Audiencia Nacional

Veinte de los 31 magistrados de ambas instituciones a los que el CGPJ ha otorgado compatibilidad imparten clases. Cunef, el centro universitario de la banca, es la opción más repetida (cinco casos) entre quienes tienen permiso para ejercer la docencia.

Aplica la doctrina de la Sala de Apelación tras los casos del rapero Pablo Hasel y del grupo La Insurgencia, cuyas condenas fueron reducidas de dos años a nueve y seis meses, respectivamente.

Se inhibe en favor de los juzgados decanos de Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona al considerarlos competentes para investigar los hechos.

La plataforma ciudadana fue parte de la acusación en el procedimiento por apropiación indebida en el caso de las 'tarjetas black'. 

Una nota incluida en el cuadro de ofertas para el césped del campo de golf investigado en 'Lezo' lleva a la Guardia Civil a inferir que la contratación de Tecnoconcret por Dragados pudo "haberse realizado a petición" de la empresa pública. 

Donde el Alto Tribunal ve el componente esencial del delito de rebelión, la Audiencia reconoce que los hechos tuvieron lugar “sin emplear la violencia” y por tanto sólo encuentra motivos para acusar de sedición.

La Audiencia Nacional entiende que hay indicios suficientes de la comisión de un presunto delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro de apropiación indebida en aquella operación.

Las sanciones ascendían a 88 millones de euros y afectaban a múltiples empresas del sector. Competencia podrá retomar las sanciones tal y como estaban antes de que una modificación llevara a las empresas a recurrir.

El extesorero invoca su derecho de defensa para solicitar a la Audiencia que no señale el inicio de la vista hasta que el juez De la Mata termine de investigar las donaciones de empresarios.

Quiere que se tengan en cuenta como pruebas la "grabación realizada por Ildefonso de Miguel al empresario Rafael Palencia Marroquín, en la que reconoce haber realizado un pago al PP de 30.000 euros", y que el propio De Miguel pueda declarar como testigo en el juicio.

"Ahí ya sí que hay que buscar un elemento de comunicación seguro porque terminamos presos todos", advirtió en octubre de 2005 al también comisario Enrique García Castaño, con quien preveía repartirse los ingresos del negocio.

Unas 150 personas protestan por el respaldo de los jueces a los bancos. PAH afirma que "la legitimad del Tribunal Supremo está en entredicho una vez más".

El exvicepresidente del Gobierno cumplirá 4 años y medio de prisión por su condena en el caso de las tarjetas 'black'. Coincidirá en esa cárcel con otro condenado en el mismo juicio, Estanislao Rodríguez Ponga, así como con otros reos de corrupción, Luis Bárcenas y Jesús Sepúlveda.

Cinco funcionarios inculpados por los contratos municipales de Jerez a 'Gürtel' piden que se les aplique el mismo criterio por el que el TS exoneró a la exalcaldesa y diputada García Pelayo. El caso de la senadora Pilar Barreiro, para quien la Fiscalía del alto tribunal reclama el sobreseimiento en 'Púnica' mientras otros no aforados se aproximan ya al banquillo, y el del máster de Casado ilustran las contradicciones planteadas.