El desafío de la memoria democrática
Este martes 21 de octubre se cumple el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, impulsada por el Gobierno de coalición en sustitución de la Ley de Memoria Histórica de 2007. En estos tres años, la normativa ha sufrido distintos reveses con la irrupción de la extrema derecha en autonomías y municipios, en el marco de los gobiernos del PP. Las iniciativas memorialistas, cuyo objetivo es cimentar sociedades más integradas, diversas y libres, están siendo amenazadas por el fanatismo que promueven los que buscan destruir los consensos.
La memoria es un elemento que se apoya en el civismo y en la cultura de la democracia, buscando un futuro distinto para un país que ha estado demasiados años mirando para otro lado en lo que respecta a las víctimas de la Guerra Civil. En ningún caso debe entenderse como una conducta basada en la nostalgia. La sociedad española tiene derecho a saber la verdad. La ley otorga a las víctimas un necesario reconocimiento que cimenta el entendimiento de la historia reciente de España, de su pasado como base para un futuro en plena consciencia de lo que ocurrió, con muchas familias que aún desconocen el paradero de sus familiares ejecutados o exiliados.
Núñez Feijóo ha dicho, en su obsesión por frenar la sangría de votantes hacia Vox, que si llega a la Moncloa eliminará la Ley de Memoria Democrática –también la de amnistía, por cierto, otra de las normas que la extrema derecha más aborrece–. La memoria pretende rescatar lo que supuso la guerra y la dictadura franquista para el pueblo español, el alto precio que éste pagó y lo difícil que fue terminar con ella. Es preocupante que el PP siga todavía poniendo palos en las ruedas a esta normativa, condicionado por unos ultras que cuando han entrado en los gobiernos autonómicos han exigido su derogación como primera medida. En Italia, Alemania o Francia sería inconcebible que la derecha tradicional y democrática impidiera que la gente supiera lo que significó la lucha contra los fascismos europeos; o que existiera una fundación dedicada a un dictador como Francisco Franco.
Las últimas encuestas muestran que la formación de Feijóo hace aguas ante el miedo que le genera la pérdida de más de un millón de votos en dirección a Vox, debido al grave error de abrazarse a las mismas políticas xenófobas y reaccionarias. Algunos dirigentes populares expresan en privado su inquietud ante las próximas citas electorales –el ciclo arranca en Castilla y León en marzo– y su malestar con Génova por seguir al dictado el discurso de los de Abascal.
La memoria democrática ha de tener un objetivo pedagógico. Desgraciadamente, sorprende la profunda desmemoria sobre la historia de España en los centros docentes. No son pocos los profesores y alumnos que afirman que los contenidos que se imparten hablan sobre todo de la Guerra Civil, mientras la trágica posguerra queda en el limbo del olvido.
El hecho de promover el desconocimiento podría parecer (...) un ejercicio de manipulación política y mediática auspiciado por el franquismo sociológico que perdura a día de hoy en la sociedad española
Este recurrente olvido en las escuelas ha generado décadas de amnesia en generaciones que han llegado a su edad adulta sin saber, con rigor y concisión, lo que supuso la dictadura, su terrible represión y la oposición al franquismo que se originó dentro y fuera de España. Los manuales han ignorado o falseado aquel periodo, y los alumnos han pasado de puntillas por él.
La memoria no es revanchismo ni reabrir viejas heridas, como dicen algunos interesados en eludir el pasado, pero el hecho de promover el desconocimiento podría parecer o, al menos, acercarse mucho, a un ejercicio de manipulación política y mediática auspiciado por el franquismo sociológico que perdura a día de hoy en la sociedad española, cincuenta años después de la muerte del dictador.
Este franquismo sociológico lleva todo ese tiempo lanzando el mensaje de que la República fue culpable del golpe de Estado, y que la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre hermanos con una responsabilidad por igual para ambos bandos. Muerto el dictador, tanto unos como otros hicieron lo posible por enterrar el legado republicano y la barbarie franquista con el objetivo de asentar la democracia, mientras que la Ley de Amnistía (1977), desgraciadamente, sirvió para dejar impunes los crímenes de la dictadura. Como bien dice el catedrático de Educación Enrique J. Díez-Gutiérrez, “mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo hizo sobre el de la superación del pasado”.
En estos momentos, el gran desafío es tener la valentía suficiente para acometer con franqueza, tanto en aulas como en libros de texto, la incorporación de la memoria democrática como componente fundamental del aprendizaje en la educación obligatoria y en etapas posteriores, toda vez que la LOMLOE la introduce en el currículo educativo nacional. Esto, a pesar del torpedeo permanente que la normativa viene sufriendo en las autonomías donde gobierna la derecha, y en las que la ultraderecha pretende negar la dictadura a través de su esperpéntica ley de concordia.
La no repetición de un pasado traumático, en un momento crítico en Europa con el auge del neofascismo, depende de la educación y de un planteamiento audaz que proponga una batalla cultural sin complejos para evolucionar hacia una sociedad más tolerante e inclusiva, desterrando ideas perniciosas aún hoy muy arraigadas, como la que lanzó hace no mucho Esperanza Aguirre en El País: “La dictadura fue mejor que la República”.
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Daniel Leguina Casas es responsable de Comunicación de Fundación Alternativas.
