El presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido condenado a cinco días de arresto domiciliario por incumplir una sentencia para la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados. El Tribunal Superior de Ibagué ha publicado este sábado el fallo por desacato a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que declaró como sujeto de derechos al Parque, según informa Europa Press.

La sentencia considera que el Gobierno que encabeza Duque no ha cumplido con la creación de una Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en ese parque nacional. "Declarar en desacato de la orden impartida en el aparte (i) por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia STL10716 de 2020, al señor presidente de la República de Colombia, Doctor Iván Duque Márquez, de conformidad con la parte motiva de esta providencia", indica el documento.

Por ello ordena como sanción por el desacato imponerle al presidente Iván Duque "medida de arresto domiciliario por cinco días, para cuyo cumplimiento se encarga al señor director de la Policía Nacional o el Superior que atienda las funciones de policía en el Palacio de Nariño y multa equivalente a quince salarios mínimos legales vigentes".

El presidente colombiano ha asegurado este sábado durante un encuentro en el departamento de Córdoba —en el que ha alabado su gestión mediambiental durante sus años de Gobierno— que su arresto domiciliario "viola la Constitución". "Hoy hemos visto un acto, primero que es inexplicable, porque quieren pasar por encima del fuero constitucional, donde supuestamente se ordena el arresto del presidente de la República dizque por no cumplir", ha sentenciado Duque en declaraciones recogidas por RCN Radio.

Duque ha esgrimido que espera que el Consejo de Disciplina Judicial y que la Fiscalía actúen teniendo en cuenta que estas decisiones, que además "violan la Constitución", deben ser observadas por todas las instancias para que quede "absolutamente claro cuál era el verdadero sentido de una decisión política".

El presidente de Colombia ha sostenido que siempre ha tenido una gran cultura de la conservación de la biodiversidad, y ha asegurado que Colombia "es el segundo país más bioderverso de planeta". También ha recordado que en su Gobierno han salido adelante las leyes de acción climática y la de delitos ambientales. El mandatario colombiano tiene la posibilidad de apelar el fallo, ya que las sanciones impuestas por el Tribunal de Ibagué no son de aplicación inmediata.

La reciente decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional de cerrar el examen preliminar sobre Colombia y abrir simultáneamente una investigación en Venezuela ha sorprendido a pocos. El examen de Colombia, que llevaba 17 años sometida a observación, era insostenible para la Fiscalía, y la falta de respuesta a las violaciones de los derechos humanos por parte de Venezuela la hacían acreedora de la medida adoptada.

Se trata de decisiones siempre difíciles y controvertidas, que deben tomar en cuenta primordialmente la legislación aplicable, pero también las circunstancias políticas en los estados afectados y los circundantes, y criterios de oportunidad a los que se une en este caso que el Fiscal Karim Khan acaba de ser elegido, inicia una etapa nueva y le toca confirmar o rectificar decisiones de sus predecesores.

La Corte Penal Internacional ha perdido buena parte de su credibilidad por decisiones precedentes que parecen haberse fundado más en consideraciones políticas que legales. El distinto tratamiento de unos territorios y otros, así como la aplicación de criterios diferentes para los crímenes de actores estatales frente a los no estatales, no parecen argumentos aceptables. Varios estados de África han expresado reiteradamente su malestar por lo que percibían como un doble rasero de la Corte, que hasta ahora apenas ha tramitado casos fuera de ese continente. Es discutible si las situaciones de Colombia y Venezuela merecían un trato diferente, pero debemos confiar en que, en el interés de las víctimas, Khan haya acertado esta vez.

Los exámenes preliminares de la Fiscalía, concebidos como una averiguación sumaria que debe establecer si se dan o no las condiciones para abrir formalmente una investigación desde La Haya, no deben extenderse en el tiempo. La realidad de los crímenes y su gravedad, la competencia de la Corte, la capacidad y voluntad de los estados para perseguirlos, y el interés de la justicia, pueden evaluarse en pocos meses. Cuando se extienden durante años, se convierten en una suerte de sospecha permanente a que la Corte somete a un estado miembro que no tiene justificación, aunque algunas veces haya permitido al estado afectado maniobrar políticamente sin el apremio de ser investigado.

Este parece ser el caso de Colombia, para quien el largo examen preliminar ha servido como periodo de gracia que el país ha aprovechado para desmovilizar y judicializar a los paramilitares, negociar y firmar un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC y poner en marcha un sistema integral de justicia transicional, con una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante la que deben comparecer los principales responsables de los crímenes, tanto de la fuerza pública como de la guerrilla, para que les sea impartida justicia restaurativa si reconocen su culpa y colaboran reparando a las víctimas, o retributiva en caso contrario. En el primer supuesto, reciben penas no privativas de libertad; en el segundo, hasta veinte años de prisión.

En una declaración inédita, la Fiscalía ha expresado su aceptación del modelo mixto de justicia transicional retributiva-restaurativa de Colombia, reconociendo que cumple con las exigencias del Estatuto de Roma, y convirtiéndolo en un referente que puede ser replicado por otros países en análoga situación. Al mismo tiempo, dando por terminado el examen preliminar sobre Colombia, la Fiscalía reconoce sin duda ese esfuerzo sostenido de los colombianos.

La decisión casi simultánea de la Fiscalía de abrir una investigación sobre Venezuela tiene la lectura exactamente opuesta: su gobierno no ha hecho la tarea. Ha negociado poco y solo recientemente con la oposición, y en la república bolivariana el sistema de seguridad y justicia parece ser más bien parte del problema que de la solución.

La Fiscalía de la Corte abrió el examen preliminar de Venezuela porque varios estados parte denunciaron el uso excesivo de la fuerza empleado por las autoridades venezolanas a partir de 2014 para reprimir las manifestaciones contra el gobierno, seguido de la detención y el procesamiento, a veces ante la jurisdicción militar, de miles de manifestantes y líderes de la oposición, a buena parte de los cuales se habría sometido después a tortura, privación ilegítima de libertad y otros abusos, incluidos los sexuales, habiendo tenido que abandonar su país más de un millón y medio de venezolanos como consecuencia de la emergencia humanitaria originada, en un país potencialmente rico, por la inseguridad y la corrupción generalizadas.

Las violaciones de los derechos humanos en Colombia son infinitamente más graves, y su solución mucho más difícil que las de Venezuela. Estamos hablando de un conflicto armado de más de medio siglo, que en algunas regiones sigue muy activo pues no todos los grupos armados han aceptado los acuerdos de paz, con más de seis millones de víctimas desplazadas que lo han perdido todo y malviven acosadas por la violencia en los suburbios de las grandes capitales, y patrones sistemáticos de secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, agresiones sexuales y reclutamiento de niños; todo ello, con el sempiterno telón de fondo del narcotráfico. Desde la firma de la paz en 2016, han sido asesinados más de mil defensores de derechos humanos y activistas sociales, y trescientos exguerrilleros que ya se habían desmovilizado.

Es obvio que las autoridades han hecho muy poco en Venezuela para detener y castigar los abusos. En Colombia se ha hecho mucho, pero la tarea por delante es inmensa, y las resistencias desde el aparato del estado, también. La Jurisdicción Especial para la Paz es una realidad incipiente, pero se encuentra acosada política y financieramente, aún está en tramitación un proyecto de ley del partido del gobierno para desmantelarla, todavía no ha celebrado un solo juicio ni dictado una sola sentencia, y nadie sabe cuándo ni ante quién comparecerán a rendir cuentas de sus acciones los “terceros”: políticos, terratenientes y empresarios que auspiciaron y financiaron “desde atrás” la guerra sucia del paramilitarismo, a quienes la jurisdicción ordinaria no ha inculpado en todos estos años, y a quienes tampoco podrá exigir responsabilidades la JEP puesto que no están sometidos a su jurisdicción.

Cabe preguntarse si no hubiera sido más razonable que la Fiscalía internacional hubiera ofrecido a Colombia la misma salida que ha dispensado a Venezuela: abrir una investigación conjunta y trabajar, codo con codo, los fiscales internacionales y los nacionales. Es lo que llamamos complementariedad positiva.

La presencia de la Fiscalía internacional, formando equipo con las autoridades nacionales, ayudándolas a investigar, supliendo sus eventuales carencias de medios, experiencia y capacidad y, sobre todo, ayudándolas a remover los obstáculos políticos que se oponen habitualmente al avance de procesos de esta naturaleza, se ha demostrado muy eficaz en escenarios similares, como Guatemala. Esa ayuda se ha ofrecido a los venezolanos, que presumiblemente no la recibirán con agrado, y paradójicamente, no se ha brindado a los colombianos, que tanto la necesitan. Hubiera sido también una oportunidad de demostrar su capacidad para la Fiscalía internacional, cuestionada por su falta de resultados.

El gobierno de Duque se ha comprometido a respaldar el esfuerzo de la justicia colombiana, y Khan ha asegurado que abrirá su propia investigación si no cumple. Esperemos que no resulte necesario. En cuanto a Maduro, ya sabe qué tiene que hacer si quiere quitarse de encima la presión internacional: terminar con las violaciones de los derechos humanos y la corrupción, investigarlas y perseguirlas eficazmente, y negociar con la oposición una apertura democrática genuina, que puede incluir un mecanismo de justicia transicional a la colombiana. No parece que, a estas alturas, la resistencia numantina sea para él una opción recomendable.

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Carlos Castresana Fernández es Fiscal del Tribunal de Cuentas, y antes lo fue del Tribunal Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción. Ha sido también Comisionado de la ONU contra la Impunidad en Guatemala.

El helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido atacado a tiros este viernes en la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Duque ha informado de los hechos, en un vídeo en directo a través del perfil de Twitter de la Presidencia de Colombia, en el que ha detallado que el ataque se produjo cuando la aeronave procedía a aterrizar en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, tras una visita al municipio de Sardinata, informa Europa Press.

El ministro de Defensa, Diego Molano; el titular del Interior, Daniel Palacios, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, viajaban en el helicóptero junto a Duque y todos se encuentran ilesos. "El helicóptero presidencial fue víctima de un atentado", ha lamentado el mandatario, para incidir en que la capacidad de la aeronave, blindada, impidió "que ocurriera algo letal".

Duque ha calificado el ataque como un "atentado cobarde" y ha asegurado que "se ven impactos de bala" en el helicóptero, que finalmente ha podido aterrizar con normalidad. "Una vez más reiteramos que como Gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país", ha añadido el presidente.

Así, ha insistido en que a su Ejecutivo no se le "amedrenta con violencia ni con actos de terrorismo". "Nuestro Estado es fuerte, Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas", ha agregado.

El presidente ha avanzado que ya se han dado órdenes para investigar el suceso y dar con quiénes han disparado contra el helicóptero presidencial. "El mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte, enfrentando la criminalidadColombia. Nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza", ha sentenciado Duque.

Por su parte, el ministro de Defensa ha insistido en que las instituciones colombianas superan a cualquier ataque y ha manifestado que el Ejecutivo sigue "firme y con más impulso para acabar con los que pretenden desestabilizar el país". "Que el temo lo sientan los cobardes que atentaron contra el presidente y su equipo de Gobierno", ha escrito también Molano en su perfil de Twitter.

El ministro del Interior ha compartido la postura manifestada por Duque y Molano y ha dicho que la respuesta a los hechos es "contundente": "¡No nos dejaremos amedrentar de criminales! No vamos a desfallecer en la lucha contra narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado".

Reacciones en Colombia

Tras conocer el suceso, la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, María Lucía Ramírez, ha condenado el ataque en un mensaje publicado en su perfil de Twitter, en el que ha apuntado que "los terroristas y el narcotráfico no podrán amedrentar jamás a los colombianos honestos".

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha expresado también su rechazo al suceso. "Este es un atentado, contra los ciudadanos, contra el presidente y contra nuestra democracia, que condeno y rechazo profundamente", ha apostillado. "A Colombia la tenemos que cuidar de la radicalización y romantización de toda forma de agresión violenta", ha añadido la edil de la capital.

El ataque denunciado por Duque ha tenido lugar a más de una semana del atentado en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército colombiano en la misma ciudad, Cúcuta. En aquella ocasión, una furgoneta ingresó en las instalaciones, y explotó hasta en dos ocasiones, lo que provocó daños materiales y más de 30 heridos entre soldados y civiles.

Las autoridades colombianas han relevado de sus puestos a dos coroneles responsables de la seguridad del lugar. Además, otros seis militares están siendo investigados no solo por las negligencias en materia de seguridad que se habrían cometido, sino también por una posible participación en el atentado. La primera respuesta del Gobierno ante este ataque fue señalar como posible responsable al Ejército de Liberación Nacional (ELN), algo que desde la guerrilla han negado.

Los Gobiernos latinoamercianos condenan el incidente

El Gobierno de Argentina ha sido uno de los primeros en repudiar el atentado. "La Cancillería argentina expresa su más enérgica condena al atentado que sufrió el helicóptero en el que se desplazaba el presidente de la República de Colombia, Iván Duque", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

También el ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ha condenado el atentado contra Duque. "Nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y su presidente Iván Duque frente al ataque que sufrió el helicóptero en el que viajaba. México rechaza la violencia y respalda a las instituciones democráticas de Colombia", ha tuiteado Ebrard.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se ha solidarizado con Duque "ante el cobarde atentado ocurrido este día" y repudió "este hecho perpetrado por grupos criminales y enemigos de la democracia, en contra de un mandatario democráticamente electo", según la cuenta de Twitter del Gobierno guatemalteco.

El Gobierno de Perú, a través de la misma red social, declaró que "condena enérgicamente el frustrado atentado dirigido contra el helicóptero que trasladaba al Presidente Ivan Duque y a sus ministros, a quienes expresa su total solidaridad y respaldo".

Desde Ecuador también han condenado el atentado contra el presidente de Colombia y sus ministros. "La Cancillería de Ecuador expresa su solidaridad y hace votos por que la paz, la democracia y la reconciliación marquen el camino del pueblo colombiano", ha hecho saber el Ministerio de Exteriores ecuatoriano en una nota.

Algo se rompió en Colombia el 28 de abril. Las multitudinarias manifestaciones en todo el país, en contra de la reforma fiscal que proponía el Gobierno desembocaron en una violencia policial que no sorprendió a propios pero sí a extraños y en pocos días puso al país en los radares internacionales. ¿Pero qué pasa en Colombia? ¿Cómo es posible que haya un estallido de violencia policial tan repentino?

Un huerto echado a perder

La respuesta es simple, la violencia policial no es inédita y por el contrario, se consolida como la estrategia principal del gobierno de Iván Duque para enfrentar el descontento social ante su gestión, pero también ante la dureza de la vida cotidiana en el país y la frustración popular producto de décadas de necesidades básicas insatisfechas. La violencia policial ya se hizo presente en Bogotá, durante las protestas que tuvieron lugar la noche del 9 de septiembre pasado, cuando la policía atacó a la población civil en varios lugares, acabando con la vida de al menos 8 personas, en hechos en los que además hubo 248 heridos, de acuerdo con la ONG Pares. La profunda crisis ética e institucional en la que está sumida la organización se evidencia al pensar en hechos como los sucedidos el 4 de septiembre, 5 días antes de la masacre, cuando 11 personas que iban a ser judicializadas fueron incineradas vivas en el interior de una estación en Soacha, ante la mirada impasible de los agentes, que por omisión, decidieron que aquellos que esperaban un trámite judicial merecían la pena de muerte, si bien fueron sacados del fuego aún con signos vitales, 9 de los 11 fueron muriendo en los hospitales que les acogieron. Y para colmo, la opinión pública se enteró del hecho apenas en noviembre, dos meses después, debido a la intervención de un concejal de esa ciudad, que denunciaba amenazas de muerte para los familiares de las víctimas en busca de respuestas.

Es en ese ambiente, viciado por el poco respeto a los Derechos Humanos, que estallan las protestas de noviembre de 2019, en donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, encargado de sofocarlas también fue protagonista, de nuevo por los deslices en el uso de armas “no letales”, que conllevaron al asesinato de Dylan Cruz, joven que se convirtió en símbolo de las movilizaciones, por un agente de estos escuadrones, además del saldo de heridos y la ya habitual violencia policial en el momento de asumir la protesta.

Sin embargo, la Policía no es la única organización cuyo uso adecuado de la fuerza es dudoso. De acuerdo con la Justicia Especial para la Paz JEP, encargada del esclarecimiento, entre otras cosas, de los hechos de violencia que se produjeron en el marco del conflicto armado hasta 2016, el Ejército colombiano habría incurrido en alrededor de 6.402 ejecuciones de personas civiles que luego se hacían pasar por insurgentes con la finalidad de cobrar premios, obtener ascensos y sobre todo, demostrar un asombroso rendimiento en el esfuerzo de guerra contra la guerrilla FARC, todo ello en el contexto del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, jefe político y mentor del hoy presidente Duque. Aunque estos hechos datan de hace al menos 12 años, muchos de los miembros que estaban en activo en ese entonces y perpetraron los hechos, hoy hacen parte de la organización y han ido ascendiendo en la cúpula militar, sin dar mayor razón de lo sucedido y negando siempre que hubiese una política institucionalizada de asesinato de civiles para inflar las cifras durante este período.

Ciudadanos participan en una jornada de protestas del Paro Nacional en Cali (Colombia). EFE

De hecho, el Gobierno colombiano suele recurrir a la justificación de hechos de este tipo cuando es interpelado y las veces que actúa judicialmente suele recurrir a la individualización de los soldados u oficiales involucrados, sin revisar su doctrina militar y policial, aplicando el ya conocido adagio de las manzanas podridas, aquellos militares o policías que en el cumplimiento de sus labores, se habrían distanciado de los códigos de honor y de conducta propios de los militares colombianos y habrían terminado masacrando, violando o desapareciendo gente.

Este modus operandi está acompañado de la estigmatización de las víctimas. En este caso es paradigmática la aseveración del mismo Uribe, que en 2008 decía que “los jóvenes desaparecidos de Soacha… no fueron a recoger café” a propósito de civiles asesinados por el Ejército y en esa misma tradición podríamos enmarcar las declaraciones del actual ministro de Defensa, Diego Molano, que justificó un bombardeo en donde se creía habrían muerto niños de 9 y 10 años en la Amazonía colombiana diciendo que “aquí no estamos hablando de unos jóvenes que no tenían conocimiento pleno, fueron transformados en máquinas de guerra…” y aunque luego se comprobó que la única menor identificada tenía 16 años, sus palabras resuenan, pues recuerdan otro bombardeo, en donde sí se comprobó la presencia de 7 menores y que provocó la renuncia del empresario Guillermo Botero, que fungía como jefe de esa cartera, en 2019 en medio de acusaciones de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario DIH.

Aunque en 2018 el gobierno Duque y el partido de gobierno, el Centro Democrático, tuvieron como carta de presentación una agenda securitista y las credenciales de Álvaro Uribe, cuyo legado se discurso y pensamiento político se caracteriza por priorizar la seguridad ante todo, la renuncia de Botero en 2019 no fue un hecho aislado, pues las lagunas en seguridad se han visto respondidas en el campo político por la oposición, que ha intentado la moción de censura contra el titular de esta cartera en varias ocasiones, forzando la renuncia ya mencionada y poniendo en tela de juicio la capacidad de Carlos Holmes Trujillo, a la postre víctima del covid-19 y de su sucesor Molano, hoy también ante un proceso del mismo corte, siempre por prácticas de violación de Derechos Humanos, cuestionamientos sobre el asesinato sistemático de líderes sociales, que se mantiene como una práctica constante y sistemática que el Estado niega pero también por la poca eficiencia del Ejército en lo relativo a la lucha contra el narcotráfico y el conflicto interno armado, ante la proliferación de grupos armados en las regiones.

Como vimos en los ejemplos anteriores, el poco respeto a los derechos humanos, pero también la facilidad con la que se saltan protocolos establecidos internacionalmente y el descaro con el que responden a quienes les cuestionan no son cosa de ayer, ¿cómo asombrarse o esperar otro tipo de conducta frente a las movilizaciones sociales de los últimos días? Hoy de nuevo se acude a la retórica de la lucha contra el terrorismo, adaptada al contexto mayoritariamente urbano de la protesta a través de la utilización repetida de términos como “vandalismo” y en medio de esa degradación, resulta muy evidente el caso sui géneris de la Policía colombiana, cuyas funciones van más allá de la simple protección de las poblaciones, militarizándose en demasía para responder al contexto de un país en donde hay un conflicto armado que ha sido negado sistemáticamente por el partido de gobierno y responde a una lógica de lucha contra el enemigo interno que es propia de la guerra fría.

Soldados del Ejército custodian Cali tras la violencia registrada el pasado viernes. EFE

En consonancia con lo anterior, apareció un video en que el general Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, estaría arengando ante unos 100 soldados y policías en Cali, epicentro de los abusos y en general de la protesta, diciéndoles que “estamos haciendo las cosas bien” y luego otro, en donde acompañado por el ministro de defensa, se dirige específicamente a los agentes del ESMAD, protagonistas de las violencias antes citadas diciéndoles que “sigan trabajando como lo han hecho, ustedes son unos héroes”, avalando explícitamente las actuaciones de la fuerza pública y de paso, dando el visto bueno para nuevos abusos los días venideros. ¿Por qué el comandante del Ejército se dirige a agentes de policía si son dos organizaciones diferentes? Más allá del exabrupto, que se explica por la militarización ya mencionada, queda clara la opción securitista y represiva que ha escogido el gobierno Duque para tramitar las demandas sociales y a pesar de la individualización de algunos de los oficiales envueltos en los abusos, tendremos que decir, siguiendo la retórica de las manzanas podridas, que no se trata de uno o dos frutos venidos a menos, sino de todo un huerto -o varios- echado a perder.

Él dio la orden

Así las cosas, el presidente Duque ha decidido dar pie a la presencia de las fuerzas militares durante el paro en desarrollo. Bajo la figura de asistencia militar, pensada para situaciones de catástrofe natural o emergencias de otro tipo, el mandatario ha volcado a los miembros de la organización castrense a las calles, involucrándolos de forma pasiva en la contención de las manifestaciones, pero se encuentran en una posición de convidados de piedra, pues en teoría estarían allí para asistir a los policías y afortunadamente no podrían interpelar a los civiles, esta intervención sucede en un contexto en que los militares se han politizado paulatinamente.

Esta politización tiene origen en su férrea oposición al acuerdo de paz con las FARC, negociado entre 2011 y 2016, y ha sido catalizada por el partido del actual gobierno –en ese entonces en la oposición–, a través de tergiversaciones y sobre todo, apelando a un lenguaje ideologizado, en donde se perpetúan figuras tendientes a la estigmatización de la izquierda y la búsqueda de nuevas alternativas políticas, esto azuzando los miedos de “convertirse en Venezuela o Cuba”, bajo el término castrochavismo, pero también la estigmatización de la protesta, bajo el apelativo de vándalos, al que son sometidos los manifestantes tanto por el establecimiento, como por los medios de comunicación. Así, ambos estigmas se aúnan para generar una versión actualizada de enemigo interno, que justificaría el uso indiscriminado de la fuerza, mientras se hace eco de la contestación social, para mostrar a los que protestan como si fueran criminales y así equiparar las violencias estatales, amparadas en la impunidad, un personal entrenado para hacer daño y un armamento pesado a la ira e incivilidad de los manifestantes, que descargan su evidente impotencia a través de destrozos, insultos e incluso piedras.

Si tal tratamiento de las peticiones sociales ya es tradicional en el país, lo realmente nuevo es la intensidad de las violencias estatales en el contexto urbano, una situación que sólo tendría comparación con los hechos sucedidos en 1949, tras la revuelta popular generada por el asesinato del caudillo de izquierda Jorge Eliécer Gaitán, como lo indicara el senador Iván Cepdeda, uno de los opositores más férreos de Álvaro Uribe, de su legado, y del actual gobierno, del que se dice es gobernado por él en la sombra, a través de persona interpuesta: El presidente Duque.

De hecho, recién iniciada la violencia policial, se hicieron notar dos trinos del expresidente, el primero, premonitorio del escenario de violencia desmedida que se estaba cocinando y el segundo, que nos da pistas de cómo justificarla una vez está sucediendo. Así, Uribe publicó en Twitter que “apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, que luego fue ocultado por la red social por sus propósitos incendiarios y luego indicó “revolución molecular disipada: impide normalidad, escala y copa”, apoyándose en una relectura dudosa de un concepto acuñado por el filósofo francés Félix Guattari en los años 70 y transformado para concebir la contestación social como una guerra de guerrillas en el contexto urbano y en una situación en donde las organizaciones no tendrían una jerarquía clara y buscarían el caos a través de acciones revolucionarias horizontales, como lo ha expresado el exconsejero del presidente Duque, Carlos Enrique Moreno, recogiendo las posiciones del ideólogo chileno Alexis López, reconocido por sus posiciones neonazis. López estuvo en Colombia en dos ocasiones, ofreciendo conferencias a militares y policías, lo que sirve como indicador no sólo de la extrema ideologización de las fuerzas armadas, sino también del privilegio que tienen los enfoques más autoritarios en el momento de pensar la sociedad y sus problemáticas, convirtiéndolas en un peligro permanente para la población y para las instituciones.

En un escenario en que muchos de los miembros del Ejército siguen viendo los acuerdos de paz con sospecha y en que en la práctica, el gobierno no los implementa y propicia nuevas guerras en la selva y en las zonas rurales, la visión de país que tienen los militares y en general, las esferas más altas del gobierno choca de frente con las aspiraciones de la gente, que se ven reflejadas en las peticiones del Comité Nacional del Paro, que defiende entre otras, el cese de las violencias policiales, pero también sendas reformulaciones en cuanto a las políticas de salud, educación y temas fiscales y la implementación de los acuerdos de paz.

Un hombre camina junto a un carro incinerado en la ciudad de Popayán. EFE

Si las consignas se parecen a las que configuraron el escenario de protesta de final de 2019, el escenario ha cambiado radicalmente, la pandemia ha desnudado más las falencias sociales y de cobertura de derechos propias del Estado colombiano y sobre todo, el capital político del gobierno ha disminuido, en 2019 el presidente todavía estaba en la primera mitad de su mandato y existía alguna perspectiva de mejora progresiva en lo que a su gestión se refiere, sin olvidar los compromisos asumidos por el gobierno tras negociaciones con los distintos sectores representados en las protestas. Hoy, año y medio después, la administración Duque ha dado pruebas de ineptitud, desidia y negligencia, pero más allá de lo que atañe a su ineficacia, el punto está en su aleve incumplimiento de lo pactado, precedente que no sólo genera una justificada desconfianza, sino también radicaliza a los sectores sociales en sus pedidos y resta rango de maniobra a un gobierno que de por sí, cuenta con poco respaldo seguro entre la clase política y se mantiene a base de alianzas burocráticas. Así, la presencia de la Policía y el Ejército es síntoma de la poca fuerza con la que cuenta el gobierno, de su carencia de liderazgo.

La desconfianza de los sectores sociales representados en el paro está bien fundamentada, las actuaciones del gobierno Duque no permiten vaticinar un buen augurio, sumado al aire de confrontación con el que asume el gobierno la interlocución con los representantes del Comité Nacional del Paro, uno de los triunfos parciales de la movilización, el archivo de la reforma fiscal que está al origen de este ciclo de protestas, queda en entredicho al ser algo de carácter provisorio, pues aunque han sido las protestas las que han forzado su retiro éste se vislumbra como provisional y es esperable la formulación de otra reforma una vez los ánimos se hayan calmado y el gobierno recupere los apoyos políticos que se han esfumado en el Legislativo en reacción a las demandas de los que protestan pues no sólo es el Ejecutivo que está en profunda ruptura con la realidad, sino la élite política tradicional con la que tranza y así ante un cambio de opinión del presidente del Partido Liberal, la reforma podría volver, igual que la también archivada reforma a la salud, cuyo impulso se mantuvo intacto por parte de Germán Vargas Lleras, jefe de otro de los partidos de la coalición de gobierno y uno de los principales sostenes políticos del presidente en la coyuntura presente, en su búsqueda de gobernabilidad a cambio de puestos burocráticos.

Pero es que el gobierno Duque no transige, siguiendo las líneas de su anterior actuación, durante el paro de final de 2019, propuso una gran conversación nacional que incluiría a tantos sectores sociales como fuese necesario, así, la segunda semana de Paro el gobierno sostuvo conversaciones con los sectores gremiales y empresariales, con sus amigos políticos, con unos exalcaldes en campaña presidencial anticipada, con un sector de la oposición y finalmente y en último lugar, con los representantes del Paro, en diálogo de sordos que no ha tenido mayores consecuencias, más allá de desgastar un poco más la relación de Duque con los sectores organizados de la protesta.

Aunque el 10 de septiembre de 2019, un día después de la masacre sucedida en Bogotá durante las protestas que estaban teniendo lugar, el presidente se disfrazó de policía, como forma simbólica de su apoyo irrestricto a la institución, en la práctica, lo que se ha visto es un cierto aislamiento de la misma, que ante la inoperancia de otras instancias que tendrían que estar en el terreno, negociando con los líderes sociales, oyendo los clamores de la gente en las regiones y tendiendo puentes para salir de la situación, se ha visto desbocada frente a una población indignada y ha resuelto obedecer ciegamente la orden de atentar contra ella, haciendo uso de armas tan sofisticadas y peligrosas como el sistema VENOM, de acuerdo con fuentes policiales, altamente peligroso si es utilizado desde tierra, sumando un vejamen más a los ataques desde el aire sucedidos en Buga, las infiltraciones en las marchas e incluso, la aparición de los llamados camisas blancas, que son básicamente civiles que en su oposición al Paro han decidido disparar a los manifestantes y a los pueblos originarios que se han unido a la protesta.

Esta lógica de seguridad privada se ha visto azuzada por funcionarios como el alcalde de Pereira, ciudad en donde murió Lucas Villa, símbolo de las actuales manifestaciones, cuando expresó que “vamos a convocar a los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, declaración que fue interpretada como un llamado a la paramilitarización de la protesta, haciendo alusión a un fenómeno bastante conocido en el país.

En tal clima de divorcio entre el país político y el país nacional, cabe preguntarse sobre el real rango de maniobra del gobierno para llegar a soluciones e incluso, por la viabilidad de una administración que demuestra su carencia de poder a través de las armas.

¿Dónde está el poder?

El poder está concentrado. En Colombia se suele decir que hay cuatro ramas del poder, la legislativa, la ejecutiva, la judicial y los entes de control, organismos creados por la Constitución de 1991 para velar por el equilibrio de poderes, la buena salud de las instituciones entre otras funciones. En un sistema altamente presidencialista, Duque ha optado por la asignación de la jefatura de estas instancias a personas amigas, a gente que le debe favores o es fácilmente controlable, siendo este el caso de la Fiscalía, encargada de las investigaciones judiciales, cuya cabeza es un antiguo amigo del presidente, durante la gestión de su alfil, ésta ha apostado explícitamente por el archivo y la obstaculización de las investigaciones a Álvaro Uribe Vélez por compra de testigos en procesos judiciales contra sus enemigos políticos; pero también de la Procuraduría, bastión burocrático asignado a la ex ministra de justicia del gabinete Duque que por su cercanía al gobierno –pues de allí proviene– es, en sí misma, un atentado contra el equilibrio de poderes; y de la Defensoría, cuyo caso, de cara al Paro, es quizás el más flagrante, pues su función es básicamente velar por los Derechos Humanos, pero el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reproduce la narrativa del vandalismo y protege a la policía porque omite que las violencias y abusos de ésta han sido sistemáticos, como ha sido reportado por medios independientes y por los propios ciudadanos a través de las redes sociales. Y es que a Camargo las cifras no lo respaldan, pues el número de muertos durante las protestas es de alrededor de 50 y en cuanto a desaparecidos, se maneja la alarmante cifra de 129 desapariciones según cifras oficiales, esto sin olvidar hechos como el supuesto uso de un hipermercado como centro de torturas, los casos de violencia sexual contra manifestantes y las detenciones arbitrarias.

Un joven manifestante herido sangra durante los enfrentamientos con la policía antidisturbios. EP

Hay un vacío de poder. Si bien Duque ha conseguido cooptar a los entes de control y se beneficia de la tibia actitud del legislativo, que en medio de la pandemia ha ralentizado sus actividades generando una suerte de gobierno por decreto, la verdad es que el presidente es muy dependiente de las élites políticas a las que debe su cargo, su capital político es nulo y a menudo se ve vilipendiado incluso por su partido y su jefe político, que recurre a una suerte de estrategia de policía bueno y policía malo, en donde Duque promueve medidas autoritarias y Uribe aparece como salvador, poniendo en cintura a su pupilo. Pero Uribe no es todopoderoso, y Duque depende igualmente de otras élites tradicionales, como se ha visto en el caso de las reformas archivadas durante el paro y también de los múltiples escarceos por puestos burocráticos entre los partidos de gobierno y el Ejecutivo.

Si el presidente ha conseguido ubicar amigos suyos en sitios clave de las instituciones, esto sólo resulta posible con el apoyo de las colectividades que se benefician y han aprendido a adaptarse a que sea la cabeza del Estado, sin embargo, para estas, Duque es poco más que una eventualidad, parte del paisaje, un factor a tener en cuenta en pos de la consecución de los propios intereses. Su capacidad movilizadora, ya de por sí muy limitada cuando se trata de trabajar en favor suyo, tiene fecha de caducidad establecida y no han sido pocos los que se han mostrado dispuestos a sacrificar al gobernante en pos de su propia supervivencia en elecciones. Como se dijo antes, los que reniegan de él aparecen incluso en su propio partido, pues respaldar a una gestión tan deficiente es difícil y resulta contraproducente en el momento de perpetuarse en el poder a través del sufragio.

Al fin de cuentas, Duque está solo, encumbrado a pesar de sus falencias políticas y su poca preparación para el cargo presidencial por su carácter obediente, se ha encargado de elaborar una espigada torre de marfil en donde se ha desconectado de la gente, de sus propios copartidarios y desde la cual nunca consiguió ser respetado ni hacerse al respaldo de aquellos poderosos cuyo apoyo necesita para procurar una gobernabilidad que vaya más allá de obtusos acuerdos por réditos políticos. Mientras él esté en el poder, las élites políticas tratarán de adecuarse lo mejor que puedan a las medidas que proponga, sin importar si va en detrimento de la democracia y beneficiándose del ambiente enrarecido, en cuanto termine su mandato, será poco más que un cadáver político, un mal recuerdo, de esos que se esconden en un armario para que cojan polvo y hasta moho, todos le habrán abandonado y en medio de tanta soledad, su amo pide que los policías disparen a civiles, pero también acomoda las piezas para las elecciones que se avecinan, las élites políticas tradicionales han entrado en conciliábulos buscando un sucesor que venda y pueda posar de contradictor del gobierno, alguien capaz de ganar votos a pesar de la debacle del cuatrienio presente, la oposición presenta 48 precandidatos a la presidencia a un año de las elecciones porque si pudo Duque, cualquiera puede. Mientras tanto, él privilegia la salida militar, porque su fuerza bruta esconde su debilidad.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este domingo una serie de cambios en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para fortalecer su política de Derechos Humanos en medio de la polémica por la actuación de las fuerzas de seguridad durante el paro nacional iniciado ya hace seis semanas, según informa Europa Press.

"Hoy anunciamos 10 líneas de acción con las que profundizamos la modernización del Ministerio de Defensa y la transformación integral de nuestra Policía Nacional. En ese proceso fortalecemos política de Derechos Humanos y elevamos los estándares en la prestación del servicio al ciudadano", ha explicado Duque a través de un hilo publicado en Twitter.

En concreto, ha anunciado un nuevo "estatuto disciplinario" para la Policía que se presentará en el Congreso el 20 de julio y que busca "lograr excelencia". "Reestructuraremos Inspección General y crearemos un nuevo sistema para recibir quejas y denuncias. También mejoraremos las condiciones de los miembros de la institución", ha indicado.

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"Fortaleceremos la formación y capacitación de sus hombres y mujeres. Implementaremos estándares profesionales en temas como uso de la fuerza, Derechos Humanos, atención al ciudadano y procedimientos policiales", ha añadido.

Asimismo se revisarán los protocolos para el uso de la fuerza y "les daremos". "Para el fortalecimiento de los procedimientos que realiza el Escuadrón Móvil Antidisturbios se convocará a países amigos para recibir recomendaciones de expertos internacionales sobre los protocolos de mediación, uso de la fuerza e intervención. Las buenas prácticas internacionales contribuirán a la profesionalización permanente del Esmad", ha afirmado Duque.

"Radicaremos proyecto de ley para uso y comercio de armas no letales en Colombia. También expediremos en próximos días decreto que reglamenta armas traumáticas", ha indicado, en referencia velada al incidente del pasado 28 de mayo, en el que civiles armados con este tipo de armas dispararon contra manifestantes en Cali ante la pasividad de los policías.

Color azul

Además, la Policía "adoptará uniforme azul, alineándose a estándares internacionales de cuerpos de Policía, reforzando su naturaleza civil", un color que "transmite empatía, cortesía, tranquilidad y confianza para la ciudadanía".

"El Ministerio de Defensa pasará a denominarse Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana. Se creará el Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad Ciudadana y la Dirección de Educación de la Policía Nacional para fortalecer programas profesionales de la más alta calidad", ha remachado.

Duque ha destacado que buscan con estos cambios "fortalecer los estándares en materia de lucha contra los disturbios y actos vandálicos" mediante la cooperación internacional.

En cualquier caso, Duque ha destacado los "alrededor de 30 millones de procedimientos policiales" que dan muestra del "profesionalismo" de sus agentes, aunque ha reconocido casos de abusos durante las protestas. "Sea esta la ocasión para decir que estos hechos son enfrentados con hidalguía, transparencia y sanción interna. Se ha colaborado con información a los entes de control. La Policía de Colombia nunca ha tenido que ocultar nada", ha remachado.

El 28 de abril comenzó una huelga indefinida contra el Gobierno del presidente Iván Duque, el conocido como paro nacional, para forzar la retirada de una reforma fiscal. Una vez conseguido, los manifestantes han mantenido las manifestaciones contra Duque y en protesta por la violencia policial.

Las autoridades han confirmado 20 muertes que guardan relación directa con las protestas y movilizaciones, mientras que otras nueve siguen en proceso de investigación. Las organizaciones civiles aseguran que los fallecidos son muchos más.

El contraste es sobrecogedor. El 28 de abril de 2020, Colombia se convertía en el 37º país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), poniendo fin a un proceso de adhesión a esta institución, considerada un club de países desarrollados, que ha durado siete años.

Un año después, Colombia arde. Un proyecto de reforma fiscal antiredistributiva inspirado por la OCDE, el FMI y el Banco Mundial ha provocado importantes disturbios en las principales ciudades colombianas, sobre todo en Cali. Tras la cruenta represión policial, las protestas se han saldado con 40 muertos. Además, hay 600 heridos y 800 desaparecidos.

El presidente colombiano, Iván Duque, el mismo que un año antes metió al país en la OCDE, retiraba finalmente su proyecto, sin calmar a la calle, que parece exasperada. El 10 de mayo, una nueva ola de disturbios golpeaba el país.

En un año, el relato del éxito económico de Colombia, aplaudido por la OCDE se venía abajo. Hace un año, la OCDE sancionaba un mito que solía destacar; el de un país que, gracias a las “reformas estructurales”, había logrado una trayectoria de desarrollo casi única en la región.

Este mito se basaba en bonitas historias, como la de Medellín, antigua capital de los cárteles de la droga, convertida en una smart city, que se pone como ejemplo en las conferencias internacionales sobre la cuestión.

Para una institución que siempre ha aspirado a ser cabeza de lanza de la globalización y de la liberalización económica, Colombia tenía un valor político de edificación: el de mostrar que el camino correcto para América Latina estaba en el neoliberalismo y no en el socialismo o el populismo.

En las décadas de 2000 y 2010, las principales instituciones internacionales y los inversores no encontraron suficientes palabras de elogio para celebrar el notable crecimiento de Colombia. Tomemos, por ejemplo, el informe de 2015 que el FMI hizo del país, en el que se describe una economía que “presenta uno de los crecimientos más fuertes de América Latina”, con una “política presupuestaria equilibrada”, una “baja deuda pública”, “abundantes flujos de capital”. En definitiva, un paraíso neoliberal que pretendía ser la envidia de otros países del continente.

En un contexto de hundimiento de la economía venezolana y de debilitamiento político de las izquierdas en América Latina, Colombia era un modelo apreciado por las instituciones internacionales. El país había evitado la llegada de la izquierda al poder durante la década de 2000 y, por tanto, parecía señalar el camino que se debía seguir.

Junto con Chile, que se incorporó a la OCDE en 2010 y donde la izquierda socialdemócrata se mantenía muy prudente en el plano económico, contentándose con reequilibrar un poco un neoliberalismo constitucional, Colombia era por tanto un modelo. La Alianza del Pacífico, que incluye a estos dos países, y a México y Perú, parecía, cuando se fundó en 2013, crear un bloque comercial neoliberal que debía ejercer de contrapeso a un Mercosur, entonces en manos de la izquierda. Los “buenos estudiantes” se unían para atraer a inversores internacionales.

Pero las cosas no salieron bien. Bien es verdad que el socialismo latinoamericano no pasa por su mejor momento. Acaba de sufrir una aplastante derrota en las elecciones presidenciales de Ecuador (en buena medida, debido a su división), fue derrotado en 2020 en Uruguay y en 2018 en Brasil. El hundimiento venezolano continúa y los peronistas argentinos tienen problemas.

Pero hay que decir que el neoliberalismo de la región no goza de mejor salud. Perú se hunde en la inestabilidad política, la experiencia Mauricio Macri en Argentina, que pretendía reconciliar al país con los inversores internacionales, ha acabado en desastre con una nueva crisis de deuda, y el Brasil de Bolsonaro no es objeto de deseo.

Pero, sobre todo, desde hace varios años, las experiencias neoliberales latinoamericanos se ven confrontadas a revueltas populares masivas, que muestran los límites de estos modelos de desarrollo. Así fue en Ecuador, en 2019, cuando el presidente Lenín Moreno, inicialmente de izquierdas, se alineó con las exigencias del FMI. También se podría citar la resistencia popular a la toma de posesión de la derecha en Bolivia durante ese mismo año, que impidió que ésta impusiera su agenda neoliberal de forma sostenible.

Por último, fueron los dos “modelos” del continente, Chile y Colombia, ambos miembros de la OCDE, los que se vieron afectados por sangrientas revueltas que se prolongaron en el tiempo y que se tradujeron en un claro rechazo al modo de desarrollo promovido por las instituciones internacionales.

Las revueltas de Colombia y Chile son, por tanto, una clara sanción al relato del “desarrollo equilibrado y saludable” de estas dos economías. También en este caso, el estudio del caso colombiano es muy revelador de este punto de vista. Desde principios de los años 90, los gobiernos conservadores de Colombia han puesto en práctica todas las recetas del “consenso de Washington”.

La política económica se ha centrado en la atracción de capital extranjero y la liberalización de la producción y la extracción de materias primas. El Estado apoyó a los grandes terratenientes y a la agroindustria con recortes fiscales y subvenciones, mientras que el banco central, convertido en “autónomo” en 1992, garantizaba la estabilidad financiera y reducía la inflación.

Estas estrategias permitieron a Colombia integrarse rápidamente en las cadenas de valor internacionales. Pero lejos de la imagen de smart city y de la innovación vehiculada por las instituciones internacionales, el crecimiento colombiano estaba profundamente arraigado en el modelo ultraclásico de exportación de materias primas y productos agrícolas. El petróleo y el carbón representaban casi la mitad de las exportaciones colombianas en 2019 y, si añadimos los productos agrícolas en bruto, supone dos tercios.

Sin duda, este modelo atrajo a los funcionarios del FMI y de la OCDE, pero ya era vicioso. Los productos estrella del país están en manos de una oligarquía que comparte gustosamente los beneficios con los inversores internacionales, pero no con los trabajadores.

Además, esto garantiza una baja inflación y se guarda de que los salarios suban. El crecimiento era fuerte, pero captado principalmente por unos pocos. Atraídos por la mano de obra barata, los capitales extranjeros se concentraron en intensificar la extracción, dejando de lado las inversiones productivas. El modelo colombiano mantuvo entonces unas desigualdades muy elevadas, dejando de lado las ganancias de productividad y el desarrollo industrial.

La ilusión del "milagro" neoliberal colombiano

Los datos, desde este punto de vista, hablan por sí solos. La propia OCDE afirma que la economía colombiana es una de las menos productivas del continente y que la productividad se ha estancado en los últimos treinta años. La institución, al constatar que la economía está en manos de grandes grupos, propone liberalizarla aún más, negándose a ver que esta liberalización es lo que ha favorecido la concentración.

Además, el gasto público colombiano ya es inferior a la media latinoamericana y la calidad de las infraestructuras y la educación se está deteriorando. Y los trabajadores más pobres son también los menos formados y los que tienen menos acceso a la formación. Así podemos ver lo ilusoria que era la pseudomodernidad de la economía colombiana.

Pero basta con observar sobre el terreno la situación de la desigualdad, para ver cómo se disipa el milagro colombiano. En un continente que ya es uno de los más desiguales del mundo, Colombia presenta resultados desastrosos. En 2018, según el Banco Mundial, el 10% más rico poseía el 39,7% de la riqueza del país. Sólo Brasil lo hace peor y, sin duda, Venezuela (pero los datos de este país no aparecen en la web del Banco Mundial). Comparativamente, la cifra es del 29,9% en Argentina y del 29,7% en Uruguay.

El coeficiente de Gini, que estima el nivel de desigualdad de ingresos en una escala de 0 a 100 (en 100, toda la riqueza está en manos de una sola persona), es inequívoco. Se situó, en 2018, en 50,4 en Colombia, un nivel ligeramente inferior a Brasil (53,4), pero por encima de los demás países de la región, excluyendo a Venezuela, y de China. Aunque este coeficiente ha descendido ligeramente en la década de 2010 (era de 52,6 en 2012), el nivel de desigualdad de ingresos es muy elevado.

La misma observación puede hacerse sobre la pobreza. La proporción de la población que gana menos de 1,9 dólares al día es del 2,1% (0,6% en Argentina, 0% en Uruguay), que es también la peor cifra, excepto Brasil. Si el nivel de pobreza lo elevamos a 5,5 dólares al día (lo que equivale a 135 euros al mes), el porcentaje se eleva al 14%, frente al 5% de Argentina y el 0,1% de Uruguay, lo que también es un récord en la región, sin contar Brasil y Venezuela.

Así que, lejos de ser un modelo, Colombia es el ejemplo mismo de cómo el desarrollo neoliberal tiene dificultades para resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad. Sobre todo porque el ciclo de caída de los precios de las materias primas desde 2014 ha agravado las deficiencias de este modelo económico.

Cuando los ingresos de las exportaciones se debilitaron, el país se encontró con una necesidad constante de divisas, lo que se tradujo en un doble déficit por cuenta corriente y presupuestario. Para controlar esta necesidad de capital y seguir atrayendo a los inversores, los tipos de interés se han mantenido bastante altos y el Gobierno ha recortado el gasto salarial (del 5,5% del PIB al 5,1% entre 2016 y 2019, según el FMI), recortado la inversión (del 5,7% del PIB al 4,2% en el mismo periodo) y aumentado las transferencias al sector privado (del 7,7% del PIB al 12,2% del PIB). Pero esta política no ha hecho más que aumentar las dificultades y el déficit público.

El crecimiento se ha vuelto insuficiente y la presión sobre los salarios se ha acelerado. El crecimiento salarial, que nunca había sido muy fuerte teniendo en cuenta la situación social del país, se ralentizó bruscamente hasta llegar a cero en la industria en vísperas de la pandemia. El esbozo de una política social tímida y mal calibrada no contribuyó a aliviar la situación, y en 2016 y de nuevo en 2019, el país ya vivió movimientos sociales violentos, especialmente en el departamento del Cauca, donde se concentran dos de las poblaciones más explotadas del país, los locales y los afroamericanos, pero también en otras regiones como Medellín y entre los estudiantes, principales perjudicados del impulso reformista del Gobierno.

Obviamente, la crisis del coronavirus, al cerrar los mercados internacionales, ha agravado aún más estas dificultades. Es cierto que el Gobierno de Iván Duque ha introducido una “renta solidaria” de 160.000 pesos al mes, unos 35 euros, para cinco millones de hogares. Pero la financiación de este gasto es difícil.

El Gobierno se niega a recurrir a la financiación monetaria para preservar el atractivo del país y controlar la inflación. Pero como la deuda pública ha aumentado en los últimos años, por el impacto de la crisis que acabamos de describir, pasando del 35% del PIB en stock en 2012 al 62,8% del PIB en 2020, según el FMI, los inversores internacionales quieren garantías.

Iván Duque es un neoliberal convencido. Ha escuchado con atención las recomendaciones de la OCDE y el FMI, que explicaban, tras relatar sus alabanzas, que Colombia estaba demasiado liberalizada y que esa era la causa de sus males. La baja productividad se debe, por ejemplo, a la falta de competencia. En cuanto a los impuestos, eran demasiados para las empresas.

Por ello, para preservar su calificación ante las agencias, el presidente colombiano decidió poner en marcha una reforma fiscal que ya estaba en marcha antes de la crisis. Su ambición es simple: hacer que el país fuese más atractivo para el capital extranjero, reduciendo al mismo tiempo el déficit público.

Consciente del nivel de tensión en el país, el presidente había justificado su proyecto con el pretexto de preservar la renta de solidaridad y en un impuesto a los más ricos. Pero esto último quedó neutralizado inmediatamente al convertirse en deducible del impuesto sobre la renta. Por otro lado, se redujo el tipo del impuesto de sociedades, considerado demasiado alto por el FMI y la OCDE, y subió el IVA, que pagan todos y especialmente los más pobres (pasando del 16 al 19%), ampliándolo a productos esenciales como la energía, la gasolina y el agua.

Una vez más, fue una recomendación de la OCDE. El efecto esperado era sencillo, generar ingresos estables para el Estado, ya que estos gastos son necesarios a costa de los más débiles, y reducir el consumo y, por tanto, los salarios para mantener la competitividad y reducir los desequilibrios externos. Se trataba, pues, de una terapia de choque neoliberal sobre un país ya debilitado por treinta años de reformas. Y esto desencadenó la revuelta popular que la retirada del proyecto no ha calmado, ya que lo que está en juego es el modelo económico y social del país.

Alejarse del modelo extractivista

El fracaso del neoliberalismo colombiano se hace eco del de Chile, aunque ese país esté más desarrollado y sea menos desigual. La crisis de 2014, que golpeó de lleno a todo el continente, afectó tanto a los regímenes neoliberales como a sus competidores socialistas.

América Latina se encuentra en un callejón sin salida. Por un lado, los regímenes neoliberales son incapaces de cumplir sus promesas y se vuelven cada vez más violentos, desde Brasil hasta Colombia, Ecuador y Chile.

Por otro lado, los regímenes socialistas o populistas también tienen dificultades y no han sido muy convincentes en sus respuestas a la crisis de las materias primas. Su apego al modelo económico extractivista les ha hecho depender de la explotación de los recursos naturales y de los mercados internacionales.

Por lo tanto, todo el continente parece estar políticamente desestabilizado. Lo hemos visto en la larga crisis política de Perú y en la interminable crisis de Venezuela, pero también en la elección presidencial ecuatoriana del 11 de abril de 2021. Se produjo la victoria del banquero neoliberal ultraconservador Guillermo Lasso contra el partidario de Rafael Correa, Andrés Aurauz, aunque la izquierda tuvo mayoría en la primera vuelta, pero se dividió entre los correístas y el candidato ecologista e indígena Yaku Pérez. Esta elección por defecto parece reflejar una especie de pérdida de puntos de referencia para una población que carece de una alternativa real.

La crisis política y económica de América Latina demuestra, en realidad, que esta región aún no se ha librado de su vieja maldición, la de su dependencia de las materias primas. Desde los latifundistas del siglo XIX hasta los modelos de principios del siglo XXI, pasando por los modelos agroexportadores del siglo XX, el proyecto es siempre el mismo: extraer para exportar y esperar el desarrollo. Y el fracaso siempre, o casi siempre, sigue presente, debido a la falta de diversificación real, de desarrollo real de la demanda interna y de una tendencia al alza de la calidad de los trabajadores y de la producción.

Para compensar este fracaso, sólo se han encontrado dos respuestas: extraer más y explotar más. El enfrentamiento en Ecuador y Bolivia entre los socialistas locales y las poblaciones indígenas giró en torno al deseo de los gobiernos de izquierda de extraer más. El enfrentamiento entre el pueblo y los gobiernos de Chile y Colombia gira en torno al aumento de la explotación directa e indirecta.

Pero en toda la región, ambas tensiones están presentes y hemos visto a los gobiernos de izquierda recortar el gasto social, como en Brasil antes de Bolsonaro, mientras que los gobiernos neoliberales en Colombia han acelerado la deforestación.

No se trata, desde luego, de equiparar las políticas de izquierdas que en muchos países de la región han llevado a una reducción significativa y concreta de la desigualdad y la pobreza, precisamente allí donde los neoliberales han fracasado claramente. En general, salvo el desastre venezolano (que no es anecdótico), el balance económico y social es bastante favorable a la izquierda. Pero los fundamentos de este balance y la continuación de estas políticas son problemáticos, como ha demostrado el caso ecuatoriano y, en parte, la crisis boliviana.

El candidato presidencial comunista chileno, Daniel Jadue, lo explica muy bien en una reciente entrevista concedida a L'Humanité, al decir que la izquierda latinoamericana en el poder no ha cuestionado el modelo de producción.

El mayor peligro que amenaza a la región es que la crisis ecológica, lejos de sacarla de este atolladero, la vuelva a sumir en esta maldición. El “crecimiento verde” lleva a la necesidad de recursos que América Latina tiene en abundancia, como el litio en Bolivia, el cobre en Chile, o los productos agrícolas necesarios para los combustibles verdes o la biomasa.

La demanda crece y los precios aumentan. Así que la tentación es enorme. Pero, de nuevo, es engañoso. Si el crecimiento verde es efectivo, necesariamente provocará una reducción de la demanda y, por tanto, una caída de los precios, lo que hará que la región vuelva a entrar en crisis. Si no es así, el desastre ecológico será total y provocará inevitables catástrofes naturales.

La incertidumbre política en la región es un signo de una crisis que no puede superarse recurriendo a las propias causas de la misma. Los disturbios de Colombia demuestran lo equivocadas que están las instituciones internacionales cuando piensan que la innovación a través del mercado y la competitividad es una salida para estos países.

Pero la salida del neoliberalismo en América Latina no puede significar el recurso al socialismo extractivista. Hay que encontrar una nueva vía de desarrollo, capaz de sacar al continente de la pobreza y la desigualdad, pero acompañada de un nuevo modelo de desarrollo. Este es el centro de la discusión actual en las izquierdas latinoamericanas y este debate es esencial.

En el estado actual de la región, una de las salidas debe ser la cooperación internacional, no la competición. Y aquí vemos los límites del aggiornamento estadounidense con Joe Biden en el frente económico y ecológico.

El cambio de lógica que la nueva administración de Washington ha iniciado dentro de sus fronteras será necesariamente una ilusión si no va acompañado de una reflexión internacional que debe empezar por su tradicional área de influencia, América Latina. Probablemente sea demasiado esperar de los demócratas estadounidenses.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Colombia ha vivido su octava jornada de protestas con el segundo paro nacional y nuevos enfrentamientos entre los participantes y las fuerzas de seguridad, mientras se denuncia una alarmante violencia que habría dejado cerca de 40 fallecidos, según denuncian distintas organizaciones y recoge Europa Press. Una día más los colombianos han salido a la calle, convocados por el Comité de Paro Nacional, para manifestar su rechazo a la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque y a la represión de las fuerzas de seguridad que se ha llevado a cabo a lo largo de las distintas jornadas de protesta y que ha sido criticada por la comunidad internacional y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

En distintas localizaciones, como Medellín, Bucaramanga, Bogotá o Ibagué, se han desarrollado marchas y se han reportado numerosos bloqueos de calles, disturbios y nuevos enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En Bogotá se ha observado el uso de gases lacrimógenos por parte del Esmad, que también ha intervenido con tanquetas y agua contra los manifestantes en la Plaza de Bolívar, informa El Espectador.

También se han notificado ataques con piedras entre ambas partes en algunos barrios, mientras un grupo de 2.000 manifestantes se ha plantado de forma pacífica en el monumento Héroes de la capital. En Bogotá también se han producido incendios en 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI), uno de ellos con diez policías en su interior que han logrado salir resultando cinco heridos.

El pueblo de Cali ha vuelto también a salir a la calle tras otra noche de enfrentamientos, disturbios, cortes simultáneos de energía o suspensión de internet en algunas zonas, según colectivos. En concreto, este miércoles se han registrado nuevos disturbios, sobre todo en el sector de Siloé, donde se ha informado de al menos un herido con arma de fuego, recoge Radio Caracol.

Las protestas han dejado en estos ocho días 37 víctimas de "homicidio", según ha indicado este miércoles la ONG Temblores, que ha denunciado también 1.708 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, entre ellas 110 casos de disparos de arma de fuego y diez denuncias por violencia sexual. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha alertado que el departamento del Valle del Cauca, que acoge esta ciudad, es el que presenta la situación más preocupante, ya que 25 de los 31 fallecidos que notifica esta organización se han registrado en esa región hasta el 3 de mayo.

Según Indepaz, al menos 13 de los casos en Cali se achacan a miembros del Esmad, mientras cuatro a agentes de la Policía y circulan duras imágenes de personas heridas en la vía pública de la ciudad. "Muy destacable la labor de los jóvenes que denuncian con sus celulares y nos hacen llegar los vídeos en medio de las agresiones", ha agradecido el instituto en referencia a todas las imágenes que llenan las redes para alertar de la situación en el país, recoge El Espectador.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha hecho un balance que apunta a 24 fallecidos en las últimas seis jornadas de protestas, entre las que al menos cinco habrían perdido la vida por actuaciones del Esmad y otros seis por extralimitación de funciones de policías regulares. Precisamente sobre las víctimas mortales de las protestas, el fiscal general, Francisco Barbosa, ha anunciado que de once casos de homicidios en el marco del paro nacional -que la Fiscalía tiene relacionadas con las protestas-, tres serán imputados a miembros de la Policía Nacional.

Recompesa por denuncias de vandalismo

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha aseverado este miércoles que "organizaciones criminales se esconden detrás de la legítima protesta" y ha ofrecido una recompensa económica por denuncias contra "el vandalismo y delitos". "La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la Fuerza Pública", ha señalado.

El presidente ha afirmado que "duelen las vidas de aquellos víctimas de la violencia de esto días" y ha rechazado los bloqueos y ataques a infraestructura así como que se haya afectado los servicios. "Nos duelen también los ataques a los CAI, a los peajes, supermercados (...) o contra cualquier bien público o privado", ha añadido. "El vandalismo extremo se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico", ha continuado, para enfrentarlas han diseñado una respuesta nacional "que ya está dando resultados" y que incluye una línea telefónica de denuncias y un grupo especial de investigación.

Por otro lado, se enciende en el país el debate sobre la posibilidad de imponer el estado de conmoción interior -permitiría, entre otras cosas, restringir las marchas, limitar a los medios de comunicación- , una herramienta que Duque ha afirmado este miércoles que no descarta, pero que el Gobierno ha desmentido que vaya a declarar.

Al respecto, la bancada en el Congreso colombiano del partido de Comunes ha alertado de que "la ultraderecha ha expresado de manera abierta su intención de aprovechar los desmanes y el caos para cambiar el eje del debate de las reformas necesarias hacia la represión policial y militar y, en ese sentido, declarar un estado de conmoción interior que termine llevando por delante la institucionalidad y la democracia limitada y restringida que tenemos en Colombia". Así lo ha recogido Comunes en una misiva firmada por los senadores Julián Gallo, Criselda Lobo y Pablo Catatumbo y por los diputados Carlos Alberto Carreño, Omar de Jesús Restrepo, Luis Alberto Albán y Jairo Cala Suárez.

De este modo, la formación ha llamado a una "decisión política de todos los partidos, movimientos, sectores sociales y populares para abrir espacios de diálogo sobre la base de detener la violencia, construir propuestas de solución a la problemática social y defensa irrestricta de los derechos democráticos".

Inicio del diálogo el 10 de mayo

Tras una semana de manifestaciones, el Gobierno ha anunciado el inicio de un diálogo con el Comité del Paro para el 10 de mayo. Las autoridades colombianas, que prevén que las negociaciones se alarguen al menos hasta el 20 de mayo, y celebrarán los primeros encuentros con las propias instituciones públicas para pasar a continuación a los gobiernos locales y regionales, los comités estudiantiles, los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores, y las asociaciones comunales.

"Iván Duque, la ciudadanía en el paro exige negociación no diálogos inútiles. Su agenda fracasó. Desmilitarización, no masacres, desmonte del Esmad y negociación del pliego de emergencia con inversión social", ha dicho el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, que integra el Comité Nacional de Paro, en su perfil de Twitter en rechazo al diálogo.

Tras el levantamiento social, Duque tuvo que recular a principios de esta semana y cancelar la controvertida propuesta de reforma tributaria que tenía entre manos y la cual había sido ampliamente criticada por considerar que afectaba a las rentas más humildes. Asimismo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tuvo que dimitir.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha confirmado este sábado tras una nueva jornada de protestas contra la reforma fiscal en las principales ciudades del país que el Ejército continuará en los centros urbanos donde la situación de orden público se vea afectada. En un mensaje en el que se ha dirigido a la nación después de la crispada jornada de manifestaciones por el Día de los Trabajadores, Duque ha explicado que "la asistencia militar se mantendrá hasta que cesen los hechos de grave alteración de orden público", para añadir que las "fuerzas militares están apoyando el trabajo de la Policía Nacional", informa Europa Press.

"Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas", ha declarado que "la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existen alto riesgo para la seguridad de los ciudadanos y donde se necesite emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población", ha precisado, recoge El Espectador.

El mandatario ha recalcado que no hay espacio y no se permitirá el "discurso del odio", mientras que en el discurso ha lanzado una advertencia "clara a los que por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y creen que bajo ese mecanismo doblegarán a las instituciones", tras lo que ha agregado que tomará las medidas necesarias dada la situación.

Para justificar la decisión, el líder colombiano ha enfatizado que su "obligación como Presidente es garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero sobre todo garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos", que ha precisado que la medida durará hasta "que cesen los hechos de grave alteración del orden público".

Por otro lado, un total de 97 organizaciones han firmado un documento en el que denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violaciones a los Derechos HumanosDerechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas contra la reforma tributaria.

En el marco de las manifestaciones, han pedido a la CIDH que le exija al Gobierno colombiano "medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales".

Entre los hechos a los que señala este documento destaca la estigmatización de la protesta por parte de los agentes estatales, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por la Policía, el abuso de figuras policiales, allanamientos ilegales, judicializaciones arbitrarias y la intervención del Ejército en los escenarios de protesta.

La jornada de este sábado se ha saldado con desórdenes y enfrentamientos en Bogotá y Cali, ciudad donde más violencia se ha registrado en los últimos días, mientras que en muchos puntos de la geografía colombiana todavía siguen activos los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado la creación de un nuevo texto del proyecto de ley de reforma tributaria después de varios días de manifestaciones multitudinarias en el país contra la propuesta del Gobierno. "He dado una instrucción muy clara al Ministerio de Hacienda para que dentro del tramite legislativo se construya un nuevo texto con el Congreso, se haga consenso que permita nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, organizaciones civiles y el sector privado", ha afirmado Duque en una rueda de prensa.

Con el nuevo texto, ha dicho, el Gobierno espera que la ciudadanía tenga "tranquilidad y certeza de que no habrá ningún tipo de preocupación", tal y como ha informado el diario El Espectador, y recoge Europa Press. "En el nuevo documento no habrá IVA a los servicios públicos, no habrá IVA a la gasolina, sencillamente no se alterarán las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país", ha dicho.

En relación con el impuesto sobre la renta ha matizado que "las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo, es decir no se va a ampliar la base".

La reforma tributaria, según ha explicado el mandatario, busca estabilizar las finanzas públicas y proteger la calificación crediticia de Colombia. "No se busca actitud de tener líneas rojas ni de llegar a la discusión con arrogancias. Que podamos construir en el Congreso, en el trámite legislativo, el nuevo texto que le dé tranquilidad a nuestro país", ha matizado.

Nueva jornada de manifestaciones

Este viernes se han producido por tercer día consecutivo manifestaciones en varias ciudades de Colombia que se han saldado con al menos un fallecido y varios heridos. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha confirmado la muerte de una persona por arma de fuego y que otras han sido heridas, según recoge Caracol Radio, si bien otros medios de comunicación hablan ya de hasta siete muertos.

En esta ciudad se han producido graves altercados durante varias jornadas, lo que ha llevado a diversas ONG a denunciar la muerte de manifestantes a causa de los enfrentamientos que se siguen produciendo con la Policía en la ciudad.

Por otra parte, Twitter ha eliminado una publicación del expresidente Álvaro Uribe en referencia a las protestas por atentar supuestamente contra las reglas de la red social. "Este tuit en específico viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia", ha comunicado la cuenta oficial de seguridad de Twitter.

El Ejército de Colombia ha publicado este martes una lista a través de su cuenta oficial de Twitter en la que ha señalado a varios periodistas, partidos y políticos de izquierdas, así como agrupaciones de campesinos, como elementos de "oposición", aunque posteriormente ha eliminado la publicación tras las denuncias de varios profesionales de la información.

El portal de noticias Cuestión Pública ha denunciado dicha lista, de la que formaba parte después de haber creado un 'hilo' en Twitter acerca del supuesto fraude electoral que se produjo en las elecciones de 2018 y que habrían propiciado la victoria del actual presidente de Colombia, Iván Duque.

Si bien el Ejército eliminó la publicación tan pronto como Cuestión Pública se hizo eco de la misma, el portal de noticias tuvo tiempo de recopilar una serie de nombres de periodistas, partidos y políticos, así como asociaciones campesinas que habían sido también señalados por los militares como "oposición".

Entre ellos, figuraban figuras de la política nacional como los senadores de izquierdas como Aída Avella, de Unión Patriótica; el que fuera candidato presidencial en 2018 Gustavo Petro; Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes; e Iván Cepeda, del Polo Democrático.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la formación política de la extinta guerrilla, así como varios de sus dirigentes, entre ellos Jorge Torres Victoria, alias 'Pablo Catatumbo'; Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'; o Pastor Alape, también hacen parte de esa lista.

Según Cuestión Pública, dicho registro estaba formado por una treintena de cuentas, entre las cuales también estaba la de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la de varias organizaciones campesinas; la del director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco; así como la de periodistas de medios de comunicación como la revista 'Semana' o la emisora Caracol Radio, entre otros.

El Ejército reconoce el "desacierto"

Tras la polémica suscitada por la lista, ya que la Constitución colombiana refleja en su artículo 219 límites a la intervención de los militares en asuntos políticos, el Ejército ha lanzado un comunicado reconociendo que "se erró en la utilización del término" y que desde la institución ya se ordenó "iniciar la indagación disciplinaria correspondiente".

El Ejército colombiano ha admitido que "la denominación que se destinó fue un desacierto y una falta de criterio absoluto" del administrador de su cuenta de Twitter y ha explicado que el único objetivo era "informarse acerca de contenidos ya públicos, sin ningún otro fin".

Dilan Cruz, el joven de 18 años que resultó gravemente herido durante las manifestaciones registradas en Colombia cuando un artefacto lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le impactó en la cabeza, ha muerto este lunes a última hora tras permanecer tres días en cuidados intensivos, según han revelado fuentes médicas al diario local El Espectador.

En un comunicado difundido por el Hospital Universitario San Ignacio, en el que se encuentra ingresado el joven, el centro explica que su estado de salud se había agravado durante las últimas horas y que fue imposible revertir el daño neurológico sufrido.

Poco antes, el centro había alertado de que Cruz se encontraba en "estado crítico irreversible". "Informamos de que el paciente Dilan Cruz se agravó en las últimas horas y entró en un estado crítico irreversible. Estamos esperando evolución de curso final", señalaba el texto.

Cruz fue trasladado el sábado al hospital del centro de Bogotá, la capital del país, tras resultar herido por una granada aturdidora lanzada por los agentes antidisturbios en el marco de las protestas que han tenido lugar en varios puntos del país desde el pasado jueves, día para el que estaba convocada una huelga general.

A su llegada al hospital, Cruz presentaba un traumatismo craneoencefálico penetrante y una parada cardiorrespiratoria, por lo que tuvo que ingresar en la unidad de reanimación.

El domingo, cientos de personas salieron a la calle en Bogotá en señal de apoyo mientras el presidente colombiano, Iván Duque, pedía que se llevara a cabo una investigación de forma "urgente" para esclarecer el caso "rápidamente" y "determinar responsabilidades".

"Lamentamos mucho que el joven Dilan Cruz haya resultado herido durante los hechos que se presentaron hoy en el centro de Bogotá. Nuestra solidaridad con su familia", manifestó el mandatario.

Las protestas comenzaron el pasado jueves coincidiendo con la huelga general convocada por sindicatos, jubilados, profesores y estudiantes, colectivos indígenas y LGTBI, para protestar contra el Gobierno de Duque y sus políticas económicas, las cuales, según denuncian estos colectivos, han socavado la esperanza de vida en el país.

El deterioro de las pensiones y los salarios, el incumplimiento de los acuerdos con los estudiantes, y la perenne situación de violencia que vive el país –más de 160 dirigentes sociales y sindicales han sido asesinados en lo que va de año–, así como el intento del Gobierno de modificar el acuerdo de paz con las FARC en 2016, son los principales puntos de las movilizaciones.

Manifestantes y policías han protagonizado este sábado nuevos disturbios en una nueva jornada de protestas en Bogotá, la capital colombiana, que han dejado a un joven herido grave, informa Europa Press. En concreto, el joven, identificado como Dylan Cruz, ha resultado herido grave durante las manifestaciones cuando un artefacto lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que ha empleado bombas aturdidoras y gas lacrimógeno, le ha impactado en la cabeza, según informan varios medios locales. En este contexto, la Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación para determinar los hechos, según ha la entidad en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Previamente, el presidente de Colombia, Iván Duque, había ordenado una investigación "urgente" para esclarecer el caso "rápidamente" y "determinar responsabilidades". "Lamentamos mucho que el joven Dylan Cruz haya resultado herido durante los hechos que se presentaron hoy en el centro de Bogotá. Nuestra solidaridad con su familia", ha escrito el mandatario en Twitter.

En esta línea se ha expresado también el alcalde de la capital colombiana, Enrique Peñalosa, que ha asegurado que se investiga lo que ha ocurrido. "Lamento mucho el que un joven haya resultado herido gravemente", ha indicado en Twitter, al tiempo que ha defendido su respeto al "derecho a la protesta".

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha manifestado su "preocupación" por el "uso desmedido" de la fuerza por parte del ESMAD. "Su accionar ha dejado un joven gravemente herido", ha especificado. "Solicitamos a la fuerza pública valorar sus acciones de cara al respeto de los Derechos Humanos", ha pedido el organismo en Twitter.

Una marcha en las inmediaciones del Parque Nacional de la capital ha terminado en altercados entre manifestantes y efectivos del ESMAD. Además, la prensa colombiana da cuenta de disturbios y caceroladas en otros puntos del centro de Bogotá y de la intervención de policías para dispersar a los participantes: en el parque de los Hippies, plaza Bolívar o Carrera Séptima.

Duque anuncia que el diálogo nacional en Colombia comenzará este domingo

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este sábado que la celebración de la conversación nacional para "fortalecer" la agenda social en el país tendrá lugar este domingo en lugar de celebrarse el miércoles como había anunciado previamente. "Mañana con alcaldes y gobernadores electos de todo el país iniciaremos conversación nacional", ha informado en su cuenta de Twitter, donde también ha afirmado que este lunes tendrá lugar una "mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Concertación Laboral" y que a lo largo de la semana siguiente continuará el diálogo con los distintos sectores sociales.

El objetivo del diálogo es la agenda social de Colombia. Duque ya detalló que pretende trabajar para "cerrar las brechas sociales, luchar contra la corrupción con más efectividad y construir entre todos una paz con legalidad". Además, señaló que en el diálogo participarán "todos los sectores sociales y políticos" y se utilizarán "medios electrónicos y mecanismos participativos" para todos los colombianos.

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, también se ha expresado en esta línea, y ha afirmado que el diálogo está abierto a todos los ciudadanos. En este sentido, ha señalado que se utilizarán "plataformas tecnológicas" que permitan "recoger todas las preocupaciones que tienen los colombianos, definir una agenda de soluciones e implementarla con los tiempos precisos y un seguimiento adecuado", según una intervención ante la prensa que ha difundido en Twitter.

Protestas en Colombia 

Las protestas comenzaron el pasado jueves coincidiendo con la huelga general convocada por sindicatos, jubilados, profesores y estudiantes, colectivos indígenas y LGTBI, para protestar contra el Gobierno de Duque y sus políticas económicas, las cuales, según denuncian estos colectivos, han depauperado la esperanza de vida en el país.

El deterioro de las pensiones y los salarios, el incumplimiento de los acuerdos con los estudiantes, y la perenne situación de violencia que vive el país –más de 160 dirigentes sociales y sindicales han sido asesinados en lo que va de año–, así como el intento del Gobierno de modificar el acuerdo de paz con las FARC en 2016, son los principales puntos de las movilizaciones.

Los días previos a la huelga, el Ejecutivo otorgó plenos poderes a las autoridades locales y regionales para imponer las medidas necesarias en caso de que se produjeran actos de violencia y revueltas similares a las acontecidas en las últimas semanas en las principales ciudades de algunos de los países de la región, como Ecuador, Chile y Bolivia.

Amnistía Internacional (AI) ha reclamado el "fin de la represión" y el "uso excesivo" de la fuerza en las protestas de Colombia, al tiempo que ha pedido garantizar los Derechos Humanos de los manifestantes y asegurar que cualquier acción que se desarrolle sea conforme al derecho internacional, informa Europa Press.

"En lugar de replicar las tristes escenas de represión violenta que hemos visto en gran parte de la región durante los últimos meses, el Gobierno del presidente Iván Duque debe garantizar el derecho legítimo de las personas a manifestarse pacíficamente", ha indicado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara. "Las autoridades colombianas deben poner fin a la violenta represión de las manifestaciones, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias", ha agregado.

A juicio de AI, las protestas en Colombia representan "un reclamo legítimo de Derechos Humanos". "La cantidad de personas que concurrieron en las calles para protestas pacíficamente demuestra el incremento del descontento social hacia la postura de las autoridades frente a los Derechos Humanos y la grave situación de líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos en el país", ha detallado el organismo.

Además, el organismo ha asegurado que ha verificado el "excesivo, desproporcional e innecesario" uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad colombianas. Por ejemplo, han citado un vídeo que muestra a un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) golpeando intencionalmente con el pie a una manifestante en el rostro.

"Instamos a las autoridades a cesar de inmediato la represión, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza, la que sólo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales", ha hecho hincapié AI.

Además, "los órganos de justicia civiles y ordinarios deben investigar la responsabilidad de aquellos que reprimieron las manifestacines cometiendo violaciones de derechos humanos, incluyendo a quienes pudieron haber ordenado, consentido o hecho caso omiso de las mismas", ha concluido.

Duque aumenta la presencia de las fuerzas de seguridad e Inteligencia en Colombia por las protestas

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha aumentado este viernes la presencia de las fuerzas de seguridad y la capacidad de Inteligencia debido a los disturbios registrados en el marco de una nueva jornada de movilizaciones en el país. "Para garantizar la seguridad en los lugares donde se está viendo perturbada la tranquilidad, he decidido aumentar la presencia pública y aumentar las capacidades de Inteligencia", ha anunciado Duque.

"He ordenado el despliegue de patrullas mixtas de la Policía y el Ejército en los lugares más críticos y he solicitado al fiscal general, Fabio Espitia, la inmediata movilización del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) cuando se precise", ha agregado. Además, Duque ha asegurado que ha dado instrucciones a los Ministerios de Justicia y Defensa para que, de forma coordinada con la Fiscalía de Colombia y los jueces, "desplieguen todas las acciones necesarias para judicializar y no dejar en la impunidad a los delicuentes que afectaron y están afectando la tranquilidad de la ciudadanía".

En este contexto, ha detallado que, a nivel nacional, ha solicitado a los alcaldes de los municipios colombianas tomar las medidas "pertinentes" para mantener el orden público en sus territorios, como la restricción de la movilidad, la ley seca o el toque de queda.

De forma paralela, el presidente de Colombia, que ha asegurado que ya han sido detenidas 146 personas en el marco de las protestas, principalmente "por fabricación de armas o daño al bien ajeno", ha anunciado que el miércoles iniciará una conversación nacional para "fortalecer" la agenda social en el país. "A partir de la próxima semana daré inicio a una conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social, trabajando así de manera unida en una visión de medio y largo plazo que nos permita cerrar las brechas sociales, nos permita luchar contra la corrupción con más efectividad y nos permita construir entre todos una paz con legalidad", ha dicho en su alocución.

En el diálogo anunciado participarán, según ha precisado, "todos los sectores sociales y políticos" y se utilizarán "medios electrónicos y mecanismos participativos" para todos los colombianos. En este contexto, Duque ha asegurado que su Gobierno "cree en el diálogo social". "Somos un Gobierno que escucha. La comunidad que se ha manifestado de forma legítima es la sociedad que nos ayuda a construir", ha especificado.

Duque ha finalizado su discurso pidiendo a los líderes del país y a los ciudadanos "rechazar" la violencia y "la invitación al caos". "La historia que estamos escribiendo hoy nos exige deponer los odios y construir entre todos un futuro de honestidad y veracidad", ha agregado. "Los que incitan al odio y a la destrucción no representan a los colombianos que han expresado su voz y, ni mucho menos, a las mayorías silenciosas de nuestra nación", ha zanjado el mandatario.

Por último, ha alentado a que los pronunciamientos en Colombia se produzcan de manera "pacífica" y ha insistido en que se rechace "categóricamente" cualquier forma de violencia que pretenda intimidar a la ciudadanía o poner en riesgo su vida. "Una cosa es la expresión pacífica a través de la protesta, y otra bien distina es aprovechar la protesta para sembrar el caos", ha criticado. "Una cosa es que Colombia marche por un mejor país y otra es que politiqueros quieran utilizar estas expresiones para su beneficio personal", ha concluido.

Protestas en Colombia

El deterioro de las pensiones y los salarios, el incumplimiento de los acuerdos con los estudiantes, y la perenne situación de violencia que vive el país –más de 160 dirigentes sociales y sindicales han sido asesinados en lo que va de año–, así como el intento del Gobierno de modificar el acuerdo de paz con las FARC en 2016, son los principales puntos de las movilizaciones. Los días previos a la huelga, el Ejecutivo otorgó plenos poderes a las autoridades locales y regionales para imponer las medidas necesarias en caso de que se produjeran actos de violencia y revueltas similares a las acontecidas en las últimas semanas en las principales ciudades de algunos de los países de la región, como Ecuador, Chile y Bolivia.

Hasta el momento, permanece el toque de queda en Bogotá, donde el alcalde, Enrique Peñalosa, ha declarado además la ley seca hasta el mediodía del sábado. La violencia ha afectado al sistema de transporte en la capital y otras ciudades.

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha confirmado este mismo viernes que al menos tres personas han fallecido en las protestas que se produjeron durante la huelga general que tuvo lugar el jueves.

Además, ha explicado que dos de las muertes se produjeron durante enfrentamientos con la Policía en los municipios de Buenaventura y en Candelaria, ambos en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), al intentar detener varios saqueos en zonas comerciales de la zona. La tercera de ellas no ha sido detallada. "Entre ayer y hoy fueron capturadas 98 personas, 207 más fueron conducidas a estaciones de Policía para su protección, ocho menores fueron aprehendidos y se llevaron a cabo 53 allanamientos en cumplimiento de las ordenes de la Fiscalía", ha detallado el ministro durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

El Comité Nacional de Paro, uno de los principales promotores de las movilizaciones convocadas para el jueves en Colombia, ha solicitado que se celebre una reunión con el presidente, Iván Duque, tras la jornada de protestas y disturbios registrados en varios puntos del país, informa Europa Press.

El comité, que está formado por más de 50 asociaciones, ha agradecido en un comunicado la participación de la ciudadanía en las movilizaciones y ha recalcado que esto constituye la expresión de una "nueva Colombia", según el diario local El Espectador.

En este sentido, ha pedido abordar con Duque las razones que han llevado a la huelga nacional, como "las medidas regresivas en materia económica, social, laboral y ambiental". Así, el comité ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que se preparen para "desarrollar nuevas acciones en la calle si el Gobierno mantiene la desatención a los reclamos y anuncia y prepara sus regresivas reformas".

El grupo, además, ha recalcado que el Gobierno se había equivocado al decir que no había razones para salir a la calle. Durante los días previos a la huelga, varios portavoces del Comité alertaron de la urgencia de manifestarse en el país en un intento de presionar para que se implementen "políticas económicas y sociales que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de los colombianos".

"Gracias a las centrales obreras, al movimiento social, a la Cumbre agraria, las dignidades agropecuarias, (...) a las organizaciones juveniles, a las organizaciones de estudiantes universitarios, a los campesinos indígenas, (...) a todos y cada uno de los colombianos que hoy se volcaron a las calles a expresar su descontento, su inconformismo con las actuales políticas del Gobierno. Mil y mil gracias", ha subrayado el Comité.

El encuentro con Duque ha sido solicitado ante los "actos de violencia" registrados en varias ciudades colombianas en el marco del paro nacional convocado para este jueves. Hasta el momento, 79 personas han resultado heridas –42 civiles y 37 policías– y 36 han sido detenidas, según datos de la Policía colombiana.

En una rueda de prensa, el jefe de las fuerzas de seguridad, Hoover Penilla, ha indicado que "más de 96.000 personas todavía se encuentran en algunos lugares concentrados esperando para llegar a sus hogares".

Duque atribuye a "vandalismo puro" la violencia registrada durante la huelga general

Iván Duque, ha atribuido este jueves al "vandalismo puro" la violencia registrada en las calles de varias ciudades del país en el marco de la huelga general. "Los hechos sucedidos son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular ni serán legitimados por el derecho a la protesta. No permitiremos saqueos y vamos a aplicarles todos el peso de la ley", ha asegurado el dirigente durante un discurso pronunciado tras conocer las últimas informaciones sobre disturbios y enfrentamientos entre policías y manifestantes en ciudades como Bogotá o Cali.

En este sentido, el mandatario ha destacado que "a pesar de los actos de violencia (...) que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que en este país se puede ejercer la libertad individual sin vulnerar la libertad de los demás". Así, ha reconocido el "trabajo conjunto de la fuerza pública con alcaldes y gobernadores para garantizar el orden" y ha señalado que "ni el crimen ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad".

"Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este Gobierno y debemos profundizarlo con todos los sectores de la sociedad y acelerar nuestra agenda social y la lucha contra la corrupción", ha apuntado.

"En esta democracia fuerte y sólida que todos atesoramos estamos todos juntos. (...) Lo que debemos hacer todos los días es seguir trabajando para transformar este país", ha afirmado antes de explicar que ha dado "instrucciones específicas para que las fuerzas públicas garanticen la seguridad" de los ciudadanos que marchan.

Duque, que ha hecho hincapié en que "el pueblo colombiano puede tener la seguridad y tranquilidad de que no permitirá que ningún vándalo o violento amedrente a la sociedad o límite la capacidad de expresión", ha destacado que Colombia es "un país fuerte que nunca dejará de serlo". "Por eso, hoy más que nunca, vamos a trabajar todos unidos para sacar nuestro país adelante", ha remachado.

La huelga general ha arrancado este jueves en Colombia y más allá de algún incidente aislado, hasta el momento la jornada de protestas está transcurriendo con total normalidad en las principales ciudades del país, según informa Europa Press.

La marcha ha sido convocado por sindicatos, jubilados, profesores y estudiantes, colectivos indígenas y LGTBI, para protestar contra el Gobierno y sus políticas económicas, las cuales, según han denunciado estos colectivos, han depauperado la esperanza de vida en el país.

El deterioro de las pensiones y los salarios, el incumplimiento de los acuerdos con los estudiantes, y la perenne situación de violencia que vive el país —más de 160 dirigentes sociales y sindicales han sido asesinados en lo que va de año—, así como el intento del Gobierno de modificar el acuerdo de paz con las FARC en 2016, son los principales puntos de las movilizaciones.

"Hay muchos acuerdos incumplidos con los indígenas, con los profesores, con los trabajadores estatales, y también reivindicamos el derecho a la paz", explicó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.

Al inicio de las movilizaciones, la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha insistido en que el Gobierno del presidente Iván Duque garantizará el derecho a la protesta pacífica, así como "la vida, honra, y bienes tanto de quienes participen en la misma, como de los terceros que no lo hagan". Al mismo tiempo, ha señalado que los hechos de violencia no serán tolerados y se repelerán "con toda la fuerza del Estado".

Algunos incidentes aislados se han producido en varias ciudades del país, como en Cali donde ha tenido lugar la quema de neumáticos en algunas vías; o en Bogotá, donde algunos manifestantes han tenido encontronazos con la autoridad al haber bloqueado algunas vías del tren del sistema público de transporte.

Además, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, ha denunciado que la Policía ha comenzado a utilizar gases lacrimógenos contra los manifestantes de una marcha pacífica en la capital. En ese sentido, ya se han registrado algunos heridos por bolas de goma.

Más allá de eso, los estudiantes han marchado en Medellín a través de una multitudinaria concentración en un ambiente de reivindicación festiva, tal y como han señalado algunos medios colombianos como El Tiempo.

Varios tramos de carreteras también han sido cerrados, así como diferentes líneas de metro de algunas de las principales ciudades, como Bogotá o Barranquilla. Las autoridades de Cali, por su parte, han denunciado actos de vandalismo en algunos de los autobuses de la ciudad.

Medidas excepcionales tras los acontecimientos en la región

Los días previos a la huelga, el Ejecutivo de Iván Duque otorgó plenos poderes a las autoridades locales y regionales para imponer las medidas necesarias en caso de que se produjeran actos de violencia y revueltas similares a las acontecidas en las últimas semanas en las principales ciudades de algunos de los países de la región, como Ecuador, Chile y Bolivia.

"La protesta social pacífica es un derecho constitucional, el cual garantizamos, pero seremos implacables con los actos de vandalismo", alertó Duque, en cuyas medidas para este jueves de huelga se incluía incluso el toque de queda, en caso de que alcaldes y gobernadores así lo considerasen.

Una situación que ha puesto en alerta a la ONU, que tras el anuncio del Gobierno colombiano, ha lamentado el aumento de los militares en las calles del país y su consiguiente militarización. Del mismo modo, ha alertado de la existencia de mensajes "de procedencia no identificada" que estigmatizan la protesta social y otros que "apelan al uso de la violencia" durante las marchas.

Ante ello, este jueves varios colectivos estudiantiles y docentes han presentado ante el Consejo de Estado una acción de nulidad en contra de este decreto del Gobierno. La acción tomada por el presidente Duque, han denunciado, "facilita un estado de excepción que elude el control constitucional", que busca "disuadir, neutralizar, e incluso criminalizar la protesta social".

Duque, que tras 15 meses como presidente se enfrenta a unos bajos índices de aprobación y popularidad, no ha logrado todavía consolidar una coalición en el Congreso que le garantice cierta gobernabilidad. "Hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos", afirmó en vísperas del paro nacional.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este lunes que el discurso que el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha dado desde Miami sobre Venezuela tiene un "estilo nazi" y que busca "prohibir las ideologías". En cuanto a la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela, Maduro ha anunciado que Rusia enviará hasta 300 toneladas de ayuda humanitaria y ha instado al presidente de Colombia, Iván Duque, a que pare "la locura", en referencia a la situación que se está viviendo en la frontera entre ambos países.

"Hoy estuvo Donald Trump en Miami con una retórica cansada cuestionando el derecho de nuestro país libre de adoptar las ideas del socialismo humano, cristiano, casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías", ha señalado Maduro en un discurso ofrecido ante especialistas de investigación, innovación y experimentación.

"Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca", ha aseverado.

El mandatario venezolano ha recalcado que Venezuela "va a seguir la diversidad de ideas" y que lo hará "respetando la diversidad de la creencia" de las personas.

Maduro también ha asegurado que Estados Unidos quiere "esclavizar" a los venezolanos. "O pensamos como Donald Trump y como los gringos o no somos nada", ha manifestado.

Además, el presidente venezolano ha indicado que los estadounidenses "se creen dueños del país" y que Trump cree que tiene potestad para dar órdenes en Venezuela. Por esta razón ha subrayado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "está autorizada para responderle con toda la moral" a Trump.

El mandatario estadounidense ha invitado este lunes al Ejército de Venezuela a rebelarse contra Maduro, al que ha calificado de "marioneta cubana" durante un acto de marcado carácter propagandístico y emotivo celebrado en la Universidad Internacional de Miami, en Florida, ante una multitud entregada.

Trump ha querido mandar un "mensaje" dirigido a "cada oficial que está sosteniendo a Maduro": "Los ojos del mundo entero están en ustedes. No se pueden ocultar de la elección que tienen delante", ha afirmado y ha planteado a los militares o acatar las órdenes del presidente autoproclamado, Juan Guaidó, o seguir apoyando a Maduro. "Si eligen este camino, lo perderán todo".

"Maduro es un hombre controlado por el Ejército cubano y protegido por un ejército privado de cubanos. Es una marioneta cubana", ha asegurado. Por contra, ha destacado que "el presidente Guaidó no quiere venganza contra vosotros... y yo tampoco".

El mandatario norteamericano ha emplazado así de nuevo al Ejército venezolano a permitir la entrada de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y sus aliados pese a la negativa de Maduro a autorizar que cruce la frontera. "Prefiere ver a su pueblo morir de hambre que aceptar la ayuda humanitaria", ha reprochado Trump, que ha apuntado a que Maduro ha robado "millones".

Rusia enviará ayuda humanitaria

El presidente venezolano ha anunciado que este miércoles llegará a Venezuela un envío de hasta 300 toneladas de ayuda humanitaria por parte de Rusia.

"El miércoles llegan 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia. Legalmente llegan por el aeropuerto de Maiquetía convertidas en medicina de alto costo para la ayuda del pueblo", ha manifestado Maduro, quien ha insistido en que "se ha pagado con dignidad".

Además, Maduro ha asegurado que varios países del mundo ofrecen apoyo a Venezuela a través de Naciones Unidas y ha recalcado que lo aceptarán si se hace de forma legal, "con su certificado".

"Nosotros dignamente pagamos dólar detrás de dólar, euro detrás de euro todo lo que venga a Venezuela. No somos mendigos de nadie ni vamos a hacer de Venezuela honorable una Venezuela de mendigos arrodillados. No lo vamos a aceptar"

Varios países occidentales y muchos de los vecinos de Venezuela han reconocido a Guaidó como el presidente legítimo, mientras que Maduro conserva el respaldo de Rusia y China, así como el control de las instituciones estatales, incluidos los militares.

Maduro insta a Duque a parar "la locura"

Nicolás Maduro ha llamado al mandatario de Colombia, Iván Duque a parar "la locura", refiriéndose a la ayuda humanitaria para los venezolanos que está llegando a la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta.

"Señor Iván Duque, usted puede parar la locura. Pare la locura de usted y Donald Trump a tiempo", ha señalado Maduro en un discurso ante especialistas de investigación, innovación y experimentación.

Maduro se opone al ingreso de la ayuda humanitaria, que ha calificado como "una trampa cazabobos", con el argumento de que se pretende violar la soberanía de Venezuela por parte de Estados Unidos. El mandatario venezolano también ha señalado que la comida envidada está "podrida" y ha resaltado que lo que se busca en realidad es "entrar en Venezuela y ocupar espacio" en el país.

Este domingo llegó el tercer avión militar de carga estadounidense con ayuda humanitaria para los venezolanos a Cúcuta, donde se acopian los alimentos y medicamentos en medio de la incertidumbre sobre cómo y dónde se distribuirán los recursos.

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela Juan Guaidó, que ha utilizado como argumento varios artículos de la Constitución, así como que la reelección de Maduro el año pasado fue una farsa, ha garantizado que la ayuda entrará a Venezuela el 23 de febrero.

Pero aún no está claro si Maduro permitirá el ingreso de los suministros a territorio venezolano, tras negar que la nación petrolera esté en crisis y después de que calificó la ayuda humanitaria como un espectáculo orquestado por Estados Unidos.

Las autoridades colombianas, que se refieren a Maduro como un dictador, han dicho repetidamente que la ayuda no se distribuirá dentro de su territorio.

El primer envío de ayuda, que incluye alimentos básicos y suministros médicos, llegó el 8 de febrero y está almacenado en una bodega en Cúcuta a escasos metros de la frontera.

Dos puentes en las afueras de Cúcuta que marcan el límite entre los dos países abrieron con normalidad el sábado para el cruce de peatones, mientras el puente de Tienditas, que no se ha inaugurado, permanece bloqueado de lado venezolano por contenedores atravesados en la vía.

El multimillonario británico Richard Branson está organizando un concierto con varios artistas el 22 de febrero para recaudar fondos para más ayuda.

Piñera acudirá al concierto para recaudar fondos destinados a ayuda humanitaria

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado que asistirá este viernes al concierto que organiza el multimillonario Richard Branson al que también acudirá el mandatario colombiano, Iván Duque.

"Venezuela y su pueblo necesitan apoyo internacional para recuperar su libertad y democracia. Con el presidente Iván Duque estaremos este viernes en Cúcuta entregando ayuda humanitaria a quienes llevan años sufriendo la crisis causada por la dictadura", ha señalado Piñera a través de su cuenta en la red social Twitter.

Juan Guaidó ha señalado que se siente orgulloso de contar con la presencia de Piñera. "Valoramos este gesto hacia los venezolanos que esperan esa ayuda para salvar sus vidas", ha aseverado el "presidente encargado" a través de su cuenta en Twitter.

Aún no se han hecho públicos detalles de los artistas que participarán en el concierto, programado un día antes de la fecha anunciada por el líder opositor para el ingreso de la ayuda internacional de alimentos y medicinas a Venezuela, parte de la cual está almacenada en la ciudad colombiana de Cúcuta.

Guaidó ha asegurado que el concierto, que pretende emular al Live Aid de 1985 organizado por el músico irlandés Bob Geldof para recoger fondos contra el hambre en Etiopía, busca recaudar 100 millones de dólares en ayuda para el pueblo venezolano.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha reivindicado este lunes la autoría del atentado en Bogotá, esgrimiendo que es una acción "lícita" porque el Gobierno también ha mantenido su ofensiva militar y, por tanto, ha considerado que no hay ningún obstáculo para continuar con el diálogo de paz, que la Casa de Nariño ha dado por terminado.

Sobre las 9.30 (hora local) una camioneta conducida por un guerrillero del ELN rebasó los controles de seguridad e irrumpió en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá, donde estalló minutos después con el conductor dentro. En total hubo 21 muertos y 68 heridos.

El Ejecutivo de Iván Duque atribuyó el ataque terrorista al ELN y, en consecuencia, dio por finalizado el diálogo de paz que inició la anterior Administración de Juan Manuel Santos en febrero de 2017 y que permanecía suspendido desde el pasado mes de agosto por la negativa de la guerrilla a cesar su actividad criminal y liberar a todos los secuestrados.

El ELN ha confirmado en un comunicado que está detrás de la explosión del coche-bomba en la escuela de cadetes, "una instalación militar" donde "reciben instrucción los oficiales que luego realizan Inteligencia de combate (...), participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social".

"Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra", ha afirmado el grupo armado, subrayando que "no hubo ninguna víctima no combatiente" porque tanto los muertos como los heridos eran uniformados.

Además, El ELN ha reclamado a "instituciones internacionales autorizadas" que "den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada", en un aparente intento de buscar legitimación extranjera al atentado en Bogotá.

La guerrilla ha recordado que ha propuesto en numerosas ocasiones "pactar un cese bilateral para generar un clima favorable a los esfuerzos por la paz, una propuesta ha tenido un importante respaldo nacional e internacional, pero la respuesta gubernamental ha sido negativa".

En concreto, los insurgentes han reprochado al Ejecutivo de Duque que no diera "la dimensión necesaria al gesto de paz" que tuvo el ELN al declarar una tregua unilateral entre el 23 de diciembre y el 3 de enero con motivo de las fiestas navideñas.

"Las Fuerzas Armadas aprovecharon este cese para avanzar las posiciones de sus tropas" y para bombardear un campamento guerrillero afectando con ello a "una familia de campesinos" que vivía en los alrededores, ha recriminado el ELN. También ha denunciado que, al margen de dicha tregua, sus campamentos "son bombardeados ante cualquier descuido".

"Nosotros tenemos claro que estamos en una guerra, debido a que la clase en el poder ha reiterado que los diálogos deben ser desarrollados en medio del conflicto", ha declarado. "Es entonces muy desproporcionado que, mientras el Gobierno nos ataca, plantee que nosotros no podamos responder en legítima defensa", ha estimado.

No obstante, ha reiterado que está dispuesto a "acordar que se respeten determinadas áreas e instalaciones militares estatales y determinadas áreas y campamentos donde opera el ELN. "Esto aportaría al proceso de diálogos", ha apostillado, porque "la paz no avanza y el proceso retrocede si los contendientes en una guerra no se respetan".

El ELN ha propuesto "un debate político frente a estos temas" y ha apelado directamente a Duque para retomar las negociaciones en La Habana: "Presidente, queremos reiterarle que el camino de la guerra no es el futuro de Colombia, es la paz".

Al menos 20 personas han muerto y 68 han resultado heridas este jueves a causa de la explosión de un coche bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá (Colombia), en lo que las autoridades del país sospechan que sería un atentado suicida.

"Lamentablemente, el saldo preliminar es de 21 personas fallecidas, incluyendo al responsable del hecho, y de 68 heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales con el apoyo de organismos de socorro y emergencia del Distrito", ha señalado la Policía en un comunicado. Sobre las 9:30 (hora local) una camioneta rebasó los controles de seguridad e irrumpió en las instalaciones policiales. Minutos después, el vehículo estalló con el conductor dentro a la altura del patio donde suelen celebrarse los desfiles. En ese momento, se celebraba una ceremonia de ascensos.

El responsable de la explosión ha sido identificado por la Fiscalía General de la Nación como José Aldemar Rojas Rodríguez, según ha recogido el diario local 'El Espectador'. Rojas habría llegado a las inmediaciones de la Escuela General Santander, en el sur de Bogotá, a bordo de una camioneta Nissan Patrol de color gris. En el coche había unos 80 kilos de pentolita, un potente explosivo que se obtiene de la mezcla de TNT y pentrita y que suele utilizarse en la fabricación de minas antipersona.

De los 68 heridos, 58 han sido dadas de alta. "La Institución se solidariza con las respetadas familias de las personas que perdieron la vida y desea la pronta recuperación de quienes resultaron lesionados. Así mismo, de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades se adelantan las investigaciones tendientes a establecer las causas y los responsables del acto terrorista que enluta a los colombianos", han señalado los agentes. Las autoridades han decretado tres días de luto nacional y han ordenado el fortalecimiento de los controles en las fronteras, así como en las salidas y entradas de las ciudades del país. "No descansaremos hasta capturar y llevar ante la justicia al resto de los terroristas involucrados y les notifico a esos criminales que les espera el repudio social, el rechazo de todos los colombianos y la comunidad internacional, y el castigo ejemplar de la justicia", ha manifestado el presidente colombiano, Iván Duque.

Duque ha inspeccionado la escuela de cadetes y desde allí ha dado órdenes a la Fuerza Pública —policías y militares— para determinar "quiénes son los responsables de este cobarde ataque". El líder conservador ha dejado claro que su Gobierno no dará "ni un paso atrás". "Este demencial acto terrorista no quedará impune (...) Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo", ha enfatizado. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos ha expresado su "rechazo absoluto al cobarde atentado". "Toda mi solidaridad con nuestros héroes de la Policía y sus familias", ha dicho en Twitter. "¡Qué dolor el carro bomba a la Escuela de Policía!", ha dicho por la misma vía el también expresidente Álvaro Uribe. De momento, se desconoce la autoría del ataque. En Colombia actúan numerosos grupos armados, entre los que destaca el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora la primera guerrilla del país.

Proceso de paz

Este atentado ha acabado con una etapa relativamente tranquila en Colombia gracias al proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC y el ELN. Pastor Alape, uno de los dirigentes del partido político surgido de las FARC, que firmó la paz con el Gobierno de Santos en 2016, ha condenado lo ocurrido. "Nuestra solidaridad con los familiares de los policías", ha indicado. En su opinión, se trata de "una provocación contra la salida política al conflicto". "Busca cerrar posibilidades de acuerdo con el ELN, deslegitimar las movilizaciones sociales y favorecer a sectores guerreristas", ha sostenido.

Santos también inició un diálogo de paz con el ELN en febrero de 2017 pero con la llegada de Duque a la Casa de Nariño, el pasado mes de agosto, quedó suspendido. La tensión se ha vuelto a disparar este jueves después de que el ELN haya reconocido el secuestro de la tripulación de un helicóptero derribado.