El tándem PP-Vox aspira a una de las más altas cuotas de poder que haya tenido un partido en democracia

Con un Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar cada vez más débil. Asediado por casos de corrupción como los de José Luis Ábalos y Santos Cerdán o Leire Díez y rodeado de escándalos de acoso sexual y prostitución entre sus cargos. Con un apoyo parlamentario que parece menguar por días, con el desmarque de Junts y el PNV hablando ya abiertamente de elecciones anticipadas, los dos principales partidos de la derecha y la ultraderecha española, PP y Vox, aspiran a una de las cuotas más altas de poder desde la muerte del dictador Francisco Franco.

En caso de que caiga el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la formación de Alberto Núñez Feijóo, sola o con el apoyo de Abascal, puede copar los tres poderes del Estado si, como pronostican los sondeos, consiguen mayoría para gobernar. Esto incluye al árbitro, el Tribunal Constitucional, que encara ya la renovación del tercio de magistrados correspondiente al Senado. El PP, que tiene la mayoría absoluta en esa Cámara, hace cuentas sobre cómo lograr los 11 senadores más que necesita para alcanzar los tres quintos y poder nombrar, por sí mismo o con los ultras, a cuatro magistrados conservadores. Si lo consigue, daría un vuelco a la mayoría progresista con la que cuenta el órgano desde 2023.

Las ultimas encuestas publicadas reflejan que el PP sigue siendo el primer partido con intención de voto, aunque con un ligero declive desde las elecciones de 2023. Parte de ese apoyo se trasvasa a Vox, que no ha dejado de crecer en los últimos dos años. Ambas formaciones rozarían el 50% (48,4%) de los sufragios según el último sondeo de 40dB. publicado por El País el pasado 8 de diciembre, mientras que la suma de las formaciones de izquierda se queda 13,5 puntos por debajo, lo que le impediría formar Gobierno con el apoyo de los nacionalistas que lo han sostenido a lo largo de toda la legislatura. En esas condiciones, sería el partido de Alberto Núñez Feijóo el que se haría con el Ejecutivo, está por ver si en coalición con Vox o con su apoyo externo en el Congreso.

Además del Gobierno, un hipotético adelanto electoral podría dar a la derecha y la ultraderecha no solo el control del Congreso, sino aumentar el que ya tiene en el Senado. Este último es estratégico en este momento. Su presidente, Pedro Rollán (PP), ya ha iniciado el trámite para la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar con la petición a los Parlamentos autonómicos para que propongan a sus candidatos, pero los populares han anunciado que, por el momento, no tienen intención de sentarse a negociar con el PSOE los nombres que sustituirán a los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías.

Tradicionalmente, en las dos Cámaras legislativas los dos partidos mayoritarios se han repartido las propuestas (dos conservadores y dos progresistas) en sus respectivas renovaciones parciales, lo que, sobre el papel, mantenía el juego de mayorías y minorías previo. Solo en las renovaciones correspondientes al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, el peso de conservadores y progresistas se alteraba (tres y uno) a favor de la sensibilidad del partido del Ejecutivo.

Con 145 senadores, el PP controla la Cámara territorial gracias a su mayoría absoluta. Sumando su representación a la de su tradicional socio en Navarra, UPN (1), y a Vox (3), las derechas alcanzan los 149 escaños, lo que significa que se encuentran a solo 11 de lograr los 160 votos necesarios para sacar adelante los nombramientos. En caso de alcanzarlos tras una hipotética victoria electoral, ambos partidos podrían dar entrada –por primera vez en democracia– a cuatro magistrados conservadores de una tacada, invirtiendo la mayoría progresista (de siete a cuatro) a una conservadora. La jugada les devolvería el control del Constitucional que perdieron en enero de 2023 tras la presidencia del conservador Pedro González-Trevijano y su sustitución por Conde-Pumpido. Sería la primera vez, desde la fundación del órgano de garantías en 1980, que el PSOE podría quedar sin capacidad de propuesta.

En el Poder Judicial, el Tribunal Supremo se ha mantenido como uno de los ejes de oposición más importante al Gobierno y al PSOE con procesos y decisiones muy cuestionados. Un CGPJ prorrogado más de cinco años, hasta su renovación en junio de 2024, ha permitido al PP mantener la mayoría conservadora en la máxima instancia de la judicatura española. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal condenó e inhabilitó el pasado 20 de noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el único cargo judicial nombrado directamente por el Gobierno, en un proceso con una palmaria escasez probatoria.

Previamente, se negó a aplicar la ley de amnistía –que facilitó el apoyo de Junts a Sánchez para permanecer en La Moncloa– al expresident Carles Puigdemont y al resto de líderes del proceso independentista catalán. Durante el anterior Gobierno de coalición de Sánchez junto a Unidas Podemos, confirmó la condena de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de varios exconsejeros de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE, condenas que luego fueron anuladas por el Constitucional. Igual que la del exdiputado y ex secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, al que la Sala de lo Penal inhabilitó con evidencias muy débiles.

El pacto de renovación del CGPJ finalmente alcanzado hace año y medio ha resultado muy favorable para los populares. El empate a diez entre conservadores y progresistas no ha impedido que los primeros impongan a una presidenta del órgano de gobierno de los jueces que se ha alineado con los vocales a propuesta del PP en las decisiones más importantes. Como el nombramiento de las dos presidencias clave del Supremo, la de la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. Con el apoyo de la presidenta y un consejero a propuesta de Sumar, los conservadores forzaron la retirada de las dos candidatas del sector progresista, que aspiraban al menos a una de las plazas. Desde su toma de posesión, el nuevo Consejo ha cumplido con creces su principal cometido, el nombramiento de más de 120 cargos que permanecían vacantes por el bloqueo del PP, pero la gran mayoría de los designados son conservadores.

Gobierno, Congreso, Senado, Tribunal Supremo y puede que también el Tribunal Constitucional. Desde 1978, nunca se habían alineado los astros para otorgar semejante poder a la derecha y a la ultraderecha. Sus principales formaciones, PP y Vox, son conscientes de ello y esperan ansiosas a que Sánchez, en cualquier momento, caiga por sí solo azuzado por sus escándalos o abandonado por sus socios. El presidente, sin embargo, sigue sosteniendo que agotará la legislatura.