Las cuentas salen y los números cuadran. La izquierda valenciana presiente el fin del PP valenciano. Y lo intuye gracias a ese olfato de tuareg con 20 años de travesía por el desierto. Dos décadas de mayoría absoluta, de partido único, de corrupción endémica de arriba a abajo, con dos Gobiernos del expresidente Francisco Camps infectados de Gürtel. Un final que se barrunta en la calle y en los pasillos, donde los diputados del PP se comportan como un ejército en desbandada y con un líder, Alberto Fabra, de escaso carisma, que se disparó en el pie con el cierre de Canal 9 en diciembre de 2013 y al que Mariano Rajoy se resiste a ratificar.

infoLibre ha dialogado con Ximo Puig, Mònica Oltra e Ignacio Blanco, líderes de PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida (la marca valenciana de IU), respectivamente. Y también con Antonio Montiel, secretario autonómico de Podemos, a quien las encuestas sitúan como tercera fuerza. El resultado es un discurso de grandes esperanzas, pero también de grandes ansiedades y no pocos recelos. Abocados al pacto, el puzle de la izquierda valenciana deja un rostro de rasgos imprecisos. Entre las brumas y la encorsetada prudencia política, asoman alguna certezas. Estas son.

01. Echar al PP: un objetivo común

Todos los líderes coinciden: no habrá acuerdo anterior a las elecciones de mayo de 2015. El único pacto será sumar votos y escaños para echar al PP. “Una medida higiénica”, sostiene Puig, para quien es necesaria “una propuesta basada en el retorno de la ética”. Algo similar a lo que pide Montiel, quien augura el “fin de un régimen” y la conversión definitiva “de la carroza en calabaza” o “el agotamiento en sí mismo de un modelo económico depredador”. Un nuevo paisaje, sin un bloque previo multicolor, “porque nunca hemos estado unidos y eso no es lo importante”, según el líder de Podemos. Oltra, de Compromís, está en la misma línea: “La pluralidad permite que la palabra, el acuerdo y el diálogo recuperen su protagonismo en el Parlamento”.

En todo caso, una pluralidad a la que deberá darse forma con posterioridad. Blanco apuesta por negociar “políticas, no consejerías”. “No puede convertirse en un reino de taifas”, añade Oltra. Es el gran riesgo y la mayor responsabilidad, “que no sea un Gobierno de empresas públicas, de consejerías, que compitan entre sí”, apunta Montiel. Un Gobierno, por tanto, de líneas políticas y no de departamentos “que quepa en tres folios”, a propuesta de Oltra, y que pudiera negociarse, según Montiel, “en una plaza, en la terraza de un bar, de manera participada”.

¿Se han dado ya contactos? “Menos de los que se debería”, a juicio de Oltra, quien exige una mayor presencia de foros de reflexión pública. Y concluye con una autocrítica: “Estamos demasiado centrados en cómo desalojar al PP y no tanto en presentar un modelo alternativo de políticas”.

02. Desconfianzas mutuas

La irrupción de Podemos ha puesto en guardia a la izquierda tradicional. También en la Comunitat Valenciana. Aunque el lamento es matizado, los partidos de la oposición sienten que, de alguna manera, Podemos recogerá los frutos que tanto les ha costado cosechar. Sobre todo en materia de lucha contra la corrupción. Puig proclama al PSPV como el decano de esta pugna, con las primeras querellas criminales, el 2005, en el caso Terra Mítica. “Nos hemos arruinado con tanta demanda”, apostilla.

Por su parte, EUPV ha realizado una legislatura muy seria llevando a los juzgados al arquitecto Santiago Calatrava y dejando a Francisco Camps al borde del banquillo con la denuncia (junto al PSPV) del caso Valmor (la empresa que se enriqueció con las deudas de la Fórmula 1). Y Compromís ha capitalizado el caso Gürtel, con una Mònica Oltra tan incisiva que acabó por desquiciar al expresident Camps. “Les hemos abierto el camino [a Podemos] y pisarán sobre un suelo labrado”, explica Oltra, aunque acto seguido, puntualiza: “Aun así no debemos tener un sentido patrimonial del voto ni sentirnos damnificados por la democracia”.

La cabeza de lista de Compromís a la Generalitat, Mònica Oltra, con el número dos por Valencia, Enric Morera, este 28 de febrero en la presentación de las candidaturas de la coalición | EFE

Por su parte, Montiel cree que la “izquierda clásica”, así la llama, “no ha sabido sacar rédito de sus logros”. Cabe decir que Montiel no es un recién llegado, sino un habitual de los movimientos sociales e incluso, hace años, fue propuesto como independiente para las listas al Ayuntamiento de Valencia (aunque al final no llegó a concurrir) de Esquerra Unida y, más tarde, de los nacionalistas del Bloc. Y en las recientes primarias de Compromís coqueteó con presentarse, aunque finalmente se convirtió en el hombre de Pablo Iglesias en Valencia y su lista ganó en las primarias autonómicas de Podemos. “Soy un independiente radical, estoy cansado de perder”, apostilla de manera gráfica antes de trazar un análisis muy crítico hacia esa “izquierda clásica” en la que mejor parada sale es Compromís, “más jóvenes, más frescos y con más presencia en la calle”. No así Esquerra Unida, a la que considera “muy por detrás de la izquierda social: más movilizada, más útil” y que tuvo en el 15M “el golpe de gracia”. “Han pasado cuatro años y nadie se ha puesto las pilas”, sentencia.

Pero es sobre todo en el PSPV-PSOE donde se acumulan los dardos. Montiel los tacha de “Leviatán, un monstruo devorador de recursos institucionales”, petrificado en el lermismo [del president Joan Lerma], “la misma gente de siempre”. Formación que, a juicio de Montiel, “es en sí misma su peor enemiga, una fuerza que se percibe como perdedora, víctima de una profecía autocumplida”.

“¿Ximo Puig? El jefe de Gabinete de Lerma, ¿no?”, responde Oltra con mordacidad. Un PSOE “bipolar”, según Ignacio Blanco, “que en el Gobierno está al servicio de la troika y en la oposición defiende políticas públicas”. Por su parte, Puig reconoce que su partido ha estado “demasiado ensimismado en batallas internas”, pero aún lo considera como “la oposición razonable al PP”. Es decir, “los que dicen la verdad y no crean frustraciones”, en referencia a Podemos y su supuesto programa de máximos e indefinición ideológica.

“Se ha roto el discurso derecha-izquierda, esa trinchera es reduccionista”, defiende Montiel. Algo que exaspera a Blanco, quien acusa a Podemos de “ambiguo” y de diseñar un proyecto “demasiado dependiente de una figura carismática, casi mesiánica”, en alusión a Iglesias.

Finalmente, a Oltra tampoco le gusta el discurso de Podemos “de los de abajo y los de arriba”. Según la líder de Compromís, “la sociedad debe ser horizontal, porque si los de abajo están arriba, siempre habrá alguien abajo”. Y subraya: “No quiero aniquilar al otro, como ha sucedido en las Corts Valencianes, donde una forma de pensar ha desempeñado el poder absoluto”.

03. Y al día siguiente, ¿qué?

Para Blanco, las medidas más urgentes son “detener las privatizaciones y los recortes”. Y Montiel añade: “Ni un desahucio más”. Por su parte, Puig hace suya “la reapertura de Canal 9” y Oltra “una política medioambiental contra el cambio climático y un nuevo sistema tributario redistributivo”.

Y por encima de todo y de todos, una medida al instante: pedir perdón a las víctimas del accidente de metro accidente de metroque en julio de 2006 dejó 43 muertos y 47 heridos. Y reabrir una comisión de investigación parlamentaria que depure responsabilidades.

Medio año después del apresuarado cierre de la radiotelevisión pública valenciana, el Gobierno regional ha reconocido que aún desconoce cuánto le costará la liquidación de RTVV. Meses atrás, la coartada del presidente Alberto Fabra para el apagón, tras declarar el TSJ valenciano nulo el ERE que había afectado a más de mil trabajadores, fue el alto coste de mantener RTVV operativa y la necesidad de preservar gasto social.

Este jueves, el vicepresidente y consejero de presidencia José Císcar ha cifrado en más de 140 millones de euros los costes que la administración pública ha soportado hasta ahora para dejar en negro RTVV, y ha dicho que hasta el final del proceso resultará imposible determinar con precisión los gastos totales.

Por el momento se han gastado 86,1 millones en indemnizaciones de 35 días por año trabajado, con un máximo de 30 mensualidades, tal y como se acordó en el ERE. Además, la Generalitat ha destinado otros 56,4 millones a pagar salarios hasta mayo de 2014. Actualmente 139 trabajadores permanecen en la empresa, ocupados principalmente de cuestiones administrativas, de documentación y redes sociales, según la sociedad.

Císcar ha subrayado en su comparecencia que el coste derivado de los salarios se tendría que haber pagado también si RTVV hubiera seguido emitiendo, aunque en este tiempo la radiotelevisión pública valenciana, que aguarda a su extinción total,ha perdido ingresos por conceptos como la publicidad. Por si fuera poco, el Gobierno regional pagó 674.000 euros por el asesoramiento del primer ERE y 871.000 euros por consejos para el segundo expediente de regulación.

Fórmula 1 millonaria

La comparecencia de Císcar también ha servido para destapar los millonarios pagos de RTVV a cambio de los derechos de emisión de la Fórmula 1 entre 2009 y 2013. En total, la radiotelevisión pública pagó 24,4 millones de euros: 8,1 millones correspondientes a las temporadas 2009, 2010 y 2011 y 11,6 millones por las de 2012 y 2013, además de otros 4,7 millones en costos judiciales e intereses.

También han sido objeto de polémica las emisiones de cadenas de la TDT a través de las infraestructuras de Canal Nou, pues la oposición ha denunciado "trato de favor a los amigos" y, al respecto, la diputada de EUPV Esther López ha criticado que "se perdonaban deudas a productores". "Las cantidades que se deben a RTVV van a pagarse", ha respondido Císcar, quien ha añadido que las formas de pago, en metálico o en publicidad, "se ajustan a la ley".

En concreto, ha detallado que Las Provincias ha pagado 177.000 euros y mantiene una deuda con RTVV de 715.000 euros, de los que 76.684 euros son actualmente exigibles y otros 638.316 euros no porque no ha vencido el plazo. En el caso de Mediterráneo, ha pagado 60.200 euros y le quedan por abonar 695.000 euros, de los que 136.000 son exigibles y 559.000 euros no lo son todavía.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna ha citado para declarar en calidad de imputados a cinco exdirectivos de Radio Televisión Valenciana (RTVV) en una causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos.

En el auto, la jueza cita a declarar para el 8 de julio a los exdirectores de Televisión Valenciana Lola Johnson (actual secretaria autonómica de Comunicación de Presidencia de la Generalitat) y Luis Redondo. Johnson, que fue directora de Canal 9, ha presentado en la tarde de este jueves su dimisión.

Un día más tarde acudirán a declarar los también exdirectivos, respectivamente, de la televisión y la radio públicas Lluís Motes y Nuria Romeral. En cuanto al ex director general de RTVV José López Jaraba, la jueza dirige un exhorto a los juzgados de Madrid.

La jueza ha abierto diligencias tras una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusa a la excúpula de estos delitos hasta generar un presunto agujero de 1.300 millones. Las declaraciones tendrán lugar los días 8 y 9 de julio, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Una veintena de manifestantes protestan en la mañana de este domingo frente al teatro Raval de Castellón, donde el PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) celebra su Convención Política, y lanzaron un huevo al vicesecretario general de Estudios y Programas del PP y número dos de la lista al Parlamento Europeo, Esteban González Pons, a su llegada al recinto, que llegó a impactar en el dirigente, según fuentes conservadoras.

Entre los manifestantes se encuentran extrabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y un grupo de personas que protestan contra las prospecciones petrolíferas en las Columbretes, que han proferido gritos como "vergüenza" o "corruptos" al paso de distintos dirigentes del PP.

Presencia de Cañete y Fabra

Asimismo, un huevo fue lanzado a la entrada de González Pons en el teatro y habría impactado en él, según confirmaron fuentes del PP. Tras ese incidente, la Policía movió a los manifestantes que se encontraban frente a la entrada a un lateral.

Posteriormente accedieron al recinto el cabeza de lista del PP para las europeas, Miguel Arias Cañete, y el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, que han sido recibidos con gritos de "corruptos".

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el segundo recurso que presentó el PSOE contra el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV), en este caso, contra la Ley de las Corts Valencianes que suprimió el servicio público, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Los socialistas presentaron el pasado 24 de febrero un segundo recurso de inconstitucionalidad al considerar que la Ley de las Corts Valencianes que suprimió el servicio público de RTVV vulneraba el principio de seguridad jurídica y suponía "un atropello" de derechos fundamentales.

El PSOE alegaba que el cierre de RTVV se hizo a través de una proposición de ley del Parlamento valenciano tramitada como proyecto de urgencia, lo que, a su juicio suponía "una forma claramente extravagante" de tramitar la ley de cierre del medio de comunicación valenciano al vulnerar "el principio de seguridad jurídica y la participación necesaria de los representantes de los ciudadanos en los asuntos públicos".

En concreto, el PSOE argumentó vulneración de los artículos 9, 20.3 y 23 de la Constitución en cuanto a la tramitación y aprobación de ley, así como el 147.1, ya que las Comunidades Autónomas tienen "la obligación de facilitar información en la lengua propia".

Primer recurso

El PSOE ya presentó con anterioridad, el pasado 14 de noviembre, otro recurso ante el alto tribunal contra el Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, por el que se modificó la norma reguladora del Estatuto de RTVV para permitir el nombramiento de nuevos consejeros sin pasar por las Corts y el cierre de la sociedad pública.

En ese caso, el recurso de los socialistas se dirigía contra el Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, en el que se modificaban tres artículos del Estatuto de RTVV y se habilitaba a la Junta General –formada por el propio Ejecutivo valenciano– a nombrar provisionalmente, sin pasar por las Corts, a los consejeros vacantes en el Consejo de Administración tras la dimisión de la entonces directora Rosa Vidal y su equipo.

El 11 de noviembre, 49 votos a favor de diputados del grupo popular aprobaron en el pleno del parlamento autonómico la proposición de ley presentada por el PP en la que autorizaba al Consell a la extinción, disolución y liquidación de la sociedad pública. La norma entró en vigor el jueves 14 de noviembre, tras su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el mismo día de su aprobación.

A negro el 29 de noviembre

Canal Nou puso fin a sus emisiones el pasado 29 de noviembre, tras 24 años de emisión, 24 días después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciara el cierre de RTVV, tras conocerse la nulidad judicial del Expediente de Regulación de Empleo que afectaba a unos 1.000 trabajadores. De este modo, a las 12.19 horas la pantalla de la televisión se fue a negro. En el caso de Nou Ràdio, el cese fue a medianoche.

El día en el que se cumplen tres meses desde el apresurado apagón de Canal Nou, la radiotelevisión pública valenciana, por orden del Gobierno de Alberto Fabra, la empresa ha hecho llegar a los trabajadores su primera oferta en el marco de la negociación del ERE de extinción. En concreto, ofrece a los 1.600 empleados 24 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 20 mensualidades.

Hasta la fecha los trabajadores de la cadena pública están en situación de permiso retribuido. En la práctica, significa que siguen percibiendo su salario con regularidad aunque no acuden a su puesto de trabajo, pues la actividad en las instalaciones de Canal Nou se ha reducido al mínimo. Son apenas 70 las personas que acuden diariamente a los estudios para garantizar el servicio a las cadenas de la TDT que emiten a través de la desaparecida RTVV.

Así, los sindicatos han manifestado durante todo este tiempo su sorpresa ante una situación que se antoja paradójica. Aunque desde el minuto uno la Generalitat del conservador Alberto Fabra empleó la necesidad de mantener el gasto social como coartada para cerrar la radiotelevisión valenciana, no hubo reparos en ejecutar un improvisado cierre que ha privado al ente de sus ingresos por publicidad, al tiempo que ha obligado a seguir pagando nóminas hasta la negociación y aplicación del ERE final.

El complejo recorrido para el cierre de Canal Nou no está exento de piedras en el camino. Hay un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y otro de un grupo de trabajadores contra el decreto que permitió a la Generalitat nombrar a nuevos consejeros y elegir un liquidador tras la dimisión de la dirección de la cadena.

Además, los trabajadores denuncian que la cadena adeuda salarios a los afectados por el primer ERE, anulado por el TSJCV. Según explica Vicent Mifsud, presidente del Comité de Empresa, los cientos de periodistas readmitidos tras meses cobrando el paro no han percibido la diferencia entre su salario y la cuantía del subsidio de desempleo, algo que legalmente les corresponde.

Canal Nou desiste: se retira de más de una treintena de juicios después de que los tribunales hayan dado la razón a un primer trabajador sancionado por protestar en 2012 contra un ERE en las instalaciones de la cadena. Este miércoles la empresa ha firmado el acta de desistimiento justo antes del segundo juicio, ha acordado reintegrar la multa a ese afectado y se ha comprometido a hacer lo propio con el resto.

El origen del asunto se remonta al 16 de julio de 2012. Ese día Canal Nou entregó la documentación del primer ERE, que planteaba una profunda reestruturación de la plantilla y hasta 1.295 despidos. Según la versión del comité de empresa, los dirigentes de la ya desaparecida radiotelevisión pública valenciana decidieron no emitir el informativo por miedo a protestas en directo. Fue entonces, con la decisión ya tomada, cuando los trabajadores se concentraron en el plató de la cadena.

Por ese motivo, 48 personas fueron sancionadas con entre uno y dos meses de suspensión de empleo y sueldo. No a todos los trabajadores se les aplicó: los miembros de la representación de los trabajadores se libraron del correctivo. Pero el resto, 35 empleados, fueron castigados y perdieron el sueldo durante diez días. Al cabo de ese plazo, recuerdan los propios trabajadores, Canal Nou "entró en razón" y dejó sin efecto la multa.

En el primer juicio los tribunales condenaron a Canal Nou a reintegrar el importe del salario suspendido con un interés del 10%, así como a abonar las cotizaciones sociales correspondientes a ese periodo. UGT, el sindicato al que pertenecía el primer empleado que llegó a juicio, se declara muy satisfecho con la resolución y con el anunciado desistimiento generalizado por parte de la empresa, que también eliminará las menciones a la multa en el historial laboral de los afectados.

Meses después, ese primer ERE por el que protestaban los trabajadores fue declarado nulo. Ello desencadenó el apresurado cierre de la cadena pública valenciana, recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PSOE. Ahora, sindicatos y empresa negocian el expediente de extinción mientras 1.500 empleados siguen cobrando a pesar de no acudir a su puesto –legalmente, están en situación de permiso retribuido–.

Este viernes la dirección de Canal Nou una primera oferta económica, de la que sólo se sabe que superará el mínimo legal de 20 días de indemnización por año trabajado.

Esta iniciativa, que era previsible que fuera rechazada por el entre otras cosas porque apoyarla sería desautorizar una decisión adoptada por el Gobierno conservador de la Comunitat Valenciana que preside Alberto Fabra, contó con la abstención de UPN y Foro Asturias. El debate fue bronco, áspero, muy tenso. 

Durante la defensa de la posición en contra del PP, la diputada por Alicante Macarena Montesinos tuvo críticas para los grupos nacionalistas, a quienes les reprochó que suscriban esta iniciativa y pidan al Gobierno que interceda ante el cierre de la cadena pública, cuando se trata de una competencia autonómica, y a diario ellos piden ese respeto competencial. Además, tuvo reproches a la intervención formulada por el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, del que recordó que, cuando era jefe del Gabinete del expresidente valenciano Lerma, Canal Nou fue condenada por manipulación. "La única vez en toda su historia. No sé cómo tiene la desvergüenza de intervenir como lo ha hecho", lamentó.

Al mismo tiempo, Montesinos ha indicado que todos los días Puig recibía la escaleta de Canal Nou, un diagrama donde se ordenan las noticias que van a aparecer en el informativo televisivo, para decidir qué noticias se emitían o no, además de que en 1992 le afeó a un periodista su trabajo y le dijo que lo que mejor podía hacer era dejar su trabajo. "Ustedes que con el ministro [José] Blanco pedían el cierre de RTVV ahora encabezan las manifestaciones en contra del mismo, incluso recurriendo ante el Tribunal Supremo", añadió, a la vez que rechazó que se ocultara la firma del hermano de Puig en la concesión de un canal de TDT en el que estaba implicado, que además recibe subvenciones de la Generalitat catalana.

El "autoritarismo" de Alberto Fabra

Mientras, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, subrayó en su intervención que el cierre de RTVV no responde a cuestiones económicas sino a ideológicas. "Cuesta más cerrarla que mantenerla abierta", advirtió, a la vez que criticó el "autoritarismo" del Gobierno valenciano, presidido por Alberto Fabra, que se negó a negociar con los sindicatos sobre el cierre de esta cadena. A su juicio, también con esta decisión se vulnera la Constitución con el cierre de esta cadena y criticó la "falacia" que ha creado Fabra de centros de salud o televisión pública autonómica, cuando está cerrando ambas, al mismo tiempo que ha denunciado su gestión con sobresueldos millonarios o el pago de la visita del papa, salpicado por la trama de corrupción Gürtel. "Ustedes han prostituido la televisión valenciana", atizó. 

Además, celebró que el TSJV y el Tribunal Constitucional hayan aceptado los recursos presentados contra el cierre de la radiotelevisión pública valenciana, porque la Comunitat Valenciana va a ser la única comunidad autónoma de España sin una cadena pública autonómica.

En cuanto a la intervención del diputado de UPyD, Toni Cantó, Montesinos le afeó colgara en su Twitter una imagen lanzando un misil a Canal Nou, en plena negociación del ERE de la cadena, y que ahora ha retirado, y en el texto pusiera: "Muy bueno. Una posible solución al déficit de Canal 9". Igualmente, criticó que él ningunee el canal cuando fue contratado durante cinco meses como actor, un trabajo por el que recibió 134.000 euros, entre 2002 y 2003.

"Quisiera decirle que fue Canal Nou quien me contrató a mí, como a cualquier otro actor que ha trabajado en la cadena", respondió a la diputada Cantó, al mismo tiempo que tachó de "hipocresía moral" jugar con su foto del misil en Twitter, cuando es el "misil del PP" el que ha acabado con RTVV. Por otro lado, Montesinos resaltó que no se ha cerrado ningún centro de salud, sino que se están abriendo nuevos hospitales, frente a las críticas de algunos parlamentarios, que recordaban que la principal razón que Fabra aportó para cerrar esta cadena pública fue que, o RTVV o la sanidad en la Comunitat Valenciana.

"El Grupo Popular entiende la preocupación de los profesionales y las familias que se han visto afectadas por el cierre y volvemos a manifestar nuestra máxima solidaridad con cada uno de ellos. Este grupo parlamentario lleva trabajando prácticamente en soledad para sacar a España de la crisis", insistió también.

Deseo de privatizar y recentralizar del PP

Mientras, desde CiU, Monsterrat Surroca, mostró su apoyo a los trabajadores de la cadena pública valenciana porque considera que el cierre de un medio de comunicación, más si cabe público, supone "una noticia especialmente mala" al tratarse de un servicio público y social en una de las lenguas cooficiales del país. "Dejará huérfanos a valencianos con lengua propia. Será un drama profesional y personal, teniendo en cuenta la situación difícil que tienen los profesionales de la comunicación a consecuencia de la crisis", ha agregado.

Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), criticó la "decisión unilateral" del Consell de cerrar esta cadena pública autonómica, así como sus alegaciones (que es inviable mantenerla). A la vez, censuró que "se regalen" 200 millones de euros a los equipos de fútbol. "El PP es responsable del desfalco que hubo con la visita del papa, que ha dado lugar además a cintas que han sido robadas de Canal Nou. ¿Por qué se quiere cerrar Canal 9? El PP debe asumir sus responsabilidades por lo sucedido y debe haber dimisiones porque no puede ser que se desfalquen millones de euros y no pase nada", solicitó.

Por su parte, el diputado de ERC, Joan Tardà, remarcó que la decisión de cierre responde al deseo de privatizar y recentralizar del PP, así como al "auto odio" que siente a su juicio el PP sobre la Comunidad Valenciana. El representante de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, ha iniciado su intervención mostrando la pancarta de Pau, un niño con parálisis cerebral que días después del cierre de la cadena pública se manifestaba en Valencia pidiendo en un cartel que, ahora que se ha cerrado Canal 9, habrá dinero para pagar la dependencia, dados los pagos que tiene pendiente la Generalitat con él.

Durante el debate estuvieron presentes miembros de la Unió de Periodistes Valencians, así como de las Cortes valencianas y del Comité de Empresa de RTVV, que un par de horas antes se habían concentrado en el Congreso en contra del cierre de la cadena.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSPV contra el decreto de la Generalitat por el que se modificó la norma reguladora del Estatuto de Radio Televisión Valenciana (RTVV), lo que permitió el cierre de la sociedad pública, según ha informado este órgano judicial en un comunicado.

En concreto, el recurso de los socialistas se dirigía contra el Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, por el que el Gobierno de Fabra se hacía con el control de RTVV. La norma recurrida modificaba tres artículos del Estatuto de RTVV.

El Pleno del TC ha admitido el recurso y ha acordado dar traslado del mismo al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de 15 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones. En este caso, la admisión a trámite del recurso no suspende la vigencia de la norma recurrida. El Pleno analizará en próximas fechas el fondo del recurso, sobre el que no se pronuncia.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha reclamado este lunes que se reabra Nou - antigua Canal 9- y que TV3 se emita en la Comunidad Valenciana. A su juicio, "no tiene ningún tipo de sentido que puedas ver no sé cuántas cadenas de teletienda y que no se puedan ver televisiones del entorno".

En relación al acuerdo de emisión de TV3 en la Comunidad Valenciana, Puig ha señalado que en su partido quieren que “haya reciprocidad, porque queremos que haya un nuevo Canal Nou”. Según recoge Europa Press, Puig ha afirmado que "no es razonable que, en estos momentos, se haya cerrado la radio televisión pública valenciana" lo que, en su opinión, no ha sido "por razones económicas", sino por cuestiones "ideológicas".

Asimismo, el dirigente del PSPV ha exigido que se "reabra" Nou. Para Puig, "no tiene ningún tipo de sentido que puedas ver no sé cuántas cadenas de teletienda, que parece que a Fabra le gustan, y que no se puedan ver televisiones del entorno, como de Cataluña o de Aragón".

Ximo Puig ha señalado que este martes en el Congreso de Diputados se debatirá una proposición no de ley con la que se verá que "la mayoría absoluta de todas las formaciones políticas, excepto la mayoría absoluta del PP, están de acuerdo con que en la Comunitat Valenciana, que tiene una lengua propia, haya una televisión propia que una a los valencianos".

"Otra vez el PP deberá posicionarse y, desgraciadamente, se posicionará a través de su interés partidario y no del interés general de los valencianos", ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que este martes se verá en el Senado una enmienda del grupo socialista sobre la financiación autonómica, "y veremos si el Partido Popular hace lo que dice", es decir, "si lo que dice en Valencia de que está a favor de la mejora de la financiación lo cumple cuando llega la hora de la verdad en Madrid", ha concluido.

Varios medios de comunicación se han dirigido a la Generalitat Valenciana para ocupar las bandas de frecuencia en las que venía emitiendo la Radio Televisión Valenciana (RTVV), según ha reconocido su presidente, Alberto Fabra, en una conversación con periodistas en la recepción del Congreso con motivo del 35 aniversario de la Constitución.

La Generalitat decidió este mes de noviembre cerrar el ente público autonómico tras la anulación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que había impulsado. El fin de las emisiones se produjo a las 12.19 horas del pasado 29 de noviembre. Una semana después, el presidente valenciano reconoce que ya hay medios de comunicación interesados en explotar esas frecuencias y no todos son empresas informativas, sino que algunos están especializados en cadenas de televenta. Es pronto para saber qué hará la Generalitat con esas propuestas.

El Gobierno "hizo lo que tenía que hacer"

Hablando con una periodista de Canal Nou, Fabra ha justificado el cierre de la cadena alegando que, tras la sentencia judicial, no consideraba adecuado volver a plantear un nuevo ERE y empezar otra vez con despidos. "Nuestro compromiso era mantener presupuestariamente una televisión más reducida, pero alguien dijo que no, y no hubo posibilidad de negociar", ha señalado. El presidente valenciano le ha reconocido que entiende la "crítica" y la "desesperación" que tanto ella como los compañeros despedidos están expresando, pero ha insistido en que su Gobierno hizo "lo que había que hacer" y que ahora es el momento de buscar un modelo "asumible" de televisión.

Sin embargo, las protestas de los trabajadores continúan. Un grupo de profesionales de RTVV ha accedido este viernes a las Cortes Valencianas, que celebran una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de la Constitución, y han mostrado desde la bancada del Gobierno fotografías con la imagen de Fabra boca abajo. Coincidiendo con el apagón de la radiotelevisión pública a las 12.19 horas del pasado viernes, los trabajadores han entrado al hemiciclo, han puesto un peto rojo contra el ERE en la tribuna y se han sentado en los escaños del Ejecutivo Valenciano, tal y como muestran las instantáneas difundidas por algunos de los asistentes a través de Twitter.

Por ejemplo, el que fuera presentador de Nou 24, Frederic Ferri, ha ocupado el asiento del presidente, mientras otras caras famosas de la televisión como Joan Espinosa o Amalia Sebastià han ocupado los escaños de Francisco Camps y Rita Barberá. Según han informado a Europa Press fuentes de las Cortes, el acceso de los trabajadores, en torno a 15, se ha producido con total normalidad, sin ningún incidente.

Un numeroso grupo de trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha recibido este lunes al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, con gritos de "Fabra dimissió"; "no teniu vergonya" y "lladres"- "Fabra dimisión", "no tenéis vergüenza, y ladrones - a su llegada a la sede de la Fundación Bancaja para la presentación de un libro sobre empleabilidad universitaria en la comunidad. 

Muchos de los trabajadores venían de la sede del Centro de Producción de Programas de Burjassot (Valencia), donde han presentado un escrito por registro de entrada para dejar constancia de que no les han permitido acceder a su puesto de trabajado tras el apagón de la televisión pública el pasado viernes y la comunicación vía correo electrónico de que pasaban a estar en situación de permiso retribuido.

Los empleados previamente han recibido a la titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, con los mismos gritos de protesta, que han crecido en intensidad a la llegada del jefe del Consell. A su llegada, se han vivido momentos de tensión, ya que los trabajadores han llegado a entrar en el Centro Cultural Bancaja siguiendo al presidente y la policía les ha impedido el paso con un cordón de seguridad.

Cuando los agentes han dejado acceder a la sala a los periodistas de otros medios de comunicación, algunos de los trabajadores de RTVV han intentado acceder mostrando su acreditación y alegando que querían cubrir el acto y hacer preguntas al presidente.

Pero ahora ocurre que, con la apariencia democrática que dan las urnas, la mayoría absolutista decide que ya se vale, que desde las antenas públicas no se pueden seguir formulando críticas a la gestión de la empresa, y en general al desgobierno que nos aflige. Contado por la oposición desde tribuna parlamentaria: una abuela de Castellón comenta que se acaba de enterar por Canal 9 de que Fabra es un sinvergüenza. Imagínense, a estas alturas.

La chapuza, además del autoritarismo, el endeudamiento, el clientelismo y la permisividad con el saqueo, ha sido la tónica general de los gobiernos del PP respecto a “su” empresa pública de comunicación. Rematadamente mal el ERE anulado por los tribunales, la premura en anunciar el apagón, la urgencia para cubrir los huecos de “sus” consejeros y consejeras que acababan de dimitir, el perfil y el fallido nombramiento de los efímeros sustitutos, la aprobación de la ley autorizando el cierre por la vía más rápida y menos democrática, la edición especial del Diari Oficial pocas horas después, la reunión extraordinaria del Consell para destituir al Consejo de Administración y nombrar liquidadores, la grosería con que se ha tratado a diputados, concejales y consejeros de la oposición...y la propia liquidación. (Nunca ningún grave problema de los muchos que han afligido a este país les había activado las pilas de esta manera tan compulsiva. Para mí que les va a dar algo).

Ha sido una chapuza y una cobardía improvisar la reunión de gobierno del viernes a muchos kilómetros de Valencia, pero no se han podido librar del bochorno de tener manifestantes en la puerta ni del que será histórico plantón del resto de periodistas contagiados de dignidad. Qué patética la imagen del vicepresidente dando la referencia oficial en una sala vacía y ofreciéndose al final a contestar preguntas, engorro del que siempre han huido como de la peste. Dicen ahorrar en televisión para pagar servicios públicos, pero durante el apagón miles de personas se quejaban en la calle por la falta de atención a la dependencia y las ONGs contra el VIH denunciaban que las han dejado solas frente al peligro.

La Radio se ha despedido con música: Vergonya, cavallers, vergonya de Al Tall, y Seguirem, de Obrint Pas, grupos legendarios que estos días también se despiden. Y en la Web de RTVV, varias horas después de emitirse su muerte en directo, todavía se anuncia la programación que incluye una película también de lo más apropiado: En la ciudad sin ley.

*Rosa Solbes es periodista y miembro del Consejo de Administración de RTVV por el PSPV-PSOE.

Al mediodía del pasado viernes la señal de Canal Nou se fue a negro. Pero los trabajadores de RTVV no se rinden. "Ahora estudiamos las posibles demandas, tanto por lo civil como por lo penal, que podemos iniciar contra un cierre que consideramos ilegal", han declarado desde el comité de empresa de RTVV a infoLibre. 

"Los trabajadores están demasiado afectados psicológicamente para emprender un nuevo proyecto –ha señalado José Manuel Alcañiz, secretario general del comité de empresa– aún es pronto". Sin embargo, los empleados de Canal Nou se reunirán en diferentes asambleas para "conseguir las mejores condiciones económicas de su despido", ahora "tienen que continuar batallando por sus derechos como trabajadores", ha explicado Alcañiz a infoLibre.

El pasado 6 de noviembre la plantilla tomó el control de las emisiones con una programación especial, después de más de tres semanas de lucha "los trabajadores están hechos polvo", ha señalado Rosa Solbes, ex consejera de RTVV por el PSPV-PSOE. "Los empleados se habían planteado continuar emitiendo en streaming; pero al final han desistido, ha sido un final muy duro". 

Solbes también ha destacado la importancia de "vigilar qué pasa con las instalaciones de RTVV". "Hablamos de un material muy caro, ahora hay que estar alerta para ver qué va a hacer el Consell con todos los equipos". El desmantelamiento de las instalaciones no será más fácil que el proceso burocrático que supone la liquidación del ente. "Se trata de un trámite muy difícil –ha explicado la ex consejera– hay empleados en situaciones muy diversas, existen deudas con proveedores, bancos...". La complejidad de la situación obligará al Consell a "recurrir a una empresa externa capaz de asumir el proceso de liquidación", ha señalado Solbes. 

El comité de empresa, partidos políticos, sindicatos y diferentes organizaciones sociales han convocado para hoy sábado a las 18.00 horas en Valencia y a las 18.30 horas en Alicante manifestaciones para expresar su rechazo a la decisión del Consell de cerrar la televisión y la radio públicas y reclamar la celebración de elecciones anticipadas.

El rechazo a la decisión del gobierno de Fabra y las muestras de apoyo hacia los trabajadores del Canal 9 no se han hecho esperar. La Federación de Sindicatos Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, junto con diferentes organizaciones, han condenado el cierre de RTVV y han señalado el peligroso precedente que supone el cierre de una televisión pública para la libertad de información. 

"Golpe a la democracia y al derecho a la información de la ciudadanía"

La Federación de Sindicatos de Periodistas ha condenado "con toda rotundidad" el cierre de RTVV. La federación ha lamentado que Alberto Fabra haya optado por "cargar sobre los trabajadores las consecuencias de la mala gestión, la escandalosa manipulación, la utilización política y el sobredimensionamiento de la plantilla por intereses partidistas que han llevado a cabo sus antecesores en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana y Francisco Camps, y que él no ha resuelto".

"No sólo no ha intentado poner freno a esa situación, sino que ha preferido enviar al paro a 1.700 personas, ocasionar graves perjuicios a varios miles más que dependían de manera indirecta de la cadena y privar a la ciudadanía de una televisión pública que sirviera para cohesionar a la sociedad valenciana y defender su lengua cooficial", ha señalado la organización.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP ha mostrado su solidaridad a los trabajadores y ha lamentado que "un gobierno que se confiesa demócrata haya sido capaz de dar este golpe a la democracia y al derecho a la información de la ciudadanía". 

"Un golpe a la libertad y pluralismo informativo"

Reporteros Sin Fronteras (RSF) también ha condenado la decisión del Gobierno de la Generalitat Valenciana. "La decisión del primer cierre de un medio público en España supone un grave precedente para el futuro de otros servicios informativos públicos, y un ataque frontal para un bien tan esencial en una democracia como es la libertad de información", ha afirmado la presidenta de la organización en España, Malén Aznárez.

Reporteros sin Fronteras ha denunciado que "el gobierno de la Generalitat Valenciana utilizó durante años la televisión pública como un coto privado para sus intereses políticos, estableciendo todo tipo de desmanes económicos y censuras informativas, y en el momento que le ha interesado ha procedido a su cierre sin estudiar otras posible alternativas, ni negociación alguna con los profesionales de ambos medios".

RSF ha indicado que los medios de comunicación públicos como RTVV tienen un compromiso con los ciudadanos, a quienes pertenecen, con independencia del poder de turno, y que el cierre de RTVV supone "un golpe a la libertad y pluralismo informativo, y un nuevo fracaso de la información pública en nuestro país".

Consecuencias "letales" para el valenciano, la vertebración territorial y la cohesión social

El pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha advertido de las consecuencias "letales" que el cierre de RTVV tendrá sobre el valenciano, la vertebración territorial y la cohesión social.

La AVL ha reclamado tanto al Consell como a las Corts Valencianes que trabajen para "la recuperación de unos medios de comunicación propios, públicos y en valenciano garantes de la cultura, las tradiciones y la lengua de nuestro pueblo".

"Fabra pasará a la historia como un cobarde y un liquidador de RTVV"

Intersindical Valenciana ha exigido la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por "cerrar las emisiones de Radio Televisión Valenciana sin respetar la voluntad del pueblo valenciano", una decisión que "vulnera el programa electoral con el que concurrió el PP a las elecciones autonómicas".

Mediante un comunicado, el sindicato ha criticado que el cierre de RTVV "no está justificado desde el punto de vista económico, sino desde el político, como lo reconoce la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana". "El golpista Fabra pretende que sus amigos hagan caja a expensas de la RTVV de los valencianos", ha destacado.

Intersindical Valenciana ha señalado que Fabra debe "presentar su dimisión y convocar elecciones anticipadas", ya que "no cuenta con el apoyo de la mayoría de la sociedad valenciana".

La organización ha hecho un "llamamiento" al conjunto de la sociedad valenciana a "rebelarse contra esta injusticia cometida por el PP y Fabra", que considera una "traición clara y manifiesta a todo el pueblo valenciano". "Fabra pasará a la historia como un cobarde y un liquidador de RTVV".

La televisión pública es un "servicio público esencial"

El secretario de Comunicación, Cultura y Artes Gráficas de la Federación de Servicios de UGT (FES-UGT), José María García, ha recordado que la televisión pública es un "sevicios público esencial", como la educación o la sanidad, y ha tachado de "completamente vergonzoso" el cierre.

"Estamos hablando de un servicio público esencial equiparable a la educación y la sanidad, algo que los ciudadanos deberían comprender", ha señalado. Por su parte, también ha lamentado que se prive a los valencianos "del derecho a la información en su propia lengua".

Los trabajadores de Telemadrid, Onda Madrid y el E.P.RTVM han emitido un comunicado para mostrar su rechazo al cierre de la radiotelevisión pública de los valencianos. 

"No es de recibo que una institución pública desacate una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia", han señalado en relación al cierre de Canal Nou. "La democracia de este país se encuentra en peligro. Decisiones arbitrarias, injustificadas y seguramente ilegales como ésta así lo demuestran", han recalcado. 

Desde Salvemos Telemadrid han señalado la mala gestión de RTVV como la principal causa de su cierre. "El desvío durante años de dinero público a manos privadas tanto en Canal Nou como en Telemadrid es la verdadera razón de la situación actial de estas empresas públicas".

También han recalcado que "Fabra ha ignorado las propuestas de viabilidad de los trabajadores que implicaban importantes sacrificios económicos y renuncias de derechos sin siquiera probar su viabilidad".

Desde los diferentes comités de empresa han animado a los trabajadores de Canal Nou a "seguir con su lucha hasta que la razón y la justicia se impongan a estas medidas dictatoriales". 

Efectivos policiales acompañados del juez del Juzgado de Instrucción número uno de Paterna (Valencia) han entrado este viernes a las 12.15 del mediodía en la sala de control central de Canal Nou, en los estudios centrales de la cadena en Burjassot (Valencia). Poco después, a las 12.19 horas, la señal se ha ido a negro.

Durante esos cuatro minutos de tensión, trabajadores reunidos en el plató de la cadena han protestado por el cierre y han gritado "esto es un golpe de Estado". Inmediatamente después de apagarse Canal Nou, ha comenzado el desalojo del edificio.

Este mismo viernes, el juzgado de Paterna había ordenado, hacia las once de la mañana, el desalojo "inmediato" de las instalaciones de Radio Televisión Valenciana (RTVV) en Burjassot, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en su cuenta de Twitter.

El órgano judicial, con informe favorable del fiscal, ha acordado las medidas cautelares pedidas por la comisión liquidadora de la sociedad pública, que defiende que los trabajadores han cometido los delitos de usurpación de instalaciones y coacciones. Según informa el TSJCV, si el desalojo de RTVV "no se produce de foma inmediata y voluntaria, se procederá al desalojo del edificio por la fuerza policial".

Una larga noche

A lo largo de toda la noche, los trabajadores de Canal Nou han resistido los intentos de Alberto Fabra (PP) por acabar con la emisión. Pese a que efectivos policiales y técnicos se han personado en los estudios centrales de la cadena para apagarla, no habián tenido éxito. De hecho, según informa la edición digital del diario Levante, el técnico encargado de ejecutar el apagón de RTVV se habría negado durante horas.

La confusión había comenzado con una reunión del Ejecutivo regional a las 18.30 horas del jueves. En ese encuentro, el Consell aprobaba el decreto de cese de emisiones y nombraba de urgencia a la comisión liquidadora. El trío encargado del cierre está formado por el antiguo director financiero de Canal Nou, Antonio Hervás, y los abogados Carlos Cervantes y Pau Pérez.

Poco después, una edición excepcional del Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana recogía el decreto, marcando la entrada en vigor de la orden de cesar las emisiones. La primera víctima ha sido Nou Radio. Ha dicho adiós a las ondas sin aviso previo y en mitad del espacio deportivo La Taula Esportiva. Los locutores conocieron la noticia tras los avisos de los oyentes a través de las redes sociales, aunque durante la mañana del viernes han vuelto a emitir a través de la frecuencia de Sí Radio.

Salta la alarma

Fue entonces, al perderse en las ondas la radio, cuando saltaron todas las alarmas entre los trabajadores de Canal Nou, la cadena de televisión. El informativo de la noche del jueves informó del apagón radiofónico y, mientras frente a los estudios de Burjassot se concentraban numerosos empleados, se ha decidido prolongar el horario del noticiero, que finalmente ha abarcado toda la madrugada.

Al tiempo que los periodistas se desplazaban hacia los estudios, la Policía ha acordonado el edificio, ha impedido el paso a los empleados hasta más allá de las 02.00 horas y dos técnicos ajenos a Canal Nou han intentado hasta en tres ocasiones, sin éxito, acceder a la sala de control central para cortar la emisión. Ante la ausencia de una orden judicial, los trabajadores les han cortado el paso.

Poco después, hacia las 03.10 horas de la madrugada, el personal de Canal Nou ha recibido en su correo electrónico una comunicación: han pasado a estar en situación de permiso retribuído, lo que en la práctica significa mantener el sueldo sin necesidad de acudir al puesto de trabajo. Sin embargo, una amplia mayoría ha decidido no abandonar sus posiciones, y la emisión ha continuado.

Enfado monumental

En paralelo, el enfado ha crecido. Unas 50 personas, entre trabajadores y ciudadanos, han recibido a gritos al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a su llegada a la localidad alicantina de Ibi, donde el Gobierno regional celebra este viernes el pleno ordinario, al grito de "Fabra dimisión" y "Fabra da la cara".

Una treintena de trabajadores de RTVV del Centro de Producción de Programas se han trasladado a la localidad alicantina para exigir a Alberto Fabra que dialogue y para mostrar su rechazo al cierre del ente público. A ellos se han sumado una veintena de ciudadanos de Ibi que exigen la restitución del servicio de ambulancia 24 horas, que el Gobierno valenciano ha eliminado en la localidad juguetera.

"La intención es seguir en Ibi y luego bajar a Alicante para mostrar nuestro rechazo durante la rueda de prensa que ofrecerá el vicepresidente del Consell, José Ciscar", ha declarado a Europa Press el periodista de Nou Ràdio Francesc Manel Anton.

Denuncias cruzadas

Las que probablemente pueden ser las últimas horas de la emisión de Canal Nou se han convertido así en un espacio de denuncia constante de la mala gestión realizada, según los trabajadores, por el PP en Canal Nou. Miembros de la oposición política y representantes de los trabajadores se han sumado al programa, que también ha retransmitido la televisión catalana TV3.

"Lo que tenemos que hacer es mantener la serenidad y seguir trabajando. Queremos trabajar, nada más", ha dicho el presidente del Comité de Empresa, Vicent Mifsud. "No estamos cometiendo ninguna ilegalidad", ha subrayado por su parte la vicepresidenta del mismo Comité, Salut Alcover. "Nosotros no vamos a cerrar, quien quiera hacerlo que venga y cierre, aquí le esperamos", ha añadido.

"En el futuro habrá una televisión pública viable", ha dicho Marga Sanz, coordinadora de Esquerra Unida (EUPV), quien también ha denunciado la "tremenda serie de irregularidades" que el Gobierno del PP ha cometido según sus palabras en el proceso de cierre de Canal Nou. Por su parte, Enric Morera, portavoz de Compromís, se ha sumado al deseo de una nueva futura radiotelevisión pública en valenciano y ha destacado la "dignidad" de los trabajadores en un día que ha calificado de "negro".

En la misma línea, Juan Soto, diputado del PSPV-PSOE, ha asegurado que lo vivido durante la noche es "un momento surrealista propio de repúblicas bananeras" y ha exigido "unir energías" para "acabar con uan anomalía democráctica". Así, Soto ha pedido la dimisión de Alberto Fabra y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Finalmente, a las 05.45 horas, los presentadores del espacio informativo especial han informado de que se ha recibido en la sede la cadena la denuncia interpuesta por la Generalitat contra los trabajadores por usurpación.

El Generalitat Valenciana ha despachado la propuesta de negociación de los trabajadores de Canal Nou a pocas horas de que se vote en Les Corts la propuesta de ley del PP que abre la puesta al cese inminente de las emisiones. El argumento es, nuevamente, el empleado en las últimas semanas por los conservadores para justificar el cierre del ente: el coste es inasumible y negociar ahora es inviable, porque supondría dar continuidad al dispendio.

Así, este miércoles a partir de las diez y media de la mañana, la mayoría absoluta del PP dará luz verde en el parlamento regional a la iniciativa para suprimir la actividad en la radiotelevisión pública valenciana. El texto legal recuerda la reciente sentencia de nulidad del ERE de más de un millar de trabajadores. Consecuencia directa de esa decisión judicial es, sostiene el texto, la necesidad del cierre.

A partir de la aprobación de la propuesta del PP, se abré un periodo de incertidumbre en el que Canal Nou podrá irse a negro en cualquier momento: bien inmediatamente después de la aprobación de la norma, bien tras la reunión el Gobierno de Fabra el próximo viernes. También cabe la posibilidad de que el Ejecutivo regional opte por mantener en activo la cadena mientras negocia la extinción de todos los contratos. Sea como sea, Canal Nou quedará sentenciada.

Un plan frustrado

Como última vía para salvar Canal Nou y hacer viable la empresa, los trabajadores habían pactado en las últimas fechas un plan que remitieron a la Generalitat y que presentaron al vicepresidente autonómico, José Císcar. Entre otras medidas, ha indicado a infoLibre el vicepresidente del Comité de Empresa, Vicent Mifsud, ese paquete de medidas incluía en una primera fase bajas y reducciones de jornada voluntarias y prejubilaciones.

En esta línea, ha detallado que la propuesta buscaba "que no permanezca en Canal Nou quien no quiera y que no regrese quien no quiera volver". Los cálculos de fuentes sindicales apuntan a que 300 personas no regresarían a su puesto de trabajo. Posteriormente, ha detallado Mifsud, se planeaba la posibilidad de prejubilar a los hasta 155 trabajadores que tienen más de 55 años.

De forma adicional, el plan del Comité de Empresa incluía reducciones voluntarias de la jornada laboral y la amortización de 32 puestos por prejubilaciones parciales y contratos de relevistas que concluían en 2014. Por último, se contemplaba la congelación del salario y de todos los complementos.

Los costes laborales resultantes de la propuesta, ha señalado Mifsud, eran los equivalentes a 919 trabajadores a tiempo completo. O lo que es lo mismo, un ahorro de hasta 28 millones de euros sobre los niveles actuales. Los empleados del ente presentaron además un compromiso adicional: si el presupuesto previsto por la Generalitat para 2014 no era capaz de cubrir los costes tras aplicar el primer paquete de medidas, toda la plantilla se sometería a un ERE temporal de 45 días anuales de suspensión de empleo y sueldo en 2014 y 2015.

Costes inasumibles

En respuesta a la propuesta de los trabajadores, el vicepresidente del Consell, el Gobierno regional valenciano, José Císcar, ha respondido por escrito al Comité de Empresa que "no hay tiempo material de renegociar un nuevo modelo organizativo" en Canal Nou. "Una renegociación significaría –ha añadido– continuar manteniendo, hasta nadie sabe cuándo, el escenario insostenible de una plantilla de casi 1.700 trabajadores, de acuerdo con la sentencia de nulidad del TSJCV".

Císcar añade que "aprecia la predisposición a rebajar los sueldos de la plantilla", pero echa en cara al Comité de Empresa no haber aceptado esa rebaja en agosto de 2012, "cuando había un ERE en periodo legal de negociación, y la dirección de RTVV propuso a la plantilla un sacrificio salarial de entre el 7% y el 15% para salvar 200 puestos de trabajo adicionales".

Respecto a las propuestas concretas realizadas por el comité, cuyo "esfuerzo" destaca, indica que su oferta "no responde a un modelo organizativo sobre el que se pueda trabajar" o "realizar estimaciones razonables" y que, además, "resulta indefinida e indeterminada en muchos aspectos", tales como que "no contiene una cuantificación exacta del número de trabajadores que no se reincorporarían, tan sólo trabaja con hipótesis 'de unas 300 personas'".

Tras la negativa de la Generalitat a negociar, el Comité de Empresa ha reiterado su "total oposición" al cierre y ha responsabilizado a Alberto Fabra y al PP valenciano. De igual forma, ha advertido de que los trabajadores "continuarán trabajando por mantener el servicio" y ha insistido en que su intención ha sido siempre "negociar sobre el futuro de la empresa". "Han sido la Generalitat Valenciana y la Dirección General de la empresa los que no han tenido la voluntad de encontrar una solución viable", ha zanjado.

El Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV) ha publicado hoy el criterio favorable del Consell para la extinción, disolución y liquidación de Radio Televisión Valenciana (RTVV) SAU. La Generalitat señala que tras la anulación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), los gastos "no se pueden asumir". 

El Consell recuerda que las Corts aprobaron la Ley 3/2012 del 20 de julio de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. Este ley estableció el régimen jurídico de Radio Televisión Valenciana, SAU, encomendándole la gestión del servicio público, que se concretaría a través del correspondiente contrato-programa.

El texto añade que la situación económica y financiera que atravesaba el ente público determinó que, entre las medidas a adoptar, se llevasen a cabo "actuaciones para el redimensionamiento de una plantilla con más de 1.600 trabajadores", con el objetivo de "facilitar la viabilidad de la empresa, de manera que la nueva mercantil pudiera prestar el servicio en condiciones de eficiencia y sostenibilidad".

Al respecto, hace referencia a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y obliga a readmitir a más de 1.000 trabajadores afectados por el despido colectivo.

La continuidad de la empresa es "inviable"

Sobre este asunto, señala que dicha readmisión "hace inviable la continuidad de la empresa", puesto que "el coste de personal que genera el mantenimiento de dicha plantilla sobredimensionada, unido a los de funcionamiento de la sociedad, suponen un elevado nivel de gastos que la Generalitat no puede asumir en unos momentos en los que la escasez de recursos económicos y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos".

En esta línea, resalta que todas estas circunstancias "explican la necesidad, para poder garantizar el mantenimiento de servicios básicos, de que se suprima la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat".

Para la Generalitat, esta "necesidad encuentra absoluta justificación en las razones que recoge la exposición de motivos de la proposición de ley y que, en último término, no son otras que la protección del interés general de todos los valencianos".

Por ello, a propuesta del vicepresidente del Consell, el Gobierno valenciano ha acordado manifestar a las Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de RTVV SAU.

El diputado socialista en las Corts Josep Moreno ha acusado al PP de estar "organizando la destrucción y desaparición de todas las pruebas" que, a su juicio, "demuestran que los casi 1.300 millones de euros que han desaparecido de Radio Televisión Valenciana (RTVV) han sido saqueados pagando favores, pagando a productoras por productos inexplicables o no emitidos y destinando ese dinero a cosas que no eran hacer viable" el ente.

Asimismo, ha pedido a todos los grupos parlamentarios que den apoyo a la comisión de investigación solicitada por su grupo "para que se audite y se investigue hasta la última factura y hasta el último contrato" de la sociedad pública.

Josep Moreno ha resaltado que "el encargo fundamental" que el Partido Popular ha hecho al "quinteto de liquidadores" –en referencia al nuevo director general de RTVV, Ernesto Moreno, y a los cuatro consejeros elegidos por el PP– es "recuperar el control político" de la sociedad, pero también "recuperar el control de los documentos". En su opinión, esto "explica los registros" a trabajadores de la cadena.

El parlamentario socialista ha criticado que el "saqueo" llevado a cabo en la radio y la televisión públicas se ha realizado mediante "un mecanismo basado en tres ejes" como son, según ha dicho: "sobrecostes de mayor magnitud que los de los grandes eventos y las obras faraónicas, contratos inexplicables y abusos de gastos de las líneas de dinero público".

Al respecto, ha puntualizado que, según documentos que les han facilitado trabajadores de la empresa, ha habido "sobrecostes de manera continua". En este sentido, ha indicado que frente los 5.617 euros que cuesta por hora la programación adjudicada recientemente, RTVV pagó en 2012 por cada programa de Dame un beso más de 60.000 euros, "más de diez veces más del precio de mercado", ha denunciado.

El diputado autonómico también ha denunciado la "dinámica de saqueo" por parte de directivos de la televisión y la radio. Al respecto, ha aseverado que el exdirector de Ràdio Nou Jesús Wolstein "cargó por extras de habitación en un hotel de Alicante por tres días 1.666 euros".

Según Josep Moreno, "estos son granos de arena, muestras absolutamente accidentales del saqueo sistemático de RTVV por parte del Partido Popular". "Si esto es lo que ha caído de un camión un día, imagínense qué había en el edificio", ha manifestado.

El nuevo presidente de la radiotelevisión pública valenciana (RTVV), Ernesto Moreno, nombrado de forma provisional mediante un decreto del Gobierno de Alberto Fabra (PP), ha comparecido este viernes en el marco de la comisión de control de Les Corts para cumplir con el trámite destinado, sobre el papel, a evaluar su idoneidad para el cargo.

Moreno ha reconocido que no es un "director al uso", puesto que llega al ente en un momento "complicado" marcado por la "difícil decisión" de liquidar la cadena pública. Ante esa dificultad, ha prometido "colaborar con todas las partes" para garantizar "los derechos de los trabajadores", algo que, según sus palabras, es su "principal prioridad".

El que con toda seguridad será quien lleve a negro la emisión de Canal Nou, ha insistido en que la voluntad del Gobierno del PP ha sido siempre "mantener el servicio" y ha empleado los mismos argumentos de los conservadores al justificar la decisión del cierre ante la "inviabilidad" de readmitir a la plantilla tras la declaración de nulidad del ERE de la cadena, un ERE que, ha añadido, era "imprescindible" para lograr un proyecto "dimensionado, eficaz y sostenible".

El nuevo director también ha dado por bueno el decretazo con el que Fabra nombró a los nuevos miembros del Consejo de Administración sin pasar por Les Corts. La dimisión de la anterior directora y los consejeros nombrados por el PP, ha dicho a este respecto, creó una situación de "vacío absoluto de poder" que obligaba a una decisión "con sentido de responsabilidad".

Finalmente, Moreno ha afirmado que, por "su formación y experiencia", puede conducir la empresa "hasta el final" de la manera "más eficaz".

El 'killer' de un símbolo

Tras su intervención, Moreno ha tenido que afrontar duras críticas de los grupos de la oposición. "Usted está aquí para concluir una gran chapuza", le ha dicho Josep Lluis Moreno Escrivà, del PSPV-PSOE. El parlamentario socialista también ha recomendado a Moreno que "vea El Verdugo, de Berlanga". "Pero no la vea con sus hijos –ha añadido–, porque se preguntarán '¿Qué hace papá en la tele?'. Véala a solas para ver el personaje en el que va a convertirse".

En la misma línea, Enric Morera, de la Coalición Compromís, asegurado que todas las decisiones que tome Moreno pueden ser "nulas de todo derecho" e incluso "ilegales". "Usted va a hacer un papelón", le ha espetado.

El parlamentario de Compromís también ha recordado el pasado de Moreno al frente del Palau de les Arts Reina Sofía: "Ha contratado a dedo, ha contratado ilegalmente, ha autocontratado... usted de buen gestor tiene bien poco", le ha acusado. Morera ha añadido que el debate no debe ser "cómo se cierra RTVV", sino "lograr vías para su viabilidad". 

Finalmente, Ignacio Blanco, de Esquerra Unida (EUPV) le una directa pregunta en su intervención: "¿Qué tipo de personaje aceptaría despachar a todos los trabajadores y cerrar el patrimonio de todos los valencianos?". Blanco ha calificado a quien acepte un cargo así de "liquidador", "mercenario" y "pistolero". "El killer", ha concluido.killer Blanco también ha repartido culpas: "Usted acepta mancharse de sangre, pero tan culpables son Fabra, Císcar y los 55 diputados del PP como usted".

El PP acelera el paso

Por su parte, el PP ha calificado de "sincera" la intervención de Moreno y le ha dado una bienvenida cordial. El PP también ha presentado la proposición de ley para extinguir, disolver y liquidar RTVV, que se publica este viernes en el Boletín Oficial de la Comunitat Valencina.

La norma deroga la Ley 3/2012 de 20 de julio de Estatuto de Radio Televisión Valenciana. Asimismo, señala que, como consecuencia de la supresión de la prestación de los servicios de radio y televisión y el cese de las emisiones, se producirá la extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla.

Al respecto, recuerda que la sentencia del TSJCV declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y obliga a readmitir a los más de mil trabajadores, pero "dicha readmisión hace inviable la continuidad de la empresa", ya que "la Generalitat no puede asumir los costes en unos momentos de crisis económica y en los que la escasez de recursos económicos le obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos".