Racismo con firma de expresidente

Mariano Rajoy escribió el viernes en El Debate, con esa suficiencia que confunde la sorna con la inteligencia, que la selección francesa de fútbol tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. Siete palabras. Siete palabras que no son un desliz, no son sarcasmo, no son un piropo mal redactado a La Roja. Son la expresión más desnuda de una ideología que lleva décadas instalada en una parte de la derecha española y que, cuando baja la guardia, aflora sin filtros.

El texto de Rajoy es, ante todo, un error de hecho. De los 26 jugadores convocados por Didier Deschamps, 23 nacieron en Francia. Solo tres nacieron fuera del territorio nacional: Michael Olise, en Londres; Marcus Thuram, en Parma, mientras su padre jugaba allí; y Brice Samba, en la República Democrática del Congo. Todos son franceses. No “casi franceses”, no “franceses de papel”, no “franceses con asterisco”. Franceses.

La propia embajada de Francia en Madrid tuvo que tomarse la molestia de recordar los hechos con una precisión pasmosa: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. Una embajada explicando el diccionario a un expresidente de Gobierno. Difícilmente podría describirse mejor el nivel al que ha caído este debate.

Pero el error de hecho es solo la superficie. Lo que late debajo es algo más grave: la convicción de que la nacionalidad no es un vínculo jurídico y político —como establece cualquier ordenamiento democrático moderno, incluido el español—, sino un atributo racial, étnico o cultural que se porta en el cuerpo y se hereda en el apellido.

Cuando Rajoy escribe “sin franceses” mirando a un equipo de ciudadanos franceses cuya melanina o cuyos abuelos no cuadran con su imagen mental de lo que debe ser un “verdadero” francés, está reproduciendo exactamente el núcleo de la doctrina de la prioridad nacional: la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda según su origen, su color o su genealogía. No es una ocurrencia. Es una ideología con nombre, con genealogía y con consecuencias.

La prioridad nacional tiene historia

Esa ideología tiene una genealogía precisa. El concepto de préférence nationale —prioridad nacional— fue acuñado en Francia en la década de 1980 por el ideólogo del Frente Nacional François Duprat y sistematizado jurídicamente por Jean‑Yves Le Gallou, para ser convertido luego en columna vertebral del programa de Marine Le Pen.

La idea es simple: los ciudadanos no son iguales ante la ley en función de lo que hacen o aportan, sino en función de lo que son —de dónde vienen, cómo se llaman, qué aspecto tienen—. Aplicada al deporte, esa lógica conduce exactamente adonde llegó Rajoy: a negar la condición de “verdaderos” franceses a ciudadanos franceses porque sus padres emigraron desde África.

Este debate no es nuevo en Francia. Estalló con fuerza tras el Mundial de 1998, cuando la extrema derecha cuestionó que aquel equipo multicolor representara a la “verdadera” Francia. Se repitió en 2018. Y resurge, con una puntualidad casi perfecta, cada vez que los Bleus ganan y en el campo hay jugadores cuya presencia incomoda a quienes confunden nación con raza.

El ministro del Interior francés Laurent Núñez lo ha dicho con claridad: Francia es “una República de diversidad” en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar. Varios miembros del Gobierno de Emmanuel Macron han calificado las palabras de Rajoy de “absolutamente inaceptables” y han recordado que cuestionar el origen de los seleccionados no refleja lo que es Francia ni sus valores republicanos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido igual de nítido: las declaraciones de Rajoy son “xenófobas” y “avergüenzan” a España. “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, escribió, ligando de forma directa el marcador deportivo con un combate mucho más profundo: el que libra la democracia frente a los discursos de odio que describo en La democracia amenazada.

El ministro de Exteriores francés, Jean‑Noël Barrot, fue lapidario: las palabras de Rajoy son “una estupidez, racismo, o una combinación de ambas cosas”. No hay mucho más que añadir, salvo señalar que esas tres categorías —la estupidez, el racismo y su combinación— no se excluyen entre sí. Pueden darse juntas, y en este caso se dan.

Lo que el PP prefiere no ver

La reacción del Partido Popular ante este escándalo es, en sí misma, un documento político de primer orden. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó las palabras de Rajoy de “sarcásticas”, dijo que “van sin mala intención” y que son “comentarios a favor de España”. Con los micrófonos apagados, fuentes del Comité de Dirección del PP consideran que la polémica fue “promovida desde el Gobierno” y aspiran a que se diluya “por sí sola”.

Hay que detenerse aquí. El PP no ha condenado las palabras de Rajoy. No las ha desautorizado. No ha pedido disculpas. Ha dicho que son sarcásticas. El sarcasmo, que es un recurso retórico legítimo, consiste en decir lo contrario de lo que se piensa para ridiculizar algo. Pero requiere que el interlocutor lo entienda como tal.

Las palabras de Rajoy son la expresión de una visión de superioridad racial y colonial que arrebata a ciudadanos plenos la condición de tales en función de su origen o su apariencia

Cuando el ministro de Exteriores de Francia, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, la ministra de Deportes, la ministra de Igualdad, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la derecha republicana francesa responden con indignación —no porque sean incapaces de entender el humor español, sino porque lo que leen es racismo—, apelar al sarcasmo no es una defensa: es una coartada.

Pero la banalización que practica Sémper —como tantas veces antes— no es solo políticamente torpe: es activamente peligrosa. Banalizar estas afirmaciones equivale a normalizarlas, y normalizarlas equivale a potenciarlas.

Las palabras de Rajoy no son meramente “desafortunadas”: son la expresión de una visión de superioridad racial y colonial que arrebata a ciudadanos plenos la condición de tales en función de su origen o su apariencia. Una visión que no solo es moralmente inaceptable, sino que contradice frontalmente los principios básicos del Estado de derecho y el ordenamiento constitucional español, así como los valores fundacionales de la Unión Europea.

No estamos ante una opinión discutible en el espacio público democrático. Estamos ante una afirmación que, presentada como provocación o como broma, introduce en la corriente principal del debate político un principio de jerarquía racial incompatible con cualquier noción seria de ciudadanía.

Y hay un daño colateral que merece señalarse con igual firmeza: la apropiación del campo deportivo para proyectar esa confrontación. El deporte —y el fútbol en particular— se rige por principios exactamente opuestos a los que encarnan estas palabras: esfuerzo individual y colectivo, igualdad de condiciones de partida, mérito medido sobre el terreno de juego sin que importe el apellido ni el color de la piel.

Introducir la lógica racista en la previa de una semifinal envenena un espacio que debería encarnar encuentro y dignidad compartida. Es una auténtica profanación de lo que el deporte representa.

Cada vez que alguien convierte un partido en instrumento de confrontación identitaria basada en el origen étnico, envenena algo que debería estar por encima de esas mezquindades. Y cuando ese alguien no es un ultra anónimo en la grada, sino quien ha presidido el Gobierno, el mensaje que se emite a la sociedad es devastador: se legitima desde lo alto lo que luego se grita desde abajo.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy —que es, conviene recordarlo, militante activo del PP y expresidente del Gobierno de ese partido. Feijóo no lo ha hecho.

El PP, en cambio, ha optado por blindar a Rajoy, minimizar el daño y esperar a que el partido de fútbol lo tape todo. Esa decisión no es inocua. Es una posición política. Significa que el PP, como partido, no considera que llamar “sin franceses” a 26 ciudadanos franceses sea un problema que merezca corrección pública.

El precio de no desautorizar

No desautorizar no es una postura neutral: en este terreno, la ambigüedad no es centrismo, es complicidad. Quienes hemos estudiado la progresión histórica del discurso de odio sabemos bien cómo funciona: lo que no se condena se normaliza. Lo que se normaliza se amplía. Lo que se amplía se institucionaliza. La tolerancia con el racismo de baja intensidad —el del chiste, el del “era sarcasmo”, el del “no hay mala intención”— es el sustrato en el que crecen formas más violentas y estructurales de discriminación.

España tiene un artículo 14 en su Constitución que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza o cualquier otra condición. Tiene un artículo 510 del Código Penal que tipifica la incitación al odio. Esas normas no existen por capricho. Existen porque la historia enseñó, a golpe de catástrofes, lo que ocurre cuando el discurso de deshumanización del otro no encuentra diques jurídicos ni políticos.

La doctrina de la prioridad nacional no ha quedado en los márgenes de la extrema derecha europea. Ha colonizado gobiernos, ha inspirado leyes, ha guiado redadas. Lo hemos visto en Italia con Meloni, en Hungría con Orbán, en los debates sobre inmigración en Francia, en la política de Trump en Estados Unidos. La pregunta que debería hacerse el PP es si quiere ser parte de esa corriente o si quiere trazar una frontera nítida con ella.

Rajoy no es ajeno a este contexto. Sus palabras no son un chascarrillo aislado: son coherentes con una determinada concepción de la identidad nacional que ha guiado políticas concretas y que hoy alimenta acuerdos como los de PP y Vox, donde se habla de “prioridad nacional” con una ligereza incompatible con la Constitución. Ya he dicho y repito: esa prioridad nacional “no es legal”, es “una barbaridad y un planteamiento absolutamente xenófobo y racista” que merece una línea roja clara por parte de la Justicia y del Tribunal Constitucional.

La responsabilidad de quien ha presidido un Gobierno

Conviene no aislar este episodio como si fuera un accidente. Las palabras de Rajoy no son ajenas a una determinada concepción de la identidad nacional que contempla la integración como asimilación y mira con sospecha al ciudadano de origen foráneo aunque haya nacido aquí, estudiado aquí, pagado sus impuestos aquí, amado a alguien aquí. Esa visión es incompatible con un Estado de derecho que se tome en serio la igualdad ante la ley y con una política exterior que pretenda presentarse como socio confiable de sus vecinos europeos.

No es casual que la polémica sobre Rajoy coincida con el bloqueo del PP en el Senado al Tratado de Amistad con Francia. El patrón es coherente: se cuestiona la composición de la selección francesa, se alimenta un conflicto diplomático innecesario y se frena, en paralelo, un instrumento de cooperación política con ese mismo país.

Lo que resulta profundamente incoherente es pretender gobernar España con esa orientación y, al mismo tiempo, reclamar respeto para sus instituciones.

Quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno durante dos mandatos conoce perfectamente el peso de las palabras. Rajoy sabe —o debe saber— que un comentario racista, revestido de chanza, no es una travesura verbal, sino una señal dirigida a quienes comparten esa mirada excluyente. Por eso su conducta no es solo reprochable; es incompatible con la altura ética e institucional que se exige, incluso años después de abandonar el cargo, a quien ha representado al conjunto de la ciudadanía. Hay licencias que un ciudadano puede permitirse en un bar; un expresidente del Gobierno, sencillamente, no.

La mirada de quien ha combatido el racismo

Como jurista que ha dedicado décadas a la defensa de los derechos humanos, sé que el racismo nunca es un fenómeno aislado ni inocuo: cuando se tolera en el lenguaje, se abre camino en las normas y en las prácticas cotidianas. Por eso resulta especialmente grave que un expresidente del Gobierno contribuya a legitimar, siquiera bajo la coartada del humor, una visión de la nacionalidad en clave étnica, que degrada a ciudadanos plenos a la categoría de “otros” a los que siempre se les podrá discutir si son “de verdad” lo que son.

En el deporte, ese discurso tiene un efecto devastador: convierte lo que debería ser un espacio de igualdad y reconocimiento en un escaparate de exclusión, y envía a millones de niñas y niños racializados el mensaje de que, hagan lo que hagan, siempre habrá quien les niegue pertenecer del todo.

Por todo ello, asumir la responsabilidad que corresponde implica rechazar sin matices estas palabras y la ideología que las sostiene, y defender con la misma claridad un principio elemental: todo ciudadano francés es francés y todo ciudadano español es español, con independencia de su origen, del color de su piel o de los apellidos de sus abuelos.

No se trata de una cuestión de corrección política, sino de respeto a la Constitución, a los tratados internacionales y, sobre todo, a la dignidad humana. En un momento en que los discursos de odio avanzan disfrazados de chanza o de sentido común, la política —y muy en particular quienes han ostentado las más altas responsabilidades— tiene el deber de marcar una línea nítida: en democracia, el racismo no se banaliza, se combate.

La selección francesa jugó el sábado y marcó. Sus jugadores son franceses. Lo eran antes del partido y lo serán después. Nadie necesita el certificado de ningún expresidente de ningún Gobierno para acreditar lo que una ley, una constitución y un pasaporte ya certifican.

Lo que sí necesitamos, en cambio, es que las fuerzas políticas de este país entiendan que blanquear el racismo, aunque sea con el envoltorio del sarcasmo, mirando para otro lado o esperando que la polémica “se diluya por sí sola”, tiene consecuencias reales para personas reales. Para los hijos de inmigrantes que leen que no son “de verdad” lo que son. Para los ciudadanos naturalizados que ven cuestionada su pertenencia. Para todos aquellos a quienes se les recuerda, con cada broma de estas, que hay quienes no los considerarán nunca suficientemente de aquí.

El PP tiene una decisión que tomar. Puede seguir protegiendo a Rajoy bajo el paraguas del sarcasmo. O puede decir, con claridad, que un ciudadano francés es francés, que un ciudadano español es español, y que la identidad nacional no se mide por el color de la piel ni por el origen del apellido.

No parece una decisión difícil. Que no la tomen dice mucho de quiénes son.

_________________

Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).