El Tribunal del caso Cursach ha absuelto oficialmente al empresario mallorquín Bartolomé Cursach y a otros implicados en la causa, entre ellos el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, al no existir acusación hacia ellos, según informa Europa Press.

"Hacemos un pronunciamiento oral absolutorio de la mayor parte de las personas acusadas, ya que no existe parte que mantenga el ejercicio de la acción penal", ha dicho la presidenta del Tribunal, Samantha Romero. Así, han quedado absueltos todos los encausados a excepción de dos policías locales, Josep Mayans y Gabriel Mayol, a los que una acusación particular imputa un delito de coacciones.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este martes una nueva sesión del juicio por el caso Cursach, en la que Fiscalía y acusaciones particulares han presentado sus escritos de conclusiones.

Todas han considerado que no existe prueba suficiente o signo incriminatorio para mantener la acusación, a excepción del abogado que representa al local Sa Trobada, que procesa a los dos policías.

En su turno de intervención, el fiscal Juan Carrau ha añadido además que existen indicios que deben ser objeto de investigación, en relación a delitos de falso testimonio por parte de algunos testigos, y pide deducir testimonio, una solicitud a la que se han adherido también algunas defensas.

El abogado de Bartolomé Cursach ha solicitado también que las costas se impongan a las tres acusaciones particulares. "Nos hemos visto sometidos a un proceso que ha durado cinco años y cinco o seis meses de vista oral de forma injusta", ha reiterado el letrado.

Por su parte, la defensa que representa a Sbert ha indicado que se pronuncia "en idéntico sentido".

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) Carlos Gómez ha abierto la puerta a sentar en el banquillo al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán por un presunto delito de revelación de secretos en la instrucción del caso Cursach.

El juez Gómez cierra así la instrucción del caso y avanza en el procedimiento para sentar en el banquillo a los acusados.

El magistrado, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, considera que hay indicios para juzgar a Subirán y Penalva por omisión del deber de impedir delitos y de omisión del deber de promover la persecución de delitos y les exonera de los delitos de organización criminal, detenciones ilegales, coacciones a testigos, o manipulación de declaraciones, que sostenían las acusaciones.

Por otro lado, el auto judicial acuerda separar las investigaciones sobre tres testigos del caso, la madame, el Ico y el testigo protegido 29.

La resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma a interponer y/o recurso de apelación.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha lamentado este viernes la absolución del juez Miguel Florit por requisar los móviles de dos periodistas que cubrían la información sobre el caso Cursach y rastrear sus llamadas, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares reconoce en la sentencia que las resoluciones del magistrado fueron injustas, si bien no incurrieron en un delito de prevaricación.

La FAPE ha explicado que la sentencia considera probado que el magistrado "dictó cuatro resoluciones injustas" en las que se acordó la incorporación al proceso de los datos de tráfico y la incautación de los teléfonos de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, "sin ponderar debidamente el derecho de los informadores a preservar la confidencialidad de sus fuentes".

La federación ha señalado que el tribunal también reconoce que el derecho al secreto profesional constituye la base de la libre información y, por tanto, del pluralismo político que es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

"Partiendo de ese argumento, no entendemos la absolución del magistrado. Por otra parte, sostener, como hace el tribunal, que Florit no era consciente de la injusticia de sus resoluciones parece un tanto peregrino. Se supone que un juez debe saber lo que es justo y lo que es injusto antes de emitir sus resoluciones", ha recalcado.

A juicio de la FAPE, esta sentencia sienta un precedente "peligroso que podría ser aprovechado para imponer límites al derecho constitucional de los periodistas al secreto profesional, uno de los pilares del libre ejercicio del periodismo y sin el cual muchos de los escándalos de corrupción que se han sucedido en nuestro país en los últimos años quedarían impunes".

En este contexto, la FAPE ha mostrado su solidaridad con los periodistas del Diario de Mallorca y de Europa Press y les ha animado a "seguir trabajando con el mismo nivel profesional que han demostrado en la investigación del caso Cusarch, pese al daño sufrido con las resoluciones 'injustas' del juez Florit".

Según apunta la organización, uno de los razonamientos de la sentencia es que la ausencia de una ley que desarrolle el secreto profesional de los periodistas obliga al juez a una ponderación con otros principios concurrentes –en este supuesto, el interés del Estado en perseguir la revelación de secretos–.

"El hecho de que no esté desarrollado por ley el secreto profesional de los periodistas, no impide que ese derecho constitucional deba ser respetado y que no se deba castigar a quien lo vulnere", ha defendido.

Por esto, la FAPE reclamará a los grupos parlamentarios el desarrollo de la ley que regule el secreto profesional, siguiendo las pautas de nuestro Código Deontológico, que establece que el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informantes a permanecer en el anonimato si así lo solicitan, con dos excepciones: que la fuente haya falseado de manera consciente la información o cuando el revelar las fuentes sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a las personas.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha absuelto al magistrado jubilado Miguel Florit por el caso Móviles, si bien la sentencia considera que sus resoluciones fueron "injustas", pero que no reúnen los requisitos marcados por el Código Penal para ser consideradas como delito.

El magistrado se enfrentaba a una pena de 42 años de inhabilitación por prevaricación y otros delitos, por haber ordenado en 2018 la incautación de móviles a periodistas y el rastreo de sus llamadas.

El TSJIB considera probado que, en sus resoluciones, Florit no hizo "referencia alguna al derecho de los periodistas al secreto profesional" y por tanto "no lo ponderó debidamente". También entiende acreditado que la periodista de Europa Press Blanca Pou invocó, durante la incautación de móviles en la sede de Palma de la agencia, su condición de periodista y su derecho a no revelar las fuentes.

Por otro lado, señala que los periodistas "difícilmente" podían recurrir las medidas que les afectaban, porque el auto de incautación se les entregó incompleto y los de rastreo de llamadas permanecieron "ocultos". Por otro lado, los magistrados razonan que se podría declarar la nulidad de las resoluciones de Florit por falta de motivación si ese fuera el caso, pero que no tienen competencia para ello en este procedimiento.

"El magistrado actuó con grave imprudencia al no ponderar debidamente los derechos fundamentales y principios concurrentes, confiado en la postura del fiscal sobre la plena adecuación de derecho de las medidas de investigación" propuestas, que afectaban al derecho profesional de los periodistas, sin someter su solicitud "al riguroso escrutinio que exigía la ponderación" de los principios en conflicto.

Las resoluciones del magistrado Florit, según el TSJIB, resultan injustas "porque en ellas se persigue la identificación de las fuentes de los periodistas, con medidas de injerencia más o menos invasivas" con olvido de que los periodistas son titulares de este derecho a no revelar sus fuentes. La sala abunda en esto recordando que los beneficiarios de este derecho no son exclusivamente los periodistas "sino toda la sociedad". "En definitiva, se trata de una expresión del derecho a la libre información, garantía del pluralismo en una sociedad democrática", inciden.

"Su contenido nunca debió ser el que fue"

Según el tribunal, las resoluciones de Florit fueron "injustas" puesto que "su contenido nunca debió ser el que fue" ya que, según justifica, "la persecución de un delito de revelación de secretos no constituye justificación para medidas que suponen la identificación de las fuentes de información periodística". Así, añade que, si ante una investigación policial o judicial sobre revelación de secretos, se hace ceder el derecho del periodista a mantener la confidencialidad de sus fuentes, "se vacía de contenido" este derecho y, por tanto, "queda menoscabada la democracia".

La sentencia recoge que la conducta de Florit fue "atípica" y, en el caso de los autos, admite que en el conflicto entre el derecho al secreto profesional de los periodistas y el interés público en la persecución de delitos, "debió prevalecer el primero" y, por eso, "las resoluciones en sentido contrario se consideran injustas".

Según el fallo, pese a que los autos fueron "injustos", "no es suficiente con que la resolución sea injusta" ya que "no consta que el acusado buscase expresamente dictar resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico", una circunstancia que no aprecian en este caso. Además, resaltan que, a pesar del tiempo transcurrido desde la promulgación de la Constitución, falta en España una ley reguladora del secreto profesional de los periodistas.

Esto, dicen, obliga al juez a una ponderación con otros principios concurrentes –en este caso la persecución de la revelación de secretos–, abriéndose así un "margen a la incertidumbre", y porque la ley de 2015 reguladora de las medidas de investigación tecnológica presenta dudas interpretativas que excluyen la existencia de un precepto legal claramente formulado que pudiera ser contradicho de manera frontal y evidente.

Por otro lado, la Sala concluye que, cuando Florit dictó, el 21 de diciembre de 2018, el auto de devolución de los equipos y terminales móviles "es un intento de rectificación del de 11 de diciembre" sobre la incautación de los móviles. Según recoge la sentencia, "el juez se percató después, por la trascendencia mediática" de la "dimensión y potencial vulneración del derecho al secreto profesional". El juicio se celebró el pasado 27 de febrero y cabe recordar que la defensa de los medios afectados había pedido una pena que sumaba 42 años de inhabilitación por vulneración del secreto profesional, interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.

La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía, por orden del juez, se incautó de los teléfonos móviles de una redactora de Europa Press, Blanca Pou, y un redactor de 'Diario de Mallorca', Francisco Mestre, para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al 'caso Cursach'.

La decisión no es firme, ante la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El juicio del denominado 'caso Móviles' en el que está investigado el magistrado Miguel Florit por la incautación de móviles a periodistas y el rastreo de sus llamadas se celebra este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Entre otros delitos, se le acusa de haber vulnerado el derecho al secreto profesional y por interceptación ilegal de comunicaciones.

En concreto, la Sala Civil y Penal del TSJIB ha señalado la vista oral a partir de las 09.30 horas, y días sucesivos si fuera necesario, en sesiones de mañana y tarde. La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía, por orden del juez, incautó los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y 'Diario de Mallorca' para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al 'caso Cursach'. La Policía también requisó ordenadores, un 'pendrive' y diversa documentación en la sede de Europa Press en Baleares y, ya por la tarde, visitó la sede de 'Diario de Mallorca', pero finalmente no accedieron a su interior. Estos hechos provocaron cierta indignación en el ámbito de la profesión y se dieron muestras de apoyo y solidaridad y concentraciones en diferentes puntos del país.

Ante esto, la defensa de los medios afectados –Europa Press y 'Diario de Mallorca'–, así como los dos periodistas –Blanca Pou y Kiko Mestre– presentaron una querella en la que se piden penas que suman 42 años de inhabilitación por, además de vulnerar el secreto profesional y la interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.

El juez ordenó obtener el listado de llamadas

La documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre ('Diario de Mallorca), Pou (Europa Press), una periodista de 'EFE' y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.

Las medidas fueron dictadas por Florit a instancias de la Policía y avaladas por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau. En este sentido, el fiscal superior Bartolomé Barceló pide la libre absolución del magistrado. En su escrito de conclusiones provisionales, afirma también que Florit dictó las medidas que afectaban a los periodistas teniendo ya identificados a una serie de funcionarios policiales como presuntas fuentes informantes.

Por su lado, la agencia de comunicación 'EFE', como acusación particular y la Asociación de Medios de la Información (AMI), como acusación popular, se adhirieron a la querella y, en consonancia, piden también 42 años de inhabilitación. El 4 de enero de 2019, el Juzgado devolvió el material incautado a los dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca. Desde el juzgado se certificó que los dispositivos móviles no se habían inspeccionado durante su estancia en la sede judicial. Sin embargo, no se pronunció sobre la ventana de casi 24 horas en la que los dispositivos habían estado bajo custodia policial.

Tras un proceso judicial que se ha prolongado durante más de un año, el juicio por el 'caso Móviles' se celebrará este jueves, cerca de dos meses después de que Florit se jubilara de manera anticipada. En el juicio, declarará como testigo el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejando Luzón, por videoconferencia, el propio fiscal Carrau --que en un principio fue investigado pero acabó siendo desimputado y citado como testigo-- y los periodistas afectados, entre otras personas.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha notificado este viernes un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el magistrado Miguel Florit, y contra el Estado como responsable civil subsidiario, por la incautación de móviles a  redactores que cubrían el caso Cursach, informa Europa Press.

Para asegurar las responsabilidades en esta causa, conocida como caso Móviles, la magistrada-instructora, Felisa Vidal, requiere al acusado para que preste una fianza de 60.116 euros.

La Sala Civil y Penal del TSJIB ha dado traslado al juez una copia del escrito de acusación y de las actuaciones para que presente escrito de defensa. También emplaza a la Abogacía del Estado para que se persone en el procedimiento.

La acusación pide 42 años de inhabilitación

La representación de Europa Press, Diario de Mallorca y EFE y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre piden condenar al juez a penas que suman 42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.

En su relato, la acusación particular de este caso, iniciado a raíz de la querella de Europa Press y Diario de Mallorca por la incautación de los móviles, reseñan cuatro autos dictados por Florit como instructor de una pieza por revelación de secretos. La causa tenía como objeto investigar el origen de las informaciones publicadas en prensa sobre el caso Cursach, una macrocausa de corrupción.

En el escrito de acusación se nombran tres autos dictados en septiembre, octubre y noviembre de 2018, en los que Florit ordenó recabar de compañías telefónicas los listados de llamadas y geoposicionamientos de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre y de una redactora de EFE, así como del teléfono fijo de las agencias de noticias. En el caso de la periodista de Europa Press, se pidieron datos que abarcaban hasta enero de 2016.

Igualmente, la acusación particular cita el auto del 11 de diciembre de 2018 con el que Florit autorizaba la entrada y registro de las sedes de Europa Press y Diario de Mallorca en Palma y ordenaba incautarse de los móviles y ordenadores de los dos redactores. Esta orden autorizaba estudiar sus whatsapps, correos electrónicos y redes sociales.

El mismo día, tres agentes de la Policía Nacional y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press Baleares en Palma para exigir la entrega del material requerido. Se incautaron del teléfono móvil personal de la periodista, con su tarjeta SIM y SD, dos ordenadores sobremesa, un pendrive y diversa documentación en papel, pese a que "se les manifestó, en reiteradas ocasiones, que dicha actuación violaba el secreto profesional periodístico", recalca el escrito de acusación. Además, los agentes de la Policía también intervinieron el teléfono del periodista de Diario de Mallorca.

Todo este material quedó en poder de la Policía Nacional, que al día siguiente lo entregó al Juzgado a excepción de la documentación en papel. Los equipos electrónicos fueron devueltos el 4 de enero de 2019 y los papeles intervenidos en febrero de 2019, si bien fueron escaneados e incorporados a la pieza que instruía Florit en el Juzgado.

Autos "manifiestamente injustos"

La acusación sostiene que los autos "fueron dictados por el acusado con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad del domicilio".

Así, los periodistas imputan al juez un delito consumado continuado de prevaricación judicial, por el que piden 20 años de inhabilitación y una multa de 29.200 euros; dos delitos contra la inviolabilidad del domicilio, por el que piden, por cada uno, seis años de inhabilitación y multa de 14.600 euros; un delito consumado continuado contra el ejercicio de derechos cívicos -derecho al secreto profesional periodístico y derecho a la intimidad-, por el que piden cuatro años de inhabilitación; y un delito consumado continuado de interceptación ilegal de comunicaciones, por el que solicitan seis años de inhabilitación.

La representación de Europa Press, Diario de Mallorca y EFE y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre piden condenar al juez Miguel Florit a penas que suman 42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.

La acusación particular en el llamado caso Móviles, iniciado a raíz de la querella de Europa Press y Diario de Mallorca por la incautación de móviles de los redactores que cubrían el caso Cursach, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la apertura de juicio oral contra el magistrado.

En el escrito de acusación, también se piden multas que suman 58.400 euros y se reclama una indemnización de 30.000 euros para el periodista de Diario de Mallorca por daños morales, profesionales y a la salud, de los que subsidiariamente puede responder el Estado. Por ello, se solicita dar traslado a la Abogacía del Estado para que pueda personarse en la causa y ejercitar su derecho de defensa.

Piden llamar al fiscal jefe Luzón como testigo

Como testigos, la acusación particular plantea llamar como testigo al fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón.

También proponen citar a los responsables de los tres medios de comunicación, a los dos periodistas querellados, al fiscal Anticorrupción, Juan Carrau -que avaló las órdenes dictadas por Florit- y al inspector jefe de la Policía Judicial que propuso todas las medidas y que practicó la incautación.

Rastreo de llamadas y posicionamientos de teléfonos

En su relato de hechos, los medios de comunicación querellantes reseñan cuatro autos dictados por Florit como instructor de una pieza por revelación de secretos. La causa tenía como objeto investigar el origen de las informaciones publicadas en prensa sobre el caso Cursach, una macrocausa de corrupción.

En el escrito de acusación se nombran tres autos dictados en septiembre, octubre y noviembre de 2018, en los que Florit ordenó recabar de compañías telefónicas los listados de llamadas y geoposicionamientos de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre y de una redactora de EFE, así como del teléfono fijo de las agencias de noticias. En el caso de la periodista de Europa Press, se pidieron datos que abarcaban hasta enero de 2016.

Igualmente, la acusación particular cita el auto del 11 de diciembre de 2018 con el que Florit autorizaba la entrada y registro de las sedes de Europa Press y Diario de Mallorca en Palma y ordenaba incautarse de los móviles y ordenadores de los dos redactores. Esta orden autorizaba estudiar sus whatsapps, correos electrónicos y redes sociales.

Incautación de móviles y ordenadores

El mismo día, tres agentes de la Policía Nacional y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press Baleares en Palma para exigir la entrega del material requerido. Se incautaron el teléfono móvil personal de la periodista, con su tarjeta SIM y SD, dos ordenadores sobremesa, un pendrive y diversa documentación en papel, pese a que "se les manifestó, en reiteradas ocasiones, que dicha actuación violaba el secreto profesional periodístico", recalca el escrito de acusación. Además, los agentes de la Policía también intervinieron el teléfono del periodista de Diario de Mallorca.

Todo este material quedó en poder de la Policía Nacional, que al día siguiente lo entregó al Juzgado a excepción de la documentación en papel. Los equipos electrónicos fueron devueltos el 4 de enero de 2019 y los papeles intervenidos en febrero de 2019, si bien fueron escaneados e incorporados a la pieza que instruía Florit en el Juzgado.

Autos "manifiestamente injustos"

La acusación sostiene que los autos "fueron dictados por el acusado con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad del domicilio".

Así, los periodistas imputan al juez un delito consumado continuado de prevaricación judicial, por el que piden 20 años de inhabilitación y una multa de 29.200 euros; dos delitos contra la inviolabilidad del domicilio, por el que piden, por cada uno, seis años de inhabilitación y multa de 14.600 euros; un delito consumado continuado contra el ejercicio de derechos cívicos -derecho al secreto profesional periodístico y derecho a la intimidad-, por el que piden cuatro años de inhabilitación; y un delito consumado continuado de interceptación ilegal de comunicaciones, por el que solicitan seis años de inhabilitación.

Recurso de amparo al constitucional

Por otra parte, Diario de Mallorca ha presentado este miércoles un escrito ante el Tribunal Constitucional con el que le pide anular el auto de incautación de los móviles por vulnerar el derecho al secreto profesional del periodista, y los autos por los que se inadmitían los recursos contra la citada resolución.

Europa Press también ha presentado recursos de amparo ante el TC, contra el mismo auto y contra otro en el que se ordenaban rastrear las llamadas de su periodista, pero en dichos recursos no se pide al Constitucional que se pronuncie sobre el fondo de las medidas acordadas por el juez Florit, sino que se permita a los afectados recurrirlas.

Los distintos recursos que los medios de comunicación afectados presentaron contra las decisiones del juez no se admitieron a trámite porque los periodistas no tenían la condición de investigados en el procedimiento instruido por Florit, y por tanto, no son parte formal. Por ello, los periodistas consideran que se ha visto vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.