma categoría, que es “boxeo femenino de 66 kilos”, mantengan sus oportunidades a sabiendas de que hay diferencias entre ellas y que unas son más fuertes que otras, y algunas mejores que el resto. 

Por lo tanto, debe cumplir los requisitos establecidos (ser mujer y estar dentro de la categoría de 66 kilos), algo que según el COI cumple, pero además no debe presentar ningún factor que dé ventajas a su rendimiento en la competición, con independencia de que este sea de naturaleza biológica o farmacológica. Del mismo modo que no se entendería como discriminación si no la hubieran dejado pelear por pesar más de 66 kilos, ni nadie hablaría de “gordofobia” en esa situación. En este caso lo que hay que determinar es cómo los niveles elevados de testosterona que refieren las informaciones influyen en la competición. No sólo durante el momento de la misma, también a lo largo de la preparación, puesto que tiene consecuencias sobre el resultado, hasta el punto de que si la situación de Imane Khelif en lugar de deberse a una cuestión biológica fuera farmacológica, estaría excluida por dopaje. Al final ha ganado el oro olímpico, pero desde el punto de vista social el conflicto generado no es ninguna victoria, aunque mucha gente quiera verlo así.

Cuando un elemento que influye en el rendimiento deportivo está fuera de los límites que condicionan la competición, la decisión que se adopte debe entenderse a favor del deporte y de todas las personas que participan, no en contra de la persona afectada, porque la clave no es si esa situación es de origen natural o artificial por medio del dopaje, sino si la competición y los valores que se defienden con el deporte se ven afectados.

Obviar esto y las medidas para garantizar una competición lo más equitativa posible dentro de las diferencias interindividuales, puede solucionar el problema de esa competición hoy, pero no lo hará mañana, tal y como hemos visto con la misma boxeadora y con la taiwanesa Lin Yu-ting, que fueron excluidas del campeonato del mundo por la Asociación Internacional de Boxeo, algo que puede volver a ocurrir tras los Juegos Olímpicos. Y tampoco solucionará el problema social relacionado con la diversidad y la inclusión, todo lo contrario, se aplicarán las leyes existentes, pero no habrá transformación social que integre las distintas realidades en la normalidad social y cultural.

La instrumentalización política y social que se ha hecho del caso de Imane Khelif tras su combate con la italiana Angela Carini, demuestra el problema que existe en la sociedad respecto a las identidades y la diversidad, una situación que no se ha solucionado con la ley trans, y que no se puede reducir acusando de odio a quien piense de manera diferente. Todo es más complejo y necesitado de respuestas.

Argelia ha decidido finalmente pasar página en la crisis diplomática abierta con España a raíz del apoyo del Gobierno español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara en marzo de 2022, un gesto que sirvió para cerrar a su vez la crisis con Marruecos y la apertura de una nueva etapa en la relación que aún no termina de culminar, a falta de la esperada apertura de las aduanas en Ceuta y Melilla, según ha informado Europa Press.

El Gobierno argelino ha decidido enviar un nuevo embajador a Madrid, tras llamar a consultas al anterior de manera automática tras conocerse la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mohamed VI en la que sostenía que el plan de autonomía marroquí es "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto del Sáhara, según adelantó 'El Confidencial' y también ha confirmado la prensa argelina.

Así, el Gobierno español debería aceptar próximamente el plácet para el nuevo embajador argelino para que este pueda asumir su puesto en Madrid. Con ello, podría darse por superada una crisis que además de la retirada del embajador llevó a Argel a suspender tres meses después el Tratado de Amistad y a la congelación prácticamente total del comercio entre los dos países.

Como resultado de ello, las exportaciones al país magrebí han quedado en el tiempo transcurrido reducidas a la mínima expresión, con el consiguiente impacto para los ingresos de los empresarios con intereses en Argelia. Por contra, Argelia ha garantizado en todo momento el suministro de gas a España, algo que el Gobierno se ha encargado de poner en valor durante todo este tiempo.

Argelia, empezando por su presidente, Abdelmayid Tebune, han mantenido un tono muy crítico con España, en particular contra Sánchez pero también contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. A su vez, el Gobierno español ha tratado todo este tiempo de contemporizar las críticas y reiterar su voluntad de tener "las mejores relaciones" con el país, apelando a la discreción en sus esfuerzos para reencauzar la relación.

Esos esfuerzos habrían dado ahora sus frutos. Según ha explicado al medio 'Tout sur l'Algérie' el presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español (CCIAE), Djamel Eddin Buabdalá, "hubo contactos entre las dos partes en septiembre en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU", un extremo que el Ministerio de Exteriores español no confirma, como tampoco comenta la eventual llegada del nuevo embajador.

De acuerdo con el citado empresario, entonces "hubo un acuerdo sobre un retorno progresivo de las relaciones entre Argelia y España". A ello contribuyó, según Buabdalá, el discurso pronunciado por Sánchez ante la Asamblea General, en el que éste no mencionó el plan de autonomía marroquí y se limitó a apoyar "una solución política mutuamente aceptable en el marco de la carta de Naciones Unidas y en las resoluciones del Consejo de Seguridad".

También ha ayudado la postura mantenida por el Gobierno en las últimas semanas a raíz del ataque terrorista de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre y la posterior respuesta israelí bombardeando la Franja de Gaza.

Sánchez ha condenado rotundamente la acción de Hamás y reconocido el derecho de Israel a defenderse, dentro siempre de lo contemplado por el Derecho Internacional Humanitario, pero también ha dejado claro que la única vía para resolver esta situación pasa por la materialización de la solución de dos estados y el reconocimiento del Estado palestino. La causa palestina es un asunto clave en la política interna argelina.

Con todo, no hay que olvidar el momento en el que se produce el esperado deshielo con Argel, en vísperas de la previsible investidura para un segundo mandato. La celebración de elecciones generales en España, adelantadas al 23 de julio, había generado la sensación de que Argelia no iba a dar ningún paso hacia la reconciliación a la espera del resultado de las urnas, quizá con la esperanza de que la eventual llegada del PP a la Moncloa supusiera una marcha atrás en cuanto a la postura respecto al Sáhara.

Una vez constatado que Sánchez seguirá por ahora como presidente, Argelia habría optado por una posición más pragmática y enviar de vuelta a su embajador a Madrid. A falta de un anuncio y una explicación oficial de esta decisión, está por ver si el gesto diplomático se traduce también en una reconciliación también en el apartado comercial.

En este sentido, ya se habrían comenzado a dar algunos pasos, según resalta Buabdalá. El presidente del CCIAE enmarca ahí la reanudación de los vuelos de Air Algérie, la aerolínea estatal, hacia Palma de Mallorca, así como el incremento de la frecuencia de los vuelos de Iberia entre Madrid y Argel y la recuperación del vuelo de Vueling entre Barcelona y Orán.

Entretanto, el adelanto electoral también parece haber tenido un impacto en la nueva etapa en la relación que abrió la carta de Sánchez y que quedó sellada con la reunión que mantuvo el 7 de abril de 2022 con el rey alauí. La Reunión de Alto Nivel (RAN) del pasado febrero en Rabat sirvió para reafirmar la voluntad de los dos gobiernos de seguir avanzando en la 'hoja de ruta' que se han fijado.

Una 'hoja de ruta' que el Gobierno insiste en que está siendo un éxito, amparado sobre todo en los buenos datos en el plano comercial, con un aumento considerable de las cifras, y también en el migratorio, ya que las llegadas desde las costas marroquíes no han experimentado el drástico aumento que se ha registrado en otras rutas hacia Europa, como la de Italia o Grecia.

Sin embargo, aún quedan algunos aspectos importantes de lo pactado por materializar. El más destacado, por el significado que tiene, es la reapertura de la aduana de Melilla y la creación de una nueva en Ceuta. Hasta la fecha solo ha habido tres expediciones de prueba, la primera en vísperas de la RAN a finales de enero, la segunda el 24 de ese mes, y la última el 26 de mayo, en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales.

Desde entonces, no ha habido novedades y aunque en la entrevista concedida a Europa Press a finales de agosto Albares no quiso confirmar si el adelanto electoral y la incertidumbre generada por el resultado de cara a la conformación del nuevo Gobierno, lo cierto es que todo apunta a que el calendario pactado y que nunca se ha hecho público, ha quedado aparcado momentáneamente.

Tampoco hay constancia de avances en otro capítulo que interesa sobre todo a Canarias: la delimitación de las aguas territoriales de la fachada atlántica. Ambos gobiernos pactaron la reactivación el grupo de trabajo ya existente y que llevaba quince años sin reunirse. Desde entonces, ha habido al menos dos reuniones, pero no han trascendido resultados concretos.

Además, está pendiente la nueva visita a Rabat a la que Mohamed VI invitó a Sánchez en la conversación telefónica que mantuvieron antes de la RAN para justificar que no le recibiera durante su paso por la capital marroquí. El monarca alauí no se encontraba en el país en aquel momento pero invitó al presidente del Gobierno a "realizar próximamente una visita oficial" que aún no se ha materializado. La inminente investidura podría allanar el camino para que esta se produjera próximamente.

Argelia se consolida como principal proveedor de gas natural a España en lo que va de 2023, tras haber sido nuevamente el primer suministrador en el pasado mes de julio, con un total de 9.106 gigavatios hora (GWh), para cubrir el 28,7% de la demanda mensual, según datos del último boletín de Enagás recogidos por Europa Press.

Así, en los siete primeros meses del año, el país africano, históricamente el principal suministrador español de gas natural aunque el año pasado sufrió un sorpasso por parte de Estados Unidos, ha surtido con más de 59.100 GWh al país, para cubrir el 25% del total de la demanda hasta julio.

Argelia se sitúa así por delante de Rusia, que con 49.909 GWh ha suministrado el 21,1% de la demanda de gas natural de España en este 2023, habiendo sido también el segundo principal origen del gas llegado al país en julio, con 8.764 GWh, el 27,6% del total.

En tercer lugar, en el pasado mes de julio y en los siete primeros meses de 2023, figura Estados Unidos, con el 19,1% del total de la demanda en este año, por delante de Nigeria, con el 13,9%.

En lo que respecta a los almacenamientos subterráneos, están prácticamente en su máximo nivel de llenado, alcanzando el 99% a finales de julio. En el mismo mes del año pasado estaban al 78%.

Por su parte, la demanda nacional de gas natural en el mes de julio registró un descenso del 15,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, con 26.199 GWh. Destacó la caída tanto de la demanda convencional (-13%) como de la del sector eléctrico (-39,4%).

En los siete primeros meses del año, el consumo de gas natural acumula un retroceso del 14% con respecto al mismo periodo de 2022, con 192.517 GWh.

Enrique Alcoba se queja amargamente. “Te confiscan hasta un par de zapatos nuevos o una botella de agua mineral cerrada”, dice, indignado. Alcoba es el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla y denuncia a viva voz que los agentes marroquíes en la frontera de Beni Enzar, entre su ciudad y Marruecos, no aplican el régimen aduanero de los pasajeros en vigor, por ejemplo, en los aeropuertos de Marrakech o Casablanca.

Por lo tanto, los pocos turistas marroquíes que visitan su ciudad no pueden llevarse souvenirs. Y sobre todo los españoles musulmanes de Melilla, que son mayoritarios en la ciudad, según una investigación del Observatorio Andalusí (Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España referido a la fecha 31/12/2022-2023), un organismo que depende de la Conferencia Islámica de España, no pueden cruzar la frontera con regalos para sus parientes que viven en Marruecos. A la inversa, en el sentido Marruecos-España, estas restricciones no se aplican. Pero sea en un sentido o en otro, cruzar estas fronteras, reabiertas en mayo de 2022 tras la pandemia, es un verdadero calvario debido a los controles lentos y exageradamente minuciosos del lado marroquí.

Catorce meses después, la reconciliación entre Marruecos y España sellada en Rabat el 7 de abril de 2022 durante una cena entre el rey Mohamed VI y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, está lejos de haber alcanzado los efectos esperados por España. Para terminar con la crisis bilateral iniciada por Rabat el 10 de diciembre de 2020, Sánchez había hecho una concesión mayor en una carta dirigida al soberano el 14 de marzo de 2022. El plan de autonomía que propone Marruecos es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso” del Sáhara Occidental, escribió Sánchez al soberano en una carta que el gobierno español no quiso que tomara carácter público. Pero algunos fragmentos de la carta fueron revelados el 18 de marzo de 2022 por un comunicado del gabinete real marroquí. España, antigua potencia colonial, renunciaba así a un enfoque teóricamente equidistante, pero que desde hace casi veinte años se inclina, a escondidas, a favor de Marruecos.

Entre todas las formulaciones utilizadas por los diversos países de la Unión Europea, las palabras de Sánchez son las que más satisficieron a Rabat. Entonces, en la primavera boreal de 2022, la diplomacia marroquí comenzó a presionar a Francia para que al menos fuera igual de lejos que España en su apoyo. Ese es uno de los motivos, no el único, que agravó la crisis entre París y Rabat que remonta al verano boreal de 2021 y al escándalo del software Pegasus. España también sufrió la piratería de teléfonos celulares con ese software de espionaje israelí empleado por los servicios marroquíes, comenzando por el del jefe del gobierno, pero prefirió olvidar lo sucedido para no poner en riesgo el encuentro previsto con Marruecos.

De la conferencia de prensa que dio Sánchez después del iftar, los medios españoles retuvieron sobre todo que se abriría un puesto aduanero entre Ceuta y Marruecos, y que se reabriría el de Melilla, que Rabat había cerrado el 1 de agosto de 2018 sin siquiera informar oficialmente a las autoridades españolas. Ese puesto había sido inaugurado a mediados del siglo XIX y siguió funcionando tras la independencia de Marruecos, en 1956. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, incluso anticipó la fecha de esa doble apertura: comienzos de febrero de 2023, en coincidencia con la celebración de la cumbre en Rabat entre ambos gobiernos. España y Europa podrían así exportar a Marruecos e incluso a otros países a través de esas dos aduanas.

Catorce meses después del anuncio de Pedro Sánchez, las aduanas siguen sin abrir. El diario El País reveló el 12 de junio de 2023 un intercambio de correspondencia entre las direcciones generales aduaneras de España y de Marruecos que ilustra las reticencias, al parecer técnicas, de Rabat. En realidad, Marruecos no quiere esas aduanas por dos razones: primero, porque sigue buscando asfixiar económicamente a ambas ciudades, y segundo, porque aceptar la apertura de esos puestos podría ser interpretado como un primer paso hacia el reconocimiento de la soberanía española sobre esos “presidios ocupados”, como los describe con frecuencia la prensa marroquí.

Además de la cuestión de las aduanas, la declaración conjunta suscrita por ambas partes después del iftar contenía otros quince puntos. En gran parte de ellos no ha habido ningún avance. Las conversaciones sobre la delimitación de las aguas territoriales entre el archipiélago de las Islas Canarias y Marruecos no avanzaron en absoluto porque Rabat quiere incluir las del Sáhara Occidental. Tampoco avanzaron las negociaciones relativas a una mejor coordinación de la gestión del espacio aéreo. Esta se realiza, al menos para los vuelos civiles, desde la torre de control del aeropuerto de Las Palmas, pero Rabat exige que se la transfieran por completo. Cuando la relación se tensa, a veces sus pilotos ignoran las instrucciones de los controladores aéreos españoles.

Es difícil que España ceda mientras se esperan, en principio para fin de año, los dos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que deberían confirmar los pronunciados en septiembre de 2021 por el Tribunal General, la instancia inferior. Esos fallos habían anulado los acuerdos de pesca y de asociación con Marruecos porque incluían el Sáhara Occidental y sus aguas sin que hubiera dado su consentimiento la población saharaui, representada por el Frente Polisario. La Comisión Europea, el Consejo Europeo, los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y los abogados del Estado español habían recurrido las sentencias en el otoño de 2021.

En realidad, el único capítulo de la declaración conjunta implementado hasta el momento es el de la cooperación en materia migratoria. Desde abril de 2022, las autoridades marroquíes hacen un esfuerzo para contener los arribos. En los tres primeros meses de este año, cayeron un 51% en el conjunto de España en relación al mismo período de 2022, cuando Marruecos hacía la vista gorda ante las partidas.

Según el Ministerio del Interior de España, la reducción (-63,3%) ha sido más pronunciada sobre todo en las Islas Canarias, donde es más difícil de controlar. En el primer trimestre de este año, solo desembarcaron allí 2.178 “harragas”, en comparación con los 5.940 durante el mismo período en 2022. La primera quincena del mes de junio, con 1.508 arribos, parece marcar un cambio de tendencia, y más aún la segunda quincena, con picos de 227 migrantes rescatados en el mar el domingo 19 y el jueves 22. Sin embargo, el gobierno español exhibe orgullosamente estas estadísticas, que demuestran, en realidad, que el vecino marroquí utilizó la inmigración hasta el mes de marzo de 2022 para doblegar a Madrid. Y sin preocuparse por el costo humano.

Durante la cumbre de Rabat, el 2 de febrero, Sánchez, que no fue recibido por el rey –estaba en Gabón y no regresó para la ocasión– agregó otro acuerdo de su propia creación: “El compromiso a respetarnos mutuamente y a evitar, en nuestro discurso y en nuestra práctica política, todo lo que pueda ofender a la otra parte, en particular cuando afecta nuestras esferas de soberanía respectivas”. En pocas palabras, Madrid no se referiría al Sáhara Occidental con términos que pudieran disgustar a Rabat, y los responsables marroquíes, por su parte, no repetirían a cada momento que Ceuta y Melilla estaban “ocupadas”.

Sin embargo, la parte marroquí no se sintió obligada a respetar ese compromiso. Durante esta primavera, el presidente de la Cámara de Consejeros (Senado) marroquí, Enaam Mayara, y el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, no dejaron de describir las ciudades como “ocupadas”. Hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por Nasser Bourita le entregó el 17 de mayo una nota verbal a la delegación de la Unión Europea en Rabat en protesta contra las “declaraciones hostiles” de Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Migratorios, que repetía que las ciudades de Ceuta y Melilla eran españolas.

A pesar de estos sinsabores, los socialistas españoles siguieron luchando por defender los intereses de Marruecos. Un ejemplo entre muchos otros: el 19 de enero de 2021, los eurodiputados socialistas españoles fueron los únicos que votaron –junto con los del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional– contra la primera resolución del Parlamento Europeo en un cuarto de siglo sobre los derechos humanos en Marruecos. La misma exigía, entre otras cosas, la liberación y un juicio justo para periodistas marroquíes encarcelados. Fue aprobada por amplia mayoría. Una vez más, en España arreciaron las críticas contra los socialistas, que no explicaron su votación salvo uno de ellos, Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia. En la relación con Marruecos, reconoció, para sorpresa general, López Aguilar, “a veces es necesario tragar sapos”.

Jorge Dezcallar, exembajador de España en Rabat y luego director del Centro Nacional de Inteligencia, el principal servicio secreto, no comparte esa opinión. “No entiendo qué ha hecho este gobierno al cambiar nuestra posición sobre el Sáhara”, decía, indignado, el 21 de junio, durante una conferencia en Barcelona. “No veo qué ventajas hemos conseguido (…) Pienso que es un error muy grave”, agregó. “Observo fundamentalmente que la iniciativa de Sánchez nos colocó en el centro mismo de la guerra entre Argelia y Marruecos, y que nos tiran piedras de todos lados”.

España pagó un precio elevado por su alineamiento con la posición marroquí: una cuasiruptura con Argelia. A través del comunicado real, las autoridades argelinas se enteraron del giro brusco de la diplomacia española. Al día siguiente, el 19 de abril de 2022, su embajador en Madrid, Said Moussi, fue llamado a consultas, y desde entonces su puesto quedó vacante. Poco tiempo después, Moussi fue nombrado en París. Un mes más tarde, Argel dio otra vuelta de tuerca. Terminó con la repatriación de los inmigrantes argelinos que hubieran arribado de manera irregular en España, y los vuelos regulares entre ambos países también quedaron reducidos al mínimo. Luego, el 8 de junio de 2022, el presidente Abdelmadjid Tebboune suspendió el tratado de amistad y de cooperación entre ambos países que estaba en vigor desde 2002.

Inmediatamente, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros (APBEF), un organismo semipúblico argelino, ordenó a sus miembros congelar “las domiciliaciones bancarias de las operaciones de comercio exterior de productos y servicios de y hacia España”. En realidad, eso equivalía a prohibir el comercio con España. Tres semanas más tarde, la APBEF derogó esa circular, pero en la práctica, el comercio con el vecino español sigue estando prohibido. Las exportaciones españolas cayeron más de 90%, y las empresas españolas perdieron más de 1.500 millones de euros en ventas en diez meses. Por si fuera poco, las empresas españolas están excluidas de todas las licitaciones públicas en Argelia. Ni siquiera pueden disponer de un stand durante las ferias comerciales y agrícolas que se desarrollan en Argel.

Apenas se publicó la circular de la APBEF, el ministro de Asuntos Exteriores español se trasladó a Bruselas para intentar activar la solidaridad europea. Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores, y Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable de Comercio, firmaron un comunicado conjunto en el que denunciaban lo que “parecía ser discriminación” hacia un Estado miembro y por lo tanto una violación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia, que entró en vigor en 2005. En febrero, Denis Redonnet, director general adjunto de Comercio de la Comisión Europea, visitó la provincia de Castellón, en la Comunitat Valenciana, la más afectada por las sanciones argelinas, donde denunció la “coerción económica” de Argelia y se comprometió a lograr el retiro de esas medidas discriminatorias. Pero hasta el momento no ha tenido éxito.

En realidad, la solidaridad europea con España solo fue verbal. Madrid podría haber denunciado el boicot e invocar el artículo 104.2 del Acuerdo de Asociación con Argelia para exigir un arbitraje. Si el mismo le hubiera dado la razón a la parte española, podría haber solicitado que la Comisión tomara medidas de represalia tras haber obtenido el aval del Consejo Europeo. Eso no sucedió por dos motivos. Al derogar la circular de la APBEF, Argel se tomó el cuidado de impedir que la parte española pudiera presentar un documento legal sobre el cual fundamentar su denuncia. Es cierto que la Comisión podría haber abierto una investigación para demostrar esta discriminación, pero existían pocas posibilidades de convencer al Consejo Europeo, interesado en mantener buenas relaciones con Argelia. “Sus hidrocarburos son una alternativa a los de Rusia, y muchos Estados miembros, empezando por los que más los aprovechan, como Italia y Francia, no quieren de ninguna manera tener un problema con Argelia”, explica un alto funcionario de la Comisión que prefiere mantener el anonimato.

Así que Madrid se tuvo que contentar en 2022 con presentar su veto a la celebración del Consejo de Asociación anual entre la Unión Europea y Argelia, que deseaba realizar algunas modificaciones al acuerdo de asociación. Y hará lo mismo este año. Preocupado por atenuar las críticas de la oposición parlamentaria, José Manuel Albares también hizo correr el rumor de que Moscú llevó a Argel a enemistarse con España para debilitar el flanco sur de la OTAN, pero resultó una estrategia demasiado burda.

El gobierno español no esperaba una reacción tan virulenta de Argelia, así como esperaba que Marruecos respetara sus compromisos. ¡Qué ingenuidad de la presidencia del gobierno! Asuntos Exteriores, más experimentados, quedaron totalmente al margen en aras de la discreción. En cambio, participaron exministros socialistas con vínculos con las autoridades de Marruecos, como Miguel Ángel Moratinos.

El 23 de julio se celebrarán elecciones legislativas en España y casi todas las encuestas dan ganador al Partido Popular, pero para gobernar tendrá que contar con el apoyo de la extrema derecha de Vox, una formación hostil al vecino marroquí. ¿España va a rectificarse y a volver a una posición equidistante, para restablecer sus relaciones con Argelia? En Argel, y más aún en Rabat, siguen de cerca la campaña electoral. Todas las intervenciones en relación al Magreb de Alberto Nuñez Feijóo, el líder de la derecha, circulan en las redes sociales con traducción al árabe. En general, sus declaraciones son ambiguas.

Los asesores de política exterior del líder conservador divergen sobre los pasos a seguir. Núñez Feijóo carece de experiencia internacional. Es probable que, si llega al poder, intentará evitar comenzar su mandato con una crisis con el vecino marroquí. Rabat no dudaría en desatarla si Feijóo se desviara del camino trazado por su antecesor socialista.

Los períodos de distensión en las relaciones entre Marruecos y España solo son excepcionales, y a veces llegan a durar bastante tiempo. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el principal servicio secreto español, lo repite en sus informes, como el del 28 de mayo de 2021, justo durante la irrupción de más de 10.000 inmigrantes marroquíes, 20% de ellos menores, en la ciudad de Ceuta. El informe, que fue publicado por El País, dice en esencia que, para las autoridades marroquíes, España sigue siendo un obstáculo para lograr la “integridad territorial”: hacia el sur, donde mantiene el control del espacio aéreo del Sáhara, y hacia el Norte, en tanto y en cuanto siga ocupando Ceuta y Melilla, así como algunas otras islas e islotes minúsculos a lo largo de la costa marroquí.

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Traducido del francés por Ignacio Mackinze.

Texto en francés aquí.