La Fiscalía se impone como parámetro de los excesos judiciales en las causas de corrupción del Gobierno

Que la actuación del juez Juan Carlos Peinado roza la ilegalidad si todavía no ha entrado de lleno en ella, es algo que sabemos, en gran parte, gracias a José Manuel San Baldomero. Es el fiscal del caso Begoña Gómez, escrito tras escrito, recurso tras recurso –especialmente los dos últimos, contra el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez y la retirada de su pasaporte– quien ha retratado una instrucción judicial plagada de irregularidades. Una confabulación, una investigación ad hominem con diligencias extravagantes e inútiles. Como tomar declaración al presidente del Gobierno y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. San Baldomero ha llegado a atribuir al juez la búsqueda, con su actitud, de un objetivo extraprocesal, el de "la pena de banquillo" y eso sabiendo que su instrucción carece de indicios mínimos contra los tres acusados (Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés). Peinado ha podido sostener su causa durante dos años actuando a impulsos de cuatro organizaciones ultraderechistas (Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento por la Regeneración Política) y un grupo ultracatólico (Hazte Oír).

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, impulsó en el Tribunal Supremo el 'caso Mascarillas' hasta sentar en el banquillo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el que fuera su asesor de cabecera, Koldo García, y el confidente, empresario y presunto corruptor Víctor de Aldama. La Sala de lo Penal terminó condenado al exmiembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ex número tres del partido nada menos que a 24 años de cárcel. A Koldo García se le impusieron 19 mientras que Aldama fue premiado por su colaboración y sentenciado a cuatro años y medio de reclusión que, sin embargo, no han comportado su ingreso en prisión. Los tres habrían participado en la adjudicación irregular de elementos de protección durante la pandemia, la gestión de una licencia de hidrocarburos y la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa a cambio de comisiones de 10.000 euros mensuales para Ábalos, el arrendamiento de viviendas para su disfrute personal y la contratación ilegal en empresas públicas de dos mujeres ligadas a él. Los delitos cometidos coinciden con la terna clásica de la corrupción política: cohecho, malversación y tráfico de influencias, a los que se sumó organización criminal.

Dos encuestas publicadas por El País y La Vanguardia han mostrado que el descontento ciudadano por la politización de la justicia que año tras año detecta la UE en España se centra sobre todo en los votantes de izquierda (ocho de cada diez la perciben), pero también en los de derecha (cuatro de cada diez), la ideología mayoritaria en la judicatura española. El titular del diario de Prisa era especialmente significativo: "Más de 65% considera que el lawfare existe en España". En este ambiente de desconfianza muy generalizada en la independencia e imparcialidad de los jueces, el apoyo del Ministerio Público a los procesos por corrupción se ha convertido en un parámetro central para su credibilidad. Frente a las sospechas y división social sobre la actuación judicial irregular que levantan casos como el de la esposa de Sánchez, su hermano o la condena del exfiscal general Álvaro García Ortiz (en la que Fiscalía tampoco acusó), el consenso sobre la legalidad y ortodoxia de la actuación judicial en el caso Mascarillas, el de Leire Díez o el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero –en los que el Ministerio Público va de la mano del juez o tribunal– es mucho mayor.

El PP aplaude la labor de Luzón contra Ábalos, pero considera a San Baldomero, de la fiscalía de delitos económicos de Madrid, poco menos que un peón del Gobierno para salvar a Sánchez. Difunde ese argumentario tan pernicioso para la ya maltrecha credibilidad de los tribunales pese a que sabe que tanto uno como otro pertenecen a una organización jerárquica que tiene como máxima responsable a la fiscal general Teresa Peramato, nombrada como sus antecesores por el Gobierno para ese puesto del que, sin embargo, no la puede destituir. Los miembros del Ministerio Público están sujetos a las instrucciones de sus superiores (y en última instancia a las de Peramato), pero pueden cuestionarlas en caso de que consideren que son contrarias a las leyes o las estimen improcedentes. Ni en los casos relacionados con políticos en los que la Fiscalía impulsa y acusa actualmente, ni en los que reclama el archivo o la absolución se ha producido estas discrepancias, que obligan a analizar la pertinencia de la orden concreta en la junta de fiscales que corresponda, la Junta de Fiscales de Sala en caso de que proceda de la fiscal general.

Así pues, tanto las causas en las causas en las que Fiscalía impulsa o acusa, como en las que no, la actuación de sus respectivos miembros cuenta con el supuesto aval de la fiscal general del Estado, que podría dar órdenes en caso de no estar de acuerdo. Y, en teoría, también con el de los fiscales concretos de cada caso, que en ningún caso han cuestionado a sus superiores por considerar que hubieran podido dar instrucciones ilegales o indebidas. Solo en una de ellas, el caso Mascarillas, trascendió una mínima discrepancia entre Peramato y Luzón, pero no respecto a las penas a imponer a Ábalos o Koldo, sino por la atenuante a pedir a la Sala para Víctor de Aldama por su colaboración. Luzón acató el criterio de su superiora en su escrito final sobre las penas a imponer, en el que pedía que de le aplicara la atenuante "simple" de colaboración, pero en su alegato final, de viva voz, defendió que era posible aplicarle la "muy cualificada". El artículo 25 del Estatuto de la Fiscalía establece que un fiscal debe atenerse a las órdenes "en sus dictámenes" pero puede "desenvolver libremente sus intervenciones orales". El Supremo se decantó por la "muy cualificada", lo que permitió a Aldama eludir la cárcel.

Estas discrepancias sí se han dado a lo largo de esta legislatura en otros asuntos y siempre tienen mucha repercusión pública. En la aplicación de la ley de amnistía, por ejemplo, cuando los cuatro fiscales del procés cuestionaron su aplicación a los líderes independentistas catalanes condenados y procesados, en contra de las instrucciones del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz. La Junta de Fiscales de Sala terminó dando la razón al máximo responsable del Ministerio Público que defendió, sin éxito, la aplicación del perdón. Durante el mandato de Mariano Rajoy fue, precisamente en una causa de Anticorrupción que afectaba al PP, el caso Lezo, en la que la práctica totalidad de sus miembros cuestionaron las órdenes del su entonces jefe, Manuel Moix, de oponerse a unos registros. En las grabaciones del caso, el expresidente madrileño Ignacio González aparecía celebrando el nombramiento de Moix como muy favorable a sus intereses en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana. Al final, Moix cedió ante sus subordinados.

La misma Fiscalía que ahora acorrala al Gobierno y al PSOE con el 'caso Mascarillas', Leire Díez o Zapatero es la que, bajo los dos Ejecutivos de Mariano Rajoy impulsó y acusó en las múltiples piezas del caso Gürtel –que terminó por provocar la caída del propio presidente del PP–, y otras causas que siguen afectando a ese partido, como el espionaje a Luis Bárcenas que se juzga ahora en Kitchen o la Operación Púnica. La apariencia de imparcialidad que da el Ministerio Público a los casos que impulsa tiene que ver con la misión que le impone la Constitución de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley". Pero también "velar por la independencia de los tribunales", algo mucho más difícil de apreciar cuando quien acusa en solitario es un partido político, cualquiera de las asociaciones ultras o el pseudosindicato de siempre. Es a través de estas acusaciones populares que la política entra en los tribunales exponiendo ideológicamente a los jueces y magistrados, que deben posicionarse –sin un actor a priori imparcial como es el fiscal– a favor o en contra de sus intereses de esos grupos que no representan a casi nadie.