Un menor de 14 años ha fallecido por intoxicación en Getafe después de ingerir una lata de Red Bull que contendría unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tusi, una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis, han informado a Europa Press fuentes del entorno de la víctima, policiales y de Emergencias Comunidad de Madrid.

Los padres del fallecido ya han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, que investiga lo sucedido como un delito de homicidio. El joven fue enterrado el domingo. El asunto se pondrá en manos del fiscal de Menores, quien tomará declaración a las personas involucradas en el caso una vez sean identificadas y decidirá sobre las investigaciones a realizar.

Los hechos se produjeron sobre las once de la noche del pasado viernes en los alrededores de la estación del metro de Los Espardales de Getafe cuando el chico y dos amigos quedaron con otros jóvenes que habían conocido en la red social de Instagram.

Al parecer, estos chavales le habrían echado dos gramos de tusi en una lata sin que el menor y sus amigos se percataran. Tras ello, los desconocidos huyeron por el metro y colgaron un vídeo en las redes sociales contando su "hazaña" y mofándose del menor, según el relato de las fuentes consultadas. El vídeo ya ha sido borrado.

A los minutos, el chico cayó a plomo y sufrió una intoxicación mortal por la ingesta de la referida droga letal. Al lugar, acudieron sanitarios y agentes de la Policía Nacional, que avisaron a los padres de lo sucedido.

Fuentes del Summa 112 han confirmado a Europa Press que los sanitarios atendieron a un niño de 14 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria, sin que se le pudieran reanimar. Los efectivos confirmaron el fallecimiento.

El estadio municipal de Getafe, cedido al Getafe C.F. por un periodo de 40 años, pasará a denominarse únicamente Coliseum tras las declaraciones de Alfonso Pérez, que dejará de dar nombre al campo, contra la equiparación salarial del fútbol femenino en una entrevista en el diario El Mundo, según informa Europa Press.

El Ayuntamiento de Getafe y el Getafe CF han decidido suprimir el nombre de Alfonso Pérez, después de que el Consistorio trasladara al club la necesidad de que esta instalación municipal sea "un ejemplo para transmitir los valores positivos del deporte como la igualdad, la solidaridad y el respeto".

En un comunicado conjunto, han recordado este miércoles que Alfonso Pérez señalaba en la entrevista "la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones, trasladando la idea del fútbol como mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad, y minimizando los logros sociales obtenidos por las actuales campeonas del mundo dentro y fuera de los terrenos de juego".

Ambas instituciones coinciden en la necesidad de "preservar los valores positivos que emanan del deporte, que en la ciudad se fomentan a través de las escuelas deportivas". Asimismo, han destacado que en el mismo contexto se ha manifestado mayoritariamente la afición del Getafe C.F.

También han apuntado que, de acuerdo con los términos de la concesión del estadio, el Getafe C.F. se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre Coliseum, "como ya sucede en el resto de equipos de todo el mundo".

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por el sindicato UGT en relación a la presunta trama corrupta de los fondos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), han informado fuentes fiscales a Europa Press.

Esta denuncia se ha acumulado a otra presentada ante la Policía por el recién dimitido secretario general de UGT Madrid Luis Miguel López Reillo. Tras la dimisión de Reillo, se puso en marcha una gestora presidida por Rafael Espartero, vicesecretario general de organización confederal y policía municipal de Madrid.

Fue precisamente la gestora del sindicato la que puso en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación facilitada en su denuncia por el exlíder del sindicato.

El desvío de dinero público del presunto entramado se habría situado entre el millón y los dos millones de euros y se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos.

Además del personal de la propia UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe.

El exlíder de UGT Madrid recibió hace unas semanas importantes avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado "descuadres y descontrol absoluto" en las cuentas de gestión de esos fondos, y le recomendaron poner el caso en manos de la autoridades policiales.

De forma paralela, UGT abrió una investigación interna con un auditor para determinar "la profundidad" de la estafa y garantizar que el estafado en la trama corrupta es el propio sindicato, dado que se pagaron pagado fondos a trabajadores que no eran receptivos de esos fondos.

Miles de trabajadores de Airbus se han manifestado este jueves desde la puerta de la empresa hasta la plaza del Ayuntamiento de Getafe donde han anunciado un otoño "muy caliente" en defensa de sus empleos, ya que se prevé que los despidos afecten a 455 trabajadores de la división de Defensa y 275 en la de Comercial en la planta de Getafe.

La manifestación, según informa Europa Press, ha estado encabezada por el presidente del Comité Interempresas de Airbus, Francisco San José, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que sujetaban una pancarta en la que se podía leer 'Por el empleo y el futuro aeroespacial. ¡Sector estratégico ya!'.

Francisco San José ha manifestado que "este es un sector estratégico y esencial que genera riqueza y valor añadido, y que tiene que ser el motor de recuperación económica del país, ya que no se pueden volver a cometer los errores del pasado y apostar por sectores que se ha visto claramente que en un momento de crisis como el actual no han sido suficientes para salir del abismo".

Según San José, "existen alternativas así que, si se quieren sentar en una mesa de negociación con lealtad y transparencia y con propuestas, nos encontrarán en la misma", por lo que ha pedido que "Pedro Sánchez encabece y lidere la mesa de negociación y que apueste por un plan para el sector que garantice las capacidades y competencias para los próximos 20 años".

En su opinión, "hoy no ha sido un día cualquiera, sino un día muy importante que no es el final de nada", ya que van a continuar con las movilizaciones, "y si esto no se resuelve habrá un otoño muy caliente en el que se defenderán los puestos de trabajo".

Por su parte, la alcaldesa ha asegurado que "miles de personas han salido hoy a la calle para defender los puestos de trabajo en Airbus y para reclamar que hay que aprovechar la oportunidad de que el sector aeroespacial se convierta en un eje estratégico en el país".

"No estáis solos, hoy Getafe os abraza y toda la ciudad está a vuestro lado en la lucha por vuestros empleos, por lo que le pedimos a las administraciones regional y nacional que apoyen a la industria de nuestra ciudad", ha señalado la alcaldesa en su intervención al finalizar la manifestación.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado una indemnización de unos 260.000 euros a diez familiares de cuatro mujeres fallecidas por amianto, cuyos maridos trabajaron en la fábrica de Uralita en Getafe, inadmitiendo los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación de la empresa contra la sentencia dictada el 5 de abril de 2016 por la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el auto del pasado 31 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la sentencia recurrida concluye compartiendo la valoración de la prueba realizada por el juez de primera instancia, quedando probado que "las enfermedades padecidas por las esposas de los cuatros trabajadores de Uralita tuvieron una relación causa a efecto en la inhalación de polvo de amianto al lavar y planchar ropa de trabajo de sus maridos". Además, recogiendo los términos de la sentencia de primera instancia que asume el tribunal de apelación, se concluye que la empresa "no ha acreditado suficientemente que adoptara, no ya las medidas a que legalmente viniera obligada, sino aquellas que conforme a los conocimientos habidos en el momento en el que debieron producirse los hechos litigiosos, entre 1962 y 1992, debían haberse adoptado".

Asimismo, se señala que la actividad productiva se desarrollaba con materiales "que conocía ya desde al menos 1940 eran especialmente peligrosos, no habiendo probado desde luego la misma en forma suficiente, a juicio del tribunal de apelación, la eficacia de las medidas de seguridad al efecto adoptadas por ella para evitar en lo posible la existencia de fibras de amianto, al no constar en los autos prueba pericial al efecto".

El Tribunal considera que tampoco se adoptaron medidas en materia de prevención y seguridad e higiene tendentes a evitar una inhalación, "no ya solo por parte de los trabajadores, sino igualmente por parte de aquellas personas que sabían que podían entrar en contacto con fibras de amianto, inhalando su polvo, en tanto que quedaban adheridas a la ropa de sus trabajadores, por ocuparse del lavado y cuidado de la misma". "Y ello no solo respecto de la ropa de trabajo, sino incluso de la ropa de calle que durante mucho tiempo se dejó en la misma taquilla que la ropa de trabajo, no constando a la Audiencia, cuándo instaló Uralita taquillas diferenciadas para guardar una y otra ropa", añade el auto.

La primera sentencia de este proceso fue en enero de 2015 por parte del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid, que condenó a Uralita a indemnizar con 281.948 euros a once familiares de las mujeres de cuatro trabajadores de la factoría de Getafe, fallecidas por inhalación de polvo de amianto entre 2011 y 2013, aunque la Audiencia Provincial dejó fuera de las indemnizaciones en 2016 a uno de los beneficiarios.

El padre de los niños fallecidos en la noche de este martes en Getafe (Madrid), que se suicidó tirándose a las vías de un tren, llevaba encima una nota manuscrita en la que admite que los mató "para que no sufrieran", han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional ya cuenta con esta pequeña carta, recogida durante la inspección ocular del cadáver. Este documento ya ha pasado a formar parte de la investigación y será remitido junto al resto de la documentación al Juzgado número de Instrucción número 4 de Getafe, que ha declarado el secreto de las actuaciones y ya cuenta con la autopsia de los pequeños, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

Por todo ello, todo apunta a que se trata de un doble infaticidio aunque los supuestos motivos del padre para acabar con la vida de sus dos hijos no están aún claros.

Tanto desde la Policía Nacional como desde el Ayuntamiento de Getafe han coincidido en destacar que no existían denuncias previas por malos tratos y que el hombre, de 46 años, tampoco tenía antecedentes penales. Tampoco había requerimientos policiales por parte de la Policía Local de haber tenido que intervenir en el domicilio de esta familia. Fuentes del entorno aseguran que la pareja estaba en trámites de separación.

Concentración en Getafe

Varios centenares de personas se concentraron este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Getafe, junto con la Corporación municipal, en solidaridad con la madre de los menores muertos este martes. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha asegurado, tras guardarse cinco minutos de silencio, que la madre de los dos niños no había presentado ninguna denuncia por violencia de género.

También ha destacado que Getafe se ha volcado en la plaza del Ayuntamiento "como muestra de solidaridad con Raquel para devolver toda la solidaridad que Raquel ha hecho para hacer de Getafe una ciudad mejor en defensa de los niños con pluridiscapacidad".

Asimismo, ha apuntado que todos lo recursos municipales están a disposición de Raquel, la familia y amigos "para atender y pasar estos difíciles y trágicos momentos, ya que se encuentra en una situación de shock".

La alcaldesa ha subrayado que Raquel es una mujer muy conocida "y muy vehemente en la defensa de su hijo como niño con pluridiscapacidad y de todos los niños, porque este miércoles estaba reunida con una asociación deportiva de Getafe organizando un torneo solidario que se va a celebrar en los próximos días".

Por último, ha pedido prudencia y respeto para que los profesionales realicen su trabajo "y garantizar a Raquel el espacio y la intimidad para gestionar este durísimo trámite".

El Obispado de Getafe ha asegurado este viernes que no prestará apoyo a las iniciativas promovidas por la asociación Hazte Oír y les pide que se abstengan de recurrir a las instituciones de esta Diócesis, como parroquias o delegaciones diocesanas, para dar a conocer sus campañas. Desde la Diócesis de Getafe han señalado en un comunicado recogido por Europa Press que, aunque compartan con la plataforma Derecho a Vivir y con la asociación HazteOir.org muchos de los objetivos a favor de la defensa de la vida y de otros derechos fundamentales, no comparten con estas instituciones "ni el sentido de pertenencia eclesial ni los medios que emplean".

Asimismo, han destacado que desean seguir impulsando, en plena comunión con las enseñanzas y la práctica de la Iglesia Católica, el reconocimiento y la custodia de la dignidad de la vida humana desde el primer instante de la concepción hasta su último aliento natural, así como la defensa de otros derechos relacionados con la verdad del matrimonio, la educación de los hijos o la libertad religiosa. "Entendemos que este impulso se debe favorecer desde la pertenencia eclesial vivida de forma inequívoca y con medios adecuados tanto al fin que se desea alcanzar como a los lazos de comunión entre quienes buscan ese fin", han subrayado.

El comunicado de la Diócesis se produce después del encuentro mantenido hace unos días en Getafe entre el presidente de la Asociación HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, y el obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, donde "se evidenciaron planteamientos sobre los que hoy no puede existir acuerdo, principalmente por la importancia que se debe dar al hecho de que existan miembros de la asociación secreta El Yunque en Hazte Oír".

El Obispado de Getafe quería saber si el presidente de Hazte Oír iba a tomar medidas para que no tuvieran cabida miembros de El Yunque, "a lo cual ha respondido reiterando lo que ya había declarado en otras ocasiones, que son una asociación civil, que no tiene ninguna dependencia con la Iglesia y que en esta asociación los datos de la vida privada de la gente, incluidas sus pertenencias a grupos, secretos o no, son privados, y por tanto no investigan ni preguntan sobre la vida privada de su gente".

Los policías locales de Getafe (Madrid) condenados por matar a un hombre tras una persecución en noviembre de 2011 ingresarán en quince días en prisión tras ser notificados este lunes de la orden de ingreso carcelario dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, según ha informado Europa Press.

Los agentes estaban citados esta mañana en la sede de la Audiencia de Madrid para recibir el auto que ordena que deben entrar en la cárcel después de que se rechazara su solicitud de ingreso por haber solicitado un indulto al Gobierno.

La petición se realizó con motivo de que los condenados habían pedido un indulto. Hace ya un año, la Audiencia madrileño les impuso 15 años de cárcel como autores responsables de un delito de homicidio consumado y un delito de homicidio en grado de tentativa. Más tarde, el Supremo les rebajó las penas a tres años y nueve meses de cárcel.

En la resolución, los magistrados que denegaron la suspensión de la entrada en prisión recuerdan que el artículo 32 de la ley de ejercicio de la gracia de indulto determina que "la solicitud propuesta de indulto no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria" y que deberá ser "ejecutada al margen de propuesta o solicitud de indulto".

Hechos juzgados

Los hechos se produjeron sobre las 11.15 horas del 21 de noviembre de 2011, cuando seis agentes locales de Getafe iniciaron una persecución de un vehículo tras recibir un aviso de un secuestro, según su versión.

En la calle Canarias de Madrid, ya fuera de su demarcación, les dieron alcance, dándoles el alto. Tras varias maniobras agresivas, los agentes dispararon a los bajos del coche en defensa de su vida.

En el juicio quedó confirmado que no existió tal secuestro, según manifestaron los policías que investigaron los hechos y una de las víctimas que sobrevivió al tiroteo.

Según la resolución, los tres agentes se personaron en el lugar del aviso de secuestro para dar auxilio y cobertura al agente franco que había dado el aviso. Allí fueron informados de la ruta que había tomado el Citroën, a bordo del cual habían huido los supuestos secuestradores. Se inició entonces una larga persecución por la carretera con dirección a Madrid capital.

Ya en Madrid, los agentes localizaron al vehículo al cual seguían en la calle Canarias y, al llegar a la altura de esta vía con la calle Vara del Rey, uno de los vehículos policiales que les seguían se colocó en la parte izquierda del Citroën a fin de cerrarle el paso, llegando a continuación los otros dos vehículos que habían participado en la persecución.

Los agentes conminaron entonces a los ocupantes a que detuvieran el vehículo y descendieran del mismo, momento en el que el conductor del Citroën, haciendo caso omiso de las indicaciones policiales, realizó una brusca maniobra de marcha atrás colisionando con uno de los vehículos policiales.

En ese momento de incertidumbre, y al observar el procesado Ismael G. M. que el copiloto del Citroën giraba el cuerpo hacia la izquierda, gritó "¡Arma de fuego!" y efectuó varios disparos con su arma reglamentaria. Lo mismo hizo el procesado Daniel C. U., quien efectuó varios disparos con su arma reglamentaria gritando en los mismos términos.

Al observar el movimiento del copiloto del Citroën, el procesado Antonio Miguel G. M., también efectuó varios disparos contra el vehículo objeto de la persecución.

Los procesados asumieron mientras accionaban sus armas que podían acabar con la vida de los ocupantes del vehículo, cuando el Citroën ya había superado el cerco policial y emprendía la huida por la calle Vara del Rey, cuando no se disponían de datos fehacientes sobre la existencia de arma alguna en el vehículo de los perjudicados y sin que los procesados hubieran comprobado que la persona que hubiera podido ser introducida a golpes en el coche se encontrara en los asientos traseros del mismo.

Algunos de los disparos sobre el vehículo efectuados por el procesado Antonio Miguel G. M. impactaron en el copiloto del vehículo que se había dado a la fuga. El herido fue trasladado a la UCI de un centro hospitalario donde falleció el 22 de noviembre de 2011.

Como consecuencia de los disparos efectuados por los procesados, también resultó herido el conductor del Citroën, quien sufrió una herida por arma de fuego frontal derecha con destrucción parcial del pabellón auricular. El perjudicado permaneció ingresado tres días en el recinto hospitalario y le han quedado significativas secuelas estéticas y de audición.

La comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid ha citado este martes a declarar para la sesión del próximo 17 de febrero al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa; al exmiembro del Consejo de Administración de Caja Madrid y de Telemadrid en 2007 José Antonio Moral Santín; al presidente del Getafe Club de Fútbol, Ángel Torres; y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, seg

Sus comparecencias versarán sobre la compra de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y Getafe en 2007 por parte de Telemadrid y Caja Madrid, una operación que resultó un fracaso y en la que ambas entidades madrileñas perdieron varios millones de euros.

En la anterior sesión, celebrada el viernes 3, comparecieron el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España, Javier Tebas, la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, el director jurídico del ente público Radio Televisión Madrid (RTVM) en el momento de la compra de dichos derechos, Joaquín Escaso, y Manuel Soriano, expresidente de RTVM en ese momento.

Ese día habían sido llamado también Blesa y Moral Santín, pero no pudieron asistir porque estaban llamados a declarar en el juicio de las tarjetas black.black.

Alrededor de 60 personas han participado en una besada junto a la sede del Obispado de Getafe, convocada por la asociación Gaytafe LGBTI+, en protesta por las críticas del obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, a la Ley contra la LGTBIfobia, informó Europa Press.

Tras la concentración, se leyó un comunicado contra las afirmaciones de López de Andújar y del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, firmado por las asociaciones DiversAH y Gaytafe LGBTI+, condenando "el pensamiento cavernícola, medieval y reaccionario de estos señores".

Asimismo, han señalado que, en contra de la opinión de los obispos, la Ley Integral contra la LGTBIfobia "ni contradice la moral natural, ni anula la enseñanza pública de la Iglesia, ni prohíbe rezar por quien pretenda cambiar la orientación de su vida, puesto que dicha ley en ningún momento conculca la libertad religiosa y moral".

"La Ley Integral contra la LGTBIfobia no ataca a las libertades religiosas, educativas, de expresión, de cátedra o científica, sino que pretende que las personas LGTBI tengamos los mismos derechos y nos veamos reflejados en espacios donde hasta ahora estábamos totalmente invisibilizadas o incluso donde se violaban sistemáticamente nuestros derechos", han subrayado.

Además, han apuntado que quienes de verdad sufren confusión no son las personas LGTBI, "sino los miles y miles de fieles católicos que con asombro tienen que ver como aquellas personas que tendrían que ser su guía espiritual se dedican a ningunear y atentar contra la dignidad de las personas LGTBI, entre las cuales hay muchos católicos".

También les parece "gravísimo e irresponsable que se defiendan las terapias de curación de la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad, cuando está demostrado que dichas terapias son muy peligrosas para la integridad física y psíquica de quienes se someten a ella y que constituyen un riesgo para la salud pública, por no hablar de la dudosa legalidad de los métodos que se emplean en las mismas, dignos de una película de terror".

"Agradecemos que tras insultarnos, descalificarnos y atentar gravemente contra nuestra dignidad, los obispos firmantes del comunicado nos tiendan una mano para dialogar y construir alternativas y ofrezcan sus oraciones para sanarnos pero, con toda la educación que nos es posible, debemos rechazar tales oraciones, básicamente porque no hay ninguna persona LGTBI a la que sanar", han destacado.

Por último, exigen a las autoridades competentes "que se tomen medidas contra los autores" por entender que el comunicado de los obispos "exhorta al odio y la discriminación contra las personas LGTBI y que puede ser constitutivo de delito en función de la legislación vigente que previene tales manifestaciones y a las cuales no entendemos amparadas ni por la libertad de expresión ni por la libertad religiosa".

La construcción de un teatro en el municipio madrileño de Getafe centra las investigaciones de la Policía Nacional en el Ayuntamiento de esa localidad, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

Según las mismas fuentes, los hechos corresponden a la anterior legislatura municipal, cuando era alcalde el actual senador del PP Juan Soler. En el marco de estas diligencias ya son seis los detenidos.

Fuentes de la investigación aseguraron que entre los arrestados no hay ningún cargo político, de momento. Las actuaciones se centran en la actividades que realizaban arquitectos municipales y otros funcionarios del consistorio.

La investigación arrancó hace ocho meses y corre a cargo de la Brigada Provincial de Policía Judicial-UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los agentes están dirigidos por el Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe, que ha declarado el secreto de sumario.

Se investigan presuntas irregularidades en materia de urbanismo y contratación de obra pública. Las fuentes consultadas citan la construcción de un teatro en el municipio madrileño.

Desde primera hora de la mañana de este lunes agentes de la Policía se personaron en las instalaciones del Ayuntamiento en busca de información y documentos de estas actividades así como en varios domicilios y despachos profesionales, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La sede del PP de Getafe fue escogida por Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, como marco de su primera rueda de prensa tras asumir las riendas de la gestora del PP de Madrid.

El pleno municipal de Getafe rechazó este miércoles una moción del PP, con los votos en contra de PSOE, IU y Ahora Getafe y el voto a favor de Ciudadanos, para renovar, reafirmar y consolidar el compromiso con el apoyo al colectivo de víctimas del terrorismo y para que se cancele la financiación pública que se destinará para patrocinar el concierto de Los Chikos del Maíz.

Desde el PP subrayaron que el apoyo a las víctimas del terrorismo constituye un deber moral que vincula a todas las instituciones públicas y agregaron que es una actitud reprochable patrocinar eventos o actividades en los que se humille su dignidad.

El PP también exigía que la alcaldesa, Sara Hernández, "se abstuviera de subvencionar actividades o eventos financiados con el dinero de todos los vecinos que estén dirigidos a mancillar la memoria y lesionar la dignidad de las víctimas del terrorismo".

Al respecto, recordaron que Los Chikos del Maíz, "denunciado por filoterrorista", actuará el próximo 2 de julio en el marco de un festival de música que se desarrollará en el polideportivo de San Isidro, con canciones que incluyen letras como "terrorismo no es ETA", "terrorismo no es la kale borroka", "Ortega Lara no era ningún pacifista, cambió de carcelero a contorsionista", "terrorismo son los Mossos y la Guardia Civil" o "luego quieren que llores si un guardia civil revienta".

Por su parte, la alcaldesa transmitió "el apoyo total y absoluto a las víctimas de cualquier tipo de terrorismo" y ha anunciado que habrá una próxima convocatoria de ayudas municipales a las que se podrán presentar las asociaciones de víctimas de terrorismo.

En el mismo sentido, la concejala de Cultura, Raquel Alcázar, manifestó que el PP lleva al pleno una moción de apoyo a las víctimas del terrorismo y "lo enmascara para que este pleno apruebe una censura a la cultura".

"El PSOE no solo apoya a las víctimas del terrorismo y condena cualquier acto de violencia, sino que para insistir en este hecho presentó una enmienda para hacer cumplir la ley a cualquier persona y organización que atente contra la libertad de expresión, a lo que el PP votó en contra, con lo que su manejo con las víctimas para censurar un acto cultural no es legítimo", ha apuntado.

Este martes comenzó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Getafe la primera sesión del juicio contra los ocho sindicalistas de Airbus acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de atentado, cuatro delitos de lesiones y siete faltas de lesiones. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2010 durante la huelga general contra la reforma laboral impulsada por el entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ministerio fiscal solicita para los acusados un total de 66 años de prisión, ocho años y tres meses para cada uno de ellos.

La sesión dio comienzo, entre una gran expectación, con una hora de retraso. Así, un poco antes de las 10.00 horas, los ocho acusados –José Alcázar, Tomás García, Enrique Gil, Rodolfo Malo, Jerónimo Martín, Raúl Fernández, Edgar Martín y Armando Barco– entraron en la sala mientras se escuchaban aplausos y gritos de ánimo. Media hora después, se abrieron las puertas al público y los periodistas. A pesar de que la sala habilitada para la celebración del primero de los días de juicio era grande, con la vista puesta en la enorme expectación mediática que ha levantado el caso, todos los asientos fueron ocupados y decenas de personas tuvieron que quedarse fuera.

El primer día estuvo dedicado por completo a los ocho acusados, que prestaron individualmente declaración ante el juez, Abel Téllez, y respondieron a las preguntas de la Fiscalía y los abogados. Todos ellos insistieron en que no agredieron a los agentes de policía aquella mañana, negaron que las lesiones que registraron aquel día fueran fruto de un enfrentamiento con los agentes y rechazaron que desde los dos sindicatos, UGT y CCOO, se diesen directrices sobre cómo actuar en caso de una intervención policial o del intento de los trabajadores de acceder a sus puestos de trabajo. "No, en absoluto. Sólo se llama a la presencia activa y pacífica", aseguró José Alcázar en este sentido, que en aquel momento era presidente del Comité Intercentros de la empresa. "Había un ambiente prácticamente festivo ese día", completó Enrique Gil, otro de los imputados.

El primero de los citados a declarar respondió que el día de los hechos no llevaba ningún maletín, una pregunta recurrente durante toda la primera sesión, y que, por tanto, no lo había utilizado para agredir a ningún agente: "No, porque en el maletín se suele llevar dinero y yo no utilizó maletines para eso", contestó entre risas de los asistentes. Preguntado por la versión de los policías, el sindicalista lo tuvo claro: "Eso es mentira. Es una calumnia que yo haya agredido. Yo ejercía mi derecho a huelga. Lo hacía y lo volvería a hacer", aseveró, añadiendo a renglón seguido que "hay que buscar un responsable y es fácil encontrarlo en el máximo responsable sindical".

Los ocho acusados rechazaron que impidiesen la entrada a trabajadores a la factoría de Getafe. “En ningún momento vi a empleados que se refugiasen en la policía para poder acceder a su puesto de trabajo”, señaló al respecto Tomás García, en aquel momento miembro del comité de empresa. Alcázar, por su parte, aseguró que incluso facilitó la entrada a uno de ellos que, según la acusación, "recibió puñetazos, patadas, golpes en la cabeza y en la espalda" hasta que "pudo ser rescatado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía". "Estaba muy nervioso", explicó el miembro del comité intercentros, que aseguró que la persona "no estaba herida". El escrito de acusación recoge que los acusados "de común acuerdo" intimidaron "a los trabajadores que pretendían acceder al recinto mediante todo tipo de insultos, tirándoles petarlos a los coches, escupiéndoles, dándoles collejas, lanzándoles bebidas por encima". Hechos que negaron, en diferentes preguntas, los ocho de Airbus.

La Fiscalía, además, también se interesó por el pago de las indemnizaciones. "¿Por qué han consignado ese dinero a los agentes agredidos si todavía no hay una sentencia condenatoria?", preguntó a todos ellos. Los acusados explicaron que era lo más "sensato" y que así se lo habían recomendado sus respectivos abogados. "¿Y ese dinero salió de usted o salió del sindicato?", dejó caer seguidamente. Todos aseguraron que la cantidad que les reclamaban había sido pagada por ellos mismos. En concreto, los ocho sindicalistas de Airbus han desembolsado en indemnizaciones, "conjunta y solidariamente", que fueron entregadas a nueve agentes y un trabajador de la compañía, un total de 11.774 euros.

Actuación de la Policía

Los acusados también hablaron de la actuación de los agentes de la Policía Nacional desplegados aquel día en la puerta sur de la factoría. Todos coincidieron que, en un primer momento, estaban "en posición pasiva", pero cuando comenzaron los altercados, "después del tumulto y los disparos [al aire que realizó uno de los agente con arma real]", comenzaron a estar "muy inquietos".

Tras las cargas, hubo varios heridos. Algunos de ellos acudieron al botiquín de la empresa para curarse las heridas, un listado que posteriormente solicitaría el juez durante la investigación. "Me pegaron un palazo en la cabeza que me dejaron…", explicó durante la sesión Jerónimo Martín, un trabajador que no tenía ninguna responsabilidad sindical, que añade que acabó "sangrando como un gorrino". Edgar Martín, otro de los empleados imputados, afirmó que le "golpearon por detrás", según los médicos de la compañía con una porra, lo que le ocasionó "lesiones en el hombro y en la espalda".

"Me sorprendió que aquel día hubiera antidisturbios", remachó Alcaraz, que recordó que Airbus se caracteriza por "no ser una empresa conflictiva". "Empezaron a pegar a diestro y siniestro, como en una dictadura", dijo, añadiendo en esta parte de su relato que "hay que recibir palos injustificadamente para que luego te calles".

Muestras de apoyo

La jornada comenzó temprano, a las 8.30 horas, con una manifestación que salió desde la puerta donde sucedieron los hechos y que recorrió todo Getafe hasta llegar a los juzgados. Sin embargo, los acusados sólo pudieron estar presentes en la marcha durante poco más de media hora. Ya en la entrada de la sala, los imputados recibieron el respaldo de representantes políticos y líderes sindicales. Allí estuvieron el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; su homólogo en IU, Cayo Lara; los líderes de CCOO y UGT, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente; la secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez; y los diputados de Podemos Rafa Mayoral, Alberto Rodríguez e Irene Montero. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, expresó también su apoyo a los ocho sindicalistas. "Los ocho de Airbus tienen mi apoyo y mi solidaridad. La huelga es un derecho y el 315.3 debe derogarse cuanto antes", escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter, junto con la etiqueta "#HuelgaNoEsDelito".

La marcha, que recorrió las principales calles de Getafe y encabezaban los secretario de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, respectivamente, la integraron varios miles de personas. Cuando terminó la sesión del juicio, los acusados recibieron un cálido recibimiento de cientos de personas en la calle, donde los organizadores de la marcha habían instalado un pequeño escenario. "¡Este juicio lo vamos a ganar!", "¡Compañeros, no estáis solos!" o "¡Que viva la lucha de la clase obrera" fueron algunos de los lemas más coreados.

"Sin derecho de huelga no hay un equilibrio posible en las relaciones de trabajo", afirmó, a través de un micrófono y entre apluasos, Fernández Toxo, que aseguró que están pretendiendo "ilegalizar o impedir, por un atajo judicial, en la práctica el ejercicio del derecho de huelga". "Estamos asistiendo, si finalmente hubiera una sentencia condenatoria, a un retroceso brutal y radical en la calidad y en la democracia española", sentenció. Además, señaló que estamos en una situación política en la que "es posible un cambio" y pidió a los dirigentes de los partidos "que se pongan de acuerdo". Tras estos breves discursos, la gente comenzó a dispersarse a sabiendas de que mañana habrá una nueva jornada con las declaraciones de los agentes. Sin embargo, en una parcela frente al juzgado de instrucción siguen instaladas unas tiendas de campaña. A la entrada, una frase: "No son ocho, somos miles".

El Partido Popular de Getafe exigió este viernes a la alcaldesa del municipio, Sara Hernández, que cancele el concierto de Los Chikos del Maíz previsto en el Festival Cultura Inquieta de Getafe para el próximo 2 de julio, debido a que "las letras de este grupo musical son humillantes para las víctimas de ETA y ofenden a la Guardia Civil".

Al respecto, el portavoz adjunto del PP, Antonio José Mesa, manifestó que la alcaldesa "ha entrado en una deriva radical muy peligrosa que se agrava al apoyar con dinero de los vecinos de Getafe un concierto en el que se insultará a las víctimas del terrorismo, se denigrará a los agentes de la Guardia Civil y se difamará a la Casa Real".

Según el PP, Los Chikos del Maíz, "vinculados a la izquierda radical vasca, actuarán en Getafe en el marco del festival Cultura Inquieta, patrocinado por el Ayuntamiento con una subvención de unos 100.000 euros, que saldrán del bolsillo de los vecinos".

Asimismo, señalaron que para la organización de esta cita, el Gobierno municipal ofrecerá apoyo logístico y cederá un espacio de titularidad municipal como es el polideportivo de San Isidro, "que se usará para humillar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), agraviar a figuras como Irene Villa o José Antonio Ortega Lara y considerar que la kale borroka no es un acto de violencia callejera".

"Sara Hernández no se conforma con apoyar a un delincuente como Alfon, que está en la cárcel por tenencia de explosivos, sino que también se dedica a patrocinar conciertos en los que se aplaude la violencia callejera y se ridiculiza a las víctimas de ETA", añadió la Mesa.

El portavoz adjunto del PP subrayó que Getafe no se merece "una alcaldesa que avergüenza a los vecinos apoyando actitudes radicales que manchan el nombre de la ciudad constantemente".

Los organizadores del Festival Cultura Inquieta anunciaron este jueves la actuación de Los Chikos del Maíz como un grupo de rap valenciano considerado "el referente más destacado del hip hop político español" con letras cargadas de polémica, abordando temas como el terrorismo, la monarquía, la situación laboral o la escena hip hop.

En la edición de este festival en 2014 también estuvo programada su actuación en Getafe, pero el anterior Gobierno municipal del PP lo desaprobó y anunciaron que habían acordado con los organizadores retirarlos de la programación "por su repertorio de canciones con letras irrespetuosas hacia las víctimas del terrorismo", según afirmaron entonces desde el Ejecutivo local.

Para muchos de los refugiados que llegan a España, el centro de acogida es el primer paso del programa de integración, un itinerario que se desarrolla en tres fases y dura un máximo de dos años, al cabo de los cuales se acaban las ayudas. Han de buscarse la vida como el resto de los ciudadanos aunque de partida, puedan estar en desventaja. Es la fecha límite y los solicitantes de asilo que residen en el centro de CEAR en Getafe (Madrid) lo saben bien: Viven contando los días.

El centro es un edificio de 400 metros cuadrados y 200 de patio con paredes de chapa y pintura de colores, que en cuestión de un mes estará preparado para acoger a 184 solicitantes de asilo, frente a los 126 que caben en la actualidad. Al 100% de su capacidad, tiene residentes de países, géneros, razas, etnias y religiones distintas, que recorren todo un itinerario de cursos y programas de apoyo pensados para su integración completa en el país. No se contempla el retorno.

"Habrá muchos que podrán volver si se soluciona el conflicto pero habrá otros que ya no puedan o no quieran, porque la vida se complica. Los programas de atención a refugiados están pensados para integrar a la gente aquí porque no sabemos cuándo tendrán billete de vuelta. Tenemos que partir de que la gente va a tener que vivir aquí. ¿Que vuelves? Fenomenal. Pero ¿Y si te quedas?", plantea la coordinadora estatal de acogida de CEAR, Mónica López, en declaraciones a Europa Press.

El programa arranca con una primera fase de acogida en el centro que dura de seis a nueve meses, en función de la vulnerabilidad. El segundo paso es ya en un piso de alquiler, donde tienen los gastos pagados durante otro medio año (11 meses los más vulnerables). La tercera fase, es la de cadencia, máximo seis meses durante el que los refugiados pueden recibir alguna ayuda de emergencia, como la cobertura de un recibo atrasado o dinero para libros de texto.

En el camino, los retos: Recomponerse, aprender a marchas forzadas castellano, con clases diarias durante meses, adquirir competencias laborales nuevas o reciclarse, encontrar a alguien que quiera alquilar un piso a una persona cuyo único documento es una autorización de estancia provisional o la mayor empresa, encontrar un empleo en el mercado laboral actual y mantenerlo cuando se hayan acabado las ayudas del sistema. Todo, habiendo huido del horror y cruzado medio mundo con lo puesto.

Mi casa y la de otros 100

Hasta dar el primer salto, residen en esta instalación repartida en una planta de zonas comunes –salas polivalentes, aula de informática, comedor y salón común– y dos pisos de dormitorios que se adaptan a personas solas y familias, donde rigen las mismas reglas que en un colegio mayor, sólo que hasta las instrucciones más básicas aparecen escritas en cinco idiomas.

Imagen del interior del centro de acogida de refugiados de Getafe (Madrid)

La mayor parte de la vida se desarrolla fuera de sus paredes, porque la apuesta es que se formen en entornos donde los solicitantes de asilo puedan establecer redes con otros ciudadanos. Para los menores, cuenta con parques y recursos específicos. Se entabla diálogo con la comisión de escolarización para seleccionar los colegios donde incorporarles cuando llegan, la mayor parte de las veces, a mitad de curso.

Los baños son comunes, salvo en los cuartos para perfiles muy vulnerables. "Tenemos dos habitaciones para los cinco, vivo con mi mujer como si fuésemos hermanas, con los niños todo el día encima, y cada vez que quiero ir al baño, tengo que pasar por delante de diez habitaciones y saludar a diez personas", comenta entre risas uno de los huéspedes, Mohammed Elkurami, padre de tres niños, sentado en el patio del centro junto a una bolsa con especias para aliñarse la comida.

En el comedor, comenta Mónica López, "es donde se vuelcan muchas frustraciones" porque al fin y al cabo, "es gente que preferiría estar en su propia cocina, cocinando su propia comida". Lo gestionan dos profesionales y un equipo de cuatro refugiados que ya superaron el proceso de acogida. Nunca hay cerdo en el menú. Lo eliminaron porque "casi nadie lo comía".

"Ser fuertes y seguir"

Mohammed Harestani, su mujer y sus tres niños vive aquí desde hace algo más de nueve meses. Les quedan cuatro días. El lunes, por fin, se mudarán a un piso de alquiler. Ha pasado una odisea desde que en 2013 abandonó su Siria natal tras cruzar a Líbano y conseguir unos visados y ahora, es optimista, pero tiene algo de vértigo. Aún no le ha devuelto la llamada la última empresa a la que envió el curriculum y sabe que en seis meses, tendrá que ser capaz de mantener a su familia. Tiene 54 años y habla cuatro idiomas.

En Siria tenía una clínica de fisioterapia, una tienda de electrónica, dos casas, dos coches, y la costumbre de salir de vacaciones al extranjero. Ha perdido todo su patrimonio, su familia está dispersa y su mujer, profesora de inglés, está buscando de lo suyo. Mientras, cuida a una señora mayor una vez por semana. "Hay gente que nos dice que en seis meses vamos a estar en la calle, pero yo creo que no. Tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir", afirma en correcto español.

Bassam Mohammed no lo ve tan claro, su situación es diferente. Ha cumplido los 65 y hace menos de seis meses que pidió asilo en España, así que su autorización de residencia no le permite trabajar y tiene prisa por hacerlo. "Los propietarios no te dejan ni incluso pedir información sobre el piso salvo que tengas permiso de trabajo o una cuenta bancaria y esa no puedes abrirla porque todavía eres solicitante de asilo, así que al final, no nos alquilan el piso", explica.

"Nuestro problema es la normativa del Gobierno sobre los refugiados. Este programa (...) nos dan ayuda por unos meses y después, se acabó", comenta por su parte, Elkurami, ingeniero especializado en energías renovables que llegó a mediados de mayo al centro de CEAR con su familia, casi tres años después de huir de Kobane. Le quedan "45 días" y su mayor reto está siendo encontrar un piso que pueda mantener.

"Nuestro trabajo es darles las herramientas"

Mónica López apunta que "no es lo mismo un refugiado que acaba de llegar" que uno que lleva más tiempo y que ya es "más consciente de lo que cuesta la vida en España, de lo que se puede y no se puede hacer". Explica que con un programa de dos años una persona puede adquirir las herramientas necesarias para ser autosuficiente, pero "otra cosa" es "ser competitivo" en un mercado laboral de poca oferta.

"Cuando haces que quien tienes enfrente sea una víctima, un pobrecito al que para ayudarle le haces las cosas, te estás poniendo en una posición de superioridad. Son personas adultas que toman sus propias decisiones y lo que tienes que hacer es que sean libres y tengan los elementos para decidir. Ese es nuestro trabajo, darles las herramientas y el conocimiento para que puedan manejar su vida, no para depender siempre de unas prestaciones", afirma.

El refugiado sirio Osama Abdul Mohsen y dos de sus hijos llegaron esta medianoche a la estación de Atocha de Madrid después de completar un periplo de más de dos semanas desde Turquía y un año en total desde que decidieron abandonar su país natal, huyendo del terror tanto del presidente Bachar al Assad como del Estado Islámico. "Estoy feliz, muy feliz", y añadió "esto es como andar por el cielo".

En la frontera entre Serbia y Hungría, Abdul Mohsen y su hijo de siete años sufrieron un incidente que dio la vuelta al mundo. Varias cámaras captaron cómo la periodista húngara Petra Laszlo los zancadilleaba cuando conseguían pasar el control policial antes de proseguir su huida hacia Alemania.

En el país germano, Abdul Mohsen se reencontró con su hijo de 18 años, que había salido de Siria previamente y había llegado a Europa a través de Italia. Ahora, tras completar en tren el viaje desde Munich a Madrid, a los tres se les abre una oportunidad de instalarse en España gracias a la mediación de organismos como la Escuela Oficial de Entrenadores de Fútbol y Fútbol Sala (Cenafe) y del Ayuntamiento de Getafe.

Abdul Mohsen –que cursó estudios superiores– fue entrenador de Al-Fotuwa, de la primera división en Siria. Su intención es poder iniciar una nueva vida en Getafe y para ello sueña con reunir en España al resto de su familia, ya que su mujer y otros dos de sus hijos continúan en Turquía. "Empieza una nueva vida para mí y espero entrenar pronto", explicó a la prensa mientras que su hijo menor, visiblemente cansado y también extrañado por la expectación mediática, reconocía su pasión por el fútbol y en particular por un jugador. "Cristiano", decía sonriendo a los micrófonos de los periodistas.

En su integración en Getafe se seguirá volcando Cenafe, cuyo presidente, Miguel Ángel Galán, se encontraba exultante de felicidad en el recibimiento de Abdul Mohsen y sus hijos. También esperaban a los refugiados sirios una delegación del Ayuntamiento de Getafe encabezada por su alcaldesa, Sara Hernández.

"Gracias España" 

La pasada noche, aprovechando una parada para cambiar de tren en la estación de Sants de Barcelona, Abdul Mohsen atendió a la prensa para agradecer la ayuda prestada y repetir que estaba muy feliz por su llegada a España. "Os amo a todos. Gracias por todo. Gracias España", aseguró en la Ciudad Condal junto a sus hijos y un miembro de Cenafe que les acompañó durante su viaje desde Munich, con escalas en París y Barcelona.

Ya en Madrid, y ante una gran expectación de medios de comunicación nacionales e internacionales, Abdul Mohsen repetió el agradecimiento: "Gracias Madrid, gracias España". Un feliz final a un viaje repleto de contratiempos y en el que vio peligrar su vida y la de su hijo, según reconoció, pero que desde este jueves tratarán de dejar atrás para abrir una nueva etapa en su casa de Getafe. Prueba de ello es que no han querido hablar del incidente con la periodista que les zancadilleó en la frontera húngara.

El padre y el niño sirios protagonistas de la zancadilla de una periodista húngara llegarán esta noche a Getafe y, como ha dicho la alcaldesa, Sara Hernández, se tratará con el Getafe C.F. que trabaje como entrenador.

Tras explicar que serán recibidos por ella misma junto a miembros del Gobierno municipal, ha manifestado en rueda de prensa que estos refugiados "fueron tristemente conocidos por la zancadilla de esta periodista que demostró su estilo xenófobo e intolerante, pero en Getafe se les prestará toda la atención que sea necesaria".

"Trabajaremos con el Getafe C.F. para que el padre pueda entrenar, ya que tiene experiencia en ello, y el niño pueda jugar en el club, e incluso quién dice si en un futuro pueda hacerlo en algún otro equipo español", ha agregado.

Según Sara Hernández, "esto es un paso más para demostrar la solidaridad de la ciudad de Getafe ante este drama social que se está viviendo y, si hubiera algún problema en cuanto a entrenar con el Getafe C.F., por parte de los diferentes club deportivos que existen en la ciudad se puede dar salida a los deseos de entrenar del padre y también de la actividad física y deportiva del menor".

Por su parte, el concejal de Deportes, Javier Santos, ha asegurado que desde el primer momento están en contacto con el Centro Nacional de Formación de Entrenadores (Cenafe) "que se están encargando de este asunto y se pusieron en contacto con el Ayuntamiento, que está llevando a cabo todas las negociaciones y ayudas para que se desarrolle este asunto con la mayor felicidad para todo el mundo".

Por último, la alcaldesa ha apuntado que los refugiados se alojarán en una vivienda en Getafe que se les proporcionará, para lo que ha destacado "la gran labor de Cenafe porque su colaboración esta siendo imprescindible para su llegada a Getafe".

Getafe es uno de los municipios más grandes del sur de la Comunidad de Madrid. Según datos oficiales tiene una población de más de 173.000 habitantes. Está gobernado por el Partido Popular, bajo el mando de Juan Soler desde las municipales de 2011. Con él, los conservadores lograron algo inédito: el bastón de mando de este consistorio tradicionalmente en manos de los socialistas. Y Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, le ha encomendado a encabezar la lista para las municipales del 24 de mayo. Soler arranca su nueva etapa como candidato ratificado con una serie de asuntos pendientes y que la oposición (PSOE, IU y UPyD) lleva meses reclamándole. ¿El principal? El desglose de los gastos protocolarios y los viajes de la corporación. Sólo en comidas y cenas, el alcalde ha cargado a las arcas municipales casi 150.000 euros entre 2012 y 2014. El pasado diciembre, el PSOE desveló el reparto por años en un pleno municipal: "Miramos que en el año 2012 el alcalde se gastó 54.000 euros en dietas de comidas, en el año 2013 cerca de 50.000 y en lo que llevamos de 2014, hasta las últimas resoluciones de Alcaldía, que esta concejala ha tenido la oportunidad de ver, hablamos de más de 40.000", sostuvo la portavoz socialista y secretaria general del partido, Sara Hernández. La suma resulta 144.000 euros.

Hasta 2011, Getafe formaba parte del denominado "cinturón rojo" de la Comunidad de Madrid, los pueblos de la zona sur que históricamente han estado en manos de la izquierda. La elección de Soler como candidato en 2011 generó algunas tensiones internas dentro del PP al no ser vecino de Getafe.

Desde finales de 2014, la oposición lleva intentando, sin éxito, que el consistorio aporte algo de luz a estos gastos y a los desplazamientos en taxi del propio Soler y de miembros del Gobierno municipal. Lo paradójico es que el PP, el partido que ostenta la Alcaldía, votó a favor de una proposición del Grupo Municipal de UPyD "sobre la transparencia y fiscalización de los gastos protocolarios y los viajes de la corporación". La iniciativa, con fecha de 18 de noviembre, fue elevada a pleno, y aprobada, el 22 de diciembre. Pero, a día de hoy, no es todavía una realidad. Fuentes del Ayuntamiento consultadas por infoLibre, rechazaron precisar el desglose de los gastos en comidas del alcalde y el motivo de las mismas pese a defender que el consistorio se caracteriza por la "austeridad y la transparencia".

¿Que se aprobó en la citada reunión municipal? [consulta aquí el pleno al completo]

[consulta aquí el pleno al completo]Dar cuenta al pleno y publicar en la página web del consistorio "los gastos producidos a cargo de las atenciones protocolarias y gastos de representación del alcalde y concejales del Gobierno". El compromiso es que se ofrezcan datos desglosados desde, al menos 2007, incluyendo el importe y el gasto de la persona que lo realiza y la justificación detallada de dicho gasto. "En el caso de las comidas o cenas se deberá especificar los nombres y los cargos de todos los comensales, así como el motivo de que se realizara dicha reunión y qué interés tiene la misma para el municipio de Getafe", reza el acuerdo aprobado por unanimidad.

Retirados en metálico y en tandas de 3.000 euros

Los 144.000 euros que se destinaron a pagar comidas y cenas fueron, por lo general, retirados en metálico de la gerencia de la Alcaldía y en tandas de 3.000 euros bajo el concepto de "gastos de representación alcalde". La autorización la da el departamento de Hacienda y una vez realizados, estos gastos han de justificarse con recibos. Si las cuentas no cuadran, el dinero no justificado tiene que devolverse. La portavoz del PSOE, Sara Hernández, asegura a este diario que su grupo, tras mucha insistencia, pudo acceder a las retiradas de efectivo de 2012. Se les dio dos días para consultar la información, no pudieron realizar ningún tipo de copia y en todo momento estuvieron acompañados de un funcionario, según su testimonio.

Medios locales como El iceberg o Getafe Capital han dado cuenta de estos gastos del alcalde en los últimos meses. Concretamente, el primero de ellos informó el pasado enero de que el alcalde había cobrado en nómina sus viajes de taxi de madrugada, parte de ellos fuera de Getafe. Estas informaciones circularon en las últimas semanas entre cargos del PP de Madrid. Algunos de ellos apostaban por que Aguirre iba a prescindir de Soler como candidato por lo que calificaban de "prácticas opacas". Se equivocaron.

"Han aparecido también en los medios de comunicación que estas comidas, estas dietas se han gastado en restaurantes fundamentalmente de Madrid y en horario de fin de semana. Lógico, así vemos cómo al alcalde en todos los actos de asociaciones, de movimientos que se realizan los fines de semana nunca le vemos. Claro, si está comiendo en Madrid, difícilmente puede estar en Getafe", señaló la portavoz socialista en el citado pleno de diciembre.

Nunca lo han negado

El alcalde nunca ha negado los cerca de 150.000 euros de gasto. En el citado pleno del 22 de diciembre, Soler mantuvo que frente a los 600.000 euros de gastos protocolarios de los socialistas, el PP tiene "150.000 para todo". "Para las flores que hay que mandar cuando ha fallecido alguien y como es protocolario se envían, para... sobre todo para la prensa, si es que la mayoría de las comidas que usted ve ahí, la inmensa mayoría es con prensa, si es que la inmensa mayoría es con prensa, desde los desayunos de prensa, a comidas con la prensa. Yo todas las semanas tengo una, dos, o tres comidas con prensa, y luego comidas protocolarias, evidentemente", añadió Soler.

Pese a que el concepto que figura en la retira de efectivo –según las fuentes que han podido consultar algunos registros, es el de "gastos de representación alcalde"– y que de hecho es el regidor el que debe justificar con facturas el destino de las cantidades retiradas, el propio Soler señaló en este pleno a la representante del PSOE que "estos gastos pues los hace la prensa del Ayuntamiento, el propio jefe de gabinete en ocasiones, el alcalde en otras ocasiones y un concejal en otras ocasiones, y son gastos para eso". Pero en ningún momento detalló qué otras personas eran supuestamente responsables de gastar el dinero retirado de las arcas bajo el concepto "gastos de representación alcalde". El hecho de que el propio PP se resista a cumplir el compromiso de publicar los detalles de los gastos impide comprobar la versión de Soler.

La semana pasada, UPyD, el grupo del que partió la iniciativa, registró una pregunta para conocer los motivos del incumplimiento del acuerdo del pleno de diciembre. "¿Ha decidido el Gobierno municipal hacer caso omiso de los acuerdos de pleno en los que se solicitaba publicar y dar cuenta de los gastos con tarjeta y de los gastos de atenciones protocolarias en comidas y viajes o tiene intención de hacerlo antes de la finalización de este mandato?" La pregunta la firma Esperanza Fernández Acedo, la concejal portavoz del citado grupo.

La opacidad de la empresa pública Gisa

También con fecha del 17 de marzo, la formación que a nivel nacional dirige Rosa Díez ha registrado una proposición relacionada con la empresa pública Getafe Iniciativas (Gisa). 

"Cuando este grupo solicitó al Gobierno municipal, mediante una proposición presentada al pleno del 3 de noviembre de 2014, el desglose de los gastos realizados con tarjetas en el Ayuntamiento y sus empresas, salió a la luz que la única tarjeta que se ha utilizado en este mandato ha sido la de la gerencia de Gisa. Sin embargo, dicho acuerdo sigue sin cumplirse y no debería demorarse más su cumplimiento", recuerda UPyD en uno de los puntos de la proposición. 

No pasa inadvertido que en el pleno de diciembre, el propio Soler dio a entender que los datos iban a publicarse pronto. "Las tarjetas no ha sido el problema, las tarjetas del último tiempo, sino que como se pidió de mucho más atrás, se le pidió al banco y lo ha traído esta semana. Es cierto que lo podíamos haber traído en este pleno, porque la documentación ya está, no se preocupen que se la haremos llegar, no antes de este pleno, sino enseguida", dijo.

La oposición sospecha que Gisa ha corrido con gastos personales de sus gerentes. Ya el pasado enero, e insistió el 16 de febrero, el Grupo Municipal Socialista solicitó poder ver "todas las facturas de los pagos a empresas o particulares durante los años 2012, 2013, 2014 por Getafe Iniciativas SA, así como detalle de los servicios realizados con esos pagos". Además, reclama "una copia de las auditorías financieras y de procedimiento realizadas por Gisa correspondientes al periodo 2012, 2013 y 2014". Sendas peticiones de información están realizadas por el socialista Enrique Heras Moreno, miembro del consejo de administración de Gisa.

Taxis pagados por los ciudadanos... ¡el 1 de enero!

Los socialistas llevan también tiempo insistiendo en que desde el consistorio se les aclare algunos gastos de locomoción incluidos en la nómina del alcalde y otros miembros de su Gobierno. Y "las gestiones públicas que estaban realizando" una serie de días una serie de concejales que utilizaron servicios de taxi.

Entre ellos destaca, por ejemplo, un viaje de Paz Álvarez a las 21.13 del 1 de enero de 2013, día festivo. Se trata de la concejala de Urbanismo. Gastó 11 euros. El domingo 13 de enero, a las 21.41, cargó 13,80 euros. Al igual que el 1 de enero, el punto de partida era la calle Bristol de Madrid, en la zona del Parque de las Avenidas. Es decir, que no fue en Getafe.

También hay otros cargos en domingo de otros concejales en el registro facilitado por el PSOE a infoLibre.

En marzo de 2014, Manuel Ortiz, concejal de Presidencia, respondía a la portavoz socialista que cada concejal tiene una tarjeta de 150 euros al mes para traslados, que nunca se ha cubierto el tope y que todas las labores "están relacionadas con la gestión municipal".

De paso, Ortiz aprovechó para recordar que el PP había recortado el "gasto superfluo" de la etapa socialista. El propio Ortiz figura en el listado de gastos de taxi facilitado por el PSOE. Cogió un taxi el 17 de febrero de 2013 a las 0.16 horas en el Paseo de la Castellana, también en la capital. Era domingo.

Respuesta del Ayuntamiento

Este medio intentó, sin éxito, obtener una respuesta del Ayuntamiento sobre los gastos protocolarios de Juan Soler desde que este llegó al consistorio [ver 'La caja negra' al final de esta información]. En la respuesta, no se ofrecieron detalles sobre ninguno de los asuntos solicitados. No obstante, la portavoz recalcó que el Gobierno municipal de Soler "se caracteriza por la austeridad y la transparencia".

Como ejemplo de austeridad, citó que se han eliminado las tarjetas de crédito que utilizaba la anterior corporación municipal, "tanto de las empresas municipales como del Ayuntamiento". Pese a esta información, Soler ha reconocido que la empresa municipal Gisa cuenta con una tarjeta a nombre de la gerencia.

Asimismo, la portavoz del Gobierno local recalcó que ya no existen coches oficiales, "incluido el coche oficial del anterior alcalde, un A8 valorado en 120.000 euros". El anterior regidor era el socialista Pedro Castro. Según la información del departamento de comunicación del consistorio, el alcalde se mueve en un utilitario propiedad de la policía municipal y ningún concejal de Gobierno dispone de coche oficial.

En cuanto a asesores, el consistorio cifra en un ahorro de más de un millón de euros al año la reducción de 54 a 20. Y en lo relacionado con los gastos de atención protocolaria se cuantifica la reducción de los gastos en un 75%. "Los gastos de esta partida corresponden a relaciones institucionales por parte del gabinete y del Gobierno municipal, muchos de estos gastos corresponden a comidas, entre otros, con medios de comunicación", sostiene la portavoz oficial.

El Ayuntamiento de Getafe ha aclarado este sábado que el viaje del alcalde Juan Soler a París invitado por la empresa francesa Cofely, filial en España de GDF-Suez, entra dentro de la actividad normal de trabajo municipal y "como viaje de trabajo no tiene nada que ver con que te paguen un viaje". Cofely España es una de las principales empresas investigadas en la Operación Púnica.

Según han señalado desde el Consistorio en un comunicado, el viaje lo organiza todos los años la multinacional GDF-Suez para enseñar sus instalaciones, así como los avances tecnológicos aplicables a las necesidades de los ayuntamientos, y a este tipo de viajes la empresa invita a cientos de alcaldes y concejales de toda Europa, acudiendo en esta ocasión alcaldes y concejales belgas, británicos y holandeses.

Asimismo, han señalado que se conoce como La Soireé des Maires y consiste en una jornada de 24-48 horas, en la que por la mañana se ofrece un desayuno informativo y los anfitriones organizan un recorrido por sus instalaciones, mientras que por la tarde los asistentes acuden a las oficinas que la empresa tiene en La Defense y proyectan un Power Point con los avances tecnológicos aplicables a las necesidades de los municipios.

Por la noche se organiza un vino francés y un cóctel en el Museo del Louvre al que asisten cientos de concejales y alcaldes de toda Europa, siendo el anfitrión de la cena el Ayuntamiento de París, uno de los máximos clientes de la multinacional.

El alcalde de Getafe ha acudido en dos ocasiones a París invitado por GDS-Suez, ya que en la primera ocasión no pudo asistir al recorrido de la mañana por la empresa "por estar cumpliendo con sus obligaciones de alcalde, por lo que la empresa le invitó al año siguiente ya que se hace todos los años".

Además de estos dos viajes a París el alcalde ha realizado dos más a Francia invitado por Eads Airbus para acudir al Salón Aeronáutico, "ya que todas las grandes empresas cursan estas invitaciones a viajes de trabajo".

Por último, en el comunicado se subraya que Cofely no tiene en Getafe ningún gran contrato importante, pues "se ha presentado en cuatro ocasiones y no ha ganado el concurso en ninguna de las cuatro".

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista y candidata a la Alcaldía de Getafe, Sara Hernández, ha afirmado sobre el viaje que "Juan Soler y el concejal de Hacienda, Fernando Lázaro, que le acompañó, pueden haber cometido presuntamente un delito", por lo que pondrán en conocimiento de la Guardia Civil lo sucedido para que lo investigue dentro de la Operación Púnica.

También analizarán acudir a los tribunales porque, según el artículo 422 del Código Penal, será castigado con pena de prisión de seis meses a un año, la autoridad pública que admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo.

Los socialistas de Getafe han exigido a Juan Soler explicaciones sobre su relación con Cofely, pues "resulta urgente y necesario que aclare si, cómo le han hecho llegar a este Grupo Municipal, es cierto que ha sido más de un viaje el que ha disfrutado con todos los gastos pagados".

"Igualmente se le exige que paralice otro contrato en tramitación por el que en la actualidad puja Cofely junto a otras empresas, y cuyo montante asciende a 2,8 millones euros, hasta que no se aclaren estos hechos", han agregado.

Además, han recordado que es necesario recordar que el Ayuntamiento de Getafe "firmó anteriormente un contrato, tramitado a través de un procedimiento negociado sin publicidad, lo que significa que se presentaron al concurso únicamente las empresas previamente elegidas por el actual Gobierno del PP, con Cofely por un valor de más de 164.000 euros".

Hernández ha asegurado además que para ellos "no hay diferencia entre cobrar dinero de una comisión o disfrutar de un viaje pagado", por lo que entienden que Juan Soler debe aclarar su relación con Cofely y paralizar cualquier licitación con la empresa.