Empresas públicas, comisiones y tretas políticas: el mapa de relaciones del ‘caso Leire Díez’
Hasta esta semana, Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso ocupaban casillas distintas en el tablero: la operativa política, la alta Administración pública y la gestión empresarial privada. Sin embargo, la operación de la UCO, que los ha detenido en el marco de una pieza —aún secreta— del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, los reúne en una misma fotografía judicial y permite trazar un mapa en el que sus trayectorias se cruzan en varios momentos y a través de estructuras comunes, desde empresas públicas hasta la la privada Servinabar.
Santos Cerdán: el punto del que parten dos hilos
El exsecretario de Organización del PSOE aparece en el gráfico por dos razones. La primera, porque es socio al 45% —según la documentación incautada por la UCO— de Servinabar, empresa en el epicentro del caso de presunta corrupción en contratos públicos por el cual Cerdán espera juicio tras cinco meses de prisión preventiva.
La segunda, porque Leire Díez se presentaba como su “mano derecha” en los audios que investiga el Juzgado 9 de lo Penal de Madrid, lo que sitúa a Cerdán como presunto cabecilla de la operación política para chantajear a fiscales e investigadores, por la que también están imputados el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.
Leire Díez: de las gestiones políticas a la trama de contratos
Hasta ahora, Díez era conocida por su papel en el caso de los audios, donde se atribuía funciones informales dentro del PSOE y buscaba información contra fiscales y mandos de la UCO. Ese frente sigue abierto, pero su detención esta semana la coloca también dentro de la rama económica del caso.
Durante años, Díez circuló por un cinturón de empresas públicas donde coincidieron perfiles próximos al Gobierno y a la estructura orgánica del PSOE, un espacio que ahora examinan la UCO y la Audiencia Nacional. Su paso por varios cargos de responsabilidad en entidades dependientes de la SEPI, o su presencia en órganos de dirección de empresas participadas por el Estado, la colocan en una intersección entre la Administración y el sector privado que hoy adquiere una relevancia inesperada tras conocerse su detención junto a la Antxon Alonso y Vicente Fernández.
Joseba Antxon Alonso: el administrador en el centro del engranaje
Figura discreta durante años, Antxon Alonso es administrador único y socio de Servinabar, la empresa que la Guardia Civil sitúa como el punto de unión de varias adjudicaciones de obra pública. Su firma aparece en memorandos, contratos de “seguridad y salud” y acuerdos de colaboración que ya estaban bajo lupa en el caso Koldo por las comisiones del 2% que según la UCO habría cobrado la empresa en varios contratos de obra pública adjudicados a Acciona.
Vicente Fernández: de la órbita de Montero a Servinabar
El expresidente de la SEPI ocupa el segundo vértice del triángulo. Nombrado en 2018 por María Jesús Montero tras haber sido su interventor en la Junta de Andalucía, dimitió en 2019 por el caso de la mina de Aznalcóllar, en el que fue absuelto este diciembre.
Tras dejar la SEPI, Fernández pasó al sector privado con autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses y fichó por Servinabar en 2021, primero como asesor y después como director comercial. Ese movimiento —del gran holding público a la empresa participada por el número tres del PSOE— es hoy un eje central de la investigación.
El perímetro de empresas públicas que conecta a los investigados
La segunda capa del gráfico la forman las empresas públicas —y semipúblicas— que han funcionado durante años como espacios de cruce entre las trayectorias de Leire Díez y Vicente Fernández. El eje central es la SEPI, el mayor holding estatal, de cuya estructura dependen tanto ENUSA —al 60%— como Correos.
Desde ahí se despliega un recorrido que explica parte de los vínculos que ahora examina la UCO: ENUSA fue la primera parada de Díez, que fue jefa de Comunicación en la etapa de José Vicente Berlanga —ligado a Ábalos—como presidente; en Correos recaló después, como directora de Relaciones Institucionales; y, en paralelo, ejerció como consejera de Cistec Technology, una tecnológica navarra en la que la SEPI tomó un 25% en 2018 cuando el presidente era Vicente Fernández, operación que también investiga la UCO. Los años en que Díez fue consejera de Cistec (entre 2021 y 2023), la empresa recibió importantes ayudas y contratos públicos.
