Fergie Chambers afronta su posible extradición a EEUU mientras su defensa alega una “persecución política”
James Cox ‘Fergie’ Chambers Jr. lleva más de un mes encarcelado en España mientras se decide si debe ser entregado a Estados Unidos. El multimillonario y activista estadounidense fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza en virtud de una reclamación de las autoridades de su país y posteriormente ingresó en prisión provisional en la cárcel de Aranjuez, en Madrid, por decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Más de un mes después de su arresto, su defensa asegura a infoLibre que todavía no ha recibido “ningún tipo de documentación” procedente de Estados Unidos para sustentar la solicitud de extradición. “Tampoco podemos asegurar que la misma nos sea remitida en el plazo correspondiente que contempla el proceso”, señala el equipo jurídico de Chambers.
Según explica la defensa, la reclamación estadounidense atribuye al activista tres cargos: blanqueo de capitales, disturbios y conspiración para cometer disturbios. Sus abogados sostienen, sin embargo, que Washington “no ha presentado ninguna prueba de los delitos de los que se le acusa”.
Al frente de su defensa se encuentra ILOCAD, el despacho dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, que asumió a principios de agosto la estrategia jurídica de Chambers y pretende demostrar ante los tribunales españoles que las actividades cuestionadas estaban vinculadas a sus negocios o tenían fines filantrópicos y humanitarios.
Una parte de las acusaciones estaría relacionada con unos disturbios ocurridos en las instalaciones de la empresa israelí de tecnología militar Elbit Systems en New Hampshire. La defensa asegura que Chambers “no estaba presente” y cuestiona la proporcionalidad de la pena que, según afirma, reclama Estados Unidos.
“A las otras personas partícipes en los hechos se les condenó únicamente a 60 días deprisión, mientras que para Fergie Chambers solicitan cinco años, lo cual es injusto y desproporcionado”, sostiene su equipo jurídico. Los abogados consideran además que el cargo de conspiración para cometer disturbios plantea problemas de encaje en el ordenamiento español, donde, según su interpretación, no constituye un delito adicional autónomo, sino “una parte del íter criminis”.
Respecto al supuesto blanqueo de capitales, la defensa niega cualquier actividad ilícita y sostiene que no existió lucro por parte de Chambers y que toda su actividad económica se encuentra “correctamente auditada y justificada”.
Una transferencia a Túnez en el centro de la acusación
Uno de los elementos sobre los que pivota la reclamación estadounidense es una transferencia de dinero realizada a Túnez, país en el que Chambers residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.
La defensa sostiene que los fondos fueron destinados a proporcionar ayuda económica al Club Africain, que atravesaba importantes dificultades económicas. Según los abogados, el apoyo de Chambers pretendía evitar la desaparición del club y puede ser acreditado tanto por la propia entidad como por la FIFA.
El equipo jurídico rechaza además que la orden de detención acuse específicamente al multimillonario de haber transferido dinero a Hamás. “La orden alega que esta transferencia de fondos al extranjero se realizó con la intención de prestar apoyo a grupos terroristas, no habla específicamente de Hamás”, explican.
A juicio de sus abogados, las autoridades estadounidenses habrían recurrido a las inversiones empresariales de Chambers como punto de partida para construir una acusación de blanqueo que consideran “de base endeble”. La defensa sostiene que no ha existido delito y vincula el procedimiento con el activismo político de su cliente: “Este proceso tiene una finalidad de persecución política”.
El equipo jurídico asegura además que Chambers ha destinado cerca de un millón de dólares a proyectos y acciones humanitarias en Gaza y que todas las donaciones pueden verificarse. Entre sus destinatarios cita la Alianza para los Niños de Oriente Medio (MECA), el Proyecto Sameer, el Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM), el Fondo para la Infancia Ghassan Abu Sittah y el Proyecto Zaynab, dedicados a proporcionar alimentos, medicinas, asistencia sanitaria, apoyo económico y atención psicológica a la población gazatí.
Un máximo de 45 días en prisión
La ausencia de documentación estadounidense adquiere especial importancia por los plazos del procedimiento. Chambers fue detenido provisionalmente a la espera de que Estados Unidos formalice la reclamación y aporte la documentación que la fundamente.
El tratado de extradición entre ambos países establece que la persona detenida provisionalmente debe ser puesta en libertad si transcurren 45 días desde la notificación diplomática de su arresto sin que se haya recibido la petición formal acompañada de la documentación exigida. No obstante, esa puesta en libertad no impediría que el procedimiento pudiera iniciarse más adelante si la solicitud llegara posteriormente. Chambers fue detenido el 10 de julio y su defensa asegura que, a fecha de este viernes, sigue sin haber recibido la documentación estadounidense.
Si finalmente llega, la Audiencia Nacional deberá decidir si la extradición es jurídicamente procedente. Entre las cuestiones que tendrá que valorar figura el principio de doble incriminación, que exige que los hechos puedan ser considerados delito tanto en España como en Estados Unidos, aunque no necesariamente tengan la misma denominación en ambos ordenamientos.
La defensa alega una “persecución política”
Más allá de discutir los cargos y las operaciones económicas, el equipo jurídico de Chambers enmarca la reclamación estadounidense en una “persecución política” vinculada a su apoyo a Palestina.
Para sustentar esta tesis, la defensa señala lo que considera una “ofensiva sin precedentes” contra instituciones y personas vinculadas a la defensa del derecho internacional y de Palestina. Cita las sanciones impuestas por la Administración Trump a miembros de la Corte Penal Internacional relacionados con las investigaciones sobre Israel y a la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.
También alude a investigaciones, restricciones financieras y campañas contra organizaciones de derechos humanos, universidades, periodistas, estudiantes, investigadores y activistas relacionados con el movimiento internacional de solidaridad con Palestina.
“Es objetivamente evidente que existe un contexto de uso creciente de instrumentos jurídicos y administrativos contra quienes denuncian posibles violaciones del derecho internacional en Palestina o apoyan iniciativas humanitarias relacionadas con ese territorio”, sostiene el equipo jurídico.
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Por ello, la defensa considera que España debe someter la reclamación estadounidense a un escrutinio especialmente riguroso. “Las autoridades españolas no pueden permanecer indiferentes ante este contexto”, advierte, y pide evitar que la extradición pueda contribuir “directa o indirectamente a una estrategia de persecución política”.
El argumento puede adquirir relevancia durante el procedimiento. La legislación española permite rechazar una extradición cuando existan razones fundadas para considerar que una petición formulada por un delito común persigue en realidad castigar a una persona por sus opiniones políticas, aunque excluye los actos de terrorismo de la consideración de delito político. El tratado bilateral con Estados Unidos contempla igualmente la posibilidad de denegar la entrega cuando concurran motivos políticos.
Por el momento, el equipo jurídico de Chambers evita adelantar qué estrategia concreta desplegará ante la Audiencia Nacional. Preguntado por infoLibre sobre los argumentos que utilizará para tratar de impedir la entrega y sobre una eventual intervención posterior del Gobierno español, responde que “no podemos adelantar nada hasta que llegue toda la documentación desde EEUU”.
