Casa Árabe enfrenta a Almeida y Exteriores entre amenazas de desalojo y acusaciones de “deslealtad”

El conflicto por la sede de la Casa Árabe ha estallado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El alcalde José Luis Martínez-Almeida anunció el pasado 29 de junio la recuperación del emblemático edificio neomudéjar de las Escuelas Aguirre, sede de la institución desde 2006, y dio de plazo para el desalojo hasta el 1 de septiembre. La decisión ha abierto un conflicto institucional: mientras el Ayuntamiento defiende que la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio que gestiona Casa Árabe le permite recuperar el inmueble, Exteriores considera que incumple el compromiso de ceder las Escuelas Aguirre durante 30 años, al que todavía le restaría una década de vigencia. 

El enfrentamiento ha desatado una guerra de acusaciones cruzadas sobre la viabilidad económica de la entidad, el estado del inmueble y una presunta instrumentalización política de la diplomacia.

El Consistorio justifica la recuperación del edificio del convenio en el estado de ruina del inmueble y en lo que considera la “bancarrota” de la institución. Situado frente al parque del Retiro, el inmueble presenta, según el Ayuntamiento, un “deterioro inasumible” que pone en riesgo a sus usuarios.

Martínez-Almeida ha endurecido el tono contra la entidad y ha llegado a advertir de las consecuencias de no abandonar el inmueble a tiempo. “Espero que no ejerzan de okupas, sinceramente lo digo. Espero que no nos aboquen a ir a un procedimiento judicial para tener que desalojarles”, ha asegurado el regidor.

El alcalde madrileño ha personalizado sus ataques en Irene Lozano, anterior directora de Casa Árabe. Según Almeida, la gestión de Lozano permitió que el edificio “se deteriorara y tuviera un problema grave de conservación”. El alcalde ha ido un paso más allá en sus críticas al Gobierno central por “perjudicar y menoscabar Casa Árabe” y ha acusado a la exdirectora de utilizar la institución “como un chiringuito”.

Exteriores recuerda que el Ayuntamiento avaló las cuentas

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, una de las administraciones que integran el consorcio público encargado de gestionar Casa Árabe, ha trasladado su rechazo frontal a las formas del Ayuntamiento y ha calificado su actuación de “absoluta deslealtad institucional”.

Fuentes de Exteriores denuncian que la recuperación del inmueble se comunicó “sin ningún tipo de comunicación ni indicación previa” a los miembros del consorcio. . Pero el reproche más directo responde a las acusaciones económicas de Almeida. Exteriores recuerda que el Ayuntamiento de Madrid forma parte del Consejo Rector y “ha participado a lo largo de todos estos años en su fiscalización y seguimiento, firmando sus actas y sin manifestar disconformidad de ningún tipo” con respecto a la gestión que ahora denuncian.

La Comunidad de Madrid, que abandonó recientemente el consorcio, recibe una crítica similar. Para Exteriores, ambas decisiones “tienen un marcado carácter partidista”, ponen en cuestión el compromiso de las administraciones con el diálogo entre España y el mundo árabe y suponen “un ataque a los esfuerzos” del ministerio por construir “una política exterior de Estado”.

Frente a la afirmación del alcalde de que “el ministro Albares ni está ni se le espera”, Exteriores asegura que en los últimos meses ha enviado “sendas cartas al alcalde solicitando una actuación imprescindible para el adecuado mantenimiento del edificio” y que siguen sin respuesta. Además, reprochan al Ayuntamiento no haber facilitado “colaboración técnica, administrativa o financiera que permitiera la adecuación de los espacios”.

“Nuestra cultura no se toca”

El malestar por la decisión se cristalizó hace una semana con una concentración a las puertas de la institución. Varias decenas de personas se manifestaron el pasado sábado coreando “Casa Árabe no se toca” y “No al desalojo”.

Entre las voces críticas de la protesta se encontraba Bajira Abdulatif Yasin, presidenta del Foro Mundial de la Lengua Árabe (FOMLAR), quien calificó en declaraciones a EFE de “banal” el argumento del mantenimiento del edificio. Abdulatif defendió la “magnífica labor” de las últimas dos décadas e instó al alcalde a reconsiderar su postura, recordando que una mala gestión puntual no justifica acabar "con un proyecto tan próspero y necesario". Por su parte, la arabista Carmen Ruiz Bravo desmintió el supuesto estado de ruina, defendiendo que el edificio “ha sido remodelado y está en unas condiciones óptimas”.

A la movilización en la calle se suma una recogida de firmas virtual en una petición en la plataforma change.org para exigir al Ayuntamiento de Madrid que revoque su decisión de desalojo. Más de 12.000 personas ya han firmado la petición y más de 800 han firmado un manifiesto en el que solicitan la preservación de las relaciones hispano-árabes y en el que califican la decisión del Ayuntamiento de “contraria a los intereses de nuestro país, sociedad y sectores económicos”. Además, los firmantes piden al Consistorio que “mida bien el error”, ya que consideran que la medida “descabeza la política de diplomacia pública articulada a través de la Red de Casas”, y esconde “una motivación discriminatoria que pretende castigar el posicionamiento humanitario de la institución en su programación en estos últimos años”.

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Entre los firmantes destacan nombres de primera línea de la diplomacia, la cultura y el periodismo, como el ex alto representante de la UE Josep Borrell; el exdirector del CNI Jorge Dezcallar; las escritoras Rosa Montero y Clara Janés; los embajadores y exdirectores de la propia Casa Árabe Pedro Martínez-Avial, Pedro Villena y Eduardo López Busquet; la exdirectora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Ana Martínez de Aguilar; y reconocidos investigadores y catedráticos como Bernabé López, Maribel Fierro (CSIC), Eduardo Manzano (CSIC) o Luz Gómez.

La presión continuará en las calles con una nueva protesta el próximo 21 de julio, a las 9:00 horas, en la calle Montalbán, coincidiendo con la celebración del pleno municipal del mes de julio. Los convocantes pretenden trasladar el conflicto directamente a las puertas del Palacio de Cibeles y exigir al Gobierno municipal la revocación de la orden de desalojo.

Con poco más de un mes y medio por delante hasta el 1 de septiembre, el Ayuntamiento asegura estar dispuesto a colaborar en la búsqueda de una nueva sede, pero descarta ceder otro inmueble municipal. Exteriores, por su parte, advierte de que la aportación de las Escuelas Aguirre es un “elemento clave” de la contribución financiera del Ayuntamiento al consorcio, lo que abre un escenario de incertidumbre legal y diplomática.