Las alertas por violencia sexual dejan a las mujeres migrantes en una situación de riesgo extremo en Ceuta

Si los procesos migratorios sitúan a quienes los transitan en contextos de extrema vulnerabilidad, los riesgos se multiplican cuando se trata de mujeres e infancias. Más aún en situaciones excepcionales como la que desde hace semanas tiene lugar en Ceuta. Las autoridades de la ciudad autónoma han recibido varias denuncias de violencia sexual, los juzgados especializados han tramitado al menos tres y las instituciones han comenzado a activar todas las alertas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señaló en un comunicado emitido el miércoles que los juzgados ceutíes han tramitado tres denuncias por delitos contra la libertad sexual de mujeres marroquíes, dos de ellas menores de edad, en los últimos días. En dos de los casos, los jueces decretaron el ingreso en prisión de los inculpados y en el tercero se acordó la expulsión del detenido. 

El Ministerio de Igualdad envió este jueves un oficio al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para reiterar la "plena colaboración" ante la "necesidad de protección de las mujeres y niñas que han llegado". En la misiva, dirigida también a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, la ministra Ana Redondo se ofrece a conceder "los recursos económicos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como los medios técnicos y humanos necesarios para activar dichos recursos lo más ágilmente posible". 

El departamento también solicita que se utilice al completo el centro de crisis para víctimas de violencia sexual, ocupado actualmente de forma parcial. "Se considera que hay que aprovechar toda su capacidad para acoger a mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad", sostienen fuentes de la cartera. Amnistía Internacional denunció en un informe publicado a finales del año pasado que el centro de la ciudad autónoma era el único inactivo de todo el país.

La realidad es que numerosos testimonios atestiguan episodios de violencia sexual en la ciudad y no son pocas las mujeres llegadas al territorio que expresan el temor que las asola ante la escalada de violencia. A la situación de vulnerabilidad propia del proceso migratorio, se suman en su caso los riesgos ligados a su género. El Defensor del Pueblo inició este jueves una actuación de oficio en la que advierte de menores todavía sin identificar, con especial preocupación por las niñas fuera del sistema de protección. Las alianzas entre organizaciones del tercer sector y vecinos han llevado a la apertura improvisada de espacios específicos para dar cobijo a mujeres y niñas, centros que se encuentran ya al límite de su capacidad. 

Recursos y derechos

A las complejidades de una situación extraordinaria se suma la falta de recursos y la desinformación en torno a los derechos que asisten a las víctimas. Las mujeres migrantes en situación administrativa irregular que hayan sufrido violencia machista tienen derecho a recibir protección, asistencia sanitaria, psicológica, social y jurídica, con independencia de su situación administrativa y al margen de que exista una denuncia formal. 

Lo recuerda la jueza Victoria Rosell. Las mujeres que han sufrido violencia machista a su llegada a la ciudad autónoma tienen "exactamente los mismos derechos" que las españolas, asiente la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La conocida como ley del solo sí es sí determina en su artículo 3.2 que la protección integral fijada por la norma es de aplicación "a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales" en territorio español, con independencia de "su nacionalidad y de su situación administrativa". 

La misma ley, expone la exdelegada, modificó la legislación de extranjería para "evitar la incoación de expediente administrativo sancionador en el caso de las mujeres víctimas de violencias sexuales que denuncien su situación, como ya ocurre en el caso de víctimas de violencia de género".

Las mismas pueden solicitar además un permiso de residencia y trabajo por situaciones extraordinarias, como las descritas, pero en este caso sí "sería necesaria una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal acreditando que existen indicios de violencia", puntualiza Rosell. Por esta vía, las mujeres podrían obtener una autorización provisional mientras se resuelve el caso. En el supuesto de que termine en archivo o sobreseimiento debido a la expulsión del agresor o a que se encuentra en paradero desconocido, la ausencia de condena no impide obtener la autorización definitiva, siempre que de la resolución judicial se deduzca que la mujer fue víctima de violencia sexual.

Aquellas que huyan de sus países debido a episodios de violencia machista, tienen además derecho a protección internacional siempre que exista riesgo de persecución por razones de género. Pero la información no siempre llega, los recursos escasean y la ayuda se revela insuficiente. Y es preciso tener en cuenta que "la necesidad de las víctimas crece cuando no tienen red o cuando dependen del agresor", situaciones que hacen necesario "mucho más apoyo y atención", con una mediación cultural especializada, abunda la magistrada. 

Mujeres migrantes

En el año 2010, Médicos Sin Fronteras documentó cómo "el uso de la violencia sexual se convierte en una de las prácticas violentas más habituales contra la mujer en el marco del fenómeno migratorio", basándose en las mujeres subsaharianas atrapadas en Marruecos de camino a Europa. Dos años después, otro análisis de la situación concluía que si bien el peso exacto de la violencia sexual es imposible de medir, los datos sugieren que se trata de "un problema de alarmantes proporciones". La organización dibuja a mujeres y niñas como sujetos especialmente expuestos durante el viaje y en las zonas fronterizas, tanto a violencia sexual como a captación por redes de trata y explotación.

También Caminando Fronteras, en un análisis sobre las personas migrantes en la frontera occidental euroafricana, advierte que mientras están en situación de tránsito, las mujeres "sufren violencia, discriminación, racismo, deportaciones y violencia sexual, viéndose obligadas a sobrevivir en condiciones extremas que las empujan a la mendicidad, la prostitución y los trabajos precarios, además de correr el peligro de ser captadas por redes de trata".

En términos generales, Red Acoge reseña que "muchas mujeres sufren discriminaciones y violencias que son acumulativas a lo largo del proceso migratorio". La violencia, sentencia la organización en una guía publicada hace tres años, "puede ser una de las motivaciones para querer migrar, puede darse también en los territorios de tránsito, en especial si se han visto forzadas a utilizar canales irregulares y, también, pueden sufrirla en los países de acogida".

A las mismas conclusiones llega Alejandra Alemán, abogada en la organización Women’s Link Worldwide. "La migración no afecta igual a las mujeres que a los hombres, por las motivaciones, los riesgos, las formas de migrar y la inserción social posterior", afirma la experta, todos ellos procesos caracterizados por una "mayor exposición a la violencia basada en el género". 

El PP vuelve a usar una crisis sistémica, la de Ceuta, para fomentar la polarización y dar alas a Marruecos

Ver más

A todo ello, lamenta la jurista, se suman los muchos obstáculos en los países de destino: desde las barreras para denunciar hasta el trato de las autoridades, lo que deriva en ocasiones en una suerte de violencia institucional que se cronifica. "El estatus migratorio irregular no reduce las obligaciones de los Estados", recuerda Alemán. Al contrario, las instituciones tienen la obligación de garantizar la integridad de las mujeres, no solo mediante la identificación de situaciones de violencia, "sino también activando sistemas de protección independientemente de la condición migratoria de la víctima".

Lucila Rodríguez-Alarcón, cofundadora y directora de la Fundación porCausa, pone de relieve las características diferenciales que obligan a extremar la precaución en el análisis sobre la situación en Ceuta. El volumen de personas que han llegado a la ciudad autónoma "es enorme", por tanto la situación es de "una excepcionalidad máxima" en comparación con los procesos migratorios "irregulares en todo el camino", en los que "las mujeres representan una minoría, precisamente porque tienen un nivel de vulnerabilidad elevado".

La emergencia actual, afina la experta al otro lado del teléfono, no equivale a "un proceso migratorio, sino a una marcha organizada que ha utilizado a un pueblo muy vulnerable como herramienta para desestabilizar el gobierno de una nación". En consecuencia, "no hay recursos para atender a nadie, porque es una marcha diseñada para desbordar el sistema de la ciudad".