La UCO pide documentación a SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa tras la detención de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido este jueves documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa dentro de la operación en la que han sido detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.

Fuentes próximas al caso han informado a EFE de estos requerimientos de información dentro de las pesquisas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación, que se encuentra abierta y bajo secreto sumarial, se están han desarrollando hasta 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Los agentes han acudido a las sedes de las empresas públicas a requerir información, si bien en el caso de Enusa -donde estuvo contratada Leire Díez- se ha tratado de un registro, según las fuentes.

Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal.

Fuentes de SEPI han indicado a EFE que la compañía está prestando "máxima colaboración" con este requerimiento de información.

El juez investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Los tres detenidos serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde ayer en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Antxon Alonso, detenido ayer en Vizcaya, ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45% de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que nunca se hizo efectiva.

Según el último informe que presentó la UCO en el Supremo, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2% de cada adjudicación que lograba la constructora Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.

La Guardia Civil detiene a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández

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Leire Díez, por su parte, a la que también se relaciona con Cerdán, estaba ya siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra miembros de la Fiscalía Anticorrupción o altos mandos de la Guardia Civil, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Díez, extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, que dependen de SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades.

Vicente Fernández también está relacionado con Servinabar, empresa en la que trabajó después de dimitir en 2019 como presidente de SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que resultó absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.