La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez al no apreciar ningún delito
La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez; su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, en el caso que investiga su actividad profesional, al no apreciar delito alguno en la conducta de los acusados y porque no han obtenido "ningún tipo de retribución o beneficio adicional".
En el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal recuerda que la esposa del presidente del Gobierno estuvo vinculada a la Universidad Complutense a través de una cátedra de la que fue codirectora y "por la que percibió 0 euros".
También señala que ni sociedades ni empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado.
"Ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios", subraya el fiscal.
También destaca que ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas.
Así, la Fiscalía cree que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que solicita la libre absolución de los acusados.
Y propone interrogar a una treintena de testigos entre los que hay empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Universidad Complutense.
Recurre la retirada del pasaporte
La Fiscalía de Madrid ha recurrido también la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez.
En el escrito, la Fiscalía subraya que ambas tienen un "indudable arraigo en territorio nacional", son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España.
El juez Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y compareciera en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.
Para la Fiscalía, esta medida es innecesaria porque tanto Gómez como Álvarez "carecen de nexos con el extranjero" y "carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España".
"Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas", añade.
A la Fiscalía le resulta "llamativa" la retirada de "cuantos pasaportes pudiera disponer", salvo —apunta— que pueda aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, "dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios".
Critica también que Begoña Gómez tenga que acudir cada 15 días al juzgado, una medida que "carece de sentido" porque no existe riesgo de fuga, y ve "carente de lógica y racionalidad" que Peinado apunte al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una eventual fuga.
Cree que este argumento carece de justificación y base racional y "extiende una sombra de sospecha infundada" sobre esas instituciones. "No es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor", por otro lado, planteada sin mayor justificación.
