Audiencia Nacional

La Guardia Civil mencionaba al político en su último informe de la investigación al haberse detectado una búsqueda en Google, pero el instructor omite nombres y da más importancia a las supuestas intenciones de los sospechosos contra infraestructuras críticas e instituciones. A pesar de ello, el presidente del PP seguía insistiendo esta semana en exigir "responsabilidades" al Gobierno, al que acusa de ocultarle información.

La sentencia unánime de cinco magistrados de la Audiencia Nacional avalando la decisión del ministro complica las opciones del coronel en caso de que recurra al Supremo. La destitución por "pérdida de confianza" llegó en medio de la polémica por los informes que entregaron sus subordinados en la causa del 8M, plagados de errores y bulos contra el Gobierno.

Pedraz rechazó diligencias propuestas por la Abogacía del Estado, pero una acusación popular lo ha recurrido al considerar que son claves para el total esclarecimiento de los hechos. El magistrado escuchará ahora a las partes personadas sobre si las pesquisas fueron solicitadas en plazo y sobre su conveniencia.

Advierten de que cerrar la investigación sin agotar todas las vías para encontrar el material robado a Bárcenas sería como asegurar el éxito del operativo ilegal.

El tribunal ha estimado el recurso presentado por su defensa y le ha descontado el periodo que pasó en prisión preventiva entre febrero de 2006 y noviembre de 2007.

El exministro del Interior pide al juez que le saquen de la lista de procesados tras la investigación del espionaje parapolicial a Bárcenas.

El Ministerio asegura que es el juzgado de Ceuta el que debe estudiar una "posible vulneración de derechos" y que el acuerdo con Rabat de 2007 "se corresponde a un verdadero Tratado Internacional". 

La multa contra 12 constructoras por amañar contratos públicos de conservación de carreteras ha vuelto a revelar la escasa capacidad disuasoria de los expedientes de la CNMC. Las empresas recurren a los tribunales, mantienen 403 recursos judiciales contra resoluciones de la CNMC, y muchas veces ganan. Sólo la Audiencia Nacional dictó 76 sentencias a favor de las empresas en 2017.

El cierre de la pieza 7 del caso Villarejo se puede recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no resolverá hasta el próximo otoño como pronto. Fiscalía y acusaciones populares preparan sus escritos para intentar que se prorrogue la causa y poder aclarar la posible implicación del PP ante los flecos que quedaron pendientes.

Los afectados por el atentado de Barcelona y Cambrils piden que la Audiencia Nacional resuelva los recursos contra la sentencia, que condenó a los responsables por delitos de organización terrorista.

El presidente de Iberdrola cimenta su petición de sobreseimiento libre en que los hechos por los que está investigado habrían prescrito.

No ve "indicio alguno" para enviar a juicio a Cospedal y su marido por el espionaje a Bárcenas, que limita a un asunto policial orquestado por la cúpula de Interior. Tampoco da credibilidad a Villarejo cuando dice que se mensajeaba con Rajoy. 

Tras la investigación del cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar fiestas municipales, la Audiencia Nacional ha procesado a un total de quince personas.

También considera acreditada la participación de Francisco Martínez, el número dos de la cúpula de Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy. Les imputa delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación. Se libran Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Una decena de mandos policiales, con José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Eugenio a Pino a la cabeza, también han sido procesados.

La Audiencia Nacional considera que los hechos han prescrito, que no se ha acreditado el delito de genocidio y que los testigos contradicen las afirmaciones de la querella. 

El juez Manuel García Castellón les atribuye delitos de cohecho por el encargo hecho por el empresario cuando el comisario era policía en activo. López Madrid tiene pendiente otra causa por este asunto en los juzgados de Madrid y se va a sentar en el banquillo por una mordida a Ignacio González de casi dos millones de euros. Además, fue condenado por las tarjetas black y juzgado en el caso Bankia.

El comisario jubilado se habría encargado de investigar un proceso arbitral entre en el marco del Proyecto July para determinar si hubo soborno para que se resolviera a favor de la empresa editorial.

El banco y la petrolera exhiben estrategias enfrentadas, como ya hicieran Isidro Fainé y Antonio Brufau, también imputados.