Conde-Pumpido se convierte en el nuevo presidente del Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha elegido este miércoles al magistrado Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del máximo intérprete de la Ley Fundamental. Lo ha hecho tras una votación reñida, en la que el exfiscal general del Estado ha logrado seis votos, frente a los cinco obtenidos por su rival, la catedrática de Derecho Constitucional Cándido María Luisa Balaguer, también perteneciente al llamado bloque progresista. La vicepresidencia del órgano de garantías, por su parte, ha caído en manos de la también progresista Inmaculada Montalbán, que se ha impuesto al conservador Ricardo Enríquez por seis a cinco.

La elección de la Presidencia era el capítulo final de la reciente renovación de un Constitucional que pasa a tener una amplia mayoría progresista. Y lo era, básicamente, por las aspiraciones de dos de los magistrados del mismo bloque mayoritario por liderar el órgano. Hasta el último minuto, el sector progresista ha intentado acudir al Pleno unido, con una sola candidatura. Sin embargo, no fue posible, ninguno de los dos aspirantes quiso dar un paso atrás. Hace tres décadas que no se veía un enfrentamiento similar. Ocurrió en 1992, cuando los progresistas Luis López Guerra y Miguel Rodríguez-Piñero pugnaron por el puesto.

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Por aquel entonces, fue el segundo el que se hizo con la Presidencia tras una votación frenética, en la que hubo empate hasta el final y terminó decantando la balanza a su favor la mayor edad de Rodríguez-Piñero. En esta ocasión, sin embargo, no han sido necesarias las tres votaciones secretas que contempla la Ley del Tribunal Constitucional antes de resolver por antigüedad en el órgano –tanto Conde-Pumpido como Balaguer tienen la misma– o edad. Con una ha bastado para resolver el asunto. El magistrado ha cosechado el respaldo de seis miembros del Pleno, de lo que se deduce, porque la votación es secreta, que ha logrado convencer a María Luisa Segoviano.

Conde-Pumpido liderará el Constitucional durante los próximos tres años, momento en el cual expira su mandato. Como presidente, dispone del voto de calidad a la hora de resolver empates en el seno del máximo intérprete de la Ley Fundamental. Y, además, en sus manos queda el manejo de la agenda y los tiempos. Al fin y al cabo, el reglamento interno del TC atribuye a la Presidencia la convocatoria y fijación del orden del día de las reuniones del Pleno y de la Junta de Gobierno, lo que implica que es decisión suya el someter o no a votación un determinado asunto.

Sobre la mesa, cuestiones de enorme calado político y social que quedaron aparcadas a la espera de renovación. Una de ellas es el recurso del PP contra la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, una norma que ha sido reformada de nuevo y que lleva en un cajón desde hace doce años. Y también la Ley de Eutanasia, la reforma educativa –conocida popularmente como Ley Celáa–, la reforma laboral o la Ley Rider, que obliga a las empresas de reparto a contratar como asalariados a sus empleados, así como diferentes recursos impulsados por la derecha política en relación con la vivienda, los desahucios, el ingreso mínimo vital o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.