MEMORIA DEMOCRÁTICA
El Gobierno recurrirá la Ley de Concordia de Extremadura ante el Constitucional
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Concordia de Extremadura, acordada el año pasado con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y que supuso derogar la anterior normativa autonómica sobre memoria democrática.
El Gobierno, a petición del Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática, dará este paso después de haber pedido el informe previo al Consejo de Estado, que emitió su dictamen en la reunión que mantuvo el jueves pasado, según fuentes del Ejecutivo.
La Ley de Concordia fue aprobada el año pasado en la Asamblea de Extremadura y fue una de las exigencias de Vox para respaldar a María Guardiola en su primera investidura. En cambio, contó con los votos en contra del PSOE y de Unidas por Extremadura, que consideraron durante el debate parlamentario que se trataba de una norma con carácter revisionista y una humillación para las víctimas del franquismo.
El Gobierno ha tratado de negociar con la Junta de Extremadura durante los últimos meses para evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Por ello, ahora el Ejecutivo central pulsará el botón del recurso para intentar frenar la norma en el Alto Tribunal al entender que vulnera el marco de la ley estatal de Memoria Democrática.
Nuevo recurso ante el Constitucional
La norma autonómica, impulsada por la ultraderecha, borra la referencia a la dictadura y obvia aspectos como la represión franquista al colectivo LGTBI, la perspectiva de género, y las asociaciones memorialistas. Además, evita que se tengan que eliminar los símbolos franquistas y rehúye las sanciones por destruir fosas comunes.
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La aprobación de esta ley supuso la derogación de la norma sobre memoria democrática que aprobó el Gobierno extremeño en 2019, con Guillermo Fernández Vara a la cabeza. Los socialistas autonómicos criticaron duramente al PP y Vox por esta decisión porque, en su opinión, se trata de “un retroceso para quienes están comprometidos con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
El Gobierno ya ha llevado al Tribunal Constitucional leyes de Concordia parecidas y aprobadas por comunidades como Balears, Aragón, Cantabria y la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo entiende que cada una de estas normas tienen un efecto similar al tratar de mantener las exhumaciones, pero no defender el derecho a la verdad (derecho a conocer lo que ocurrió), el derecho a la reparación pública (tanto material como moral) y el derecho de garantías de no repetición, fundamentalmente a través de esta reparación pública y de la inclusión de estos contenidos en el sistema educativo.
Además, el Gobierno central ha advertido durante estos meses que estas leyes autonómicas extinguen los órganos administrativos que se habían creado para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.
