Audiencia Nacional

Este viernes declaran cinco personas relacionadas con el Frente Polisario por la querella del activista Fabel Breica.

Anticorrupción responde así a la acusación popular Pro Lege, que pidió citar como investigado al líder de Podemos después de que perdiera el aforamiento. El juez aún está a la espera de recibir un nuevo informe policial sobre los daños en la tarjeta del móvil de Dina Bousselham.

Los casos de corrupción asolan los dieciocho años casi ininterrumpidos de aguirrismo con Púnica, Lezo y el Campus de la Justicia como grandes exponentes. Dos expresidentes, exalcaldes y exconcejales conservadores están bajo el foco de los tribunales, pero estas causas no formado parte de los ejes centrales de la campaña del 4M.

De este modo se ha confirmado la decisión del juez, Manuel García-Castellón, de no abrir una investigación sobre el contenido de los chats de los abogados de Podemos.

Anticorrupción y el juez están de acuerdo en que no hay base para sustentar la imputación por prevaricación y cohecho en la pieza 9 del caso Púnica. La acusación popular que ejerce Adade sí recurre al estimar que hay "sobrados indicios" y que debe ser el tribunal que juzgue los hechos quien valore toda la prueba. La expresidenta aún está pendiente de saber si el TSJ de Madrid ordena repetir el juicio del caso Máster o si, por el contrario, confirma su absolución.

Fiscales consultados por infoLibre descartan un delito terrorista y subrayan que la Audiencia Nacional sólo sería competente si se considerara que las amenazas han ido dirigidas contra el Gobierno como institución y no contra personas concretas.

El exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa dimitió en otoño del cargo de comisionado para Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid. Es uno más de la lista de exdirigentes del PP que se habrían beneficiado de informes para la mejora de su imagen en internet y pagados con fondos públicos. 

La Audiencia Nacional investiga a la multinacional en la causa Abengoa II tras la sentencia absolutoria por las indemnizaciones millonarias.

El registro forma parte de una causa sobre la que se ha decretado secretro de sumario.

El coronel de la Guardia Civil fue cesado, según la sentencia de la Audiencia Nacional, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en torno a la manifestación del 8M en 2020

La denuncia por delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación también se dirige contra el secretario de Estado de Seguridad y la directora de la Guardia Civil. PP y Ciudadanos vuelven a exigir la dimisión del ministro.

Destaca que el ministerio cuenta con una herramienta informática que le permite recabar la información reclamada por una plataforma.

La pieza de las actividades de la trama corrupta en Boadilla del Monte tiene 27 procesados y la mayoría buscan acuerdo de conformidad. Los antecedentes de otras sentencias en las que se aplicó la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas llevó al líder de la red a ofrecer su confesión.

Las últimas resoluciones judiciales urgen a concluir las indagaciones: la Audiencia Nacional habla de no demorar los plazos y el juez cree que la investigación está "agotada". Anticorrupción está por la labor de mover ficha una vez que pasen los comicios autonómicos para no interferir en el proceso electoral.

Consideran que la declaración del empresario al que señaló resulta más "verosímil" que la del extesorero, que no había aportado ninguna prueba. El magistrado concluye que no hay ningún indicio que haga pensar que ese pago existió.

Se unen a la estrategia de defender que los papeles con anotaciones de la contabilidad opaca eran de Bárcenas, no del partido. Aznar niega haber recibido sobresueldos en negro, pero se desmarca de sus sucesores: "No sé lo que han hecho los demás ni me importa".

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este miércoles en el juicio por las obras de la reforma de la sede de Génova que "no ha habido caja b del PP"

Insiste en que un abogado vinculado al partido le quiso comprar prometiéndole el cese de Gallardón como ministro de Justicia. Sitúa a Rajoy en la cúspide de la 'operación Kitchen' por el interés que tendría en recuperar documentación comprometedora.

El vicepresidente dejará su cargo en el Gobierno y el escaño en el Congreso antes de que comience la campaña electoral en Madrid. Cuando tome posesión del acta de diputado en la Asamblea autonómica, pasará a estar aforado ante el TSJM.