Dos décadas después de implantar el modelo, y todavía sin una evaluación oficial y completa, Madrid revierte, aunque sólo en parte, su programa de educación bilingüe. El modelo, implantado por la expresidenta Esperanza Aguirre en el curso 2004-2005, lleva años siendo cuestionado y duramente criticado por sindicatos, docentes y expertos, que solicitan, al menos, un estudio de su impacto en el alumnado. Hasta ahora, lo único que se han llevado a cabo han sido encuestas. La última, una realizada por la organización Acción Educativa a 1.716 docentes que dejaba en muy mal lugar al modelo: no es un método demasiado efectivo para aprender inglés, empeora los conocimientos de las materias que se imparten en este idioma y, además, segrega al alumnado. Pero esos defectos, no obstante, no acaban en las fronteras de la región. "El modelo, tal y como se ha instalado, es un fracaso", sentencia, tajante, el secretario de Política Educativa de la Federación Estatal de CCOO, Alonso Gutiérrez Morillo.

Pero volvamos al principio. ¿Qué va a cambiar en Madrid? La medida adoptada por el Gobierno conservador de Isabel Díaz Ayuso entrará en vigor el próximo curso y se ceñirá, exclusivamente, a la asignatura de Geografía e Historia. Según detalló esta semana el consejero de Educación de la Comunidad, Emilio Viciana, la decisión llega después de haber observado, igual que ya lo hicieran los docentes, "un detrimento" en los conocimientos "tanto de Historia como de Inglés". "Queremos reforzar el estudio de la Historia y evitar que sus contenidos propios se rebajen por impartirlos en inglés", señaló. Hasta ahora, el modelo sólo recibía alabanzas de los Ejecutivos madrileños. En su propia web, de hecho, el Gobierno mantiene la afirmación de que éste es "uno de los proyectos más exitosos del sistema educativo madrileño". Su creadora, Aguirre, señalaba a El País que no comparte la decisión. "Yo puse otro modelo, pero en fin... Quizá yo esté equivocada", ha dicho.

En cualquier caso, y a pesar de la reforma, Madrid seguirá siendo la Comunidad donde este modelo está más implantado. Actualmente abarca a centros públicos en los que está matriculado el 51,4% del alumnado de Educación Primaria y el 61,7% del de Secundaria. A nivel estatal —en 2016 culminó el proceso de extensión de este modelo, cuando el Ministerio de Educación lo llevó a Ceuta y Melilla—, son un millón y medio de alumnos y alumnas los que estudian bajo un programa bilingüe. En número de centros, éste ha llegado ya a 7.000, según la información recogida por la Asociación Enseñanza Bilingüe, una organización que aboga por la implantación de este tipo de enseñanza pero para la que propone mejoras empezando, señalan en un documento —basado también en encuestas a 1.377 docentes— titulado La enseñanza bilingüe en España. Datos para el análisis 2023, por una evaluación.

España, critican, es "un país en el que sistemáticamente se rechaza la evaluación". "La mejora de cualquier programa bilingüe pasa por su conocimiento y su análisis y ello requiere disponer de datos que permitan tomar las decisiones adecuadas. Salvo que se basen en estudios e informes internos y reservados, se desconocen los argumentos de algunas administraciones educativas para justificar los cambios que realizan", señala la organización. También lo piden para este caso. A preguntas de infoLibre, la Asociación Enseñanza Bilingüe tacha la decisión del Ejecutivo de Ayuso de "disparate", y piden conocer "los detalles que la sustentan y justifican". "Cualquier modificación que suponga un retroceso y que perjudique la calidad de los programas y por lo tanto de la educación que reciben los alumnos, debe ser analizada con el fin de alertar sobre sus posibles efectos", señalan. Y defienden que Madrid sí contempla realizar evaluaciones sobre la implantación del programa, algo que, insisten, siguen exigiendo. Porque, de los 18 modelos que existen en nuestro país, "todos tienen fallos, fisuras y debilidades".

La Consejería de Educación, preguntada por este periódico, no ha aclarado si la decisión se ha tomado tras algún tipo de investigación sobre el modelo, pero sí ha explicado que entra dentro de un "Plan para una Educación Libre, Plural y de Calidad cuyos detalles se presentarán el próximo mes de enero".​

Los expertos consultados, por su parte, son claros en este tema. Mejorar el modelo, señala el maestro y doctor en Educación Daniel Turienzo, requiere de hacerse preguntas. Es lo primero de todo. "Hay que hacer una evaluación, pero antes hay que preguntarse qué se quiere evaluar", señala. No sirve de nada, continúa, analizar simplemente si los programas bilingües mejoran los conocimientos de inglés del alumnado si se comparan sus resultados en este ámbito con los de quienes reciben una educación únicamente en castellano. "Es evidente que será así", responde. "Lo que hay que ver es si es beneficioso en distintos grupos de alumnos y alumnas. Hay que ser minucioso, ¿es igual de beneficioso el programa para los niños con recursos que para los que no los tienen?", se pregunta.

Este es el quid de la cuestión. Como concluyó la encuesta realizada por Acción Educativa, en la que participaron la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, la FAPA Giner de los Ríos, sindicatos de la enseñanza y diferentes asociaciones de carácter educativo, la Comunidad de Madrid ha provocado, con la implantación de este modelo, la distribución del alumnado en función de las dificultades que, ya de casa, llevan guardadas en su mochila. En unas clases se concentran los de un nivel socioeconómico alto y, muchas veces en consecuencia, mejores resultados; en otras, los que no pueden, por ejemplo, recibir clases particulares que les ayuden a mejorar académicamente.

Pasa entre aulas, pero también entre colegios. Y en toda España. "Este modelo sólo sirve para segregar. Se ha utilizado como una especie de categoría de excelencia por parte de algunos centros que utilizan su adhesión al programa bilingüe para atraer a un tipo de alumnado en detrimento de otro. Ha ocurrido en todas las comunidades", critica Gutiérrez Morillo. Turienzo lo ejemplifica con lo que ocurre en Castilla y León.

Allí, explica, hay tres líneas: la british —que es la que más carga lectiva en inglés tiene—, la bilingüe y la castellana. A la primera acuden quienes tienen —en muchas ocasiones porque pueden, por ejemplo, recibir clases particulares— más conocimientos del idioma; a la tercera, quienes peor se manejan en él. "El modelo es claramente segregador", denuncia. Se puede pasar de una línea educativa a la otra, continúa explicando, pero "en lugar de jugar a favor de la equidad", esa oportunidad sólo perpetúa las diferencias. "Cuando un alumno o alumna no llega al nivel requerido, se le baja al anterior", dice.

En otras comunidades, continúa, pasa algo parecido, pero entre centros. "En algunos territorios se ha tendido a no hacer todos los colegios bilingües, dejando en muchas ocasiones una especie de 'cole-escoba' al que automáticamente termina yendo el alumnado con más dificultades o perfiles más complejos", señala.

La Asociación Enseñanza Bilingüe, por su parte, rechaza que se asocie el término segregación a estas escuelas e institutos. "Si nos atenemos al significado correcto de la palabra, los programas de enseñanza bilingüe no segregan más que cualquier otro programa, oferta educativa o actuación propios del sistema educativo", dicen. En cualquier caso, si existiese, añaden, "en ningún caso sería por nivel socioeconómico".

Los problemas, en cambio, no terminan ahí. Según el cuestionario de la Asociación de Enseñanza Bilingüe, el 62,8% de los docentes entrevistados no cuenta con ningún complemento económico por impartir sus materias en otra lengua. El 56,4%, además, no tiene posibilidad de reducir su jornada para coordinar el programa. Y un 39,6% considera que el principal problema con el que se encuentra para desarrollar su labor docente bajo este modelo es el número de alumnos en clase.

Eso lo complica todo. "El nivel [de inglés, pero también educativo en general] que alcanzan niños que estudian en una clase con 15 compañeros no es el mismo que el que obtienen si comparten espacio con 30", critica la responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca. Por eso desde su sindicato, al igual que desde CCOO, inciden en la necesidad de bajar las ratios, una necesidad de todos los centros pero más manifiesta en los que imparten enseñanza bilingüe. "Impartir clase en una lengua que no es la tuya requiere de una metodología diferente", continúa la sindicalista, que señala también la importancia de descargar el horario lectivo de los docentes para, por ejemplo, recibir formación en el extranjero que permita ampliar sus conocimientos del idioma. "El profesorado muchas veces no está motivado porque este programa, al final, les suma más carga", incide.

Y hay un último factor: no todos necesitan acreditar el mismo nivel para impartir clase bajo este modelo. Según la Asociación de Enseñanza Bilingüe, el 88,5% de los docentes cree que habría que unificar los modelos, consiguiendo que estos no dependan del Gobierno autonómico de turno. El 87,7% de ellos, además, cree que hay que mejorarlos. La Asociación Enseñanza Bilingüe, en este sentido, "aboga por un modelo común para todo el territorio nacional y por la mejora de todos y cada uno de los programas de España".

"Margen para hacerlo hay", dice Loranca. E insiste: "Pero lo primero es evaluar". Gutiérrez Morillo coincide: "En España, en general, tenemos poca cultura de la evaluación. El bilingüismo nunca se ha analizado en profundidad". Una vez se haga, dice Loranca, "si lo queremos hacer bien, será necesario invertir más".

Alberto Núñez Feijóo lleva defendiendo desde que ganó sus primeras elecciones en Galicia la idea del “bilingüismo cordial”, trasunto de lo que Manuel Fraga, el exministro franquista que fundó su partido, llamaba el "bilingüismo armónico". Antes de eso protagonizó una durísima campaña electoral en la que no dudó en sumarse a quienes pretendían —y lograron— romper los consensos lingüísticos de décadas en nombre del derecho a una educación íntegramente en castellano. Entonces, como ahora en Cataluña, Feijóo no acudía a las manifestaciones en favor del español. Enviaba a otros. 

Ese bilingüismo cordial que defiende Feijóo y que desde que llegó a Génova trata de incorporar al ideario de un PP nacional poco acostumbrado a defender la igualdad del español con las lenguas cooficiales es uno de los ejes de la oferta política que quiere ofrecer a los catalanes para recuperar el espacio político perdido por su partido en la última década. Un bilingüismo que, según el líder de la oposición, en realidad es trilingüismo y reparte entre tres lenguas vehiculares —español, inglés y gallego— las horas de escuela de los alumnos gallegos. Todo de manera “cordial” y sin que nadie cuestione semejante reparto.

La realidad es sensiblemente diferente. Bajo esa apariencia de equilibrio y cordialidad se esconde un imparable retroceso del uso del gallego a todos los niveles. Lo que hizo Feijóo cuando llegó a la Presidencia de la Xunta en 2009 fue poner fin a las políticas de normalización que primaban la presencia del gallego en las aulas para tratar de frenar su retroceso en el uso social, producto de años de persecución y menosprecio en los que el castellano era la única lengua en la escuela. 

Esas políticas habían sido en Galicia un territorio de consenso protagonizado e impulsado por el PP, también durante la época de Manuel Fraga. Hasta que llegó Feijóo, rompió los acuerdos y por mayoría absoluta impuso un modelo dirigido a igualar el uso vehicular de las dos lenguas cooficiales. Como si ambas partiesen de una situación inicial de igualdad que ningún experto reconoce. Una decisión que en la práctica sacó a la escuela del esfuerzo de normalización lingüística desarrollado desde la restauración autonómica de 1981, al mismo tiempo que daba un portazo a quienes como la organización Galicia Bilingüe le ayudaron a ganar las elecciones en nombre del supuesto derecho a recibir educación exclusivamente en español.

Hoy en Galicia el trilingüismo del que presume Feijóo es realidad en una minoría de centros educativos, no más de una tercera parte de los que existen. En ellos la presencia del español es de un 33%, igual que la del gallego. En el resto, la presencia del inglés sigue siendo testimonial.

Para saber cómo ha evolucionado y en qué situación se encuentra el uso de ambas lenguas en la escuela gallega hay que recurrida a la Encuesta Estructural de Hogares sobre el Conocimiento y el Uso del Gallego que ha publicado el Instituto Galega de Estatística (IGE), un organismo que depende de la Xunta, en los años 2003, 2008 (previos a la llegada de Feijóo a al Gobierno de Galicia), 2013 y 2018 (ya con él quo frente del Ejecutivo).

Los datos de los dos primeros años reflejan una progresión del uso del uso del gallego como lengua vehicular en la enseñanza. Las clases que se daban en gallego o mayoritariamente en gallego en 2003 eran un 39% del total (el resto eran mayoritariamente o totalmente en castellano). Esas cifras cambiaron sustancialmente en 2008, en pleno Gobierno bipartito PSOE-BNG. En gallego o mayoritariamente en gallego se daban casi el 61% de las asignaturas (el resto se impartían en español).

Eso tendencia se truncó en 2013, ya con cuatro años de políticas lingüísticas de Feijóo. Ese año, en gallego o mayoritariamente en gallego sólo se daban el 46% de las clases, por un 54% en castellano o mayoritariamente en castellano.

Los datos más recientes, del año 2018, no permiten hacer comparaciones, porque el IGE introdujo una nueva categoría: clases que se dan “igual en gallego que en castellano” (el 59,5%, según en la encuesta). No obstante, sí es posible le apreciar un evidente desequilibrio en favor del español: el 27,6% de las asignaturas se impartían ese año en castellano o mayoritariamente en castellano frente a apenas un 12,7% en gallego o mayoritariamente en gallego.

El resultado de esta política dibuja un claro retroceso en el uso de la lengua gallega y una cada vez mayor presencia del castellano. El gallego resiste, según datos del IGE, como la lengua mayoritaria de la mitad de la población, pero sólo gracias a los gallegos de más de 50 años. Entre los jóvenes, la proporción de quienes hablan sobre todo en gallego cae al 40% y se desploma al 30% entre quienes tienen de 5 a 24 años. El porcentaje de los niños que no saben hablar gallego se ha disparado en lo que va de siglo. Apenas un 18% de los niños y niñas de 2018 habían pronunciado sus primeras palabras en gallego, muy por debajo del 30% contabilizado en 2003. 

Con esos datos, no es de extrañar que el Consejo de Europa haya advertido a la Xunta de Feijóo del incumplimiento de sus compromisos para la normalización del uso del gallego eliminando “las limitaciones de la enseñanza en lengua gallega en todos los niveles educativos” a la vista de que “el conocimiento general del gallego parece disminuir”.

En el informe, fechado en 2021, el Consejo de Europa certifica “que la distribución de idiomas entre las materias escolares no es igual“, entre otras cosas porque “el gallego está presente sólo en una fracción de los centros de educación infantil” y de que “el material didáctico en gallego también es insuficiente”. 

El comité de expertos que vigila la situación de las lenguas amenazadas en Europa reiteró la Xunta “la importancia de proporcionar un nivel suficiente de educación lingüística en todos los niveles de enseñanza” y señaló que el actual “marco legal existente”, el que iguala el uso de las dos lenguas en la escuela, “es contrario a los compromisos de España”, concluyendo que “no se eliminaron todas las limitaciones [detectadas] para o enseñanza en gallego”.

El citado informe recordó a las autoridades de la Xunta que España ratificó el artículo 8.1 ai, bi, ci, di de la Carta de Lenguas, lo que significa que “la educación debe impartirse en gallego como medio de enseñanza” y reiteró “la importancia de proporcionar un nivel suficiente de enseñanza de la lengua en toda la gama de la educación”.

No dudó el ahora presidente del Partido Popular y flamante jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de tachar de “apartheid lingüístico” la situación en la que se encuentra el castellano en Cataluña. De paso, tampoco ahorró palabras para alabar su gestión sobre la cuestión lingüística en Galicia, lo que ha denominado como “bilingüismo cordial”, y que pretendería extender a todas las comunidades con lengua propia.

No estaría mal, de ser cierta, dicha “cordialidad”, pero la realidad descubre algo bien distinto en las actuaciones de Feijóo en materia lingüística. Para eso, juzgo interesante recordar el episodio en que Feijóo fulminó, gracias a su mayoría absoluta, el Decreto 124/2007 del gobierno del socialista Pérez Touriño, gobierno de coalición entre el PSdeG-PSOE y el BNG, que regulaba el uso y la promoción de la lengua gallega en el sistema educativo.

Hasta ese momento estaba en vigor el Decreto 247/1995 elaborado por el gobierno presidido por Manuel Fraga, un texto que ya reconocía que la adquisición de una competencia comunicativa en gallego por parte del alumnado sólo se podría conseguir a través de la utilización vehicular de esta lengua en una parte significativa del currículo. Un texto que era preciso renovar ya que, entre otras cuestiones, no estaba adaptado a las nuevas leyes educativas.

Pues bien, por parte de Emilio Pérez Touriño y de su consejera de Educación, Laura Sánchez Piñón, de forma modélica y entendiendo que conseguir un consenso estable era la mejor política para el futuro de nuestra lengua, decidió invitar a participar en la redacción del nuevo decreto a todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Galicia. Así, Manuela López Besteiro y Bernado Tahoces por el PP, Bieto Lobeira y Manuel Parga por el BNG, y Francisco Cervino y yo mismo por el PSdeG-PSOE, conformamos, con miembros de la Consellería de Educación, el grupo de trabajo. Finalmente, tras arduas, largas y duras sesiones, se conseguía el esperado texto de consenso entre los tres grupos parlamentarios y el gobierno.

El anuncio del acuerdo se producía el día 23 de febrero de 2007, en una rueda de prensa celebrada en San Caetano, sede del gobierno gallego. Estábamos presentes la conselleira de Educación, el Secretario General y la Directora General de Ordenación, así como los seis parlamentarios que formamos parte del grupo de trabajo. En la citada ronda debemos destacar necesariamente las palabras de la señora López Besteiro, portavoz de Educación del Grupo Popular, sobre el texto finalmente consensuado: “El nuevo decreto supone un avance para el gallego, garantizando el equilibrio con el castellano. Garantiza la competencia lingüística en las dos lenguas”. E incluso añadía su agrado porque “en educación infantil se respeta la lengua materna y supone aplicar el Plan de Normalización que fue impulsado por el Partido Popular cuando estaba en el poder”.

Blanco y en botella ¿Acuerdo total? ¡Pues no! No tardó nada la maquinaria del PP de Núñez Feijóo, al entender que en pura clave electoral le beneficiaba más renegar del texto acordado, en rectificar a su portavoz, desdecirse del acuerdo y votar en contra del decreto consensuado.

Eso sí, una vez ganada la cita electoral por mayoría absoluta, por uno solo diputado, se olvidó de cordialidades, acuerdos, consensos y de todo aquello que pudiera llevar a un pacto, para imponer un nuevo decreto únicamente con sus votos. ¡Toma “bilingüismo cordial”!

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Guillermo Meijón Couselo es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista y Coordinador del Área de Educación.

PP y Vox agitaron este jueves el avispero del enfrentamiento lingüístico en España anunciando a bombo y platillo su decisión de recurrir al Constitucional si el Congreso de los Diputados acaba aprobando la supuesta supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza que, según los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal, establece el articulado de la nueva Ley de Educación que se tramita en la Cámara Baja. Ciudadanos también se manifestó vehementemente en contra de la reforma, así como a favor de acudir al Constitucional —algo que no puede hacer por sí solo—, pero a diferencia de los otros dos partidos de la foto de Colón evitó relacionar la reforma educativa con la negociación de los Presupuestos para 2021, en la que los de Inés Arrimadas están participando activamente y de los que aspiran a ser una pieza clave en la votación final.

Conservadores y ultras, en cambio, sí aseguraron que la reforma educativa es una condición de los nacionalistas e independentistas a cambio de su apoyo a los Presupuestos que Cs planea respaldar aunque la modificación de la ley se consume en los términos pactados hasta ahora. Y agitaron a través de los medios y las redes sociales la idea de que la ley suprimirá el castellano como lengua vehicular en España allí donde existen otras lenguas cooficiales (Galicia, Euskadi, Cataluña, Illes Balears y Comunitat Valenciana).

Lo cierto es que la enmienda conjunta del PSOE, Unidas Podemos y ERC que salió adelante este jueves en el Congreso por 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención lo único que hace es suprimir de la ley la condición de lengua vehicular tanto para el castellano como para los otros idiomas cooficiales.

El texto quedó finalmente así, según fuentes consultadas por Europa Press: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”.

La actual ley de Educación (la llamada ley Wert) recoge que “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable”.

La réplica a las graves acusaciones de la derecha la dio, por parte del Gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. Según ella, los "alumnos pueden estar tranquilos" porque seguirán "siendo educados de acuerdo a la Constitución”.

En una entrevista en Onda Cero explicó que lo que la reforma dice “es que las administraciones educativas garantizan el derecho a recibir enseñanzas en castellano y las demás lenguas cooficiales en sus territorios de conformidad con la Constitución, los Estatutos de autonomía y la normativa vigente. Francamente, ¿qué hay de novedoso en esta enmienda?", se preguntó. No hay nada "revolucionario" sino más bien "una garantía para que los alumnos puedan recibir la educación de acuerdo" a la legalidad. "Atengámonos a lo que dicen la Constitución, el Estatuto de autonomía y la normativa aplicable", insistió.

El dictamen será todavía sometido a votación en el Pleno del Congreso para pasar después al Senado y de ahí al Congreso de nuevo, donde se aprobaría finalmente en forma de ley. Pero, al margen de otras consideraciones, la derecha ya ha confirmado que la cuestión lingüística será una de las puntas de lanza de su movilización contra ella.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, insistió en que detrás de la reforma está "el precio de los votos" a los Presupuestos Generales del Estado y confirmó que el PP recurrirá al Tribunal Constitucional. Según ella, el proyecto de ley “esconde la entrega de libertades y derechos de los españoles”.

Lo que dice la ley

Aunque la ley no pone en ningún caso fin al uso del castellano como lengua vehicular —varias sentencias del Constitucional garantizan que sigue siéndolo, igual que las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios—, el PP proclamó que no va a permitir “que se pierda el castellano como lengua vehicular. Sánchez está jugando con el futuro de nuestros hijos por permanecer en el poder. Es intolerable”, asegura su dirección.

En abierta competición con el PP se manifestó Vox, que también pretende recurrir al Constitucional. Los ultras afirman que se trata de "la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos".

Los de Abascal llevan su oposición más allá y denuncian un intento del Gobierno de convertir la educación en un "medio para el adoctrinamiento en los principios doctrinales del progresismo, imponiendo su visión de la historia, de las relaciones personales y de sus principios éticos y morales, mediante la obligación de cursar materias fuertemente ideologizadas, impidiendo toda respuesta o protesta por parte de las familias". Y recuerda que el atropello que, según ellos, ya se está cometiendo contra el castellano, también tiene lugar en Galicia, comunidad gobernada por el PP.

Más complicada es la posición de Ciudadanos. El partido de Arrimadas volvió a tener que tratar de conciliar un discurso de frontal oposición al Gobierno en un asunto nuclear para esta organización y para sus votantes —la defensa del castellano frente a la supuesta imposición de las lenguas cooficiales— con su necesidad de no poner en peligro la negociación de los presupuestos, en la que los naranjas pretenden confirmar su rol de partido “útil” en comparación con PP y Vox. Su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, aseguró que Cs seguirá exigiendo que se garantice la libertad de los padres a elegir en qué lengua quieren que se eduquen sus hijos.

Una posición obligadamente más tibia que la de su diputada en Estrasburgo Maite Pagazaurtundua, que esta semana ya se movilizó para denunciar en Bruselas una supuesta "discriminación" de los alumnos cuya lengua materna es el castellano y emplazó al Ejecutivo comunitario a defender los derechos de los estudiantes de las comunidades bilingües. La representante Cs quiere que esta cuestión se incluya en el próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de derecho en España, el mismo a través del cual el PP trata de alentar dudas sobre la independencia judicial española y que puede acabar condicionando la llegada de fondos europeos.

Bal, sin embargo, consciente de que PP y Vox están vinculando este debate a los Presupuestos —y por tanto al apoyo de los naranjas a las cuentas— reprochó al PP de no haber resuelto el problema durante los años en los que gobernó con mayoría absoluta.

El debate de la ley coincidió con una movilización, a las puertas del Congreso, de organizaciones defensoras de la educación privada concertada contrarias a la reforma educativa, a la que acusan de atacar “la libertad de las familias para educar a sus hijos”.

Uno de los casos más flagrantes fue El manifiesto de los 2.300, en 1981, en el que un grupo de intelectuales denunciaba una supuesta persecución de la lengua castellana en Cataluña. Un manifiesto, que además de ser una sarta de patrañas y falacias, hizo reaccionar a la sociedad catalana, propiciando que saliera en defensa de su lengua, que por mucho que algunos quieran negarlo, estuvo prohibida durante la dictadura que no pocos miembros del Partido Popular (y su marca blanca, Ciudadanos) aún siguen alabando en secreto.

Todos los ataques al catalán han ido en esta dirección. Se ha acusado al sistema de inmersión lingüística de querer imponer el catalán en las escuelas y de denigrar a los alumnos de habla castellana. Paradojas del destino, los que formulan estas acusaciones son los herederos de un sistema autoritario que prohibió, persiguió el catalán y no tuvo reparos en detener, humillar y dar palizas a todo aquel que hablara dicha lengua. Memoria. Lo que falta en este país es memoria y no tanques o submarinos, señores del Ministerio de Defensa. Evidentemente, sin ningún tipo de mayoría social en Cataluña, el Partido Popular nunca ha podido tumbar el sistema lingüístico.

Su única baza ha sido acudir a su tribunal más fiel, “el Constitucional”, para que tumbara todas las leyes posibles que aprobara el Parlament de Cataluña, sin importar cual fuera su contenido. A pesar de ello, los ultranacionalistas españoles nunca habían tenido la oportunidad de tocar directamente la legislación lingüística en Cataluña. Hasta hoy. Utilizando la ya muy conocida excusa que el independentismo es fruto de un supuesto adoctrinamiento perpetrado por la “malvada escuela catalana”, y con la inestimable ayuda del gravísimo atentado a la democracia como es la aplicación del 155, el Partido Popular tiene carta blanca para poder cambiar las normas en materia de lengua en Cataluña. Su propuesta no deja lugar a dudas: dejar escoger a las familias entre una enseñanza completamente en castellano o en catalán, lo cual supondría el inicio del camino hacia la segregación lingüística, que lejos de mejorar la situación social, la agravaría aun más.

Ante esta grave amenaza a la lengua catalana existe solamente una solución: un Gobierno estable en Cataluña. Si el objetivo es proteger las instituciones en Cataluña, su lengua y su cultura de la mano corrupta y homogeneizadora del PP, es imprescindible la unidad de las fuerzas catalanistas, sean independentistas o no. Un frente común para impedir que los intransigentes y los intolerantes nos lleven de nuevo a los tiempos de la una, grande y libre. Y si al final éstos vinieran con todo su arsenal de odio e imposición, no cabe duda que se encontrarían con un sinfín de profesores, alumnos y por supuesto de ciudadanas y ciudadanos comprometidos, para quienes su lengua es uno de sus patrimonios identitarios más importante. ________________

Tomàs Garcia-Espot es socio de infoLibre

Los tuiteros a favor y en contra de la enseñanza de la lengua propia catalana se han dejado oír en las redes.

Tampoco el diputado de ERC Gabriel Rufián ha querido dejar pasar la ocasión:

Carme Riera lleva años moviéndose, creando, en el bilingüismo. Miembro Real Academia Española (RAE), donde ocupa el sillón n minúscula, y presidenta del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), emplea el catalán para las novelas y el castellano para los ensayos, y ya en 1995 recibió uno de los premios nacionales concedidos desde el Ministerio de Cultura: el de Narrativa, gracias a Dins el darrer blau (En el último azul). Ahora acaba de ganar el Nacional de las Letras y, entre sus primeras declaraciones, éstas:

"El premio es un reconocimiento a la escritura bilingüe, un reconocimiento de que el Estado tiene diversas lenguas y algunas con una tradición cultural muy fuerte."

El galardón, que fue creado en 1984 y lo otorga el Ministerio de Cultura, premia no un libro sino el conjunto de la obra literaria de un escritor español y fue concebido como un complemento del Premio Cervantes de literatura en castellano, para poder incluir a autores de otras lenguas. "Ésta es una primera iniciativa del Gobierno por tender una vía de entendimiento y cooperación de las autonomías del Estado Español", llegó a decir el entonces ministro de Cultura, Javier Solana.

De hecho, el primero en la nómina de ganadores es Josep Vicenç Foix (J.V. Foix), el único de los siete candidatos cuya obra había sido escrita en una lengua distinta del castellano.

Después lo obtuvieron autores en catalán o bilingües como Joan Coromines (1989), Pere Gimferrer (1998), Martín de Riquer, Miquel Batllori (2001), Joan Perucho (2002), Josep Maria Castellet (2010) y, por fin, Riera.

Llamativo: en la lista no hay ningún autor en gallego o en euskera, que sin embargo sí aparecen entre los galardonados con el Nacional de Narrativa, que premia una única novela y que en su tercera etapa (ha sido víctima de los vaivenes sociales y políticos), iniciada en 1977, ha recaído en Alfredo Conde por Xa vai o griffón no vento (El Griffón, escrita originalmente en gallego, 1986); Bernardo Atxaga por Obabakoak (euskera, 1989); la citada Carme Riera (1995); Manuel Rivas por ¿Que me queres, amor? (¿Qué me quieres, amor?, gallego, 1996); Unai Elorriaga por SPrako tranbia (Un tranvía en SP, euskera, 2002); Suso de Toro por Trece badaladas (Trece campanadas, gallego, 2003); y Kirmen Uribe por Bilbao-New York-Bilbao (euskera, 2009).

Nacional a la par que polémico

Aunque para gustos, colores, la categoría de los galardonados con el Nacional de las Letras ha dado pábulo a pocas polémicas… literarias. Pero las ha habido políticas.

A raíz de la concesión del premio a J.V. Foix, un grupo de intelectuales, entre ellos el escritor Manuel de Pedrolo, manifestó su desacuerdo con que lo aceptase por llamarse "nacional" y ser de ámbito español.

No obstante, quienes lo han recibido lo han hecho gustosos, y conscientes en algún caso de su papel de puente. Joan Perucho proclamó que se sentia “cómodamente bilingüe”. "Mi padre era catalán y mi madre nació en Medina del Campo –dijo–. Me he educado leyendo tanto a Ramon Llull y Ausiàs March como a Quevedo y Cervantes".

Un espíritu similar al que animaba a Josep Maria Castellet. "Sospecho que me han dado el galardón por toda una serie de actividades que he desarrollado en mi vida y por el interés enorme por hacer contactos entre las lenguas", declaró quien en sus últimos libros de memorias hablaba de una "voluntad de concordia" entre las lenguas españolas y las culturas.

Pero han pasado los años, y Riera ha creído oportuno recalcar que "el premio es un reconocimiento a la escritura bilingüe, un reconocimiento de que el Estado tiene diversas lenguas y algunas con una tradición cultural muy fuerte". Afirmación que nos ha llevado a preguntarnos si las instituciones culturales del Estado reconocen la diversidad lingüística. Y si la literatura en catalán, euskera y gallego se traduce lo suficiente al castellano (o a las otras lenguas del estado).

El reconocimiento

Víctor F. Freixanes, director de Editorial Galaxia, admite que “formalmente sí”, reacción que anticipa un “pero”. “Pero, en la práctica sigue siendo una asignatura pendiente. Para el conjunto de los españoles, la producción literaria en euskera, catalán o gallego, salvo muy contadas excepciones, son grandes desconocidos. Y eso explica muchas actitudes y prejuicios, porque no se puede amar lo que no se conoce. Fomentar cauces de conocimiento entre esas realidades culturales me parece fundamental, diría que un principio básico (y urgente) para construir cualquier futuro posible. Desde el discurso dominante de las instituciones, la diversidad cultural y lingüística de España tiende a verse como un problema, cuando es una riqueza patrimonial de la que todos deberíamos sentirnos orgullosos”.

Maria Bohigas, directora de Club Editor, señala que “plantear la pregunta en términos de reconocimiento señala la raíz del problema”. Y a partir de ahí, se explica. “Las instituciones culturales del Estado no deberían limitarse a reconocer la diversidad lingüística, cosa que muy a menudo no hacen (el Instituto Cervantes colecciona los atropellos): tendrían que promoverla como bien común. En primer lugar, a través de la escuela. No se puede enseñar la historia y la literatura españolas sin poner en el centro la diversidad cultural, que incluye la lingüística y la religiosa. El libro que Cervantes salva de la hoguera en el Quijote es Tirant lo Blanch de Joanot Martorell. En cambio el modelo escolar parido por la democracia excluye la diversidad lingüística (y la religiosa) del patrimonio común y la regionaliza –a cada cual los suyos–. Y así Mercè Rodoreda, a quien García Márquez consideraba una de las escritoras más grandes de la península y del siglo XX europeo, en vez de ser leída y estudiada en español como valor literario que nos concierne a todos, queda sepultada en la común ignorancia.”

Blanca Llum Vidal, una joven autora catalana nacida en 1986, incide en la base política del problema. “Las instituciones culturales (y políticas) del Estado español, ancladas en la legislación del 78, asumen que 'la riqueza de las distintas modalidades [la cursiva es mía] lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Y nos pide que entendamos su extrañeza: “Lejos de reconocer la pluralidad lingüística, llamar modalidad a una cosa es considerarla como una variante de otra; por tanto, es negar su especificidad, su identidad propia, y, en último término, su diferencia en la igualdad. La dinámica centralista del Estado Español es de sobras conocida, sí. Pero lo que sorprende del artículo es lo que revela: España considera que hay que proteger a las demás lenguas (nosotros les llamamos lenguas) del Estado. ¿Qué implica proteger si no constatar que existe una vulnerabilidad o una precariedad? ¿Qué es proteger si no evidenciar que hay algo que necesita ser defendido? ¿Por qué habría que ayudar a algo que no sufre daño alguno?”.

Sentirlas como propias

La segunda pregunta era si la literatura en catalán, euskera y gallego se traduce lo suficiente al castellano (o a las otras lenguas del estado)…

Freixanes habla de su propio esfuerzo editorial, del trabajo que realizan para dar a conocer autores y autoras contemporáneas, de lo mucho que les cuesta… y de que “el desconocimiento alimenta prejuicios”.

Bohigas se asombra de la cantidad de autores, “clásicos de primera importancia o contemporáneos que están construyendo una obra consistente”, que jamás han sido traducidos. Pero más grave que la cantidad insuficiente de traducciones le parece “la predisposición a no asumir que la literatura peninsular se produce en distintos idiomas. Y es simplemente así: la cultura española tiene que leerse en sus distintas voces para comprenderse. De otra forma lo que hay es una cultura castellana, o sea no precisamente nacional”. Y propone, como prueba del algodón para medir la dimensión del problema, “por qué en España hay un conocimiento y una curiosidad tan escasos por los autores suramericanos. Todo indica que la herencia de los Reyes Católicos está viva”.

Vidal, por su parte, nos habla de un poeta mexicano afincado en Cataluña, Orlando Guillén, que “hace años que terminó su monumental obra de doce poetas catalanes (y un apéndice de varia intención) traducidos al español. Que se impida una y otra vez publicar esta obra única, esa obra que necesita del apoyo institucional para poder editarse, esas ganas de acercamiento, esa voluntad de hacer conocer, es algo que plantea muchas dudas sobre el supuesto interés que muestra España hacia la literatura catalana”.

Y tras constatar que este año les llueven los premios (Arnau Pons Roig se ha hecho con el Premio Nacional a la Mejor Traducción 2015 por su traducción de Cristall d'alè/Atemkristall, de Paul Celan), propone como medida de normalidad no que se premie a autores cuya obra no está escrita en castellano, sino el que sus obras se traduzcan, la crítica las reseñe y sean leídas en las escuelas. “Me gustaría pensar que sí, pero la historia (también la reciente) me impide imaginármelo así”.

Las personas que hablan dos idiomas tienen más materia gris en la región de control ejecutivo del cerebro que quienes dominan una sola lengua, según sugiere un nuevo estudio publicado en la revista Cerebral Cortex y recogido por Europa Press.

En las últimas décadas, se ha avanzado mucho en la comprensión de bilingüismo. Al principio se pensaba que era una desventaja porque el manejo de dos vocabularios provocaría un retraso en el desarrollo del lenguaje en los niños. Sin embargo, se ha demostrado que los individuos bilingües obtienen mejores resultados, en comparación con los monolingües, en tareas que requieren atención, inhibición y memoria a corto plazo, denominados como "control ejecutivo".

Esta ventaja bilingüe se cree que es producida por el uso y manejo de dos lenguas habladas a largo plazo. Pero se mantiene el escepticismo acerca de estas ventajas, ya que no se observan en todos los estudios.

"Las inconsistencias en los informes sobre la ventaja del bilingüísmo vienen principalmente de la variedad de tareas que se utilizan en los intentos para obtener la ventaja", dice el autor principal, Guinevere Eden, DPhil, director del Centro para el Estudio de Aprendizaje de la Universidad de Georgetown Medical Center (GUMC).

"Teniendo en cuenta esta preocupación, tomamos un enfoque diferente y comparamos el volumen de materia gris entre bilingües y monolingües adultos. Pensamos que la experiencia con dos idiomas y la mayor necesidad de control cognitivo para usar adecuadamente daría lugar a cambios en el cerebro en personas bilingües en español e inglés en comparación con lo observado en las personas monolingües en inglés. Y de hecho se observó mayor materia gris en las regiones frontal y parietal del cerebro de los bilingües, que son las implicadas en el control ejecutivo".

La materia gris del cerebro se demostró que difiere en volumen en función de las experiencias de las personas. Un estudio reveló que los taxistas de Londres tienen más materia gris en áreas del cerebro involucradas con la navegación espacial.

Ante este escenario, el equipo dio un paso más. "Nuestro objetivo era abordar si la gestión constante de dos lenguas habladas conduce a ventajas cognitivas y a una materia gris más grande que habíamos observado en los bilingües español-inglés, o si otros aspectos de ser bilingüe, como el amplio vocabulario asociados con tener dos lenguas, podría ser responsable de ello", explica Olumide Olulade, autor principal del estudio y becario posdoctoral en GUMC.

Los investigadores compararon la materia gris en los bilingües de lenguaje de señas americano (ASL) y el inglés hablado con los usuarios monolingües de inglés. Tanto los bilingües español-inglés como los ASL-Inglés comparten cualidades asociadas con el bilingüismo, como el tamaño del vocabulario. Pero a diferencia de los bilingües de dos idiomas hablados, los bilingües ASL-inglés pueden firmar y hablar al mismo tiempo, lo que permite a los investigadores probar si la necesidad de inhibir la otra lengua podría explicar la ventaja bilingüe.

"A diferencia de los hallazgos para los bilingües español-Inglés, no se encontraron pruebas de una mayor materia gris en los bilingües ASL-Inglés –dice Olulade–. Por lo tanto se concluye que la gestión de las dos lenguas habladas en la misma modalidad, en lugar de simplemente un vocabulario más amplio, conduce a las diferencias que observamos en los bilingües español-inglés".

Unas 20.000 personas, 25.000 según los datos de la organización, han recorrido este domingo las calles de Santiago de Compostela en defensa del uso del idioma gallego y para mostrar su rechazo a la política lingüística de la Xunta, que ven "culpable" del descenso del número de hablantes.

Bajo el lema Polas fillas dos nosos fillos y convocada por la plataforma Queremos Galego, la marcha ha partido poco antes de las 12,30 horas de la Alameda compostelana con rumbo a la Praza da Quintana. En ella, además de colectivos de todo tipo y miembros de la cultura gallega han participado representantes de los grupos de la oposición en Galicia, PSdeG, AGE y BNG.

"En la práctica el gallego no funciona como lengua oficial y, una vez más, el Gobierno gallego está empeñado en desmontar esa oficialidad formal que se conseguida fruto de la movilización de la sociedad en su conjunto", ha denunciado el portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira.

En este sentido, ha considerado que, la de este domingo, será "una multitudinaria demostración de la unidad del pueblo gallego en torno a su lengua", "unidad que el Gobierno del Partido Popular en Galicia pretende romper".

Sólo de uno de cada cuatro menores de 15 años habla gallego

Según la última encuesta del Instituto Galego de Estatística (IGE) sólo uno de cada cuatro menores de 15 años habla habitual o mayoritariamente gallego. Un 22% reconoce que no sabe nada, o poco gallego, pese a que la escolarización en la lengua autonómica es obligatoria.  En todas las franjas de edad, un 57,3% lo sabe hablar mucho y un 29,6%, bastante.

El retroceso no es nuevo. Entre 2003 y 2008 quienes hablaban siempre gallego se redujeron del 43,2% al 30,29%. De 2008 a 2013, el porcentaje de gallegohablantes ha permanecido estable, mientras que el de castellanoparlantes se ha disparado al 26,25%. Han aumentado los monolingües pese al decreto de plurilingüismo de 2010, del Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Hasta entonces, se repartían al 50% las materias entre el castellano y el gallego. Con el decreto, se introdujo el inglés. La Real Academia Galega ya pidió el pasado mes de diciembre su derogación.

“Estas hablando del castellano, una lengua románica, que ha sido impuesta en un país que no es real como es el caso de España. De haber cambiado el final en alguna batalla del medievo podríamos hablar lenguas lusofonas o ¿serian español? y ¿Qué pasa con el resto de lenguas? el gallego, el catalán, el babel, el castúo, la fabla aragonesa ¿son variantes del castellano? o son ¿variantes del español?”

“Efectivament, l'espanyol no existeix, es parla castellà, galego, euskera ...”

“El meu pare era immigrant i la meva mare de Figueres, els dos republicans i del PSUC, i en això em van educar. Gràcies a aquestes opinions tan espanyoles, molts dels que hem cregut en un projecte federal, a dia d'avui no dubtem quel'única sortida és la independencia”.

En todo el mundo cuando se refieren a nuestro idioma, lo hacen diciendo el idioma español, solo en España muchos se refieren a él como castellano, el castellano ya no se habla, hablamos un idioma que partiendo del castellano se enriqueció con los distintos idiomas de nuestra patria y los de allende de nuestros mares. Y el resto de las lenguas autóctonas se mezclaron con otras para enriquecerse igual que el castellano, esas lenguas han evolucionado adaptando palabras del español. añadiendo o quitando una o más letras para parecer propias, o vocablos de otros idiomas (merci o vergogna - para que desaparezca la ñ-), están en su derecho, pero de ahí a decir que su idioma es puro va un abismo. Dicen que hablamos el castellano, pero no es así, una muestra de castellano es:

“Cono aiutorio de nuestro dueno Christo, dueno /salbatore, qual dueno /get ena honore et qual duenno tienet ela mandatione cono Patre cono Spiritu Sancto enos sieculos delo sieculos. Facanos Deus Omnipotens tal serbitio fere ke denante ela sua face gaudioso segamu”.

Todo empezó bajo el gobierno del imperio romano, año 19, la región se hizo conocida como Hispania, y sus habitantes aprendieron el primer idioma como tal, el latín de los comerciantes, colonizadores, administradores y soldados romanos. Cuando el latín clásico de las clases educadas de Roma se mezcló con las lenguas preromanas de los iberos, celtas y cartagineses, apareció una lengua llamada latín vulgar. Siendo el origen de muchas de las lenguas autóctonas criadas en la Península Ibérica, entre ellas el castellano y el catalán que crecieron juntas, y como lenguas hermanas se han prestado muchas cosas a lo largo de los siglos. Por eso en español encontramos hoy un número nada desdeñable de léxicos de minorías lingüísticas.

Documentos escritos, establece cinco lenguas pre-romanas en la Península: celta, ibero, cartaginés, griego y fenicio, además del vasco que, para otros autores como Schmoll o Untermann no era una de las lenguas que existían en España antes de la llegada de los romanos, sino que fue quizá introducido en época romana o altomedieval".

Dentro de la zona indoeuropea hay dos lenguas claramente diferenciadas, el lusitano y el celtibérico. El Celtibérico lengua céltica de rasgos arcaicos, documentado en inscripciones realizadas en escritura ibérica, lo cual es una dificultad adicional por las carencias de la escritura ibérica para reproducir una lengua distinta a la ibera, y el Lusitano, como lengua es el único ejemplo en la península que podemos contraponer al celtibérico como otro dialecto indoeuropeo que ha llegado a nosotros; en el año 1935 Herrando Balmori afirmaba que estaba escrita en un dialecto céltico arcaico.

Mientras que en la zona no indoeuropea encontramos la lengua del Suroeste de la Península, donde se realizó la más primitiva escritura hispánica, con testimonios por todo el Levante, el valle medio del Ebro y Cataluña, el ibero de distintas tribus que poblaban la Iberia 600 años a.n.e., ver mapa (España pre-romana). El celtibérico junto con el ibero fueron influenciados a su vez por fenicios y griegos, una asimilación debida en gran parte a contactos comerciales, o por invasiones como fue la celta, cartaginesa, romana e indoeuropea.

El castellano existió y el español existe a pesar de querer ignorarlo determinadas personas a la que su chovinismo les ciega, se ha celebrado el VI Congreso Internacional de la Lengua Española en Panamá ente el 20 y 23 de octubre del 2013, con 20 países hispanohablantes más EE U; pero si insisten en decir que tienen un idioma propio sin influencias, podrían probar con el idioma de los iberos que aparecen en el mapa (pre-iberos e iberos), entonces eran idiomas verdaderamente propios, como el layetano, auson, cosetano…, no producto del comercio o de las invasiones.

Siento autocitarme, pero solo hablo del idioma español, sin mencionar para nada la forma de Estado, pero si quieren mi opinión sobre las nacionalidades puedes leerla, también me extraña la xenofobia demostrada al decir ser militante del PSUC, porque no has entendido los principios del socialismo, su lema, Libertad, Igualdad y Fraternidad, y el idioma no es una causa para la independencia xenófoba que proclamas.

Bibliografía:

The Ancient Languages of Spain and Portugal, Tovar A., New York 1961 , S.F. Vanni Publisher and Booksellerrs,.

La escritura en la España prerromana, Caro Baroja, J.

Historia de España, Menéndez Pidal, R., Madrid 1954, págs. 677-812

La varietá linguistica sull'Iberia prerromana, UNTERMANN, J, AI í2 N, 3, 1981, págs. 15-35

Las lenguas y la epigrafía prerromanas de la Península Ibérica, DE HOZ, J., Actas del VI Congreso Español de Estudios Clásicos.

Sobre el ibérico, recogidos en Misceláneas:Historia-Arte-Arqueología, Gómez Moreno, M., Madrid 1949

La Celtibérica, Lejeune, M., Universidad de Salamanca 1955.

Romanización y lengua vasca, Michelena, M., FoontesLinguae Vasconum 1984

Comentarios sobre el idioma y el catalán, por Francisco Quevedo (1580-1645), Antonio Maura (1853-1895), Miguel de Unamuno (1864-1936), Pio Baroja (1872-1956), Salvador de Madariaga (1886-1978), Rafael Sánchez Ferlosio.

José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre

[Ya está, C.V. actualizado. Nivel de #Lapao: ¡avanzado!]

No se vayan a pensar, el actor tiene sus incondicionales:

Y luego están aquellos capaces de hacer un chiste de cualquier cosa:

Hasta el propio Toni Cantó se ha quejado de lo de siempre, de la descontextualización de sus palabras:

Y aquí las palabras precisas de Toni Cantó. Estaban hablando del bilingüismo cuando se produjo la respuesta que sigue:

(Pregunta) Pero tacharlo de fascismo cuando viene dado por instituciones democráticas, que además son de distinto signo en Valencia y Cataluña…

(Respuesta) Es que hay límites, no pueden pasar por encima de mi libertad. De la misma manera que no se puede decidir que se permita a los pederastas campar a sus anchas. Bueno, a lo mejor debería poner otro ejemplo, porque si comparo lo de la lengua con estas cosas ya voy jodido, con el mes que llevo… Pero es que hay límites.

El diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Toni Cantó ha asegurado en una entrevista en Jotdown que en Cataluña y parte de la Comunitat Valenciana no se permite estudiar en castellano, y que las instituciones no pueden pasar "por encima" de las libertades individuales en materia lingüística "de la misma manera que no se puede decidir que se permita a los pederastas campar a sus anchas".

Cantó también ha calificado la inmersión de "fascismo lingüístico" y ha afirmado que aunque el Tribunal Constitucional ha sentenciado que no se puede imponer un determinado idioma en la enseñanza, en Cataluña "se lo pasan por el forro, lo cual es alucinante también". El diputado concluye que la situación que se vive en Cataluña no ocurre en prácticamente ningún otro país: "Bueno, uno. Creo que sí, me parece que en las Islas Feroe, lo vi en un artículo", añade.

A lo largo de la entrevista, el parlamentario también dedica duras palabras al nacionalismo, a su juicio, "una de las cosas más retrógradas que existen", y apuesta por que se recoja en el Código Penal el "negacionismo" del terrorrismo de ETA: "Lo mismo que sucede en Alemania con los nazis". Por último, exige la ilegalización de Amaiur: son "el lobby de ETA en el Congreso", señala a este respecto. "No hay más que verles las caras", señala.

Un habitual de los 'Trending Topic'

Tras la publicación de las palabras de Cantó, su nombre se ha convertido en uno de los temas más comentados en Twitter, y el diputado ha asegurado que se le está atribuyendo una comparación que no ha hecho. No es la primera ocasión: el parlamentario ha causado varias polemicas anteriormente.

Por ejemplo, la semana pasada comparó en su blog la "intimidación" que suponen a su juicio los escraches con el hecho de recibir mensajes amenazantes a través de su perfil en Twitter. Cantó aprovechó la ocasión para pedir una "reflexión" acerca del uso de las redes sociales y sobre la "impunidad" y la "cobardía".

Tampoco pasó desapercibido un comentario de Cantó sobre el perfil de Twitter de Arnaldo Otegi. "¿Todos los presos en España tienen las mismas facilidades que Otegi para tuitear y hacer propaganda desde su celda?", se preguntó antes de ser advertido de que Otegi, actualmente preso, no gestiona su propio perfil. "Luego no os quejéis si algún político no pone en su bio que su cuenta está manejada por un tercero", añadió en respuesta a las críticas. "Si alguien puede entender lo que es un calentón de Twitter, soy yo", añade en la entrevista citada.

Otras polémicas en las que se ha visto envuelto Toni Cantó estuvo relacionada con el déficit de Canal Nou.Cantó publicó en Twitter un vídeo en el que se observaba como un misil volaba las instalaciones de la cadena junto al comentario "Muy bueno!!! Una posible solución al déficit de Canal 9". Tras exigirle la dirección de la cadena una disculpa por mostrar "su desprecio por el trabajo de los profesionales" de la empresa, Cantó aclaró que sólo se había tratado de una broma.

La violencia de género y la "asimetría penal"

Pero quizá la polémica más intensa protagonizada por Toni Cantó sea la relativa a la violencia de género y a las denuncias interpuestas por las mujeres maltratadas. "La mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas. Y los fiscales no las persiguen. Las estadísticas son sesgadas", afirmó en febrero de este año. Ese mensaje en su perfil fue sólo uno de los muchos que publicó el político tras una reunión con la Federación de Afectador por las Leyes de Género, una organización contraria a las actual legislación en la materia que le proporcionó datos que, como posteriormente tuvo que reconocer Cantó, estaban manipulados: "Pido disculpas. Me he equivocado al dar por contrastados unos datos de Feder Gen sobre un tema tan grave como es la violencia de género", rectificó horas después..

A pesar de la disculpa, el de la violencia de género es uno de los temas sobre los que el diputado acostumbra a realizar afirmaciones más controvertidas. En la mencionada entrevista, por ejemplo, insiste en que existe una "asimetría penal injustificable e injusta, que perpetúa el rol de género más machista".

¿Qué ocurre cuando una familia no está conforme con la lengua en la que su hijo recibe la enseñanza? Depende de en qué comunidad autónoma resida. Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Galicia y Cataluña han dictado fallos en direcciones opuestas que no permiten contestar a la pregunta inicial de forma clara.

El TSJ catalán ha respondido a los recursos de varias familias que la Consejería de Educación debe introducir el castellano en la totalidad de las aulas en las que algún alumno haya solicitado esta posibilidad por vía judicial. De esta forma, la decisión individual de un estudiante termina afectando a todos sus compañeros: “Ha de adaptarse a toda la clase o unidad escolar de la que forma parte ese alumno”, reza el auto con fecha de 6 de marzo y conocido ayer miércoles, 10 de abril. Así, la Administración catalana se verá obligada a extender el modelo bilingüe incluso si una sola persona efectúa la petición. Este curso, la solicitudes han caído más de un 80% y menos de 20 familias han reclamado esta posibilidad.

El tribunal rechaza la atención individualizada, que ha sido considerada discriminatoria por el Tribunal Supremo, y también excluye de forma explícita la opción de que el hijo de la parte actora sea separado en una clase diferente de la del resto de sus compañeros. Otra sentencia, del 19 de febrero de 2013, indicaba que el derecho de las familias que piden escolarizar a sus hijos en castellano se reconoce con la "entera transformación del sistema", entendiendo esto como el colegio y el curso completo de los alumnos en cuestión.

El criterio de la comunidad educativa

La situación es bien diferente en Galicia. El decreto 79/2010, aprobado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP), y que regula el plurilingüísmo en la educación no universitaria de la comunidad, establece un mínimo de asignaturas en castellano y en gallego dependiendo de la etapa educativa –primaria o secundaria–. Dejando al margen estas materias y las asignaturas de lenguas extranjeras, es la comunidad educativa de cada centro la que decide en qué lengua se imparte cada materia, si bien la norma especifica que deben ofrecerse el mismo número de horas en uno y otro idioma.

Además de por dejar la decisión en manos de los educadores y no de las familias, la situación de Galicia es bien diferente a la de Cataluña porque la Justicia anuló expresamente la posibilidad de que los alumnos y sus padres eligieran en qué lengua querían recibir la enseñanza. "El alumnado podrá utilizar en las manifestaciones oral y escrita le lengua oficial de su preferencia", señalaba inicialmente el decreto educativo gallego. En respuesta a un recuerdo de la Confederación Intersindical Gallega de la Enseñañnza (CIG-Ensino), una sentencia del TSJ de Galicia de 2012 eliminó este párrafo.

La argumentación del fallo fue contundente: "Si tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la doctrina del Tribunal Constitucional se muestran contrarias a que esta materia de la enseñanza se halle condicionada por la libertad de opción de los interesados, no resulta lógico que se otorgue dicha libertad al alumnado", indica. De este modo, los estudiantes deben respetar en cada materia la decisión de la comunidad educativa, que es quien tiene en su poder la elección.

La citada sentencia también recuerda que el artículo 27.3 de la Constitución española solamente reconoce la libertad de elección de los padres en lo relativo a la formación religiosa y moral de sus hijos, para que la reciban de acuerdo con sus propias convicciones, "con lo que implícitamente deja fuera de dicha posibilidad la relativa a la lengua de enseñanza", concluye.

Consultar a los padres, opción descartada

Por último, los tribunales gallegos rechazaron con contundencia la posibilidad de que fuera una mayoría de los padres la que decidiera qué lengua debía utilizarse como vehicular en Educación Infantil, una posibilidad que contemplaba la legislación aprobada en 2010 por el Gobierno de Feijóo.

El párrafo impugnado y posteriormente eliminado del texto legal señalaba: "La lengua materna predominante del alumnado será determinada por el resultado de una pregunta que se efectuará a los padres, madres, tutores/as o representantes legales del alumno/a antes del comienzo del curso escolar acerca de la lengua materna de su hijo o hija".

Ante esta posibilidad, la sentencia recuerda que la Administración "no puede abdicar" del deber de programar la enseñanza "sometiendo a votación un aspecto tan fundamental como la lengua a emplear", y que de hacerlo vulneraría el artículo 27.5 de la Constitución.