La Audiencia de Madrid aborda los recursos del ‘caso Begoña’ que buscan tumbar la investigación de Peinado

La Audiencia de Madrid empieza a estudiar los últimos recursos del caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Sección 23 del órgano judicial, reunida en pleno, comenzará este lunes viendo las apelaciones relativas al sobreseimiento del delito de intrusismo profesional, la unificación de las acusaciones y el uso del jurado popular. Este último es el asunto de mayor enjundia. Y lo que en él se decida puede marcar, en buena medida, el futuro del procedimiento. Si la Audiencia de Madrid tumba por segunda vez la resolución que pone el caso en manos de un tribunal de ciudadanos, todo volverá de nuevo a la casilla de salida. Esta vez, sin que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, tenga ya mucho más margen para maniobrar –se jubilará el próximo mes de septiembre–.

Tanto la Fiscalía como la defensa de los investigados siempre tuvieron claro que la batalla jurídica tenían que darla en instancias superiores. De ahí que el caso Begoña haya estado marcado desde el inicio por una continua catarata de recursos. Unas apelaciones que en no pocos casos han puesto contra las cuerdas al titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid y han alargado la resolución final del procedimiento. El pasado mes de enero, la Audiencia de Madrid tumbó las resoluciones de finales de 2025 que transformaban el procedimiento seguido contra Begoña Gómez en uno con jurado. Lo hizo al entender que los autos que sostenían esa "trascendental decisión" no estaban motivados: "No realiza una mínima determinación de los hechos concretos, ni las conductas que se imputan a cada uno de los investigados".

Un par de meses después de aquel varapalo, Peinado dictó un nuevo auto de casi medio centenar de páginas insistiendo en su tesis acusatoria y en su plan para que la mujer del presidente del Gobierno sea juzgada por un tribunal de ciudadanos. Las defensas interpusieron recurso de reforma. Y como Peinado lo desestimó, acudieron en apelación a la Audiencia de Madrid. "Los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hayan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas. Y lo cierto es que, aunque esto no fuera así, los mismos no encajan en los supuestos de conexidad delictiva que se encuentran recogidos en la Ley del Jurado", defendía en su escrito de apelación el abogado de Gómez.

Antonio Camacho, el letrado de la mujer del presidente del Gobierno, también denunció la falta de "rigor" en la "fundamentación" de aquella resolución. Y de igual modo se pronunció la defensa del empresario Juan Carlos Barrabés, que en su recurso de apelación criticaba que el instructor ni hubiera valorado ni hubiera resuelto "los concretos motivos de impugnación expuestos" en su escrito de reforma, al que Peinado dio respuesta con una simple "reproducción literal y exacta" de otra de sus resoluciones. "No existe fundamentación para que se siga este procedimiento, pero tampoco entendemos que la competencia sea del procedimiento del Tribunal del Jurado", lanzaban los abogados de Barrabés.

La Audiencia de Madrid deberá ahora decidir si avala o no la nueva transformación del procedimiento a uno con jurado popular. Un pronunciamiento que determinará el futuro del caso. Si los magistrados vuelven a tumbarla, todo volverá al punto de partida. En esta ocasión, sin que a Peinado le quede apenas tiempo para maniobrar de nuevo. Agosto es inhábil en la Administración de Justicia. Y en septiembre el juez se jubila al haber alcanzado los 72 años, edad máxima para ejercer. Si para entonces no está todo perfectamente atado y avalado por los superiores, el caso caerá en manos del sucesor de Peinado. Un nuevo juez del que dependerá el devenir de uno de los procedimientos judiciales más políticos y mediáticos de los últimos años.

Otros recursos sobre la mesa

Además de esta cuestión nuclear, explican a infoLibre fuentes judiciales, la Audiencia de Madrid también estudiará este lunes otros dos recursos promovidos, en este caso, por la acusación. Uno de ellos tiene que ver con la decisión del instructor de archivar las actuaciones por un delito de intrusismo profesional. El otro, con la negativa de Peinado a que Manos Limpias pueda separarse del resto de colectivos y constituir una segunda acusación para ir contra la mujer del presidente del Gobierno y Barrabés solo por malversación y tráfico de influencias y dejar fuera del banquillo a Cristina Álvarez, asistente de Gómez. La entidad ultra afea que el juez desestimase la solicitud "con una mera frase sin razonamiento alguno sobre la improcedencia de tan razonable petición".

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La Audiencia de Madrid acumula sobre la mesa, además de estos, otros cuantos recursos relativos a este mismo procedimiento que se irán resolviendo progresivamente. Es el caso del durísimo escrito de apelación que interpuso el Ministerio Público contra el auto de procesamiento, en el que el fiscal solicita el archivo definitivo de una causa repleta de "cambios de hechos y argumentos", "irracionalidad" en las resoluciones, "recursos sin resolver" durante meses, "investigaciones sobre extremos rechazados" e, incluso, "imputaciones sin justificación". O las apelaciones contra las medidas cautelares –en concreto, la retirada de pasaporte– adoptadas por el juez. Una decisión adoptada, según el fiscal, con "escaso rigor y mesura".

De la resolución de los recursos en la causa se habían encargado, a lo largo de estos dos años, tres de los magistrados que forman parte de la Sección 23. Y en no pocas ocasiones han corregido al instructor, si bien en lo fundamental han ido avalando sus pesquisas. Le anularon, por ejemplo, los registros de las oficinas y el domicilio de Barrabés porque no veían justificada la urgencia alegada por Peinado para llevarlos a cabo mientras el investigado estaba en el hospital. O le ha tumbado las imputaciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; o del exconsejero madrileño y alto cargo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. La Sala, además, ha subrayado en varias resoluciones la debilidad argumentativa de las decisiones del juez.

Ahora, para la resolución de estos últimos recursos y dada la "trascendencia del asunto", se reunirá la Sección en pleno. Es decir, sus cinco magistrados: Enrique Jesús Bergés, Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo, Carlos Prat y José Sierra.