Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, en libertad después de que la Fiscalía no pida su ingreso en prisión
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que deje en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la fiscal ha solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado para los tres tras comparecer ante el magistrado en una causa abierta por presuntas irregularidades en contratos públicos.
Al ser la Fiscalía la única parte personada en la causa, que se mantiene bajo secreto, el magistrado ha atendido a su petición y los tres han sido puestos en libertad con esas medidas cautelares y como investigados en una causa por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.
Leire Díez, que ha salido de la Audiencia Nacional con el rostro completamente cubierto, y Antxon Alonso se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez Antonio Piña al estar la causa secreta, mientras que Vicente Fernández ha negado haber participado en ninguna irregularidad en contratos públicos.
Fernández niega amaños
El expresidente de la SEPI Vicente Fernández ha respondido a todas las preguntas, entre ellas algunas sobre supuestas comisiones en las que los investigadores sospechan que podría haberse visto implicado. Él lo ha negado, al mismo tiempo que ha rechazado haber participado en el amaño de ningún contrato.
También ha sido preguntado por su papel en la empresa navarra Servinabar, implicada en el caso Koldo y para la que Fernández trabajó tras dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño del concurso de la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), en el que quedó absuelto.
Servinabar está administrada por el tercer investigado en la causa: Antxon Alonso. A este empresario, que también se ha negado a declarar, los investigadores del caso Koldo lo vinculan con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien habría comprado casi la mitad de las participaciones de esta empresa con un contrato al que el exdirigente socialista niega valor jurídico.
La investigación, que arrancó con una querella de la Fiscalía, trata de esclarecer presuntas irregularidades en contratos públicos que podrían remontarse a los años 2021 y 2022 y, con ese objetivo, los agentes de la UCO han practicado esta semana una veintena de registros y requerimientos de documentación en organismos, empresas y domicilios en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.
Los agentes acudieron a pedir información a la SEPI o a Correos, y registraron la sede de Enusa, empresa de titularidad pública dependiente de la primera y en la que Leire Díez estuvo contratada como responsable de comunicación coincidiendo con la etapa en la que Vicente Fernández presidió la SEPI (2018-2019). En Correos, donde llegó a ser directora de Filatelia, tuvo varios cargos hasta 2023.
Este viernes, la UCO también acudió a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, en busca de documentación sobre contratos y subvenciones bajo la lupa de los investigadores.
La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama de Leire Díez
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En concreto, los agentes han requerido información a la Dirección General de Patrimonio del Estado o el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) o la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica). También se han personado este viernes en Cofivacasa, perteneciente a la SEPI.
El jueves, la UCO acudió a recabar documentación a las empresas públicas Sepides y Mercasa y también a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital mañana, o a la empresa Cemsal.
También registraron un bar de Sevilla gestionado por la sociedad La Bola Innovación, creada en 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI, quien fue administradora hasta junio de 2023, cuando tomó el relevo el propio Vicente Fernández. La UCO se incautó de la contabilidad y dispositivos del local para determinar si pudo usarse para blanquear dinero presuntamente ilícito de la trama investigada.
