Tras el cierre de las urnas y a pesar de la falta de resultados oficiales, la coalición opositora formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se han proclamado vencedores de las elecciones, algo que también ha hecho el gubernamental Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del presidente, Andrés Manuel López Obrador, según recoge Europa Press.

Así, el PAN y el PRI han dicho ser los ganadores de la contienda en al menos seis gobernaciones, algo que también ha declarado Morena, según informaciones del diario El Universal. Movimiento Ciudadano, por su parte, ha declarado su la victoria en Nuevo León.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha afirmado así que se ha podido poner un "alto" a Morena y a la "destrucción del país". Así, Marko Cortés ha indicado que con los sondeos a pie de urna, se ha obtenido un "buen resultado en las elecciones". "La coalición va a gobernar a mucha más población y va a tener más diputados federales y locales", ha aseverado.

En este sentido, ha declarado que Acción Nacional y sus aliados suponen la "gran alternativa" y que se han hecho con un resultado histórico en Ciudad de México, dnde va ganando Benito Juárez, así como en Coayoacán, con Miguel Hidalgo, y en Cuauhtémoc Cuajimalpa con Álvaro Obregón.

"Acción Nacional está ganando con un amplísimo margen en el estado de Querétaro, y también puedo informarles que la coalición Va por México tiene cerradas contiendas arriba en los estados de San Luis Potosí, Michoacán, Campeche, Zacatecas y Colima", ha afirmado.

Por otra parte, el líder de Morena, Mario Delgado, ha indicado que el partido se ha hecho con los estados de Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima y Campeche. En un mensaje ante los medios de comunicación, ha sostenido que dichas entidades ya se han "vestido de Morena" con una ventaja "irreversible".

"Estamos muy contentos porque el pueblo de México decidió seguir haciendo historia. Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima y Campeche se visten de Morena. Son encuestas de salida donde se tiene una amplia ventaja para darlos ya como resultados que se irán conformando por la autoridad electoral a su debido tiempo, pero por el margen que tenemos son irreversibles", ha destacado.

Delgado ha manifestado además que Ciudad de México sigue siendo "territorio Morena" y ha declarado la victoria en al menos 14 alcaldías. "Tenemos 14 alcaldías ganadas, y los resultados no nos favorecen en Benito Juárez y Cuajimalpa", ha puntualizado.

Respecto a las diputaciones a nivel federal ha insistido en que "mantendrán la mayoría". No obstante, ha denunciado incidentes, como la apertura tardía de las urnas, la compra de votos y algunos casos de violencia electoral, algo que se estaría investigando.

Sin mayoría en la cámara de diputados

El PRI, sin embargo, ha insistido en que Morena ya no contará con la mayoría den la Cámara de Diputados. El líder de la formación Alejandro Moreno Cárdenas ha proclamado la victoria electoral de su partido en Campeche y Nuevo León, ha asegurado que ha sido un proceso muy ajustado en el que la alianza opositora se habría desmarcado en Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí y Colima.

Moreno ha matizado que, sin duda, el PRI "arroja un resultado muy positivo" dado el incremento de los apoyos registrados desde las últimas elecciones. "En el PRI y en la coalición Va por México estamos muy contentos porque tendremos resultados excelentes, buenos para nuestros partidos, buenos para México, (...) vamos a generar en el Congreso de la Unión también pesos y contrapesos que le van a ayudar al país", ha destacado.

Por otra parte, ha reconocido la labor del Instituto Nacional Electoral: "todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo a las consejeras, a los consejeros, pero sobre todo a los miles de ciudadanos que participaron en esta elección".

Ciro Murayama, consejero electoral, ha alertado en su cuenta de Twitter de la irresponsabilidad que supone declararse ganador sin que haya aún resultados oficiales del proceso.

El presidente electo de México, el candidato conservador Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este sábado que su salario como jefe de Estado será de 108.000 pesos al mes, equivalentes a unos 5.000 euros, en un intento de dar ejemplo de austeridad al país.

López Obrador presentó hoy su ambicioso Plan de Austeridad Republicana, que busca acabar con la corrupción y los privilegios para favorecer programas sociales a través de 50 puntos. | EFE

El mandatario ha señalado que el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cobra más de 270.000 pesos mensuales, más el doble de lo que obtendrá él. "Y yo voy a recibir 108.000 pesos mensuales, el 40% de lo que recibe actualmente el presidente Peña. Yo decido ganar menos de la mitad, cumpliendo con mi compromiso", ha explicado.

La decisión por parte de López Obrador forma parte de un plan para ahorrar fondos presupuestarios anunciado ya durante su campaña electoral. El programa implica una reducción en los salarios de los funcionarios y el fin de la mayoría de sus privilegios.

De acuerdo con López Obrador jurará el cargo el próximo 1 de diciembre.

Las autoridades de México han informado de que los candidatos a alcalde en el estado de Michoacán Omar Gómez Lucatero y Fernando Ángeles Juárez han sido asesinados a tiros este jueves en un periodo de menos de 24 horas, según ha recogido la cadena Telesur.

Gómez, candidato independiente por el municipio de Aguililla, murió tras recibir varios disparos por un grupo de hombres armados en la localidad homónima cuando se dirigía a un acto de campaña. Varios familiares han asegurado que el candidato había recibido varias amenazas la noche anterior.

"El día de ayer por la noche fue un grupo de personas armadas a la casa de Omar, le indicaron que iban de parte de Osvaldo Maldonado, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fueron a amenazarlo, le dijeron que si no se salía de la contienda lo iban a matar y hoy lo mataron", ha explicado Yasser Gómez Galicia, sobrino de Gómez.

Juárez, candidato por el Partido Revolución Democrática (PRD), ha muerto sobre las 8.00 (hora local) tras recibir varios disparos. Según testigos, tres hombres armados irrumpieron en su vivienda y abrieron fuego en su contra.

La muerte de los candidatos se suma a la de los 115 políticos que han sido asesinados desde que empezó la campaña electoral de cara a las elecciones previstas el próximo 1 de julio en el país. Al menos 28 de ellos eran precandidatos y 19 candidatos.

Víveres y voluntarios se aglomeraban en los centros de acopio de los distritos más acomodados y accesibles de Ciudad de México tras el brutal terremoto sufrido el martes 19 de septiembre, dando muestra de solidaridad en contraste con los esfuerzos del Gobierno para ayudar a las víctimas más necesitadas.

En Roma y Condesa, dos de los barrios de moda en la capital, cientos de voluntarios están dispuestos para ayudar a cavar en busca de supervivientes que puedan seguir atrapados bajo los escombros. En los últimos días, sin embargo, han estado menos activos.

Otros han llevado agua y comida para los rescatistas y/o para las miles de personas que quedaron sin hogar. Sin embargo, se han encontrado con que ya hay demasiado alimento disponible.

Mientras tanto, en los barrios más pobres de las afueras de la capital, la ayuda era menos abundante y algunas víctimas se quejaron de que aún no habían recibido muestras de auxilio por parte del Gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto.

En el dañado vecindario Del Valle, Marcela Sánchez, de 48 años, llegó en busca de ayuda después de que perdiera su casa por el sismo en el empobrecido municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el sobrepoblado Estado de México, adyacente a la capital. "Nosotros no hemos recibido ayuda", dijo Sánchez, añadiendo que "los que trabajamos en la Ciudad de México hemos llevado ayuda al Estado. Ojalá que nos pudieran ayudar".

La respuesta del Gobierno al desastre está bajo estrecho escrutinio, previo a las elecciones presidenciales del próximo año, así como también la desigualdad de las operaciones de socorro y la falta de coordinación entre las autoridades.

"Hay bastante (provisiones y ayuda). Lo único que falta aquí es la administración de emergencias", dijo Roberto Hernández, fundador de Los Topos, un escuadrón de rescate civil que surgió espontáneamente en 1985 tras un mortífero sismo.

La respuesta del Gobierno está siendo organizada por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, que no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios a la agencia de noticias Reuters, al igual que la oficina del presidente tampoco respondió a solicitudes de comentarios.

Tarea monumental

Funcionarios, policías, soldados y marinos, así como rescatistas extranjeros y hordas de voluntarios civiles, han participado en la búsqueda de supervivientes y cuerpos.

Pero la enorme tarea logística de ordenar esos recursos parece poca. La coordinación entre las diferentes autoridades ha sido complicada y los voluntarios se quejan de que reciben órdenes superpuestas, frustrando los esfuerzos de socorro.

Mientras los rescatistas trabajan 24 horas en los sitios del desastre, decenas de fuerzas policiales y militares se quedan sin ninguna tarea aparente, a veces sólo de pie, inactivos.

Hernández, de Los Topos, se quejó de la lentitud de la limpieza de escombros en un edificio de oficinas colapsado en la Roma. Mientras los rescatistas trabajaban encima de las ruinas, decenas de policías y soldados parecían tener poco que hacer.

"Hay que romper las losas y bajar las losas para encontrar los cuerpos o sobrevivientes. Eso lo hicimos hace 32 años y salvamos a 137 personas", dijo Hernández. "Mira (a los policías). Cada uno de ellos ahí está dispuesto a llevar por los menos dos piedras", agregó.

El alcalde de la Ciudad de México dijo en una entrevista con la cadena de televisión Azteca que mejora la respuesta oficial. "Nos hemos sumado al Plan MX sin reticencias, sin poner ningún tipo de obstáculo, porque estamos trabajando de la mano con la Marina, con el Ejército, con la Policía Federal", comentó.

Pero en los estados centrales Morelos y Puebla, cercanos al epicentro del terremoto, en algunos poblados las víctimas dijeron que el Gobierno no había llegado. En su lugar, caravanas de voluntarios viajaban desde la capital transportando ayuda para las poblaciones más remotas.

En vecindarios relativamente cercanos, como San Gregorio, en el sur de la capital, donde muchas de las modestas casas de adobe y ladrillo se desmoronaron o se agrietaron y los daños en las carreteras han impedido el acceso, residentes se quejaron de que la ayuda era lenta y no tan abundante como en otros barrios.

"No hemos tenido ningún apoyo de las autoridades, el apoyo ha sido de la gente", dijo Antonio Ramírez, un profesor jubilado que realizaba un censo de viviendas afectadas. "Hasta los propios militares, en lugar de traer palas y picos, traen metralletas", agregó.

312 víctmas en todo el país

El balance de víctimas mortales como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes la zona centro y sur de México ha ascendido a 319, según el último balance oficial.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, ha confirmado a través de su cuenta en Twitter el aumento de la cifra de fallecidos, distribuidos de la siguiente forma:

Puente ha indicado que en Ciudad de México han muerto 181 personas. A los muertos en la capital del país se suman 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca.

El terremoto tuvo lugar poco más de una semana después de otro de magnitud 8,2 en la escala de Richter que dejó más de un centenar de muertos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se da la circunstancia de que tal día como el 20 de septiembre, hace justo 32 años, se produjo otro seísmo en México que dejó miles de víctimas mortales.

Un terremoto de intensidad 6,1 y epicentro en Unión Hidalgo, Oaxaca, ha derrumbado este sábado un puente y varias viviendas que habían resultado afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre.

[Nota: el pasado 19 de septiembre se cumplieron 30 años de lo que, con un escalofrío, los mexicanos llamamos “El temblor”, un sismo de 8.1 grados de magnitud y casi cuatro minutos de duración. Devastada al despertar, la Ciudad de México nunca sería la misma.

A caballo entre la crónica y el cuento, el siguiente relato, escrito, reescrito y vuelto a escribir con el correr de los años, recoge uno entre mil destinos alterados por el cataclismo. El terremoto del 85, dicho sea de paso, dio a luz a la sociedad civil mexicana].

“De mi abuela me quedó nada más un libro sin pastas, Los Bandidos de Río Frío, que mi papá recogió entre los escombros. Y ni siquiera me consta que fuera de ella, porque con su casa se cayeron las de todos los vecinos... Bueno, y allí guardo, doblado dentro del libro, el dibujo de la túnica”.

Los hechos son materia movediza, materia que flota en suspensión. Al hilvanarlos en un relato se la precipita, y al asentar sobre papel el relato se la fija definitivamente. Una historia verídica pertenece a quienes la vivieron. Si, en la presente, aspiro a un precipitado diáfano, deberé narrarla cediendo a menudo la palabra a quien confiara en mí para ponerla por escrito. La escritura literaria sólo dosificará los acontecimientos, los afilará –si acaso– para que actualicen su elocuencia intrínseca.

“Cuando mi abuelo Ramiro murió y mi abuela se quedó sola, varios de mis tíos le propusieron, y hasta le exigieron, que se mudara a vivir con ellos. Pero mi abuela ni los oyó. Nunca quiso saber nada; nunca quiso dejar su casa” –me cuenta, con estas u otras palabras, Ana Laura–.

Su abuela se llamaba Ricarda. Hacía cincuenta años que vivía en el centro de la ciudad, en una antigua vecindad de la calle de Lecumberri.

“No te imaginas cómo era aquello: una construcción de hace un siglo, las casas estrechas y encimadas unas a las otras. Llena de patios y traspatios, de escaleras, de pasillos con requiebros”.

Imaginar, sin embargo, habré de hacerlo.

Titubeante, me abro paso entre cortinas translúcidas de ropa de cama que gotea. Ese segundo patio se concentra en un corredor oscuro que a su vez culmina en una escalera angosta. Un tanto empinada y de gastados escalones. Me aventuro por un nuevo pasillo. Se llena de luz al disolverse en una galería de balcones que mira sobre tendederos y piletas. Creo que es allí. Imagino la pesada puerta del interior 4. A un costado, una maceta de sábilas forrada de mosaico y, en un par de jaulas, los canarios y el asustadizo carmín de un cardenal. Al otro, un tanque de gas, encadenado.

La hoja derecha de la puerta se entreabre a una estancia sombría, olorosa a sótano. Algo turbia, la escasa claridad de la pieza viene del esfuerzo compartido de dos minúsculas ventanas y una lámpara con pantalla de seda “que se quedaba prendida también durante el día”. De la luz macilenta se recortan los vuelos erráticos de unas hormigas aladas.

“Aquí y allá mi abuela Ricarda colocaba cuencos con agua” –rememora Ana Laura.

La duela, maltrecha, crepitaba bajo los tapetes. Entre las vigas del techo había pardos manchones de humedad y Ricarda barría a diario regueros de polilla o el salitre desprendido de las floraciones del encalado. En el estrecho comedor colgaba un cuadro oscuro, curioso, sin duda bastante antiguo, en el que un hombre barbado cargaba a cuestas una cruz y, encima de ésta, a su mujer. A la izquierda, un retrato al carbón de Ramiro cuando joven. Y al amparo de su mirada, el viejo sillón verdusco en que Ricarda se sentaba a toser y a escuchar por la radio las comedias.

“Y había también, encima de una mesita, una tabla de Ouija, pero a mí me daba cosa agarrarla”.

Sus nietas la visitaban poco, los domingos. Ana Laura, sin embargo, le llamaba por teléfono cada tarde, sin excepción, para recordarle que se tomara el Adalat. Le llamaba a las siete menos cinco, porque a las siete y cuarto su abuela Ricarda tapaba sus pájaros, merendaba su pan dulce y un tecito de yerbabuena, y se acostaba a dormir.

“Platicábamos a gusto –me refiere Ana Laura acongojándose de pronto–. Yo le contaba de mis cosas, lo que hubiera visto en la calle, o en la secundaria, o de algún chico que me gustara y así…”.

De no ser a sus mandados y a sus sesiones en El Peñón, Ricarda casi nunca dejaba su hogar.

Respecto a El Peñón su abuela mantenía cierta reserva, así que Ana Laura no puede decirme mayor cosa. No sé si deba llamarlo secta, o congregación, o qué. Era una especie de templo espiritualista escindido de la Iglesia Mariano Trinitaria y funcionaba en una casa particular detrás del aeropuerto. Acaso exista todavía. Sé, eso sí, que todo lo que en la vida de Ricarda se refería a El Peñón dejaba traslucir un gran fervor. Cada semana asistía al templo. Allí, entre nardos y nubes, se oficiaba el rito, sacudido a menudo de trances y visiones, y acto seguido, en pieza aparte, tenía lugar la sesión de espiritismo. Una médium, oriunda de Orizaba, hacía venir del éter las almas de los difuntos. Supongo que Ricarda “comenzó a creer en el espiritualismo cuando se quedó viuda de mi abuelo Ramiro”.

Pido a Ana Laura que me enseñe en fotografía a su abuela Ricarda. Me gustaría ponerle un rostro antes de comenzar a escribir.

Ana Laura me llama por teléfono, emocionada, casi a la media noche:

—Estaba buscando más fotos y no me vas a creer lo que me encontré en un cajón: el testamento que mi abuela dictó dos años antes de morir… ¿Y sabes qué me dejaba? El cuadro aquél de que te hablé, ése oscuro, muy antiguo, que había en su comedor, el del hombre llevando a cuestas una cruz y encima a su mujer.

No atinamos a situar la escena, que habrá de buscarse en las vidas de los santos.

—Tienes que pensar bien dónde quieres colgarlo—, bromeo.

—No te preocupes, ya sé dónde lo voy a poner.

A los pocos días voy a casa de Ana Laura. No son muchas las fotos. Apenas cinco o seis. Abrevian mal y más bien tristemente una vida. Separo del conciso abanico un retrato formal de Ricarda cuando joven. Viste de negro, un chal de encaje sobre los hombros. La pose es púdica: se la ve sentada junto a una mesita, las piernas bien apretadas. Estricta y circunspecta, nos rehúsa su sonrisa. Los ojos, pequeños y muy negros. Los había yo imaginado más fervorosos. Cejas bien delineadas y ojeras pardas enmarcan un mirar determinado, austero. Un mirar de otra época. Y, en la mejilla, un lunar carnoso, que también legó a alguna de sus nietas.

En la última fotografía, algún desleído cumpleaños infantil, la mirada de Ricarda se ha vuelto gris, velada de catarata incipiente.

Al acompañarme a la puerta, Ana Laura se detiene en el corredor y me señala un gran clavo en el muro vacío:

—Se ve bien aquí, ¿no?

—Sí, se ve bien allí.

El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, mientras Ricarda desayuna en la cocina, un terremoto de 8.1 grados en la escala Richter de magnitud de ondas superficiales sacude la Ciudad de México.

Por fin dejó de temblar. Los teléfonos todavía servían. Le marcó a su hija Clara, pero sonaba ocupado. Tras algunos intentos logró comunicarse con Tomás, su hijo menor. Le dijo que se encontraba bien; el temblor la había cogido desayunando. Creyó que se acababa el mundo, pero ya se le había pasado el susto. Se habían abierto unas grietas en cruz que dejaban ver de su cocina a la estancia. El piso de la recámara se había hundido. La casa estaba llena de tierra.

Tomás le pidió que lo dejara todo y se saliera de inmediato. Él iría para allá, a recogerla. Ricarda terminó de desayunar, enjuagó sus trastes –el agua salió terrosa, a tironazos–, y luego obedeció. Salió a la calle y esperó allí, el monedero en la mano, parada en la banqueta. Todavía el polvo no terminaba de asentarse. Columnas de humo se alzaban por distintos rumbos de la ciudad. El muchacho de la tortillería le acercó un banquito de cocina:

—Siéntese, seño.

Ricarda se sentó. Se entretuvo mirando a los vecinos, con los que no se hablaba, que trataban de sacar algunas pertenencias. Dos pirujas, en camisón, sollozaban abrazadas. Pero pasó media hora. Y luego otra media hora. Y su hijo Tomás no aparecía. Chillaban muchas sirenas, de ambulancia, y otras distintas, a lo mejor de la Cruz Verde. O a lo mejor patrullas, o bomberos.

“Mi papá –me cuenta Ana Laura– se fue por ella en la camioneta, pero habían cerrado el paso y sobre la calzada de Tlalpan nada más pudo llegar hasta Metro Chabacano. Y de ahí tuvo que echársela a pie”.

Y Tomás, el padre, el hijo menor, se baja del auto y camina apurado oyendo el ulular de las sirenas. Lleva un veliz verde en una mano. Una y otra vez le dicen que no hay paso, y debe retroceder, dar rodeos enormes sintiendo que camina y camina sin lograr acercarse a la casa de sus padres. Camina viendo las fachadas derruidas, los edificios doblegados, los ventanales en añicos, las varillas retorcidas y el hormigón desmoronado, las letras rotas de los anuncios en el suelo, los muebles destrozados, los papeles y papeles y papeles, y el polvo y más vidrios y papeles. Gente a media calle le grita que hay fugas de gas. Torpemente, a jalones, Tomás se zafa de una mujer descalza y desencajada que se le aferra gimoteando de la cazadora. Y huye. Conforme corre hacia el Centro va ganándolo el pavor, a cada paso más consciente de la magnitud de la tragedia.

Nunca diría el Gobierno cuántos cuerpos fueron trasladados al parque de béisbol.

Ricarda, mientras tanto, aguarda cada vez menos convencida. Tres cuartos de hora pasan. Su Tomás que no llega. De tanto respirar cal y concreto se siente corta de aire. No puede resignarse a abandonar su mundo, sus objetos, sus hábitos, sus fantasmas. No, no va a dejar su hogar, sus vitrinas, su vida allí, llena de aflicciones. Le dicen que no entre, que las vigas están degolladas. A ella qué más le da. Y además adentro con tanto que escombrar.

Unas losas no resistieron y se le desplomaron encima. Estuvo, según dijeron los rescatistas, atrapada casi una hora, prensada entre la escalera y lo que hasta esa mañana había sido el muro de los lavaderos. La trasladaron al hospital de La Raza con hemorragia interna debida a estallamiento de vísceras y fracturas múltiples en cadera y fémur. Debió de haber soltado, pensaba, a sus pobres pajaritos. Apretado contra el pecho su dije del Triángulo de Luz y el Ojo Omnipotente de Dios, nunca perdió conocimiento.

“Fuimos a verla al Seguro, a terapia intensiva”.

Ana Laura estaba ya por cumplir quince años pero no le permitieron pasar. Así que se quedó allí, sentada en el vestíbulo durante horas, durante días, en una silla de plástico termoformado, color naranja, mirando entrar nuevos pacientes, oyendo sus historias por fragmentos. Un hombre de aspecto desgarbado se acerca a preguntarle su tipo de sangre. A cada tantas horas, su papá baja, ojeroso, y atraviesan juntos la calzada hasta el puesto de jugos.

—Me voy a morir –les dijo Ricarda–. No tengo miedo.

Pidió una hoja de papel. Nadie traía. 

“Yo estaba esperando abajo en el recibidor porque no permitían el acceso a menores, y vino mi mamá a ver si tenía algún papel. Traía yo mi mochila y allí venía mi cuaderno de álgebra. Se lo di y se volvió a subir”.

La abuela Ricarda (o la madre, o la suegra, según quién cuente la historia) dibujó con un bolígrafo, forzando la vista y guiándose cuidadosamente en la cuadrícula, el patrón de una bata larga, de amplias mangas piramidales, con una capucha. Debía de ser blanca, lustrosa, y con ribetes morados en las bocamangas.

—¿Cuánto vas a tardarte? –le preguntó a su nuera.

—No sé, puede que unos dos días, según lo rápido que consiga la tela.

—Aguantaré.

También pidió que le trajeran crisantemos.

El segundo temblor, el de la noche del veinte, los sorprendió en el hospital. Todos huyeron corriendo, buscando librar la dimensión del edificio. Los pacientes que se podían mover también salieron, algunos cargando con su bolsa de suero. A la abuela Ricarda la dejaron allí, solita en su cama de metal cromado. Sus ojos buscaron amparo y reposo en el arreglo de crisantemos hasta que todo dejó de tintinear.

Entretanto, lo que quedaba de Lecumberri 87-B interior 4 altos, con sus tapetes rojo oscuro, su polilla, y sus pesados cortinajes porfirianos, se terminaba de caer.

Me interesa la semana de espera en la que poco o nada parece ocurrir. Esa semana en que para Ana Laura el vacío va haciendo cada vez más terribles sus contornos. “Que sólo a mí no se me permitiera subir a verla me pareció injusto, pero me lo guardé. No me quejé con nadie”.

Imagino las peripecias, en una ciudad fuera de quicio, para conseguir la tela apropiada. El ruidillo obstinado, ya tarde en la noche, de la vieja Singer de pedal. Las prisas y los silencios. Los retazos satinados resbalando escurridizos hacia el suelo.

Le llevaron la túnica, pero el forro no era como ella lo quería. La rechazó.

—Aguantaré –repitió, ajado, el hilillo de voz.

Intuyo las nuevas peripecias. Los ires y venires de la casa al hospital. Las divergencias, reunidos a la mesa del antecomedor, en la interpretación del trazo de Ricarda. Las noches en vela en que la nuera se reapropia los gestos de la costura, que no practicaba desde que sus hijas crecieron.

Ya a los cinco días las enfermeras no disimulaban su impaciencia. Se necesitaban camas, y pues la señora estaba mayor y estaba reventada por dentro, y pues se iba a morir de todos modos, ¿no?

Pero Ricarda, cada vez más menguada, a ratos delirante, se había propuesto aguantar.

La segunda bata por fin estuvo lista. Ana Laura se la probó en el comedor. Se sintió “rara”. Pasaron la punta de la plancha tibia sobre la tela satinada, doblaron la túnica y, en una bolsa de plástico, se la llevaron a Ricarda.

Ponérsela fue trabajoso. Ricarda misma se desprendió el catéter de la muñeca amoratada. En cuanto tuvo la bata puesta dejó de gemir. Se serenó. Pidió un espejo. Solo había a mano uno pequeñito, turbio, de esos que vienen en la tapa de una polvera. Tuvo que ser ese. Ricarda se miró durante un rato. Quiso que le recogieran con pasadores el cabello, que le pusieran bilé, perfume. Pidió que no faltaran de avisar de su muerte en El Peñón. Luego se despidió confusamente, cruzó las pálidas manos sobre el corazón, cerró los párpados y murió.

“Y yo que me suelto a llorar por cualquier cosa, no lloré –me dice Ana Laura–. Sentí que me arrebataban algo, no a mi abuela… algo... no sé... dentro de mí. Un enorme vacío. Como si de un resbalón me cayera hacia adentro de la piel al alma”.

“Sabes –agrega–, mi abuela y yo platicábamos a diario, y sin embargo yo no la conocía. En la familia dicen que salí a ella, que me inculcó sus maneras. Pero yo no supe nunca ni quién fue ni qué quiso. De eso me doy cuenta ahora, casi a medida que te lo voy diciendo. Por ese entonces nunca lo pensé”.

Ana Laura nunca fue a ver lo que había quedado de la vecindad de Lecumberri. Dice que las tres o cuatro veces en que Tomás fue a ver qué recogía no lo acompañó porque no la dejaron.

“Mejor así, porque a esa edad no sabe uno separar hasta qué punto lo mueve el cariño y hasta qué punto una curiosidad malsana”.

Tal es la extraña justificación que se da Ana Laura hoy a diez años de distancia. Hoy que en la calle de Lecumberri se alzan “esas colmenas infames que construyó el gobierno dizque para los damnificados. Las pintaron de colores pastel y las bautizaron con mentiras priístas como Conjunto Renacimiento, Conjunto Prosperidad, Conjunto Bienestar”.

Difícilmente, me digo, la motivaría una curiosidad malsana, y mi relato se toma la licencia de forzarle la mano:

Tres o cuatro de meses después del sismo Ana Laura salió temprano de la secundaria. Tomó el metro en General Anaya. Cambió de línea, a empellones, en Pino Suárez, y luego otra vez en la estación Candelaria. Sería poco después del mediodía. Se bajó en metro Morelos y caminó entre los puestos hasta doblar por Ferrocarril de Cintura. En cada cuadra le salían al paso uno o dos lotes con tiraderos de cascajo, colchones, zapatos, láminas, trapos, varillas en nudos imposibles. Había perros, algunos, echados al sol mascando tortillas tiesas. Subió por la calle de Lecumberri. Reconoció las casas vecinas, desvencijadas, chimuelas, vacías, aún en pie. Entre ellas, y detrás de un cordón de plástico amarillo, una cuesta de escombros se alzaba desde la acera. Los bulldozers lo habían arrastrado todo, la arcilla, el polvo, las vigas rotas, los delantales y la ropa de planchar, las radionovelas, el nervioso revolotear de la pareja de canarios por encima de una latita con alpiste. Todo lo habían reunido en un gran montón de astillas y de ladrillos rotos. Miró bien alrededor. Su abuela no estaba. O estaba sólo como un vacío de terribles contornos, como “ese caerse hacia adentro, de la piel al alma”.

Cuando se disponía a marcharse, desvió hacia el suelo la mirada. Entre el polvo y las piedras, un pedazo de loza, curvo, como de plato sopero. Reconoció el dibujo azul de una de las vajillas de Ricarda. La de recibir. Para recogerlo, tuvo que agacharse y estirar el brazo por debajo del mecate amarillo.

La curva del fragmento sugiere en el espacio la circunferencia del plato. Y de allí se intuye la mesa puesta para seis, la sopa de calabacitas, el partido de fútbol con una bolita de migajón, la dilatada tarde de domingo. Ana Laura se aleja memoriosa por la acera. Entre sus dedos gira un trocito de porcelana blanquiazul, pieza menor de un rompecabezas disgregado que no podrá ya reconstituirse.

“Incluso muchos meses después, por puro automatismo –me cuenta Ana Laura–, seguía yo llamándola por teléfono. Pero el teléfono sonaba y sonaba y sonaba y nadie respondía. Y después de parecerme raro que mi abuela hubiera salido, me acordaba de que ya no había ni teléfono, ni abuela y sólo el montón de escombros que había sepultado sus cosas... Entonces colgaba.

Mira –me dice–, ese llamar por teléfono a un mundo ya perdido es la imagen con que me gustaría que terminaras el relato”.

Lo creí terminado.

La curiosidad, acaso no malsana, meramente literaria, me llevó a buscar el sitio en donde había estado la casa de Ricarda. Subí a pie, según las indicaciones de Ana Laura, esquivando vendedores y puestos, por República de Colombia. Varias veces recorrí la calle de Lecumberri. No acertaba a ubicarme. Entré a uno de los edificios de concreto precolado que habían brotado, como hongos, de la noche a la mañana. Pintado de color mamey, a diez años de distancia seguía forzando su presencia, incapaz de insertarse con naturalidad en un barrio de otros linajes. Había ropa tendida en los balcones, niños pequeños intrigando en cuclillas y otro, mayor, que hacía equilibrios sobre una pelota ponchada.

Pregunté a una mujer que barría las basuras del patio si allí había estado el número 87-B. Movió la cabeza:

—Mire, aquí es el 81, pero la verdad no sabría decirle.

A ella la habían reubicado; era de otra colonia.

Mirando las sábanas en los balcones, imaginé la tenue túnica de nailon, afantasmada, vaporosa, todavía tibia, colgada de un clavo cuidadosamente centrado en una pared desnuda. Me senté en el borde de una tosca jardinera de cemento. A pensar. En cómo hallarle un contorno de palabras a lo que se ha perdido.

Distante, sepultado por los apagados tumbos de una cumbia, creí distinguir el timbre de un teléfono sonando, sonando, sonando sin que nadie pareciera inmutarse.

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Estas escuelas han sido abandonadas por el Estado, que les retiró las ayudas en la esperanza de que mueran de inanición. Esa actitud es también un símbolo de la pérdida de raíces de la Revolución de México. Acabó tan anquilosada que su partido principal pasó a llamarse Partido de Revolución Institucional (PRI), como si lo extraordinario pudiera ser cotidiano. Esa institucionalización fue la muerte de la revolución y el arranque del abuso y la corrupción.

Ha sido un largo camino hasta alcanzar el desastre actual: un país sometido por los cárteles del narcotráfico, émulo de la peor versión de la Colombia de Pablo Escobar y los hermanos Orejuela; también de los peores planes estadounidenses para combatir la plaga que extendieron la infección en lugar de sanarla.

En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala. El Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Procaduría General de la República (PGR), resolvió el enigma en muy poco tiempo en una investigación que tenía por objeto borrar pruebas y lanzar la idea de que se trató de una confusión en la guerra que mantienen dos bandas de narcos en el norte del Estado de Guerreo, uno de los más violentos del país.

La PGR también resolvió que los cuerpos habían sido incinerados en el vertedero de Cocula. Detuvieron al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su mujer, ambos del Partido de la Revolución Democrática, en la oposición al PRI, acusados de ser los inductores intelectuales del crimen. Este vídeo de la PGR es un intento de que compremos su versión. Lean un poco más antes de dejarse convencer por el Gobierno y escuchen a este padre que le habló claro a la cara a Peña Nieto.

Las madres de los estudiantes no aceptaron la tesis del Estado. Las noticias que les llegaban involucraban a la policía municipal y al Ejército, con un importante destacamento en Iguala, ciudad considerada el laboratorio de la droga. Las madres invitaron al equipo forense argentino, uno de los más prestigiosos del mundo por su experiencia con los miles de desaparecidos en su país, para que realizaran su propia investigación. Sus conclusiones pusieron en evidencia a la PGR, ya que negaban la posibilidad de que en Cocula se hubieran quemado los 43 cuerpos.

El caso de los 43, como se le llama en México, movilizó a la sociedad como no lo habían hecho otros en un país que acumula 22.000 desaparecidos. El impacto se debió a la cifra y a que eran estudiantes de la escuela de Ayotzinapa; también a la incansable lucha de las madres.

Ha pasado un año y el Gobierno sigue produciendo versiones refutadas por los expertos extranjeros. En estos 12 meses, las madres y los padres han vivido un calvario y una gran soledad. Si no hay restos no puede comenzar el duelo. Viven en un laberinto, presos de la emoción y el temor a traicionar a sus vástagos.

El Estado les falló en la protección de sus hijos, el Estado les ha fallado en la búsqueda de la verdad. El Estado se ha dejado en este caso un prestigio que no tenía. Pero ahí sigue, flotando como un corcho, inmune también al escándalo de las muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa y las matanzas de Veracruz.

Los 43 ya no ocupan portadas de periódicos ni abren informativos de televisión o radio, pero no han caído en el olvido. Los demás estudiantes mantienen las marchas en las que se enfrentan a la policía, un cuerpo que ven como parte del problema. Aún no se sabe la verdad científica, pero todo el mundo sabe en México que ningún desaparecido forzoso regresa jamás del país de los muertos y que el Estado está podrido. También sabe todo el mundo que México es un país con más del 90% de impunidad en los crímenes y que el Estado, en cualquiera de sus formas y expresiones, puede dormir tranquilo; lo más probable es que sus crímenes también queden sin castigo.

Ha pasado un año, la lucha continúa, la esperanza, también.

Amnistía Internacional ha defendido este miércoles que el manejo negligente por parte de las autoridades mexicanas de la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, hace un año, expone un "escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de gobierno".

"La tragedia de Ayotzinapa es uno de los peores escándalos de Derechos Humanos de la historia reciente de México", ha sostenido la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, subrayando que "ha expuesto cómo cualquiera puede desaparecer forzadamente como por arte de magia en el país mientras quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas".

En este sentido, ha advertido de que a menos que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, adopte una "acción real ahora va a continuar siendo visto en todo el mundo como el facilitador de estos horrores".

"La inquebrantable determinación del Gobierno mexicano de convencer al mundo de que los estudiantes fueron asesinados por una banda de narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero está actuando como una distracción de cualquier otra valiosa línea de investigación", ha lamentado.

En este sentido, la responsable de Amnistía ha señalado que "deberían explorar el rol de las fuerzas y cuerpos de seguridad responsables de hacer cumplir la ley en la tragedia después de que no actuaron con diligencia, a pesar de ser conscientes de los abusos contra los estudiantes mientras se estaban llevando a cabo".

Los hechos

Los 43 estudiantes magisterio de la Escuela Rural de Ayotzinapa "fueron desaparecidos forzadamente", recuerda Amnistía, después de ser detenidos por la policía municipal mientras viajaban a Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Desde entonces, los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, de 19 años, fueron identificados, supuestamente en base a los restos encontrados dentro de una bolsa de basura en un río de la zona. Las autoridades recientemente dijeron que un hueso que pertenece a Jhosivani Guerrero de la Cruz, otro estudiante de 20 años, fue encontrado en la misma bolsa.

Sin embargo, expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense dijeron que el examen de ADN hecho sobre estos últimos restos no es concluyente.

Además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ha refutado la versión de los hechos del Gobierno mexicano. En un informe publicado el 6 de septiembre, dijeron que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fuera incinerado en un basurero en las condiciones expuestas por las autoridades.

Investigación deficiente

Según Amnistía, entre los profundos fallos de la investigación oficial del caso se incluye el manejo negligente de las pruebas forenses, alguna de la cuales nunca fue procesada. Así, los primeros oficiales que llegaron a Iguala la noche en la que los estudiantes fueron detenidos no tomaron fotos, ni recolectaron muestras de sangre, pelos, ropa o huellas dactilares. Además, áreas enteras de la escena del crimen no fueron procesadas.

Por otra parte, las autoridades mexicanas también impidieron que los expertos internacionales entrevistaran a soldados del Batallón de Infantería número 27, localizado en el pueblo donde los estudiantes fueron arrestados. Documentos de Inteligencia desclasificados desde entonces revelaron que militares en Iguala sabían de las detenciones ilegales y de los abusos contra los estudiantes.

"Si el Gobierno está convencido de que los militares no tienen ninguna información relevante que proporcionar, ¿de qué están tan preocupados? Proteger a los soldados de las investigaciones genera alarmantes preguntas", ha advertido Guevara-Rosas.

Desde que los estudiantes fueron detenidos y desaparecidos forzosamente, más de 100 personas fueron arrestadas en relación a las desapariciones (aproximadamente el 50% de ellas son policías y el 50% supuestos miembros de bandas criminales). Algunos de los detenidos han denunciado que fueron torturados para confesar haber secuestrado a los estudiantes.

Trato a las familias

"La falta de transparencia y la forma en la que los familiares de los estudiantes están siendo tratados es sorprendente, aun bajo los estándares de un país que parece absolutamente incapaz de abordar violaciones a los Derechos Humanos", ha aseverado Guevara-Rosas.

"Las autoridades mexicanas deben dejar de jugar con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. Deben reencauzar las investigaciones de manera urgente y, entre otras medidas, permitir que los expertos independientes puedan acceder a todos los crematorios en y cerca de Iguala", ha remarcado.

Por otra parte, Amnistía ha denunciado que desde que desaparecieron los normalistas se han descubierto más de 70 fosas comunes con los restos de decenas de personas, la mayoría de las cuales no han sido identificadas todavía.

La desaparición forzada de los estudiantes tuvo lugar en el contexto de una crisis de Derechos Humanos en México, con más de 26.500 personas desaparecidas o cuyo paradero es desconocido en todo el país en los últimos años, casi la mitad durante la administración del presidente Peña Nieto.

"Fue el Estado", "No habrá elecciones", "Nos faltan 43", "Ni perdón ni olvido", "Estado asesino". Con cientos de pintadas de estas frases amaneció Chilpancingo (la capital del Estado de Guerrero, donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa), como si la ciudad fuera un enorme lienzo teñido de dolor y de rabia.

“No vamos a votar, eso es innegociable porque no han aparecido los 43”, señala un profesor que desde el pasado mes de marzo está acampando junto a más compañeros en el plantón donde se ubica la catedral. “A las dos de la madrugada de la noche del jueves nos lanzaron bombas lacrimógenas, pensamos que nos iban a desalojar de la plaza, pero luego, no pasó nada. Tenemos miedo de lo que nos vayan a hacer, porque esto es solo una advertencia”, sentencia Elías Sánchez (nombre ficticio). 

Guerrero registró desde que empezara la campaña el pasado octubre, dos muertes, las de un candidato y una precandidata municipales, además de secuestros, y episodios de violencia en mítines que llegaron a afectar incluso a candidatos a gobernador. Existe además el temor de que los delincuentes traten de influir a favor de algún candidato en un Estado donde, como se comprobó en Iguala en el enfrentamiento que desencadenó la desaparición de los 43 estudiantes por parte de los cuerpos policiales apoyados por la delincuencia organizada, existe relación directa, incluso familiar, entre candidatos y narco. Sin embargo, Guerrero no es el único. Apenas 24 horas antes de que se celebren las elecciones, todavía no se sabe si en el estado de Oaxaca los ciudadanos podrán votar porque, debido a las acciones reivindicativas, las papeletas no han llegado a los colegios.

Este sábado finalizan los tres días de reflexión en México previos a las elecciones a diputados federales y autoridades locales. Tres días de veda electoral en los que los actos públicos, la propaganda y las promesas han cedido todo el espacio a la información sobre el desarrollo de unos comicios marcados por la violencia, la guerra sucia entre partidos y las amenazas de boicot por parte de grupos en demanda de mayor justicia social liderados por sindicatos de enseñanza y la no participación promovida por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado septiembre en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Guerra sucia

Difícil debut para la reforma político electoral que emprendió México el pasado 2014 y que significaba el estreno del Instituto Nacional Electoral (INE), el nuevo órgano rector electoral, como herramienta para promover las buenas prácticas entre los partidos políticos, obligándoles a ser más transparentes en el origen y el uso del dinero de las campañas.

Las acusaciones entre partidos de no respetar las nuevas leyes de la reforma ha hecho que el INE se haya visto afectado por el descrédito pero además superado por los episodios de inconformidad que han estallado en diversos estados como Guerrero, Chiapas o Oaxaca, y que amenazan con interrumpir o impedir las elecciones como señal de protesta.

Protestas y violencia

Más de sesenta localidades han sido marcadas como focos rojos por parte de institutos electorales, Gobiernos de los estados y partidos políticos. En ellos las protestas y el crimen organizado desafían a una jornada electoral en paz. Tranquilidad que reclamaba el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova VianelloLorenzo Córdova Vianello, en una reunión con observadores extranjeros en la que reconocía tener las manos atadas en cuanto a garantizarla: "No somos responsables de la seguridad pública”, señaló.

“No hemos solicitado el uso de la fuerza pública porque hemos considerado que no es conveniente militarizar las elecciones”, dijo durante esa reunión del jueves Córdova Vianello. Aun así, a este punto si han llegado los estados más conflictivos donde sí se ha reclamado la presencia militar y policial para velar por la seguridad de las casillas (colegios electorales) durante la jornada del 7 de junio.

Este domingo 7 de junio están llamados a las urnas más de 83 millones de mexicanos a las elecciones a diputados federales y autoridades locales. En total son 2.179 cargos públicos que se someten a elección popular, entre ellos 17 gobernadores (de un total de 32 estados), las máximas autoridades de la federación después del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Guerrero

En el estado de Guerrero podrán participar más de dos millones y medio de ciudadanos para elegir al nuevo gobernador, 46 diputados y representantes en 81 ayuntamientos. La campaña electoral no ha sido ajena a la violencia que sacude este estado del sur de México responsable de aportar el 1,5% al PIB nacional. En los últimos meses ha sido el escenario de varios episodios de asesinatos, secuestros y violencia contra candidatos, precandidatos y simpatizantes de partido.

Guerrero sufrió una grave crisis institucional motivada por la desaparición forzada de 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (escuela para profesores de primaria) el pasado mes de septiembre, provocando la dimisión del gobernador, Ángel Aguirre, tras la presión popular. Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), había puesto fin a 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado.

A la contienda electoral se presentan representantes de los principales partidos nacionales. Beatriz Mojica, que representa al PRD y al Partido de los Trabajadores, puede convertirse en la primera mujer en gobernar Guerrero; Héctor Astudillo, del PRI, tratará de obtener el sillón de gobernador después de un intento fallido en las pasadas elecciones; el Partido Alianza Nacional (PAN) presenta a Jorge Camacho, quien fue comentarista deportivo y exatleta; y el activista Pablo Amílcar, quien trató de llevar al expresidente Felipe Calderón al Corte Penal Internacional de La Haya, representará al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Entre la protesta y la violencia

Los municipios de Tlapa, Iguala, Ayutla, Chilapa, Chilpancingo, Acapulco, Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano y Tixtla (municipio al que pertenece Ayotzinapa), son los focos marcados en rojo de la región donde episodios de protesta podrían irrumpir en la jornada electoral. Por este motivo el Consejo de Coordinación de Guerrero puso en marcha desde este jueves un dispositivo de miembros de los cuerpos de seguridad de los tres niveles, federal, estatal y municipal, para velar por el desarrollo de los comicios. Desde el pasado jueves diversos convoyes se desplazaron hasta algunos de estos municipios donde no se descartan episodios de violencia de la delincuencia organizada.

Existe relación incluso de sangre entre candidatos y narco. Es el caso de Bernardo Ortega Jiménez, presidente del Congreso del estado, quien incluso ante los medios ha reconocido sin tapujos sus vínculos y ha pedido que se le deslinde de todo aquello que pudiera relacionarle con sus hermanos, que dirigen el grupo de Los Ardillos, al que se acusa de haber hecho desaparecer a 30 personas durante las primeras semanas de mayo.

Guerrero es el principal productor de opio de México, que a su vez, según el Departamento de Estado, es el segundo país productor de esta droga.

Café como premio al voto

Por otra parte, varios grupos sociales aglutinados en el Movimiento Popular Guerrerense han llamado a la acción contra los comicios en reclamación de mayor justicia social reclamando la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas. Dicho colectivo, integrado por estudiantes, maestros, campesinos, organizaciones sociales y transportistas, ha anunciado que impedirá la instalación de centros de votación en la región, además de que han llamado a la ciudadanía a no participar.

A pesar de la tensión que los mexicanos viven estas elecciones, aquellos que depositen su voto serán recompensados. Al mostrar la tinta de su dedo pulgar, prueba de haber ejercido el derecho, el mexicano recibirá de manera gratis un café americano en las tiendas Oxxo, cadena de supermercados abierta 24 horas al día. Una buena manera de incentivar el voto olvidando la violencia extrema que vive el país.

“¡Iniciamos un proceso transformador de fondo, de actitud,con visión de futuro!”, exclamaba César Camacho, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 4 de marzo de 2015. El viejo partido de la revolución mexicana, en el poder desde 1919, hegemonía solo interrumpida por la victoria de la derecha entre 2000 y 2012, conmemoraba así sus 86 años ante los principales cargos de la formación. Las palabras de César Camacho, el presidente del partido de Peña Nieto, que dirige el partido desde diciembre de 2012, arrancarían –en el mejor de los casos, una sonrisa– y en el peor –una mueca–, si el “momento mexicano” prometido por una prensa anglosajona elogiosa y la ilusión de un PRI por fin modernizado y democrata no se hubiesen esfumado de forma súbita. Porque en los últimos meses, el régimen pasa por un punto de inflexión claramente autoritario.

El despido fulminante de la periodista Carmen Aristegui, presentadora del programa radiofónico matinal de mayor audiencia de México, ejemplifica este giro autoritario. El 11 de marzo de 2015, la periodista anunciaba su participación, y la de su empresa, la radio Noticias MVS, en la iniciativa Mexicoleaks, una plataforma independiente en internet a la que los denunciantes pueden hacer llegar de forma anónima, pruebas de corrupción política.

La dirección de Noticias MVS se desvinculó de forma inmediata de Mexicoleaks y despidió a dos periodistas del equipo de Aristegui y, 48 horas después, a la propia Carmen Arístegui. Por la noche, miles de mexicanos se organizaban espontáneamente a través de las redes sociales y acudían a manifestarse a las puertas de la radio. “Sin Carmen no soy nada”, gritaban al unísono los allí concentrados. Algunos habían acudido en familia, otros venían directamente procedentes del trabajo; unos y otros enarbolaban pancartas realizadas de forma improvisada, como la que portaba Carla Díaz, que escuchaba el programa de Carmen Aristegui todas las mañanas en el coche. “¡Es la única periodista objetiva de este país en un programa con tanta audiencia y quieren callarla!”, denunciaba.

El historiador Lorenzo Meyer comparte este análisis. “Aristegui llegaba a sectores de la población que necesariamente no compran los periódicos”, señala este investigador del Colegio de México (Colmex). “Su despido es una señal clara que va dirigida a los medios de comunicación de masas”. Carmen Aristegui es la única periodista audiovisual mexicana, que monopolizan los imperios de Televisa y de TV Azteca, que investigó y desveló graves casos de corrupción que afectaban a la clase política mexicana.

En abril pasado, su equipo de reporteros de investigación hizo pública la existencia de una amplia red de proxenetismo al servicio del presidente regional del PRI de la capital mexicana, Cuauhtémoc Gutiérrez. Y, en noviembre pasado, su redacción reveló la existencia de la conocida como Casa Blanca, una lujosa residencia construida para el matrimonio presidencial por una importante empresa de construcción, especializada en contratos públicos. La casa, que está valorada en más de siete millones de dólares, en un país donde el salario mínimo diario no supera los 4,5 dólares, indigna a los mexicanos.

“Con el despido de la periodista, Peña Nieto muestra la cara más autoritaria del PRI”, analiza Soledad Loaeza, politóloga e investigadora del Colmex. “Su insensibilidad es absoluta. La sociedad quedó profundamente conmocionada tras los sucesos de Ayotzinapa [la escuela a la que asistían los 43 estudiantes raptados y desaparecidos en septiembre de 2014], después se indignó con el asunto de la Casa Blanca, pero sigue con sus ofensas al despedir a periodistas”.

En septiembre de 2014, al salir a la luz la matanza de Tlatlaya y la tragedia de Iguala, efectivamente se produjo un giro en el sexenio de Peña Nieto. “Todo el teatro sobre la modernización del PRI se vino abajo y nos dimos cuenta de que no había cambiado nada”, explica el investigador Carlos Bravo, profesor en el Centro de Investigación de Docencia Económica (CIDE) y especialista en historia política mexicana. Durante casi tres meses, el ejército ocultó la masacre –cometida por militares– de 22 civiles en Tlatlaya, antes de que una investigación periodística lo hiciese público. Incluso después de que varios medios de comunicación mexicanos, entre ellos el equipo de Carmen Aristegui, informaran de los hechos, el Gobierno y la Justicia nunca dejaron de minimizar semejante escándalo de ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, lo que hizo saltar el barniz democrático de los dos primeros años de presidencia de Peña Nieto fue la masacre de tres estudiantes y la desaparición de otros 43, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, en el Estado de Guerrero. Aunque no existe, de momento, ninguna prueba irrefutable de la participación activa de la Policía Federal o del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes, sí conocían la represión que sufrían los jóvenes a manos de la Policía local y no actuaron para protegerlos.

Los intentos del Gobierno por convertir el caso en un asunto de delincuencia común local, el desinterés del presidente por las familias de las víctimas y el bloqueo de la investigación, que roza la manipulación y el espectáculo mediático, ha indignado a México y ha sacado a la calle a millones de mexicanos. Pero ante todo se trata de la “verdad histórica” del ministro de Justicia, al frente de la investigación, quien puso de manifiesto la ausencia total de transparencia en el Ejecutivo mexicano y las inmensas fallas de una justicia totalmente sumisa.

A finales de enero, ante las cámaras del mundo entero, Murillo Karam, el ministro de Justicia de la época, hacía públicas sus conclusiones relativas a la desaparición de los 43 estudiantes. Los jóvenes supuestamente fueron asesinados y después calcinados en un vertedero público y sus restos lanzados a un río de la zona. “Una verdad histórica” articulada a partir de un minúsculo fragmento de hueso y las confesiones grabadas de varios narcotraficantes. “Sabían que serían criticados por ello, pero el coste político de Ayotzinapa era tan elevado para ellos que prefirieron cerrar el caso a toda costa”, lamenta Carlos Bravo.

“Es incapaz de gestionar el conflicto o la crítica”

Pero no es solo las críticas de la calle o de los periodistas lo único que no soporta el actual Gobierno. La escalada verbal entre el Ejecutivo mexicano y Juan Méndez, el relator especial de la ONU contra la tortura, muestra hasta qué punto “el Gobierno está cada vez más preocupado por el desplome internacional de la imagen del país en materia de derechos humanos”, subraya la diplomática y periodista Olga Pellicer en la revista Proceso. El abogado argentino, gran defensor de los presos políticos, él mismo encarcelado y torturado en su país, ha publicado recientemente un informe sobre la tortura, que saca los colores al Estado mexicano, al concluir que se trata de una práctica “considerada como normal por las fuerzas del orden”, que gozan de una impunidad “casi absoluta” pero que, sobre todo, es “generalizada”.

Una constatación insoportable para el Gobierno mexicano. Inmediatamente respondió, acusando al relator de la ONU, reputado y estimado en toda América Latina, de “falta de profesionalidad y de ausencia de ética”.

“Estamos ante la evidencia de que es incapaz de gestionar el conflicto o la crítica. Es un síntoma de su agresividad”, estima el investigador Carlos Bravo. Más aún cuando el empleo del término “tortura generalizada” puede tener consecuencias importantes en materia de derecho penal internacional y cabe la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación. La CPI es la única instancia permanente capaz de juzgar los genocidios, los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad. Ahora bien, la tortura, si se califica de “sistemática” o de “generalizada”, como ocurre con las desapariciones forzosas, pertenece a otra categoría.

Para el Gobierno mexicano, la posibilidad, aunque remota, de ver al Estado mexicano y a sus altos representantes, ante los jueces de la CPI supone una pesadilla. La reacción del Ejecutivo al informe de Juan Méndez “no es más que una mala señal añadida para la democracia mexicana”, analiza Carlos Bravo. “A comienzos de los años 2000, México quiso ponerse al día en términos de respeto de los derechos humanos, pero parece que a Peña Nieto le importan bastante poco”.

En una rueda de prensa celebrada hace unas semanas, Carmen Aristegui denunciaba la vuelta a las “prácticas echeverristas”, en referencia a Luis Echeverría, ministro del Interior en 1968, cuando se produjo la matanza de los estudiantes de la plaza Tlatelolco, en pleno centro de México, y después presidente de la República (1970-76), cuando se produjo el despido, en 1976, de los periodistas más críticos del diario Excelsior.

“Estos últimos meses, más que una vuelta al autoritarismo habría que hablar de una tradición autoritaria propia del PRI”, analiza Lorenzo Meyer. Pero el PRI de Peña Nieto es “todavía más peligroso porque se trata de una élite autoritaria que no conoce ni la diversidad ni la complejidad de México”, continúa el historiador. Un análisis que matiza Carlos Bravo, para quien el autoritarismo del PRI queda patente sobre todo por la “ausencia flagrante de un contrapoder. Efectivamente, el PRI nunca ha defendido la democracia pero el sistema de contrapoderes ya no resulta, la oposición no funcional, los medios de comunicación, tampoco, y todo esto hace más frágil la democracia mexicana”.

En efecto, la oposición se caracteriza por su enorme debilidad en los dos últimos años. El Gobierno, que solo cuenta con mayoría simple en el Parlamento, ha querido sacar adelante su reforma del sector energético, que lleva a cabo Pemex, la empresa estatal encargada de la extracción del petróleo, de capital privado. El PRI, sin mayoría absoluta, no tuvo otra alternativa que alcanzar un acuerdo con los partidos de la oposición para poder aprobar sus reformas. El “pacto por México” firmado por los presidentes de los dos principales partidos de la oposición el PAN (de derechas) y el PRD (de izquierdas) acabó con la oposición en el seno del aparato legislativo.

“Peña Nieto necesitaba los votos de la oposición y los dirigentes de los partidos de la oposición, debilitados, tenían que pactar con el PRI para sobrevivir”, analiza Carlos Bravo. De esto modo, el PRI consiguió someter a la oposición para sacar adelante sus reformas.

“Cuidado, no se trata solo de una crisis del Gobierno o del PRI, estamos ante una crisis profunda, que alcanza a toda la clase política”, denuncia el sociólogo Arturo Alvarado, investigador en el Colmex. “Observen la campaña electoral, son los partidos que originaron la crisis que atraviesa el país y ¡dicen ahora que tienen la solución!”. A unas semanas de las elecciones legislativas y locales, el PRI de Peña Nieto, impopular y que se estanca en los sondeos con un 30% de intención de voto, apuesta por su partido satélite, el Partido Verde, que no tiene mucho de ecológico, para arañar algunos escaños. “Enrique Peña Nieto está acabado en términos de credibilidad, pero todavía permanece en el poder y el PRI hará todo lo posible por seguir en él”.

James Bond deambulando por las pintorescas calles del centro de México, ¿podría diluir esta desastrosa imagen de fondo? La próxima entrega del agente 007, Spectre, se desarrollará en parte en la capital mexicana.Spectre Según la página norteamericana TaxAnalysts, el Gobierno mexicano puede abonar 14 millones de dólares a Sony Pictures para que haga desaparecer del guión escenas violentas que contribuyan a dar una mala imagen del país. A cambio, el Gobierno supuestamente ha conseguido incluir en el reparto a una actriz mexicana y tiene la garantía de que uno de los asesinos de la película no es de nacionalidad mexicana.

El pasado 26 de marzo, el actor británico Daniel Craig se enfundaba en el traje de James Bond dispuesto a deambular por la terraza del antiguo edificio del Senado mexicano y por las calles del centro histórico de México, acordonado para la ocasión. Ese mismo día, a unos cientos de metros de él, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos se manifestaban por las calles de la capital, como hacen a diario, desde hace seis meses, tras aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Igualada. Aquel día, Sofía, la hija de la mujer del presidente, prefirió visitar al actor de Hollywood en lugar de acudir a dar su apoyo a los padres y a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Para muchos mexicanos, es un símbolo más de la brecha creciente que separa a la élite política del pueblo mexicano.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Elba Esther Gordillo Morales, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue detenida ayer acusada de un delito de desvío de fondos a su llegada al aeropuerto de Toluca (México). En una comparecencia ante la prensa, el procurador general de la República –el equivalente al fiscal general del Estado–, Jesús Murillo Karam, informó de que los hechos se habrían prolongado durante años según las primeras investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La dirigente sindical, de 68 años de edad, ingresó anoche en la prisión de Santa Martha Acatitla y se prevé que declare ante el juez hoy a mediodía, hora local.

El SNTE, con más de un millón y medio de afiliados, es el sindicato más poderoso e influyente de México. De acuerdo con las informaciones proporcionadas por el fiscal, la trama corrupta habría extraído hasta 120 millones de euros de las cuentas de la organización –que se financia mayoritariamente con fondos provenientes de los salarios de los maestros– y los habría ingresado en otras en Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein. Los fondos se habrían utilizado con posterioridad para, entre otros propósitos, pagar propiedades inmobiliarias, compras en tiendas de lujo, aviones privados y operaciones de cirugía estética. La mayor beneficiada de la operación habría sido, precisamente, la presidenta Elba Esther Gordillo, conocida como La maestra.

Desvíos millonarios

El sistema por el cual se movían los recursos es complejo y aún no ha sido revelado por completo, puesto que la unidad encargada de la investigación tan sólo ha tenido acceso hasta ahora a dos de las 81 cuentas bancarias que tiene el sindicato. Sin embargo, se conoce ya el nombre de varios de los colaboradores de la trama: Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores. A pesar de que legalmente no tenían acceso a las cuentas de la organización, los tres implicados realizaron numerosas transferencias de dinero del SNTE al extranjero entre los años 2008 y 2012.

Nora Guadalupe Ugarte es quien más operaciones realizó: en su haber constan 22 movimientos a favor de la cadena de tiendas de lujo norteamericana Neiman Marcus por un importe total de 2'1 millones de dólares. Además, entre enero de 2010 y el mismo mes de 2011 efectuó otras 42 transferencias por importe de casi 2'7 millones de dólares a una sociedad anónima mexicana dedicada a la venta de aeronaves para ejecutivos. La empresa –cuyas cuentas están establecidas en Suiza y Liechtenstein–, está participada al 99% por la madre de Elba Esther Gordillo, y es además la compañía que le proporciona a La maestra el avión privado con el que viaja habitualmente. Por último, también constan en el informe del Fiscal cuatro pagos a clínicas de cirugía estética y hospitales en California. El concepto que consta en la operación es el mismo en todos los casos: “Elba Esther Gordillo Morales”.

El resto de implicados también realizó transferencias con regularidad y tanto Isaías Gallardo como José Manuel Díaz Flores podrían haberse beneficiado directamente de los movimientos: gran parte de los fondos recalaron en la sociedad Gremio Inmobiliario El Previsor, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la que ambos son accionistas. Además, al igual que Nora Ugarte, efectuaron pagos a diferentes empresas y sociedades. A modo de resumen y según consta en los datos expuestos por el Fiscal, 3 millones de dólares extraídos de las cuentas del SNTE sirvieron para pagar compras en las tiendas de lujo Neiman Marcus, 2 millones para comprar propiedades inmobiliarias en EEUU y casi un millón y medio se destinó al abono del avión privado de La Maestra. También se emplearon 17.000 dólares en el pago de operaciones de cirugía estética y otros tratamientos médicos, así como cantidades gastadas en obras de arte y en recibos de la tarjeta de crédito de la presidenta del sindicato, Elba Esther Gordillo.

En la rueda de prensa ofrecida en el día de ayer, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam anunció que la investigación continúa y aseguró que la Unidad de Investigación espera encontrar el nombre de al menos otros seis colaboradores de la trama corrupta. Añadió además que al estar el grueso de las cuentas del sindicato por analizar, es previsible que aparezcan nuevos desvíos y pagos en el extranjero. “Nadie está por encima ni al margen de la Ley”, afirmó rotundo. Por su parte, los dos partidos mayoritarios de la oposición, el PAN y el PRD, se mostraron satisfechos tras la detención de la líder del SNTE, al tiempo que reclamaron que también se investigue a otros sindicalistas, como Carlos Romero Deschamps, del sindicato petrolero. “Qué bueno que la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda empezó a actuar”, se felicitó Jesús Zambrano, cabeza nacional del PRD.

Una vieja conocida

La detención de Elba Esther Gordillo llega un día después de la aprobación de una reforma educativa a la que ella y su sindicato se oponían, y supone la caída de una de las mujeres más conocidas de México. Nacida en 1945, ha ocupado diferentes cargos y sido una figura permanente en la escena política del país en las últimas décadas. La maestr' fue elegida diputada federal en 1979, y asumió la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1989. Gordillo retomó su actividad política en 1997 cuando regresó a su puesto de senadora, y en 2002 fue designada secretaria general del PRI. Sin embargo, fue destituida del cargo al año siguiente y finalmente expulsada del partido acusada de apoyar en las elecciones de 2006 a Felipe Calderón, del PAN. Fue entonces cuando fundó el partido Nueva Alianza, al que sigue vinculado aunque sin participar en su Comité Nacional. Nueva Alianza rechazó apoyar en las últimas elecciones al candidato del PRI y actual presidente del país, Enrique Peña Nieto. A pesar de todos los vaivenes, se ha mantenido al frente del SNTE durante todos estos años.

Elba Esther Gordillo ha reconocido en varias entrevistas su afición por las cosas caras, pero siempre se ha mostrado rotunda sobre su honestidad: “yo las sudo, no me las robo”, aseguraba hace pocos días. Sus ingresos declarados superaron por poco el millón de pesos anual entre 2009 y 2011, y ante algunas sospechas de enriquecimiento ilícito por su parte que ya surgieron en el pasado fue tajante en una entrevista en el año 2005: “¡Estoy dispuesta a una auditoría! Vivo bien, pero no soy lo rica que dicen”, manifestó entonces.

Futuro incierto

La maestra tendrá que declarar en las próximas horas ante el magistrado Alejandro Caballero y permanecerá previsiblemente en prisión. Por su parte, el SNTE ha convocado con urgencia su XXXVI Consejo Nacional Extraordinario, y ha mostrado su apoyo a su líder desde un primer momento. Juan Díaz de la Torre, el secretario general de la organización ratificó “la lealtad, el cariño y la solidaridad” del sindicato a Elba Esther Gordillo, y añadió que la detención de la líder “no trastoca su liderazgo”. “Un grupo de abogados está analizando las opciones de defensa jurídica de 'La maestra'”, concluyó. Mientras tanto, sigue abierta la operación de la Fiscalía y la Unidad de Investigación, que comenzó en el mes de diciembre del pasado año, y que se centrará ahora en las cuentas bancarias que aún quedan por analizar.