Varias manifestaciones convocadas por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) en toda España han exigido una solución política para los afectados por los casos de fraude de Fórum-Afinsa-Arte y Naturaleza, según informa Europa Press.

Ante una gran pancarta que decía: "Responsabilidad de la justicia de las Administraciones Concursales, por la finalización inmediata del caso y solución a los afectados: 13 años en lucha y 470.000 familias", los manifestantes han pedido responsabilidades a los encargados de la liquidación de las empresas implicadas en el caso.

La movilización de Madrid comenzó a las 12.00 horas en Cuesta de Moyano, justo en la Plaza de Atocha, y recorrió todo el Paseo del Prado hasta la Plaza de las Cortes. Además de en la capital, también había movilizaciones programadas en València, Zaragoza, Barcelona, Badajoz, Sevilla, Málaga, Granada, Oviedo, Valladolid, Alicante, Cáceres, Murcia, Las Palmas, A Coruña, Girona, Tarragona, Almería y Logroño.

En la manifestación de Madrid, donde varios miles de afectados han partido de Atocha coreando lemas como "Sí se puede, pero no quieren", o "Si esto no se escucha, iremos hasta Europa", ha tenido lugar ante el Congreso de los Diputados la lectura del manifiesto y la intervención del presidente de Adicae, quien ha destacado que los partidos son quienes pueden resolver el problema, 13 años después mientras "la Justicia ha fallado estrepitosamente, arremetiendo además contra unos procedimientos concursales que en más de una década no han liquidado las empresas para resarcir a los afectados", tal y como afirma la asociación en un comunicado.

En la manifestación, el presidente de la asociación, Manuel Pardos, ha recordado que Adicae llevará a España ante el Tribunal de Estrasburgo por estos fraudes. En concreto, la actuación tendrá dos vertientes: la primera ante la Unión Europea, donde se elevará una queja por el "anormal funcionamiento" de la justicia, y en segundo lugar ante el Consejo de Europa "por la posible vulneración de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales". La tardanza, además de la demanda europea, podría conllevar la interposición por parte de Adicae de otra demanda de responsabilidad patrimonial del Estado por el mismo motivo: anormal funcionamiento de la justicia.

"Se trata de un fallo multiorgánico que no ha logrado justicia, la vía penal apenas ha condenado a los dirigentes de la estafa, ni resarcimiento de los ahorros para los perjudicados", ha recalcado Pardos.

Casi medio millón de afectados

La estafa, que concluyó en el año 2006 tras la intervención de las sociedades y afectó a casi medio millón de personas a las que se les defraudó más de 5.900 millones de euros, consistía en la captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores con el compromiso de devolver en el plazo determinado un interés añadido superior al de las entidades financieras.

El motivo que alegaba para retribuir el dinero que recibían era la inversión en valores filatélicos. En la publicidad de sus productos sostenían que los sellos se revalorizaban de manera constante y sostenida. La actividad se formalizaba en contratos-tipo de compraventa de lotes de sellos que encubrían la realidad económica de la transacción.

El inversor compraba, según decían, por un precio equivalente al valor de la filatelia que le adjudicaban, asumiendo la compañía el compromiso de recompra por el que se obligaba a devolverle en un plazo el dinero aportado más la rentabilidad acordada.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano Cuevas y los principales directivos de la filatélica, condenados por los delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales ante la estafa piramidal que se produjo con la compraventa de sellos.

Los condenados tienen un plazo de diez días para ingresar en prisión de acuerdo con la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press que determina que, de no hacerlo en este plazo, se librarán las oportunas órdenes de búsqueda y captura.

La Audiencia Nacional condenó en julio de 2016 a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa a penas de hasta 12 años de cárcel. Determinó que se trató de una estafa de estructura piramidal que afectó a 190.000 "ahorradores procedentes de las clases medias" que buscaban guardar fondos para la jubilación o hacer frente a situaciones de crisis.

En relación a las fianzas prestadas para garantizar la libertad provisional de los condenados, la Audiencia Nacional determina que serán devueltas en el momento procesal oportuno, es decir, una vez que ingresen en prisión o se les suspenda la ejecución de la pena privativa de libertad.

Reducción de penas del Tribunal Supremo

El pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos de casación presentados por los condenados y rebajó a ocho años de prisión las penas de cárcel para los cinco principales exdirectivos de Afinsa por los delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales.

Así, la condena de Cano Cuevas pasó de 12 años y 10 meses a 8 años y 7 meses; mientras que para Albertino de Figueiredo, Carlos de Figueiredo y el exdirector general de Afinsa Vicente Martín Peña su condena quedó reducida a penas de entre ocho años y cuatro meses y ocho años y medio y multa de 100.000 euros por los mismos delitos. También se le rebajó a ocho años y cuatro meses a Emilio Ballester López como cooperador necesario mientras que en el caso de Francisco Guijarro Lázaro su condena quedó reducida a dos años de prisión.

El alto tribunal impuso en su resolución que todos ellos junto con el exdirector del departamento jurídico de Afinsa, José Joaquín Abajo Quintana, (para quien confirmó 6 años y 3 meses de cárcel como cooperador necesario de la estafa) una indemnización de forma conjunta y solidaria de 2.574 millones de euros a los 190.022 pequeños inversores afectados, siendo Afinsa Bienes Tangibles SA responsable civil subsidiaria del pago de dichas cantidades. Quedaron absueltos Francisco Blázquez y Ramón Ergubide.

Sellos sin valor de mercado

El Tribunal Supremo destacó en su resolución que la filatélica aparentó un incremento entre los años 1998 y 2006 de más de 95 millones de euros cuando en realidad acumulaba un saldo negativo de 2.000 millones de euros.

Detalló parte de la dinámica establecida por los condenados consistente en que cuando vencían los contratos y los pequeños inversores decidían recuperar el dinero depositado, "nunca procedían a realizar el valor que, según afirmaban, tenían los sellos, sino que utilizaban las cantidades entregadas por nuevos clientes para las devoluciones a los anteriores, sin que en ningún caso su activo quedara engrosado por un bien tan valioso como se decía".

Esto era así porque los sellos solamente tenían el valor que la propia Afinsa le adjudicaba, sin relación alguna con el valor que pudiera tener para terceros en función de las características de los sellos concretos adjudicados a cada cliente. Por tanto los clientes creían que generalmente se revalorizaba por encima del interés que proporcionaban los bancos pero no fue así porque lo sellos no tenían el valor que Afinsa les reconocía a efectos de sus propias cuentas.

El Tribunal Supremo ha rebajado a ocho años las penas de cárcel para los cinco principales exdirectivos de Afinsa, entre ellos el expresidente Juan Antonio Cano Cuevas, por delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales ante la estafa piramidal que se produjo con la compraventa de sellos en la empresa filatélica, ha informado Europa Press.

El alto tribunal estima en parte los recursos de casación planteados por estos cinco acusados contra la sentencia inicial de la Audiencia Nacional, de julio de 2016, ya que, aunque ratifica que todos ellos cometieron los mismos delitos que estableció la Audiencia, señala que hubo un concurso ideal entre los delitos de estafa e insolvencia, y un concurso medial entre éstos y el delito de falsedad de las cuentas anuales.

Esto supone reducir la condena del expresidente de Afinsa, Cano Cuevas, de 12 años y 10 meses a 8 años y 7 meses; y en los otros cuatro casos pasar de 11 años de cárcel a 8 años. Se trata de Albertino y Carlos Figueiredo, Vicente Martín Peña, y Emilio Ballester López, los tres primeros condenados como autores de los mismos delitos, y el cuarto como cooperador necesario de los mismos.

Además, los cinco mencionados más el director del departamento jurídico de Afinsa, José Joaquín Abajo Quintana, para quien se confirman 6 años y 3 meses de cárcel como cooperador necesario de la estafa, deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria con 2.574 millones de euros a los 190.022 pequeños inversores siendo Afinsa Bienes Tangibles SA responsable civil subsidiaria del pago de dichas cantidades.

En la sentencia, de la que es ponente el magistrado Miguel Colmenero, se destaca que el engaño consistió en hacer creer a los inversores que su dinero estaba soportado por un bien líquido, que solo lo era para Afinsa y dentro de su propio ámbito de mercado, interior y, de hecho, cerrado a terceros; y que tenía un valor real equivalente a la propia cantidad de dinero entregada.

Sin valor de mercado

La Sala Segunda explica que al vencimiento de los contratos, cuando los inversores decidían recuperar el dinero depositado, los acusados "nunca procedían a realizar el valor que, según afirmaban, tenían los sellos, sino que utilizaban las cantidades entregadas por nuevos clientes para las devoluciones a los anteriores, sin que en ningún caso su activo quedara engrosado por un bien tan valioso como se decía".

Precisa en su resolución de 240 páginas que esto era así porque los sellos solamente tenían el valor que la propia Afinsa le adjudicaba, sin relación alguna con el valor que pudiera tener para terceros en función de las características de los sellos concretos adjudicados a cada cliente. Por tanto, los clientes creían que generalmente se revalorizaba por encima del interés que proporcionaban los bancos pero no fue así porque los sellos no tenían el valor que Afinsa les reconocía a efectos de sus propias cuentas.

Para el Tribunal Supremo, el dinero recibido por Afinsa no generaba ningún ingreso y la compañía carecía de otra fuente de entrada de capital, de manera que para devolver lo antes recibido no disponía de aquella parte que ya había gastado en su funcionamiento. A cambio, detalla la sentencia, Afinsa recibía los sellos que había vendido, por lo que había pagado en el mercado a un precio muy inferior.

Los magistrados apuntan que la comparación de los fondos propios que anotaban en sus cuentas anuales, con la realidad económica de la actividad de Afinsa refleja la situación de "insolvencia creciente", cuantificada en un patrimonio neto negativo a 9 de mayo de 2006 año en que contaban con 150 millones de sellos y en el que se produjo la intervención.

Agujero de casi 2.000 millones

La resolución detalla en un cuadro la evolución de fondos en Afinsa desde 1998 hasta el mismo 2006 detallando que aunque la filatélica aparentó un incremento en esos años de más de 95 millones de euros, en realidad acumulaba un saldo negativo de 2.000 millones de euros.

"No consta que en alguna ocasión Afinsa acudiera al mercado para vender los sellos que devolvían los clientes", explican los magistrados que matizan que el cálculo que se efectuaba era "ficticio" y que por tanto "ha de rechazarse" que ninguna persona pueda considerar que es conforme a derecho obtener dinero de unas personas prometiéndoles su devolución con intereses que luego no recibieron.

Han pasado 11 años y las 477.000 familias afectadas por Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza siguen sin obtener una solución. Por ello, este sábado 2.000 personas tomaron las calles de Madrid para exigir una respuesta por parte del Estado y las instituciones bajo el lema Solución Política y Justicia Ya.

En el transcurso de la marcha, se pudieron escuchar lemas como "movilización hasta la solución", "se norte a sur, de este a oeste la lucha sigue cueste lo que cueste", "ya está aquí, ya llegó el corralito español", entre otras consignas.

“El 19 de noviembre de 2014, en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, todos los grupos parlamentarios, por unanimidad, hicieron una  proposición no de ley que instaba al Gobierno a dar una solución para los afectados”, según explica a infoLibre Antonio Pulido, de la asociación de consumidores Adicae.

Esta solución podría pasar por la compra por parte del Gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de los créditos que tienen reconocidos los afectados en el procedimiento concursal, una propuesta que Adicae reclama desde hace años.

La deuda ascendería a unos 4.000 millones de euros y en estos 11 años solo se han logrado mínimas devoluciones: los afectados de Fórum han recuperado un  20,5% de lo invertido; los de Afinsa, un 10% y en el caso de los damnificados por Arte y Naturaleza, nada. Adicae contempla que no se cubra la totalidad del "agujero", es decir, que el Gobierno no adquiera la totalidad de la deuda, pero Pulido también recuerda que "mas se ha invertido para rescatar a las entidades financieras". 

Desde la asociación también señalan que están retomando las conversaciones con los grupos parlamentarios para hacer efectivo lo acordado por unanimidad –“desde Esquerra Republicana al PP”, insiste Pulido– en 2014. Las respuestas que han obtenido hasta el momento son de “solidaridad y comprensión”, pero también señalan que se mantiene la “inacción" por parte de los partidos "a la hora de presentar una propuesta de solución en firme".

La asociación recuerda en un comunicado de prensa que el juicio penal de Fórum Filatélico comenzará en septiembre y que en los próximos meses llegará la sentencia firme de Afinsa y Arte y Naturaleza, además de la resolución del recurso de los condenados en el caso Afinsa.

Solo en Madrid hay 120.000 afectados, pero a la manifestación también acudieron personas de las principales zonas perjudicadas como Ciudad Real, Valladolid y Zaragoza. La marcha partió de Alonso Martínez hasta concluir en la plaza de Colón, tras entregar en la sede del PP un escrito dirigido a Mariano Rajoy en el que se reitera la propuesta de solución reclamada por Adicae.

La Audiencia Nacional decretó en una vista celebrada este jueves la libertad sin fianza para los siete directivos de Afinsa condenados a penas de prisión de hasta 12 años y para los que se pedía el ingreso efectivo en la cárcel. Esto supone que permanecerán libres hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la resolución, en respuesta a sus recursos de casación.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tomó esta decisión después de estudiar, a petición de la Fiscalía y de las acusaciones, si estas siete personas debían entrar en prisión inmediatamente. Este mismo tribunal les condenó este miércoles junto a otros cuatro exdirectivos de la empresa filatélica por los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por la considerada mayor estafa piramidal de España. Los siete condenados para los que se pedía el ingreso efectivo en la cárcel son el expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano y de los exdirigentes Albertino de Figueiredo, Emilio Ballester, Carlos de Figueiredo, Vicente Martín, Francisco Guijarro y José Joaquín Abajo.

Durante la vista, el fiscal solicitó la prisión provisional para Cano, Albertino de Figueiredo, Ballester, Carlos de Figueiredo y Vicente Martín, mientras que para Guijarro y Abajo ha pedido la libertad provisional bajo fianza de 200.000 euros por riesgo de fuga. Por otro lado, las acusaciones particulares pidieron la libertad provisional hasta la mitad del tiempo de la condena para los siete condenados. Sin embargo, la Sala rechazó estas peticiones y dejó en libertad sin fianza a todos ellos, al entender que no hay riesgo elevado de fuga de los condenados y que la fianza económica no añade garantía alguna de evitar la huida.

El tribunal dice en su auto que no tienen por qué huir, ya que son españoles, tienen familia, incluso alguno de ellos desarrollan su actividad profesional en España –Abajo es funcionario del Estado y Carlos de Figueiredo, investigador de la Universidad– o reciben una pensión pública. Además, señala que varios de ellos tienen una edad avanzada, padecen una enfermedad grave o tienen familiares hospitalizados. "El pronóstico sobre comportamiento futuro de una persona es siempre incierto, pero debemos intentar atender a los hechos y neutralizar cualquier tentación de ejecución provisional de las penas", dice la resolución del tribunal.

No obstante, mantuvo las medidas cautelares que todos los condenados, salvo Abajo, a quien se las han impuesto ahora, llevan cumpliendo desde que Afinsa fue intervenida judicialmente en mayo de 2006. Estas medidas consisten en la retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el territorio español, indicación del teléfono móvil y comparecencia cada 15 días en la Audiencia Nacional o en el juzgado más próximo a sus domicilios. La Sala destacó que desde la intervención de la empresa filatélica, los condenados "siempre y en todo momento" han cumplido con estas órdenes, "han asistido a las sesiones de juicio", así como que "hoy (este jueves) han comparecido, después de conocer la condena dictada".

Indemnización de 2.500 millones de euros

Este miércoles, este mismo tribunal, presidido por la magistrada Manuela Fernández Prado, condenó a 11 exdirectivos de Afinsa a penas de hasta 12 años de prisión por ser los responsables de la "mayor estafa piramidal" de España. La Sala impuso la pena más alta al expresidente de Afinsa, con 12 años y 10 meses de prisión y a una multa de 240.000 euros. A Albertino de Figueiredo se le condenó a 11 años de prisión y a una pena de 174.000 euros, mientras que a Carlos de Figueiredo se le impuso una pena de 11 años y 11 meses de prisión y 198.000 euros de multa.

Según los jueces, Cano –como economista– y Albertino Figuereido –como experto filatélico– fueron los que idearon y perfilaron el negocio piramidal concentrado en el vértice y los que adoptaban las grandes decisiones. En cuanto a Vicente Martín, se le ha puesto una pena de 11 años y seis meses de prisión, más 192.000 euros de multa, mientras que para Ballester López se decidió una pena de 10 años y 3 meses de prisión y 168.000 euros de multa. A Abajo se le condenó a seis años y tres meses de prisión y a pagar 78.000 euros.

Además, a estas seis personas también se les ha ordenado indemnizar con 2.574 millones de euros a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos que la administración concursal de Afinsa Bienes Tangilbles S.A reconoció. Por último, Guijarro ha sido condenado a un total a seis años y cinco meses de prisión por ser cómplice en el delito de estafa agravada continuada y autor de blanqueo de capitales; aunque fue absuelto del delito contra a Hacienda Pública, le ordena a pagar una multa de 69 millones de euros. 

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivosexdirectivosde la empresa filatélica Afinsa hasta 12 años de cárcel y seis de ellos tendrán que indemnizar a los más de 190.000 afectados afectados con una cantidad de 2.574 millones de euros por los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

Las penas más alta se imponen al expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas con 12 años y diez meses de prisión. Éste junto a otros cincos son, además, condenados a indemnizar de forma conjunta y solidaria con 2.574 millones de euros a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos que la administración concursal de Afinsa Bienes Tangibles SA reconoció.

El tribunal aplica a los 11 exdirigentes de la empresa tipo agravado de la estafa al valorar el perjuicio masivo que produjo la compañía filatélica.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó penas de entre dos años y medio y 19 años de cárcel para 14 directivos de Afinsa por organizar entre los años 1998 y 2006 un "engaño" a través de la comercialización de sellos que no tenían el valor que se les atribuía y que experimentaban "revalorizaciones inexistentes".

El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid condenó a los administradores de Afinsa Bienes Tangibles SA a que paguen a los acreedores mancomunadamente el agujero contable que se generó en la entidad por valor de 1.825 millones de euros. El juez calificó como culpable el incidente concursal de Afinsa Bienes Tangibles S.A., y declara como personas afectadas por esta calificación a Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo Escribá y Vicente Martín Peña.

La sentencia señala que estas tres personas quedan inhabilitados por espacio de quince años, desde la firmeza de la resolución, para administrar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales.

El juzgado también les condena a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o contra la masa y les obliga a devolver los bienes y derechos que hayan obtenido indebidamente del patrimonio.

Asimismo, les obliga a pagar mancomunadamente a los acreedores concursales y contra la masa, en concepto de déficit patrimonial, a cada uno de ellos el 33,333% de la cantidad que se precise para satisfacer el total que no resulte satisfecho con ocasión de la liquidación de la masa activa, lo que se valora prudencialmente en 1.823,5 millones de euros.

El juzgado absuelve al fundador de Afinsa, Albertino de Figueiredo, al no quedar acreditado que ejerciera como administrador en los dos años anteriores a la declaración concursal, y absuelve a los colaboradores y cooperadores demandados por el Ministerio Fiscal al no resultar tampoco acreditada su participación en los hechos.

La extensión de la condena al pago del déficit concursal se centra en los administradores sociales en los dos años anteriores al concurso y se basa tanto en la incorrecta contabilización de las cantidades entregadas por los clientes en virtud de los contratos filatélicos (al omitirse en las cuentas el compromiso futuro de restituir dichas cantidades) como en la sobrevaloración de los sellos.

De haber sido correctamente comprobados los compromisos de restitución del dinero –aclara la sentencia–, entregado por los clientes y el valor real de los sellos, Afinsa hubiera estado en situación de concurso años antes de su intervención judicial por parte de la Audiencia Nacional y su declaración de concurso, por lo que la calificación culpable del concurso también se basa en el retraso en solicitar dicha declaración concursal.

El ciudadano austríaco Reinhard Amann, que desde 1999 fue el responsable de organizar las empresas en el exterior que formaban parte del grupo de inversión piramidal Fórum Filatélico, se ha decidido a colaborar con el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Tras entregarse a las autoridades españolas Amann, que desde 2010 vive en Dubai, confirmó la implicación del principal responsable de la macroestafa, José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, y de otros de los imputados en la causa, según explicaron fuentes del caso a infoLibre. Los peritos adscritos al caso sitúan al frente del centenar de sociedades proveedoras "interpuestas" de la filatélica al prófugo de la justicia Llorca Rodríguez, natural de La Seu d'Urgell (Lleida).

En su declaración ante Ruz, que se produjo el pasado 15 de julio, tan solo unas horas después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas finalizara su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Amann, que es uno de los principales imputados, identificó nuevas cuentas bancarias relacionadas con Fórum Filatélico. Al mismo tiempo facilitó documentación de gran relevancia para la instrucción y se comprometió a presentar más.

Este es el motivo por el que el magistrado ha optado por decretar la libertad con fianza de 30.000 euros para Amann, que se comprometió a notificar su domicilio. Ruz adoptó esta decisión después de escuchar la petición del responsable del Ministerio Público, que fue de libertad con una fianza de 40.000 euros. Por su parte, el letrado de este empresario austríaco, que resaltó la decisión de su defendido de colaborar en el caso, pidió al juez que acordara la libertad sin fianza. En el caso de que se acordara una fianza, el abogado optaba por una rebaja de la misma. 

"Proveedores europeos"

El arrepentido Reinhard Amann fue el impulsor desde 1999 del entramado de "proveedores europeos" en países como Francia, Portugal, Alemania, Holanda, Luxemburgo y Liechtenstein. Llorca se valió del trabajo de este austriaco, que fue quien ideó un operativo que consistía en emitir facturas desde sociedades proveedoras, a las que se asociaban cajas que supuestamente contenían sellos. Esta actuación provocó un perjuicio económico de unos 37,6 millones de euros, según los peritos.

La empresa Fórum Filatélico, que fue creada en 1979, fue intervenida judicialmente el 9 de mayo de 2006, a la vez que la sociedad Afinsa, tras descubrirse un importante déficit patrimonial, que la instrucción ha situado en 2.843 millones de euros. Según la investigación de Ruz, el número de titulares de contratos filatélicos perjudicados es de 269.203. Estas personas realizaron inversiones por un importe de 3.702 millones. Y muchos de los clientes de Forum Filatélico aportaron cantidades superiores a los 50.000 euros. Las filatélicas ofrecían como reclamo unos intereses de hasta el 6%.

Estafa continuada

El 22 de abril pasado, el juez Ruz firmó un auto en el que incluía entre los delitos imputados a los dirigentes de Fórum Filatélico, que eran los de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y delito societario, el de estafa continuada, al constatar que el fraude habría alcanzado una "notoria gravedad". El magistrado justificaba también esta decisión por la existencia de "múltiples perjudicados". Fórum sufrió un déficit patrimonial de Fórum que superó los 2.843 millones de euros, "una cantidad que hace imposible la devolución de las inversiones", explica el documento judicial.

En un auto de 59 folios, hecho público este miércoles, Pedraz refleja el modus operandi de la compañía, que "carecía de sentido económico y de apoyo legal". Durante toda la vida de la empresa sus administradores fueron conscientes de que, para mantener la actividad, resultaba esencial controlar tanto el precio de los sellos como su revalorización.

La insolvencia de la compañía, según el juez, se ocultaba a terceros mediante artificios contables avalados por el auditor. Pese a sus pérdidas, Afinsa mantenía su actividad –reflejando beneficios en sus cuentas– gracias a que incrementaba de forma piramidal el capital invertido por los clientes y considerando que el capital nuevo que entraba cada año producía unos beneficios que no eran reales.

A costa del déficit patrimonial creciente, el crecimiento continuado de sus ventas entre 1998 y 2006 permitió mantener el negocio, cuya inconsistencia e inviabilidad está "fuera de toda duda", dice el magistrado.