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Se trata, según el auto, de "información pública a cuyo acceso tienen derecho los ciudadanos en los términos previstos en la Ley de Transparencia".
Su abogado, Diego Herchhoren, opina que esto abre la puerta a ejecutar la sentencia de dos años de prisión por enaltecer el terrorismo que la Audiencia Nacional dejó en suspenso en 2019.
El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo estima que el cuerpo de policía actuó con "tibieza" y hubo una "dejación consciente y voluntaria" de sus obligaciones.
Anticorrupción señala que, según el juez a cargo de esa investigación, "entre los años 2008 a 2015 el Grupo Isolux Corsán habría efectuado, al menos, 19 entregas de dinero a tales funcionarios, cada una de ellas por regla general por un importe de 300.000 dólares".
Se juzgará el asesinato de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos trabajadoras en la Universidad Centroamerica José Simeón Cañas de El Salvador el 16 de noviembre de 1989.
Eduardo Ortega, alto cargo de los servicios jurídicos e imputado, negó haber ideado la denuncia anónima contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc. Pero lo hizo con un relato donde sin explicaciones ni detalles introduce un encuentro con “una magistrada de la Audiencia” y “otro del Tribunal Superior de Justicia”.
Quienes conocen el caso dan por hecho que un porcentaje de los supuestos hechos delictivos quedará fuera de juego por el ingente volumen de documentación susceptible de ser examinada.
Los imputa por presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales supuestamente cobradas por dirigentes de Convergència Democrática de Catalunya (CDC).
Los documentos remitidos al juez desvelan que la segunda entidad financiera del país envió el 23 de enero de 2019 al BCE un informe donde ya entonces afirmaba que los contratos con Cenyt SL no habían sido aprobados por ningún organismo directivo.
La Audiencia Nacional, los TSJ de las dos comunidades, las Audiencias Provinciales y los juzgados de lo penal y primera instancia congelan su actividad para evitar riesgos. Solo se celebrarán juicios que afecten a presos y diligencias inexcusables por su urgencia.
La suspensión podrá prorrogarse en caso necesario y se excluye el servicio de guardia, que seguirá activo.
Avala la resolución de Interior de revocar la condición ya que la asociación incumplió el deber de promover la tolerancia.
García Castellón tumba la solicitud del PSOE para que declare un exdirectivo por una operación urbanística con la que se recalificaron terrenos rústicos de la cadena.
El Ejecutivo decidió recurrir la sentencia porque entiende que la decisión judicial extiende el derecho de protección consular de tal manera que sería "inasumible para el Estado".
El análisis de los pendrives intervenidos al comisario y que acumulaban información del teléfono sustraído a una asesora, detonante de la nueva solicitud de Iglesias para que el juez impute a Eduardo Inda.
El fallo no implica que se deniegue la extradición sino que decida la Justicia belga.
La juez que instruye el caso, María Tardón, investiga si Abilgafar Ramadani, su esposa y su socio, Nikola Damjanac, defraudaron a Hacienda y blanquearon capitales comprando viviendas de lujo en Mallorca.
El banco rehúsa explicar por qué pagó 1,17 millones por dos facturas de 2010 emitidas por una simple marca comercial que, para colmo, era propiedad de otra sociedad del comisario ajena a los contratos firmados con el BBVA.
La operación partió de las informaciones publicadas por Football Leaks en 2016.
El juez de la Audiencia Nacional afirma que los hechos se presentaron de forma "torcida" para confundir a la instrucción y que se basaba en una interpretación de la norma.
Declarará en unos días en el juzgado en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.
La Audiencia Nacional autorizó la semana pasada los permisos atendiendo al buen comportamiento y al no apreciarse riesgo de fuga.
Las dos acusaciones populares piden al juez García Castellón que llame a declarar a un exdirectivo de la firma por una recalificación urbanística que aseguró un pelotazo a uno de los socios de Granados.
Pla fue entregado ayer a España por las autoridades francesas y la Audiencia Nacional le ha impuesto medida cautelares hasta que la Sala de lo Penal decida sobre su procesamiento por integración en organización terrorista.
En septiembre de 2018, Concepción Espejel y Eduardo Gutiérrez mantenían que una mera "averiguación patrimonial" no interrumpe el plazo de prescripción de la responsabilidad civil. Ahora, sostienen lo contrario.
El magistrado Helmuth Moya señala que la "obligación" de "descontaminar" las 40 hectáreas de terrenos con plutonio "corresponde" a España y remarca que "como país soberano" no puede "justificar su inacción" en la "falta de cooperación" de EEUU.
En la sentencia también se respalda que sólo se computen como trabajadas las horas extraordinarias autorizadas por la empresa.
Ramón Lobo
Jesús Maraña
Raquel Martos
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
