Los países de la Unión Europea avanzan hacia más poder policial y un mayor riesgo de impunidad
El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que establece la presunción de uso legítimo de la fuerza para policías y gendarmes. Es decir, que cuando un agente utiliza su arma, “se presume que ha actuado” en los supuestos previstos por la ley, y esta presunción solo puede ser desvirtuada cuando existan pruebas en contra. La ley, que todavía tiene que pasar por el Senado, fue aprobada por 313 votos a favor y 199 en contra, y desde la izquierda y diferentes asociaciones de defensa de los derechos sociales ya la han descrito como una “licencia para matar”.
No es un caso aislado. Alessia Schiavon, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), entidad centrada en la defensa de los Derechos Humanos, advierte de una tendencia europea hacia una “progresiva restricción del espacio cívico y del espacio ciudadano”. La jurista considera especialmente preocupante que esta evolución se esté produciendo en democracias con una larga tradición de protección de los derechos. “A lo mejor podemos esperarnos de países como Hungría que adopten esta legislación, pero no de Francia, Italia o Alemania misma”, destaca.
A su juicio, estas medidas avanzan amparadas en una narrativa de inseguridad que acaba desplazando la protección de los derechos. “Lo que se está intentando utilizar es la narrativa de la falta de seguridad para restringir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”, sostiene. Francia es precisamente uno de los ejemplos que más preocupación despiertan. Sobre la nueva presunción de uso legítimo de la fuerza, Schiavon advierte que “claramente va a afectar a las garantías fundamentales” y de que existe “un riesgo evidente de que se deje espacio importante a la impunidad policial”.
La reforma sigue la línea de otra ley aprobada en 2017, que amplió los supuestos en los que los agentes podían usar armas. El más polémico es el que permite disparar contra un vehículo cuyo conductor se niega a detenerse si los policías consideran que su huida puede poner en peligro su vida o la de terceros.
Un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica francés (CNRS) concluyó que solo en ese año los disparos mortales contra vehículos en movimiento se multiplicaron por cinco. Los datos de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) recogieron además que en 2017 los disparos efectuados por policías aumentaron un 54% respecto al año anterior.
Tras el asesinato en 2023 del joven de 17 años Nahel Merzouk por disparos de un policía, se produjeron protestas por todo el país para derogar la ley e incluso, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, expresó su preocupación por el “uso excesivo” de la fuerza por parte de las fuerzas del orden francesas y pidió a las autoridades que “revisaran el marco legal y las prácticas policiales”. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la ley, defendiendo su necesidad y señalando que el uso de las armas siempre exige “necesidad y proporcionalidad” por parte de los agentes.
El decreto de Seguridad italiano
Italia es uno de los países donde más se ha ampliado el margen de actuación policial. Desde 2011 existe el foglio di via obbligatorio (orden de prohibición de presencia) que permite al jefe de policía prohibir durante hasta tres años la entrada de una persona a un municipio determinado.
Aunque nació vinculada a la lucha contra las mafias, su uso se ha extendido a manifestantes y activistas. Amnistía Internacional ha documentado una intensificación de su aplicación desde 2022 contra protestas climáticas, movimientos estudiantiles y otros colectivos.
Algo similar ocurre con los DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), medidas concebidas para impedir el acceso de personas violentas a recintos deportivos y ampliadas en 2017 a otros espacios como estaciones, aeropuertos u hospitales. En los últimos años también se ha utilizado contra personas sin hogar y activistas.
El mayor salto llegó con el Decreto Sicurezza, aprobado en junio de 2025 por el gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni. Entre otras medidas, permite al Estado adelantar hasta 10.000 euros por cada fase del procedimiento para sufragar la defensa de los agentes de policía investigados o procesados por actuaciones relacionadas con el servicio, una cantidad que solo deberán devolver si se demuestra que actuaron con dolo.
El decreto también endurece las penas por violencia o resistencia contra policías, amplía sus competencias en los desalojos de viviendas que constituyen el primer domicilio de inmediato, en las que pueden actuar sin tener que esperar a una resolución judicial, y permite a los agentes fuera de servicio llevar, a parte de su arma reglamentaria, otra de su propiedad.
Schiavon alerta además de que este decreto fue aprobado directamente por el Gobierno, sin pasar por el Parlamento, un procedimiento previsto en la Constitución italiana, pero que limita la intervención parlamentaria. A su juicio, recurrir a este tipo de mecanismos puede generar “riesgos muy altos” cuando las normas van “más allá de la urgencia que las justifica”.
La ampliación de las investigaciones en Alemania
En Alemania, el cambio se ha producido principalmente mediante la ampliación de los casos en los que puede actuar la policía. Hasta 2016 predominaba el principio de konkrete Gefahr, o peligro concreto, que exigía la existencia de un riesgo identificable.
Ese año, el Tribunal Constitucional Federal abrió la puerta a actuar ante una “amenaza suficientemente específica” en determinados casos graves, incluso antes de que existiera un peligro concreto.
Baviera incorporó esta posibilidad a su legislación en 2018 y permitió medidas preventivas como la vigilancia de comunicaciones, la geolocalización, los registros o una mayor duración de la detención preventiva. Aunque una reforma de 2021 limitó su alcance, esta herramienta terminó utilizándose también contra activistas climáticos. Entre 2022 y 2023, la policía bávara llegó a detener preventivamente durante 30 días a miembros de Letzte Generation por anunciar su participación en los cortes de carreteras que se estuvieron llevando a cabo durante esos años.
A ello se suma la normalización de los controles en las fronteras interiores. Reintroducidos por Angela Merkel en 2015 como respuesta excepcional a la crisis migratoria, se han mantenido y ampliado desde entonces hasta abarcar las nueve fronteras terrestres alemanas.
Estos controles permiten identificaciones sin sospecha individualizada, una práctica que Amnistía Internacional cuestiona por el riesgo de racial profiling, perfilado racista. En 2025 y 2026, varios tribunales alemanes cuestionaron la legalidad de mantener estos controles durante tanto tiempo y, este junio, la Comisión Europea reclamó mejores justificaciones al Gobierno.
Bélgica y las entradas en viviendas de migrantes
La migración también está sirviendo en Bélgica para ampliar las competencias policiales. El Gobierno de Bart De Wever ha recuperado una propuesta que lleva en el aire desde 2018: permitir la entrada de agentes en domicilios para ejecutar órdenes de expulsión de personas migrantes.
El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2026 y pendiente ahora de su tramitación parlamentaria, permitiría estas entradas cuando exista una orden de expulsión firme, la persona se haya negado reiteradamente a colaborar y sea considerada una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.
Sería necesaria una autorización previa de un juez de instrucción y tendría que hacerse conjuntamente con la Oficina de Extranjería. Aun así, organizaciones de derechos humanos, abogados y representantes policiales han advertido de que la medida supone una ampliación significativa de los poderes coercitivos del Estado y puede afectar a la inviolabilidad del domicilio, protegida por la Constitución belga y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“Lo que estamos viendo es la criminalización de las personas migrantes”, denuncia la jurista de FIBGAR. A su juicio, se construye una narrativa de emergencia que facilita la aceptación social de medidas excepcionales. “No es una emergencia, porque no hay datos que lo demuestren, pero a los ojos de la ciudadanía se pueden justificar estas medidas”.
España y los 11 años de ley mordaza
España muestra una situación diferente: no ha aprobado nuevas leyes de este tipo en los últimos años, pero mantiene vigente la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy y conocida como ley mordaza.
La norma permite sancionar administrativamente conductas como la desobediencia o resistencia a la autoridad, las faltas de respeto a los agentes o determinadas actuaciones durante manifestaciones, con multas de miles de euros.
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Su reforma lleva años bloqueada. PSOE, Sumar y EH Bildu pactaron en 2024 recuperar una modificación que había fracasado un año antes, pero continúan las discrepancias sobre cuestiones como el uso de pelotas de goma, las sanciones por faltas de respeto a los agentes, las infracciones por desobediencia y resistencia o las llamadas devoluciones en caliente. En abril de 2026, el Gobierno volvió a incluir la reforma entre sus prioridades, pero, por el momento, no se ha conseguido ningún cambio.
“Que España no haya aprobado nuevas normas en los últimos años no significa que el problema haya desaparecido. No podemos olvidarnos de que esta herramienta existe y está para ser utilizada”, destaca Schiavon.
La directora de FIBGAR insiste en que los ejemplos europeos forman parte de una misma tendencia. “No son casos aislados”, advierte. Por ello, reclama una mayor vigilancia por parte de las instituciones comunitarias y de los representantes políticos para evitar que estas medidas continúen avanzando.
