El arranque del juicio por dos de las piezas separadas del caso Cooperación tendrá que esperar. La Audiencia Nacional decidió el pasado lunes aplazar el proceso en el que se juzgan las irregularidades en la gestión de los fondos de la Generalitat Valenciana destinados a países del Tercer Mundo después de que las defensas de todos los acusados alegaran falta de tiempo para preparar la vista oral. En la causa están procesados el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco y otras 23 personas. Sin embargo, una de ellas ni siquiera hizo acto de presencia en la que iba a ser la sesión de apertura. Adolfo Soler Sempere, uno de los hombres fuertes del considerado junto a Blasco cerebro de la trama, el empresario Augusto César Tauroni, se fugó en plena tormenta mediática por la adjudicación irregular de un hospital en Haití y, desde entonces, no se le ha vuelto a ver por España, a pesar de que había confirmado a su defensa que estaría presente en la Ciudad de la Justicia para el arranque del proceso. 

Sempere, que huyó a Bolivia en junio de 2011, aseguró a su abogado que no pudo coger el avión de vuelta por problemas de salud. A la vista de su ausencia, el fiscal Anticorrupción anunció que había solicitado a las autoridades bolivianas que envíen a un equipo forense para confirmar que el testaferro, señalado por la defensa de Tauroni como uno de los hombres “clave” del juicio, tiene la enfermedad que asegura. De no ser así, el Ministerio Público propuso que se solicite la extradición del acusado. El caso de Sempere no es una excepción. En los últimos años, varios procesados por delitos de corrupción han intentado esquivar la acción de la justicia refugiándose fuera de España, aunque en la mayoría de los casos han terminado encontrándolos y trayéndolos de vuelta. El ejemplo perfecto es el caso Malaya, donde hasta cinco procesados se esfumaron sin dejar rastro –a día de hoy sólo uno permanece fugado–. Pero las espantadas también se han podido ver en otras causas, como el caso Emarsa en la Comunitat Valenciana.

Los cinco fugados del caso Malayacaso Malaya

El 27 de junio de 2006, la Policía Nacional llevó a cabo por orden del juez Miguel Ángel Torres la segunda tanda de arrestos de la operación Malaya, símbolo de la corrupción marbellí. Entre los objetivos de esta nueva actuación policial se encontraba Carlos Fernández, exconcejal del Partido Andalucista en Marbella. Pero cuando los agentes llegaron a su domicilio, el exedil andalucista, que había dejado su acta unos meses antes tras ser condenado a dos años de prisión por otro caso de malversación de caudales públicos, se había esfumado. En los registros, la Policía encontró 3.500 euros en billetes de 500, anotaciones sobre los tejemanejes y la estructura societaria de Juan Antonio Roca, principal investigado en el caso Malaya, y una recopilación de información sobre personas y empresas vinculadas a los negocios de Marbella. Un año después de aquello, el instructor de la causa atribuyó a Fernández los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude. Sin embargo, el rastro del también exconcejal de Deportes con Jesús Gil al frente del consistorio malagueño se había perdido en Latinoamérica.

Once años después, en septiembre de 2017, Fernández reapareció. El exconcejal, al que siempre le ha acompañado la fama de ser el principal garganta profunda del caso Malaya, se entregó a las autoridades argentinas después de que su representación legal solicitase al juzgado que instruyó el procedimiento que se pronunciara sobre la prescripción de los delitos que pesaban sobre el exedil marbellí, un movimiento que chocó en primer lugar contra el órgano instructor y, después, contra la Audiencia Provincial. Desde que se entregó, la justicia argentina ha estudiado la extradición analizando cada una de las causas por las que España reclamaba a Fernández. En cinco de ellas, ha concluido que los delitos por los que había sido investigado ya estaban prescritos. Sin embargo, en la conocida como Saqueo II, por la presunta comisión de malversación y falsedad en documento mercantil durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL), el juzgado federal consideró que los delitos seguían vivos. No obstante, la decisión fue recurrida ante la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, el exedil andalucista no ha sido el único salpicado por el caso Malaya que ha intentado evadirse de la acción de la justicia. En diciembre de 2008, el entonces juez instructor dictó orden de detención contra Francisco Javier Lendínez, exconcejal del GIL investigado en la causa, después de percatarse de que llevaba dos meses sin acudir al juzgado a firmar –medida cautelar que le había sido impuesta–. Cinco años después, en 2013, Lendínez fue detenido en el aeropuerto de Barajas cuando volvía de Tailandia. Su arresto se produjo veinticuatro horas antes de que la Audiencia Nacional diera a conocer la sentencia del caso Malaya. En 2014, fue condenado por la Audiencia de Málaga a cuatro años de prisión por la causa principal, una pena que posteriormente fue incrementada hasta los cinco años de cárcel por el Tribunal Supremo. Y en 2016, la Audiencia Nacional le metió otros dos años y medio de prisión por un delito de malversación de caudales públicos en el marco de Saqueo II, condena que confirmó también el Alto Tribunal.

Otro de los huidos relacionados con esta causa fue Andrés Liétor. El empresario decidió desaparecer en 2014, meses después de haber sido condenado en el caso Malaya a seis años y tres meses de prisión, ocho años de inhabilitación y una multa de 4,7 millones de euros por cohecho, blanqueo, fraude y prevaricación. Y sin rastro de él se estuvo hasta junio de 2016, cuando las autoridades venezolanas anunciaron su detención y, un año después, acordaron su extradición a España. Sin embargo, la justicia española ha tenido menos suerte con el abogado Juan Germán Hoffman y el empresario José Manuel Llorca. El primero, condenado en Malaya a cinco años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, fue localizado en Alemania en noviembre de 2016 pero las autoridades germanas rechazaron su extradición. El segundo es, de todos los fugados, el único que a día de hoy todavía permanece escondido. Llorca, además de figurar en la macrocausa marbellí, ha sido señalado como uno de los cerebros de la estafa de Fórum Filatélico.

Caso Emarsa: de València a Moldavia

El pasado mes de junio, la Audiencia de Valencia dictó sentencia contra los 24 acusados del denominado caso Emarsa, en el que se investigaba el desvío de más de 23 millones de euros de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo. Un desfalco millonario, que se vio traducido en un incremento de la factura del agua, por el que el magistrado impuso una condena global de 97 años, ocho meses y ocho días de cárcel. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de trabas. El juicio tuvo que aplazarse en dos ocasiones. La primera de ellas fue por la ausencia de uno de los encausados, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, que desapareció en 2012 y que fue arrestado por la Interpol en Moldavia en julio de 2015, donde se movía con el nombre de Botnari Alexandr. Tras ser extraditado a España, el empresario tuvo que sentarse en la Audiencia de Valencia junto al resto de acusados del caso Emarsa como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Roca fue condenado a seis años y un día de prisión, aunque la sentencia todavía está a la espera de ser ratificada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, sobre la cabeza del considerado cerebro financiero de la trama Emarsa todavía pesan otras causas judiciales. Por un lado, se enfrenta a cinco años de cárcel por blanquear presuntamente el dinero procedente de Emarsa. Y, por otro, aún tiene pendiente una causa por delito fiscal en la que le piden catorce años de prisión. El pasado mes de enero, el empresario solicitó la nulidad del procedimiento por blanqueo: “No se me puede acusar por un delito por el que no he sido extraditado”. En cuanto a su periplo por la ex república soviética, el empresario aseguró que no se arrepiente porque eso “es de cobardes”. “Yo si me hubiese ido a Moldavia con mi pasaporte falso como tenía que haber hecho, no estaría aquí”, aseveró Roca en declaraciones a los medios de comunicación, añadiendo que en el caso Emarsa “no están todos los que fueron”.

La gira de Roldán por el sudeste asiático

Pero de todas las fugas, la más mediática tuvo lugar en la década de 1990. El conocido como caso Roldán estalló a finales de 1993 con la publicación de una noticia en Diario 16 en la que se señalaba que Luis Roldán había incrementado su fortuna en 400 millones de euros desde que era director general de la Guardia Civil. Poco a poco, el cerco se fue estrechando alrededor del exjefe del Instituto Armado, que fue señalado por El Mundo como uno de los beneficiarios de los sobresueldos procedentes de los fondos reservados que habrían cobrado algunos altos cargos. El 27 de abril de 1994, Roldán no acudió a una declaración judicial y saltaron todas las alarmas. El Gobierno de Felipe González se vio obligado a admitir que Roldán había huido, aunque aseguró que haría todo lo posible para ponerle a disposición de la justicia. Sin embargo, el ex director general de la Guardia Civil no fue localizado hasta un año después. El 27 de febrero de 1995, Roldán fue detenido en Laos. El 2 de marzo, el exjefe del Instituto Armado compareció ante la jueza instructora del caso.

Tres años después de su arresto en el sudeste asiático, la Audiencia de Madrid condenó a Roldán a 28 años de prisión por malversación de caudales públicos, cinco delitos contra la Hacienda Pública, estafa y cohecho continuado. El tribunal consideró probado que el ex director general de la Guardia Civil aprovechó su cargo “para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva” y que Roldán recibió sobresueldos de cinco millones de pesetas mensuales de la Secretaría de Estado de Seguridad con cargo a los fondos reservados a partir de 1990 y de diez millones mensuales desde 1991 hasta su destitución. En diciembre de 1998, el Supremo confirmó los delitos y elevó la condena hasta los 31 años. El fallo del Alto Tribunal abundó en la apropiación de fondos públicos destinados a fondos reservados y en las comisiones que el exjefe del Instituto Armado exigió y recibió a empresas adjudicatarias de la Guardia Civil a cambio de tales adjudicaciones.

El fracaso de Correa

La intención de evadirse de la acción de la justicia también estuvo presente en la Gürtel. El presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, también intentó fugarse cuando las cosas se ponían feas en España. Sin embargo, a diferencia de todos los casos anteriores, el empresario fracasó en el intentó. Tal y como consta en el sumario de la macrocausa, Correa contó por teléfono en enero de 2009 a un administrador de una de las empresas de la trama corrupta que la antigua cónsul de Panamá en Montecarlo, Carmen Leonor Hallax, le estafó “una millonada” por arreglarle “unos papeles” que le permitiesen refugiarse en el país centroamericano en caso de ser investigado, algo que finalmente no hizo. Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal calculó que Correa, que empezó a preparar su fuga después de que la policía registrase en 2008 por orden de Anticorrupción el despacho de uno de sus principales colaboradores, habría pagado  por esa gestión unos 225.000 euros.

El Juzgado con funciones de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional al principal condenado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, al tener "buena conducta" y "pronóstico favorable" a la reinserción. No obstante, le ha impuesto algunas obligaciones para esta concesión, como que siga pagando las responsabilidades civiles que tenga impuestas.

Pero Anticorrupción dice, unido a aspectos como el riesgo de quebrantamiento, que el exasesor de Urbanismo no ha satisfecho aún 53 millones de euros que fue condenado a devolver, precisando que en las dos ejecutorias que se siguen en la Audiencia Nacional, la responsabilidad era de 61 millones de euros, de los que únicamente ha pagado ocho. Será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien decida.

A través de un auto, el juzgado recuerda que Roca cumplió las tres cuartas partes de la condena en junio de 2018, y estaba clasificado hasta ahora en tercer grado desde enero de dicho año, teniendo un dispositivo telemático, por lo que no tenía que ir a dormir al centro de inserción social.

El juez considera que se dan los requisitos mínimos necesarios para la obtención del último grado de cumplimiento de la pena privativa de libertad, como es la libertad condicional, según la resolución, dictada a mediados de enero y que ya es firme, a la que ha tenido acceso Europa Press. Además, el fiscal no mostró oposición a que se le concediera.

No obstante, el magistrado señala que el disfrute de la libertad condicional "queda condicionado a que mantenga su lugar de residencia, con prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización judicial", advirtiendo de que el incumplimiento de dicha condición podría suponer la revocación del beneficio penitenciario.

Se le imponen otras reglas u obligaciones, como la de atender los pagos referidos a la responsabilidad civil declarada para la ejecución de las penas que tiene impuestas. Además, los servicios sociales penitenciarios realizará un seguimiento, teniendo Roca la obligación de comunicarles situaciones como el resultar condenado en un proceso penal durante el periodo de libertad condicional.

Este juzgado de la Audiencia Nacional acordó a finales del mes de enero de 2018 la progresión a tercer grado de Roca, "en la modalidad del artículo 86 TL", que recoge control con medios telemáticos. Así, desde marzo del pasado año, Roca estaba en régimen de semilibertad y contaba con uno de esos dispositivos, por lo que solo tenía que ir al Centro de Inserción Social (CIS) de Málaga cuando era requerido.

En ese momento, el magistrado de la Audiencia Nacional ya indicaba la "excelente conducta penitenciaria", el que tenía actividad "positiva" para abonar las responsabilidades económicas y destacaba que iba a compatibilizar la labor profesional con la de voluntariado, en concreto en un centro dependiente de Cáritas que se encarga de ayuda a la reinserción de ex reclusos.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad sin la imposición de medida cautelar alguna este jueves al empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, tras interrogarle por un supuesto encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo, informa Europa Press.

Su hermano Fernando y dos abogados de la familia que también han declarado deberán comparecer mensualmente ante el Juzgado y comunicar si tienen intención de abandonar el país a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

La detención del empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, su hermano y los dos abogados de ambos estaría relacionada con una reunión que los cuatro mantuvieron con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, investigado por revelación de secretos y extorsión en la Audiencia Nacional.

En la que conversación, que fue grabada, se habría hablado de un vídeo destinado a desprestigiar al exjuez Francisco Javier de Urquía –que fue expulsado de la Carrera en 2007 por aceptar dinero de uno de los investigados de la 'Operación Malaya'–, aprovechando que ahora ejerce como abogado de otro empresario, que debía un dinero a los Muñoz.

Así lo han señalado fuentes presentes en el interrogatorio que ha llevado a cabo este jueves el instructor del caso, Diego de Egea, de los cuatro detenidos y del propio Villarejo, que ha sido trasladado a tal efecto hasta la Audiencia Nacional desde la prisión de Estremera (Madrid), donde cumple prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre.

Según las mismas fuentes, Villarejo se habría negado a responder a las preguntas de De Egea y de los fiscales Anticorrupción sobre este asunto, que se suma a las investigaciones que el juez de la Audiencia Nacional realiza a Villarejo en diferentes piezas del sumario del caso Tándem sobre actividades presuntamente irregulares realizadas por el comisario jubilado a petición de varios clientes. Uno de estos clientes sería Muñoz.

El juez Urquía fue expulsado por el el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en julio de 2007, tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 21 meses de suspensión y al pago de una multa de 73.800 euros por su relación con la trama corrupta desarticulada en la 'Operación Malaya'. La citada cantidad le habría sido entregada por uno de sus investigados, el 'cerebro' de la trama y exedil de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, y fue utilizada en la compra de una vivienda por el exmagistrado.

Según las fuentes consultadas, durante la reunión de Muñoz, su hermano y los abogados de ambos –uno de ellos es Ricardo Álvarez Ossorio– con Villarejo se habló de la existencia de un vídeo en el que Urquía aparece reunido con prostitutas y consumiendo droga. Añaden que dicha información presuntamente confidencial no sería tal, pues este extremo fue revelado por algunos abogados durante el juicio que se celebró en su día por el caso 'Ballena Blanca', relacionado también con la corrupción en Marbella.

Además de los arrestos, en el curso de la operación, acometida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras la apertura de la pieza, se produjeron un total de siete registros en las localidades andaluzas de Marbella y Sotogrande, además de las correspondientes en Madrid.

Villarejo lleva más de nueve meses en prisión provisional por el del 'caso Tándem', que estalló a principios del pasado mes de noviembre al destaparse una presunta trama de corrupción en la que habrían participado varios policías y en la que el comisario está investigado por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.

22 de mayo de 2011. Elecciones municipales en Córdoba, el último gran feudo de Izquierda Unida. No había transcurrido aún una hora desde el cierre de las urnas cuando sonó el teléfono de un colaborador del entonces alcalde, Andrés Ocaña, ascendido a regidor tras la súbita dimisión de Rosa Aguilar para incorporarse, previo abandono de IU, al Gobierno andaluz socialista de José Antonio Griñán. La llamada era desde un colegio electoral de Alcolea, uno de los barrios donde la coalición roja esperaba desmentir el descalabro que auguraban las encuestas. Pero el mensaje llegado desde el otro lado del teléfono destrozó cualquier esperanza: "¡Arrasa Sandokán!". Aquel fue uno de los (muchos) días en que Rafael Gómez Sánchez (Córdoba, 1944), conocido popularmente como Sandokán por su parecido con el actor de la exitosa serie de los 70, sorprendió a propios y extraños con sus logros, surgidos de una inquebrantable fe en sí mismo. ¿Gómez, de concejal? Parecía una locura. Pero ocurrió. Gómez suele lograr lo que se propone. Al menos hasta ahora, cuando todo apunta a su inminente ingreso en prisión, ya como empresario condenado y político fracasado. Acaba la huida hacia delante. Y le aguarda además el pago de una multa de 112 millones de euros.

Un par de horas después de aquella llamada desde Alcolea, con el recuento terminado, llegaba la confirmación. Unión Cordobesa, el partido de autor recién creado por Gómez, se había convertido en el segundo más votado por delante de IU (que pasaba de 11 a 4 concejales) y del PSOE, sólo por detrás del PP de José Antonio Nieto (hoy secretario de Estado de Seguridad). Y además había fundado su espectacular irrupción en barrios populares de tradición obrera y en enclaves marginales, que habían dado la espalda a la izquierda y habían abrazado el mensaje mesiánico, victimista y delirante de Gómez, cuyo éxito político se basaba en parte en el soporte de una tupida red clientelar alrededor de sus empresas. Gómez era el hombre que prometía ser distinto de los políticos, el que iba por los barrios preguntando: "¿Qué necesitas?". Pero sobre todo era el tipo que te podía contratar, el hombre hecho a sí mismo a cuya puerta había que llamar para pedir trabajo. Era el empresario que, si se veía obligado a cerrar por sus problemas judiciales, podía dejar a miles de familias en la calle en la ciudad de la Mezquita. Era el tipo cercano que conocía a toda la ciudad, que se paraba con unos y con otros, que repartía recomendaciones y favores. Sus apariciones en televisión y mítines eran un auténtico show. Tenía algo de Jesús Gil, a quien conoció bien. Fue un preludio cordobés de Donald Trump, aunque él prefería se comparaba con el mismísimo Jesucristo.

El empresario no ocultaba que con su irrupción en política pretendía defenderse de la multa de 25 millones de euros que le había impuesto el Ayuntamiento de Córdoba por la construcción ilegal de unas naves. Daba igual. Eso no mermaba su tirón. Tampoco le hizo daño el que ya en 2011 cargase con problemas legales. En aquellas municipales el pueblo de Córdoba había convertido en jefe de la oposición no sólo a su principal deudor, sino también a un imputado por soborno en el caso Malaya. Gómez siempre se declaró inocente y confió en que la política le permitiría defenderse mejor del embate de la justicia. No se equivocó. Durante años ha resistido. Pero ahora le espera la prisión. Y a Sandokán se le acaban los requiebros para evitarla. Este lunes expira el plazo de ingreso voluntario en la cárcel para cumplir una condena de cinco años y tres meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones de euros.

"¿Dimitir? ¡Dimite tú!"

No es su primera sentencia desfavorable. Gómez ya fue condenado en el caso Malaya por cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión –que no cumplió, al sustituir por una multa– y el pago de 150.000 euros. La prensa le preguntó entonces si pensaba dimitir. "¡Dimite tú!", le respondió al periodista, instante recogido en un vídeo que mueve a la risa o al sonrojo. Lo cierto es que, aunque Gómez pretendía salir indemne, objetivamente la sentencia de Malaya no supuso un varapalo ni para su actividad empresarial ni para su trayectoria política. El empresario seguía manteniendo que su intención era expandir su partido, a la manera de GIL. Pero esta intención resultaba poco verosímil.

Desde el minuto uno quedó claro que Gómez no se movía hábilmente por la arena política. No se leía una moción –él mismo asegura que casi no sabe leer, aunque lo dijo como argumento exculpatorio en su juicio por fraude fiscal–. Entraba con pereza y poca información en los debates, delegándolo casi todo, progresivamente convertido en caricatura de sí mismo. No lidiaba bien con las convenciones de la vida política y la agenda de la prensa. Su grupo municipal se partió en dos y unos y otros se llevaban a los tribunales con los motivos más variopintos. Pese a todo, en 2015 volvió a presentarse en Córdoba. Fracasó. Pasó de cinco concejales a uno, él mismo. Visto que desde ahí no podía condicionar la vida política municipal, dimitió y dejó de concejal a un sobrino, Rafael Serrano. Ahí sigue, como recordatorio de un fenómeno político que parece afrontar su extinción. Un fenómeno, por cierto, que desveló la volubilidad ideológica del voto de IU, que había dominado casi sin interrupción la escena política desde tiempos de Julio Anguita y que saltó por los aires con la llegada de un constructor populista con un cero en cultura política que prometía empleo, casas baratas y legalización de viviendas construidas donde no debían.

Años dorados

Gómez es de Cañero, un barrio currante de Córdoba. Como suele ocurrir con los millonarios de origen humilde, ha sabido mitificar sus inicios. En su caso, vendió pavos, fue cabrero, vendimió en Francia. De regreso a España tras un periodo de emigración, de los 16 a los 21 años, se tiró de cabeza al sector artesanal histórico de Córdoba, la joyería. Le fue bien, de maravilla. Poco dado al conformismo, decidió diversificarse. Entró en tropel en el negocio de la sanidad privada, de los parques de atracciones, de la explotación de diversos activos agrícolas, de la importación de productos chinos... Era un lince. Así que por supuesto –hablamos de finales de los 80, principios de los 90– vio el potencial de la construcción. El barrio del Arenal fue cosa suya, su primer gran negocio. También acudió a la Costa del Sol, el dorado del ladrillo.

Para su expansión inmobiliaria encontró la generosa financiación de Cajasur, presidida entonces por el cura Miguel Castillejo, amigo de Gómez, principal responsable de la negligente gestión de la caja, finalmente absorbida por BBK. Una estatua de San Rafael con su cara –la cara de Gómez– adorna una de sus promociones en Fuengirola (Málaga), destino habitual de vacaciones del cordobés que se lo puede permitir. Del 93 al 98, como tantos otros millonarios del ladrillo, se metió en el mundo del fútbol y presidió el Córdoba CF. Eran sus años dorados. Y eso que Marbella se le resistía. Jesús Gil, con el que había tenido sus roces en el mundillo del fútbol, no le ponía las cosas fáciles para entrar en su territorio. Uno de sus escasos negocios allí, supuestamente previo pago de soborno, fue lo que terminó con su primera condena e inició su cuesta abajo. Gómez lloró durante el juicio.

Una multa de 112 millones

Con su acento cordobés, melena plateada, modales autosuficientes y gusto por la frase lapidaria, Gómez se hizo famoso por su irrupción política y por sus extravagancias durante el juicio de Malaya. Ya había tenido problemas administrativos. "Corre más que los papeles", dijo gráficamente de Gómez el jefe de la patronal cordobesa, Luis Carreto. Pero lo de Marbella era más serio: cohecho. Siempre se mostró convencido de su absolución y siguió defendiendo su inocencia tras la condena. Lo mismo que con el proceso por fraude fiscal. Aunque aquí la condena sí ha sido un palo de los que duelen: cinco años y tres meses de prisión y una multa de 112 millones de euros como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones.

La Audiencia Provincial, ante el recurso de Gómez, ha establecido que la condena es "benigna, una de las mínimas que podía recibir", y eso "a pesar de la escandalosa cuantía de la defraudación". Entiende además que lo que cometió el empresario "no era un mero cúmulo de errores", sino que había un "plan diseñado" para eludir el pago de impuestos de sus empresas promotoras. "No sé escribir y casi no sé leer", alegó Sandokán durante el juicio. "Ni siquiera sé lo que es el IRPF", añadió. Pero no convenció a sus juzgadores. La única buena noticia para Gómez es que su mujer y sus cuatro hijos fueron absueltos. Gómez, ahora retraído en su actividad empresarial, ha dado el relevo a sus hijos, que sí mantienen negocios.

Habitual de los listados de morosos del Ministerio de Hacienda, continúa resistiéndose a entrar en prisión. No es hombre que se rinda fácilmente. Una vez firme su condena, su plan pasa ahora por solicitar el aplazamiento de su ingreso en prisión hasta que se tramite su petición de indulto. En septiembre el juzgado de lo penal 3 de Córdoba ya le concedió una ampliación del plazo para entrar voluntariamente en la cárcel. Dicho plazo se agota este lunes. Si Gómez no vuelve a sorprender a propios y extraños por enésima vez, el que fuera el empresario más popular de Córdoba, también el más excéntrico e incontrolable, perderá en breve su libertad.

La Fiscalía de Málaga ha pedido al Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad malagueña de Marbella, que llevó el caso Malaya, contra la corrupción en dicho municipio, que expida solicitud de extradición por esta causa respecto del exedil marbellí Carlos Fernández, que ha estado fugado once años y permanece detenido desde hace unas semanas en Argentina. El ex edil andalucista está procesado por recibir sobres del exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca.Entiende que el delito que se le imputa en este procedimiento no está prescrito.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales. Fernández se fugó en junio de 2006, en plena segunda fase de la operación Malaya, contra la corrupción en la localidad marbellí, y desde entonces se desconocía su paradero hasta ahora. Pero, el auto de procesamiento dictado por el instructor en dicha causa, en julio de 2007, sí se dirigió contra él.

Así, la Fiscalía considera que en la requisitoria internacional dictada por dicho juzgado en octubre de 2006, decretando la busca y detención de Fernández, se concretaba la imputación como presunto autor de un delito de cohecho y entiende que al hablar de prescripción de un delito hay que tener en cuenta las penas que se establecen en abstracto en el Código Penal, según las fuentes.

Dicha norma -se tiene que aplicar el Código Penal de 1995 - contempla para este delito penas de prisión de dos a seis años y de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a 12 años.

Para el fiscal, el plazo de prescripción de dicho delito es de 15 años ya que una de las penas, la de inhabilitación, es de más de diez años. Así, considera que no está prescrito tomando cualquiera de las fechas, ya sea la comisión de los hechos, que serían los años 2004 o 2005, o cuando se dictó el auto del juzgado con la busca y captura en 2006.

Por esto, pide que el juzgado expida la solicitud de extradición a las autoridades argentinas para poner a disposición de los tribunales españoles al exedil para que pueda ser enjuiciado por los hechos por los que fue procesado.

En el auto de procesamiento se indicaba que en los archivos informáticos hallados en la sede de la sociedad Maras Asesores, del principal condenado en Malaya, Juan Antonio Roca, aparece como uno de los destinatario de sobres unas iniciales que los investigadores asociaron a Carlos Fernández. Así, se precisaba que "habría recibido al menos 150.000 euros, sin contar aquellas cantidades que aparecen innominadas".

La condena, prescrita

Por otro lado, en el caso de la condena de dos años de prisión y tres de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, juzgado por el procedimiento de jurado, la Fiscalía entiende que está prescrita, ya que el Código Penal establece un plazo de prescripción de cinco años para penas menos graves de menos de tres años de prisión, como es este caso. En este caso, insta a que se declare extinguida la responsabilidad penal.

Esta condena se produjo después de que un jurado popular lo considerara culpable de malversar 82.639 euros de subvenciones del Consistorio marbellí para el pago de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-1998. En este procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la sentencia en abril de 2006.

Asimismo, el Supremo no admitió a trámite el recurso en junio de 2007, considerando el ministerio fiscal que tomando dicha fecha había pasado el plazo de prescripción, a pesar de que la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, que fue la que dictó sentencia, decretó la firmeza el 17 de septiembre de 2007 y en octubre se acordó su busca y captura.

Respecto al resto de causas que tenía Fernández cuando se fugó, unas diez, la Fiscalía ha recibido la documentación de los juzgados marbellíes correspondientes y está analizándola para determinar su prescripción o no, según han indicado fuentes fiscales.

La Audiencia Nacional ya ha propuesto al Gobierno español que tramite la solicitud ante las autoridades argentinas para la extradición del exedil por el caso Saqueo II,Saqueo II al considerar también que los delitos por los que está acusado Fernández en esta causa no están prescritos.

Al fin hay señales de vida de Carlos Fernández Gámez, que este mismo viernes se ha entregado en Argentina, poniendo fin al más largo capítulo, el de los once años de huida, de su rocambolesca peripecia. Lo último que sabían los investigadores sobre el más afamado prófugo del caso Malaya es que había pasado por el aeropuerto argentino de Ezeiza en 2008. El 27 de junio de 2006 la Policía, por orden del juez Miguel Ángel Torres, que estaba levantando las alfombras de la corrupción marbellí, había registrado su vivienda. Habían encontrado 3.500 euros en billetes de 500, anotaciones sobre las andanzas y el entorno societario de Juan Antonio Roca y una pequeña recopilación de información de la base de datos Axesor con reseñas de personas y empresas vinculadas a los negocios en Marbella. Pero el concejal no estaba, ni se le esperaba. ¿Dónde estaba Fernández, el entusiasta de Jesús Gil –éste lo fichó después de recibir una arrebatada carta de admiración suya– que acabó convertido en líder del Partido Andalucista en Marbella en los años en que las prácticas mafiosas se convirtieron en ley? Según comunicó a las autoridades, se encontraba haciendo el Camino de Santiago. Enseguida se personaría ante la justicia, afirmaba. Aún lo están esperando.

Su detención se había ordenado en la segunda tanda de arrestos de la operación Malaya, que tenía conmocionado al país, y Fernández ya había visto cómo antes que él otros detenidos en situación parecida iban directamente a prisión provisional. Desapareció. La Policía cree que cruzó hasta Portugal, de allí voló a Brasil... Y ahí se perdió su rastro, entre rumores nunca confirmados que lo situaban en Marruecos o incluso en la propia Marbella, cuyo mar de chalés ofrece un refugio tan discreto como cualquier paraje recóndito. Esta semana Fernández ha dado la cara. A su estilo novelesco, por supuesto. Primero se ha interesado a través de su representante legal en España por la posible prescripción de los delitos de los que se le acusa, diez años después de su procesamiento –ya huido– por parte del juez Torres. Y después, este mismo viernes, se ha entregado en Argentina. Once años después de su huida, Fernández persigue la prescripción de sus delitos, su extradición y su regreso a España limpio de polvo y paja. ¿Puede salirle la jugada? Ni las fuentes judiciales ni los expertos en derecho penal y procesal consultados se atreven a decirlo con una certeza absoluta.

El juzgado de instrucción 5 de Marbella (Málaga), que investigó el caso Malaya, recibió este viernes una comunicación formal de la Interpol: Fernández había sido detenido en Argentina. Ahora el juzgado deberá analizar si los delitos por los que está procesado han prescrito para iniciar o no el proceso de extradición. Torres atribuyó en 2007 a Fernández los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude. El juez estableció que el político andalucista había recibido 150.000 euros de Roca, el cerebro de la trama corrupta, que había creado una mecánica de compra de voluntades para contentar a los concejales y seguir recaudando dinero de constructores a cambio de favores urbanísticos.

A esos 150.000 euros se sumarían, según Torres, las famosas "cantidades innominadas", únicamente reseñadas con la palabra "sobres" en la contabilidad de Roca. El juez dedujo que el destinatario de sobres "CF" era Carlos Fernández. Sus operaciones bancarias también movieron al instructor a la sospecha. El auto de procesamiento reseñaba que Fernández estaba imputado en diez procesos penales. Pesaban sobre él tres órdenes de busca y captura cuando dictó la resolución. Pese a la contundencia del auto contra él, a Fernández siempre lo ha acompañado la fama de ser un garganta profunda del caso, un colaborador de la Policía, al menos en la fase final de su etapa política. Así lo insinuó incluso en 2012 la ex alcaldesa Marisol Yagüe.

El tiempo a favor

La entrega del ex concejal es la segunda parte de su última maniobra, que en medios judiciales ha sido interpretada como un intento de sortear definitivamente la acción de la justicia usando sus propias reglas. La representación legal de Fernández en España ha solicitado al juzgado de instrucción 5 que se pronuncie sobre la prescripción de los delitos, si bien dicha solicitud se ha encontrado con obstáculos formales, según fuentes judiciales. Sin realizar pronóstico alguno, Victor Manuel Macías, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, sí recuerda que sustraerse a la acción de la justicia "no está contemplado como causa de interrupción de los plazos de prescripción". Es decir, el reloj ha estado todos estos años corriendo a favor de Fernández. Macías señala que, con el Código Penal en vigor en el momento de su huida, los delitos atribuidos a Fernández podrían haber prescrito a los diez años. Si es así, le habría salido redondo. Una prescripción no es una absolución, pero a efectos prácticos se le parece.

La única posibilidad para volver a imputar delitos a Fernández sería la atribución de un delito "más grave" que los teóricamente prescritos y que estuviera conexo con alguno de aquellos. "De esa manera, no habría prescrito ninguno de los dos", señala. La otra hipótesis, la alegación de que alguno de los posibles delitos tengan carácter "permanente", es "muy difícil de sostener". Esa es una consideración que se puede dar a una desaparición forzada, pero difícilmente –en derecho pocas cosas son imposibles– a una malversación.

Joaquín Mármol, abogado especialista en derecho penal, cree que indiscutiblemente han prescrito todos los delitos salvo el de malversación. A su juicio, este sigue vigente si el tribunal entiende que se corresponde con un tipo agravado. Para ello ha de entenderse, como establece el artículo 432 del Código Penal, que se ha causado "un grave daño o entorpecimiento al servicio público", o que "el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excede de 50.000 euros". Si es así, la pena de cárcel no alcanza los diez años –mínimo para que la prescripción se sitúe en 15 años–, pero la de inhabilitación se sitúa entre diez y veinte años. Con esta inhabilitación, la caducidad de los delitos sí se prolonga durante tres lustros, lo que haría que una hipotética malversación de Fernández no hubiera caducado. Este es el peor pronóstico para Fernández.

"Duda interpretativa"

El escenario que se abre es incierto. Si hay "duda interpretativa", explica Macías, podría llegar a celebrarse un juicio, en el que en teoría podrían establecerse unos hechos delictivos probados, al mismo tiempo que éstos son declarados prescritos. El culebrón de Fernández no ha hecho más que empezar. "Me han archivado y eso es tanto como la absolución, porque no me van a poder juzgar de nada", dijo Carlos Fabra, entonces presidente de la Diputación de Castellón, en 2012, tras beneficiarse de una prescripción.

La pretensión de Fernández de ver prescritos los delitos supondría aprovechar posibilidades legales que no fueron diseñadas para prófugos. Las prescripciones están pensadas para aportar "seguridad jurídica", principio consagrado en la Constitución, incluso a los presuntos autores de delitos, de forma que no puedan ser perseguidos transcurrido un tiempo excesivo desde la comisión de los hechos, explica Macías. ¿Un ejemplo? Alguien comete un robo durante una fase delincuencial de su vida y, transcurridos 25 años y plenamente superada esa fase, nadie puede perseguirlo por aquel delito. El Estado no puede perseguir perpetuamente a un ciudadano. Su derecho a perseguir a una persona no es ilimitado en el tiempo, salvo en casos en genocidio, crímenes de lesa humanidad y asesinato terrorista. Tampoco prescriben nunca los delitos cometidos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

"Implícitamente", añade Macías, la prescripción también actúa como un acicate para la Fiscalía, "incentivándola a investigar y acusar". El Ministerio Público no puede dormirse. Sabe que tiene plazos. Repasadas las motivaciones y excepciones de la figura de la prescripción, queda claro que su vocación no es dar cobertura a maniobras como la de Fernández. Pero, aun así, el ex concejal tendrá una oportunidad de cerrar con éxito su aventura. No obstante, subrayan fuentes judiciales, también habrá que comprobar si Fernández está en paz con la justicia en Argentina. Es frecuente que la necesidad de vivir a resguardo de la justicia lleve a la comisión de ilícitos, recuerdan. El caso puede recordar al de José Pérez, conocido como "Pepe el del Popular", detenido en 2009 en México pero cuyo fraude millonario, que comenzó en 1991, había prescrito. Pérez había huido de Santander poco antes de que la sucursal del Banco Popular que dirigía fuera inspeccionada.

La insinuación de Yagüe

Políticamente el momento de mayor relieve de Carlos Fernández fue su papel fundamental en la moción de censura que descabalgó de la alcaldía a Julián Muñoz y aupó a Marisol Yagüe, con el Ayuntamiento roto ya por luchas intestinas de poder y carcomido por la corrupción, con Roca haciendo y deshaciendo en la sombra.

Eso fue en 2003. En 2012, nueve años después, sentada ante el tribunal que juzgó en primera instancia el caso Malaya, la propia Yagüe insinuó lo que todo el mundo decía en voz baja: que Fernández –que ya había sido condenado en 2005 por apropiación indebida– vivía cómoda y holgadamente como prófugo de la justicia, sin que la Policía lo quisiera molestar, porque él había contribuido a alertar de la mafia montada en el Ayuntamiento de Marbella. "Que lo busquen en Argentina", dejó caer Yagüe ante el tribunal. "Sabían donde estaba y nunca fueron a por él. ¿Por qué?", preguntó. Y se contestó ella misma: “Carlos Fernández tenía mucho que ver en todo esto, él no perdonó que lo echáramos del equipo de gobierno”. En ese "no perdonó" estaba la acusación. Yagüe también aseguró que el empresario Ismael Pérez había estado con Fernández en Argentina. Y es en Argentina donde ha aparecido, por voluntad propia, más de cinco años después.

El exedil del Partido Andalucista en Marbella (Málaga) Carlos Fernández, fugado desde que comenzó la investigación del caso MalayaMalaya, contra la corrupción en dicha localidad, ha decidido ponerse a disposición de la justicia tras más de once años en paradero desconocido, según han asegurado fuentes de su defensa.

La Policía Nacional registró la vivienda de Fernández el 27 de junio de 2006, en plena segunda fase de la operación Malaya, y al día siguiente su entonces letrado remitió al juzgado un escrito en el que el exedil se ponía a disposición de la justicia para colaborar y aseguró que éste estaba haciendo el Camino de Santiago, aunque desde entonces se desconoce su paradero. Luego, fue declarado en rebeldía.

Según han precisado a Europa Press las fuentes, la entrega ya se habría realizado, personándose en un juzgado del país en el que se encuentra y la intención es llevar a cabo los trámites del protocolo de extradición.

Esta decisión de entregarse se produce después de que un abogado y un procurador remitieran hace unos meses un escrito dirigido al juzgado que instruyó el caso Malaya, Instrucción número 5, para personarse en el procedimiento en nombre de Fernández y que el juez se pronunciara sobre la prescripción de los delitos que se le imputan.

El órgano instructor desestimó, mediante una providencia dictada en abril, la personación de los profesionales en nombre de Carlos Fernández, rechazo que fue reiterado en mayo en contestación de un recurso de reforma del letrado.

No obstante, el abogado presentó un recurso de queja ante la Audiencia, que la Fiscalía pidió que se desestimara y que se mantuviera la inadmisión de la personación, al recordar que el exedil estaba en busca y captura sin estar a disposición del juez o del Tribunal encargado del caso Malaya, ya en fase de ejecución de sentencia, según han señalado las fuentes consultadas.

La Audiencia ahora se ha pronunciado al respecto, desestimando las pretensiones del letrado en cuanto a la personación, declarando la firmeza de las resoluciones impugnadas, han apuntado, al considerarlas, al igual que la Fiscalía, ajustadas a derecho.

El Tribunal, coincidiendo con el instructor, entiende que Fernández está desde el principio del caso Malaya huido de la actuación de la justicia, por lo que no se sostiene que pida la personación de estos profesionales sin haberse puesto a disposición del tribunal para poder ratificar ambos nombramientos.

En cuanto a la prescripción, el Tribunal señala que el juzgado deberá pedir a la Fiscalía y al resto de acusaciones que existen en la causa que se pronuncien expresamente sobre esta cuestión.

Tomás Olivo es un empresario de éxito. Las cosas suelen salirle redondas. Posee grandes centros comerciales en Mataró, Almería, Roquetas de Mar, Sanlúcar de Barrameda, Marbella... Su sociedad General de Galerías Comerciales es un gigante del sector. En noviembre sumó a su nómina de grandes superficies el Nevada Shopping, en Armilla, a las afueras de Granada. Fue una fiesta. Miles de personas acudieron a la inauguración. Cantaron Estrella Morente y Merche. Posaron las misses Paulina Vega y Mireia Laguna. El propio Olivo y el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez (PSOE), estuvieron en el corte de la cinta –con la bandera de España– y apretaron el botón que encendió la luz de un pino navideño de 55 metros de alturo. El Nevada Shopping, con una superficie construida de 280.000 metros cuadrados, abrió con nada menos que 185 tiendas: Adidas, Samsung, Fnac, Tous, Zara, Juguettos, H&M, Tommy Hilfiger, Primark... Así hace las cosas Tomás Olivo: a lo grande.

La Junta de Andalucía lo ha comprobado en primera persona. El Gobierno andaluz ha perdido un pleito contra Olivo de 165,64 millones de euros por la paralización de las obras del Nevada durante siete años y cuatro meses. A la espera de posibles recursos ante el Tribunal Supremo, Olivo ha saldado con éxito un frente judicial. Pero tiene otro abierto: un juicio por un supuesto caso de corrupción en Marbella que lo llevará al banquillo de los acusados junto a Juan Antonio Roca, principal condenado del caso Malaya, y el ex alcalde Julián Muñoz.

Olivo conoce a Roca desde los años 70. Ambos de origen murciano, hacían negocios juntos antes de que empezaran las aventuras marbellíes. Roca trabajaba al principio a las órdenes de Olivo, que ha sido siempre hombre de negocios importantes. Ya antes de desembarcar en Marbella cargado de proyectos, había levantado refinerías en Cartagena y Tarragona, había participado en las obras del trasvase Tajo-Segura y construido carreteras y autovías, así como más de 40 centros Pryca, tal y como detalla la sentencia del Tribunal Supremo del caso Malaya, de 2015. Los proyectos empresariales de Olivo en Marbella, ya con Roca como factótum del urbanismo local, lo llevaron al banquillo en el caso Malaya, en el que resultó absuelto del delito de cohecho del que se le acusaba. No quedó acreditado que Olivo pagara a Roca por un cambio de uso de suelo ni para el archivo de un expediente. No obstante, Marbella no es todavía capítulo cerrado. Olivo tiene aún pendiente otro juicio en el que se expone a 18 años de prisión. En el banquillo de los acusados también estará Roca.

Olivo, Roca y Jesús Gil

El juzgado de instrucción 1 de Marbella dictó en diciembre un auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso infoLibre, contra Olivo, Roca, Julián Muñoz y otros once acusados. La Fiscalía acusa a Olivo de asociación ilícita, cohecho, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación urbanística. El Ministerio Público solicita para él un total de 18 años de prisión. De la base del caso forma parte la supuesta entrega por parte de Roca de bienes inmuebles municipales como pago de deudas "presuntas o infladas", según el escrito de acusación de la Fiscalía, que considera a Olivo "imprescindible para las maniobras defraudatorias".

Según el relato de la Fiscalía, Olivo conocía de antiguo a Jesús Gil y Juan Antonio Roca. Antes de que el partido del que fuera presidente del Atlético de Madrid arrancase su meteórica carrera política, Olivo había realizado obras para él en Madrid. A Roca lo conocía desde los 70. "Fruto de esas relaciones de confianza y mercantiles", señala el fiscal en su escrito, Roca y Olivo "se conciertan" para "cometer ilícitos durante aproximadamente una década, y cada uno desde su respectiva posición enriquecerse a costa del patrimonio público". Las operaciones urbanísticas analizadas por la Fiscalía arrancan en 1994. Olivo, según el escrito de la Fiscalía, "compra la voluntad de los mandatarios y dirigentes municipales a cambio de grandes beneficios para todos", y firma "numerosos convenios y contratos con el Ayuntamiento de Marbella". El Ministerio Público pone en cuestión, entre otros, el convenio que dio origen a La Cañada, el centro comercial de Olivo en Marbella, que actualmente es uno de los grandes referentes comerciales de la Costa del Sol.

Fuentes judiciales conocedoras del procedimiento señalan que en el caso contra Olivo la Fiscalía "no lo tendrá fácil" por varios motivos: por el largo tiempo transcurrido desde el inicio de los supuestos ilícitos, por la complejidad administrativa de todas las operaciones y por el hecho de que Olivo "no ha dejado las cosas sin hacer". Es decir –según estas fuentes–, tras el trasiego de dinero ha habido en efecto unas obras, si bien la Fiscalía sostiene que amparadas en acuerdos urbanísticos fraudulentos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señala que el caso está a punto de ser enviado a la Audiencia de Málaga, que deberá poner fecha el juicio. Todavía faltan defensas por presentar sus escritos, según el TSJA. infoLibre intentó reiteradamente contactar con Tomás Olivo, a través de General de Galerías Comerciales, para conocer su punto de vista sobre este procedimiento, sin resultado.

Más de siete años de obras paradas por la Junta 

El frente judicial marbellí está abierto para Olivo. En cuanto al frente granadino –que no es penal, sino administrativo–, de momento la justicia le sonríe. Y la sonrisa es amplia. El hombre que previsiblemente deberá sentarse en el banquillo junto a Juan Antonio Roca ha ganado a la Junta en el TSJA una demanda multimillonaria: 165,4 millones de euros por las trabas puestas al centro comercial Nevada Shopping. El caso arranca cuando, el 21 de abril de 2006, la antigua Consejería de Obras Públicas, dirigida entonces por Concepción Gutiérrez, instó al Ayuntamiento de Armilla a revisar la licencia de obras concedida un año antes para la construcción del centro comercial. Un juzgado acordó la paralización de las obras. Entonces –aún no se sabía– el erario público había empezado a perder dinero. El promotor se vio obligado a demoler 1.457 metros cuadrados de lo construido. No obstante, el TSJA acabó considerando en abril de 2014 la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Armilla como ajustada a derecho, decisión ratificada por el Supremo.

Olivo presentó una demanda de indemnización por los daños causados a su negocio durante el tiempo de paralización de las obras, entre octubre de 2007 y enero de 2015. El juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Granada dio la razón a Olivo, estableciendo una indemnización de 157,4 millones por lucro cesante (lo que dejó de ganar) y daño emergente (lo que costó arreglarlo). La Junta de Andalucía y General de Galerías Comerciales presentaron sendos recursos. Olivo hizo público un escrito, firmado como consejero delegado de General de Galerías Comerciales, en el que afirmaba: "Los perjuicios que nos han ocasionado a lo largo de diez años de obra parada y más de veintidós años de tramitación nos han supuesto una pérdida de más de 500 millones de euros, con independencia de los perjuicios ocasionados a nuestra mercantil [...] y mi propia persona". Y añadía: "No podemos estar satisfechos con la resolución judicial, toda vez que la indemnización solicitada se encuentra muy por debajo de las pérdidas reales: como sabe solicitamos 277 millones de euros y nos han concedido sólo 157 [...]".

Una indemnización multimillonaria

El caso llegó a la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA, que ahora ha fijado la indemnización por la paralización de la obra en 165.644.282,41 euros. Más que en primera instancia. Un golpe a las arcas públicas que señala una responsabilidad de la Junta de Andalucía. El hecho de que la sociedad perdiera un juicio penal y tuviera que derribar parte de lo construido no justifica, a juicio del tribunal, la "total paralización de unas obras durante casi ocho años". La sentencia también subraya que la Junta pudo solicitar la finalización de la suspensión cautelar y no lo hizo, lo que la postre prolongó la paralización de las obras. Son errores que ahora pasan factura a los contribuyentes.

No ha habido asunción de responsabilidades políticas en la Junta, a pesar que el fallo del TSJA revela una falta de diligencia de los servicios jurídicos de la Administración. El tribunal sólo pudo valorar el dictamen pericial aportado por la empresa, al no admitir el presentado por la Junta por haber faltado a la vista pertinente. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó en comisión parlamentaria que se produjo "un fallo" del gabinete jurídico, pero que no afectó a la sentencia. No ha habido mayores explicaciones.

Actualmente las competencias de ordenación del territorio se encuentran en la Consejería de Medio Ambiente, que remite a la Delegación del Gobierno andaluz en Granada para cualquier asunto relacionado con el Nevada Shopping. Allí indican que se está estudiando la sentencia para un probable recurso de casación ante el Tribunal Supremo, última carta de la Junta para evitar el pago o reducirlo. Montero afirmó que, en caso de perder definitivamente, el Gobierno andaluz establecerá un calendario de pagos para hacer frente a la ejecución de la sentencia. Si las cosas le vuelven a salir bien, Olivo recibirá el dinero. General de Galerías Comerciales rehusó también comentar este procedimiento, a pesar de la insistencia de este medio.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado este lunes que el exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz cumpla condena fuera del Centro de Inserción Social (CIS), residiendo en su domicilio y estableciéndose un control telemático u otro mecanismo suficiente que considere la administración penitenciaria, en atención a su estado de salud y circunstancias, según ha informado Europa Press.

Así, el magistrado da respuesta a la petición realizada por el abogado de Muñoz para que se le aplicara una modalidad de tercer grado más adecuada a las circunstancias del interno.

En julio del pasado año, la Audiencia de Málaga confirmó la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria malagueño de no conceder la libertad condicional a Muñoz y de mantener la clasificación en tercer grado, por lo que pasó a estar en el CIS de Algeciras (Cádiz), con un régimen de cumplimiento con salidas diarias de 17.00 a 21.45 horas, y los fines de semana, de viernes a lunes.

Ahora, el magistrado acuerda la aplicación de un tercer grado "acorde con el estado de salud y la situación personal del interno", que, "sin que se convierta en una suerte de arresto domiciliario", le exime de pernoctar en el centro, pero estableciéndose un control telemático y teniendo que acudir al establecimiento penitenciario el tiempo que se determine para entrevistas y controles.

El juez ha tenido en cuenta los informes médicos de Muñoz, en los que se señala que presenta pluripatología crónica de carácter cardiovascular metabólico y respiratorio, "que no es previsible mejoría" y que su pronóstico vital "es desfavorable a medio plazo", apuntando que precisa de controles médicos "de por vida"; de forma que se señala que la patología "es crónica e irreversible".

Muñoz se encuentra en un CIS "donde los servicios médicos quedan prácticamente reducidos al servicio de enfermería", tratándose de una persona que, según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por la Cadena SER, "por su estado de salud debe estar continuamente efectuando salidas al exterior por razón de consultas médicas, sin perjuicio de la necesidad de ser trasladado a un hospital por razones de urgencia".

Así, señala que si la aplicación del tercer grado por cuestiones de enfermedad grave e incurable, como la que Muñoz tiene, "debe llevar necesariamente a la incoación del expediente de libertad condicional, parece razonable entender que la modalidad de vida aplicable a un enfermo muy grave e incurable debe ser mayor" que la que tiene actualmente.

Además, se añade que, según la audiencia mantenida con el juzgado, cuenta con "acogida externa a través de su familia que puede arroparle en la enfermedad que padece y que, como toda enfermedad grave, genera una mayor situación de vulnerabilidad en quien la sufre".

Su letrado, Antonio José García Cabrera, ha señalado que "no era digno que permaneciera en un centro penitenciario sin servicios médicos", por lo que ha considerado "correcta" la decisión adoptada por el magistrado, esperando que "se le ponga un dispositivo de control en horario nocturno de lunes a jueves, pudiendo desarrollar el resto del tiempo la vida con normalidad".

El Tribunal del caso Malaya acordó la acumulación de todas sus condenas, que suman un total de 22 años de prisión por siete causas, y la refundición de todas las penas, de forma que se estableció en el máximo legal de 20 años de prisión el tiempo de cumplimiento.

Así, Muñoz tiene firme una condena de siete años de prisión por el caso en el que fueron condenadas también sus exparejas; la misma pena por Minutas, dos años de prisión por Malaya y otras penas de un año por delitos urbanísticos. La suma de todas esas condenas y el límite del triple de la máxima impuesta excede del límite legal de 20 años.

El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y principal condenado por el caso Malaya, Juan Antonio Roca, salió este sábado de la cárcel para disfrutar de su primer permiso penitenciario de tres días. Además, tiene concedido otro de seis días, informa Europa Press.

Pasadas las cinco de la tarde, Roca, acompañado de su abogada, salió de la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre sin hacer declaraciones. Simplemente, ante las preguntas de los periodistas, señaló que ya ha tenido "oportunidad de pedir perdón".

Desde su detención por el caso Malaya, el 29 de marzo de 2006, cuando ingresó en prisión preventiva, Roca no había disfrutado de ningún permiso y ha estado en distintas cárceles, encontrándose ahora en la de Alhaurín de la Torre (Málaga), de donde este sábado salió para trasladarse con su familia a Murcia.

Esta salida se produce después de que la Audiencia Nacional rechazara el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de otorgarle esta salida de la cárcel.

Según explica el auto de la Sala de la Audiencia Nacional, los magistrados consideran que, a pesar del "gravísimo perjuicio para el Ayuntamiento de Marbella" provocado por el condenado, Roca está colaborando para la liquidación de las "responsabilidades civiles".

Lo hace, "aunque sea con el patrimonio que le fue embargado, sin que conste que haya ocultado bienes en el extranjero", dice la Sala, que añade que lleva más de diez años en prisión, que ha asumido su responsabilidad, al menos aparentemente, tiene apoyo familiar, arraigo y buen comportamiento.

La Audiencia Nacional considera que cumple los requisitos legales para obtener el permiso dado que está clasificado en segundo grado y ya ha cumplido la cuarta parte de su condena. Además, existe un informe favorable del equipo técnico y la Junta de Tratamiento de la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, donde cumple condena, elevó también una propuesta positiva.

De hecho, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional concedió este permiso, al considerar que Roca cumplió "en exceso" la mitad de la condena, que tiene un "excelente" comportamiento, que inició el pago de las responsabilidades y que "ha asumido la actividad delictiva y pedido perdón especialmente a la ciudad de Marbella y sus ciudadanos".

El juez aludía a la evolución "muy positiva" del interno, con "un excelente comportamiento y una actitud positiva, respetuosa y de plena consideración tanto respecto al resto de internos como hacia los trabajadores del centro". "Es un penado sociable, participativo y tranquilo, independiente y con buenas actitudes hacia el trabajo", según los informes del educador a los que hacía referencia el auto.

Además, se apuntaba a un escrito remitido al juzgado el pasado mes de septiembre en el que el propio interno hacía constar sus "muchas y constantes propuestas" para resarcir con su patrimonio y asumir la responsabilidad penal, mostrándose "arrepentido de todos los hechos por los que he sido condenado".

También valoró el juez la actitud que manifestó en esa carta el interno sobre Marbella, al decir que "es consciente" de que por su actitud "se produjo un daño a la ciudad", tras lo que solicitaba disfrutar del permiso en la provincia de Murcia. Se comprometía, además, a hacer un buen uso del permiso.

Condenas y permisos

Roca fue condenado en sentencia firme en el caso Malaya, donde se le impuso 17 años de prisión; en Minutas, en el que se le condenó a tres años; en Saqueo I, en el que se le impusieron seis años y diez meses, y Saqueo II; en Belmonsa, que fueron nueve meses, y en otro caso en el que se le impusieron 15 días de cárcel.

Tiene pendiente de juzgar otros 120 procedimientos más, sobre los que Fiscalía General del Estado no aceptó la propuesta realizada por la defensa de Roca de llegar a un acuerdo de conformidad global, planteando, en su caso, la posibilidad de pactos en cada causa que hay abierta.

La Sala que ejecuta la sentencia del caso Malaya acordó el pasado mes de mayo la acumulación de varias condenas firmes que ya tenía y la refundición de las penas impuestas, "fijando la pena máxima a cumplir" en 20 años de prisión, que es el máximo legal establecido.

Una refundición que el propio Tribunal de Málaga señalaba como un trámite "esencial" para poder acceder a beneficios penitenciarios, que no ha tenido hasta ahora. Roca había solicitado 18 permisos vía recursos y todos fueron denegados hasta que no se aclarase la situación de causas pendientes.

Además, la Audiencia Nacional concedió un segundo permiso, en este caso de seis días, a Roca, que estará condicionado a una valoración previa por parte del equipo técnico encargado de supervisar el buen uso de la autorización de tres días. También estaría supeditado a la ausencia de recurso por parte de la Fiscalía.

La Sala que preside Fernando Grande-Marlaska entendía que, a diferencia de ocasiones anteriores, ahora concurren "importantes modificaciones" de Roca, argumentando que los procedimientos por los que aún tiene que ser juzgado en ningún caso repercutirá en esa pena máxima, sin que tampoco "parezca que exista riesgo de aprovechar el permiso para huir".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha incrementado la pena impuesta al presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, de 11 a 17 años de prisión, al atribuirle un nuevo delito de fraude fiscal y agravar las condenas por cohecho y blanqueo de capitales.

El Supremo ha confirmado la mayoría de las condenas dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga, aunque agrava alguna de ellas a instancias de la Fiscalía. La resolución incluye también la rebaja de las penas impuestas en primera instancia a la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe y la exprimer teniente de alcalde Isabel García Marcos. La condena de Yagüe pasa de 6 años a 5 años y seis meses de cárcel, mientras que la de García Marcos se rebaja de 4 años a 3 años y seis meses, informa Europa Press.

Asimismo, la sentencia deja sin efecto el pronunciamiento del tribunal de instancia, que pedía que los bienes decomisados y el importe de las multas se destinara a pagar las deudas generadas para con el Ayuntamiento de Marbella. En su lugar, estos bienes se adjudicarán al Estado.

No obstante, el alcalde de Marbella, el socialista José Bernal, anunció este miércoles que solicitará al Gobierno que se comprometa a que los fondos que se recauden por las multas "lleguen a la ciudad en forma de inversiones en planes de empleo, infraestructuras y promoción". "Es injusto que estas cantidades vayan dirigidas a las arcas generales del Estado y que Marbella no reciba compensación cuando ha sido la que ha sufrido la corrupción", sentenció el regidor.

Más de 3.000 folios

La sentencia –de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra– tiene 3.138 folios y cuenta con el voto particular de Andrés Martínez Arrieta. Tras casi dos años de juicio, la Audiencia malagueña condenó en octubre de 2013 a medio centenar de personas, entre ellas el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le impusieron 11 años de prisión y 240 millones de euros de multa por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación.

También fue condenada la exalcaldesa Marisol Yagüe a seis años de cárcel y multa de 2,3 millones por cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude, sí como empresarios, abogados y exconcejales marbellíes.

La Sala de lo Penal del Supremo fijó varias sesiones en julio del pasado año para escuchar al medio centenar de partes, entre ellas la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado, que recurrieron la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga contra la mayor trama de corrupción que incluso generó, por primera vez, la disolución de un Ayuntamiento.

En esas vistas, la Fiscalía solicitó más pena para la mayoría de los condenados, pidiendo una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas; mientras que la abogada de Roca pidió "depuración y limpieza" de todo el procedimiento judicial del caso porque la instrucción la realizó un "enemigo del investigado" y "sin sujeción a la Constitución ni a la ley".

Absueltos cuatro de los 52 condenados

El Supremo ha reducido de 52 a 48 el número de condenados tras absolver a los empresarios Joaquín Martínez Vilanova, Julio de Marco y José María Pérez Lozano del delito de cohecho activo, y al exonerar al abogado Francisco Soriano del delito de falsedad documental.

Los tres primeros –ejecutivos de la empresa Autobuses Portillo–habían sido condenados a seis meses de prisión por la Audiencia Provincial de Málaga, acusados de aceptar el pago de 390.000 euros al fallecido concejal de Transportes de Marbella, Victoriano Rodríguez, a cambio de obtener la concesión de la estación de autobuses de la ciudad. Han sido absueltos al quedar anuladas algunas de las intervenciones telefónicas que solicitó el juez instructor.

Por su parte, Soriano, acusado y abogado defensor en el caso Malaya, fue condenado a un año por falsedad documental y absuelto de la acusación formulada por la Fiscalía, que pedía en su contra otros seis años por blanqueo de capitales. Gestionaba junto a sus hijos sociedades de Juan Antonio Roca en el despacho Sánchez-Zubizarreta Soriano, que, según la investigación, creó la estructura para blanquear el ingente patrimonio del exasesor de Urbanismo.

Crítica a los macroprocesos

En su sentencia, el alto tribunal pone de manifiesto las dificultades que ha generado la tramitación de esta causa, paradigma de los denominados macroprocesos, que el Tribunal Supremo considera que a la larga generan más efectos perversos o contrarios a los que se pretenden evitar, cuestionando así el modelo de instrucción vigente.

La resolución, que resuelve 48 recursos, desestima la gran mayoría de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes, entre ellas, la vulneración de su derecho a un juez imparcial durante la instrucción de la causa.

La Sala de lo Penal sí considera nulas algunas de las intervenciones telefónicas –acordadas por el instructor– que suponen la absolución de tres empresarios. Se desestima el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía por carecer de legitimación para el ejercicio de la acción popular.

Además, tal y como solicitó la Fiscalía, deja sin efecto la aplicación de la atenuante analógica de detención irregular apreciada por la Audiencia Provincial respecto a algunos acusados. La Sala de lo Penal también desestima la pretensión de algunos recurrentes de que se les aplicara la atenuante de dilaciones indebidas.

Entre gritos de "¡devuelve el dinero!" recibieron hace unos meses varios vecinos de Barcelona a Marta Ferrusola, esposa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, pocos días después de que éste confesase que durante 34 años mantuvo oculta una fortuna en el extranjero. Y es que, en unos tiempos en los que la corrupción se ha aupado al segundo puesto entre las preocupaciones ciudadanas, la ciudadanía está cada vez más pendiente de si los corruptos reingresan a las arcas públicas las sumas ganadas ilícitamente.

En los últimos meses, la Justicia ha enviado a prisión a los implicados en varios de los grandes casos de corrupción ocurridos hace algunos años. Casos como la operación Malaya, el caso Pallerols o el caso Fabra operación Malayacaso Pallerolscaso Fabrase han saldado con penas de cárcel para personajes tan relevantes como Juan Antonio Roca, exasesor del Ayuntamiento de Marbella y verdadero cerebro de una trama que también se ha llevado por delante a figuras conocidas como Isabel Pantoja, o Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, que hace unos días ingresó en prisión tras ser rechazada su petición de indulto. Pero los condenados, ¿devuelven las cantidades robadas a las arcas públicas?

Normalmente, la Administración sí que recupera una parte del dinero. El juicio por la operación Malaya, por ejemplo, se cerró en octubre del año pasado con los principales acusados condenados a penas de cárcel, si bien el fallo fue polémico porque los jueces impusieron sanciones bastante menores a las que solicitaba la Fiscalía. En cualquier caso, las cifras fueron millonarias: Roca, el principal encausado, fue castigado con una multa de 240 millones de euros por sendos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude, mientras la exalcaldesa Marisol Yagüe fue condenada a seis años y nueve meses de prisión y a pagar una multa de 2,3 millones de euros.

Roca ha terminado de pagar por una de sus penas

Hasta ahora, de la fortuna valorada en más de 90 millones de euros que amasó el cerebro del caso Malaya sólo se ha recuperado una parte, a la espera de que la sentencia sea firme –ahora mismo se encuentra en el Tribunal Supremo tras el recurso de varios de los condenados–. Se han vendido desde colecciones de coches hasta fincas: la operación más lucrativa para las arcas públicas fue la cesión por parte de Roca de ocho propiedades valoradas en 30 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil de una de las causas complementarias de Malaya, el caso Saqueo I, una responsabilidad que Roca terminó de satisfacer hace apenas un mes con la venta de un palacete en Madrid por 5,8 millones de euros.

Otra de las acusadas más mediáticas de este proceso, Isabel Pantoja, también ingresó recientemente en prisión tras haber sido condenada a dos años por blanqueo de capitales. Pantoja también tendrá que sufragar una multa que asciende a 1.147.148 euros, de los cuáles aún tiene pendiente de pago un millón. La cantante llegó el mes pasado a un acuerdo con la Audiencia Provincial de Málaga para fraccionar el resto de la multa y abonarla en cuotas trimestrales de 200.000 euros, si bien parte de sus inmuebles, con un valor de 3,68 millones de euros, están también embargados por la Justicia. Algo similar le ocurre a Yagüe, que a pesar de que aún no ha tenido que comenzar a pagar su multa –lo hará, en su caso, cuando la sentencia sea firme, es decir, cuando el Tribunal Supremo se pronuncie– ha sido imputada recientemente por vender uno de los pisos que le habían sido decomisados cautelarmente.

Quien también parece querer saldar sus cuentas con la Justicia es Carlos Fabra, que el pasado día 1 de diciembre ingresó en la cárcel de Aranjuez tras haber sido condenado a cuatro años tras un proceso, el caso Naranjax, que se dilató durante once años y en el que quedó demostrado que el expresidente de la Diputación de Castellón cometió cuatro delitos contra la Hacienda pública entre 1999 y 2003. Fabra fue igualmente castigado con una multa de 693.000 euros, y también deberá pagar una cantidad idéntica a Hacienda en concepto de indemnización. A pesar de que al ser condenado –en noviembre de 2013– el exdirigente del PP aseguró no tener fondos para hacer frente a estas cantidades, el pasado septiembre se conoció que había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pagar la multa de forma progresiva, una solicitud por la cual la Justicia está analizando sus bienes para tasarlos.

Unió ya ha pagado, de Matas no hay constancia

El expresidente balear Jaume Matas, por su parte, está imputado en más de 19 causas y condenado en otras dos: por cohecho, al haber firmado su mujer un contrato laboral ficticio con un empresario hotelero, y por tráfico de influencias, a causa de las irregularidades en los contratos de su redactor de discursos, Antonio Alemany. Matas cumple actualmente una pena de nueve meses de prisión por el segundo de los delitos, y además está condenado a pagar algo más de 51.000 euros por la pena de cohecho: los 42.211 que cobró su esposa por el contrato ficticio y además una multa de 9.000. Aún no existe constancia de que el exdirigente haya hecho frente al pago de estas cantidades.

Por contra, sí han sufragado sus responsabilidades con la Justicia los condenados por el llamado caso Pallerols, un proceso en el que Unió Democràtica de Catalunya reconoció que se había financiado irregularmente en los años 90 a través de la adjudicación de subvenciones para cursos de formación a las academias del empresario Fidel Pallerols, quien posteriormente tenía que entregar parte de ellas al partido democristiano. Unió, para evitar el juicio, admitió los hechos y aceptó devolver los 388.000 euros defraudados; asimismo, se hizo cargo de parte de la multa –de alrededor de 260.000 euros– a la que tuvieron que hacer frente los condenados: el propio Pallerols, el ex director general de Empleo de la Generalitat Lluís Gavaldà y el dirigente de Unió Vicenç Gavaldà. Ninguno de los tres tuvo que entrar en prisión.

El dinero sólo se recupera parcialmente

"La regla general es que no se encuentra todo el dinero". Quien lo afirma es Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, exfiscal Anticorrupción y portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Con él se muestra de acuerdo Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que a este respecto explica que los delincuentes de cuello blanco utilizan ciertas técnicas para evitar que los magistrados detecten su patrimonio y lo decomisen. Y Marcelino Sexmero, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, señala por su parte que "nunca podremos estar seguros de recuperar el 100%", si bien se muestra más optimista que sus colegas e insiste en que no cree "fundada" la sensación ciudadana de que los corruptos no hacen frente a sus responsabilidades.

En este sentido, Bosch explica que existen tres figuras con los que las Administraciones pueden recuperar bienes defraudados: el decomiso, que se aplica durante el proceso y sirve para hacer frente a las fianzas del imputado y también para requisar los bienes involucrados en la comisión del posible delito –"si unos narcos utilizan un helicóptero, por ejemplo, se les decomisa automáticamente", ejemplifica–; la responsabilidad civil, que se aplica tras la condena y que supone el pago de la cantidad defraudada; y la multa, que constituye una sanción extra.

Pero en ocasiones los instructores no son capaces de encontrar todo el dinero o no consiguen que se reingrese a las arcas públicas. El secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que a la hora de realizar un decomiso "en ocasiones no queda claro si unos bienes se han financiado con una actividad lícita o ilícita y no es posible embargarlos", mientras que otras veces los corruptos utilizan testaferros para que las propiedades que han conseguido de manera irregular no estén a su nombre.

"Cuando yo era fiscal Anticorrupción vi casos en los que se escondía el dinero en casa, y los tipos tenían en su casa montones de dinero en cajas o libros. Ahí te expones a un registro y a que lo encuentren fácilmente", abunda en este sentido Viada. "Pero si no lo tienes en tu propia casa, sino en la de tus familiares, o en una casa de campo, ya no es tan fácil", contrapone el portavoz de APIF, que señala que en los casos más sofisticados de corrupción se envía el dinero a paraísos fiscales o países, como Suiza, muy opacos. "En esos casos sigue siendo dificilísimo [investigar], porque tienen unos protocolos a la hora de entregar información que retrasan mucho el asunto".

La obligación de pagar continúa tras el paso por prisión

Viada, además, señala que las Administraciones no suelen reingresar todo el dinero que pierden en los casos de corrupción, ya que además del propio corrupto otras personas también se lucran. "Los corruptos perjudican a las arcas públicas, pero no se llevan todo el beneficio", explica el fiscal, que, afirma que "si uno firma, por ejemplo, un contrato fraudulento para realizar una obra pública que produce un perjuicio al Estado, no es correlativo el perjuicio con el dinero que recoge el corrupto, porque este contrato también produce beneficios a otros".

No obstante, el experto se muestra reacio a pensar que a este tipo de delincuentes pueda llegar a resultarles rentable pasar un tiempo en prisión si mantienen una parte del dinero oculto. "La deuda subsiste incluso después de pasar por prisión, así que cualquier gasto, ostentación o elevacion del nivel de vida puede provocar que Hacienda te confisque todo lo que tengas", explica Viada. Bosch se muestra parcialmente de acuerdo con él, ya que señala que, si bien "a algunos corruptos una temporada en la cárcel sí les puede ser rentable" porque después se las ingenian para aprovechar parte del dinero oculto, en la mayoría de los casos esto no es así.

"Poniendo el ejemplo de Fabra: si no paga lo que tiene que pagar, sale de la cárcel dentro de tres años y le toca la lotería, ese dinero se le embargaría", afirma el portavoz de Jueces para la Democracia, que hace hincapié en que "si volviera igualmente a hacerse con un dinero que hubiera puesto en manos de testaferros, pues también se le embargaría". "El problema en este tipo de casos es que no se pueda demostrar" que esos titulares son hombres de paja y no los propietarios reales, asevera Bosch, que no obstante relata que "si se demuestra que existe fraude de ley, se puede desmontar esta transmisión". "Hay que seguir la pista al patrimonio, pero si uno recibe cientos de miles de euros en negro... eso no deja rastro", remacha el juez.

Los expertos proponen medidas

Por ello, los expertos plantean varias medidas para evitar estas técnicas y aumentar la cantidad de dinero que se recupera de estos casos. No son los únicos: jueces, oposición e incluso el Gobierno también han planteado iniciativas en este sentido. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya anunció hace unos días que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal traería aparejadas algunas medidas para luchar contra la corrupción y avanzar en la recuperación de los activos, como el llamado "decomiso autónomo", un mecanismo que capacitará a los jueces para confiscar a los procesados sus bienes a pesar de que a estos no se les pueda juzgar por estar ausentes o incapacitados.

Catalá anunció también la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un órgano especial encargado únicamente perseguir el rastro del dinero defraudado. Los expertos consultados por este diario aplauden que se establezca esta oficina, pero con matices. Bosch, por ejemplo, afirma que es la falta de medios la que realmente ahoga las investigaciones sobre corrupción, y es claro al expresar que, a su juicio, "sin voluntad inversora no va a ser posible luchar" contra esta lacra. Alvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, está de acuerdo: "La idea es buena, pero si uno quiere que algo sea eficaz no le queda más remedio que gastarse el dinero". Sexmero, por su parte, se muestra cauto: "Una cosa es crear el organismo, y otra saber qué medios tiene y saber cómo se va a engarzar" con el funcionamiento de los tribunales, asegura.

El que apoya de manera más taxativa esta Oficina es Viada, que cree que el Gobierno la proveerá de los medios suficientes "porque produciría mucho más capital al recuperar mucho dinero oculto que lo que costaría montarla, así que es buena para el Estado" y le interesa. Pero el fiscal no se queda ahí: para él, además de perseguir el dinero robado, habría que hacer que los partidos "vigilaran un poco más" a sus dirigentes para evitar que cometieran actos de corrupción. "Si se ampliara la responsabilidad civil a los partidos, si se les declara responsables civiles por culpa in vigilando [su falta de supervisión] o in eligendo [su responsabilidad en la elección del corrupto] vigilarían un poco más", asegura el portavoz de APIF.

José María Mollinedo, por su parte, aboga por "vincular la concesión de beneficios penitenciarios a la devolución del dinero", si bien señala que la implantación de esta medida debería venir precedida de un "debate" para circunscribir bien a los delitos a los que afecta y evitar que "personas que hubieran perdido su patrimonio no tuvieran derecho a la redención de penas". El inspector de Hacienda explica que ya existe un mecanismo similar a la hora de enjuiciar los delitos fiscales, donde "cuando se paga una multa que se acuerda con el fiscal se rebajan las penas uno o dos grados".

"En este tipo de casos encontrar las pruebas es muy complicado", remacha Álvaro García. "El derecho penal es de hechos, no de sensaciones, y a veces sólo encuentras el detalle en el que estas personas han incumplido la ley, aunque tengas la sensación de que son autores de una corrupción generalizada", lamenta el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, que no obstante ve una mejora en los últimos tiempos con respecto al pasado. "Yo creo que ahora mismo esa sensanción de impunidad no existe", señala en este sentido, si bien concede que "en el pasado, cuando se consiguieron sentencias condenatorias en casos de corrupción el esfuerzo era titánico".

El viernes pasado todo estaba preparado para conocer la sentencia del Caso Malaya, los medios en alerta esperando el desenlace de una de las grandes series de malotes de nuestro país. Pero el capítulo final decepcionó, como el de “Perdidos”, tanto fantasma en ambos casos y tanta trama para tan poca pena en el vuestro… Seguro que más de un espectador gritó para sus adentros: “que nos devuelvan el dinero”. Ja.

Y ahí estabas tú, entre el elenco del sopranismo marbellí eclipsándolos a todos: con tu pelo corto –como tu mandato al frente de la alcaldía–; tus dientes deslumbrantes –que en asuntos de blanqueo no tienes rival–; y ese chaleco estilo vigilante de la ORA –evocando al recaudador que fuiste en los buenos tiempos–; muy grande, Julián.

Dice tu abogado que estás satisfecho con la condena. Como para no estarlo, te escapaste del gran embolao’ –uno de tantos en los que estás metido– con dos años, Julián, ¡con un par! No me extraña que estés contento, dos años y medio es lo que contaron que pedía un fiscal para un ciudadano acusado de robar rollos de papel higiénico en los aseos de un centro comercial de Vigo, para mear y no echar gota.

Soy fan de ti por muchas cosas. No sólo porque, de toda la pandilla basura, seas el más mediático –ya se sabe lo impresionables que somos los mortales con la fama ajena– soy fan, sobre todo, por tu inconmensurable humildad. Dicen que dices que tú sólo eras una marioneta en este gran teatro negro, que firmaste más de quinientos convenios urbanísticos sin saber qué estabas suscribiendo. Criaturita, acostumbrado a tomar nota de las frituras –como camarero de profesión que habías sido– no supiste detectar que alguien se lo estaba llevando crudo, pobre incauto. Al final resultó que Roca tenía un cerebro para los negocios y tú sólo un cuerpo para el delito, so sexy.

Pero no te vengas abajo, tú eres tú, el más grande, y nadie de ese variopinto plantel, puede restarte un ápice de tu fulgor:

– Ni Marisol Yagüe, la alcaldesa que al ser puesta bajo sospecha, gritaba: “¡Tengo las manos limpias!”, como un niño cuando espera el bocata de chorizo– embutido escogido al azar–. La detención le pilló enfajada en la post-liposucción, que ya es mala suerte.

– Ni su compañera de andanzas municipales, Isabel García Marcos, pesadilla de Gil, que después de pasarse noches y noches televisivas cruzando el Missisipi, y tal y tal, decidió quedarse en la orilla oscura. La detuvieron volviendo de su luna de miel, la autoridad no tiene corazón.

– Ni el diplomático y exquisito Pedro Román, conocido por su sonrisa, ni la conseguidora Corulla, ni el exfutbolista Reñones, ni el constructor Sandokán con su pelazo al viento. Ni siquiera el autor intelectual de este saqueo sin control al pueblo de Marbella, José Antonio Roca, ese que almacenaba arte de Miró en el cuarto de baño, prueba irrefutable de su sensibilidad artística; el que coleccionaba animales disecados, como símbolo cruel de lo que estaba haciendo con el pueblo marbellí, reseco de pagar impuestos para beneficio de los cazadores del dinero público.

A pesar de lo potente de este casting, tú eres el protagonista en mi corazón, y esta “penita” del pasado viernes, es sólo una más, tú todavía tienes grandes proyectos cinematográficos en marcha, “El caso Goldfinger”, por ejemplo, que investiga la recalificación de la parcela del terreno del Bond Connery.

Ni se te ocurra agobiarte porque algún que otro advenedizo, como Bárcenas, quiera arrebatarte tu puesto en el Olimpo, ya sabes que está todo el mundo queriendo apuntarse al carro de la fama y pronto estallará la burbuja del artisteo de la corrupción, y no hay firmamento para tanta estrella. O sí…

Estoy segura de que, en un futuro, volveremos a verte triunfar en algún plató de televisión, España es, de toda la vida, muy generosa con sus leyendas y tú lo eres: el Russel Crowe de Ávila que pasó de camarero a celebritie, enamorando a una ídem. Por mucho tiempo que pases a la sombra, siempre serás, Cachuli, el astro Rey.

Continuará…

El principal acusado del caso Malaya, en el que se ha investigado una década de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel y 240 millones de multa. La Audiencia Provincial de Málaga lo considera culpable de los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación, informa Europa Press. La Fiscalía Anticorrupción pidió para el exasesor de Urbanismo del Consistorio marbellí 30 años de cárcel. 

La sala también ha anunciado el fallo para el que fuera mano derecha del fallecido Jesús Gil y Gil, Pedro Román, que deberá cumplir cuatro años de prisión y pagar una multa de 2,5 millones de euros. Por su parte, el exalcalde Julián Muñoz ha sido condenado a dos años de prisión –el ministerio público pedía diez– y cinco de inhabilitación. La exalcaldesa Marisol Yagüe, ha sido condenada a siete años y nueve meses de cárcel y más de dos millones de euros de multa y la exedil socialista Isabel García Marcos a cuatro años. 

Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios, abogados y Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, estaban acusados en relación con esta trama vinculada al urbanismo y cuya investigación provocó por primera vez en la historia de la democracia la disolución de un ayuntamiento, el de Marbella.

La sentencia se ha hecho pública tres años después del inicio del juicio y casi ocho años más tarde de que comenzara la investigación policial. De los 95 procesados con que comenzó la vista oral el 27 de septiembre de 2010, dos han fallecido, se ha retirado la acusación para nueve y otros tres se han conformado con la pena solicitada por las acusaciones. El juicio, que necesitó de 199 sesiones en las que declararon unos cuatrocientos testigos y peritos, quedó visto para sentencia en julio de 2012.

La jueza Alaya ha dado este martes un nuevo golpe sobre la mesa antes de irse de vacaciones. En esta ocasión, ha imputado a 23 personas más en la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía, por lo que el número de encausados asciende actualmente a 116, superando al mayor caso de corrupción en España hasta el momento, el caso Malaya, que investiga la gestión del Ayuntamiento de Marbella.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto con fecha 31 de julio en el que se recoge la imputación de 23 nuevas personas por la presunta administración fraudulenta de fondos autonómicos para financiar expedientes de regulación de empleo carentes de justificación, así como diferentes subvenciones a empresas o ayuntamientos andaluces. 

Entre los 23 nuevos imputados se encuentran dos de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos. La jueza los relaciona con el exsindicalista jiennense Juan Lanzas, uno de los principales protagonistas en la trama de los ERE. Los hijos del empresario jerezano habrían estado relacionados con un expediente de regulación de empleo fraudulento en el hotel Cervantes de Torremolinos, propiedad de los Ruis-Mateos. Además, en este nuevo grupo de imputados figuran intermediarios de los expedientes, trabajadores, defraudadores que recibieron indemnización sin haber trabajado y directivos de las empresas Intesur, SOS Cuétara, Cespa, Fuenteovejuna y Saldauto, según informa El Diario de Sevilla.

En este momento, entre los 116 imputados se encuentran el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez; y el exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, entre otros.

La cantidad de imputados puede aumentar a medida que avance la investigación, que intenta esclarecer el destino de los fondos dedicados a los ERE en Andalucía, que ascendieron a 721 millones entre 2001 y 2010.

El comentario que no da puntada sin hilo dice:

El exalcalde de Marbella (Málaga), Julián Muñoz, ha sido condenado a siete años de prisión por blanqueo y cohecho pasivo y a una multa de 3,8 millones de euros, en el juicio por blanqueo derivado del caso Malaya. La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga también ha condenado a la cantante Isabel Pantoja a dos años de cárcel y multa de 1,1 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales (no ingresará en prisión), mientras que la exmujer del regidor, Maite Zaldívar ha sido condenada a tres años y tres meses y un día de prisión también por blanqueo de capitales. Todos también han sido condenados a multas millonarias, informa Europa Press. 

La Audiencia de Málaga ha acogido este martes un acto público en el que se ha leído el fallo de la sentencia del caso de blanqueo de capitales, en el que, además de Muñoz, Pantoja y Zaldívar, estaban acusadas otras cuatro personas más en esta causa.

El juicio se inició el 28 de junio de 2012 y quedó visto para sentencia el pasado 29 de enero tras 27 sesiones. La Fiscalía Anticorrupción y el Ayuntamiento de Marbella acusaron finalmente a siete personas –inicialmente eran 10–; mientras que las defensas solicitaron la absolución.

Al final de la vista oral, las acusaciones habían solicitado una pena de siete años y medio de cárcel y multa de 7,4 millones para el exregidor; mientras que para Pantoja y Zaldívar solicitaron tres años y medio de prisión y multa que rondaba los tres millones de euros, para cada una.