El dilema imposible de los menores migrantes en Ceuta
Las cifras de menores no acompañados que han cruzado aprovechando la marcha civil sobre Ceuta son confusas. Por un lado, las cifras oficiales del Gobierno estiman entorno a 1.200 menores, pero el director de UNICEF José María Vera, afirmaba el pasado miércoles que "todo apunta a que la cifra real es considerablemente mayor". Las informaciones que llegan desde la ciudad autónoma son inquietantes. Es mucha gente vulnerable que desembarca de repente y tiene que ser absorbida por una comunidad de unas 83.000 personas que ocupan un espacio muy pequeño. Y son miles de menores, algunos muy pequeños, y, algo poco habitual, hay bastantes niñas. La desprotección de este colectivo exige medidas específicas para evitar abusos, violaciones y maltratos de todo tipo. Es un esfuerzo imposible, lo cual es muy conveniente si lo que pretendían quienes instigaron la marcha civil sobre Ceuta era presionar a nuestro país.
Los chicos menores norteafricanos y subsaharianos son el colectivo más despreciado de todos los colectivos migrantes de nuestro país. Rápidamente identificables por su fenotipo, su forma de vestir y su idioma, nuestras instituciones y nuestra sociedad les exigen una docilidad, una excelencia y una abnegación difíciles de encontrar en personas adolescentes. Aun así son en general un grupo excepcional, que abraza las parcas oportunidades que les ofrece el sistema cuando se les brinda la oportunidad. Los datos de adaptación y de inserción laboral de este colectivo son excepcionales, y en términos puramente económicos son la población migrante más rentable que hay. Pero poseen las dos características que no se perdonan en nuestras sociedades europeas decadentes y envejecidas, son jóvenes y son de origen musulmán. Son la capa más baja de nuestra pirámide social actual y ocupan el espacio que en los ochenta tenían los chavales de las barriadas, hijos de familias muy numerosas que se buscaban la vida desde pequeños porque sus padres no podían cuidar de ellos. Es un escalón que parece que siempre ha de estar presente, esa especie de punching ball que necesitamos para darle golpes y expiar a su costa todos los males.
Esta situación genera un dilema imposible. Parece que tenemos que elegir entre priorizar el bienestar del menor, como dice nuestro ordenamiento legal y dicta la ética básica sobre la que se construye una sociedad de derecho, o llevar a cabo una acción defensiva ante lo que ha sido un grave ataque a nuestra soberanía nacional. Y esto sabiendo que, si el Gobierno de España devuelve a estos jóvenes, ni las personas más progresistas de este país se van realmente a oponer.
Vamos por partes. Aceptar que todos los menores que han entrado se queden en la ciudad hasta que se les permita entrar en la península es someter a Ceuta a una presión imposible. Una presión que se transmite también al resto de nuestro país porque obviamente la derecha —acompañada, en muchos casos, por la ultraderecha— que preside 12 de las 17 comunidades autónomas de nuestro país no va a solidarizarse ni con la infancia migrante ni con el Gobierno de Ceuta aunque sea de su partido. Y eso puede hacer que el traslado de los chavales a la península se alargue durante un tiempo imposible de soportar para la ciudad.
Luego está el problema del relato migratorio. El tema resulta tan tóxico que la mayoría de las personas, incluyendo a votantes de partidos como Sumar, Podemos o nacionalistas de izquierdas, estiman en su fuero interno que es mejor que devuelvan a los niños. A fin de cuentas vienen de un país vecino que no está en guerra, no se trata de niños refugiados ni cuya situación se haya reconocido como digna de merecer asilo. Poco importa que todos estos niños, niñas y jóvenes menores de edad hayan cruzado a Ceuta por su propio pie obedeciendo a su propia voluntad y que estén dispuestos a someterse a los maltratos y los sufrimientos que encontrarán en los centros de menores antes que quedarse en Marruecos. Puede que haya muchos que estén huyendo de redes de trata o de situaciones de maltrato familiar extremo. Pero en términos absolutos eso da igual porque pensarlo sería abrir el debate sobre a partir de qué momento de abuso o de maltrato consideramos que estos niños, niñas o jóvenes son dignos de recibir nuestra acogida.
Además aceptar a los menores se puede interpretar como dejar sin respuesta al chantaje que pone en jaque nuestra soberanía nacional. Si aceptamos a estos miles de menores podemos esperar que el gobierno de Marruecos abra la puerta a otros miles en cualquier momento y entonces ¿qué haremos? Pero esta lectura solo funciona si aceptamos las reglas del juego que nos propone Marruecos: que acoger es debilidad y devolver es fuerza.
La narrativa migratoria es tan radioactiva que no nos permite actuar con la contundencia necesaria para proteger nuestro modelo democrático y social. Y no solo eso, también nos confunde y nos lleva a pensar solo a corto plazo, como si el futuro de nuestro país se decidiera en unas horas, en unas devoluciones en caliente, en una crisis derivada de un golpe de efecto orquestado por quienes quieren forzar un cambio de gobierno.
El discurso antiderechos nos está acorralando en un espacio opresivo en el que estamos renunciando de forma progresiva, y sin ser muy conscientes, a nuestros principios. Los partidos de ultraderecha están ganando el marco de este modo
Si no tuviéramos la presión narrativa ¿qué haríamos con los niños, niñas y jóvenes que han cruzado? Las capacidades de acogida de nuestro país están muy por encima de esas cifras. Cada menor extranjero que entra en el sistema y trabaja después habrá devuelto lo que se ha gastado en él en unos años de cotización. Si trabajáramos en un entorno puro, libre de mentiras y prejuicios, la acogida de menores extranjeros se vería como una oportunidad y no como una carga. Y es que, en todos los términos económicos, sociales e incluso culturales la llegada de gente joven, por voluntad propia, llena de ilusiones y de ganas, es un patrimonio incalculable, que ya le gustaría a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para sí misma. También está la reflexión sobre qué tipo de sociedad queremos ser en el sentido de a qué valores estamos dispuestas a renunciar. Si damos la espalda a la infancia y a la juventud ¿qué nos queda? ¿De verdad queremos ser esa sociedad? ¿Cuál es el límite?
A mí todo esto me recuerda a la tensión que sufrió Europa en los años 30 cuando la llegada al poder de los fascismos se hizo utilizando los recursos democráticos para luego usar la propaganda y el miedo para torsionar el sistema hasta que lo rompió. El discurso antiderechos nos está acorralando en un espacio opresivo en el que estamos renunciando de forma progresiva, y sin ser muy conscientes, a nuestros principios. Los partidos de ultraderecha están ganando el marco de este modo. Y al mismo tiempo, existe una geopolítica organizada dedicada a conquistar espacios democráticos hackeando las bases mismas de las democracias. La marcha sobre Ceuta es un ataque orquestado con ese fin, disfrazado de crisis migratoria. Y los partidos de derechas y ultraderecha de nuestro país, apoyados por sus socios europeos, están dispuestos a llegar al poder apoyándose en estas herramientas, puestas a su servicio por intereses extranjeros. Eso no es democracia, es otra cosa muy distinta. Y la batalla que estamos librando no tiene nada que ver con si devolvemos o no devolvemos a la gente tras el cruce. Es una batalla sobre si luchamos por nuestra soberanía nacional o nos dejamos ganar.
Y aquí está la trampa porque hemos aceptado que acoger es ceder y devolver es resistir. Pero ningún país poderoso construye su influencia expulsando a quien acude a él, la construye formando y acogiendo a quienes llegan, convirtiéndolos en propios. Por ejemplo, Estados Unidos lleva décadas con sus programas de intercambio para estudiantes menores de edad, vendiendo su forma de vida y sus valores a través de sus jóvenes visitantes. Devolver a estos chavales no es plantar cara a Marruecos, es hacer exactamente lo que Marruecos esperaba que hiciéramos. Y aunque no me pega nada, estos días siento que tenemos que ser patriotas, más patriotas que nunca. Eso significa defender los marcos de derecho que han hecho de España el país que es ahora, y seguir luchando por mejorar nuestras capacidades democráticas. Todas unidas dentro para evitar que nos controlen desde fuera.
En este marco, Pedro Sánchez debería de nuevo sacar pecho y proteger a todos los menores que están en Ceuta, porque es también la forma de proteger la soberanía de nuestro país y nuestra democracia. También es una defensa de nuestros valores básicos, los que nos han permitido crecer tan rápido y tan bien como sociedad. Hay mucho que pensar antes de actuar.
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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.
