La muerte del periodismo Luis García Montero
Y no pasa nada. Ni una pequeña colleja de los firmantes, nada de nada. Al Supremo le debe parecer de perlas que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid acuse en falso al fiscal general de cometer un delito inventado. Acusar en falso es atribuir a otra persona la comisión de un hecho que de ser cierto constituye un delito, y es una cosa tan fea que está tipificada en el Código Penal.
Es lo que se desprende tras la publicación de la sentencia el martes pasado en la que se argumenta la condena a Álvaro García Ortiz, y en la que se pasa de puntillas por el hecho de que todo el lío gordo que se ha montado tiene su origen en que Miguel Ángel Rodríguez (MÁR) injurió también al fiscal general del Estado. Una injuria consiste en desacreditar a alguien afectando así su reputación y su honor. Otro delito bien claro según el Código Penal. ¿No es esto lo que ha hecho MÁR al acusar al fiscal general de dar órdenes que no dio?
Ah, no, qué va. Vamos a dejarlo en que ha soltado una trola, porque mentir sí que se puede, pero una cosa es un embuste y otra injuriar y acusar en falso. Dado que tanto el Supremo en su sentencia como la UCO en su declaración hicieron suyas las tesis de Rodríguez, es mejor dar por hecho que no pasa de ser una patraña inocua. Con lo que le gusta al Supremo conjeturar, especulemos con que no tenía intención de montarla, solo se trataba de echar un cable a la jefa. Claro que esa pueril falacia se ha llevado por delante la presunción de inocencia.
Medio país se ha quedado con una imagen prevaricadora de la Justicia –gracias a la invención de una mentira– que no será fácil de cambiar
“Lo más preocupante es que los magistrados han hecho tabla rasa de lo que el propio Supremo ha venido construyendo en los últimos 40 años, que es la presunción de inocencia. Lo que supone desandar el camino andado en el sistema de garantías. Uno de los párrafos más patéticos es el que dice que si el Fiscal no hubiera vaciado su móvil hubiera podido demostrar su inocencia. Lamentable, esto siempre ha sido al revés. Es la acusación quien tiene que demostrar la culpabilidad con pruebas. Estamos volviendo a tiempos oscuros, a una policía cada vez más escorada y a unos jueces serviles”, dice un magistrado veterano. Recuerda que cuando aprobó las oposiciones en los últimos tiempos del franquismo, sus compañeros recitaban entre carcajadas un axioma que al parecer iba más en serio que en broma: al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legislación vigente.
Medio país se ha quedado con una imagen prevaricadora de la Justicia –gracias a la invención de una mentira– que no será fácil de cambiar. “Conociendo a los firmantes, Marchena, Berdugo y Palacios, no me sorprende, pero ha habido dos que me han dejado descorazonado. Antonio del Moral, que es del Opus Dei, pensaba que era un tío decente, que además va en contra de sus propias sentencias en las que insiste en la presunción de inocencia, y a Martínez Arrieta también le tenía por un juez competente pero se ve que tenía que devolver el favor a la derecha”, reflexiona un magistrado.
La sentencia nos deja también al ‘entorno’ como sujeto del crimen, cuando concluye que el fiscal general o alguien de su entorno filtró el correo. Oye, ¿quién ha sido? Habrá sido el entorno. Como chiste tiene un pase pero como sentencia condenatoria es preocupante. No se ha querido investigar en ningún momento de la instrucción al ‘entorno’ porque habría quedado probado que había demasiada gente con acceso a esa información y hubiera perdido fuerza la única tesis que se manejaba desde el principio, que era la de la culpabilidad del fiscal general. Así que al Supremo no le queda otra alternativa razonable, después de declarar seis periodistas que García Ortiz no había sido el filtrador, que suponer que, si no ha sido él, habrá sido alguien de su entorno. Que la verdad no te arruine una bonita sentencia.
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