La representación de
Europa Press,
Diario de Mallorca y
EFE y los periodistas
Blanca Pou y
Kiko Mestre piden condenar al juez
Miguel Florit a penas que suman
42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.
La acusación particular en el llamado
caso Móviles, iniciado a raíz de la querella de Europa Press y
Diario de Mallorca por la incautación de móviles de los redactores que cubrían el
caso Cursach, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la apertura de juicio oral contra el magistrado.
En el escrito de acusación, también se piden
multas que suman 58.400 euros y se reclama una
indemnización de 30.000 euros para el periodista de
Diario de Mallorca por
daños morales,
profesionales y a la salud, de los que subsidiariamente puede responder el Estado. Por ello, se solicita dar traslado a la Abogacía del Estado para que pueda personarse en la causa y ejercitar su derecho de defensa.
Piden llamar al fiscal jefe Luzón como testigo
Como testigos, la acusación particular plantea llamar como testigo al fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada,
Alejandro Luzón.
También proponen citar a los responsables de los tres medios de comunicación, a los dos periodistas querellados, al fiscal Anticorrupción,
Juan Carrau -que avaló las órdenes dictadas por Florit- y al inspector jefe de la
Policía Judicial que propuso todas las medidas y que practicó la incautación.
Rastreo de llamadas y posicionamientos de teléfonos
En su relato de hechos, los medios de comunicación querellantes reseñan cuatro autos dictados por Florit como instructor de una pieza por
revelación de secretos. La causa tenía como objeto investigar el origen de las informaciones publicadas en prensa sobre el
caso Cursach, una macrocausa de corrupción.
En el escrito de acusación se nombran tres autos dictados en septiembre, octubre y noviembre de 2018, en los que Florit ordenó recabar de compañías telefónicas los listados de llamadas y geoposicionamientos de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre y de una redactora de EFE, así como del teléfono fijo de las agencias de noticias. En el caso de la periodista de Europa Press, se pidieron datos que abarcaban
hasta enero de 2016.
Igualmente, la acusación particular cita el auto del 11 de diciembre de 2018 con el que Florit autorizaba
la entrada y registro de las sedes de Europa Press y
Diario de Mallorca en Palma y ordenaba
incautarse de los móviles y ordenadores de los dos redactores. Esta orden autorizaba
estudiar sus whatsapps, correos electrónicos y redes sociales.
Incautación de móviles y ordenadores
El mismo día, tres agentes de la Policía Nacional y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press Baleares en Palma para exigir la entrega del material requerido. Se incautaron el
teléfono móvil personal de la periodista, con su tarjeta SIM y SD,
dos ordenadores sobremesa,
un pendrive y diversa
documentación en papel, pese a que "se les manifestó, en reiteradas ocasiones, que dicha actuación violaba el secreto profesional periodístico", recalca el escrito de acusación. Además, los agentes de la Policía también
intervinieron el teléfono del periodista de
Diario de Mallorca.
Todo este material quedó en poder de la Policía Nacional, que al día siguiente lo entregó al Juzgado a excepción de la documentación en papel. Los equipos electrónicos fueron devueltos el 4 de enero de 2019 y los papeles intervenidos en febrero de 2019, si bien fueron escaneados e incorporados a la pieza que instruía Florit en el Juzgado.
Autos "manifiestamente injustos"
La acusación sostiene que los autos "fueron dictados por el acusado con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad del domicilio".
Así, los periodistas imputan al juez un delito consumado continuado de
prevaricación judicial, por el que piden 20 años de inhabilitación y una multa de 29.200 euros; dos delitos contra la
inviolabilidad del domicilio, por el que piden, por cada uno, seis años de inhabilitación y multa de 14.600 euros; un delito consumado continuado contra el
ejercicio de derechos cívicos -derecho al secreto profesional periodístico y derecho a la intimidad-, por el que piden cuatro años de inhabilitación; y un delito consumado continuado de
interceptación ilegal de comunicaciones, por el que solicitan seis años de inhabilitación.
Recurso de amparo al constitucional
Por otra parte,
Diario de Mallorca ha presentado este miércoles un escrito ante el
Tribunal Constitucional con el que le pide anular el auto de incautación de los móviles por vulnerar el derecho al secreto profesional del periodista, y los autos por los que se inadmitían los recursos contra la citada resolución.
Europa Press también ha presentado recursos de amparo ante el TC, contra el mismo auto y contra otro en el que se ordenaban rastrear las llamadas de su periodista, pero en dichos recursos no se pide al Constitucional que se pronuncie sobre el fondo de las medidas acordadas por el juez Florit, sino que se permita a los afectados recurrirlas.
Los distintos recursos que los medios de comunicación afectados presentaron contra las decisiones del juez
no se admitieron a trámite porque los periodistas no tenían la condición de investigados en el procedimiento instruido por Florit, y por tanto, no son parte formal. Por ello, los periodistas consideran que se ha visto vulnerado su derecho a la
tutela judicial efectiva.
Caecilium
11/07/19 12:11
allola
11/07/19 08:13
Aroa Moreno Durán
Jesús Maraña
Benjamín Prado
Uno de tantos casos que dan fe del estado de coma en que se encuentra el sistema judicial, y el policial, su brazo armado. O si se prefiere, el divorcio entre el estado de derecho y una sociedad justa.
Vemos con estupor cómo la justicia no puede acceder por ejemplo, a los archivos eclesiásticos por mucho delito que estos puedan contener, en virtud de unos acuerdos que no buscan sino el mutuo beneficio de dos estructuras mafiosas (tu no estorbas mis negocios ni te metes en mis asuntos y yo te ofrezco la lealtad del rebaño), pero sí puede prevaricar a su antojo para favorecer a otro hampa, sea de un gangster concreto (como en este caso) o cualquier gran corporación industrial o financiera, o cualquier lobby tóxico, o cualquier partido político criminal. Y todo ello sin correr más riesgos que la remota posibilidad de que sea admitido a trámite un recurso contra sus decisiones ante un gremio al que pertenece el posible denunciado y poseedor de un poderoso sentido del corporativismo, tan poderoso coma su capacidad de joderle la vida a cualquiera que consideren y que no goce del la patente de corso de sus protegidos. Poco importará que al final este sujeto, el tal Florit, pague con una reprimenda o con una fuerte inhabilitación y una multilla de importe ya atesorado con creces, sabiendo además que siempre podrá ser indultado, contratado para más lucrativos servicios en cualquier chiringuito delictivo o directamente conseguir un buen carguito en algún partido político de tendencia.
Mientras estas cosas no se atajen de forma fulminante y contundente por la Administración de Justicia, que no vengan luego quejándose del desapego y falta de respeto por parte de una parte considerable de la sociedad. Son una lacra podrida. Y lo siento por los innumerables jueces que realizan su trabajo honestamente en sus juzgados de andar por casa, pues ellos son también una víctima de la gran mierda en la que los poderosos han convertido a su necesaria carrera.
Responder
Denunciar comentario
0
0