La República olvidada

Desde la Transición, el recuerdo de la Segunda República (1931-1939) se ha mantenido a flote a pesar de los vaivenes de unos y otros. Existe un republicanismo social en la calle que, en cierto modo, ha hecho de contrapeso al franquismo sociológico tan arraigado en la sociedad española, y el legado republicano, en mayor o menor medida, ha resistido desde la muerte del dictador a pesar del letargo en que algunos han intentado sumirlo.

Ni los gobiernos de Felipe González ni los de Aznar mostraron demasiado interés en evocar y reconstruir la herencia republicana. En 2001, con el PP en el poder, se cumplieron setenta años de la proclamación de la República, pero la efemérides pasó totalmente inadvertida. Con Zapatero sí se hicieron mayores esfuerzos con motivo del 75 aniversario (2006). Aquel Ejecutivo aprobó la Ley de Memoria Histórica (2007), que fue un momento decisivo para la reivindicación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, aunque la norma no fue capaz de satisfacer a todo el espectro social.  

La Segunda República española fue el primer proyecto real de instaurar un sistema democrático en España, con sufragio universal, enseñanza pública obligatoria y gratuita y libertad de expresión, culto y asociación. Significó la ruptura con la vieja arquitectura política que llevaba siglos lastrando al país, y que ni la Restauración ni el gobierno de Alfonso XIII supieron regenerar. Destaca la Ley de Reforma Agraria de 1932, implantada para solucionar el grave problema histórico del latifundismo que subyugaba a más de dos millones de campesinos a las órdenes de los propietarios de las tierras, sin apenas derechos y en condiciones miserables.

La política republicana se propuso combatir el analfabetismo con una importante reforma de la enseñanza y la creación de cerca de 10.000 escuelas; modernizar el Ejército; acometer progresos legislativos como la Ley de Divorcio; y establecer un Estado laico que delimitara claramente la relación entre el poder político y la Iglesia y sus competencias. La Constitución de 1931 dispuso la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la descentralización territorial y el reconocimiento de la soberanía popular. Pero el intento republicano de convertir a España en una democracia avanzada de corte occidental, con una gran ampliación de derechos civiles y sociales, y en un país moderno e industrializado, fue anulado por una encarnizada Guerra Civil que se decantó del lado franquista, en gran medida gracias al apoyo de las potencias fascistas de Hitler y Mussolini.

Antes de producirse el alzamiento militar, en el sector de la educación existía en España un gran número de maestros vinculados a la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, organización perteneciente a la UGT, y a la Institución Libre de Enseñanza. También, en Cataluña, un movimiento llamado Renovación Pedagógica, así como una gran mayoría en todo el Estado compuesta por maestros anónimos que simpatizaban con el progresismo y el ideario de las izquierdas. Todo este conjunto docente fue drásticamente purgado.

Uno de los objetivos de los sublevados fue borrar la memoria del periodo republicano tras el golpe de Estado del 36. Durante la guerra, en la parte del país que quedó bajo dominio franquista se desmanteló la estructura de poder parlamentario, desmontando la legitimidad democrática: fueron destituidos los gobernadores civiles, los alcaldes y cualquier mecanismo de representación política republicana. Una vez concluida la contienda, el proceso de desmantelamiento del aparato político republicano se llevó a cabo en todo el Estado.

Es posible que la Segunda República despertara esperanzas difíciles de satisfacer, pero la dictadura franquista manipuló, adulteró y tergiversó su historia democrática, reivindicando sólo la memoria de los vencedores

El franquismo se afanó en trastocar el curso que la historia de España venía siguiendo desde el siglo XIX, que había supuesto la confirmación –contradictoria e interrumpida en alguna ocasión– de un horizonte político constitucional y parlamentario, hasta confluir en la experiencia democrática republicana y la gradual hegemonía de una cultura liberal y moderna.

El republicanismo social y su movimiento político han generado un destacado interés en la historiografía. Durante el siglo XIX, los republicanos sentaron las bases de una ideología común como elemento de identificación y propaganda, asegurando la transmisión de la memoria cultural republicana, hasta su eclosión en los años treinta del siglo pasado. El franquismo, empero, se encargó de proyectar una imagen negativa del republicanismo en España, en libros y publicaciones, mientras los exiliados luchaban por mantener viva la llama.

Las dos experiencias republicanas acabaron en tragedia. En la sociedad española subyace un sentimiento monárquico que, de alguna manera, ha lastrado la continuidad de los regímenes republicanos, gracias a la arraigada tradición representada por la Iglesia y el Ejército. No obstante, diferentes encuestas afirman en la actualidad que una consulta sobre el modelo de Estado daría ventaja a la alternativa republicana. Sobre este punto, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva desde 2015 sin evaluar el papel de la Corona, tras suspender entonces con un 4,3 a un Felipe VI arrastrado por los escándalos financieros de su padre.

Durante la Transición, la sociedad en su conjunto se orientó a construir un país democrático, evitando abrir el debate sobre la forma de Estado: existía el temor a que se convirtiera en un problema para la estabilidad política y social que el proyecto demandaba. La obra de la Segunda República quedó relegada y tuvo escasa presencia en la opinión pública, centrada en apuntalar la democracia.

Superada la Transición, la Ley de Memoria Histórica de Zapatero buscó reparar la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Pero un sector de la sociedad y de la política no vio esta norma con buenos ojos: percibían un sesgo que reconocía sólo a los vencidos, lo que generó inquinas y crispación. El gobierno de Mariano Rajoy, por su parte, fue reduciendo sus partidas presupuestarias, llegando a ignorarla por completo en su segunda legislatura. En la actualidad, la Ley de Memoria Democrática de 2022, impulsada por Pedro Sánchez, trata de alcanzar un consenso; sin embargo, en las comunidades donde gobierna el PP la derogan. Vox va más allá y propone las ‘leyes de concordia’ en contra de la Memoria Democrática, en un aberrante intento de equiparar la dictadura franquista con la democracia republicana.

Es posible que la Segunda República despertara esperanzas difíciles de satisfacer, pero la dictadura franquista manipuló, adulteró y tergiversó su historia democrática, reivindicando sólo la memoria de los vencedores. La historia consiste en recordar el pasado, pero también puede optar por el olvido. Por eso es importante la Memoria Democrática: las cunetas españolas alojan todavía miles de cadáveres olvidados.

La historiadora Ángeles Egido escribía en 2022: “Han pasado ya casi cincuenta años desde la muerte de Franco y aún una parte de la sociedad española y una parte de la clase política parecen incapaces de reconocer que ese tramo de nuestra historia, simplemente, no se contó, o, lo que es peor, se contó mal”.

Un análisis de las distintas posturas dentro de la izquierda socialista y de los nuevos partidos de izquierdas, así como de los nacionalismos, resultaría esclarecedor acerca de la pervivencia del talante republicano en sus bases, teniendo en cuenta que son estas formaciones las que tienen la posibilidad de plantear un referéndum en el futuro.

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Daniel Leguina es periodista, historiador y jefe de prensa de la Fundación Alternativas.