El problema de las arenas movedizas es que cuanto más te mueves, más te hundes. Esa es más o menos la experiencia que vivió Nicolas Sarkozy este lunes 4 de mayo, durante la última jornada de la vista que el Tribunal de Apelación de París dedicó al fondo del juicio por la financiación libia, antes de los alegatos de las acusaciones particulares previstos para este martes y miércoles; del informe de la Fiscalía General la semana que viene; y de los alegatos de la defensa, que se prolongarán hasta finales de mayo.

La vista de este lunes tenía como tema lo que el expresidente francés calificó, el 29 de abril, de “escándalo dentro del escándalo”, es decir, el descubrimiento por parte de su defensa de un supuesto sistema libio de comisiones ilegales que cambiaría por completo la perspectiva del caso y desarmaría a la acusación.

En el centro del debate, como es sabido, se encuentra una sociedad offshore llamada Rossfield, propiedad del intermediario Ziad Takieddine, el hombre encargado de las relaciones secretas del gabinete de Sarkozy con la dictadura de Muamar el Gadafi entre 2005 y 2007. La acusación ha señalado a Rossfield como una de las presuntas cajas negras de la corrupción franco-libia. De hecho, esta sociedad recibió en 2006 fondos del régimen libio —6 millones de euros en total—, abonados en particular para financiar la campaña presidencial de 2007, según testimonios coincidentes y los famosos cuadernos de Choukri Ghanem.

Los primeros pagos se produjeron apenas unas semanas después de las reuniones clandestinas de Brice Hortefeux y Claude Guéant, los dos colaboradores más cercanos de Sarkozy, con el número dos del régimen libio, Abdallah Senoussi, condenado además por terrorismo en Francia. Ahora bien, la promesa de revisar su situación penal es, según la acusación, una de las posibles contrapartidas a las sospechas de corrupción que ocupan al tribunal, algo que niega la defensa.

Desde los supuestos descubrimientos “impactantes” de sus abogados, el expresidente insiste con vehemencia ante el tribunal: no, nada que ver. Rossfield sería en realidad el eje motor de un sistema de comisiones ilegales, y la mitad de los fondos percibidos por la empresa (3 de los 6 millones de euros) habría sido destinada en beneficio del hijo de Senoussi, llamado Mohamed. La defensa de Sarkozy necesita, evidentemente, demostrar que la hipótesis de la acusación sobre Rossfield es errónea, necesariamente errónea: cuanto más dinero se haya destinado a otros fines, menos habría podido servir para financiar una eventual corrupción franco-libia. Elemental.

Pero resulta que, a raíz de las revelaciones de Mediapart publicadas el pasado 1 de mayo, que señalaban (con documentos que lo respaldaban) un razonamiento general engañoso y manifiestos errores de cálculo en la argumentación de la defensa del expresidente, sus abogados enviaron al tribunal, poco antes de la apertura de la vista del lunes, nuevas tablas (que corrigen al menos un error de bulto), con nuevos cálculos (ahora serían 3,7 millones de euros para el hijo de Senoussi de los 10 millones de dinero libio de Takieddine). Pero con nuevas fantasías contables.

“No creo que pueda haber la más mínima discusión al respecto. Hemos contado y vuelto a contar”, aseguró este lunes Sarkozy. Los elementos son, según se mire, “clarísimos”, “milagrosos” o de una “evidencia total”. Jura que “el pendrive TAK [que contiene parte de los archivos de Ziad Takieddine] aporta elementos que dan un matiz diferente al caso”. “¡Es alucinante que Takieddine pague las vacaciones del hijo [Mohamed Senoussi] de quien lo contrata [Abdallah Senoussi]!”, declaró ante el tribunal, cuando en realidad no es ningún descubrimiento: Mediapart ya había informado de esa relación financiera en 2011.

Pero lo que publicado por Mediapart el 1 de mayo va más allá. El examen detallado de las cuentas bancarias de Ziad Takieddine, y más concretamente de una cuenta abierta en un banco libanés (el Ahli International Bank), demuestra, al comparar los movimientos con los datos del “pendrive TAK”, que Ziad Takieddine recibía fondos precisamente para cubrir los gastos en beneficio del hijo de Senoussi, sin relación alguna con Rossfield. Es decir, todo lo contrario de una retrocomisión, cuyo principio consiste en desviar una comisión de un contrato específico para devolverla, total o parcialmente, al remitente.

El fiscal, Damien Brunet, que representa a la acusación, continuó explicando que el dinero ingresado en la cuenta del Ahli International Bank “absorbe los gastos mencionados” en beneficio del hijo de Senoussi. “Admitámoslo. Puede que haya otras aportaciones que sirvan para remunerar al hijo de Senoussi. Quizás. No se lo niego. Pero si que hay dinero que remunera a Senoussi. ¿Qué cambia?”, preguntó Sarkozy, seguro de sí mismo. Eso lo cambia todo, potencialmente, ya que Rossfield ya no tiene mucho peso, o incluso ninguno, en el esquema.

El presidente del tribunal, Olivier Géron, aprovechó la ocasión y sacó la calculadora, manejando grandes cifras contables: Takieddine percibió, según recordó, 13 millones de euros durante el periodo en cuestión y habría transferido 3 millones a Mohamed Senoussi, si se confirma la cifra avanzada por Sarkozy. “De hecho, no hace falta Rossfield para explicar los pagos a Mohamed Senoussi”, dedujo lógicamente el magistrado. Sarkozy pareció no entender la observación y respondió desviándose hacia otro asunto. Incluso terminó soltando: “Esto no es un concurso de contabilidad”.

“¿A qué contrato se refieren las comisiones?”, insistió, no obstante, el presidente Géron. Sarkozy no lo sabía, pero aseguró que eso no era lo importante. “En los 19.000 documentos [del pendrive TAK], no hay la más mínima alusión a la financiación de mi campaña, cuando Takieddine es un fanático de los detalles”, afirmó, partidario desde el inicio de las vistas de las pruebas por omisión.

La abogada de la asociación anticorrupción Anticor, Claire Josserand-Schmidt, señaló por su parte que en el “pendrive TAK” figuraba un correo enviado por Takieddine al propietario de una vivienda en Londres habitada por el hijo de Senoussi. En ese mensaje, fechado en 2007, el intermediario indicaba claramente que se haría cargo de los alquileres con el dinero enviado por el padre, Abdallah Senoussi. Ciertamente, ha habido sistemas de retrocomisiones más opacos. "No hay nada secreto", observó el presidente Géron, siguiendo el hilo de su razonamiento, siguiendo su argumento.

Al examinar en las últimas horas los nuevos elementos presentados por Nicolas Sarkozy ante el tribunal, Mediapart ha detectado un nuevo error de envergadura, no exento de ironía. Los abogados del expresidente señalaron, a partir del “pendrive TAK”, que una parte de los fondos supuestamente transferidos por Takieddine al hijo de Senoussi —150.000 euros— acabó en manos del diseñador Elie Saab, conocido por su cercanía a los Senoussi. Según la defensa, la prueba bancaria apareció después en la cuenta de Ziad Takieddine en el Ahli International Bank (por lo tanto, sin relación alguna con Rossfield), con el rastro de una transferencia correspondiente de enero de 2008.

El problema es doble: no solo el pago no está en la moneda correcta (en dólares y no en euros), sino que, además, el destinatario no es Elie Saab, sino Elias Bou Saab, un político libanés, que no es la misma persona que el diseñador.

Por su parte, uno de los abogados de la acusación particular, Vincent Ollivier, ha puesto de relieve la retórica, cuando menos sesgada, de Sarkozy, quien se había indignado porque el tribunal de primera instancia le había denegado la comunicación del “pendrive TAK”, cuando en realidad no se había formulado ninguna solicitud oficial en las vistas del año pasado. Algo que los abogados de Sarkozy tuvieron que admitir finalmente este lunes.

La vista concluyó con el examen de la personalidad de los acusados, centrada en examinar en detalle su situación financiera y sus posibles antecedentes penales. En el caso de Sarkozy, declaró ganar varios millones de euros al año gracias a sus ingresos como abogado y asesor de grandes grupos, sus dietas por asistir a consejos de administración, los derechos de autor de sus éxitos editoriales y una jugosa inversión en un fondo español.

Al ser preguntado por sus proyectos de futuro, se mostró categórico respecto a la vida política. “Para mí, se acabó, no hay vuelta atrás. He querido empezar una nueva vida, tras 40 años de vida política, algo que ninguno de mis predecesores ha hecho”.

En cuanto a sus antecedentes penales, el presidente Géron le recordó que había sido condenado en firme en dos ocasiones: una en el caso Bismuth, por corrupción, y otra en el caso Bygmalion, por financiación ilegal de campaña. Dos presuntos delitos por los que también está siendo juzgado en el caso libio y que él niega.

Uno de los abogados de Sarkozy, Tristan Gautier, le interrogó el 28 de abril sobre las confidencias que Ziad Takieddine hizo en 2005 a un detective privado, Pierre Sellier, quien las había consignado en “actas literales” incorporadas al expediente.

En una de ellas, fechada el 1 de abril de 2005, podía leerse, en relación con posibles contratos libios: “El juego consiste en obtener el mejor precio del empresario para obtener un margen de A. Z [Takieddine] quiere crear una sociedad que redistribuya A, de la cual una parte irá al hijo K”. La defensa del expresidente veía en este pasaje el anuncio del futuro sistema de retrocomisiones de Rossfield en beneficio del hijo de Senoussi.

Pero, como señaló el fiscal Damien Brunet, Takieddine se refería al “hijo K”, es decir, a Saif al-Islam Gadafi, y no a Mohamed Senoussi. Por otra parte, la empresa de la que hablaba Takieddine no tenía, evidentemente, ninguna relación con Rossfield. Podría tratarse más bien de una oficina estatal franco-libia para la venta de armas, un proyecto con el que fantaseaba abiertamente y del que hay rastros en sus propios archivos. Esa estructura debía estar “bajo el control total de CG” (es decir, Claude Guéant), y dirigida por la mano derecha de Saif al-Islam Gadafi. Ese proyecto nunca vio la luz.

En esa misma acta, Ziad Takieddine afirmaba que nunca redistribuía dinero a los políticos en Francia. El redactor de la nota lo comentaba entre paréntesis con un elocuente: “Hum…”. La defensa de Sarkozy no había leído ese pasaje.

El abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, Vincent Brengarth, por su parte, interrogó el 4 de mayo al expresidente sobre otro fragmento de las transcripciones, en el que Ziad Takieddine afirmaba haber cenado con Nicolas Sarkozy y Claude Guéant el 30 de junio de 2005, pese a que el acusado jura que cortó sus relaciones con el intermediario en 2003. Nicolas Sarkozy, que la semana anterior había dado mucho crédito a esas transcripciones, esta vez cambió de postura. Esa cena nunca existió, respondió.

Traducción de Miguel López

Durante un receso, Alexandre Djouhri se abrió paso entre los abogados y el público para coger del brazo a Édouard Ullmo, exdirectivo de Airbus también procesado en el caso, que salía de la sala. “Espero que no te mantengas en la misma línea que la última vez”, le espetó, antes de volver a la sala, sonriendo de oreja a oreja. “Ullmo está loco. Dice que no me conoce. Yo conozco a su mujer, a sus hijos…”, ironizó el intermediario, condenado en primera instancia a seis años de prisión firme.

El miércoles, en el tercer día del juicio de apelación sobre los fondos libios, los acusados siguen tanteándose. ¿Se atreverá alguno de ellos a salirse del guion? Alineados y sentados detrás de pequeñas mesas con sus nombres, ya solo son siete, en ausencia de Claude Guéant (declarado no apto para comparecer por razones médicas, ndt) bajo las lámparas de araña de la sala de audiencias de la primera sala civil del tribunal. Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux, que son los primeros de su fila, se han dado ostensiblemente la espalda durante tres días. Uno estaría tentado de ver en ello una señal, pero no está nada claro.

Tras anunciar que se unirían “en el fondo” los dos argumentos planteados el martes por la defensa del expresidente —la inmunidad presidencial y la competencia del Tribunal de Justicia de la República—, y antes de interrogar al exministro Éric Woerth, el presidente del tribunal, Olivier Géron, llamó al estrado a las familias de las víctimas del atentado del DC-10 para sus primeras declaraciones.

“Ahora tenemos certezas. Es difícil aceptar que un presidente de la República haya negociado la impunidad de quien mató a nuestros familiares”, explica Guillaume Denoix de Saint Marc, hijo de una víctima del atentado, sorprendido al ser llamado a declarar. Danièle Klein y Yohanna Brette, hermana e hija de víctimas respectivamente, asimismo invitadas a declarar, denuncian también brevemente “la omnipresencia” de Abdallah Senoussi en este caso y “las reuniones” de Claude Guéant y Brice Hortefeux con el número dos libio, responsable de los atentados del régimen.

Estas conversaciones secretas constituyen el núcleo del pacto de corrupción del que se acusa a los colaboradores de Nicolas Sarkozy.

Con los brazos firmemente apoyados en la mesa del tribunal, el presidente del tribunal, Olivier Géron, de pelo corto canoso y complexión de jugador de rugby, conoce a algunos acusados mejor que a otros. Y viceversa. El magistrado interrogó a Alexandre Djouhri, al banquero Wahib Nacer y a Nicolas Sarkozy por videoconferencia desde sus centros de detención, cuando tuvo que decidir sobre su puesta en libertad. Una ventaja para él, una desventaja para ellos. Los llama por turnos para que hagan unas declaraciones preliminares y para que, en su caso, enseñen algunas cartas.

“Básicamente, recurro porque he sido víctima de una trampa”, resume Alexandre Djouhri con ánimo.

“Señor Djouhri, sé cómo se expresa usted. Sus palabras son a veces algo precipitadas. Intente expresarse con fluidez para el señor secretario…”, intenta el presidente.

Indiferente a este comentario, el intermediario se lanza sin pensárselo dos veces. Quiere explicar “la trampa”. Fue detenido el 7 de enero de 2017 cuando iba al cumpleaños de su hija en Londres. Le leyeron una orden de detención europea en la que se mencionaba a Mediapart y la acusación de “haber participado en la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por un importe de 50 millones” de euros. Fue encarcelado y luego puesto en libertad bajo fianza. Finalmente, cuando salió libremente de Londres hacia París, la trampa le esperaba a su llegada.

“GIGN [grupo de intervención de la gendarmería, ndt], pasamontañas, metralleta, ¡rumbo a [la prisión de] Fresnes!”, resume. “Nunca en mi vida he huido de la justicia. Pero todos los artículos me hacían parecer un deus ex machina. Me han encarcelado cuatro veces por motivos falsos, pero sigo en pie. Si estoy aquí en 2026, es porque no han encontrado nada. No voy a morir con los ojos vendados. Si le hubiera pasado a otra persona, estaría hablando en sánscrito.”

Con la mirada fija en el acusado, el presidente y sus asesoras intentan seguirle. Alexandre Djouhri continúa. Dice haberse enfrentado a “una instrucción monárquica”. “Pin-pon, fase 4, terrorista”, resume de nuevo. “¡Pero denme una prueba! Nunca he recibido una acusación, salvo la de Ziad Takieddine —que en paz descanse— en la prensa”.

Denuncia “el poder de la prensa”, que ha hablado “a lo largo y lo ancho” del “espectro Djouhri”, del “atrevido Djouhri”. “Para ser atrevido hay que estar condenado…”, añade. Según él, Manuel Valls, entonces primer ministro, había dicho que iba a “acabar en la cárcel”. “Así que han puesto precio a mi cabeza”, concluye de golpe.

Nicolas Sarkozy, con traje negro y camisa a rayas blancas y azules, sube al estrado.

“Señor presidente, he recurrido porque no he cometido ninguno de los hechos por los que he sido condenado. Movilizaré todas las fuerzas de las que soy capaz para defender esta verdad arraigada en mí”, dice. Por lo tanto, “no tengo declaraciones preliminares”. “Desde mi punto de vista, no hay necesidad de explicaciones en esta fase”, concluye.

Si Olivier Géron esperaba una larga intervención del expresidente, se llevó una decepción.

En la misma línea, Brice Hortefeux se declara “totalmente inocente de los cargos que se le imputan”. “He recurrido porque el tribunal consideró que me había reunido con Abdallah Senoussi de forma premeditada. Eso es falso. Lo demostraré ante este tribunal”, asegura con cierto tono solemne. También promete demostrar que “ese breve encuentro” no tenía por objeto obtener financiación libia para la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy. Y también que tampoco “contribuyó a una transferencia de fondos públicos libios a Francia al entregar un documento bancario”.

Desde el 26 de septiembre, no hay “una sola mañana” en la que no se pregunte por los motivos de la sentencia de primera instancia, que considera “injusta e infundada”. “Una suma de hipótesis no constituye una verdad”, afirma.

El banquero Wahib Nacer se declara “totalmente inocente”. Thierry Gaubert se felicita de que el tribunal, en su sentencia, finalmente no lo haya incluido en “la asociación de malhechores”. Édouard Ullmo no tiene nada que declarar. Por último, Éric Woerth, absuelto en primera instancia, considera que “no hubo financiación ilegal en esta campaña”.

Los siete acusados no muestran, por el momento, ningún signo de cambio.

El presidente Géron se dará cuenta de ello al interrogar a Éric Woerth, nombrado el 13 de marzo presidente del PMU (Pari mutuel urbain, Apuestas mutuas urbanas, que gestiona las apuestas hípicas).

El tribunal trata en primer lugar de comprender el cambio de Éric Woerth, tesorero histórico del clan Chirac —había sido desde 1993 director financiero del partido RPR—, hacia el clan a priori adversario de Nicolas Sarkozy, cuando este último se convirtió en presidente del partido UMP en 2004. “Pensó que podía quedarme en su equipo”, dice simplemente Éric Woerth.

En cuanto a la campaña de 2007, el exministro recuerda una reunión, una sola, con Nicolas Sarkozy, quien le pidió que fuera su tesorero. Claude Guéant ya estaba organizando la campaña. Por desgracia, Éric Woerth no tiene memoria para las fechas.

“¿Cuándo dejó de ser tesorero de la UMP para convertirse en tesorero de campaña?”, pregunta Olivier Géron.

— “En 2006. Un año antes [de las presidenciales].

— En la agenda del Sr. Hortefeux hay menciones de reuniones a principios de 2005. El 18 de enero de 2005, ‘Cita con Woerth en NS, comité directivo’. El 16 de febrero, ‘Entrevista en NS, presupuesto con BH’. Estamos en 2005.

— Son reuniones para sentar algunas bases con personas que pueden desempeñar un papel.

— Así que, en febrero de 2005, ya se empieza a hablar de la campaña y de su financiación.

— No lo recuerdo. Quizá fuera 2005”, acaba por confirmar Woerth.

La precisión es importante, ya que es en la primavera y el verano de 2005 cuando se establecen los primeros contactos en Libia, antes de que Claude Guéant y Brice Hortefeux se desplazaran allí para reunirse con Abdallah Senoussi, en octubre y diciembre.

En diciembre de 2006, el presidente señala una reunión en la agenda de Brice Hortefeux: “NS recibe a Woerth, BH debe estar presente, presupuesto de campaña”.

“¿Qué es esta reunión y por qué es necesario que esté el Sr. Hortefeux?

— Formaba parte de la asociación de financiación de los amigos de Nicolas Sarkozy. Brice es un viejo amigo”, justifica Éric Woerth.

— “Hay algo que no entiendo”, insiste el presidente. “Pone ‘presupuesto de campaña’. Si miramos la aportación de la asociación [a la campaña], son 240.000 euros. En términos presupuestarios, no es nada. ¿Por qué es necesario que el Sr. Hortefeux esté presente?

— En primer lugar, en aquel momento no sabía que aportaba 240.000 euros. Era normal que Brice estuviera allí. Brice era amigo de Nicolas Sarkozy”.

Hay, pues, cosas que Éric Woerth no puede explicar. Así, asegura que “nunca fue informado del alquiler de una caja fuerte por parte de Claude Guéant”. Es en esa caja fuerte, abierta en 2007 en el banco BNP Opéra, donde el exdirector de campaña afirma haber guardado los discursos de Nicolas Sarkozy.

Por último, sigue sin poder explicar la llegada de dinero en efectivo no declarado a la campaña presidencial de la que era tesorero. La investigación ha encontrado rastro de una suma de 35.000 euros distribuida entre una veintena de personas del equipo de campaña. “Cae del cielo”, resume Éric Woerth, quien decide recompensar a parte de su equipo con este dinero enviado de forma anónima. Sostiene, sin convencer, que no se trata de un gasto electoral, ya que el dinero no se abonó hasta el día siguiente a las elecciones.

Según los investigadores, la circulación de efectivo habría sido mucho mayor. Algunos testigos hablan de un “desfile” de personas que “vienen a recoger su sobre” a la sede de la UMP. “Hay mucho chismorreo ahí de por medio”, protesta Éric Woerth. “No tengo la impresión de haber cometido una falta grave. La campaña se financió con cheques. No la financió Libia, la financió la Société Générale”.

“Entonces, ¿cómo llegaron esos 35.000 euros?”, pregunta Olivier Géron.

— “Llegaron en unos diez envíos, ya fuera a la UMP, a la sede de la campaña, a mi nombre o a la dirección financiera. No hay nada indicado. Se observa que hay una serie de entregas de dinero que suman unos 35.000 euros. Se detiene al cabo de unos meses. No se utilizó en la campaña.

— Pero entonces, ¿por qué no hay ningún testimonio? Ningún empleado confirma que se haya producido esa entrada de dinero en efectivo…

— Es normal, nadie abría el correo. Era yo quien lo abría.

— ¿Era usted personalmente quien abría los sobres?

— Sí.”

Éric Woerth asegura que el ambiente de la campaña era “extraordinario”. Y que, por lo tanto, hay “gente que [hizo] cosas extraordinarias e incluso un poco extrañas”. Los gastos que figuran en las cuentas de campaña deben poder rastrearse. “Esas sumas no rastreables” no podían, por tanto, integrarse en la campaña, reconoce el exministro.

El presidente Géron recuerda que, legalmente, el candidato se expone a sanciones penales en este asunto.

“¿No le habló al Sr. Sarkozy de esta entrada de dinero en efectivo? Al fin y al cabo, él era el responsable.

—Quizá debería haberlo hecho, pero no lo hice porque es algo anecdótico en la campaña”.

La Fiscalía General continuará el interrogatorio al exministro el lunes por la tarde.

Entre los 230 artículos publicados por Mediapart sobre el caso libio, uno de ellos, en abril de 2012, se hacía eco de la revelación de una nota procedente de los archivos del régimen de Gadafi. Esta nota, fechada en diciembre de 2006, mencionaba un acuerdo de financiación para la campaña presidencial de 2007. Se la denominó la “nota Koussa”, por el nombre de su firmante, Moussa Koussa, exjefe de los servicios secretos exteriores libios.

En su sentencia del 25 de septiembre de 2025, en la que condenaba a Nicolas Sarkozy por asociación ilícita, el tribunal de París consideró que “lo más probable es que este documento sea falso”. Esa valoración ha sido utilizada en varias ocasiones desde entonces por Nicolas Sarkozy para cuestionar duramente el trabajo de Mediapart. En particular en su obra Le Journal d’un prisonnier (Diario de un prisionero, edit. Fayard), en la que escribió, en la página 54: “El caso Dreyfus prosperó sobre la base de documentos falsos. El mío comenzó sobre la base de la falsificación de Mediapart.”

Mediapart, a través de su abogado, Emmanuel Tordjman, envió el lunes 16 de marzo al presidente del Tribunal de Apelación, Olivier Géron, una breve carta que fue distribuída, tal y como habíamos solicitado, a todas las partes del proceso (acusados, partes civiles y fiscales). Esta carta se redactó para señalar que la valoración del tribunal de París contradecía varias resoluciones judiciales. De hecho, en tres ocasiones, y de forma definitiva ante el Tribunal de Casación en 2019, la autoridad judicial concluyó que la “nota Koussa” no era ni una falsificación intelectual ni una falsificación material, desestimando así las denuncias de Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux.

Uno de los cinco abogados del expresidente de la República, Sébastien Schapira, solicitó el miércoles 18 de marzo que la carta de Mediapart fuera “desestimada”, al considerar que se trataba de una “injerencia” susceptible de menoscabar “la serenidad de las deliberaciones” del juicio de apelación sobre la financiación libia.

El fiscal general, Damien Brunet, consideró por su parte que la solicitud debía ser denegada, ya que la carta podía ser debatida de forma contradictoria. Una postura compartida por el abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, Vincent Brengarth, quien añadió que la misiva de Mediapart no contenía ningún elemento que no fuera ya conocido.

Invocando el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal, según el cual “el juez solo puede basar su decisión en las pruebas que se le presenten durante el juicio y que hayan sido discutidas de forma contradictoria ante él”, el presidente del Tribunal de Apelación rechazó finalmente, tal cual, la solicitud formulada por la defensa de Nicolas Sarkozy.

Traducción de Miguel López

El retorno del expresidente francés Nicolas Sarkozy a los tribunales, cinco meses después de haber salido de la cárcel, estuvo marcado por el nerviosismo que mostró el acusado y por la expectación mediática que rodeó su reencuentro con los jueces.

Hasta el 3 de junio está programado el juicio en apelación por la financiación de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, por el que fue condenado el pasado 25 de septiembre en primera instancia a cinco años de prisión, lo que le llevó a pasar tres semanas entre los barrotes a finales del año pasado.

Sarkozy, de 71 años, acudió al vetusto palacio de Justicia situado a dos pasos de la catedral de Notre Dame escoltado por sus abogados y sin hacer declaraciones a la prensa y lo abandonó tras cinco horas dedicadas a leer el cargado expediente que la justicia tiene contra él.

Vestido de azul oscuro, con corbata negra y camisa blanca, el ex jefe del Estado escuchó visiblemente nervioso, sin dejar de mover las piernas, mientras el conjunto de pruebas que condujeron a su condena en primera instancia.

Nada se filtró en la primera jornada del juicio de la que será su estrategia de defensa, después de que ante el correccional la centrara en la inexistencia de pruebas directas contra él y en que la justicia no ha encontrado rastro de dinero libio en su campaña.

Solo un conjunto de indicios que llevaron a la condena, la más dura de las tres pronunciadas contra Sarkozy desde que en 2012 abandonó el Elíseo, la única que le ha conducido entre los barrotes, algo inédito en la historia del país.

Junto a él fueron condenados dos de sus principales allegados políticos, Claude Guéant y Brice Hortefeux, culpables de haberse reunido con Abdallah Senoussi, yerno de Gadafi y número 2 del régimen, dispuesto a inyectar ingentes cantidades de dinero, hasta 6,5 millones de euros, según la acusación, a cambio de liberarse de la pena a cadena perpetua por el atentado contra un avión en 1989 en el que murieron 170 personas, 54 de ellos franceses.

Aunque el expresidente negó durante el proceso en primera instancia conocer esas reuniones, los jueces consideraron poco probable que ambos, amigos personales y estrechos colaboradores, no rindieran cuentas de las mismas. El resultado fue una condena por asociación de malhechores.

Fue el tercer caso por el que Sarkozy fue condenado, pero sin duda el que mas daño hizo a su imagen. El expresidente no ha dejado de reiterar su inocencia, acusando a los jueces de querer cobrarse venganza de sus años en el poder, cuando no se mostró complaciente con el estamento judicial.

Él mismo reconoció que el paso por la cárcel le dejó una profunda huella, que dejó escrita en un relato de 216 páginas, 'Diario de un prisionero', que como cada uno de sus doce libros anteriores, se convirtió en un éxito de ventas.

Síntoma del tirón que sigue teniendo en el campo conservador el que fuera presidente del país entre 2007 y 2012, que prevalece pese a la sucesión de condenas que ha ido coleccionando desde su salida del Elíseo.

La primera, un año de cárcel con posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario, fue dictada en marzo de 2021 por un caso de corrupción y tráfico de influencias, confirmada tras varios recursos por el Supremo en marzo de 2024, lo que le obligó a llevar un brazalete electrónico entre febrero y marzo de 2025.

La máxima instancia judicial también convirtió en definitiva en noviembre del año pasado la pena a seis meses, también en arresto domiciliario, impuesta contra él por la financiación irregular de su campaña de 2012, cuando superó el máximo de techo marcado por la ley gracias a un entramado de facturas falsas.

El presidente pidió no tener que llevar el brazalete electrónico por esta segunda pena, pero la justicia se lo denegó el pasado lunes, por lo que deberá llevarlo de nuevo. 

El Tribunal Correccional de París decidirá el próximo 9 de marzo si acepta la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no tener que llevar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme de finales de 2025 debido a un caso de cuentas de la campaña de 2012, informa EFE.

Tras la vista de este lunes, que se celebró a puerta cerrada, el abogado del antiguo jefe de Estado, Vincent Desry, declinó hacer declaraciones a los medios. Sarkozy quiere que se aplique una 'unificación de penas' para evitar el brazalete electrónico por segunda vez.

Entre febrero y mayo de 2025, el ex jefe de Estado llevó este dispositivo de control por una condena en firme debido al llamado caso Bismuth, de corrupción y tráfico de influencias por hechos de 2014.

A finales de noviembre de 2025, el exmandatario vio confirmada una segunda sentencia en firme por el caso Bygmalion, sobre sus cuentas de campaña para las presidenciales de 2012. Entonces se le sentenció a seis meses de prisión conmutadas por arresto domiciliario por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Para Sarkozy, si se aplica el principio de 'unificación de penas', no sería necesario portar de nuevo el brazalete, ya que ya lo llevó a comienzos de 2025. La decisión sobre el brazalete llegará una semana antes de que el expresidente se enfrente a un proceso en apelación por el caso más grave en su contra.

Se trata de su presunta implicación en una trama de financiación ilegal para la campaña que le permitió convertirse en presidente de Francia en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Por este proceso, Sarkozy fue condenado en primera instancia en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, de los que cumplió tres semanas (entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre) entre rejas.

Sin embargo, el exmandatario conservador logró finalmente ser liberado a la espera de que se resuelva su recurso en apelación, que se celebra entre el 16 de marzo y el 3 de junio.

El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena a seis meses de prisión, que podrá cumplir en arresto domiciliario, contra el expresidente Nicolas Sarkozy, por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Se trata de la segunda condena firme contra el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012, que ya ha purgado una pena en un caso de corrupción y tráfico de influencias por la que fue definitivamente condenado por el Supremo en diciembre pasado.

Sarkozy, de 70 años, llevó un brazalete electrónico entre febrero y mayo pasados por esa primera condena, para controlar su arresto domiciliario, con el que se presentó ante el tribunal que le juzgó por la financiación libia de su primera campaña presidencial.

Ahora, un juez de libertades deberá determinar la forma en la que el expresidente debe cumplir esa nueva pena: si vuelve a colocarle un brazalete electrónico o establece otras modalidades.

En su sentencia de este miércoles, el Supremo rechaza el recurso interpuesto por los abogados de Sarkozy, que contestaban la composición del tribunal de Apelación que le condenó el pasado 14 de febrero, así como otros argumentos de fondo.

Los jueces consideran probado que existió una financiación irregular de la campaña de 2012, que acabó con su derrota a manos de Hollande, pero en la que se gastaron 43 millones de euros, casi el doble de lo autorizado por la ley.

Para maquillarlo, se creó un entramado de empresas y facturas falsas a través de la sociedad organizadora de eventos Bygmalion, que da nombre al caso, cuyos responsables también fueron condenados, al igual que el director de campaña y otros miembros del partido.

Deseoso de dar la vuelta a los sondeos que le daban derrotado por Hollande, Sarkozy exigía más y más actos, un tren de campaña que los jueces estimaron que no podía pasar desapercibido al candidato, responsable último de las cuentas de la campaña.

De esa forma, tiran por tierra la insistencia de Sarkozy en su inocencia y su argumento de que aquel entramado fue creado a sus espaldas y para el enriquecimiento personal de sus responsables.

Apelación, pese a todo, rebajó a la mitad la condena impuesta en primera instancia en noviembre de 2021 por este caso y la situó en un año de prisión, la mitad exento de cumplimiento, la misma que ahora confirma, y convierte en definitiva, el Supremo.

Un nuevo borrón en la reputación de Sarkozy, que ya ha sido condenado en tres frentes diferentes, dos de ellos ya definitivos, y tiene otras causas abiertas.

Aunque toda la atención se centra ahora en la financiación libia de su campaña de 2007, la que le condujo al Elíseo, por la trascendencia política que tiene y por lo elevado de la pena impuesta en primera instancia, cinco años.

Los jueces ordenaron, además, su ingreso inmediato en prisión, aunque el expresidente recurrió el fallo, lo que le llevó a la cárcel de la Santé el 21 de octubre pasado, antes de ser liberado el 10 de noviembre por su elevada edad.

El recurso en apelación por ese caso será juzgado en marzo próximo.

“Es duro, muy duro, sin duda lo es para todos los reclusos, diría incluso que es agotador”, declaró Nicolas Sarkozy el lunes 10 de noviembre en una videoconferencia desde la prisión de La Santé. “Nunca hubiera imaginado que tendría que esperar hasta los 70 años para conocer la cárcel”, añadió.

El expresidente de la República, condenado el 25 de septiembre a cinco años de prisión firme con mandato de reclusión diferida por asociación ilícita en el caso de la financiación libia, solicitó y obtuvo este lunes su puesta en libertad ante el magistrado Olivier Géron, ya elegido oficialmente para presidir el juicio de apelación, que se celebrará en marzo de 2026.

El presidente del tribunal aceptó los argumentos de la defensa de Nicolas Sarkozy sobre la inexistencia de riesgo de ocultación de pruebas y de fuga, considerando que, por lo tanto, se podía levantar su detención. Su decisión fue comunicada inmediatamente a la prisión de la Santé, de la que salió a las tres de la tarde.

No obstante, el presidente Géron acompañó esta puesta en libertad de numerosas reservas, sometiendo al expresidente a un estricto control judicial. El magistrado destacó que varios acusados y testigos residían en el extranjero. “Como expresidente, el acusado dispone, como es natural, de facilidades para ponerse en contacto, no tanto con estas personas, sino con los dirigentes de los países en los que residen o han encontrado refugio”, señala el tribunal. Y añade: “Por lo tanto, no se puede descartar totalmente el riesgo de presión o concertación, no solo sobre los acusados implicados en los hechos imputados a Nicolas Sarkozy, sino también sobre los testigos clave”.

“Parece justificado por lo tanto prohibir la salida del territorio nacional”, estimó el presidente.

Olivier Géron recordó además que, durante la investigación del caso libio, Nicolas Sarkozy se puso en contacto personalmente, en 2013, con el director de los servicios de inteligencia franceses en relación con un testimonio potencialmente incómodo para él de un antiguo responsable libio. “El mero hecho de que se produjera ese contacto plantea interrogantes al tribunal”, afirmó Olivier Géron.

El presidente del tribunal también señaló la condena en firme por corrupción de Nicolas Sarkozy en el caso Bismuth, “un procedimiento que implicaba a un fiscal general del Tribunal de Casación condenado en firme”.

Estos elementos convergentes llevaron al tribunal a considerar que, “para la serenidad de los debates” y para preservar “la independencia de la justicia”, era conveniente prohibir a Nicolas Sarkozy ponerse en contacto con una treintena de personas, acusados o testigos. Al final de esa lista, incluyó al propio ministro de Justicia.

“Teniendo en cuenta los antecedentes del acusado, que demuestran su capacidad para activar diferentes servicios del Estado”, y a pesar de que ya no ejerce “ninguna actividad oficial”, “el tribunal considera necesario prohibir al acusado ponerse en contacto de cualquier forma con una serie de responsables del ministerio de Justicia”.

La medida de control judicial impuesta a Sarkozy le prohíbe “recibir o reunirse y entrar en relación de cualquier forma [...] con el ministro de Justicia en ejercicio [Gérald Darmanin], los miembros de su gabinete y cualquier directivo del ministerio de Justicia”.

El actual ministro de Justicia, infringiendo todas las normas, había visitado a Nicolas Sarkozy en la prisión de la Santé, lo que provocó la inquietud de varios altos magistrados, entre ellos el actual fiscal general del Tribunal de Casación, Rémy Heitz, y su predecesor, François Molins.

A las 9:30 de la mañana, Sarkozy apareció en las pantallas de la sala Dario del tribunal, sentado frente a una mesa escolar, junto a sus dos abogados, Jean-Michel Darrois y Tristan Gautier. Con el rostro pálido y una chaqueta azul, también tenía la mirada puesta en la pantalla y en las imágenes de la sala del tribunal. Solo su camisa azul abrochada sin corbata delataba su condición de detenido. Y en la imagen, esta precisión: “PARIS LA SANTÉ – SALA DE VISITAS 3”.

“Sé que este no es el lugar para defenderme, nunca se me ocurrió la locura de pedirle al Sr. Gadafi ningún tipo de financiación, y eludir la justicia sería confesar”, aseguró con el rostro demacrado. “Nunca confesaré algo que no he hecho.”

Con el fin de disipar los temores de una concertación con los demás acusados, Sarkozy certificó no haber tenido ningún “contacto”” con Claude Guéant y Brice Hortefeux durante los cuatro meses que duró el juicio. También “acudió puntualmente a todas las citaciones”. Y no huiría “después de tres semanas en La Santé”. “Soy francés, amo a mi país, a mi familia, a mis hijos. Lucho para que triunfe la libertad”. Rindió “homenaje al personal penitenciario””, “que ha sido de una humanidad excepcional, lo que ha hecho soportable esta pesadilla”.

En la audiencia, la familia estaba presente, representada por Carla Bruni y dos de sus hijos, Jean y Pierre Sarkozy. Con un abrigo negro y aspecto cansado, la esposa besa a los colaboradores del expresidente y luego se sienta con tristeza. “¿Cómo estás?”, le pregunta la jefa de prensa Véronique Waché. Carla Bruni baja la cabeza con un gesto amargo.

Para evitar cualquier filtración de imágenes, se pidió a los periodistas, al público y a los familiares que apagaran sus teléfonos móviles y los guardaran en un sobre cerrado, bajo la atenta mirada de los numerosos gendarmes repartidos por la sala.

“Estamos aquí para examinar su solicitud de libertad”, declaró el presidente Olivier Géron, dirigiéndose a la pantalla de videoconferencia.

“Responderé a las preguntas, señor presidente”, le respondió Nicolas Sarkozy.

Olivier Géron recordó todo el proceso, desde las primeras detenciones preventivas hasta las últimas imputaciones y el juicio. Enumeró los cargos políticos que había ocupado el detenido, desde los partidos RPR hasta la UMP, pasando por la alcaldía de Neuilly-sur-Seine, el consejo general de Hauts-de-Seine y la presidencia de la República. Mencionó las condenas que ya se le habían impuesto.

Tres años de prisión, dos de ellos en condicional, en el caso Bismuth, condena definitiva, cumplida con brazalete electrónico este año. Su condena a un año de prisión, del cual seis meses en condicional, en el caso de la financiación ilegal de su campaña de 2012. “Y, además, está usted imputado por soborno de testigos contra Ziad Takieddine, que estaba siendo procesado en este caso y que falleció el pasado mes de septiembre”, señala el presidente.

Olivier Géron da lectura a los ingresos declarados por el acusado: 638.000 euros en concepto de salarios, 153.000 euros en concepto de pensión, 2,3 millones en concepto de ingresos no comerciales y 1,3 millones en concepto de intereses por bienes muebles.

“¿Cuál es exactamente su actividad profesional?”, pregunta el magistrado.

— “Señor presidente, tengo dos actividades profesionales. Soy abogado y propietario de un bufete de abogados, y la segunda es conferenciante, por así decirlo. Me invitan a dar conferencias.”

— Aquí pone 638.000 euros en concepto de salarios, no lo entiendo...

— Es mi bufete de abogados”.

Nicolas Sarkozy precisa que viaja mucho para dar esas conferencias, pero “por lo general, solo uno o dos días”.

Una magistrada asesora le pregunta por los beneficios no comerciales que también aparecen en su declaración. “Ejerzo funciones de asesor para varias empresas”, añade Nicolas Sarkozy. “¿Cuántas? —Cuatro”, precisa.

El tribunal debe pronunciarse sobre los riesgos de presión en el futuro juicio de apelación. El presidente, Olivier Géron, señala el episodio de las presiones ejercidas sobre el exdirector de inteligencia interior, Patrick Calvar, en relación con el embarazoso testimonio de un alto cargo libio.

“En junio de 2013, usted se puso en contacto con el Sr. Patrick Calvar, cuando usted ya solo era miembro del Consejo Constitucional. ¿No le parece un poco sorprendente ponerse en contacto con el director central de los servicios de inteligencia interior, que debe estar sujeto al secreto?

— En 2013 yo no estaba bajo investigación ni bajo control judicial”, se defiende Sarkozy. “En aquel momento me informaron de que un libio, el Sr. Missouri [que fue intérprete de Muamar el Gadafi, ndr], había hecho declaraciones sobre mi campaña. Llamé al Sr. Calvar para decirle que, en caso de que se produjera una nueva manipulación, no dudaría en presentar una denuncia.

— Es decir, quería transmitir el mensaje de que temía una manipulación, si lo entiendo bien...

— No temía una manipulación, estaba seguro de que se produciría una manipulación. Circulaban informaciones sobre el hecho de que los amigos del Sr. Gadafi habrían obtenido documentos si testificaban contra mí.”

El presidente Géron continúa con el caso de la falsa retractación de Ziad Takieddine.

“También está siendo investigado por un caso de soborno a un testigo. ¿En qué punto se encuentra?”.

Nicolas Sarkozy aclara que solo está siendo investigado en ese caso por “encubrimiento” de dicho soborno, y no por soborno directo.

“Pero, ¿en qué punto se encuentra?

—Los jueces no han dictado sentencia. Quiero precisar que niego haber obtenido jamás la más mínima información sobre la forma en que la Sra. Marchand realizó esa entrevista.

—¿Se ha enviado la notificación de finalización de la instrucción?

—Sí. Es solo para indicar que la instrucción ha concluido.

— ¿Cuándo terminó la instrucción?

— En febrero de 2025”.

En la sala del tribunal, el abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, dice estar “muy impresionado” por solicitar la puesta en libertad de un expresidente que también es un “amigo”, al que ha visto “todos los días en aislamiento”. Defiende a “un recluso que se ha enfrentado a la cárcel”, “a amenazas de muerte”, “a los gritos de un recluso que se autolesionó”. Descarta los riesgos de concertación fraudulenta y, por supuesto, de fuga de su cliente.

El abogado general Damien Brunet, equivalente al fiscal del tribunal de apelación, toma la palabra para presentar sus peticiones.

Precisa el marco: “Hoy evalúan ustedes la puesta en libertad de un acusado que se beneficia de la presunción de inocencia [Sarkozy ha recurrido la sentencia, ndr], y no la solicitud de puesta en libertad de un condenado.” Para el tribunal, los criterios para mantener la prisión preventiva no son los mismos que los que justificaron el encarcelamiento del expresidente, es decir, la “excepcional gravedad” de los hechos juzgados por el tribunal de primera instancia.

Según el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal, la prisión debe ser el “único medio”” para que la justicia se asegure de que las pruebas y los indicios materiales del caso no desaparezcan, para impedir presiones sobre los testigos y/o una concertación fraudulenta con los demás acusados, para proteger al imputado y para evitar cualquier riesgo de fuga.

Damien Brunet insiste en las “garantías de representación” del exjefe del Estado, que siempre ha acudido a todas las citaciones (detención preventiva, imputación y juicio). Sin embargo, si se concede la libertad, debe estar estrictamente controlada, según el magistrado. Este recuerda a su vez que Sarkozy ya ha sido condenado en firme por corrupción en el caso Bismuth y también condenado en firme por financiación ilícita de campaña en el caso Bygmalion, dos delitos también relacionados con el escándalo libio.

“Por lo tanto, hay que prestar la máxima atención al riesgo de reincidencia”, expone Damien Brunet, quien también recuerda la imputación de Nicolas Sarkozy por encubrimiento de soborno de testigos y asociación ilícita en el caso de la falsa retractación de Ziad Takieddine.

El magistrado destaca “el riesgo de concertación” con los demás acusados, entre los que destacan Brice Hortefeux y Claude Guéant, sus dos colaboradores más cercanos, quienes, según la sentencia de primera instancia, negociaron en 2005 con el régimen libio, bajo la autoridad y en nombre de Nicolas Sarkozy, un pacto corrupto con vistas a la financiación oculta de la campaña presidencial de 2007. Todos los acusados niegan los hechos.

El abogado general solicita, en consecuencia, que Nicolas Sarkozy sea sometido a un control judicial “estricto”, con la prohibición de reunirse “de cualquier forma” con los otros acusados y con los testigos del juicio de apelación.

Por fin el tribunal ha ido más allá.

Este artículo se ha actualizado con extractos de la sentencia del tribunal de apelación de París.

Traducción de Miguel López

El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a 5 años de prisión por corrupción, salió este lunes de la cárcel parisina de La Santé tras 20 días gracias a la decisión pronunciada este lunes por el Tribunal de Apelación de París, que decretó un control judicial que incluye la prohibición de salir de Francia y contactar con el ministro de Justicia, Gérard Darmanin.

El presidente del Tribunal leyó la decisión mientras Sarkozy la acompañaba por videoconferencia desde la cárcel. Visiblemente nervioso y algo emocionado tras conocer el anuncio, el expresidente no quiso hacer ningún comentario después de que el juez le diese la palabra.

El que fuera jefe de Estado de Francia entre 2007 y 2012 había sido condenado el pasado septiembre a 5 años de cárcel por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Muamar Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007, que ganó.

La "libertad bajo control judicial" a la que se someterá Sarkozy (70 años) incluye, además de la prohibición de salir de Francia y de entrar en contacto con los otros condenados en el caso, "la prohibición de contactar" con el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien le visitó en la cárcel y del que es además un allegado tras haber compartido partido político la década pasada.

Los abogados del antiguo dirigente habían presentado la solicitud de puesta en libertad al poco de su entrada en la cárcel argumentando, entre otros puntos, que su cliente no representaba un peligro a la hora de destruir posibles pruebas, que no iba a dejar el país porque toda su familia reside allí y que la prisión suponía un real peligro para la integridad de Sarkozy.

Unas tres horas antes, en la vista de la mañana, el líder conservador había tenido la ocasión de hacer un alegato que buscaba persuadir el Tribunal. En él, Sarkozy tildó su vida entre rejas como "algo muy duro y agotador".

"Quiero agradecer la humanidad excepcional del personal penitenciario porque ellos han convertido esta pesadilla de la cárcel en algo soportable", expuso.

Esta declaración a distancia la escucharon a través de una pantalla y desde el Tribunal de Apelación de París varios de sus allegados que estaban sentados en la sala.

Su esposa Carla Bruni, dos de sus cuatro hijos (Jean y Pierre) y su hermano François estuvieron presentes en una audiencia con una enorme expectación mediática y en la que los móviles fueron confiscados por las autoridades para evitar captación de imagen o de sonido durante la vista.

“No pido ningún privilegio”, “ninguna ventaja”, “ningún favor”, repitió Sarkozy en numerosas entrevistas concedidas a medios de comunicación afines (Le Journal du dimanche, Le Figaro, La Tribune dimanche) desde su condena el 25 de septiembre por asociación ilícita en el caso de la financiación libia, y antes de su encarcelamiento el 21 de octubre.

Aunque quiere compararse con Edmundo Dantés y el capitán Alfred Dreyfus, el preso Nicolas Sarkozy disfruta, en realidad, de unas condiciones de detención tan privilegiadas como inéditas. Es cierto que es el primer jefe de Estado encarcelado bajo la V República y que el único precedente se remonta a Philippe Pétain.

Acabamos de saber que el expresidente, aunque se encuentra en el módulo de aislamiento de máxima seguridad de la prisión de La Santé, contará con la presencia de dos agentes de seguridad armados en una celda contigua a la suya las veinticuatro horas del día durante todo el tiempo que dure su encarcelamiento. Se trata de dos policías del servicio de protección (SDLP), encargado en particular de la seguridad de personalidades importantes.

Ninguno de los profesionales de la prisión y de la justicia consultados por Mediapart conoce la existencia de un precedente similar. Ni Maurice Papon, ni Alain Carignon, ni Georges Tron, que fueron ministros, tuvieron derecho a un trato tan favorable durante su detención.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, justificó esta medida excepcional por “su estatus y las amenazas que pesan” sobre él. En concreto, el dispositivo de protección habitual —clásico para los expresidentes— “se ha mantenido durante su detención”, prosiguió. “Es una decisión destinada a garantizar su seguridad”.

Según uno de los abogados de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Darrois, la administración penitenciaria y el ministerio de Justicia consideraron que el riesgo dentro del establecimiento parisino justificaba asignarle dos agentes. “No es cuestión de correr el más mínimo riesgo en lo que respecta a la seguridad de un expresidente”, explicó también a la AFP una fuente cercana al caso, sin dar más detalles.

Sin embargo, unas horas antes, el director de la administración penitenciaria había detallado unas medidas de detención que parecían ya más que suficientes sin necesidad de policías. El exjefe de Estado sería recluido en una celda del módulo de aislamiento de La Santé, con el fin de garantizar tanto “la seguridad del Sr. Sarkozy como el buen orden del centro”, había explicado Sébastien Cauwel antes del encarcelamiento, en RTL, precisando: “El objetivo es que nunca se cruce con otros reclusos, ni en su celda, ni en las salas de actividades, ni en el patio, ni en las visitas”.

“La presencia de policías armados en la cárcel es contraria a todas las leyes. ¡Es algo nunca visto, un gran disparate!”, exclama un alto cargo de la administración penitenciaria consultado por Mediapart. En aislamiento, Sarkozy no se cruzará con ningún recluso, siempre habrá dos o tres guardias con él para sus desplazamientos y todo estará bloqueado. Sabemos cómo garantizar la seguridad de los personajes famosos encarcelados.”

Para este responsable, la seguridad del expresidente no es el verdadero problema: “Si hay policías con él, es para mejorar su detención, nada más. Ya puestos, podríamos abrir otra celda para su mujer o sus amigos.”

Contactado por Mediapart, el responsable del sindicato FO Pénitentiaire de la prisión de la Santé no oculta su sorpresa y perplejidad ante esta gran primicia. “Estábamos en total ignorancia y aún esperamos explicaciones”, explica Hugo Vitry. “Esto nunca ha ocurrido en La Santé. Las personas uniformadas sólo pueden entrar como reclusos. No pusieron policías ni a Claude Guéant ni a Patrick Balkany, que ni siquiera estaban en aislamiento, sino en el módulo de vulnerables, y todo transcurrió sin incidentes. No sabemos muy bien si se trata de facilitarnos la tarea o de reprocharnos una falta de profesionalidad. En cualquier caso, no es un mensaje muy positivo”.

Solo hay quince celdas en el módulo de aislamiento de La Santé. Aislado y altamente protegido, este sector está ocupado por miembros de redes criminales, terroristas o personas amenazadas, como lo estaba el policía que mató al joven Nahel Merzouk en Nanterre.

“Los reclusos nunca se cruzan, ni en el gimnasio, ni en la biblioteca, ni en el patio o en la sala de visitas, y van acompañados de un vigilante en todos sus desplazamientos”, añade Hugo Vitry. La gestión de las salas de visitas de Nicolas Sarkozy puede que también sea excepcional. “¿Hará cola Carla Bruni con todos los demás? ¿Estará al mismo tiempo que las demás familias de reclusos en la sala de visitas? Ya veremos”, dice el vigilante.

Según Le Figaro, Carla Bruni ya pudo visitar a su marido el 21 de octubre, “escoltada por su propio equipo de seguridad” y “entrando por una zona disimulada”, mientras que las familias de los reclusos normalmente deben solicitar una visita con antelación. También la visita anunciada del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, a su amigo Nicolas Sarkozy en La Santé es algo totalmente inédito.

¿Es realmente la seguridad de Nicolas Sarkozy lo que está en juego en la asignación de esos dos policías, que ya habían sido asignados a su protección y que se ofrecieron voluntarios para acompañarlo a la prisión? La CGT Pénitentiaire no opina lo mismo. “No hay ningún valor añadido, sabemos hacerlo muy bien. Pertenecemos al ministerio de Justicia, debemos garantizar la vigilancia y la seguridad, y no nos supone ninguna dificultad hacerlo. No veo por qué el ministerio del Interior tendría que intervenir en las detenciones”, declaró Nicolas Peyrin en RMC, en nombre del sindicato.

Esta medida excepcional ha sido muy mal recibida por la administración penitenciaria. ¿Policías en la cárcel? “No tienen nada que hacer allí, no tienen experiencia en el funcionamiento de un centro penitenciario”, declaró Wilfried Fonck, del sindicato Ufap-Unsa Justice, en RTL. “Más bien vamos a tener dos lastres adicionales. […] Es un corte de mangas, un desprecio al personal penitenciario.”

Nicolas Sarkozy está recluido en una cárcel modelo, que fue objeto de una profunda renovación entre 2014 y 2019. Sin embargo, la tasa de ocupación de la prisión roza el 190 %. Sobre todo, tras décadas de políticas represivas, las condiciones de reclusión en las prisiones francesas, superpobladas y vetustas, nunca han sido tan indignas, como recuerdan regularmente el Observatorio Internacional de Prisiones (OIP) o el Controlador General de Lugares de Privación de Libertad (CGLPL). Un tema que no apasiona mucho a los políticos, salvo cuando uno de ellos entra en prisión.

Para la CGT Insertion probation, el concierto de llorones y comités de apoyo a Nicolas Sarkozy oculta una realidad escandalosa. “Es una buena ocasión para recordar que el sistema penal y carcelario que él ha contribuido a endurecer desde los años 2000 está hoy al límite de sus posibilidades. Penas mínimas, caso Pornic, responsabilidad de los agentes del ministerio, severidad, celeridad..., son muchas las órdenes dadas por él desde hace más de veinte años a todos los actores de la justicia penal”.

“La prisión preventiva está lejos de ser una excepción en materia penal, y en este caso, un trato extraordinario”, recuerda la CGT Insertion probation. “Este es precisamente uno de los nudos del problema del hacinamiento carcelario en Francia y debería hacernos reflexionar colectivamente sobre el caso de Nicolas Sarkozy, pero también sobre los otros 22.499 presos preventivos.”

Por otra parte, los privilegios del recluso Sarkozy, como su encuentro en el Elíseo con el presidente Macron antes de su encarcelamiento y antes de la visita anunciada a la prisión de La Santé del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, constituyen una forma inédita y malsana de presión sobre la justicia: en concreto sobre los jueces que tendrán que pronunciarse sobre su solicitud de libertad y sobre los que tendrán que volver a juzgarlo en apelación en el caso libio. El Sindicato de la Magistratura (SM) se muestra indignado en un comunicado por este “atentado contra la independencia de la justicia” y “una confusión de funciones inaceptable en un Estado de derecho”.

En definitiva, los privilegios de todo tipo concedidos al recluso multiconvicto Nicolas Sarkozy deben considerarse como lo que son: favores y prebendas justificados esencialmente por su pertenencia a una élite político-socioeconómica. Nicolas Sarkozy es tratado como un monarca republicano.

Muy lejos del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, el trato de favor del que goza es también la marca de una justicia de clase. El poder actual da así la razón a los políticos y a los ejecutivos que consideran que su lugar no está en los tribunales, y mucho menos en la cárcel. ¿Temen por sí mismos?

Un amigo de Nicolas Sarkozy, el empresario Jean-Claude Darmon, expresó crudamente, el 21 de octubre en Europe 1, lo que piensa su casta: “Es un shock para gente como nosotros, no estamos hechos para la cárcel, no somos animales, ¡es terrible!”.

Traducción de Miguel López

Sarkozy tuvo más poder que Napoleón. El expresidente de Francia ha sido el Fouché de nuestro tiempo, al que Balzac le dedicó una novela y Stephan Zweig su mejor biografía. El poder del pasado se encarna en hombres bajitos, tez cetrina y mirada sombría. Son cojos o usan calzas y se enamoran de hermosas y ambiciosas mujeres seducidas por la erótica del poder. Sarkozy fue la piel del republicanismo francés, el espejo desde el que Aznar se reflejaba todos los días desde Madrid, la imagen de la política conservadora en Europa, el último suspiro de la derecha con partido antes de que irrumpiera el hiperliderazgo arribista de Emmanuel Macron o Pedro Sánchez. Este martes nos hemos desayunado con su ingreso en la cárcel de La Santé tras ser condenado por financiación ilegal de su última campaña, merced al dinero que le inyectó el régimen libio de Muamar el Gadafi. No sabemos si ocupará la misma celda desde la que José Giovanni escribió Le trou (El trullo) y que Jacques Becker adaptó al cine, colocando con firmeza los cimientos del cine carcelario en 1960. Lo que sí sabemos es que, entre sus pertenencias, se incluye un volumen de El Conde de Montecristo.

A diferencia de José Fouché, Nicolás Sarkozy se propuso ser una primera figura de la política francesa. No sólo pretendió sumergirse en los acontecimientos. Aspiró a ser algo más: quiso ser el rey de todos ellos. Dotó de una envoltura especial y personal a la presidencia como no había vuelto a tener Francia desde la muerte del General DeGaulle. François Mitterrand había sido un seductor rodeado de tecnócratas, Chirac un hombre pegado a una sonrisa sin más aspiración que enterrar a Dumas en el Panteón de Los Inválidos escoltado por Mosqueteros. La figura de Sarkozy, en cambio, fue siempre singular, especial, nunca heroica, ni mucho menos cómica, si acaso, poderosa por acomplejada, atractiva por siniestra y, a la vez, humana, imperfecta. Sin lugar a dudas, ocupaba un lugar inferior en el escalafón de los presidenciables de Jacques Chirac, ese hombre alto, tan afable y elegante que hasta su guiñol sucumbía a su propio encanto. La posición amoral de Sarkozy lo situaba siempre por debajo o por detrás de Dominique de Villepin en la carrera presidencial. El ministro de Asuntos Exteriores fue su particular Talleyrand. En cambio, Sarkozy fue siempre más hábil y se manejaba, como Fouché, con la soltura de una rata en las cañerías del Estado.

La vida solo ofrece relatos que, de una u otra manera, ya han sido escritos con anterioridad. Si el exministro de Asuntos Exteriores ha terminado sus días siendo un moralista catódico, como lo está siendo también Josep Borrell desde España, (mártir de todas las guerras, incluida la suya propia), el expresidente francés ha inaugurado su primer martes como un preso común en La Santé, dos días después de que cuatro ladrones hayan robado las joyas de Napoleón II conservadas en las vitrinas del Museo del Louvre. La escena inspirará, muy probablemente, una película en Netflix que nos remitirá al tropo universal del atraco perfecto, a Sherlock, a Lupin. Pero el asalto a la galería de arte más grande del mundo nos invita a reflexionar sobre la debilidad del Estado. El atraco, como en una película absurda y rebelde de Godard, es también la historia de un país envuelto en la incertidumbre política, esa que se atisba en la esquina de la vida cotidiana, esa que invita a la rebelión o a la ira y en la que se puede hacer desaparecer de forma rápida, aseada y eficaz, las joyas de la corona, incluida la Corona.

Algo está pasando en Europa. Suena con la gravedad y la solemnidad de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Sarkozy en la cárcel, el Louvre asaltado a plena luz del día y a 20 km de Roma, a escasos metros de su casa, el coche de Sigfrido Ranucci, un veterano periodista italiano de la RAI, explota un jueves cualquiera. Ranucci vive con escolta desde 2021 y con medidas de seguridad desde 2014. La N’drangheta lo persigue. La política ha comenzado a parecerse a un siniestro policíaco italiano. Ranucci, según informa El País, es un periodista muy criticado por exponentes del Gobierno de Giorgia Meloni y ha denunciado en los últimos meses intentos de cancelar su programa y de censura. Ranucci lo enmarca todo dentro de una política de relegación de periodistas incómodos en la cadena que empezó con la llegada de Meloni al poder en 2022.

En España, quedan lejos los días en los que Rafael Vera y José Barrionuevo entraron en la cárcel de Guadalajara, acompañados de Felipe González. En España, todavía no ha ingresado en Soto del Real ningún presidente. Pero esta semana comenzaba el último juicio de la Gürtel, después de que se iniciara su instrucción en 2007. En abril del próximo año se iniciará la fase oral de la Kitchen, con toda la cúpula de Interior del último gobierno de Mariano Rajoy imputada por espionaje a Luis Bárcenas y su familia. Se juzga si la operación parapolicial fue financiada con fondos reservados. La operación de lawfare que vive Sánchez tampoco ha fructificado. El último informe de la UCO no habla sobre financiación ilegal del PSOE. Las causas contra Sánchez se desinflan en los juzgados a la espera de que Cerdán salga en noviembre del trullo, tiempo suficiente para pensar qué estrategia seguir para terminar de hundir a la derecha.

Este miércoles llega a las librerías Orden y Libertad, el último libro de José María Aznar. Con Nicolás Sarkozy, estos dos hombres representan el ala dura y conservadora de la derecha republicana en Europa. El primero, desde el atlantismo, el segundo desde una versión europeísta que quiso rebautizar el capitalismo embarneciéndolo de caridad cuando la economía de Occidente se rompía. Se entendieron bien. Ahora nos toca saber si Aznar está dispuesto a declarar la quiebra política del partido que refundó en 1991. Los microdatos de la última encuesta del CIS son como los posos del café, las raíces últimas de la poción, los filamentos del ADN o la verdad atómica de la política española. Conviene sacar el microscopio y observar. Los microdatos nos dicen que el PSOE está cerca de ganar las próximas elecciones generales pero lejos de poder gobernar. También nos dice que Vox está más cerca del PP y que el PP está más lejos de gobernar con una mayoría absoluta que hace un año. Atentos a este miércoles. No se trata de erosionar al PP, sino de romperlo, fraccionarlo, de que convulsione o de que alguien con autoridad moral pueda permitirse declararlo en quiebra para poder refundarlo otra vez. La próxima pantalla (qué gran bautismo para una sección) está escrita en un libro. Lo firma José María Aznar. Orden y libertad. 

El encarcelamiento de Nicolas Sarkozy es para Francia una experiencia política, mediática y social fascinante. Para el expresidente de la República, condenado a cinco años de prisión firme por asociación ilícita en el caso libio, el martes 21 de octubre significa su primera noche en prisión, y una parte del país parece dividirse sobre el significado que se le debe dar a este acontecimiento histórico.

Una mente racional podría pensar que es un momento especialmente propicio para reflexionar colectivamente —por fin— sobre los atentados contra la probidad en Francia y la amenaza existencial que estos suponen para la democracia. Con más razón en un país que ya ha visto a un expresidente condenado en firme por corrupción (Nicolas Sarkozy, otra vez él), a su predecesor condenado en firme por malversación de fondos públicos (Jacques Chirac) y a sus respectivos primeros ministros (François Fillon y Alain Juppé) también condenados en firme.

Pero no. La mayor parte del tiempo de emisión dedicado al juicio del caso libio en los canales de información está saturada por una melodía muy diferente: Nicolas Sarkozy, que ha recurrido la sentencia y vuelve a gozar de la presunción de inocencia en este caso, es una víctima. Víctima de una justicia cuyos magistrados serían criaturas híbridas entre el inquisidor Torquemada y Robespierre. Víctima de una prensa, con Mediapart en cabeza, que escribiría con un cuchillo entre los dientes y documentos falsos en sus alforjas.

Y él, Nicolas Sarkozy, se habría convertido en la víctima sacrificial de una infame conspiración, sin que el expresidente dudara en convocar a los fantasmas (ficticios) de Montecristo o (muy reales) del capitán Dreyfus para compararse con ellos. Sin ningún pudor.

Desde hace un mes, desde que se dictó la sentencia, una parte importante del mundo político y mediático —con Nicolas Sarkozy, ambos siempre han sido uno— le tiende tiernamente la mano en esta prueba. El último episodio, y uno de los más impactantes, es que el presidente Macron, garante constitucional de la independencia del poder judicial, lo recibió discretamente en el palacio del Elíseo el viernes 17 de octubre, cuatro días antes de la fecha anunciada para su encarcelamiento.

El actual secretario general de la presidencia, Emmanuel Moulin, ya había asistido el 8 de octubre a una fiesta de despedida antes de la cárcel organizada por Nicolas Sarkozy. Por no hablar del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que en las últimas semanas ha mostrado muchas atenciones hacia el condenado, llegando incluso a anunciar en France Inter que iría personalmente a visitar al exjefe de Estado a la prisión de la Santé. Cabe señalar, de paso, que Darmanin ya no considera que la prisión se parezca demasiado al Club Med cuando se trata de encerrar a su antiguo mentor.

El CAC 40, índice bursátil francés, también se mantiene unido. Los grupos Accor (hostelería) y Lagardère —propietario, entre otros, de los medios Le Journal du dimanche y Europe 1 — han anunciado que mantendrán a Nicolas Sarkozy como administrador a pesar de su encarcelamiento, como ya hicieron en el pasado a pesar de su condena definitiva por corrupción en el caso Bismuth y su doble condena por financiación ilícita de campaña electoral en el escándalo Bygmalion —este caso está pendiente ante el Tribunal de Casación, que dictará su sentencia el 26 de noviembre—.

En cuanto al círculo más cercano del expresidente, da la impresión a veces de que Francia se ha convertido en un gigantesco episodio de South Park, la famosa serie de dibujos animados satírica americana. Carla Bruni, su esposa, publica continuamente historias en Instagram (por ejemplo, una versión de Let It Be de los Beatles, rápidamente parodiada como Let Libye); Patrick Balkany, el amigo, da consejos en televisión sobre la cárcel —el exdiputado y alcalde de Levallois-Perret sabe de lo que habla—; y Louis Sarkozy, el hijo, llama a manifestarse junto a la casa de su padre la mañana de su partida hacia la cárcel para mostrarle su apoyo incondicional.

De principio a fin, este espectáculo es deprimente para el común de los mortales. Pero el asunto es mucho más grave. Porque lo que está en juego no es un debate legítimo sobre la ejecución provisional de las decisiones judiciales. Se trata, ni más ni menos, de los últimos estertores de un cártel que, sin asumirlo públicamente, no pide otra cosa que el retorno de los privilegios, abolidos en Francia en la noche del 4 de agosto de 1789. Podríamos llamarlo un poderoso deseo de 3 de agosto. No es casualidad que la periodista Catherine Nay, una de las más influyentes de su generación, calificara en las columnas de Valeurs actuelles la sentencia que condenaba a Nicolas Sarkozy de “regicidio judicial”.

“Los partidarios de Nicolas Sarkozy socavan los cimientos de la democracia saturando el espacio público de ruido, confusión y furia”, afirmó recientemente Philippe Conte, profesor emérito de Derecho Penal de la Universidad Panthéon-Assas, en una notable entrevista concedida a Le Monde.

Para llevar a cabo esta operación de destrucción del espíritu de la República, este pequeño mundo tiene la imperiosa necesidad de borrar la realidad. Es decir, hacer olvidar los hechos por los que Nicolas Sarkozy ha sido condenado junto con sus dos colaboradores más cercanos de siempre, Brice Hortefeux y Claude Guéant. Sin los hechos, que son de una “gravedad excepcional” según la sentencia —de ahí la entrada en prisión inmediata de Nicolas Sarkozy—, la tarea resulta más fácil para dar paso a la indignación. A partir de ahí, solo se mira la consecuencia (la prisión) y se oculta la causa (el delito perseguido).

Así que, repitámoslo: el trío Sarkozy-Guéant-Hortefeux ha sido declarado culpable de asociación ilícita por haber negociado en otoño de 2005 con el número dos del régimen libio, un terrorista llamado Abdallah Senoussi condenado en Francia por organizar el atentado contra el avión DC-10 de la UTA (170 muertos), un pacto de corrupción cuyo objetivo era la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007. Y, según el tribunal, los libios pagaron efectivamente 6,5 millones de euros para financiar esa campaña, a cambio de lo cual el equipo de Sarkozy se comprometió a examinar la situación penal de Senoussi en Francia y a ayudar al regreso de la Libia de Gadafi al seno de la comunidad internacional.

Este domingo, dos periódicos dieron un ejemplo claro de esta operación de borrado de la realidad. En primer lugar, Le Figaro, que, en un artículo del periodista político Charles Jaigu, afirma que el tribunal “ha establecido” que las pruebas de corrupción “no existen”. “Solo quedan dos reuniones entre dos colaboradores de Nicolas Sarkozy y el entorno de Gadafi”, dice sutilmente el periodista, que evita cuidadosamente las palabras “Senoussi” o “terrorista condenado”.

Falso: no solo el tribunal afirmó por escrito que sí hubo un “pacto corrupto” —Mediapart ya ha explicado aquí y aquí los motivos—, sino que la investigación permitió reunir gran cantidad de pruebas materiales: transferencias bancarias, notas privadas, cuadernos manuscritos, agendas oficiales, cables diplomáticos, rastros de dinero en efectivo, etc.

El director de La Tribune dimanche, Bruno Jeudy, escribió un editorial en el que se podían leer estas palabras: “A base de ejercer una justicia implacable, se corre el riesgo de desnaturalizarla.” A continuación, se emocionaba ante “una severidad espectacular, percibida más como expiatoria que racional”. “La democracia no se engrandece con la humillación de un expresidente, por muy culpable que sea”, concluía, antes de mencionar “un malestar, quizás un paso en falso”, de la justicia, claro está... Ni una sola vez en su texto recordó el director del semanario los hechos que motivaron la condena, medio cuyos periodistas no siguieron el juicio libio.

Al actuar así, todos los nostálgicos del 3 de agosto no hacen más que agravar el perjuicio de las verdaderas víctimas del caso libio: las familias del DC-10, que han sido reconocidas como partes civiles por el tribunal penal de París y a las que los condenados deben pagar una indemnización por daños y perjuicios. Desde la sentencia, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant o Brice Hortefeux no han dicho ni una palabra dirigida a ellas. Gérald Darmanin, que sin embargo juró poner a las víctimas en el centro de su política penal, tampoco les ha dirigido ni una sola palabra.

Es una lástima, porque merecen ser escuchadas. “Este juicio no es una venganza, sino la expresión de una justicia que llevábamos años esperando. Un proceso judicial riguroso enmarcado en nuestras leyes. No, Nicolas Sarkozy no es una víctima. No, Nicolas Sarkozy no encarna él solo a Francia”, respondieron dos representantes de las familias de las víctimas del DC-10, Danièle Klein y Yohanna Brette, en un artículo de opinión publicado en Libération.

“Por desgracia, hemos comprendido hasta qué punto nos ha traicionado quien aspiraba a presidir Francia, Nicolas Sarkozy”, comentó por su parte en Le Nouvel Obs Guillaume Denoix de Saint Marc, miembro de la asociación Familias del atentado del DC-10 de UTA.

Evidentemente, nada de eso habría ocurrido si se tratara de otro tipo de delito que no fuera el de cuello blanco. Si Nicolas Sarkozy hubiera sido condenado por encargar el robo de las joyas del Museo del Louvre o por tráfico de drogas, el presidente de la República nunca lo habría recibido antes de entrar en prisión, y el ministro de Justicia nunca lo habría mimado de esa manera.

Nos encontramos en una situación similar a la de la serie fantástica Stranger Things. Coexisten dos mundos: uno normal y otro invertido, literalmente al revés, poblado de monstruos aterradores. Este mundo al revés es, en Francia, el que se encuentra en la cima de la pirámide social y política, y sobre el que el caso libio acaba de arrojar una fría luz.

Traducción de Miguel López

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entró este martes en la prisión parisiense de La Santé por la pena de cinco años impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, lo que le convierte en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado, según informa EFE.

Sarkozy llegó a la prisión de la Santé, situada en el distrito XIV, escoltado en un coche negro y seguido por motoristas de televisiones que trasmitieron en directo el trayecto desde su domicilio en el distrito XVI. Su entrada se produjo sobre las 9.39 horas locales en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

"¡Bienvenido Sarkozy!", "¡Sarkozy está aquí!" gritaron algunos de los presentes a la llegada del que fuera presidente de Francia desde 2007 a 2012 a la vetusta prisión parisiense, mientras que otras personas preguntaban: "¿Carla, dónde estás?, en alusión a la esposa del expresidente.

Su encarcelamiento, que ha causado un electrochoque en una parte de la sociedad francesa, fue seguido por decenas de medios de comunicación nacionales y extranjeros, incluso varias televisiones trasmitieron el trayecto del exjefe desde su domicilio en directo.

 Sarkozy salió sobre las 9.10 horas locales de la mano de su mujer, Carla Bruni, y en compañía de sus hijos y sus hermanos de su domicilio, donde varias decenas de personas se congregaron en muestra de apoyo al exjefe de Estado y le aplaudieron después de cantar la Marsellesa, el himno de Francia.

Justo antes de poner rumbo a La Santé, el expresidente publicó un mensaje en sus redes sociales: "Al prepararme para cruzar los muros de La Santé, mis pensamientos están con el pueblo francés".

"Quiero decirles con la fuerza inquebrantable que me caracteriza que no es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente. Seguiré denunciando este escándalo judicial, este vía crucis que he sufrido durante más de diez años", escribió, antes de añadir: "La verdad triunfará", pero el "precio a pagar será devastador". 

Los abogados de Sarkozy, que se convertirá en el primer expresidente en la historia de la República francesa y de la Unión Europea que ingresa en la cárcel, anunciaron hoy que presentarán una petición de puesta en libertad "muy rápidamente" porque "una noche en prisión es demasiado". 

Su encarcelamiento "refuerza su determinación y su rabia para demostrar que es inocente", dijo hoy a la televisión BFMTV Christophe Ingrain, uno de sus abogados, quien le acompañó en el trayecto en coche a la prisión. 

"Objetivamente no hay ninguna razón para que el tribunal de apelación rechace esta liberación, pero existe incertidumbre jurídica y la afrontaremos", señaló el letrado, quien adelantó que "no habrá trato preferente" para él y que "su solicitud se examinará dentro del plazo habitual, que es de un mes".

En cualquier caso, el letrado añadió que Sarkozy pasará "entre tres semanas y un mes detenido antes de que se pronuncie el tribunal" sobre su demanda de puesta en libertad, que de recibir una respuesta positiva le permitiría pasar las Navidades en su casa y comparecer libre en el juicio en apelación previsto para marzo de 2026.

Durante el tiempo que pasará en La Santé, el exjefe de Estado tiene intención de aprovechar para "escribir sobre su experiencia, sobre la injusticia de la que es víctima". 

El exjefe de Estado fue sentenciado el pasado 25 de septiembre a cinco años de prisión por haber formado parte de una "asociación de malhechores" y por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron este lunes fuentes judiciales a varios medios franceses, tal y como recoge EFE.

Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, ha comparecido este lunes ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

Su entrada en prisión se producirá el martes de la semana que viene debido a la orden de prisión emitida en su contra, pese a haber apelado la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Correccional de París hace dieciocho días.

El político conservador, que ejerció de presidente de 2007 a 2012, fue condenado el 25 de septiembre por conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar el Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

El tribunal justificó esta medida en el caso de Sarkozy, de 70 años, por la "excepcional gravedad de los actos" cometidos por un líder político que entonces aspiraba al máximo cargo de la República francesa.

Una vez en prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de puesta en libertad ante el Tribunal de Apelación, que tendrá un plazo máximo de dos meses para resolverla, es decir, justo antes de las próximas navidades y le permitiría presentarse libre al juicio en apelación previsto, en principio, para el próximo marzo. En caso de ser rechazada, podrán formalizar otras.

Las únicas dos prisiones en la región de París que cuentan con espacios adaptados para presos que necesitan protección son La Santé en París y Fleury-Mérogis en Essonne, ya sea en los llamados "pabellones vulnerables" o en espacios de régimen de aislamiento, en el que, según medios franceses, debería estar Sarkozy.

“Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel”, dijo Nicolás Sarkozy el jueves 25 de septiembre al salir de la sala del tribunal de París. “Pero con la cabeza alta”, añadió. Son poco más de las 13:00 horas y el expresidente francés acaba de ser condenado, en el caso de la financiación libia, a cinco años de prisión firme, con orden de ingreso en prisión, pero aplazada para permitirle organizarse antes de su encarcelamiento.

En un plazo máximo de un mes, Nicolás Sarkozy deberá dormir en prisión, tras haber sido citado previamente, el 13 de octubre, por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF). Con el rostro demacrado, derrotado y ya con barba de tres días, se encuentra frente a un muro de cámaras, con su esposa Carla Bruni a su lado y sus abogados detrás de él.

“Me condenan por haber permitido supuestamente que dos de mis colaboradores [Claude Guéant y Brice Hortefeux, ndr] tuvieran la idea de financiar ilegalmente mi campaña”, dice irritado. Añade que es “inocente” y que “esta injusticia” es “un escándalo”. “Si alguien ha traicionado, ese no soy yo”, asegura. En el momento de marcharse, su esposa arranca, entre otras treinta, la funda del micrófono de Mediapart y la tira al suelo.

[Nota de infoLibre: incluimos el vídeo del momento en el que Carla Brunit arranca la funda del micrófono de Mediapart para contexto de la audiencia]

Mientras tanto, otros dos condenados permanecen bajo custodia en la sala del tribunal. El intermediario Alexandre Djouhri, que en su día se tuteaba con el presidente de la República, y su exbanquero Wahib Nacer fueron condenados a seis y cuatro años de prisión, respectivamente, con órdenes de ingreso en prisión dictadas en la vista. Van a recurrir, pero su recurso no cambiará nada en cuanto al encarcelamiento.

“Sin duda, tendré que comparecer esposado ante el tribunal de apelación”, se lamentó Nicolas Sarkozy, denunciando a quienes querrían así “humillarlo”.

Está presente el círculo familiar más cercano del expresidente. Louis, Jean y Pierre, sus tres hijos, han acudido juntos. Guillaume, François y Caroline, sus dos hermanos y su hermanastra. Al anunciarse la condena y la orden de ingreso en prisión, los rostros se han quedado paralizados. Caroline rompe a llorar.

La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, recordó ante Nicolas Sarkozy que, si bien en el momento de los hechos no tenía antecedentes penales, desde entonces ha sido condenado a tres años de prisión, de los cuales uno es firme en 2024 —penalidad que ha cumplido con brazalete electrónico— por corrupción de un magistrado en el caso denominado 'Bismuth'. “En la vista, usted relativizó esa condena, recuerda la presidenta, pero se trataba de un grave atentado contra la honradez”.

La asociación ilícita que se le imputa al expresidente en el caso de la financiación libia es un delito castigado con diez años de prisión, prosiguió. “Es un delito contra la nación, contra el Estado, contra la República. En el momento de los hechos, usted ocupaba funciones ministeriales y era responsable de velar por el respeto de la Constitución. Usted avaló las reuniones de sus colaboradores con Abdallah Senoussi [cuñado de Muamar el Gadafi, condenado en 1999 en París por el atentado contra el DC-10 de UTA el 19 de septiembre de 1989, ndr] con el fin de preparar un pacto de corrupción al más alto nivel. Se trata de hechos de una gravedad excepcional, susceptibles de alterar la confianza de los ciudadanos en quienes los representan”.

“Se le condena a cinco años de prisión”, anuncia Gavarino a Sarkozy. “La gravedad de los hechos hace necesario dictar una orden de prisión preventiva contra usted”. Esta condena va acompañada de una multa de 100.000 euros y una pena adicional de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.

El jueves 25 de septiembre se dictaron tres órdenes de prisión preventiva en el caso libio. Mientras la presidenta Gavarino exponía a cada uno las condenas, varios policías uniformados entraron en la sala y se colocaron detrás de Wahib Nacer y Alexandre Djouhri. Una vez finalizada la vista, ambos hombres mantuvieron una breve conversación con sus abogados en un rincón de la sala, aislados del público por una fila de policías.

El tribunal también condenó al exministro del Interior Claude Guéant a seis años de prisión por la “especial gravedad de los hechos” que le incriminaban, pero descartó la orden de ingreso en prisión “habida cuenta de su estado de salud”.

El exlugarteniente de Nicolas Sarkozy, y también exministro, Brice Hortefeux, cuyo papel fue “decisivo”, aunque “la participación en los hechos fue relativamente limitada”, fue condenado a dos años de prisión, con posibilidad de libertad condicional. Éric Woerth, extesorero de la campaña de Nicolas Sarkozy, ha sido absuelto del único delito de financiación ilícita de campaña por el que fue juzgado.

En resumen, la presidenta del tribunal explicó que, bajo la autoridad y en nombre de Nicolas Sarkozy, sus dos colaboradores más cercanos, Claude Guéant y Brice Hortefeux, negociaron en Trípoli, a partir del otoño de 2005, un pacto de corrupción con vistas a la financiación de la campaña presidencial de 2007 con el dignatario libio Abdallah Senoussi, buscado por la justicia francesa. Además, el equipo de Sarkozy se comprometió a examinar la situación penal de Senoussi y a facilitar el regreso de Libia, antiguo Estado terrorista, al concierto de las naciones.

Para la magistrada existen “elementos materiales” y hechos “precisos, graves y concordantes” que demuestran que los libios efectivamente aportaron fondos —6 millones de euros— a través de Ziad Takieddine, con el fin de financiar la campaña de 2007. Pero no hay pruebas absolutas de que el dinero se destinara a dicha campaña, a pesar de los indicios reales como retiradas masivas de efectivo por parte de Takieddine en 2006 y 2007, y circulación de dinero en efectivo no declarado durante la campaña.

El empresario saudí Khalid Bugshan, que prestó sus cuentas bancarias al equipo Djouhri-Nacer, se encuentra fugado y ha sido condenado a cinco años de prisión y a una multa de 4 millones de euros. También buscado, Bachir Saleh, exdirector de gabinete de Gadafi, cercano a Djouhri, es condenado a cinco años de prisión y a una multa de 4 millones de euros.

Y otros tres hombres son absueltos: Salem Bughsan, que también apareció en el laberinto de operaciones bancarias sospechosas, Edouard Ullmo, exdirectivo de Airbus, implicado en un pago de Djouhri por la venta de aviones a Libia, y Thierry Gaubert, exmiembro del gabinete de Nicolas Sarkozy, que había recibido, a través de Ziad Takieddine, una parte del dinero libio (440.000 euros) en una cuenta en las Bahamas.

A las 10 de la mañana, la magistrada Gavarino abrió la vista con lo que denominó discretamente la “situación de Ziad Takieddine”. “Hemos recibido un certificado de defunción de su abogado, que hemos traducido”, anunció. “El Sr. Takieddine falleció el 23 de septiembre a las 4 de la madrugada. El lugar del fallecimiento se encuentra, por una amarga coincidencia, en el distrito de Trípoli, en Beirut”.

Precisó que el intermediario en el centro del caso murió de un paro cardíaco, constatado por los médicos y certificado por dos testigos. Tras solicitar la opinión de la fiscalía, declara la extinción de la acción pública en su contra, ya que en el derecho francés no se puede condenar a un fallecido.

La sombra de Takieddine sigue presente, con altibajos. El tribunal tiene en cuenta sus notas “cuando están corroboradas por otros elementos”. Sin embargo, su testimonio es descartado en lo que respecta a las entregas de dinero en efectivo a Nicolas Sarkozy y Claude Guéant. “Era falso, ya que el Sr. Sarkozy no estaba allí” en el momento alegado, estima la presidenta.

Por lo tanto, el tribunal ha descartado los elementos de la acusación que consideraba demasiado frágiles y los ha excluido de su sentencia. En consecuencia, la presidenta anuncia que Nicolas Sarkozy queda absuelto de los cargos de “receptación de malversación de fondos públicos” (libios), “corrupción pasiva” y, por último, de las infracciones de la ley electoral y la “financiación ilícita de campaña electoral”.

Una vez hecho eso, Nathalie Gavarino anuncia que el tribunal declara a Nicolas Sarkozy “culpable de asociación ilícita” por haber, entre 2005 y 2007, en su calidad de ministro del Interior y candidato a las elecciones presidenciales, “dejado que sus colaboradores cercanos, Claude Guéant y Brice Hortefeux, y a intermediarios oficiosos, actuar para obtener apoyo financiero para su campaña y organizar transferencias de fondos”. A cambio “de contrapartidas diplomáticas, económicas y jurídicas, en particular la promesa de levantar la orden de detención contra Abdallah Senoussi”.

Le toca el turno a Claude Guéant, que se sienta junto a Alexandre Djouhri. “Se le declara culpable de tráfico de influencias pasivo por haber aceptado 500.000 euros”, anuncia la presidenta. “Se le declara culpable de asociación ilícita en su calidad de jefe de gabinete y director de campaña de Nicolas Sarkozy”.

La presidenta Gavarino precisa que el tribunal “consideró que la venta de los cuadros [que justificaba la llegada de 500.000 euros, ndr] era una explicación falaz”. Cuadros flamencos, “nunca asegurados”, cuyas condiciones de venta “carecen de credibilidad” y para los que no solicitó ninguna autorización de exportación. “La promesa de compra de su apartamento se firmó cuando el Sr. Guéant aún no había recibido los fondos”, prosigue la presidenta. “Para el tribunal, se trata de una versión que desafía toda lógica”.

Según el tribunal, existen “elementos graves y concordantes suficientes” que permiten “relacionar” a Alexandre Djouhri con los 500.000 euros percibidos por Claude Guéant en marzo de 2008. En particular, los datos bancarios de Claude Guéant encontrados en el registro realizado en el domicilio de Djouhri en Suiza.

“A menos que fuera de una ingenuidad excepcional, incompatible con sus funciones, el Sr. Guéant no podía sino comprender que al aceptar un reloj Patek Philippe en 2006, se estaba comprometiendo, y más aún cuando aceptó los 500 000 euros”, critica la presidenta.

A continuación, la magistrada abre el capítulo de la financiación de la campaña de 2007 descartando las primeras declaraciones libias, en particular las de Saif al-Islam Gadafi, que acusaban a Nicolas Sarkozy de corrupción, y desestimando también la nota publicada por Mediapart en 2011 y las confusas declaraciones de su firmante, Moussa Koussa.

Al dictar sentencia, la presidenta Gavarino consideró, en relación con la nota de 2006 procedente de los archivos libios, que señalaba un acuerdo de financiación a favor de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy por un importe de 50 millones de euros, publicada en abril de 2012 por Mediapart, que “lo más probable es que este documento sea falso”.

“Ningún elemento [durante el juicio, ndr] ha permitido corroborar el contenido de la nota, que parecía frágil”, añadió. La afirmación de la magistrada puede sorprender, incluso parecer totalmente incongruente. Y ello por dos razones.

En primer lugar, la justicia francesa ha desestimado definitivamente en tres ocasiones la denuncia por falsificación y uso de documentos falsos presentada por Nicolas Sarkozy y Brice Hortefeux contra Mediapart. Tras más de tres años y medio de investigación, dos jueces de instrucción consideraron, basándose en numerosos testimonios, así como en peritajes grafológicos y técnicos muy exhaustivos, que el documento no era ni una falsificación material ni una falsificación intelectual.

Esa decisión fue confirmada en apelación y por el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial del ordenamiento judicial francés. El expresidente de la República y su exministro del Interior tuvieron que pagar una indemnización a Mediapart tras ser desestimada su demanda. Por lo tanto, existe una autoridad de cosa juzgada.

En segundo lugar, gracias a esta nota se pudo revelar la existencia de una reunión secreta en Trípoli entre Brice Hortefeux y el número dos del régimen libio, Abdallah Senoussi, terrorista de Estado condenado y buscado por Francia por su participación en el atentado contra el DC-10 de la UTA. Esa reunión es hoy el núcleo de la condena por asociación ilícita de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant y Brice Hortefeux en el caso libio.

Que haya podido haber un error de fecha en el documento —algo habitual en los archivos libios debido al calendario “revolucionario” impuesto por Gadafi—, como ha señalado el tribunal, no lo convierte, evidentemente, en falso.

Pero el tribunal debe tener en cuenta los elementos probatorios contenidos en algunos archivos de Ziad Takieddine, en particular los relativos a los viajes de Claude Guéant y Brice Hortefeux a Trípoli en 2005 y sus encuentros secretos con Abdallah Senoussi.

La magistrada Gavarino sigue considerando “sorprendentes” las condiciones del encuentro de Guéant con el dignatario libio, una noche, en un restaurante de Trípoli, “en presencia de Ziad Takieddine, con quien el Sr. Guéant se relacionaba en aquella época”. “Para el tribunal, no hay ninguna trampa”, anuncia, contradiciendo la defensa de Claude Guéant. “Nicolas Sarkozy afirmó que todos los servicios del ministerio del Interior le habían advertido contra una reunión con el Sr. Senoussi. Para el tribunal, es imposible que el Sr. Guéant no informara a Nicolas Sarkozy si hubiera sido víctima de una trampa. Además, faltaban pocos días para el viaje de Nicolas Sarkozy. »

“El único objetivo posible era abordar un tema con discreción, y se abordó la situación de Abdallah Senoussi”, subraya la presidenta.

“Menos de tres meses después de Claude Guéant”, le tocó el turno a Brice Hortefeux, ministro delegado de Nicolas Sarkozy, de reunirse con Abdallah Senoussi, de forma igualmente discreta, en Trípoli. Su versión de una nueva trampa “no es creíble”, según el tribunal, sobre todo por el mantenimiento de su relación con Ziad Takieddine.

“Brice Hortefeux también era amigo de Ziad Takieddine”, resume la presidenta. “En Trípoli, Ziad Takieddine todavía estaba allí [en el momento de su encuentro con Senoussi, ndr]. Nicolas Sarkozy reconoció que ‘Brice, como todos nosotros, había sido advertido’. Se trata de nuevo de un encuentro en un lugar privado. Las condiciones de este encuentro también ocultan el verdadero objetivo.”

Claude Guéant y Brice Hortefeux ocultaron al tribunal las condiciones y el objetivo de sus encuentros con Abdallah Senoussi, terrorista condenado en París y autor intelectual del atentado contra el DC-10. “No pudieron dejar de informar de ello a Nicolas Sarkozy”, resume Gavarino. “No parece haber ninguna alternativa.”

La presidenta se detiene en la contrapartida “jurídica” del pacto de corrupción: la revisión de la situación jurídica del cuñado del “Guía” libio. “Nicolas Sarkozy reconoció que Muamar el Gadafi lo había mencionado”, señala. “Nicolas Sarkozy no tomó ninguna medida concreta, pero el tema siguió sobre la mesa hasta que Guéant lo declaró ‘cerrado’ en 2009.” El “comportamiento” de Claude Guéant y “el compromiso de analizar la situación de Senoussi” son compatibles con la aplicación del pacto corrupto, según ella.

Como hecho excepcional, el tribunal ha reconocido el daño moral de las familias de las víctimas del atentado del DC-10 y aceptó su constitución como partes civiles, lo que les da derecho a recibir indemnizaciones.

El tribunal también “analizó el diario de Shukri Ghanem”, el ex primer ministro libio, que en 2007 registró tres pagos a favor de la campaña de Nicolas Sarkozy. “Entre las dos vueltas de las elecciones de 2007, el autor no podía prever las revelaciones de 2011”, resume. “Los diarios fueron descubiertos de forma inesperada”.

Este diario menciona “tres fuentes de financiación”: Bachir Saleh, Saif al-Islam Gadafi y Abdallah Senoussi. Y la presidenta establece un vínculo entre las cantidades mencionadas y las cantidades comparables que realmente llegaron a la cuenta de Ziad Takieddine en Líbano.

El intermediario “utilizó sin duda las sumas para su uso personal”, pero “las subcuentas dieron lugar a importantes desembolsos. Se observan retiradas atípicas” en la cronología de la campaña electoral. Esas cuentas parecen haber funcionado como una verdadera “cámara de compensación oculta”, según la presidenta.

No obstante, no hay pruebas definitivas de que estos fondos hayan ido a parar efectivamente a las cuentas de la campaña. El tribunal afirma no dar “ningún crédito” a los argumentos esgrimidos por el extesorero Éric Woerth sobre los fondos en efectivo encontrados en la campaña, donaciones anónimas enviadas por militantes por correo postal. “¿Son estos 35.000 euros fondos libios?”, se pregunta la presidenta. Imposible de saber: “El tribunal no puede afirmar con certeza que hubiera más de 35.000 euros en efectivo en la cuenta de la campaña”, resume.

“Se acusaba a Takieddine de malversación de fondos públicos libios y a Sarkozy de receptación para financiar la campaña electoral. Saif al-Islam Gadafi y Abdallah Senoussi son efectivamente funcionarios públicos, pero la malversación de fondos públicos por parte de funcionarios públicos extranjeros no está tipificada en la legislación francesa, lo que explica estas absoluciones”, precisa la presidenta del tribunal.

Nathalie Gavarino vuelve al meollo del acuerdo entre los libios y el equipo de Sarkozy. “Aunque no se ha demostrado que Nicolas Sarkozy viajara a Libia para establecer un pacto corrupto, sí podía confirmar el principio de un acuerdo”, señala. “Las relaciones que Claude Guéant y Brice Hortefeux mantenían con Ziad Takieddine hacían innecesarios los contactos más directos. [...] Esas reuniones con Abdallah Senoussi bastan para demostrar la existencia de un pacto corrupto, independientemente de la llegada de fondos”.

“Existió un acuerdo entre Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Claude Guéant y Ziad Takieddine para preparar el pacto. El objetivo era obtener un compromiso de Libia para financiar la campaña” a cambio de la promesa de revisar la situación penal de Abdallah Senoussi. El tribunal ha considerado “una entente hasta junio de 2007”.

Nicolas Sarkozy ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia. Lo mismo ha hecho la Fiscalía Nacional Financiera para defender parte de los cargos desestimados por el tribunal.

Traducción de Miguel López

Al condenar a Nicolas Sarkozy y a sus antiguos brazos derechos Claude Guéant y Brice Hortefeux, junto con sus compinches Alexandre Djouhri, Wahib Nacer, Khalid Bugshan y Bachir Saleh, el tribunal de París saca a la luz prácticas inaceptables en un Estado de derecho, que estuvieron a punto de quedar enterradas en los oscuros sótanos del Estado.

Las sanciones están a la altura de los cargos: el exjefe de Estado ha sido condenado a cinco años de prisión, con orden de detención diferida, como instigador de una “asociación ilícita” cuyo objetivo “era organizar la corrupción al más alto nivel posible una vez elegido”; Claude Guéant, a seis años de prisión, en particular por haber “buscado financiación en el extranjero” en el marco de la campaña presidencial de 2007; y Brice Hortefeux, a dos años de prisión, entre otras cosas, por haber “aceptado reunirse con Abdallah Senoussi”, a pesar de que este había sido “condenado por terrorismo”.

¡Por fin! Ha sido necesario un gran esfuerzo para que se hiciera justicia, paralelamente a la acumulación de datos periodísticos. Las primeras revelaciones de Mediapart se remontan al verano de 2011. Unos meses antes, nuestros investigadores Fabrice Arfi y Karl Laske se hicieron con unos documentos tan explosivos como inexplorados. Entonces no sabían que se trataba solo de la primera pieza de un rompecabezas que tardarían catorce años en completar.

Poco a poco se fue perfilando uno de los mayores escándalos de la Quinta República. En la más absoluta adversidad: la presión política y mediática rara vez ha sido tan fuerte como en esta investigación con ramificaciones internacionales, emblemática de lo que puede hacer un periodismo independiente de todos los poderes. Y eso a pesar de que la justicia no tardó en hacerse cargo de nuestra información.

En efecto, tras la publicación de artículos que mencionaban la pista de la financiación de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007 por parte del régimen del dictador Muamar el Gadafi, la fiscalía decidió abrir una investigación preliminar en abril de 2013. Entre 2016 y 2018, el trabajo judicial se aceleró, multiplicándose las audiencias y los registros en Francia y en el extranjero.

Nicolas Sarkozy fue imputado por primera vez en marzo de 2018 por corrupción, financiación ilícita de campaña electoral y encubrimiento de malversación de fondos públicos, y de nuevo en 2020 por asociación ilícita. Tras diez años de investigación judicial, la instrucción se cierra en el verano de 2023 y culmina, en enero de 2025, en un juicio excepcional y en unas peticiones de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de una severidad excepcional.

La decisión del tribunal de París, el jueves 25 de septiembre, consagra este largo trabajo. Una decisión muy valiente si se tiene en cuenta que Francia sufre, con razón, una mala reputación en materia de lucha contra la corrupción. Los intereses políticos, económicos y mediáticos son históricamente tan poderosos que consiguen, más que en la mayoría de las demás democracias occidentales, ocultar sus delitos.

Pero la corrupción es “asunto de todos”, por parafrasear el nombre de esta asociación que lucha contra la catástrofe climática. Al desviar la ley en beneficio de su familia política, Nicolas Sarkozy rompió el pacto de confianza entre gobernantes y gobernados. Al debilitar la democracia, perjudicó a todos los ciudadanos. Pero muchos lo ignoran porque se ha hecho todo lo posible por ocultarlo.

Las víctimas suelen ser difíciles de identificar. En el caso libio, las partes civiles están físicamente representadas: tanto por las familias de las víctimas del atentado contra el DC-10 de la UTA, cuyo “cerebro”, Abdallah Senoussi, está en el centro del pacto de corrupción franco-libio mencionado por los jueces, y por las asociaciones de lucha contra la corrupción que representan el “impulso ciudadano de la sociedad civil”, como lo formuló en el estrado Vincent Brengarth, el abogado de la asociación Sherpa.

Además, y sobre todo, la mayoría de los representantes políticos se unen para defender a sus compañeros. En un régimen en crisis, marcado por un presidencialismo cada vez más tóxico, son pocos los que se han manifestado desde nuestras primeras revelaciones para difundir nuestra información. Si bien no dudan en denunciar (con razón) ciertas formas de corrupción relacionadas, por ejemplo, con el narcotráfico, suelen preferir silenciar los casos cuando afectan a uno de los suyos.

Aunque la pena a la que ha sido condenado supera a todas las demás, Nicolas Sarkozy no es un caso aislado. En las más altas esferas del Estado, Jacques Chirac, Alain Juppé, François Fillon y Jérôme Cahuzac, entre otros, también han sido condenados por delitos contra la probidad o fraude fiscal. “La justicia es el corazón de nuestro proyecto, porque la indecencia y los privilegios han durado demasiado y queremos las mismas reglas para todos. Independientemente de su estatus, queremos dirigentes responsables, ejemplares y que rindan cuentas”, afirmaba Emmanuel Macron en marzo de 2017, durante su primera campaña presidencial, para distanciarse oportunamente del caso Fillon.

Pero de las palabras a los hechos solo hay un paso que nunca se ha dado: según nuestro recuento, más de cuarenta personas cercanas al jefe del Estado están implicadas en al menos un caso, sin que ello les haya perjudicado.

En la mayoría de los casos, las personas implicadas cuentan con el apoyo tácito de sus colegas, incluso de la oposición. Los diputados de la Agrupación Nacional, con Marine Le Pen a la cabeza, pueden proclamar el lema “Manos limpias, cabeza alta”, pero están tan rodeados de escándalos que lo que más se les oye son los abucheos a los magistrados.

En la izquierda, faltan voces para defender las decisiones judiciales. Al igual que Emmanuel Macron, François Hollande no cumplió durante su mandato la promesa que hizo durante su campaña: “Como presidente de la República, me aseguraré de que mi comportamiento sea ejemplar en todo momento”.

En cuanto a Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, demuestra cada poco la poca consideración que tiene por la institución judicial. Desde los registros que tuvieron lugar en la sede de su partido, en octubre de 2018, no ha dejado de denigrar los procedimientos y a los actores, lo que le llevó, en marzo de 2025, a criticar la condena de Marine Le Pen (a cuatro años de prisión, dos de ellos sin libertad condicional, y cinco años de inhabilitación provisional). A pesar de que una democracia viva requiere contrapoderes fuertes, Mélenchon consideró que “la decisión de destituir a un representante electo debería recaer en el pueblo”, marginando la función fundamental del poder judicial de controlar la aplicación de la ley y sancionar su incumplimiento.

Al igual que las acusaciones de “justicia política”, el énfasis exclusivo en la presunción de inocencia se convierte en un tótem de inmunidad. Esa “entente cordial” debilita directamente la democracia al alimentar un sentimiento de impunidad del que se benefician principalmente la abstención y la extrema derecha.

Y es que lo que vale para las élites políticas vale también para las élites económicas. La corrupción, como encuentro entre el poder y el dinero, es por definición cosa de privilegiados menos preocupados por buscar la igualdad y el bien común que por mantener sus ventajas.

Como resume Pierre Lascoumes en L’Économie morale des élites dirigeantes (edit. Presses de Sciences Po, 2022): “Por un lado, los hombres y mujeres en el poder establecen normas generales que se imponen a los gobernados. Por otro, han establecido en su beneficio normas derogatorias que protegen sus intereses y sus posiciones y sobre las que mantienen el control.”

Ante esta República delincuente, las asociaciones, desde Anticor hasta Sherpa, pasando por Transparency International, tienen dificultades para imponer su discurso al gran público, ya que son muy pocas y cuentan con muy poco apoyo.

Los medios de comunicación son el último freno, y con mucho peso, para que se tome suficiente conciencia del daño infligido a los ciudadanos. El peso que tienen en Francia, en la difusión de la información, unos pocos multimillonarios, más preocupados por su influencia que por la libertad de información y el pluralismo de la prensa, tiene como efecto marginar las investigaciones que perjudican la prosperidad de sus negocios.

Como atestigua nuestro documental Personne n’y comprend rien (Nadie entiende nada), Nicolas Sarkozy, desde nuestras primeras revelaciones, ha tenido barrra libre en las diferentes cadenas de televisión y periódicos amigos, ya sean propiedad de Lagardère/Bolloré, Bouygues o Dassault, por citar solo algunos. “Fábula”, “broma”, “ignominia”: su defensa —y el menosprecio de nuestra información— se ha difundido hasta llegar a los hogares de millones de franceses. Y esto ha sido así, sin contradicción, durante años. Su condena por el tribunal de París no cambia nada, al contrario, solo sirve para cerrar aún más las filas.

El juicio y su resolución recuerdan así, de manera implícita, la importancia democrática de una prensa independiente capaz de hacer frente tanto a los ataques como al silenciamiento. El reto que se ha propuesto Mediapart desde su creación en 2008 es asumir ser un periódico que molesta a los poderes y a sus redes. Por ello, hemos situado en el centro de nuestro proyecto editorial lo que se denomina “investigaciones por iniciativa propia”. Nos importa menos revelar actas o fragmentos de expedientes de instrucción que revelar hechos nuevos, cuidadosamente ocultos, mediante la presentación de testimonios y documentos inéditos.

En la lucha contra la corrupción, eso ha dado resultados. La mayoría de los avances legislativos e institucionales logrados en las últimas dos décadas —pensemos en la creación de la Fiscalía Nacional Financiera y de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública o en la aprobación de leyes contra el fraude fiscal— se han producido a raíz de revelaciones periodísticas, en particular las nuestras.

Nuestra independencia económica, que debemos íntegramente al apoyo de nuestros suscriptores, nos proporciona los medios financieros para nuestra independencia editorial, de la que depende nuestra capacidad para cambiar las cosas. El círculo se cierra y se convierte en virtuoso. Porque, sí, en una democracia digna de ese nombre, la información de calidad es útil. No solo para unos pocos, sino para la mayoría.

Ahora más que nunca, los ciudadanos necesitan estar informados sobre las prácticas de sus representantes y las decisiones que se toman en su nombre. Esa es la condición para que puedan, a continuación, exigir con total libertad las reformas necesarias para impedir que unos pocos privilegiados desvíen las leyes en su beneficio.

Traducción de Miguel López

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha sido condenado a cinco años de cárcel este jueves por varios de los delitos por los que estaba acusado en relación con la financiación libia de su campaña de 2007, en particular por asociación ilícita –asociación de malhechores, según la traducción literal–. Sarkozy ha sido, sin embargo, absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado. Esta conducta delictiva vio la luz gracias a una investigación del diario Mediapart, socio editorial de infoLibre.

Los jueces consideran a Sarkozy, que fue inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012, culpable por haberse servido de su influencia como presidente del partido conservador UMP y como candidato presidencial para que colaboradores suyos, como Claude Guéant y Brice Hortefeux, cometieran delitos de corrupción con el régimen de Muamar Gadafi.

En concreto, la presidenta del tribunal ha señalado que el entonces pretendiente al Elíseo permitió que esos dos próximos colaboradores, que posteriormente ocuparían puestos destacados durante su mandato presidencial, "obtuvieran apoyos financieros" de Trípoli para la caja de la campaña de 2007.

La sentencia establece que ese delito de asociación ilícita fue cometido entre 2005, fecha de un viaje de Sarkozy a Libia como ministro del Interior, hasta el 15 de mayo de 2007, cuando comenzó su mandato presidencial, momento a partir del cual estaba cubierto por la inmunidad en tanto que jefe del Estado. Pero le absuelve de los otros delitos por los que también se sentó en el banquillo, como los de haber infringido las reglas electorales en la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 o los de malversación de fondos.

Sarkozy ya ha sido condenado en dos procesos anteriores, uno por corrupción y tráfico de influencias, por el que fue sentenciado a un año de cárcel y que ya es firme; y otro por la financiación de su campaña de 2012, por el que fue sentenciado en Apelación a 6 meses de prisión y está pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo. 

En Francia, el problema del narcotráfico, los robos, el terrorismo, la violencia física, los agresores son los traficantes de drogas, los ladrones, los terroristas... Pero en los casos de atentados contra la integridad, el problema es la justicia. Más concretamente, quienes la hacen en nombre del pueblo francés, los magistrados. A juzgar por los numerosos comentarios políticos y mediáticos desde la condena de Marine Le Pen por malversación de fondos públicos, los jueces se habrían convertido en agentes de desestabilización democrática.

Se trata de una locura que esconde un propósito político profundamente malsano y peligroso: el deseo de recuperar los privilegios que fueron abolidos en la noche del 4 de agosto de 1789. Paradójicamente, el mejor barómetro de esta patología nacional se encuentra fuera de nuestras fronteras. Ni siquiera había terminado de pronunciarse la sentencia del tribunal de París cuando el Kremlin de Vladimir Putin, gran defensor de las libertades como todo el mundo sabe, hizo saber que le preocupaba la “violación de las normas democráticas en Francia” (prohibido reírse), mientras que el autócrata húngaro, Viktor Orbán, publicaba en la red social X un tierno Je suis Marine (prohibido reírse bis).

Habrá que acostumbrarse, porque es una fuerte tendencia. Francia vive ahora, dentro de sus fronteras, al ritmo de una internacional populista, cuya presa prioritaria es el Estado de derecho, que ya ha causado estragos en el exterior: Trump en Estados Unidos, Berlusconi en Italia, Bolsonaro en Brasil, Netanyahu en Israel.

Francia, por supuesto, no es inmune. Lo que está sucediendo con el juicio de Le Pen, así como con las peticiones de la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) la semana pasada en el caso Sarkozy-Gadafi, es una prueba de resiliencia democrática para el país. Nada más y nada menos.

Pero el momento es orwelliano. Desde Éric Ciotti hasta Jean-Luc Mélenchon, pasando por el jefe del Gobierno, François Bayrou, se está agitando un cártel de impunidad, en público o en privado, que viene a decir que un tribunal que aplica la ley causaría una perturbación del orden democrático. Así las cosas, hay que frotarse los ojos para creerlo. ¿Quién vota la ley? No son los magistrados, sino la clase política. ¿De dónde sacan los parlamentarios su legitimidad? Del voto popular. El mismo que aluden los fiscales políticos de la justicia financiera para afirmar que solo él debe sancionar las desviaciones de los políticos.

¿Somos conscientes de la extravagancia, y la falsedad, de tal postura y de lo que implica? En Francia, todo el mundo puede ser inhabilitado para ejercer su profesión si es declarado culpable de un delito, desde la sentencia de primera instancia (lo que en derecho se denomina “ejecución provisional”): un empresario por fraude en el IVA, un jefe por trabajo no declarado, un fisioterapeuta por agresiones sexuales, un anestesista por robo de medicamentos, un guardia de prisiones por violencia, un agente judicial por malversación de fondos, etc.

Pero, ¿deberían los cargos electos quedar excluidos por naturaleza del ámbito de aplicación de la ley, como han defendido los abogados de Marine Le Pen durante el juicio? “La propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida una hipotética sanción en las urnas equivale a reclamar un privilegio o inmunidad que se derivaría del estatus de cargo electo o candidato, en violación del principio de igualdad ante la ley”, explicó la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, al dictar la sentencia que condenó a Marine Le Pen a cuatro años de prisión (dos de ellos incondicional) y a cinco años de inelegibilidad con efecto inmediato.

La magistrada hizo un trabajo pedagógico al detallar durante casi tres horas los motivos de su sentencia. En primer lugar, destacó “la gravedad de los hechos, su carácter sistemático, su duración de doce años y la calidad de los representantes políticos”. De hecho, se habla de un sistema organizado de malversación por parte del partido de Marine Le Pen de más de 4 millones de euros de dinero público, sustraídos de las arcas del Parlamento Europeo para remunerar empleos ficticios de la Agrupación Nacional. Pero es cierto que el hecho de que el debate se centre en la ejecución provisional de la pena haría que casi se olvidara el meollo del asunto.

La presidenta del tribunal invocó sobre todo un riesgo evidente de reincidencia en vista de la actitud de los acusados durante la investigación, pero también durante las vistas, en primer lugar Marine Le Pen, que negaron evidencias elementales y denigraron a la autoridad judicial, después de haber hecho lo mismo con la policía. Lo cual no deja de tener gracia, dicho sea de paso, viniendo de una corriente política que solo tiene en la boca la palabra orden... Es más, ¿no fue Marine Le Pen quien, en 2013, en el caso Cahuzac, exigió la inelegibilidad de por vida para los cargos electos condenados por atentar contra la probidad, en particular por malversación de fondos públicos?

Dado que el riesgo de alteración del orden público es evidente, y procede de personas que no parecen haber comprendido la gravedad de los actos cometidos, el tribunal consideró que era indispensable una ejecución provisional, sin desconocer las consecuencias de la misma en la vida pública. Pero, ¿de quién es la culpa: de la justicia que aplica una disposición legal o de los acusados que han cometido un delito?

Curiosamente, la persona que sin querer dio más la razón a la presidenta del tribunal es justamente Marine Le Pen, que se permitió abandonar el tribunal incluso antes de que terminara la lectura de la sentencia, al comprender que no evitaría una condena acompañada de inelegibilidad inmediata. ¡Qué clase!

En el fondo, que una parte de la política, más preocupada por sus privilegios que por el interés general, reaccionara así era (por desgracia) previsible. Lo que no lo es tanto, aunque algo sí, es la insolvencia mediática que rodea desde hace tanto tiempo en Francia la crónica de estos casos. Casi nunca se ven como el fruto de una delincuencia que está devastando los cimientos de una sociedad organizada, sino como un juego de tiro al plato entre Torquemadas judiciales y políticos víctimas de una supuesta “República de los jueces”.

En este sentido, las peticiones de la FNF en el caso Sarkozy-Gadafi, en las que el ministerio público solicitó siete años de prisión incondicional contra el expresidente, dieron lugar a una coreografía lamentable en los platós de televisión.

En la cadena LCI se llegó al colmo al organizar, al día siguiente de la acusación, un debate sobre el tema “¿Hacen política los jueces?”, en el que participó el hijo del principal acusado, Louis Sarkozy, que además es ahijado del propietario de la cadena, Martin Bouygues.

En el caso Sarkozy-Gadafi, como ayer con el caso Le Pen, ha sido repetido ad nauseam el argumento de un expediente “vacío” y “sin pruebas” por parte de editorialistas políticos que no han puesto un pie en el proceso, pero que no tienen ningún problema en dar lecciones de protocolo para decir lo que hay que pensar de la labor de los fiscales.

Nadie puede decir qué decidirá el tribunal (probablemente después del verano) en el caso Sarkozy-Gadafi, pero cualquiera que haya asistido al juicio sabe que el expediente está lejos de estar vacío. Para convencerse de ello basta con leer los resúmenes de la acusación formal de la FNF, realizados por periodistas que asistieron a todas las vistas.

Empecemos por un periódico que difícilmente puede tacharse de antisarkozista, Le Figaro. Consideró que “la argumentación de la fiscalía fue, en general, devastadora”, y añadió: “Impulsados por la escasa credibilidad de gran parte de las declaraciones de los acusados, los tres fiscales han construido una poderosa acusación”.

Por su parte, Le Monde calificó la “demostración” de la fiscalía de “grave, sólida y minuciosa”. Le Nouvel Obs habló de “tres días de implacables demandas”, mientras que su competidor Marianne hablaba sobre “una inculpación abrumadora”.

En la página 44 de su libro L'Aube le soir ou la nuit (El amanecer, la tarde o la noche, edit. Flammarion), una crónica de las elecciones presidenciales de 2007, la escritora Yasmina Reza contaba esta confidencia de Laurent Solly, entonces director adjunto de la campaña del futuro presidente de la República: “Unos días más tarde, el mismo Laurent me dirá que la realidad no tiene ninguna importancia. Solo cuenta la percepción”.

Pues en esas estamos.

Traducción de Miguel López

Tres minutos, cuatro sillas y una escaramuza. Así podría resumirse la primera jornada del histórico juicio del caso Sarkozy-Gadafi, que se inició este lunes 6 de enero en el tribunal de París. El ex presidente de la República Francesa esperó hasta las 13:27 horas para entrar en la sala, tres minutos antes de la apertura del proceso.

Nicolas Sarkozy, acostumbrado ya a estas salas –este es su quinto juicio en cinco años–, nunca acude solo en estas circunstancias. Le acompaña todo un cortejo, aunque sólo sea para demostrar que no es un hombre solitario, abandonado a su triste destino judicial.

Lo componen su jefe de gabinete, Michel Gaudin (condenado junto a Claude Guéant en el asunto de los sobresueldos en metálico en el ministerio del Interior), su secretaria de prensa, Véronique Waché, especialista en comunicación de procesos judiciales, Guillaume Didier, ex portavoz de Rachida Dati en el ministerio de Justicia, así como su hermano Guillaume Sarkozy y su ex abogada, Jacqueline Laffont, que han venido a mostrar su apoyo al ilustre procesado.

Nicolas Sarkozy apareció con un traje azul marino con finas rayas blancas, luciendo su bronceado de las Seychelles, adonde fue a recargar las pilas durante las fiestas de fin de año antes del nuevo maratón judicial que le espera, pocos días después de conocer la sentencia por corrupción en el escándalo Bismuth.

A los característicos tics en los hombros y expresiones faciales, se suma ahora una nueva curiosidad, casi malsana, pero inevitable: cuando se recoloque los calcetines, ¿se le verá el brazalete electrónico al que ha sido condenado a llevar por el caso Bismuth? La respuesta es no. El ex presidente no lo lleva. Todavía no.

Sus ex ministros Claude Guéant, Brice Hortefeux y Éric Woerth, que luego se convirtieron en coacusados en el asunto de la financiación de Libia, ya están allí. A toda esa gente bien, rodeados por un bosque de togas de abogados, se les ve relajados. Las conversaciones son amistosas. Algunos de ellos –Nicolas Sarkozy, Claude Guéant y Brice Hortefeux– no han podido verse ni hablar desde hace años debido a su control judicial.

Hay otros acusados más discretos que no han tenido el honor de recibir esos calurosos saludos. Una dura condena social para aquellos que han estado cerca pero que ahora deben ser evitados, como el intermediario y presunto corruptor Alexandre Djouhri o el especulador Thierry Gaubert, amigo íntimo de Nicolas Sarkozy, del que se demostró que había recibido fondos libios en febrero de 2006 justo después de escribir en una nota de su agenda electrónica: “Ns-Campagne”.

Otros brillan por su ausencia, lo que no es ninguna sorpresa. Entre ellos, Béchir Saleh, antiguo jefe de gabinete de Gadafi, y Ziad Takieddine, el otro presunto corruptor, oculto en Líbano desde su condena en el asunto Karachi, un caso político-financiero anterior de gran repercusión.

Se abre la vista, que parece una reconstitución de una liga en desbandada. Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux y Éric Woerth ocupan su sitio, uno al lado del otro, en cuatro sillas plegables como símbolo de tanto poder político en el pasado confinado ahora en unos asientos tan pequeños para soportar la intemperie del calvario judicial. Todos dijeron ser “jubilados” cuando se les pidió que se identificaran ante la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, salvo Nicolas Sarkozy, que se presentó como abogado.

Entre los cuatro han ocupado en el pasado muchos cargos: Jefe de Estado, ministro del Interior, del Presupuesto, de Trabajo, de Entidades Locales, secretario general del Elíseo, director de la Policía Nacional, diputado, eurodiputado, alcalde, supervisor financiero de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Finanzas, presidente de sección. Décadas de poder y mandatos acumulados, enfrentados aquí y ahora a una terrible sospecha. ¿La Francia que representaban pactó contra toda racionalidad con la dictadura de Muamar Gadafi antes de la campaña presidencial de 2007?

Los jueces de instrucción, que dirigieron la investigación durante diez años y elaboraron un impresionante informe de síntesis de 557 páginas, y los fiscales de la Fiscalía Nacional Financiera (FNF), que llevan el caso ante los tribunales, así lo creen y lo afirman.

Según sus palabras y sus escritos, eso se llama corrupción, organización criminal, financiación ilegal de una campaña electoral o receptación de de fondos públicos malversados, los cuatro presuntos delitos por los que Nicolas Sarkozy está siendo juzgado.

Como un eco disonante, la defensa de los acusados alega que todo es una fábula, una conspiración, constructos intelectuales fantasiosos o, en definitiva, un profundo vacío. Eso es lo que se verá en los debates, que durarán más de tres meses. Van a por todo.

Pero antes de entrar en el fondo de la cuestión, esta primera vista se dedicó, como es habitual, a los vicios de procedimiento que los abogados de la defensa creen haber identificado. En primer lugar, Jean-Yves Dupeux, abogado de Brice Hortefeux, pidió al tribunal que se declarara incompetente, argumentando que los hechos de los que se acusa a su cliente tuvieron lugar cuando era ministro y que, por tanto, deberían ser juzgados por el Tribunal de Justicia de la República (TJR), el único competente para juzgar los delitos presuntamente cometidos por miembros de un gobierno en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, el abogado consideró que debía aclarar al tribunal que su petición no era una “moción de desconfianza” ni un intento de escapar a la justicia ordinaria en la medida en que Brice Hortefeux no tiene, dice, “nada que reprocharse”. Pero si pudiera ser juzgado por el TJR, que tiene la particularidad de estar compuesto por una gran mayoría de... políticos (parlamentarios), aún sería mejor.

Según Jean-Yves Dupeux, todo lo que hizo su cliente en Libia se llevó a cabo en el marco de sus prerrogativas como ministro delegado de las entidades locales (francesas), bajo la autoridad de su ministro del Interior, Nicolas Sarkozy. “Se trata de un caso de manual de la jurisdicción del TJR”, asegura.

Uno de los tres fiscales de la FNF presentes en la vista, Sébastien de la Touanne, procedió a desmontar ese argumento. Explicó detenidamente por qué, en su opinión, la visita de Brice Hortefeux a Trípoli en diciembre de 2005, poco tenía que ver con su cargo ministerial. Una visita durante la cual se reunió en secreto detrás de la embajada francesa, sin traductor ni guardaespaldas, pero en compañía de Ziad Takieddine, con un dignatario libio llamado Abdallah Senoussi, buscado por la justicia francesa por haber organizado el atentado terrorista contra el avión DC-10 de UTA (170 muertos), justo antes del ingreso del dinero libio en la cuenta de su amigo Thierry Gaubert.

En la misma línea, Jean-Michel Darrois, uno de los abogados de Nicolas Sarkozy, también afirmó que el tribunal era incompetente y, además, pidió que se reconociera la inmunidad presidencial por los actos de los que se acusaba a su cliente cuando era presidente de la República. Comenzó diciendo: “Es la primera vez que un Jefe de Estado es procesado por corrupción. Es un momento a considerar”.

El alegato del abogado, durante el cual no dejó de referirse a Gadafi como “Mohamed” en lugar de “Muamar”, dio lugar a la primera escaramuza directa entre la FNF y Nicolas Sarkozy.

Reprochando a la FNF y a “ciertos jueces de instrucción” del tribunal de París que creyeran que “Nicolas Sarkozy es de su dominio exclusivo”, el abogado del ex presidente alegó la existencia de un ensañamiento judicial contra su cliente; peor aún, de una supuesta animadversión personal hacia él por parte de toda una cadena de magistrados.

Esto hizo reaccionar a otro fiscal de la FNF, Quentin Dandoy, que enérgicamente señaló que las cuestiones planteadas por Jean-Michel Darrois ya habían sido decididas por el Tribunal de Apelación de París durante la instrucción. “Usted quiere hacernos creer que existe una especie de asociación entre magistrados que guardan un enorme rencor a Nicolas Sarkozy. Este tipo de insinuaciones atentan gravemente contra la independencia de la justicia. ¿No cree que ya se ha oído bastante esta fábula?”, replicó, mientras a Nicolas Sarkozy se le veía inquieto en su asiento, murmurando y dando muestras de nerviosismo. “Espantoso”, dijo el ex presidente.

El fiscal Dandoy no dudó en utilizar un tono irónico para rebatir los argumentos de la defensa del ex Jefe del Estado, lo que no pareció del gusto de la presidenta en cuanto a las formas. “La palabra es libre, pero la ironía no tiene cabida», le dijo al fiscal.

Nicolas Sarkozy aprovechó la ocasión: "Sí, eso me ofende.”

“Sólo respondo a Nicolas Sarkozy, que dice que lo que digo es espantoso, mientras que sólo expongo los hechos”, prosigue el fiscal. Sin ironía. Fríamente.

Está previsto que el juicio se reanude el miércoles 8 de enero, que se dedicará de nuevo a cuestiones de procedimiento.

Traducción de Miguel López

Dos Jefes de Estado, dos Jefes de Gobierno: cuatro delincuentes. Al confirmar el miércoles 18 de diciembre la culpabilidad de Nicolas Sarkozy en el caso Bismuth, el Tribunal de Casación ha añadido al ex presidente francés a la lista de los más altos dirigentes del país condenados definitivamente por faltas de probidad.

El expresidente Jacques Chirac, condenado. Su primer ministro, Alain Juppé: condenado. Su sucesor, Nicolas Sarkozy: condenado. Su primer ministro, François Fillon: condenado. Pocos países de las llamadas democracias liberales occidentales, si es que hay alguno, pueden presumir de un currículum judicial de este calibre.

La decisión del más alto tribunal de la justicia francesa es histórica por partida doble: nunca antes un expresidente de la República había sido condenado por un delito de corrupción –el más grave en la escala de faltas a la probidad– y nunca antes un expresidente había sido condenado a prisión, una pena que, en el caso de Nicolas Sarkozy, se verá atenuada por arresto domiciliario y el uso de una pulsera electrónica.

Nada más hacerse pública la decisión del Tribunal de Casación, Nicolas Sarkozy clamó su indignación en la red social X. Los términos elegidos responden a la postura del expresidente, que una vez más ha decidido poner a prueba a la justicia para disipar el peso de los delitos que se le imputan.

“¿Debo entender que mi papel político en el pasado y la oposición que suscité han creado el clima corporativista y político que condujo a esta decisión?" escribió, mojando su pluma en la tinta conspiratoria a la que todos los populistas antijudiciales están acostumbrados en los casos de delincuencia de cuello blanco, en Francia como en todas partes. En este sentido, Nicolas Sarkozy no tiene nada que envidiar a Donald Trump en Estados Unidos, Silvio Berlusconi en Italia, Jair Bolsonaro en Brasil o Benyamin Netanyahu en Israel.

El expresidente francés sigue contando con el apoyo de muchos políticos de derechas (Laurent Wauquiez, Renaud Muselier, Christian Estrosi...) y de destacados editorialistas, como el exdirector de Le Point, Franz-Olivier Giesbert, que ha hecho de la justicia anticorrupción uno de sus muñecos de vudú favoritos. En cuanto al actual ministro del Interior (en funciones), Bruno Retailleau, en el pasado criticó ferozmente a la justicia en el asunto Bismuth, cuando hablaba de una “especie de investigación de contrabando, al límite de lo que la justicia debe poder hacer”, que comparó con la “piratería”.

¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando estos términos del debate público según los cuales, en los casos de delincuencia de cuello blanco, la preocupación serían los jueces? ¿Realmente queremos una Francia trumpizada, berlusconizada, bolsonarizada?

Para no ceder a esas tristes sirenas, quizás deberíamos empezar por dejar de hablar de “asunto de escuchas telefónicas” cuando hablamos del caso Bismuth. Eso es en sí mismo una victoria para la narrativa sarkozista, que pretendía establecer la idea –falsa– de que el objeto de este caso eran las escuchas ilegales. No es así, según las docenas de juristas (jueces de instrucción, fiscales, jueces de primera instancia, jueces de apelación, abogados generales y jueces del Tribunal de Casación) que han tenido que examinar los hechos, jurisprudencia en mano.

En el caso Bismuth, las escuchas telefónicas eran un medio de investigación, coercitivo sin duda, pero legal, supervisado y validado, al igual que un registro o una detención policial. Ha habido casos de escuchas telefónicas, como las de François Mitterrand, pero eran administrativas, ilegales y sin controles. De día y de noche.

Pero este es un asunto completamente diferente. Estamos hablando de un caso de corrupción, en el que el expresidente es el corruptor, y un ex alto magistrado (Gilbert Azibert) el corrompido, con Thierry Herzog, abogado y amigo del primero, actuando como intermediario entre ambos.

Nicolas Sarkozy ha sido declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias, y los términos del pacto descubierto se pueden resumir de forma sencilla: el expresidente recibió información confidencial del alto magistrado sobre investigaciones que le afectaban, a cambio de lo cual se comprometió a apoyar su candidatura a un puesto en el soleado Mónaco. Que el alto magistrado obtuviera o no su puesto en Mónaco es irrelevante para la realidad del pacto corrupto, según los tribunales.

Perdida definitivamente la batalla en Francia, país que ha presidido, Nicolas Sarkozy recurre ahora a Europa. En concreto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que, por cierto, no dudó en vilipendiar en 2016 durante los debates de las primarias republicanas, del mismo modo que estigmatizó el "derecho-humanismo” desde su llegada al ministerio del Interior en 2002.

Nicolas Sarkozy dice ahora de todas las maneras posibles que lo que le condenó en Francia limpiará su nombre ante el TEDH. Técnicamente, el expresidente afirma que todas las sentencias dictadas en Francia son contrarias a los principios fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la medida en que está formalmente prohibido escuchar las conversaciones entre un abogado (Thierry Herzog) y su cliente (Nicolas Sarkozy).

El debate promete ser sustancioso, pero muchos jueces y especialistas señalan, como han escrito el Tribunal de Casación y todas las sentencias anteriores, que el secreto profesional de los abogados –esencial para la democracia judicial– nunca ha protegido la comisión de delitos. Sobre todo si el abogado y el cliente en cuestión conversan por líneas secretas, abiertas con identidades falsas para evitar que la policía intercepte sus teléfonos oficiales, de lo que las partes implicadas han sido obviamente informadas.

Imaginemos que un abogado planeara con su cliente un robo o, peor aún, un atentado: ¿alguien en su sano juicio invocaría el secreto profesional para impedir la persecución del delito?

A la espera del debate ante el TEDH, el futuro judicial de Nicolas Sarkozy se presenta sombrío. A partir del 6 de enero de 2025, será juzgado junto a otras doce personas, entre ellas tres exministros. Un gran escándalo de Estado: el caso de la financiación de Libia, al que Mediapart ha decidido dedicar un documental, Personne n'y comprend rien (Nadie entiende nada, dirigido por Yannick Kergoat), que estará en los cines a partir del 8 de enero. Nicolas Sarkozy está acusado de cuatro presuntos delitos en este caso: corrupción, asociación para delinquir, financiación ilegal de una campaña electoral y receptación de fondos libios desviados.

En 2025, el Tribunal de Casación también tendrá que examinar un tercer caso Sarkozy, el caso Bygmalion, relativo a la financiación de su campaña de 2012. La campaña costó más de 40 millones de euros, frente a los 22 millones autorizados por la ley, y la diferencia se justificó mediante un sistema de facturas falsas. En este caso, Nicolas Sarkozy fue condenado en primera instancia y en apelación por financiación ilegal de campaña.

El expresidente también está siendo investigado por encubrimiento de manipulación de testigos y asociación de delincuentes en el caso de la falsa retractación de Ziad Takieddine, un complot para socavar la credibilidad del poder judicial en el asunto libio. La esposa de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, también ha sido imputada recientemente en este caso. El nombre del expresidente también ha sido mencionado –sin procesamiento por ahora– en otras dos investigaciones en curso: la adjudicación del Mundial de fútbol de 2022 a Qatar y la financiación rusa vinculada al Kremlin y a oligarcas multimillonarios.

En todos los casos en los que no ha sido condenado definitivamente, Nicolas Sarkozy sigue beneficiándose de la presunción de inocencia, lo que ya no es el caso en el asunto Bismuth.

¿No debería un balance de este tipo empezar a despertar la conciencia política y mediática de lo que está tomando forma ante nuestros ojos, la historia judicial de una época mafiosa de la República?

Traducción de Miguel López

Esta es quizás la consecuencia más deshonrosa de la condena definitiva por corrupción de Nicolas Sarkozy: la degradación en su propio mundo. La sentencia dictada por el Tribunal de Casación el miércoles 18 de diciembre, que confirma la culpabilidad del ex jefe de Estado en el asunto Bismuth, abre la vía a su expulsión de las órdenes nacionales de la Legión de Honor y la Nacional del Mérito.

Se trata de una sanción histórica para una persona que ostenta el más alto rango, el de Gran Cruz (concedido al ser elegido presidente de la República en 2007). Según la información recogida por Mediapart, no sólo está prevista por la ley, sino que la Gran Cancillería ya está lista  para aplicarla.

Según nuestra información, los servicios administrativos empezaron a trabajar en la creación de dicho procedimiento en caso de condena definitiva hace ya varios años, cuando se inició el caso que ha convertido a Nicolas Sarkozy en el primer presidente de la República condenado por corrupción. Esta iniciativa no tiene nada de extraordinario: el Código de la Legión de Honor prevé que “se podrán imponer sanciones disciplinarias (...) a cualquier miembro de la Orden que haya cometido un acto contrario al honor”. El mismo texto estipula que las personas “condenadas a una pena de prisión en firme igual o superior a un año” –que es el caso de Sarkozy en el asunto Bismuth– serán “excluidas de la Orden”.

Los equipos de la Gran Cancillería, que ejecuta una media de quince a veinte sanciones disciplinarias al año, han establecido un sistema de seguimiento que les permite detectar cualquier caso problemático y anticipar la decisión final. Por regla general, las resoluciones judiciales deben ser comunicadas por las fiscalías que se han ocupado de los casos, pero muy a menudo las alertas proceden de ciudadanos, asociaciones locales de miembros de la Orden o de artículos de prensa.

En el caso de Nicolas Sarkozy –que también fue condenado en apelación en el asunto Bygmalion (recurrido en casación) y pronto será juzgado en el caso libio–, la Gran Cancillería sólo espera ahora una copia de la decisión del Tribunal de Casación antes de ultimarlo.

A continuación, el Gran Canciller, cargo que ocupa actualmente el general François Lecointre, debe someter la decisión al Consejo de la Orden de la Legión de Honor, que emite un dictamen sobre la sanción propuesta al término de la reunión. Además de la exclusión para los casos más graves (como las condenas en firme de más de un año), los titulares pueden ser suspendidos de la Orden, o recibir una simple amonestación (conocida como “censura”).

En última instancia, la sanción debe ser decretada por el actual presidente de la República, Emmanuel Macron, en su calidad de Gran Maestre de la Orden. ¿Puede alguna prebenda librar a Nicolas Sarkozy? Una opción que parece difícil para una institución a la que le gusta señalar que las reglas son las mismas para todos, como mencionan fuentes cercanas a la Gran Cancillería.

“Sería difícil mantener que cuanto más alto estás en la Orden, menos posibilidades tienes de ser sancionado”, prosiguen, aunque puedan existir luchas de poder en el seno del Consejo de la Orden, compuesto por catorce miembros. “Algunos miembros no dudan si hay que hacer la vista gorda”, añaden, y el Gran Canciller, de acuerdo con el Elíseo, podría tener la tentación de dar largas para dar un respiro al ex presidente. “La decisión de ejecutar la sanción será eminentemente política”, concluyen.

Varios miembros del entorno del ex jefe del Estado –muchos de los cuales también se las han visto con la justicia anticorrupción en los últimos años– ya han perdido su condecoración. Fue el caso, en particular, de su antiguo secretario general en el Elíseo, Claude Guéant, en mayo de 2019, cinco meses después de su condena por malversación de fondos públicos de su ex socio, o de Arnaud Claude, expulsado en 2021, tres años después de su condena por blanqueo de fraude fiscal.

También fue el caso de su antiguo embajador en Irak y Túnez, Boris Boillon, (expulsado en 2021, dos años después de su condena en firme), o de su amiga de Hauts-de-Seine, Isabelle Balkany, también en 2021. “Es una humillación más, evidentemente pública y quizás innecesaria”, protestó la interesada, argumentando que su condena por fraude fiscal “no tenía ninguna relación con su gestión local, por la que había sido condecorada”.

En 2013, el general Jean-Louis Georgelin (Gran Canciller de 2010 a 2016) confirmó que “las personas afectadas lo pasan mal, muy mal”, al tiempo que reiteraba la importancia de estos procedimientos disciplinarios, parafraseando al escritor Erik Orsenna: “El honor es ese bien moral conquistado en la lucha, y que permite tanto ganarse la consideración de los demás como conservar la propia estima.”

En algunos casos muy políticos, los temas y los debates son especialmente intensos. Fue el caso, por ejemplo, del actor Gérard Depardieu, al que le abrieron un procedimiento disciplinario en diciembre de 2023 a pesar del apoyo de Emmanuel Macron. También el de Marc Ladreit de Lacharrière que, tras declararse culpable, fue condenado en 2018 a ocho meses de prisión condicional y a pagar una multa de 375.000 euros por el caso Fillon, un procedimiento que le permitió evitar un juicio público y contar con antecedentes penales.

Según nuestra información, este multimillonario, condecorado con la Gran Cruz de la Legión de Honor en 2010, mecenas de numerosas instituciones públicas, sólo recibió una amonestación (no pública) tras su condena. Esta decisión se tomó a propuesta del Gran Canciller de la época, el general Benoît Puga, ex consejero militar de Nicolas Sarkozy, implicado ahora en un caso de presunto tráfico de condecoraciones. Contactado el abogado de Marc Ladreit de Lacharrière, no respondió.

Menos positiva parece la situación de François Fillon, también sujeto a un expediente sancionador en la Legión de Honor. El ex primer ministro fue declarado definitivamente culpable en abril de 2024, pero está a la espera de un último juicio para reevaluar las penas de prisión, las multas y la inelegibilidad.

Después de haber recurrido, el ex candidato presidencial fue condenado el 9 de mayo de 2022 a una pena de cuatro años de cárcel, de los cuales uno a cumplir, lo que conllevaría también su expulsión automática. Preguntados por Mediapart, en la Gran Cancillería confirmaron que “si se confirmara su condena a un año de cárcel, el Sr. Fillon quedaría automáticamente excluido de las órdenes nacionales”.

Además de los casos de Nicolas Sarkozy y su entorno, la lista de decretos firmados por Emmanuel Macron muestra las personalidades expulsadas o suspendidas de las órdenes nacionales por condenas o comportamientos considerados contrarios al honor. El 16 de junio de 2023, el presidente de la República ordenó la suspensión, por un periodo de dos años, del que fuera su “Míster Pensiones”, Jean-Paul Delevoye, condenado en diciembre de 2021 a cuatro meses de prisión condicional y al pago de una multa de 15.000 euros por omisiones en su declaración de intereses. Ocho meses antes, Maryse Joissains-Masini, ex diputada y alcaldesa de Aix-en-Provence, condenada por intereses ilegales y malversación de fondos públicos, fue suspendida durante cinco años. Al mismo tiempo, un militar que había malversado dinero de una asociación de veteranos fue también suspendido por ocho años.

El mundo empresarial también se vio afectado por una serie de decisiones, algunas de las cuales bastante tardías. Los ex directivos de la Unión de Industrias y Oficios de la Metalurgia, Denis Gautier-Sauvagnac y Dominique de Calan, condenados en diciembre de 2015 en el caso que afectaba a esa patronal del sector metalúrgico, no fueron suspendidos (por cinco años y un año) hasta julio de 2021. El ex presidente del consejo de administración del grupo Wendel, Jean-Bernard Lafonta, fue inhabilitado en octubre de 2023, tras su condena en el importante caso de fraude fiscal relacionado con la sociedad de inversiones de la familia Seillière. Guy Wildenstein, también condenado por un enorme fraude fiscal en 2024, ha organizado recientemente un acto de recaudación de fondos para la Gran Cancillería, como ha informado Le Canard enchaîné. El general François Lecointre se justificó explicando que el mecenas, condecorado por Nicolas Sarkozy en 2009, ha recurrido en casación.

Traducción de Miguel López

El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente Nicolas Sarkozy, lo que convierte esa sentencia en definitiva.

El que fuera inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, lo que le convierte en el primer expresidente francés obligado a cumplir una condena de arresto, aunque sea domiciliario. Jacques Chirac también fue condenado, pero a una pena exenta de cumplimiento.

Los abogados de Sarkozy han dejado entrever que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, pero eso no suspende la aplicación de la pena.

Sarkozy, de 69 años, deberá comparecer antes de un mes ante un juez de libertades y detención, que establecerá las modalidades en las que llevará el brazalete electrónico y otras condiciones de su arresto domiciliario. El expresidente sufre así un enorme revés jurídico, uno más de los que le está reservando la justicia desde su salida del Elíseo en 2012, derrotado por el socialista Farnçois Hollande.

Aunque apartado de la primera línea política, Sarkozy sigue teniendo una gran influencia en la derecha francesa y mantiene contactos regulares con el actual presidente, Emmanuel Macron. Además, es un habitual del palco del Parque de los Príncipes, sus libros se convierten en grandes éxitos de ventas y encadena las dedicatorias por todo el país, pese a la cargada agenda judicial que arrastra, que ha derivado en una primera condena final en el país.

Lo es por un caso de corrupción y tráfico de influencias, conocido en Francia como el caso Bismuth, en referencia al nombre falso que eligió Sarkozy para abrir una línea telefónica secundaria. Supuso la primera condena para el expresidente, dictada por el Correccional de París en marzo de 2021, pena confirmada en apelación en mayo de 2023, a tres años de cárcel, aunque solo uno efectivo, con la posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico, pena que ahora ha confirmado el Supremo.

Las pesquisas se abrieron cuando los investigadores, que tenían bajo escucha los teléfonos de Sarkozy en 2014 en el marco de otro caso, descubrieron que su abogado le había abierto una línea secundaria con la que mantenían comunicaciones y que también fue pinchado. En las escuchas descubrieron conversaciones que apuntaban a un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.

En concreto, Sarkozy y su abogado hablaban de contactos con un magistrado, Gilbert Azibert, al que pedían datos sobre la instrucción de otra de las acusaciones contra él a cambio de que el ya expresidente usara su influencia para conseguirle un puesto honorífico en Mónaco. Esas escuchas sirvieron para abrir una investigación que acabó por convertir a Sarkozy en el primer expresidente francés en sentarse en el banquillo de los acusados, ya que Chirac no lo hizo por razones médicas.

Sarkozy tiene por delante un largo rosario de cuentas pendientes con la justicia. La más inmediata llegará el próximo 6 de enero, cuando se abra el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, un proceso al que podría acudir ya con el brazalete electrónico. En ese juicio, previsto hasta el 10 de abril, se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus ex ministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux.

Sarkozy, que ganó aquellas presidenciales frente a la socialista Ségolène Royal, afronta una pena de hasta diez años de cárcel. También colea el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2012. En febrero pasado fue condenado en apelación a un año de cárcel, de los cuales solo la mitad con cumplimiento y también con un brazalete electrónico, que el presidente no lo lleva aun porque recurrió también ante el Supremo, que no se pronunciará hasta el segundo semestre de 2025.

En este escándalo, fue condenado por haber superado con creces, de 22,5 millones a casi 44 millones, los límites de gasto en su campaña, a través de un sistema de falsas facturas que le permitieron disimular la inversión en sus costosos mítines.