La idea de confinar Ceuta agranda las inconsistencias de Feijóo como líder que aspira a gobernar

“Yo planteo que el Gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública”. La última ocurrencia de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP que aspira a presidir España a partir de la próxima primavera con el apoyo de la ultraderecha de Vox, fue tan alarmista para la población de Ceuta que, a las pocas horas, se vio obligado a precisar que se refería a los migrantes enfermos.

A pesar de lo cual, a la vista de su confusión terminológica entre “confinamiento” y “aislamiento”, tuvo que ser corregido por los especialistas en salud pública, porque las directrices tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y del Ministerio de Sanidad no dejan lugar a dudas: la sarna, la tuberculosis o la gastroenteritis no suponen motivo para confinar a la población. Ni en Ceuta ni en Madrid. No es un tema que a Feijóo le sea del todo ajeno; fue presidente del antiguo Insalud durante cuatro años.

Lo ocurrido, no obstante, ha vuelto a alimentar las dudas sobre la competencia de Feijóo como aspirante a la Presidencia. Sus inconsistencias a la hora de interpretar estadísticas y leyes, tanto si son el producto de una preparación deficiente como de un intento deliberado de manipular la realidad y difundir bulos, se han hecho recurrentes. Y eso que su equipo lleva cuatro años, desde su llegada a la dirección del PP, protegiéndole de la exposición a entrevistas incómodas.

Hace pocos días, también con ocasión de la llegada irregular de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos —la mayor parte de las cuales regresó apenas unas horas después—, Feijóo volvió a ponerse en evidencia al exigir al Gobierno el incumplimiento de la Ley de Protección del Menor. Proponía expulsar sin más trámite a todos los que habían cruzado la frontera, aunque careciesen de tutor legal y no alcanzasen los 18 años, algo contrario a la legislación española.

Invasión

Para justificarse, llegó a argumentar que la citada ley no es de aplicación a lo que ha sucedido en Ceuta porque, según él, se trató de una “invasión”, no de una llegada masiva de migrantes irregulares, haciendo así suyo el término con el que la ultraderecha trata de retratar en toda Europa la llegada de extranjeros como una operación organizada. De nuevo, la terminología no es casual: invasión remite a una acción hostil, organizada y con un sentido político o bélico.

El líder del PP recurre a menudo a palabras que tratan de situar el debate en términos de excepcionalidad, ya se trate del confinamiento, que en el imaginario colectivo remite a la covid; de la invasión, que señala a los migrantes como enemigos; o del riesgo sanitario, que intenta instalar el miedo entre la población. No parece importarle que nada de eso se corresponda con la realidad.

No es, ni mucho menos, la primera vez que Feijóo exhibe, deliberadamente o no, su desconocimiento de los hechos o una formación jurídica deficiente. En su primer cara a cara con Pedro Sánchez en el Senado, poco después de dejar Galicia para sustituir a Pablo Casado, reveló sus lagunas en materia económica al confundir la prima de riesgo y los tipos de interés.

La cuestión es que, más allá de algunas sonadas meteduras de pata —como la que le llevó a decir que la obra maestra de Orwell se había publicado en 1984— o de su resistencia a aprender inglés —una herramienta imprescindible en política exterior—, se acumulan los ejemplos que cuestionan su preparación como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Bajas laborales

El pasado mes de julio, el líder del PP declaró la guerra a las bajas laborales en un acto con empresarios en el que confundió esta situación, causada por una enfermedad y sometida a control médico, con el absentismo laboral, la decisión de un trabajador de no acudir a su puesto de forma injustificada. Todo ello para anunciar que, cuando sea presidente, se propone ponerle coto, con o sin acuerdo con los sindicatos.

Unos días antes, movilizó a su partido en contra de la llamada Ley de Nietos, que reconoce la nacionalidad a los descendientes de españoles, con el argumento de que suponía un ejercicio de “ingeniería electoral” con el que el Gobierno trataba de “fabricar nuevos votantes”. Enfrentado a la realidad, poco después se vio forzado a recular, a la vista de que él mismo había defendido la ley en el pasado.

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Las elecciones son, en todo caso, una de sus obsesiones. En febrero llegó a decir que el proceso de regularización de inmigrantes que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez tiene como objetivo “comprar votos en el futuro”, aunque la obtención de papeles no conlleve el derecho de sufragio. En 2023, justo antes de las elecciones en las que fracasó en su primer intento de llegar a la Moncloa, llegó a sugerir que el Gobierno pretendía llevar a cabo un pucherazo a través del voto por correo, asegurando que a Sánchez le gustaba “el fraude”.

El que fuera presidente de Galicia durante 13 años se presenta a menudo como experto en incendios. Lo hace para sostener afirmaciones sin pruebas, como que la mayor parte de los incendios son el resultado de lo que durante mucho tiempo llamó “terrorismo incendiario”, algo que contradicen los datos de la Fiscalía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O para afirmar, en contra de toda evidencia, que el Gobierno llegó tarde a las tareas de vigilancia y prevención de los montes ante los incendios de 2025 en Galicia y Castilla y León, cuando él sabe —o tendría que saber— que se trata de una competencia autonómica. Y que, por tanto, si alguien llegó tarde, fueron los gobiernos autonómicos de su partido.

Las estadísticas tampoco se le dan bien. En un programa de Antena 3 llegó a decir, el pasado junio, que en España había 500.000 extranjeros cobrando el ingreso mínimo vital, cuando en realidad, esta prestación la recibían 862.959 personas, de las que apenas 150.679 procedían de otros países. En otra ocasión, unos días antes, proclamó ante empresarios catalanes que durante el mandato de Sánchez se habían incorporado cuatro millones de nuevos ciudadanos extranjeros, a los que el presidente del Gobierno pretendía sumar otros 1,3 millones mediante la regularización. En realidad, el censo de extranjeros ha crecido en 2,7 millones en total desde julio de 2018.