La gestión del líder del PP

Quién es Francisco Conde, el hombre de Feijóo que firmó la entrega de 2,5 millones a ‘El Correo Gallego’

El diputado del PP Francisco Conde.

Francisco Conde preside desde octubre de 2025 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, una de las más apacibles de la Cámara baja. Y ocupa un escaño discreto en el hemiciclo, en las filas del grupo parlamentario del PP. Pero antes de aterrizar en Madrid como cabeza de lista del PP por Lugo, pasó casi once años al frente de la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, primero como conselleiro y después como vicepresidente. En ese cargo firmó algunas de las operaciones más costosas y menos transparentes del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Conde, nacido en Monforte de Lemos (Lugo) en 1968, no encaja en el perfil de político de partido. Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, llegó a la Xunta en 2009 como asesor económico de Feijóo, a quien conocía de sus años compartidos en Madrid. No tuvo carné del PP hasta bien entrada su etapa como conselleiro, en 2012. Su vínculo con el partido empieza y acaba en el propio Feijóo, al que ha estado unido por una estrecha amistad que durante mucho tiempo incluyó incluso vacaciones familiares compartidas.

El suyo es un perfil antitético, por ejemplo, del de Miguel Tellado, otro peso pesado del PP gallego que también dio el salto a Madrid. Tellado es un hombre de aparato, negociador duro, experto en exabruptos y encargado habitual de las tareas orgánicas más delicadas del partido, primero en Galicia y ahora en toda España. Conde, en cambio, es un economista de despacho, discreto, que rehúye la confrontación pública y al que nadie recuerda subiendo el tono en una intervención pública.

Esa discreción, sin embargo, no ha impedido que su nombre haya acabado en el centro de varias de las decisiones económicas más discutidas de la etapa de Feijóo al frente de la Xunta.

El préstamo a un periódico en quiebra

En 2018, la Consellería de Economía dirigida por Conde autorizó, a través de Xesgalicia y el Igape, dos organismos públicos que dependen de esa consellería y que él mismo presidía, un préstamo de 2,5 millones de euros a la editora de El Correo Gallego, diario afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga. El consejo de administración del periódico reconocía entonces por escrito una situación de quiebra.

Un auto judicial firmado el pasado 20 de mayo por la magistrada Ana López-Suevos, al que ha tenido acceso infoLibre, recoge que José Manuel Rey Novoa, entonces máximo responsable del periódico, presumía ante su propio Consejo de Administración de que la Xunta tenía “voluntad” de “aliviar la mochila financiera” del diario. En esas mismas actas, quedó registrado cómo Rey Novoa afirmaba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para lograr el crédito. Rey Novoa es, como Conde, natural de Monforte de Lemos, una población de menos de 20.000 habitantes que hace las veces de centro económico y social del sur de la provincia de Lugo.

El dinero concedido por la Xunta de Feijóo, con la firma de Conde, permitió a Editorial Compostela saldar deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Pero la deuda con la plantilla siguió creciendo hasta los 4,7 millones de euros en el año 2020. El periódico entró en concurso de acreedores en 2022 y acabó en manos del grupo Prensa Ibérica por 1,6 millones de euros, con una deuda acumulada de 20 millones.

En la actualidad, está en marcha un procedimiento judicial contra Rey Novoa y otras diez personas físicas y jurídicas por un presunto delito de alzamiento de bienes y otro de apropiación indebida, pero no por tráfico de influencias. El juicio no se celebrará hasta 2027. El Fondo de Garantía Salarial tuvo que adelantar 1,8 millones de euros a los extrabajadores del diario, de los que solo ha recuperado 138.231 euros.

Una alianza estratégica que acabó en concurso de acreedores

Conde fue también el hombre de la Xunta en la negociación con la petrolera estatal mexicana Pemex, presentada en 2012, justo antes de las elecciones de aquel año, como una “alianza estratégica” para la industria naval gallega. El acuerdo preveía la construcción de dos floteles y catorce remolcadores en los astilleros Barreras de Vigo, además de una terminal de hidrocarburos en el puerto exterior de A Coruña.

Solo se construyeron dos barcos. Barreras entró en concurso de acreedores. Varios directivos de Pemex que negociaron el acuerdo, entre ellos Emilio Lozoya, fueron procesados en México por blanqueo de capitales y pago de sobornos. Todo quedó en un enorme fracaso, pero para entonces las elecciones ya habían pasado.

El rescate que acabó en manos de un banquero venezolano

En paralelo, Conde gestionó la salida de la crisis financiera de las cajas gallegas. Novagalicia Banco, resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, recibió 9.050 millones de euros públicos para su rescate. En diciembre de 2013, el financiero venezolano Juan Carlos Escotet la compró por 1.003 millones y la convirtió en lo que hoy es Abanca. Los 8.000 millones restantes son dinero público que nunca se ha recuperado.

Los cuatro gestores que pilotaron la fusión terminaron imputados. Dos de ellos ingresaron en prisión por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la entidad se hundía y pedía dinero público. Conde tuvo que enfrentarse además a las protestas de los afectados por las preferentes, un producto financiero híbrido, a medio camino entre la deuda y las acciones, que acabó privando de sus ahorros a miles de personas.

Un memorando que sigue siendo secreto

La última gran operación de Conde al frente de la Consellería de Economía tampoco ha sido transparente. En 2021 firmó, como presidente de Impulsa Galicia, la sociedad público-privada creada por la Xunta para captar fondos europeos, un memorando de entendimiento con la papelera portuguesa Altri para instalar una fábrica de celulosa en Palas de Rei (Lugo).

La Xunta controlaba entonces el 48,2% de Impulsa Galicia a través de su participación directa y de sus otros socios, Abanca, Reganosa y Sogama. Pese a ese control, el Gobierno gallego sigue negando el acceso al memorando alegando que Conde no lo firmó como conselleiro, sino como representante de una entidad privada en un “negocio jurídico privado”.

La sociedad se disolvió en 2023, ya con Conde fuera de la Xunta, y su papel lo asumió Recursos de Galicia. El proyecto de Altri en Palas de Rei sigue sin obtener todos los permisos y ha generado un fuerte rechazo social en las comarcas afectadas.

El discurso del agravio permanente

Conde ha combinado esa gestión, llena de claroscuros, con un discurso constante contra el Gobierno central. Achacó al Ejecutivo de Pedro Sánchez “no dar respuesta a las prioridades de Galicia” y calificó de “verdadera chapuza” el reparto del Perte del vehículo eléctrico, del que depende buena parte de los 25.000 empleos que genera el sector del automóvil en Galicia, con la fábrica de Stellantis en Vigo como principal activo.

El mismo conselleiro que reclamaba una rebaja fiscal para “dinamizar el tejido productivo” fue quien defendió la reforma laboral de 2012 y tachó de “estética” la presencia de la ministra Yolanda Díaz en la manifestación del Primero de Mayo de 2022. Su agenda, de inspiración liberal y alejada del intervencionismo, convivió con la gestión de un concurso eólico anulado que generó indemnizaciones y sentencias en contra, hasta que la propia Xunta acabó renunciando a ser socia mayoritaria en las empresas del sector.

Un tecnócrata sin ambición de partido

Antes de hacerse amigo de Feijóo y entrar en política, Conde había desarrollado una carrera en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), formada por católicos laicos pero vinculada a la Conferencia Episcopal. Allí fue profesor de Estructura Económica entre 1995 y 2009 y llegó a vicerrector de Relaciones Internacionales. Su padre, César Conde, dirigió la sucursal de Caixa Galicia en Monforte y fundó una de las primeras autoescuelas de la comarca de Lemos. A su mujer, la periodista Cruz Martínez, corresponsal desde hace 30 años de la Radio Galega en Madrid —la emisora pública controlada por la Xunta—, la conoció dándole clases de conducir.

Su familia, su mujer y sus dos hijos, siguió residiendo en Madrid durante los años en que él ejerció como conselleiro en Santiago. Conde viajaba casi todos los fines de semana a la capital, una doble vida que él mismo ha reconocido como la parte más dura de su etapa gallega.

Pese a su cercanía personal con Feijóo, nunca entró en las quinielas para sucederle al frente de la Xunta, papel que recayó en Alfonso Rueda. Tampoco él se movió para disputar esa pugna. Su ascenso ha sido siempre el de un gestor, no el de un candidato.

Fue el propio Rueda quien, al asumir la presidencia de la Xunta en 2022, reivindicó su continuidad llamándolo “Paco” en público y calificándolo de “imprescindible” para el Gobierno gallego. Conde tuvo entonces la opción de volver a Madrid de la mano de Feijóo, que ya lo había incorporado a la dirección nacional del PP, pero optó por quedarse un año más al frente de la vicepresidencia económica.

De asesor a diputado

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Esa doble vida entre Madrid y Galicia terminó en 2023, cuando Feijóo lo designó como cabeza de lista del PP por Lugo al Congreso, con la vista puesta, según la mayoría de los observadores, en situarlo en el Consejo de Ministros o a su lado en Moncloa tras una victoria electoral que en la calle Génova daban por segura. Hoy, con el PP en la oposición, preside la Comisión de Defensa, es portavoz de la Comisión de Industria y Turismo y forma parte de las comisiones de Economía, Comercio y Transformación Digital y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El sueldo mínimo de un diputado que preside una comisión y fue elegido por una circunscripción distinta de Madrid ronda los 7.000 euros mensuales en catorce pagas, unos 100.000 euros al año. Sin contar la asignación como portavoz que le haya concedido el partido, que se desconoce porque su declaración de ingresos en el Congreso sólo incluye datos de 2022.

Conde forma parte de ese grupo de incondicionales que siguieron a Feijóo desde Galicia y del que forman parte también los diputados Pedro Puy y Rosa Quintana, así como su círculo más estrecho de confianza: el secretario general del partido, Miguel Tellado; Mar Sánchez, su mano derecha desde los tiempos de Correos; Luis de la Matta, director de comunicación, y Marta Varela, asesora y redactora de discursos, además de Álvaro Ortiz, especializado en Derecho y coordinador parlamentario. Todos ellos, salvo De la Matta, ocupan hoy un escaño en la Cámara Baja.

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